GARANTÍA DE INGRESOS Y RENTA BÁSICA. Versión resumida. Luis Sanzo

Se presenta a continuación un resumen de la intervención realizada el 26 de mayo en el Seminario sobre Tecnología, Empleo y Renta Básica, en dos versiones (resumida y completa)

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN

Desde mucho antes del estallido de la crisis financiera, el modelo de Seguridad Social en España ha evidenciado tres tipos de carencias: en primer lugar, la completa desatención de algunos colectivos en situación de necesidad, en particular entre la población desempleada; en segundo lugar, la insuficiente protección derivada de las bajas cuantías de las prestaciones (particularmente llamativa en zonas de fuerte concentración urbana, con un coste de la vida superior a la media); y, finalmente, la falta de protección a la población trabajadora con bajos salarios.

El fracaso de la política de garantía de ingresos de la Administración General del Estado durante la crisis está en el origen de la reflexión actual sobre la reforma del sistema de Seguridad Social. Entre las distintas propuestas formuladas, las que han conseguido situarse en el debate parlamentario son las que plantean mejorar la protección al desempleo de larga duración (Prestación de Ingresos Mínimos, de UGT y CCOO y en cierta medida, a través de ella, el Ingreso Mínimo Vital del PSOE) aunque también debe mencionarse la Renta Garantizada de Podemos. En lo relativo a los bajos ingresos, Ciudadanos ha puesto sobre la mesa la idea del complemento salarial.

El debate empieza sin embargo a desbordar el estrecho marco de la coyuntura ligada a la crisis para considerar los procesos más amplios ligados a la globalización y al avance de la tecnología. En un escenario de fin del trabajo para todos/as, como consecuencia de la robotización, la Renta Básica, universal, individual e incondicional se perfila como una posible solución a contemplar. Recogida por Podemos en su propuesta europea, el programa presentado por el nuevo Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, también considera inevitable “valorar la pertinencia de fórmulas viables relacionadas con una Renta Básica Universal”.

Las perspectivas que abre el debate señalado se ven con optimismo desde muchos sectores. Mi posición es más matizada. No se trata de negar que la posible introducción de la Prestación de Ingresos Mínimos de UGT y CCOO, en una versión adaptada o no al Ingreso Mínimo Vital del PSOE, pueda suponer una mejora significativa en la política de garantía de ingresos en España. Pero algunas de las limitaciones comentadas en la introducción seguirán condicionando la eficacia de la protección general del Estado. En particular, es poco probable que las cuantías de la nueva prestación, de aprobarse, sean suficientes para reducir de forma definitiva el impacto de la pobreza.

En caso de ser posible avanzar en una línea de introducción de la Renta Básica, su coste potencial también limitaría los niveles susceptibles de ser garantizados por esta vía. Es la conclusión lógica a la que se llega si se considera el gasto adicional que plantean los principales partidos y sindicatos para mejorar el sistema de garantía de ingresos: entre 7.500 y 15.000 millones de euros. Con esta última cantidad, en una aproximación estricta al modelo, con una transferencia estatal susceptible de sumarse a cualquier otro tipo de ingreso, la cuantía mensual de la Renta Básica sería de 29,49€ para la población adulta y de 14,74€ para la población menor (en el supuesto de aplicación de un 50% de la cuantía base a la población menor de 18 años). Si el presupuesto disponible se ampliara a 75.000 millones (un 6,73% del PIB), las cuantías podrían ampliarse a 147,44 y 73,72€ mensuales, respectivamente. En el caso de una pareja con dos hijos/as, y en ausencia de cualquier otro ingreso, se estaría hablando de 442 euros mensuales, de apenas 147 en el caso de una persona viviendo sola. Como es sabido, los sistemas de rentas mínimas autonómicas garantizan bastante mayor protección a los grupos necesitados.

De esta forma, sea cual sea el resultado del debate en curso, el escenario al que nos enfrentaremos en los próximos años vendrá marcado por un contexto de bajas cuantías en algunas prestaciones del sistema general de garantía de ingresos.

La existencia de recursos limitados es una de las razones por las que la mayor parte de los defensores de la Renta Básica en España aborda la cuestión en términos netos, ligando la cuantía final de la prestación al nivel de ingresos. El mecanismo planteado es el impuesto negativo, descontando en el IRPF parte de la renta disponible para garantizar, en términos efectivos, los umbrales de protección a alcanzar. En los últimos quince años, la investigación sobre la Renta Básica se ha orientado a mejorar este modelo de aproximación neta a través del IRPF.

En la forma en que se desarrollan los principios susceptibles de hacer viable un modelo de protección social basado en este tipo de Renta Básica neta, hay algunos aspectos en los que me mantengo alejado de los planteamientos hoy dominantes. El primero de ellos tiene que ver con el tratamiento de las prestaciones generales de la Seguridad Social y del sistema de desempleo. Cada vez son más numerosas las propuestas que implican la eliminación de las prestaciones de la Seguridad Social, en todo caso con la excepción parcial de la protección contributiva. En el contexto anglosajón, la voluntad de liquidar la Seguridad Social en su conjunto es una de las razones explícitas de la apuesta por la Renta Básica por parte de algunos sectores conservadores.

La construcción del actual sistema de protección ha supuesto un gran esfuerzo y no debería ser desmontado sino completado, teniendo en cuenta la perspectiva de universalización propuesta por la Renta Básica para ofrecer una protección económica individual e incondicional a todas las personas. Se trata de una vía más apropiada para prevenir el proyecto destructor que supondría sustituir por completo el sistema de Seguridad Social por una Renta Básica única y de cuantía insuficiente. Las acciones de universalización de la Renta Básica deberían complementar la Seguridad Social existente, no sustituirla. Es importante recordar en este punto, además, que el sistema de prestaciones no puede reducirse a única modalidad de intervención. Es preciso considerar necesidades específicas, como las derivadas de la dependencia o del apoyo al acceso a la vivienda.

En una línea de ampliación y mejora del actual sistema de Seguridad Social, los principales colectivos en los que podrían plantearse propuestas de Renta Básica, o de naturaleza similar, serían los siguientes:

  1. La población menor de 18 años.
  2. La población desempleada menor de 35 años sin prestaciones, en la que podría concebirse una aproximación cercana al mecanismo de ingreso de participación propuesto por Atkinson (con acciones, de libre elección por las personas afectadas, ligadas a acciones de búsqueda de empleo, formación o participación en actividades sociales).
  3. La población mayor de 35 años sin ingresos, con independencia de los motivos por los que se carece de un empleo o prestación alternativa.

En especial en el caso de la población trabajadora, las medidas propuestas con anterioridad son compatibles con una mejora del nivel de ingresos personal a través de un sistema de impuesto negativo ligado a la gestión del IRPF, tal y como plantean en España los defensores de la Renta Básica. Una medida que podría contribuir a incrementar la viabilidad política de la propuesta, mejorando el sistema de cuantías y limitando al mismo tiempo los costes, sería optimizar el efecto de las economías de escala asociadas a las formas de convivencia. Aunque pueden plantearse otras soluciones, la más operativa es considerar una Renta Básica de unidad de convivencia, complementaria a una Renta Básica individual de cuantía inicialmente pequeña, que recoja el nivel medio de gastos comunes a todos los hogares, con independencia de su tamaño.

Un segundo aspecto a considerar es la tendencia de los defensores de la Renta Básica a contraponer su propuesta con la de las Rentas Mínimas y Rentas Garantizadas. Es una contraposición que carece de sentido puesto que se trata de modelos diferentes de política social, que resultan además potencialmente complementarios. De esta forma, en el contexto de cuantías bajas de las prestaciones de la Seguridad Social, o de la Renta Básica que pudiera sustituirla, las rentas mínimas seguirán siendo esenciales para acercar a la población a niveles mínimos de bienestar y de superación de la pobreza. No se trata sin embargo de considerar a las rentas mínimas como mecanismos alternativos a la Renta Básica. Su lógica y sentido resultan diferentes y el desarrollo de ambas actuaciones debe ajustarse a esta lógica diferenciada.

Conviene destacar, finalmente, que el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, con la previsible intensificación que anuncia la nueva fase de automatización, plantea serios problemas de integración social. En la sociedad hipertecnologizada que se nos anuncia, la actividad orientada a la obtención de rentas seguirá siendo un elemento central de la vida humana para una parte de la población, en especial para la más adaptada a las nuevas tecnologías. Pero sus perspectivas de mejora del nivel de vida a través del aumento de la productividad contrastan con el riesgo de exclusión de la población situada, de forma estructural, al margen del sistema productivo.

Este riesgo de polarización social plantea problemas de inclusión que van más allá de la insuficiencia de ingresos. El derecho a una participación efectiva y digna en la sociedad es un elemento clave que no queda resuelto con el acceso a una Renta Básica, o a cualquier otra prestación de garantía de ingresos, menos aún si las prestaciones son de cuantía insuficientes. No se trata, sin embargo, con ello de exigir compromisos de participación, social o laboral, sino de ofrecer a la población vías para que esa participación sea posible.

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