enero 2018
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
« Dic   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

mes enero 2018

La incidencia del paro de larga duración en España (Nota breve). Luis Sanzo

Es habitual leer que el País Vasco es la comunidad autónoma con mayor impacto relativo del paro de larga duración en España. En un tuit reciente, por ejemplo, Fedea seguía afirmando que el País Vasco “es la región con mayor incidencia del paro de larga duración: el 60,8% de sus desempleados llevan más de un año buscando un empleo”. Sin embargo, la conclusión a la que llega Fedea es errónea. La presente nota pretende explicar las razones y, de paso, situar la incidencia real del fenómeno por territorios.

Fedea utiliza, para llegar a sus conclusiones, la proporción de población parada de larga duración en la población parada total. La incidencia del paro de larga duración, no obstante, debe vincularse a una referencia más amplia, ya sea en términos de población activa o de población en edad potencialmente activa, por ejemplo la situada entre 16 y 64 años. Con pretensión de simplificación, aquí utilizo esta última referencia para evitar introducir en el análisis las diferencias en la propensión a la actividad.

El Gráfico 1 muestra, para cada comunidad autónoma, la incidencia en 2017 del paro de larga duración en relación con la población de 16 a 64 años. Muestra además sus principales determinantes: la incidencia general del desempleo en esta población y el peso que tiene la ocupación temporal (usada como indicador de la oferta de empleo que condiciona el acceso potencial a la ocupación de la población parada de larga duración) respecto a la población desempleada total.

Los datos muestran que el País Vasco forma parte, en 2017, del grupo de comunidades autónomas con un impacto del paro de larga duración inferior al 5% de la población de 16 a 64 años. Este grupo está compuesto por Baleares y el grupo de comunidades que forman Aragón, La Rioja, Navarra y Euskadi.

En una posición intermedia, el paro de larga duración tiene un impacto situado entre el 5,4 y el 7,2% en Madrid, Cataluña, otro grupo de comunidades del noroeste español (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León), más Murcia y la Comunidad Valenciana.

El mayor impacto del paro de larga duración entre la población de 16 a 64 años corresponde, con porcentajes situados entre el 8,9 y el 10,7%, a las comunidades del sur peninsular español (Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía) y a Canarias.

Como muestra el gráfico 1, la menor o mayor incidencia del paro de larga duración es una clara función del menor o mayor impacto general del desempleo. Éste, a su vez, se relaciona con la oferta general de empleo, en especial de tipo temporal, respecto al volumen de población desempleada existente.

Gráfico 1

PLD

Como se comprueba en el Gráfico 2, el País Vasco es además una de las tres comunidades autónomas con una menor incidencia media del paro de larga duración en el conjunto del periodo posterior a la crisis financiera. Respecto a la población entre 16 y 64 años, el impacto del paro de larga duración para el periodo 2009-2017 se sitúa en el 5,4% en el País Vasco, sólo mejorado por el 4,7% de Navarra. La proporción considerada ha sido del 5,7% en Baleares.

El indicador se sitúa entre el 5,9 y el 6,9% en Madrid y otro grupo de comunidades del Noroeste español (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Aragón), con un 7,6% en Cataluña. Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha tienen, por su parte, una incidencia entre el 8,8 y el 9,9%.

En el periodo 2009-2017, más de un 10% de la población de 16 a 64 años ha sido parada de larga duración en Extremadura (10,1%), Andalucía (11,6%) y Canarias (12,1%).

El gráfico 2 pone igualmente de manifiesto la fuerte asociación entre la incidencia actual del paro de larga duración y la existente para el conjunto del periodo 2009. Algunas comunidades mejoran ligeramente su posición relativa (las islas, tanto Baleares como Canarias, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña). La situación empeora en términos relativos, también ligeramente, en Galicia, Cantabria y País Vasco, en el noroeste, y en Castilla-La Mancha y Extremadura en el Sur. Sólo en la región extremeña puede hablarse de un empeoramiento significativo de la incidencia del paro de larga duración (10,7% en 2017 por 10,1% para el conjunto del periodo 2009-2017).

Gráfico 2

PLD1

Los datos presentados muestran por tanto que, a pesar de una línea menos favorables que la de otras comunidades líderes en reducción del impacto del paro de larga duración, el País Vasco se mantiene entre los territorios menos afectados por el problema. En el conjunto del periodo 2009-2017, sigue siendo, junto a Navarra, la comunidad autónoma con menor impacto a largo plazo de este tipo de desempleo.

Se trata de una realidad que merece ser destacada por varias razones. Por una parte, porque corresponde a una comunidad autónoma que ha sufrido duramente las consecuencias de la caída del empleo industrial, con una recuperación más limitada del empleo en comparación con las comunidades líderes del crecimiento ocupacional en España después de 2013. Por otra parte, y esto resulta determinante, porque es de las pocas comunidades autónomas que, tras la crisis de 2008, ha seguido conociendo un aumento significativo de la inmigración de origen extranjero, un colectivo con mayores dificultades de inserción laboral.

Como muestra el gráfico 3, lo que ha representado esta llegada de población de origen extranjero entre 2009 y 2017 resulta decisivo en Euskadi, con un incremento equivalente a 17 personas por 1000 habitantes de 2009. Es más del doble de la cifra de 6,5 por mil que corresponde a Navarra y casi cuatro veces más que el 4,4 por mil de Cataluña, las otras dos comunidades autónomas con mayor crecimiento de este tipo de población.

Gráfico 3

gráfico 3

En definitiva, en términos de incidencia no puede atribuirse al País Vasco la condición de territorio más afectado en España por el paro de larga duración. Esta nota breve ha pretendido mostrarlo tomando como referencia a la población de 16 a 64 años (la conclusión sería similar si se analizara esta cuestión en relación con la población activa).

La conclusión mencionada es importante porque ayuda a orientar el análisis hacia las comunidades que sufren más intensamente el problema, en especial aquellas en las que, como ocurre con Extremadura, la situación actual muestra una clara línea de deterioro.


ANEXO: Relación entre Paro de Larga y de Corta Duración en 2017

gráfico

Pobreza y privación en la población menor. Enseñanzas generales a partir del caso vasco. Luis Sanzo

Artículo escrito para el blog llei d’engel

Introducción

Como es bien sabido, el marco europeo para el desarrollo de estadísticas en materia de pobreza está constituido por la European Union-Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC, Estadísticas sobre Ingreso y Condiciones de Vida de la Unión Europea). En España, la aplicación de la EU-SILC corresponde a la Encuesta de Condiciones de Vida.

Dentro del proceso de actualización del Sistema Estadístico Europeo (ESS), una de las estadísticas cuyo contenido está siendo objeto de revisión es la EU-SILC. En este ámbito relacionado con el estudio de la pobreza, las principales demandas existentes se vinculan a la necesidad de cubrir más áreas relacionadas con el desarrollo de las políticas sociales y de ampliar los análisis transversales asociados a la definición de estas políticas. Esta estrategia de revisión quedó fijada en la reunión del 7 y 8 de junio de 2010 del Consejo de la Unión Europea.

La propuesta de revisión planteada para la EU-SICL apuesta por una estructura fija, que limita el componente anual de esta estadística a la recogida de la información necesaria para obtener sus principales indicadores, y un conjunto de módulos complementarios de aplicación no anual. Esta aproximación permitiría abarcar más temas en el acercamiento a la realidad social pero con una periodicidad superior al año, variable en función de la temática (tres o seis años, según los casos).

La traducción jurídica definitiva del proceso de revisión de la EU-SILC aún no ha culminado pero sí está consolidada la previsión de un módulo específico destinado a obtener una serie de información clave sobre la población menor. La aproximación incluye, en particular, la recogida de información sobre las formas de privación material observadas en el colectivo de niños, niñas y adolescentes. Estas variables fueron delimitadas en el acuerdo ESS-2013 y, con posterioridad, en el módulo de desarrollo ad-hoc establecido para 2014. Estas variables se diseñaron de forma que fueran consistentes con variables similares para población adulta.

La regulación del módulo previsto para 2014, aprobada en febrero de 2013, establecía la recogida de una serie de variables secundarias de privación, trece de ellas aplicables a menores entre 1 y 15 años (y ya previstas en el acuerdo ESS-2013). Además se incorporaban otras variables para hogares y personas adultas para proceder a una actualización del cálculo del indicador AROPE. En principio, la recogida de esta información estaba prevista a partir de 2016.

En el año señalado, el cuestionario de la Encuesta de Condiciones de Vida incluyó las nuevas variables relativas a hogares y adultos pero no, al menos según lo que se ha difundido en la web del INE, las relativas a la población menor. Estas variables sí fueron introducidas, en cambio, en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi de 2016 (EPDS-2016).

La presentación de los principales resultados de la EPDS-2016, relativas a la población entre 1 y 15 años en Euskadi, resulta útil para otras comunidades por al menos dos razones. Por una parte, porque se trata de la primera información disponible en España sobre privación en este colectivo de niños, niñas y adolescentes. Por otra, porque muestra la extensión de esta problemática en la población menor pertenecientes a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, incluso en un territorio con un sistema de garantía de ingresos comparable a los más desarrollados en el espacio de la Unión Europea.

Las principales conclusiones del análisis de la relación entre privación y posición en la escala de pobreza-bienestar en la población menor de Euskadi se presentan a continuación.

Resultados

Con carácter general, debe destacarse el significativo impacto de la pobreza y la precariedad en la población menor. Aunque el sistema de protección autonómico limita las diferencias y reduce el impacto de los problemas, en especial de los más graves, es imposible no percibir la desigualdad de oportunidades que se relaciona con la pobreza y la ausencia de bienestar entre niños, niñas y adolescentes. Los datos de la EPDS 2016 muestran, en este sentido, el decisivo impacto diferencial que tiene en la población menor la presencia de la pobreza y otras formas de ausencia de bienestar.

Como se muestra en el gráfico 1, los datos reflejan la existencia en Euskadi de cuatro tipos de menores en términos de impacto de las situaciones de privación o carencia y de la posición del hogar en la escala pobreza-bienestar real.

Gráfico 1

Gráfico 1

En lo relativo a los hogares en situación de bienestar, y sin presencia de riesgos significativos asociados, la presencia de carencias o situaciones de población en la población de 1 a 15 años es prácticamente inexistente. Hasta un 95,1% de la población menor analizada vive al margen de todos y cada uno de los indicadores de privación considerados. Apenas un 4,9% tiene carencias significativas o relacionadas con aspectos básicos (3,9 y 1%, respectivamente). En estos hogares, que definen la situación de la gran mayoría de la población menor en Euskadi, puede así hablarse de una realidad prácticamente generalizada de completa ausencia de privación. Pero no ocurre lo mismo cuando está presente el hogar alguna situación económica desfavorable.

En los hogares en los que sigue predominando el bienestar en el hogar, pero éste viene acompañado de algunos factores de riesgo, la ausencia de carencias todavía es una realidad dominante. Sin embargo, la proporción se reduce en este grupo al 57,7% de la población menor. La presencia de problemas básicos, o al menos significativos, ya afecta por tanto a un elevado 42,3% de la población menor en este grupo.

A pesar de ello, en este tipo de hogares, la presencia de problemas básicos sigue siendo claramente minoritaria, con apenas un 8,4% de la población menor afectada por este tipo de carencias. Esta dimensión minoritaria es más llamativa, además, cuando se consideran problemas muy graves de privación material (2,8% por 5,6% de otros problemas básicos). La parte correspondiente a menores con carencias significativas, pero no básicas, es la más destacada en este grupo, con un 33,9% de personas entre 1 y 15 años en esta situación.

En los hogares en situación de ausencia de bienestar, pero no de pobreza real, la completa ausencia de carencias resulta ya claramente minoritaria, con apenas un 32,1% de la población menor en esta situación. No obstante, los problemas básicos sólo afectan a un grupo minoritario de menores, un 33,3% del total, en especial si se trata de formas de privación básica muy grave (apenas un 5,2% frente a un 28,1% con otros problemas básicos). Un 34,6% tiene problemas significativos pero no básicos.

Es únicamente en los hogares afectados por la pobreza real donde las situaciones de privación se convierten en dominantes, con apenas un 5,3% de menores sin ningún tipo de carencia. Además, y esto es lo socialmente más relevante, los problemas básicos se convierten en mayoritarios, con un 66,1% de la población menor afectada por este tipo de carencias.

El dato más positivo en este grupo de menores pobres es que, dentro de los problemas básicos, los más graves siguen resultando minoritarios. Aun así, un 25,5% de los niños, niñas y adolescentes de los hogares en situación de pobreza real sufren formas de privación básica muy graves por un 40,6% que se enfrenta a problemas básicos pero menos graves. Otro 28,6% tiene carencias significativas pero no básicas.

El gráfico 2 aporta información complementaria, relativa en este caso al impacto detallado de cada una de las carencias básicas consideradas en la población menor.

Gráfico 2

Gráfico 2

Como puede comprobarse en el mencionado gráfico, el impacto de las formas más graves de privación sólo alcanza niveles significativos, claramente superiores a cifras de 3-5%, en los hogares pobres. En estos hogares, un 10,7% de la población menor no tiene acceso diario a frutas o verduras, un 12,8% carece de dos pares de zapatos (o uno para cada época del año) y un 17,4% no tiene acceso a una comida proteínica cada día.

En los hogares pobres de Euskadi, sin embargo, el impacto de la pobreza en niños, niñas y adolescentes se percibe más claramente en la presencia de ciertos tipos de carencias básicas pero de menor gravedad. De esta forma, un 40,1% de la población menor de estos hogares no dispone de ropa nueva y un 38,2% no puede celebrar ocasiones especiales. Un 25,3% no tiene equipamiento para jugar al aire libre y un 19,3% carece de libros para su edad. Un 12,9% no tiene equipamiento para jugar en casa y un 12,4% carece de un espacio adecuado para hacer los deberes.

Algunos de estos problemas también tienen incidencia significativa en hogares con problemas de ausencia de bienestar pero no pobres. Así, un 19,9% de la población menor en estos hogares no puede acceder a ropa nueva, un 13,9% no puede celebrar ocasiones especiales y entre un 7,6 y un 9,2% se enfrenta a problemas a la hora de disponer de un espacio adecuado para hacer los deberes, tener libros para su edad o disponer de equipamiento para jugar al aire libre.

El gráfico 3 presenta los resultados relativos a algunas carencias que, siendo significativas, no se relacionan con necesidades estrictamente básicas. En este caso, se constata que las diferencias observadas entre los distintos tipos de menores resultan aún más llamativas al caracterizar a los distintos grupos.

Gráfico 3

Gráfico 3

En los hogares pobres, un 82,4% de la población menor no puede disfrutar de una semana de vacaciones fuera de casa. La problemática es igualmente mayoritaria en hogares en situación de ausencia de bienestar, pero no pobres, con un 58,2% de la población menor afectada. Esta problemática, que sólo afecta al 2,6% de la población en situación de bienestar, alcanza todavía a un significativo 28,3% de la población entre 1 y 15 años en hogares donde predomina el bienestar pero en los que están presentes algunos factores de riesgo.

Se observa un perfil similar de desigualdad en el impacto del resto de carencias significativas analizadas (relativas a la posibilidad de invitar a amigos/as a jugar o comer en casa, o a participar en actividades regulares fuera del hogar y en viajes y actividades escolares, con coste económico). Estas carencias tienden a afectar a alrededor de la mitad de la población menor pobre (entre 48,3 y 55,3%) y a entre un 14,2 y un 25,6% de la población con ausencia de bienestar aunque no pobre. En el colectivo en situación de bienestar, pero con presencia factores de riesgo, el impacto varía entre 9,4 y el 16,8%. En fuerte contraste, menos del 2% de la población menor sufre alguna de estas problemáticas en hogares en situación de bienestar.

Consideraciones finales

Los datos presentados revelan la importancia de políticas que consigan limitar el impacto y la gravedad de la pobreza y de otras formas de ausencia de bienestar que impiden a la población menor el acceso a una forma de vida sin privación. Muestran también que las carencias asociadas a estos hechos sociales, incluso las más graves, no están erradicadas entre la población menor, incluso en presencia de un sistema comparativamente digno de garantía de ingresos. Al menos en una situación todavía marcada por la importancia del desempleo y por los límites presupuestarios a los que se enfrentan las administraciones públicas.

En este sentido, considerando al conjunto de menores entre 1 y 15 años en Euskadi, en 2016 un 10,4% sufre todavía problemas básicos de privación, una cifra que es del 3,5% al considerar en exclusiva sus formas más graves. En referencia a estas carencias muy graves, un 2,3% no tiene acceso a comida proteínica cada día, con cifras de 1,5-1,6% en lo relativo a la carencia de acceso diario a frutas o verduras o a la disposición de zapato adecuado. En lo relativo a los problemas básicos pero menos graves, un 5,5% de la población menor no tiene acceso a ropa nueva y un 5,6% no puede celebrar ocasiones especiales.

Ciertas carencias, que no afectan a necesidades básicas pero son significativas, tienen un impacto aún más destacado en el conjunto de los niños, niñas y adolescentes de Euskadi. Entre un 8,4 y un 9,5% no puede invitar a amigos/as a jugar o comer en casa o participar en actividades sociales externas que tienen un coste económico. La imposibilidad de disfrutar de una semana de vacaciones fuera del hogar es la carencia más extendida. Caracteriza a un 17,1% de la población menor.

Desde una perspectiva más amplia, estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de conocer la situación de la población menor en el conjunto de España. Al existir una correlación entre la pobreza general y la infantil, con mayor incidencia real de las problemáticas además en la población menor, es muy probable que el impacto de las carencias analizadas resulte muy significativo en muchas zonas de España, incluidas en comunidades como Madrid y Cataluña.

De comprobarse esta circunstancia, ya relevante en una comunidad como la vasca, comparativamente menos afectada por la pobreza, sería necesario hacer visibles las consecuencias en la población menor de la desigualdad. La sociedad necesita tomar conciencia de lo que realmente significan la pobreza, y las demás formas de ausencia de bienestar, para la igualdad de oportunidades de las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes.

INDICADORES DE PRIVACION CONSIDERADOS

INDICADORES DE PROBLEMAS BÁSICOS

Problemas básicos muy graves

Sin comida proteínica cada día

Sin frutas o verduras cada día

No dispone de dos pares de zapatos (o uno para cada época del año)

Otros problemas básicos

No dispone de ropa nueva

Sin espacio adecuado para hacer los deberes

Sin equipamiento de ocio (casa)

Sin libros para su edad

Sin equipamiento de ocio (aire libre)

No puede celebrar ocasiones especiales

INDICADORES RELATIVOS A OTROS PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS

No puede invitar a amigos/as a jugar o comer

Sin actividades regulares fuera de casa (con coste)

Sin viajes y actividades escolares (con coste)

No puede ir de vacaciones (una semana al año)

Se considera que una persona menor, entre 1 y 15 años, está afectada por la carencia contemplada cuando, en el hogar, alguna de las personas menores residentes sufre la carencia considerada.

Esta misma aproximación se aplica para los distintos bloques de carencias que se contemplan. Así, por ejemplo, en un hogar en el que alguna persona menor sufra alguna carencia básica muy grave, la población menor de ese hogar será considerada como afectada por problemas básicos muy graves.

La adscripción a los cuatro grupos considerados (problemas básicos muy graves, otros problemas básicos, problemas significativos y sin problemas) es progresiva. La pertenencia a un grupo más favorecido implica que están ausentes las carencias asociadas a formas más graves. El grupo de problemas básicos incluye sin embargo a cualquier menor en un hogar en el que alguna persona entre 1 y 15 años tiene alguna de las carencias básicas contempladas, con independencia de su mayor o menor gravedad.

Indicadores de impacto del sistema de rentas mínimas autonómicas en España. 2015. Luis Sanzo

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha difundido recientemente el Informe de Rentas Mínimas de Inserción para el año 2015. Se aportan a continuación dos indicadores actualizados que miden el impacto de este sistema de rentas mínimas autonómicas en España. Aunque todavía no reflejan todas las tendencias en curso en este ámbito de la política social, ligadas a los cambios recientes en las políticas autonómicas, los datos de 2015 ya adelantan algunos aspectos de las nuevas dinámicas (por ejemplo, la mejora de la posición de Aragón).

El primero de los indicadores considerados relaciona el volumen total de perceptores del sistema de rentas mínimas autonómicas con el número de personas afectadas por situaciones de pobreza real en 2015 dentro de cada territorio. El segundo indicador relaciona, por su parte, el gasto total ejecutado en dicho año con el mismo indicador de referencia, relativo a las personas con problemas de pobreza real en cada comunidad autónoma. La estimación de este colectivo en situación de pobreza real se deriva de la aplicación, para 2015, de la metodología definida en mi artículo sobre el impacto de este fenómeno en España (publicado en julio de 2017 en hungrygrass.org).

El gráfico 1 recoge la relación existente entre el total de perceptores de rentas mínimas en cada comunidad autónoma (incluyendo Ceuta y Melilla) y la población afectada por situaciones de pobreza real en 2015. Los datos muestran las distintas situaciones de protección existentes en España y que empiezan a ser más diversas de lo que se había conocido hasta ahora. Estas situaciones son las siguientes:

a) En primer lugar, las comunidades forales, Euskadi y Navarra, consiguen hacer llegar la protección a un volumen de población equivalente, o incluso superior, al que representa la población en situación de pobreza real.

b) Aunque la cobertura es muy inferior, resulta muy significativa, llegando a entre un 50 y un 56,3% de la población en pobreza real en Aragón y Asturias. La ciudad de Melilla se acerca a este nivel, con un 41,3%.

c) En niveles muy inferiores, pero por encima de la media española, con una cobertura entre un 21 y un 32% de la población en situación de pobreza real, se sitúan las comunidades de Extremadura, Castilla y León y Cantabria.

d) El resto de las comunidades españolas quedan por debajo del 15% de cobertura media que caracteriza a España. Es particularmente bajo, con cifras inferiores al 7%, en Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta, Canarias e Illes Balears. Se posiciona en torno al 10% en Andalucía y Cataluña, con un 12,2% en La Rioja y cifras entre el 14-15% en Madrid y Galicia.

Gráfico 1

Gráfico 1

El gráfico 2 recoge el gasto ejecutado anual en rentas mínimas autonómicas en 2015 por persona afectada por situaciones de pobreza real. En este caso, las diferencias tienen unos rasgos cercanos a los observados en el gráfico 1 pero con algunos matices. Los principales aspectos a considerar son los siguientes:

a) Aunque las comunidades forales vuelven a situarse como las que tienen mayor nivel de gasto, en este caso el gasto ejecutado en relación con el número de personas en pobreza real es casi el doble en Euskadi (4.337 por 2.206 en Navarra).

b) Detrás de Euskadi y Navarra, Asturias aparece claramente destacada, con 1.281 euros anuales.

c) Entre 506 y 508 euros por persona en situación de pobreza real se sitúan Cantabria y Aragón. Las cifras se sitúan entre 344 y 408 euros en Extremadura, La Rioja y Castilla-León, además de la ciudad de Melilla. Con 291 euros. Galicia también supera la media de 258 euros de España.

d) El resto de comunidades autónomas se sitúan por debajo de la media española, quedando en general por debajo de los 100 euros por persona en pobreza real, con la excepción de Madrid (166 euros) y Cataluña (224 euros).

Gráfico 2

Gráfico 2

Los desequilibrios en el gasto ejecutado, respecto a la población en situación de pobreza real, son evidentes. El más llamativo es el que caracteriza a Asturias, Navarra y País Vasco. Estas comunidades representan un 48,1% del gasto en rentas mínimas autonómicas en España y apenas un 4,2% de la población en situación de pobreza real. Sin embargo, también es llamativo el desfase de participación del resto de comunidades con un gasto por persona en pobreza real que supera la media española. Así, Aragón, Castilla y León y Cantabria aportan un 9,2% del gasto en rentas mínimas, en contraste con el 5,3% de población con problemas de pobreza real en España que representan.

Si se incluye al resto de comunidades autónoma que gastan por encima de la media estatal en relación a la población pobre (Galicia, Extremadura, La Rioja y Melilla), se observa que el 64,4% de la aportación al sistema de rentas mínimas autonómicas en España corresponde a nueve comunidades autónomas, más Melilla, que apenas concentran un 15,3% de la población en situación de pobreza real en España.

El principal desfase cuantitativo corresponde a Andalucía, Madrid y Cataluña. Estas comunidades recogen un 55,5% de las situaciones de pobreza real en España en 2015 pero sólo contribuyen con un 28,3% de la aportación total a estas políticas por parte de las comunidades autónomas. En términos relativos, es igualmente llamativa la situación del resto de comunidades (Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias, más Ceuta). Apenas se aporta en esos territorios el 7,3% del gasto total en rentas mínimas, a pesar de representar un 29,2% de las situaciones de pobreza real en España.

Gráfico 3

Gráfico 3

Los desequilibrios señalados no pueden vincularse en exclusiva a elementos de financiación autonómica. Han estado también presentes diferentes voluntades de intervención por parte de las instituciones responsables de las comunidades autónomas.

En este sentido, el origen de estas diferencias de orientación política debe buscarse en los sucesos relacionados con las crisis de los años 80 y 90. Lejos de quedar disociado el proceso de implantación de las rentas mínimas del fenómeno del paro, es muy llamativo recordar que, con la excepción de Andalucía, Extremadura y Canarias, el principal ámbito territorial de desempleo en la España de los años 80 se desarrolló en torno a Euskadi como consecuencia del proceso de reconversión industrial. Se trata precisamente del entorno político-territorial más implicado, de Asturias a Aragón, con las rentas mínimas en España.

No puede olvidarse además, para explicar las diferencias observadas, el histórico desistimiento de la Administración General del Estado en la contribución financiera al mantenimiento de esta política social. En ningún momento el Estado ha pretendido actual para mejorar la situación de las comunidades menos implicadas con las rentas mínimas.