El mito de la “igualdad” (1): las paradojas de la distribución de la precariedad y el bienestar en España. Luis Sanzo

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

Este artículo pretende introducir un debate sobre la idea de igualdad que inspira en España el debate sobre la distribución territorial de la riqueza. Su objetivo es avanzar en el conocimiento del impacto real de las situaciones de mayor precariedad y, en sentido contrario, de mayor bienestar (en términos de ingresos económicos netos familiares) en las comunidades autónomas españolas.

A tales efectos, y partiendo de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, se aborda esta cuestión desde una perspectiva diferente a la habitual, tratando de controlar dos factores que contribuyen a ocultar algunas cuestiones importantes en la distribución de los ingresos por territorios. El primero se relaciona con la muy diferente estructura interna de los hogares en función de la composición y la edad de sus personas de referencia, una cuestión muy relevante en un país muy afectado por procesos históricos de migración interna y externa. El segundo factor, aún más relevante, tiene que ver con unos costes de acceso al bienestar que resultan desiguales en las distintas comunidades autónomas. De cara al análisis, el método utilizado para neutralizar estos dos factores se explica en el anexo metodológico. Los resultados ajustados que aporta el método difieren de forma llamativa de los que resultan de la aproximación general que se deriva del uso directo de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

La principal conclusión del análisis es que, en efecto, España es una sociedad desigual, con mayor impacto de la precariedad en los territorios tradicionalmente más desfavorecidos, en particular en su zona sur peninsular. De esta forma, los datos que se aportan en el estudio no contradicen la conclusión de que las políticas desarrolladas en España benefician de forma diferencial a los colectivos más precarios de esos territorios. Sin embargo, se trata sólo una parte del diagnóstico: también se observa una posición comparativamente más favorable a los colectivos prósperos en esos territorios en perjuicio de los residentes en otras zonas de España. En este sentido, en algunas comunidades centrales en el desarrollo económico español, en particular en Madrid y Cataluña, las políticas desarrolladas tienen un efecto completamente opuesto, perjudicando de manera notable la posición de la población de esas comunidades. En esas comunidades, tras la aplicación del método ajustado, esto se percibe tanto en un impacto muy superior de las situaciones precarias como en una menor presencia real de situaciones de bienestar.

El estudio se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el año 2015 (datos de renta 2014). Se mide, por tanto, la situación existente al final del periodo de crisis. La razón es la abundancia de indicios sobre el impacto muy fuerte de esta crisis en las principales áreas urbanas de España, en particular en Madrid y Cataluña.

PRINCIPALES RESULTADOS

El impacto territorial de la precariedad (participación en el 20% más pobre en términos de ingresos ECV) que se observa en la aplicación de la aproximación ajustada definida en este estudio es diferente al que reflejan los datos generales sin ajustar. Destaca el mayor impacto observado en los territorios insulares y, sobre todo, Cataluña y Madrid. Resulta en cambio claramente inferior en la zona sur peninsular y en Castilla y León.

España es, sin lugar a dudas, un país muy marcado por la desigualdad en la distribución de la renta. Los datos de la ECV son inequívocos. En la aproximación no ajustada a los datos de la ECV, el peso relativo de la población incluida en los deciles D1 y D2, el 20% más precario de la distribución, varía entre un mínimo del 10,8% en las comunidades forales (Euskadi y Navarra) hasta un máximo del 29,5% en las comunidades del sur del país (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia). Por debajo del 15%, además del País Vasco y Navarra, aparecen Aragón, Cataluña y Madrid.

En la aproximación ajustada, las diferencias siguen siendo importantes entre comunidades autónomas, con cifras mínimas y máximas entre el 11,3 y el 27,3%. Sin embargo, se observan variaciones llamativas en la posición de cada comunidad autónoma, así como en el impacto de la precariedad en cada una de ellas. Los datos más llamativos son los siguientes:

a) En las comunidades teóricamente más favorecidas, se observa un notable deterioro de la situación al considerar las cifras ajustadas en el caso de Madrid y Cataluña. En esta última comunidad, la participación en el 20% más pobre de la distribución pasa del 12,7% general al 17,4% ajustado, con un incremento de 4,7 puntos porcentuales. El deterioro de posiciones es aún más llamativo en Madrid, con cifras de 14,5 y 21,3% (6,7 puntos porcentuales más). Madrid tiene, de esta forma, una participación en los deciles D1 y D2 superior al 20% medio de España.

b)En las comunidades en principio más desfavorecidas, se observa un proceso opuesto. En el caso de la zona sur peninsular española (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia), la participación en los dos deciles más bajos de la distribución se reduce 5,5 puntos, del 29,5% general al 24% ajustado. De 15 puntos de impacto superior respecto a Madrid, se pasa a 2,7.

Otra zona que mejora notablemente su posición, al considerar los datos ajustados, es Castilla-León. En este caso, el peso porcentual en el 20% más pobre pasa de 17,9% en la aproximación general a 13,3% en la ajustada (-4,6 puntos). De situarse claramente por encima de Madrid y Cataluña en la aproximación general, la comunidad castellano-leonesa se encuentra en términos ajustados en una posición claramente más favorable (13,3% frente a 17,4% en Cataluña y 21,3% en Madrid).

c) Dentro del grupo de comunidades más desfavorecidas, con un peso superior al 20% en los deciles D1-D2, la Comunidad Valenciana y los territorios isleños (Canarias y Baleares) no sufren grandes variaciones. En este último caso, se observa sin embargo un aumento que hace pasar el peso relativo en el 20% más pobre del 25,3 al 27,3% al considerar la aproximación ajustada. Al considerar esta aproximación, estos territorios se convierten con ello en los más afectados por la presencia en el grupo más pobre, 3,3 puntos por encima de la zona sur peninsular.

Tabla 1

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Conclusiones similares a las del apartado anterior se observan al considerar el impacto de la falta de acceso al bienestar (medido en términos de ingresos para llegar a fin de mes). No obstante, el deterioro se acrecienta en perjuicio de la población de Madrid y Cataluña, ampliándose en cambio la posición de mejora a la zona que incluye a Aragón, La Rioja, Cantabria, Asturias y Galicia.

Las conclusiones señaladas con anterioridad son muy similares al considerar la proporción de población que queda por debajo del umbral definido para llegar a fin de mes en España. Sin embargo, al considerar a un grupo más amplio de población precaria (con un 44% de población por debajo del umbral de bienestar en el método general y 43,2% en la aproximación ajustada) se observan algunas diferencias de interés. Los aspectos más llamativos son los siguientes:

a) Aunque Baleares y Canarias se sitúan entre las zonas más afectadas (46,3% de personas por debajo del umbral de bienestar en términos ajustados), la diferencia se reduce ahora a alrededor de un punto respecto al indicador general que se deriva directamente de la ECV (45,3%). En cambio, resulta aún mayor el deterioro comparado que refleja el método ajustado en Madrid y Cataluña. En la comunidad madrileña, la proporción de personas con problemas de acceso al bienestar pasa de 33,8% en la aproximación general a 43,3% en la ajustada, con un incremento de 9,5 puntos porcentuales. Con esa variación, Madrid se sitúa en los niveles medios españoles en la aproximación ajustada.

El deterioro es aún mayor en el caso de Cataluña, +9,8 puntos, pasando de 31,1 a 40,9% de personas por debajo del indicador de bienestar. Aunque no se llega a superar en este caso la media española, su indicador se aleja del correspondiente a Euskadi/Navarra y Aragón (23,1 y 27,9% en el método ajustado) para quedar también por debajo del de Galicia, Asturias, Cantabria y Rioja. En estas comunidades, la aproximación ajustada muestra una evidente mejora, cayendo el indicador del 40,3% general al 36,6% ajustado (-3,7 puntos porcentuales), claramente por debajo ahora del 43,3% de Madrid y el 40,9% de Cataluña.

La mejora relativa es aún mayor en Castilla y León, con una reducción del 43,2% general al 33,8% ajustado (-9,4 puntos porcentuales). Esta comunidad autónoma, que en el indicador general se sitúa cerca de la media española, en el ajustado se aleja en casi 10 puntos de dicha media. En la aproximación ajustada, Castilla y León sólo muestra niveles de ausencia de bienestar superiores a los de Euskadi/Navarra y Aragón,

b) En la parte más desfavorecida, aunque la proporción de personas que no acceden al bienestar se mantiene en las comunidades del sur peninsular por encima del 50% en la aproximación ajustada (50,5% en concreto), esta aproximación muestra una caída de 9 puntos respecto al 59,5% general.

Tabla 2.

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Nota: Se considera sólo a  la población mayor de 16 años.

Al considerar el acceso a los deciles más favorecidos, la percepción de deterioro se limita mucho más nítidamente a Madrid y Cataluña

Los datos presentados con anterioridad reflejan que, al trabajar con la aproximación ajustada, el impacto de las situaciones de precariedad y de ausencia de bienestar en Madrid y Cataluña aumenta de forma muy significativa. Pero lo que quizás resulta aún más llamativo es que, al contemplar la participación en los grupos más favorecidos, el deterioro es aún más intenso. En tanto que proceso significativo, este deterioro queda entonces además limitado a estas dos comunidades.

En la aproximación general que se deriva directamente de la ECV, Cataluña y Madrid tienen una participación a priori alta en los deciles 7 a 10, el 40% más favorecido en España. La proporción es de 52,5% en Cataluña y de 51,7% en Madrid, sólo superadas por el 62,4% del País Vasco. Sin embargo, en la aproximación ajustada, la proporción de personas en los deciles D7 a D10 se reduce al 41,7% en Cataluña y al 39,4% en Madrid. Estos porcentajes sólo superan el 37,2% de Baleares/Canarias, el 32,4% de las comunidades del sur peninsular y el 31,5% de la Comunidad Valenciana.

Salvo en Baleares y Canarias, donde se observa un pequeño deterioro, en todas las demás comunidades autónomas, la posición resulta más favorable al considerar la aproximación ajustada. La mejora más clara se da en Castilla-León (+9,5 puntos porcentuales), por encima de los 7,5 de las comunidades del sur peninsular y los niveles cercanos a los 4 puntos en Aragón, y el grupo de comunidades que incluye La Rioja, Cantabria, Asturias y Galicia.

Tabla 3.

Tabla 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

CONCLUSIÓN

Los datos presentados reflejan sin duda las consecuencias positivas del proceso de transferencia de recursos hacia comunidades más desfavorecidas (lo que en España se suele interpretar habitualmente en términos de políticas de igualdad). Sin embargo, llama la atención que este proceso resulta en realidad bastante desigual. Por una parte, no beneficia a todas las comunidades más desfavorecidas por igual; por otra, se asocia a un evidente y generalizado deterioro de posiciones en la población de Madrid y Cataluña.

Aunque en estas dos comunidades aumenta de forma sustancial la precariedad al considerar la aproximación ajustada, resulta aún más llamativo el deterioro comparado que se observa al considerar la participación de su población en los deciles más favorecidos. Porque, siendo necesario que una política de igualdad reduzca los niveles de precariedad en los territorios más desfavorecidos, es discutible que llegue a situar en una posición tan debilitada a la población de sus principales zonas urbanas.

Si el modelo actual de política fiscal y social tiene las consecuencias señaladas, con un peso elevado en los deciles más favorecidos de zonas de territorios a priori más desfavorecidos en términos de PIB o poder económico, aunque con coste de la vida comparativamente bajo, la principal duda que se presenta es si el sistema fiscal no tiende a cargar de forma insuficiente a la población más favorecida de esos territorios. La difícil posición comparada de la población de Madrid y Cataluña indica, en cambio, una posición comparativamente más difícil que la del resto de España, tanto en los grupos más precarios como en los de mayor nivel económico. Todo indica que las políticas de protección social resultan insuficientes en esas dos comunidades.

Si estas conclusiones se confirman en el futuro, y es evidente que necesitarán ser contrastadas, la solución a los problemas de financiación autonómica debería ser completamente diferente a las que se sugieren habitualmente. Esta solución pasaría por una mayor responsabilización de las comunidades autónomas que se benefician más intensamente de las transferencias sociales y fiscales en la actualidad y, sobre todo, por una mayor contribución fiscal de sus grupos sociales más acomodados. Aunque esto puedea sorprender, lo que señala este estudio, y el método aplicado (a contrastar sin duda pero con bases contrastadas) es que el núcleo dominante del 40% más favorecido en España se encuentra en realidad en esos territorios. De acuerdo con la aproximación señalada, un 44,7% de la población más acomodada de España (el 40% más rico) reside en el sur peninsular y en la zona noroeste de España (6,5 puntos por encima de su peso PIB). Esta proporción supera el 40,1% que corresponde a Madrid, Cataluña, Euskadi y Navarra (con un 45,7% del PIB, con efectos en Madrid/Cataluña). El 15,2% restante corresponde a Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana (16% del PIB).

Tabla 4

Tabla 4

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE


Método aplicado en el estudio

La aproximación utilizada en este artículo para obtener unos resultados ajustados, comparables y armonizados, para el conjunto de las comunidades autónomas españolas se basa en los siguientes puntos:

  1. Determinación de una escala de equivalencia basada en la percepción real de la población

La experiencia histórica muestra que las escalas de equivalencia utilizadas habitualmente en el estudio de la pobreza y el bienestar en España no se ajustan adecuadamente a la realidad. Frente a los métodos que utilizan una escala de equivalencia prefijada, como la de Eurostat, se obtiene en el estudio una escala ad-hoc que se basa en la propia percepción de la población.

A tales efectos, se calcula para los hogares que señalan no llegar con facilidad y mucha facilidad, la media de ingresos considerados necesarios para llegar a fin de mes para una serie de tipos de hogar. La ECV permite utilizar a tales efectos una pregunta específica que facilita la posición de cada hogar respecto a este indicador, directamente asociado a la medición del bienestar.

La aproximación tiene en cuenta la edad de la persona principal, el tamaño del hogar y su composición, teniendo en cuenta una base muestral suficiente para cada tipo de hogar. A partir de esas medias, se determina la escala de equivalencia resultante que es la que se muestra en la siguiente tabla:

Escala de equivalencia utilizada
Edad de la persona referencia del hogar
Tipos de hogar < 45 años 45-64 años >65 años No precisada
Persona sola 1,285 1,155 1,000
Pluripersonal sin hijos/as
   2 miembros 1,614 1,511 1,380
   3 miembros 1,708 1,565
   4 miembros o más 1,863 1,830
Monoparental con hijos/as
   2 miembros 1,351
   3 miembros 1,538
   4 miembros o más 1,577
Biparental con hijos/as
   3 miembros 1,748 1,805 1,610
   4 miembros 1,876 1,967 1,713
   5 miembros o más 2,013 2,046 1,933

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

Como puede comprobarse, la media relativa al ingreso medio necesario para llegar a fin de mes en el caso de un hogar encabezado por una persona sola mayor de 65 años equivale a 1, la base de partida de la escala de equivalencia utilizada.

  1. Determinación del coste territorial diferencial de acceso al bienestar.

Una vez estimados los ingresos equivalentes per cápita de cada hogar a partir de la escala de equivalencia señalada en el punto anterior, se estima (de nuevo tomando como referencia a las personas que no llegan con facilidad o mucha facilidad a final de mes) la media de los ingresos necesarios para llegar a fin de mes para cada comunidad autónoma y tipo de hogar (en función de la edad de la persona principal). El coste medio de acceso al bienestar para el conjunto de la comunidad se estima en base a la media estandarizada de las medias parciales por grupos de edad (menos de 45 años, 45-64 y mayores de 65 años, tomando como base común la distribución de los hogares por grupos de edad en el conjunto de España).

Una vez obtenida la media estandarizada de los ingresos necesarios, se determina un factor de ajuste que refleja el coste diferencial de acceder al bienestar en cada comunidad autónoma. Este factor funciona a modo de Paridad de Poder de Acceso al Bienestar (PPAB) con unos ingresos dados. Este factor de ajuste se aplica a los ingresos disponibles.

El factor resultante o PPAB, un concepto cercano al de Paridad de Poder de Compra, es el siguiente:

Factor de ajuste de los ingresos en función
del coste de acceso diferencial al bienestar PPAB

Comunidad Autónoma Factor de ajuste PPAB
Comunidad de Madrid 0,840
Cataluña 0,871
Comunidad Foral de Navarra 0,953
Illes Balears 0,960
Canarias 0,998
La Rioja 0,999
País Vasco 1,024
Principado de Asturias 1,026
Comunidad Valenciana 1,027
Galicia 1,047
Aragón 1,066
Región de Murcia 1,122
Andalucía 1,129
Cantabria 1,138
Castilla y León 1,138
Castilla-La Mancha 1,140
Extremadura 1,162

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

A efectos de medir la posición en relación con el bienestar mínimo esperado, se toma la cifra que se deriva del método, con PPAB, para la nueva cifra mínima correspondiente a una persona sola mayor de 65 años (1.150,86 euros, con apenas variación respecto a los 1.148,27 euros que corresponden a la aproximación general). A partir de aquí, se establece como umbral de acceso al bienestar mínimo que se derivan de las cifras de ECV el mínimo señalado, multiplicado por el factor de equivalencia por hogar y el factor de ajuste territorial PPAB.

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