Las bases no económicas de la crisis de identificación con el sistema autonómico. 2005-2017. Luis Sanzo

En un artículo reciente en Agenda Pública, Eloísa del Pino señalaba que la puesta en tela de juicio del estado autonómico se asociaba, en lo fundamental, al deterioro económico posterior a la crisis económica de 2008. El objetivo de este artículo es mostrar que, sin negar la relevancia de algunos aspectos específicos asociados al empeoramiento de la situación económica en ciertos colectivos (en especial en Cataluña durante todo el periodo y en el conjunto de España entre 2010 y 2012), los procesos fundamentales que determinan la crisis de legitimidad del modelo territorial en España no están directamente relacionados con esa crisis económica. No al menos con el empeoramiento relacionado con el incremento del volumen de población desempleada que se observa a partir de 2008.

Aunque se desarrollan en paralelo a la crisis, los procesos que están llevando a la quiebra del sistema territorial español tienen otra naturaleza, ligada a los sentimientos nacionales y a los hechos políticos y jurídicos relacionados con ellos que se producen entre 2006 y 2012 (en particular, la campaña contra el Estatut de Cataluña y la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010). Un ejemplo de ello es el claro incremento de la demanda de autonomía, o de la posibilidad de independencia, que se observa en Cataluña en el periodo 2010-2012, una realidad que no sólo caracteriza a la población con identificación catalanista dominante.

Como se ha indicado, el deterioro de la situación económica entre 2010 y 2012, con su extensión a una parte importante de la población ocupada, vía contención o reducción salarial, sí podría relacionarse con el deterioro de la identificación con el modelo autonómico que se intensifica en ese bienio. Sin embargo, al ser más decisivo el giro anti-autonomista del periodo entre la población no desempleada, en mucha mejor posición comparada que la afectada por el paro, es dudoso que la dimensión económica constituya el elemento fundamental del fuerte malestar observado en el periodo respecto a la organización autonómica.

El análisis se basa en el estudio de los Barómetros del CIS números 2610 (de diciembre de 2005), 2829 (de enero de 2010) y 2956 (de septiembre de 2012), así como en los barómetros autonómicos postelectorales de 2015/2016 y en el último barómetro de septiembre 2017. Los principales hechos a destacar se presentan a continuación.

SOBRE EL GIRO ANTI-AUTONOMISTA DEL PERIODO 2005-2010

En la opinión pública española, exceptuada la vasco-navarra y la de sentimiento catalanista dominante, el giro anti-autonomista que se observa entre 2005 y 2010 es prácticamente generalizado y, en lo fundamental, no se vincula al aumento del desempleo que genera la crisis económica

Entre 2005 y 2010 se observa un claro giro autonómico en la opinión pública española. En la población general (exceptuada aquella en la que predomina la identificación catalana en Cataluña y el conjunto de la población de Euskadi y Navarra), este giro se detecta en dos direcciones. Por una parte, aumenta del 9,7 al 15,7% la proporción de personas que apuestan por el modelo de estado completamente centralizado. Por otro, se reduce del 26,9 al 17% el porcentaje de población que está dispuesta a que se amplíe el marco de competencias autonómicas.

Gráfico 1

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Un dato muy relevante a destacar es que, en las variaciones señaladas, no se observa diferencia alguna en función de la presencia, o no, de una situación de desempleo. Es importante señalar al respecto que, en enero de 2010, cuando se realiza el Barómetro autonómico de 2010 del CIS, la población española desempleada se había multiplicado por más de dos, pasando de 1,60 millones de personas paradas a finales de 2005 a 3,46 en el primer trimestre de 2010. Sin embargo, el impacto de la crisis en términos de ingresos se veía muy aún muy matizado como consecuencia de una política de protección al desempleo que aún se centraba en la dimensión contributiva y que se veía muy reforzada, además, con la introducción del PRODI en la dimensión no contributiva.

En este sentido, en 2010, la Encuesta de Condiciones de Vida situaba la renta media por unidad de consumo en España en 16.922 euros, muy cerca del máximo histórico de 17.042 de 2009 y por encima de los 16.190 euros de 2008. En 2013, año en el que se recoge la renta de 2012, la cifra había bajado a 15.635 euros. Por tanto, los efectos de la crisis sobre los ingresos globales de los hogares eran aún limitados en el momento de realización del barómetro de enero de 2010 y las consecuencias de la crisis financiera se centraban sobre todo en el incremento del desempleo.

En realidad, son otras variables no económicas las que resultan realmente determinantes para explicar el giro anti-autonomista que se observa en la segunda mitad de la pasada década, en particular las relacionadas con la reacción de la población con sentimiento nacional español dominante en el contexto de la campaña anti-Estatut posterior a 2006. En el caso de la población en la que predomina la identificación nacional española (sin incluir la de las comunidades forales), el giro anti-autonomista del periodo 2005-2010 es particularmente llamativa en la línea pro-centralizadora. La apuesta a favor de un sistema sin autonomías aumenta en este grupo en 8,9 puntos (de 16,4 a 25,4%), por encima los 5,1 puntos que se observan en posiciones mixtas, de identificación tanto regional como española (de 7,8 a 12,9%).

En la población con posiciones mixtas se observa también, no obstante, un reposicionamiento en dirección anti-autonomista. En este caso, no obstante, este giro es más notable en términos de renuncia a la defensa de un mayor nivel de autonomía para las comunidades autónomas. De esta forma, la proporción de población que apuesta por una mayor autonomía territorial se reduce entre 2005 y 2010 en -10,9 puntos (de 29,7 a 19,3%) por -7,9 puntos en la población con mayor identificación española (de 17,4 a 9,6%).

Gráfico 2

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Se observan además aspectos territoriales específicos en la dinámica anti-autonómica del periodo 2005-2010. Tanto en el aumento de las posiciones centralizadoras, como de menor apoyo a una autonomía ampliada, el giro anti-autonomista se observa sobre todo en las comunidades castellanas y su entorno así como en la población de Cataluña en la que es determinante el sentimiento español (predominante o no). En el primer caso, las posiciones centralizadoras aumentan 7,2 puntos (de 12,8 a 20,1%) y la apuesta por mayor autonomía se reduce en -11,7 puntos (de 24,4 a 12,7%). En la población catalana considerada, la reacción anti-autonomista es aún más llamativa, con un aumento de 8,9 puntos en la orientación centralizadora (de 6,6 a 15,5%) y una caída de -22,4 en la posición favorable a un mayor autonomía (de 54,8 a 32,4%).

Gráfico 3

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El giro anti-autonomista de 2005-2010 en España no viene acompañado de una radicalización de signo contrario en la población de Euskadi o Navarra, o en la de Cataluña en la que predomina el sentimiento catalanista

El giro anti-autonomista de 2005-2010 en la población de sentimiento nacional español no viene acompañado de una radicalización de signo contrario en Euskadi o en la población catalanista, con mayor identificación catalana que española en Cataluña. Aunque resulta muy destacada la demanda de mayor autonomía, en especial en Cataluña, incluso se observa una línea algo descendente respecto a 2005 (de 91,6 a 84,7%). Es verdad que la reivindicación del posible derecho a la independencia ya gana apoyos entre la población catalanista (del 43,5 al 48,3% entre 2005 y 2010) pero los 4,8 puntos de avance no suponen un cambio tan destacado como el que revela el giro anti-autonomista, incluido el que se detecta entre la población de identificación preferentemente española en Cataluña, grupo en el que el apoyo a la centralización aumenta en 8,9 puntos y se reduce en -22,4 el apoyo a una mayor autonomía.

Gráfico 4

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SOBRE LA INTENSIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN DEL PROCESO ENTRE 2010 Y 2012

El periodo 2010-2012 intensifica el alejamiento del sistema autonómico en la opinión pública española (no catalanista ni vasco-navarra)

Según las tesis de Eloísa del Pino, la combinación de descalificación política (UPD) y crisis económica llevan a una profunda crisis de legitimación del sistema autonómico a primeros de la presente década. Los datos parecen confirmarlo. Llama la atención la acentuación del proceso en la opinión pública española, excepción hecha de la que apuesta por el catalanismo político y de la peculiar realidad vasco-navarra. En el grupo poblacional dominante en España, la proporción de personas que predican la centralización o un sistema político con un menor nivel de autonomía aumenta de un 28,2% en 2010 a un 42,6% en 2012. La defensa de un mayor nivel de autonomía se mantiene en niveles cercanos a los de 2010 aunque ligeramente a la baja (15% frente al 17% de 2010).

Gráfico 5

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Sin embargo, llama la atención que el avance de la reacción anti-autonomista resulte superior en la población no desempleada (de 29,1 a 44,4%, con un aumento de 15,4 puntos porcentuales) que en la afectada por el paro, aunque también aumente de forma sustancial en este caso (de 24,8 a 37%, con un incremento de 12,2 puntos porcentuales).

En cualquier caso, las variables no sociales siguen siendo más determinantes. Así, el incremento de la opción centralizadora, o favorable a una menor autonomía, es de 20,6 puntos entre el colectivo con identificación española dominante (de 40,6 a 61,3% entre 2010 y 2012), llegando a ser esta posición claramente mayoritaria. El incremento es menor en el caso de la población con identificación mixta, española y regional aunque aumenta en 12,5 puntos porcentuales en el periodo analizado (de 24,5 a 37,1%).

Gráfico 6

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Se reproducen, por otra parte, algunas tendencias territoriales ya señaladas en la dinámica anti-autonomista del periodo. Así, entre 2010 y 2012, el aumento de las posiciones centralizadora, o favorables a una menor autonomía, resulta muy llamativa en las comunidades castellanas y su entorno cercano. El aumento es de 19,3 puntos, de 35,1 a 54,4%, pasando a convertirse en la posición claramente mayoritaria respecto al modelo de organización del estado. Sin embargo, en este periodo, también resulta llamativa la extensión de esta tendencia a Andalucía, Murcia y Extremadura, con un incremento del 20,1 al 33% (+12,9 puntos porcentuales).

Entre 2010 y 2012 remonta en cambio la posición favorable a una mayor autonomía en la población de Cataluña que no tiene una identificación catalanista dominante (de 32,2 a 37,3%, +4,9 puntos porcentuales). Se trata de un hecho llamativo puesto que revela una dinámica completamente diferenciada en la población general de identificación española, grupo en el que se reduce en el bienio contemplado el compromiso con la idea de mayor autonomía.

Gráfico 7

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La apuesta por el derecho a la independencia en Cataluña consigue hacerse mayoritaria entre 2010 y 2012 mientras se mantiene estable en Euskadi

En fuerte contraste con lo señalado, entre 2010 y 2012, y en paralelo a la sentencia del Estatut, se consolida la apuesta por la posibilidad de la independencia en la población de mayor identificación catalana que española. En ese bienio, la proporción a favor del derecho a la separación pasa en este grupo del 48,3 al 62,9%, ganando 14,6 puntos frente a los 4,8 puntos del periodo 2005-2010. Frente a un 91,6% de catalanistas demandando más autonomía en Cataluña, la proporción es del 44,3% en Euskadi/Navarra, en línea estable respecto al 45,9% de 2010 (aunque en clara caída en comparación con el 58,9% de 2005).

Gráfico 8

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La peculiaridad vasco-navarra

Un dato a resaltar en 2012, en cualquier caso, es que las comunidades vasca y navarra se presentaban como un caso claramente especial en materia de identificación con el sistema territorial existente. En ese año, Euskadi/Navarra se situaban así como las mejor valoradas, con 43 puntos a favor de la gestión de los gobiernos autonómicos en su comparación (diferencia mejor/peor) con la correspondiente a la Administración Central. Se trata de un resultado casi dos veces superior a la catalana (22,6). En cambio, el nivel se sitúa en torno a cero, aunque realmente en niveles negativos, en el resto de las comunidades autónomas, reflejando la crisis de legitimidad del estado autonómico que se percibía en aquel año fuera de Cataluña, Euskadi y Navarra.

Gráfico 9

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LAS CONSECUENCIAS DE LOS PROCESOS OBSERVADOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL

Una mayor proporción de personas a favor de reducir o eliminar la autonomía que en el periodo 2005-2010

Como señala Eloísa del Pino, es cierto que ha disminuido a partir de 2012 el peso de la población que demanda un único gobierno central o una reducción de la autonomía. En el conjunto de España, después de alcanzar un 37% en 2012, la proporción se reduce a niveles entre el 28 y el 30% en la actualidad (28,3% en 2015-2016 y 29,5% en septiembre de 2017). Sin embargo, la proporción sigue siendo superior a los niveles observados en 2010 (25,4%, con cifras estimadas inferiores al 20% para 2005). La apuesta por la centralización total caracteriza en 2017 al 18,9% de la población, una cifra más de dos veces superior al 8,7% de 2005.

Gráfico 10

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La polarización territorial ante el modelo territorial

El hecho verdaderamente relevante, sin embargo, es la polarización de la opinión pública de las distintas comunidades autónomas en lo relativo al modelo territorial. En el polo más anti-autonomista, las comunidades castellanas (Madrid y las dos Castillas) y las que se acercan en su entorno a sus posiciones (Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana), tenían en torno a 2015-2016 (último periodo para el que se dispone de muestra amplia en los Barómetros del CIS) un 43,7% de personas posicionadas a favor de un sistema centralizado o con menor autonomía política para las comunidades autónomas. Esta posición supera el 43,2% favorable al sistema actual o a un incremento de la autonomía.

En el polo opuesto, un 50,7% de la población demanda mayor autonomía en Euskadi/Navarra y un 67,5% en Cataluña. Mientras en las comunidades forales la opción independentista es minoritaria, con un 23,6% de apoyos, no ocurre lo mismo en Cataluña, con un 41,4% a favor de aceptar la posibilidad de esa opción.

Gráfico 11

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El futuro político de España se ve en gran medida condicionado por esta realidad polarizada, en la que no sólo la orientación pro-independencia del catalanismo político resulta determinante. También lo es la orientación anti-autonomista del área castellana y su entorno territorial más cercano. La solución a esta contradicción no será sencilla para España.

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PRECISIONES RESPECTO A LOS GRUPOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Área castellana y entorno

Esta zona incluye a Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana.

Andalucía-Murcia-Extremadura

Esta zona incluye a Andalucía, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla.

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