Políticas contra la pobreza y humillación personal. Luis Sanzo

Dos artículos han llamado recientemente la atención sobre la importancia de considerar los problemas ligados a la humillación y la vergüenza en el diseño de las políticas de lucha contra la pobreza. En uno de ellos, Keetie Roelen, señalaba que las políticas que intentan atajar la pobreza tenían que tener en cuenta la vergüenza como un factor determinante para su correcto diseño. En su blog, Belén Navarro, señalaba por su parte que la vergüenza ”es peor que el hambre”.

Lo más llamativo del artículo de Navarro es aquella parte en la que señala que “la vergüenza tiene una función disciplinaria en política social en general y servicios sociales en particular”, una circunstancia que vincula a la cuestión de la ética y del amor al trabajo: “no tener empleo está mal visto, es un motivo de vergüenza”. Pero, recordando a Roelen, Navarro afirma que encontrarse en situación de pobreza es aún peor que carecer de empleo y que, en este contexto, el neoliberalismo “construye una falsa dicotomía entre los pobres merecedores y los no merecedores, los primeros, personas que han caído en desgracia y que merecen toda nuestra conmiseración y apoyo, los segundos, parásitos del estado … Pobres con vergüenza y sinvergüenzas”. La cronificación ligaría en parte estos dos mundos cuando algún merecedor “comienza a fallar y se convierte en pobre no merecedor”. Es entonces cuando podría empezar a sentir el mismo rechazo que los y las profesionales parecen dedicar al llamado sinvergüenza. De ahí la pregunta clave al colectivo profesional: “¿Estamos siendo acompañantes en procesos de ayuda o un elemento más del control social?”.

No pretendo dar respuesta a esta pregunta clave pero sí recuperar una experiencia de seguimiento de lo que se definió en su origen, en Euskadi, como el Plan de Lucha contra la Pobreza. Se trata del marco en el que surgió lo que todavía sigue siendo la experiencia histórica más destacada y duradera de renta mínima en el sur de Europa.

La puesta en marcha de la política de garantía de ingresos en el País Vasco vino acompañada de la realización de una serie de estudios que pretendían evaluar sus resultados. Utilizando una aproximación de Panel, uno de esos tipos de estudios consistía en seguir durante 18 meses a los hogares de las personas titulares de la renta mínima de cara a analizar su capacidad para salir de la prestación. Este sistema de evaluación se mantuvo hasta primeros de siglo y concluyó con el Estudio de seguimiento por panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Aunque se refieren a un periodo ya lejano, una de las principales utilidades de estos trabajos, en el contexto de debate planteado por Roelen y Navarro, es que ofrecen información sobre aspectos poco estudiados como la humillación o vergüenza percibidas por la población beneficiaria de la renta mínima vasca.

Un aspecto a destacar de partida se relaciona con los límites de las políticas de inserción para los titulares de las rentas mínimas. A primeros de siglo, en marzo de 2000, el pesimismo respecto al impacto de las acciones de inserción caracterizaba tanto a los profesionales de los servicios sociales como al propio colectivo beneficiario. Entre las personas que tenían firmado un convenio de inserción o desarrollaban acciones de contraprestación, un 57,4% pensaba que las acciones contenidas en los mismos no incidían en su situación laboral (37,8%), no se adecuaban a sus problemas (11,6%) o simplemente no servían para nada (8%). Un 61% de los titulares de la renta mínima en aquel momento consideraba además que los servicios sociales contribuían poco a la salida de la prestación, aunque el 88,7% veía favorablemente su actuación de cara al acceso a la prestación.

Es verdad que este pesimismo no siempre encontraba fundamento en los datos reales. Así, entre los titulares de la renta mínima en marzo de 2000 que desarrollaron acciones de formación a partir de esa fecha, un 25% tuvo éxito en términos de acceso o mejora de empleo. Pero el estado de ánimo señalado mostraba una valoración muy pesimista de las acciones públicas para la inserción.

Una de las consecuencias de este relativo fracaso en consolidar los procesos de inserción era la influencia negativa en la autoestima de las personas receptoras de las prestaciones. Aunque no generalizados, los datos de marzo de 2000 mostraban la existencia de problemas relevantes en este punto. Así, entre las personas titulares de las rentas mínimas en Euskadi, un 21,5% se consideraban diferentes y un 32% tenía sensación de humillación por tener que recurrir a estas prestaciones para solucionar sus problemas económicos. En un 22,9% de los casos, esto llevaba a ocultar –ante las personas más próximas a la unidad beneficiaria- el acceso a la renta mínima.

Centrando el análisis en el fenómeno de la humillación, directamente ligado al de vergüenza, los datos disponibles muestran varios aspectos de interés. En primer lugar, se constata que la percepción de humillación crece conforme aumenta el tiempo en la prestación. Así, entre los titulares iniciales de la renta mínima a principios de 2000, en octubre de 2001 la percepción de humillación llegaba a situarse en un 41,2% entre las altas a muy largo plazo y en un 36,9% entre las altas a largo plazo (frente a cifras de 33,8 y 28,8% en marzo de 2000). En fuerte contraste, la salida de la prestación se traducía en una notable caída de la percepción del problema, con apenas 13-14% de personas haciendo mención al sentimiento de humillación en relación con el acceso a la renta mínima.

En segundo lugar, la humillación se vincula a determinados factores sociales, tal y como puede comprobarse entre las personas que se mantienen en la renta mínima al principio y al final del periodo de aplicación del Panel (entre ellas, la percepción de humillación se situaba en un 48%).

En este grupo se observa, en particular, que el sentimiento de humillación aumenta en aquellas circunstancias que más se alejan de la inserción laboral. Como muestra el gráfico 1, cuanto menor es la experiencia con el trabajo durante los 18 meses analizados en la unidad de convivencia, mayor es la percepción de humillación de la persona titular.

Gráfico 1

gr1Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

El sentimiento de humillación es mayor entre las mujeres pero resulta más determinante su evidente correlación con la edad. La humillación percibida aumenta en paralelo a la edad, con una nítida frontera separadora que se sitúa en los 45 años. Por encima de esa edad, la vinculación a las rentas mínimas se experimenta desde muy altos niveles de humillación, tal y como revela el gráfico 2.

Gráfico 2

gr2

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

En parte, los datos relativos a la edad se vinculan a la circunstancia racionalizadora que supone, en los hogares jóvenes, la existencia de menores. En presencia de hijos o hijas menores de edad en el hogar, el sentimiento de humillación por el acceso a las prestaciones se reduce de manera notable, tal y como se comprueba en el gráfico 3.

Gráfico 3

gr3

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

El alejamiento del trabajo, en especial en personas sin menores a cargo y mayores de 45 años, no es sin embargo el único factor decisivo que queda asociado a un significativo incremento de la percepción de humillación al acceder a las rentas mínimas. Otros factores, ligados a circunstancias personales difíciles, también resultan relevantes. El gráfico 4 muestra la mayor incidencia del sentimiento de humillación en personas con bajos niveles de estudios, o con estudios que hoy sitúan en posición compleja ante la inserción laboral a la población (en especial en el caso de estudios secundarios no profesionales). La presencia de problemas personales especiales tiene el mismo impacto diferencial en un mayor nivel de humillación percibida (gráfico 5).

Gráfico 4

gr4Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

Gráfico 5

gr5Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

Un tercer aspecto de interés tiene que ver con la evolución temporal de la incidencia de las problemáticas de humillación. A pesar de una flexibilización del sistema de garantía de ingresos a partir de 1998, en términos de introducción del doble derecho y de una mejora de las cuantías, a primeros de siglo el sentimiento de humillación había aumentado claramente entre la población titular de la renta mínima vasca. Así, frente a un 20,2% de titulares de la prestación que experimentaban este sentimiento en enero de 1992 (Panel 90-92), la cifra había subido en marzo del año 2000 al 32%.

El sentimiento de humillación señalado es, por supuesto, uno de los principales argumentos en contra de las políticas de rentas mínimas de inserción. El mal uso de las contraprestaciones o de los programas de inclusión social puede contribuir a la sensación de humillación entre las personas beneficiarias. Es un argumento clave a favor de la Renta Básica o, en otro sentido, de los sistemas de Renta Garantizada.

La realidad, sin embargo, es que no existe Renta Básica y que la reciente introducción de propuestas de Renta Garantizada resulta limitada. En la forma conocida en España, es discutible de hecho que muchas de las nuevas rentas supongan un cambio cualitativo respecto a las tradicionales rentas mínimas de inserción. Las propuestas de Renta Garantizada en Aragón, Cataluña o Comunidad Valenciana se caracterizan por introducir un suplemento ligado a la inclusión, con una parte de renta garantizada que resulta, en general, de cuantía reducida. En esas circunstancias, la presión hacia la inclusión seguirá resultando determinante en la gestión. A ello contribuirá, además de la presión del gasto, un marco conceptual en el que se impone la visión europea de la activación, muy asociada al desarrollo de las políticas de condicionalidad.

En este contexto, para el mundo profesional ligado al diseño y la gestión de los sistemas de garantía de ingresos, seguirá resultando clave buscar respuestas adecuadas a la pregunta relativa a cómo abordar de la mejor forma posible el proceso de configuración de las rentas mínimas. A finales del pasado siglo, la alternativa diseñada en la ley vasca contra la exclusión de 1998 se tradujo en una apuesta por la renuncia a la contraprestación y por la aplicación del principio del doble derecho (a una garantía de ingresos y a la inserción/inclusión). Sus efectos fueron relativos porque la tramitación de la ILP por una Carta Social se tradujo en una rápida recuperación del principio de contraprestación. Pero se han desarrollado iniciativas que profundizan en la dirección entonces definida en Euskadi, como la formulada en Navarra. La renta garantizada navarra innova al apostar, más que por el doble derecho, por la nueva concepción de dos derechos paralelos, y asume el modelo de estímulos al empleo de la ley vasca contra la exclusión. Los resultados de la experiencia navarra serán así decisivos para fijar el nuevo rumbo de las rentas mínimas autonómicas.

En cualquier caso, como muestran los datos presentados, la percepción de la humillación es una cuestión más compleja, relacionada con la visión que las personas beneficiarias de las prestaciones de garantía de ingresos tienen de su propia situación, y no sólo –aunque sí de manera decisiva- de su posición respecto al empleo. El sentido de la utilidad personal, del propio significado social de la existencia, es por ello un elemento decisivo en la génesis de los sentimientos de humillación y vergüenza.

Se trata, y es preciso recalcarlo, de una cuestión que no se resolverá de forma automática con una mejor garantía de derechos económicos o con la introducción de medidas como la Renta Básica, menos aún si ésta es de una cuantía tan baja que apenas serviría para garantizar la supervivencia a una parte de la población. Esta parte de la sociedad correría entonces el riesgo de quedar claramente al margen de la forma de vida de la población media de la sociedad productiva e hipertecnologizada que está por llegar. En términos de vergüenza y humillación, no todo se reduce a sobrevivir, y el problema no queda del todo resuelto con definir la supervivencia como derecho.

Tener en cuenta todas estas cuestiones resultará decisivo de cara al diseño de una política de protección social y de garantía de ingresos que pretenda situarse fuera de los objetivos de control y castigo social de los que nos habla en su artículo, y de forma sin duda acertada, Belén Navarro.

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