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Derecho a decidir y soberanía nacional: una propuesta de convergencia constitucional. Luis Sanzo

Modesta propuesta de revisión de la Constitución Española para tratar de encajar en la misma las demandas de reforma formuladas desde las Comunidades Autónomas

La propuesta que se presenta en este documento trata de ofrecer una alternativa para superar, desde un planteamiento constitucional, el problema que plantea la confrontación del ideario del derecho a decidir, defendido desde territorios como Cataluña, con la concepción de la soberanía nacional única que recoge la Constitución Española (CE).

Dado que la aprobación de esta propuesta necesitaría de un muy alto nivel de apoyo en España, impensable sin la participación de las fuerzas políticas más importantes, el objetivo de su presentación se centra sobre todo en plantear una posible vía de solución al actual conflicto planteado entre Cataluña y España.

El problema a resolver

De acuerdo con lo establecido en el artículo 166 de la CE, los Parlamentos de las Comunidades Autónomas tienen capacidad de iniciativa en materia de reforma constitucional. Este hecho revela que la CE reconoce a las Comunidades Autónomas, a través de los parlamentos que expresan la voluntad autonómica, como sujetos legitimados para iniciar un proceso de reforma de la Constitución.

En lo relativo al procedimiento, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 87 CE, los parlamentos autonómicos podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley para aprobar una propuesta en materia de reforma constitucional. A tales efectos, delegarán ante el Congreso un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

En el actual proceso en Cataluña, las reivindicaciones planteadas afectan a cuestiones diversas que van desde la demanda de una consulta, planteada en general como vinculante pero no siempre, hasta la reclamación de la propia soberanía o de la posibilidad de una declaración de la independencia. Algunas de estas reivindicaciones afectan directamente a la parte esencial de la CE, relativa a la soberanía o al sujeto de la misma, consideradas en el Título preliminar del texto constitucional.

En el caso de propuestas que afecten a este Título de la CE, el artículo 168 establece que se requerirá la aprobación por mayoría de dos tercios de Congreso y Senado. Esta mayoría se exige tanto de cara a la aprobación del principio de revisión como, tras la constitución de las nuevas Cámaras, obligatoria en este proceso de reforma, de cara a la ratificación de la decisión y estudio del nuevo texto constitucional. El apartado 3 del artículo 168 señala finalmente que la reforma aprobada por las Cortes Generales deberá ser ratificada por el pueblo, el verdadero soberano en la CE, en referéndum.

Otros aspectos de las demandas de algunos partidos catalanes, como la exigencia de un referéndum vinculante, no exigen el grado cualificado de acuerdo previsto en el artículo 168 CE. De esta forma, la posibilidad de someter a referéndum consultivo de todos los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia, como la demanda de independencia de Cataluña, requiere únicamente la autorización de la mayoría del Congreso.

La modificación constitucional del contenido de este artículo, por ejemplo para convertir los resultados de algunos referéndum en vinculantes, tampoco requiere la mayoría de dos tercios de Congreso y Senado. El artículo 167 exige el apoyo de tres quintos de Congreso y Senado o, en su defecto, mayoría del Senado y dos tercios del Congreso, sin necesidad de ratificación posterior tras convocatoria de nuevas elecciones. La ratificación vía referéndum sólo se exige, además, si es solicitada por un mínimo del 10% de los miembros de Congreso o Senado.

Sin embargo, una propuesta para que este referéndum vinculante afectara a materias previstas en el Título Preliminar de la CE haría inevitable la aplicación de las mayorías cualificadas del artículo 168.

En cualquier caso, el verdadero problema a resolver se plantea en aquellas circunstancias en las que las mayorías existentes en un determinado Parlamento autonómico son muy diferentes a las que se da en el Congreso y/o en el Senado. En estos casos, la implicación habitual es que las propuestas autonómicas, como ya sucedió con el llamado Plan Ibarretxe, se vean rechazadas en Congreso y Senado sin que exista siquiera un intento de negociación para negociarlas y llevarlas a la práctica.

Esta situación plantea un grave conflicto entre la voluntad autonómica representada por un determinado Parlamento autonómico y la voluntad soberana representada por Congreso y Senado. De persistir en el tiempo, el foso abierto por esta situación de conflicto puede poner en riesgo los fundamentos del sistema constitucional. Se requiere por tanto una propuesta para evitar este escenario que, de facto, ya es una realidad en el caso de Cataluña.

La propuesta de reforma de la Constitución Española

La propuesta de reforma de la Constitución Española que se plantea aquí busca introducir un mecanismo para que el conflicto potencial entre voluntad autonómica y voluntad soberana pueda resolverse de forma democrática. Se plantea, de esta forma, un procedimiento basado en la participación política que trata de minimizar la potencial ruptura entre las dos voluntades señaladas.

La propuesta planteada de reforma de la Constitución sería la siguiente:

  1. Incorporar un nuevo artículo a la CE, tras los artículos 166 a 168 actuales.
  2. La redacción del artículo sería la siguiente:

Artículo xxx

1. En caso de que una iniciativa de reforma constitucional, ejercida en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 87, se vea rechazada por el Congreso, la Asamblea de la Comunidad Autónoma solicitante podrá convocar un referéndum dentro de su comunidad sobre la iniciativa considerada. La convocatoria deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos de la Asamblea. Esta mayoría deberá ser de dos tercios cuando se propusiera una revisión que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II de la Constitución.

2. En caso de mayoría de votos favorables en el referéndum convocado de acuerdo con el procedimiento señalado en el párrafo anterior, la iniciativa será posteriormente sometida a referéndum del conjunto del pueblo español:

a) En el caso de que la iniciativa sometida a referéndum en la Comunidad Autónoma no afecte a los títulos previstos en el artículo 168, si es aprobada por un 50% del cuerpo electoral total o un 60% de los votantes.

b) En el caso de que la iniciativa afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II de la Constitución, si la iniciativa es aprobada por un 55% del cuerpo electoral total o dos tercios de los votantes.

3. La iniciativa de reforma constitucional será ratificada si es aprobada por la mayoría del pueblo español.

4. Si la iniciativa no es ratificada, pero consigue un apoyo superior al 40% de los votantes, o al 33% del cuerpo electoral, el Congreso creará una Comisión tripartita de Diputados, Senadores y representantes de la Asamblea de la Comunidad Autónoma solicitante, que presentará un texto alternativo que deberá ser sometido a referéndum para su ratificación.

5. En caso de que dos tercios de la Asamblea de la Comunidad Autónoma solicitante acuerden mantener el texto alternativo originalmente planteado, los dos textos serán sometidos a referéndum del pueblo español para aprobación de uno de los dos propuestos.

Fundamentos de la propuesta

La propuesta presentada es completamente coherente con los fundamentos esenciales de la CE. La CE apuesta de hecho por tres premisas básicas en lo relativo a la dimensión territorial:

UNO: La democracia representativa en España se basa en la expresión general de la voluntad soberana del pueblo española pero también en la expresión concreta de las distintas voluntades autonómicas;

DOS: Aunque restringidos los mecanismos de participación política directa a determinados supuestos específicos, la CE obliga a que las grandes decisiones políticas que determinan en lo fundamental el proceso político (elaboración/reforma estatutaria y reforma constitucional) vengan siempre asociadas a procedimientos de ratificación por el pueblo autonómico o por el conjunto del pueblo soberano; y

TRES: En última instancia, el pueblo soberano en la CE no se enfrenta a ningún límite en su actuación, dispone del poder de modificar sin límites la propia CE.

De acuerdo con estos principios, en la lógica de la propuesta se trata de obligar a los representantes de las voluntades autonómica y soberana a minimizar el grado de conflicto entre ellos. Y, en caso de que el conflicto persistiera y quedara sin resolver, a recurrir al posicionamiento del pueblo vía referéndum con el objetivo de conocer la expresión real tanto de la voluntad autonómica como de la voluntad general del pueblo español.

Es posible que el conflicto no pueda resolverse si parte de una posición de completa ruptura entre la voluntad del pueblo en el que se fundamenta un determinado Parlamento autonómico y la del pueblo español en su conjunto. En tal caso, en un conflicto de soberanías que desbordara las previsiones de la CE, el resultado de ese conflicto dependería de la incapacidad de las partes de volver a situarlo en el marco constitucional y de la posición de los estados que conforman la comunidad internacional respecto a la legitimidad de cada parte en su posición ante el conflicto.

Es de esperar, sin embargo, que el marco señalado permitiera en todos los casos, incluso si el resultado fuera una potencial situación de ruptura, que la solución a encontrar pudiera manejarse dentro del marco constitucional. De partida, y a diferencia de otros estados, no existen límites materiales en la CE de cara a la revisión constitucional de cualquiera de sus preceptos.

Aclaración al punto 4 de la propuesta

El supuesto que se plantea en el punto 4 actúa cuando se da el conjunto de circunstancias siguientes:

1. Una iniciativa de reforma constitucional, ejercida en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 87 por un determinado Parlamento autonómico, es rechazada por el Congreso.

2. Sometida a referéndum entre el cuerpo electoral de la Comunidad Autónoma, la iniciativa es aprobada por las mayorías cualificadas establecidas (mínimo del 50% del conjunto del cuerpo electoral o 60% de los votantes en el caso más sencillo, que no implica ruptura de la soberanía), debiendo por tanto ser considerada en referéndum por el conjunto del pueblo español.

3. En el mencionado referéndum en el conjunto de España, la iniciativa no consigue el apoyo mayoritario del pueblo español pero si un apoyo superior al 40% de los votantes, o al 33% del cuerpo electoral.

En este supuesto se dan una serie de circunstancias en las que se combina un apoyo sustancial a la propuesta entre el cuerpo electoral autonómico (superior al menos al 50% de este cuerpo electoral o al 60% de los votantes) y un apoyo minoritario pero sustancial entre el pueblo español (más del 33% del cuerpo electoral o 40% de los votantes). En tal caso, en el que existen condiciones para encontrar un marco suficiente de consenso entre la voluntad autonómica y la voluntad soberana, la propuesta plantea la obligación de que las Cortes Generales y el Parlamento proponente negocien un texto alternativo susceptible, tras un nuevo referéndum, de ser aprobado por mayoría por el pueblo español.

La propuesta relativa al 33% del cuerpo electoral se basa en la proporción que en la Constitución española se establece como límite mínimo para poder vetar una propuesta de reforma constitucional que afecte a las partes centrales de la Constitución. Se entiende, por tanto, que refleja la parte mínima del pueblo español que tiene poder suficiente para limitar las decisiones de una amplia mayoría. En sentido contrario, se entiende que la opinión de un bloque de tal magnitud tiene importancia suficiente para ser tomado en consideración en cualquier proceso de reforma constitucional.

Sobre los niveles de apoyo exigidos

Como puede comprobarse, los niveles de apoyo exigidos para la reforma son altos, lo que se justifica por dos razones. En primer lugar, deben ser altos para evidenciar una voluntad efectiva, y de perspectiva de mantenimiento duradero, respecto al cambio de estatus político en la comunidad autónoma cuyo parlamento asume la iniciativa. Ese cambio de estatus implica, además, una reforma del sistema político definido constitucionalmente. Se trata por tanto de una decisión política trascendental.

En segundo lugar, se han considerado niveles de apoyo cercanos a los exigidos en la Constitución española y en los distintos Estatutos de Autonomía para impulsar las iniciativas de reforma.

La concreción de los apoyos necesarios y suficientes dependerá en todo caso de la voluntad política de quienes pudieran llegar a aceptar los planteamientos que se realizan en esta propuesta.

 

Notas sobre la dinámica electoral catalana. Luis Sanzo.

Recojo aquí algunas reflexiones sobre la dinámica socio-política en Cataluña, de acuerdo con el análisis de la evolución electoral del periodo 2006-2017 (elecciones autonómicas). Sin pretensión de constituir un artículo como tal, se trata más bien de unas notas generales para el intercambio de ideas. Las notas vienen acompañadas por los gráficos que soportan el análisis y sus conclusiones. Facilitar el acceso a los mismos a quien pueda estar interesado es el principal motivo de subir a Internet estas notas.

La preocupación por la dinámica electoral catalana no refleja, por otra parte, voluntad de seguir el fenómeno desde la sociología política sino de determinar las bases de lo que parece una manifiesta crisis socio-política en Cataluña que puede poner en riesgo las propias bases de la estabilidad democrática.

NOTA 1.

Después de aumentar de forma impresionante, y a ritmos prácticamente continuos entre 2006 y 2015, el voto al nacionalismo catalán llega a un límite en 2015. Tal y como puede observarse en el gráfico 1, este límite resulta evidente si se incluye el voto UDC de 2015. El voto nacionalista de 2017 es prácticamente el mismo que el de 2015.

Gráfico 1

Gráfico1

NOTA 2.

Como revela también el gráfico 1, tras la debacle del periodo 2006-2010, los apoyos electorales al bloque constitucionalista se sitúan claramente al alza desde entonces. Pero, a diferencia de lo que se percibe en el nacionalismo catalán, el aumento del voto constitucionalista se mantiene entre 2015 y 2017 hasta el punto de que, en 2017, los resultados se acercan a una situación de equilibrio de fuerzas entre los dos grandes bloques. Así, tras caer al 67,8% en 2010, la relación entre voto constitucionalista y voto nacionalista catalán, que en 2015 sólo se había recuperado hasta el 77,7%, despega hasta el 91,6% en 2017.

Gráfico 2

Gráfico2

NOTA 3.

La posición de Puigdemont es sin duda de fuerza pero no indica una posición verdaderamente hegemónica, capaz de imponer las líneas de la dinámica política, ni siquiera en el marco del independentismo. Frente al avance electoral de la población que se mueve en la órbita ERC-CUP a partir de 2010, la que se une en torno a CiU y JxCat tiende a una caída continuada a partir de ese año, tal y como se observa en el gráfico 3. Esta línea de caída se acentúa, además, entre 2015 y 2017. La fuerte recuperación electoral del CiU entre 2006 y 2010 queda en 2017 amortizada en su totalidad.

Gráfico 3

Gráfico3

En términos de capacidad de movilización de voto, y dentro del nacionalismo catalán, el verdadero vencedor electoral del procés es el bloque tradicionalmente independentista, orientado a la izquierda, que conforman ERC y la CUP. Este bloque que, tras el fracaso del tripartito y del proceso de gestión del Estatut, no llegó a representar en 2010 sino un 19,2% de los apoyos electorales que llegaban a CiU, consigue superar en un 19,4% el que que llega en 2017 a JxCat (gráfico 4).

Gráfico 4

Gráfico4

El impresionante avance del voto ERC-CUP entre 2006 y 2017 (de 416.335 a 1.122.759 votantes) es uno de los fenómenos sociopolíticos más llamativos de la España posfranquista. La combinación de crisis económica, social y política en Cataluña está en la base de este fenómeno.

NOTA 4.

El bloque ERC-CUP es el que consigue recoger, al menos en el marco del debate sobre el estatuto político de Cataluña, el malestar que sigue a la crisis del Estatut y a la debacle socioeconómica del periodo 2009-2013. En comparación con 2006, este bloque gana 706.404 votos en 2017 (+170% en términos relativos).

Gráfico 5

Gráfico5

En contraste, y como se puede ver en el gráfico 5, la evolución del voto al conglomerado de izquierda catalanista no independentista (PSC-ICV, EnComú/Podem) es negativa. Aunque se recupera entre 2010 y 2017, el voto conjunto a estas fuerzas se reduce en 152.202 votos en 2017 respecto a 2006. En términos electorales, el apoyo electoral a estas fuerzas es un 14,1% inferior en 2017 respecto a 2006.

Si en 2010, el sufragio expresado en favor de ERC apenas suponía un 22,3% del voto total a la izquierda en Cataluña, el que en 2017 llega a ERC y CUP supone un 54,8% del total (gráfico 6).

Gráfico 6

Gráfico6

NOTA 5.

Sin embargo, la novedad más significativa del proceso catalán es la aparición, avance y configuración como primera fuerza de la política catalana de Ciudadanos. Desde una presentación como fuerza por completo marginal en 2006, con apenas 89.840 votos, este grupo se convierte en primera fuerza política catalana en 2017, con más de 1,1 millones de votos (gráfico 7).

Otro aspecto a destacar es que el avance del peso electoral de Ciutadans resulta realmente muy reciente. Todavía en 2012, este partido apenas recogía 275.000 votos.

Gráfico 7

Gráfico7

El avance de Ciudadanos se basa en dos hechos destacables. De partida, resulta sin duda significativa la recogida de votos procedente de otros partidos del bloque constitucionalista. En el periodo 2006-2012, el crecimiento del grupo, aún moderado, se relaciona con la caída de voto socialista, con un incremento en ese periodo del apoyo electoral al Partido Popular. Entre 2012 y 2017, en cambio, el espectacular avance de Ciutadans se traduce en la quiebra casi completa del voto al Partido Popular, agudizado entre 2015 y 2017. Este partido obtiene en 2017 apenas un 39% del resultado conseguido en 2012.

Sin embargo, entre 2012 y 2017 el PP pierde 287.573 apoyos que quedan muy lejos de los más de 827.000 votos conseguidos por Ciudadanos. El PSC, además, consigue llegar a 2017 con más apoyos que 2012 y 2015. El partido de Rivera y Arrimadas se beneficia así, sobre todo, de la tradicional abstención de algunas zonas de Cataluña. Es su éxito principal.

El resultado es sorprendente. Un partido, antinacionalista y liberal, que apenas recogía un 7,5% del voto del bloque constitucionalista, en 2006 llega a conseguir -dentro de este bloque- un 58,3% de los apoyos en 2017. En cambio, el PSOE, que en 2006 recogía el 66,2% de los sufragios nacionalistas, se queda en un mínimo del 31,9% en 2017. El PP, que llegó a representar un 37,1% del voto en 2012, apenas concentra un 9,7% de los sufragios constitucionalistas en las últimas elecciones autonómicas catalanas (gráfico 8).

Gráfico 8

Gráfico8

NOTA 6.

En la dimensión política catalana, la izquierda catalanista y no independentista, a pesar de sus distintas formas de presentación, no parece haberse recuperado de la salida en falso del tripartito y del fracaso del Estatut de 2006. Tras perder un 25,3% de su apoyo electoral entre 2006 y 2010, no ha sido nunca capaz de recuperar con posterioridad el voto 2006, a pesar de una línea de ligera recuperación desde 2010 (ver gráfico 9).

Gráfico 9

Gráfico9

En este bloque, el estancamiento a la baja de 2006-2010, o la línea de pequeña mejora de 2010-2017, esconde la lucha algo cainita por el reparto interno del voto. Como se constata en el gráfico 10, esa lucha fue muy favorable a la línea ICV-Podem-En Comú entre 2010 y 2015 (su peso electoral en el bloque pasa del 26,2-28,6% de 2006-2010 a cifras cercanas al 41% en 2012-2015). Lo ha sido al PSC entre 2015 y 2017 (EnComú-Podem supone sólo un 34,9% del sufragio correspondiente a este bloque en 2017).

Gráfico 10

Gráfico10

El resultado final apenas se traduce en un pequeño aumento de voto de 2006 a 2017 en ICV-Podem/En Comú (+14,5%), con una caída significativa del PSC (-24,3%).

NOTA 7.

Visto desde el punto de vista de la izquierda que emerge con fuerza tras el 15/M, el bloque que gira en la actualidad en torno a la CUP y EnComú/Podem consigue en 2015 422.714 votos más que los registrados en 2006, año en el que ICV era la única expresión política. El voto útil, o las discrepancias políticas, se traducen sin embargo en una significativa caída electoral entre 2015 y 2017 en estas fuerzas (en aparente dirección hacia el PSC en el caso de los Comunes, y de ERC en el caso de la CUP). En el bienio 2015-2017, la CUP pierde un 42,8% de su apoyo electoral, proporción que es del 11,9% en el caso de los Comunes. Se quiebra radicalmente en todo caso el papel de atracción de voto hacia estos dos grupos que se había producido entre 2012 y 2015 (gráfico 11).

Gráfico 11

Gráfico11

La CUP resiste peor que EnComú/Podem la dinámica 2015-2017. Se percibe con claridad en la distribución electoral del voto correspondiente a estas dos fuerzas. Después del equilibrio observado en 2015, en 2017 un 62,6% del voto a estos grupos se queda en manos de EnComú/Podem (gráfico 12).

Gráfico 12

Gráfico12

ALGUNAS IDEAS FINALES

1. España tiene un evidente problema con el independentismo en Cataluña (el “pollastre” que menciona Puigdemont). Pero el nacionalismo catalán, hoy prácticamente todo él independentista, tiene un problema tan importante con la “salida del armario” de un abierto antinacionalismo pro-español. Unido a las fuerzas catalanistas de dimensión constitucionalista como el PSC, y al PP, este conjunto de fuerzas está ya casi a la par que el nacionalismo en número de votos. Este bloque “constitucionalista” tiene dos cosas a su favor: el poder real y el tiempo.

La Cataluña independentista sigue ganando pero eso no debería hacer perder de vista la realidad. Ya sólo es mayoritaria (y sólo en escaños) gracias a los resultados de Girona. Tiene, por tanto, también su “pollastre”. Las fuerzas constitucionalistas están en condiciones de esperar a que llegue su turno. En cambio, el tiempo juega en contra de un independentismo que  carece de apoyos significativos en Europa para conseguir forzar una negociación en su favor (al menos si va orientada a conseguir la independencia).

2. La posición de Puigdemont es aparentemente fuerte pero la realidad muestra que sus bases de poder no lo son tanto como para poder imponer su proyecto, ni internamente al resto del independentismo, ni externamente al Estado y a las fuerzas que están a su lado en Cataluña. Las fuerzas realmente dinámicas son las que se mueven en torno al voto ERC-CUP, por un lado, y al anti-nacionalismo que representa Cs y que hoy supera con claridad a JxCat, por otro. Este sorpasso, visible en el gráfico 13, habría sido imposible de prever en 2006.

Gráfico 13

Gráfico13

3. La victoria de Ciutadans en las elecciones autonómicas 2017 se fundamenta en parte en su capacidad de extraer votos del PSC y del PP. Sin embargo, su principal éxito ha radicado en atraer a la dinámica política electoral de Cataluña a grupos sociales que se situaban fuera hasta ahora en Cataluña. Por su perfil antinacionalista y liberal, se trata de un cambio radical de la estructura política existente a mediados de la pasada década, dominada en gran medida entonces por el PSC, catalanista y socialdemócrata.

4. El panorama político que muestra la Cataluña de 2017 es de completa crisis de sistema. Los dos partidos que han dominado la política español posfranquista, el PSC y el PP, han pasado de ser conjuntamente mayoritarios en Cataluña, con un 39,2% de los sufragios en 2006, a representar una minoría de apenas un 18,4% en 2017 (gráfico 14).

La crisis financiera de la Generalitat de Cataluña durante la crisis, en un contexto de pérdida de importancia relativa del conglomerado político en torno a CiU, ha llevado además a un grupo clave en la estabilidad política española a liderar el proceso independentista, un proceso al que se han incorporado con máxima fuerza el conglomerado tradicionalmente pro-secesión que representan ERC y la CUP. Este conjunto de partidos, hoy de facto situados fuera del sistema, recoge un 48,3% de los sufragios recogidos por los grupos con representación parlamentaria.

Pero otro 25,8% va a un partido que, apelando al constitucionalismo pro-español, reclama en realidad un nuevo proyecto para España. Este proyecto defiende un cambio en el sistema político que se sitúa de facto en un marco post-Constitución española de 1978., Su posición respecto a la educación y la política de comunicación en Cataluña, en la misma línea que sus críticas radicales al concierto y al cupo vascos, muestran un evidente propósito de redefinición del marco estatutario de las dos principales “nacionalidades” en España. En contra de lo que definen como privilegios y pretensiones de los “separatistas”.

Estos dos hechos combinados, el independentismo catalán, y su correlato de reacción antinacionalista, representan un 81,6% de los sufragios. En el 26% restante se incluyen grupos que, con la excepción del minoritario Partido Popular, defienden una reforma sustancial de la Constitución. Parece imposible poder negar la intensidad de la crisis política que esto supone para España.

Gráfico 14

Gráfico14

5. Entre los grupos que pierden capacidad de influencia política se encuentra la izquierda catalanista no independentista (hoy PSC y EnComú/Podem). La competencia electoral dentro de este bloque ha perjudicado sobre todo al PSC, en particular en el periodo 2010-2013, a pesar de que este partido recupera parte del terreno perdido en 2017. En cualquier caso, la reciente recuperación electoral del PSC no supone un cambio decisivo en el papel electoral del bloque que hoy gira en torno a los Comunes.

Se necesita mucho optimismo para no percibir en este bloque de izquierda no independentista una línea globalmente negativa respecto a la evolución de su peso político. La polarización en torno al eje nacional le sitúa en 2017 con un apoyo electoral inferior en un 14,2% al que llegó a tener en 2006. La caída afecta sobre todo al PSC pero no se traduce en un aumento de ICV-Podem/EnComú.

6. En el caso de los dos bloques nuevos, o reformulados, durante el periodo de crisis, y que habían crecido electoralmente de manera muy llamativa en paralelo a la crisis económica, la CUP sufre mucho más claramente que EnComú-Podem la dinámica 2015-2017. Pero, tras las recientes elecciones, ambas fuerzas se alejan de la capacidad de condicionar de forma decisiva la política catalana.

7. Los distintos aspectos señalados son coherentes con el proceso más amplio de crisis de las izquierdas y de la extensión de la alternativa post-socialdemócrata, incluso en contextos que teóricamente ofrecen un marco favorable a las fuerzas socialmente más rupturistas. En el caso catalán, esto muestra una reorientación de voto hacia las alternativas independentistas, con significativas dinámicas populistas asociadas (resulta aquí muy llamativa la línea nacional-populista del reciente discurso de Puigdemont). Pero también es clave la reorientación política de las preferencias hacia un nacional-liberalismo que comparten tanto JxCat y como Ciutadans. En todo ello, el proceso catalán tiene claros elementos comunes con la dinámica post-socialdemócrata que se observa en otros países.

8. En mi opinión, la única salida que tienen las izquierdas no independentistas en España es pactar unas bases políticas mínimas. Esas bases no tienen por qué traducirse automáticamente en estrategias políticas conjuntas pero sí resultan necesarias para impedir el proceso de autodestrucción (o de mutua destrucción) en el que se encuentran inmersas estas izquierdas. Si en lo social estas bases políticas mínimas están por definir (dada la liquidación práctica de los paradigmas dominantes hasta hoy), en lo nacional deben pasar por seguir manteniendo el ideal de convivencia federal-autonomista y conseguir una solución pactada para recoger constitucionalmente la voluntad de decidir el futuro de las naciones minoritarias en España (vasca y catalana, en todo caso).

Ese pacto, con voluntad de hierro, supondría algo así como la constitución básica de las izquierdas españolas. Estas izquierdas no deberían moverse de ellas en sus relaciones políticas con las dos principales fuerzas que se le oponen, ya sea desde el nacionalismo independentista o desde el españolismo antinacionalista hoy en fase de redefinición política. En esa posible orientación política, sus aliados principales serían las fuerzas dispuestas a apostar, a la vez, por el estado social de bienestar y por alguna forma de organización política (de componente federal o confederal) que hiciera posible mantener una forma política de convivencia conjunta, de base necesariamente plurinacional.

 

Políticas contra la pobreza y humillación personal. Luis Sanzo

Dos artículos han llamado recientemente la atención sobre la importancia de considerar los problemas ligados a la humillación y la vergüenza en el diseño de las políticas de lucha contra la pobreza. En uno de ellos, Keetie Roelen, señalaba que las políticas que intentan atajar la pobreza tenían que tener en cuenta la vergüenza como un factor determinante para su correcto diseño. En su blog, Belén Navarro, señalaba por su parte que la vergüenza ”es peor que el hambre”.

Lo más llamativo del artículo de Navarro es aquella parte en la que señala que “la vergüenza tiene una función disciplinaria en política social en general y servicios sociales en particular”, una circunstancia que vincula a la cuestión de la ética y del amor al trabajo: “no tener empleo está mal visto, es un motivo de vergüenza”. Pero, recordando a Roelen, Navarro afirma que encontrarse en situación de pobreza es aún peor que carecer de empleo y que, en este contexto, el neoliberalismo “construye una falsa dicotomía entre los pobres merecedores y los no merecedores, los primeros, personas que han caído en desgracia y que merecen toda nuestra conmiseración y apoyo, los segundos, parásitos del estado … Pobres con vergüenza y sinvergüenzas”. La cronificación ligaría en parte estos dos mundos cuando algún merecedor “comienza a fallar y se convierte en pobre no merecedor”. Es entonces cuando podría empezar a sentir el mismo rechazo que los y las profesionales parecen dedicar al llamado sinvergüenza. De ahí la pregunta clave al colectivo profesional: “¿Estamos siendo acompañantes en procesos de ayuda o un elemento más del control social?”.

No pretendo dar respuesta a esta pregunta clave pero sí recuperar una experiencia de seguimiento de lo que se definió en su origen, en Euskadi, como el Plan de Lucha contra la Pobreza. Se trata del marco en el que surgió lo que todavía sigue siendo la experiencia histórica más destacada y duradera de renta mínima en el sur de Europa.

La puesta en marcha de la política de garantía de ingresos en el País Vasco vino acompañada de la realización de una serie de estudios que pretendían evaluar sus resultados. Utilizando una aproximación de Panel, uno de esos tipos de estudios consistía en seguir durante 18 meses a los hogares de las personas titulares de la renta mínima de cara a analizar su capacidad para salir de la prestación. Este sistema de evaluación se mantuvo hasta primeros de siglo y concluyó con el Estudio de seguimiento por panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Aunque se refieren a un periodo ya lejano, una de las principales utilidades de estos trabajos, en el contexto de debate planteado por Roelen y Navarro, es que ofrecen información sobre aspectos poco estudiados como la humillación o vergüenza percibidas por la población beneficiaria de la renta mínima vasca.

Un aspecto a destacar de partida se relaciona con los límites de las políticas de inserción para los titulares de las rentas mínimas. A primeros de siglo, en marzo de 2000, el pesimismo respecto al impacto de las acciones de inserción caracterizaba tanto a los profesionales de los servicios sociales como al propio colectivo beneficiario. Entre las personas que tenían firmado un convenio de inserción o desarrollaban acciones de contraprestación, un 57,4% pensaba que las acciones contenidas en los mismos no incidían en su situación laboral (37,8%), no se adecuaban a sus problemas (11,6%) o simplemente no servían para nada (8%). Un 61% de los titulares de la renta mínima en aquel momento consideraba además que los servicios sociales contribuían poco a la salida de la prestación, aunque el 88,7% veía favorablemente su actuación de cara al acceso a la prestación.

Es verdad que este pesimismo no siempre encontraba fundamento en los datos reales. Así, entre los titulares de la renta mínima en marzo de 2000 que desarrollaron acciones de formación a partir de esa fecha, un 25% tuvo éxito en términos de acceso o mejora de empleo. Pero el estado de ánimo señalado mostraba una valoración muy pesimista de las acciones públicas para la inserción.

Una de las consecuencias de este relativo fracaso en consolidar los procesos de inserción era la influencia negativa en la autoestima de las personas receptoras de las prestaciones. Aunque no generalizados, los datos de marzo de 2000 mostraban la existencia de problemas relevantes en este punto. Así, entre las personas titulares de las rentas mínimas en Euskadi, un 21,5% se consideraban diferentes y un 32% tenía sensación de humillación por tener que recurrir a estas prestaciones para solucionar sus problemas económicos. En un 22,9% de los casos, esto llevaba a ocultar –ante las personas más próximas a la unidad beneficiaria- el acceso a la renta mínima.

Centrando el análisis en el fenómeno de la humillación, directamente ligado al de vergüenza, los datos disponibles muestran varios aspectos de interés. En primer lugar, se constata que la percepción de humillación crece conforme aumenta el tiempo en la prestación. Así, entre los titulares iniciales de la renta mínima a principios de 2000, en octubre de 2001 la percepción de humillación llegaba a situarse en un 41,2% entre las altas a muy largo plazo y en un 36,9% entre las altas a largo plazo (frente a cifras de 33,8 y 28,8% en marzo de 2000). En fuerte contraste, la salida de la prestación se traducía en una notable caída de la percepción del problema, con apenas 13-14% de personas haciendo mención al sentimiento de humillación en relación con el acceso a la renta mínima.

En segundo lugar, la humillación se vincula a determinados factores sociales, tal y como puede comprobarse entre las personas que se mantienen en la renta mínima al principio y al final del periodo de aplicación del Panel (entre ellas, la percepción de humillación se situaba en un 48%).

En este grupo se observa, en particular, que el sentimiento de humillación aumenta en aquellas circunstancias que más se alejan de la inserción laboral. Como muestra el gráfico 1, cuanto menor es la experiencia con el trabajo durante los 18 meses analizados en la unidad de convivencia, mayor es la percepción de humillación de la persona titular.

Gráfico 1

gr1Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

El sentimiento de humillación es mayor entre las mujeres pero resulta más determinante su evidente correlación con la edad. La humillación percibida aumenta en paralelo a la edad, con una nítida frontera separadora que se sitúa en los 45 años. Por encima de esa edad, la vinculación a las rentas mínimas se experimenta desde muy altos niveles de humillación, tal y como revela el gráfico 2.

Gráfico 2

gr2

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

En parte, los datos relativos a la edad se vinculan a la circunstancia racionalizadora que supone, en los hogares jóvenes, la existencia de menores. En presencia de hijos o hijas menores de edad en el hogar, el sentimiento de humillación por el acceso a las prestaciones se reduce de manera notable, tal y como se comprueba en el gráfico 3.

Gráfico 3

gr3

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

El alejamiento del trabajo, en especial en personas sin menores a cargo y mayores de 45 años, no es sin embargo el único factor decisivo que queda asociado a un significativo incremento de la percepción de humillación al acceder a las rentas mínimas. Otros factores, ligados a circunstancias personales difíciles, también resultan relevantes. El gráfico 4 muestra la mayor incidencia del sentimiento de humillación en personas con bajos niveles de estudios, o con estudios que hoy sitúan en posición compleja ante la inserción laboral a la población (en especial en el caso de estudios secundarios no profesionales). La presencia de problemas personales especiales tiene el mismo impacto diferencial en un mayor nivel de humillación percibida (gráfico 5).

Gráfico 4

gr4Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

Gráfico 5

gr5Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

Un tercer aspecto de interés tiene que ver con la evolución temporal de la incidencia de las problemáticas de humillación. A pesar de una flexibilización del sistema de garantía de ingresos a partir de 1998, en términos de introducción del doble derecho y de una mejora de las cuantías, a primeros de siglo el sentimiento de humillación había aumentado claramente entre la población titular de la renta mínima vasca. Así, frente a un 20,2% de titulares de la prestación que experimentaban este sentimiento en enero de 1992 (Panel 90-92), la cifra había subido en marzo del año 2000 al 32%.

El sentimiento de humillación señalado es, por supuesto, uno de los principales argumentos en contra de las políticas de rentas mínimas de inserción. El mal uso de las contraprestaciones o de los programas de inclusión social puede contribuir a la sensación de humillación entre las personas beneficiarias. Es un argumento clave a favor de la Renta Básica o, en otro sentido, de los sistemas de Renta Garantizada.

La realidad, sin embargo, es que no existe Renta Básica y que la reciente introducción de propuestas de Renta Garantizada resulta limitada. En la forma conocida en España, es discutible de hecho que muchas de las nuevas rentas supongan un cambio cualitativo respecto a las tradicionales rentas mínimas de inserción. Las propuestas de Renta Garantizada en Aragón, Cataluña o Comunidad Valenciana se caracterizan por introducir un suplemento ligado a la inclusión, con una parte de renta garantizada que resulta, en general, de cuantía reducida. En esas circunstancias, la presión hacia la inclusión seguirá resultando determinante en la gestión. A ello contribuirá, además de la presión del gasto, un marco conceptual en el que se impone la visión europea de la activación, muy asociada al desarrollo de las políticas de condicionalidad.

En este contexto, para el mundo profesional ligado al diseño y la gestión de los sistemas de garantía de ingresos, seguirá resultando clave buscar respuestas adecuadas a la pregunta relativa a cómo abordar de la mejor forma posible el proceso de configuración de las rentas mínimas. A finales del pasado siglo, la alternativa diseñada en la ley vasca contra la exclusión de 1998 se tradujo en una apuesta por la renuncia a la contraprestación y por la aplicación del principio del doble derecho (a una garantía de ingresos y a la inserción/inclusión). Sus efectos fueron relativos porque la tramitación de la ILP por una Carta Social se tradujo en una rápida recuperación del principio de contraprestación. Pero se han desarrollado iniciativas que profundizan en la dirección entonces definida en Euskadi, como la formulada en Navarra. La renta garantizada navarra innova al apostar, más que por el doble derecho, por la nueva concepción de dos derechos paralelos, y asume el modelo de estímulos al empleo de la ley vasca contra la exclusión. Los resultados de la experiencia navarra serán así decisivos para fijar el nuevo rumbo de las rentas mínimas autonómicas.

En cualquier caso, como muestran los datos presentados, la percepción de la humillación es una cuestión más compleja, relacionada con la visión que las personas beneficiarias de las prestaciones de garantía de ingresos tienen de su propia situación, y no sólo –aunque sí de manera decisiva- de su posición respecto al empleo. El sentido de la utilidad personal, del propio significado social de la existencia, es por ello un elemento decisivo en la génesis de los sentimientos de humillación y vergüenza.

Se trata, y es preciso recalcarlo, de una cuestión que no se resolverá de forma automática con una mejor garantía de derechos económicos o con la introducción de medidas como la Renta Básica, menos aún si ésta es de una cuantía tan baja que apenas serviría para garantizar la supervivencia a una parte de la población. Esta parte de la sociedad correría entonces el riesgo de quedar claramente al margen de la forma de vida de la población media de la sociedad productiva e hipertecnologizada que está por llegar. En términos de vergüenza y humillación, no todo se reduce a sobrevivir, y el problema no queda del todo resuelto con definir la supervivencia como derecho.

Tener en cuenta todas estas cuestiones resultará decisivo de cara al diseño de una política de protección social y de garantía de ingresos que pretenda situarse fuera de los objetivos de control y castigo social de los que nos habla en su artículo, y de forma sin duda acertada, Belén Navarro.