Indicadores de impacto del sistema de rentas mínimas autonómicas en España. 2015. Luis Sanzo

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha difundido recientemente el Informe de Rentas Mínimas de Inserción para el año 2015. Se aportan a continuación dos indicadores actualizados que miden el impacto de este sistema de rentas mínimas autonómicas en España. Aunque todavía no reflejan todas las tendencias en curso en este ámbito de la política social, ligadas a los cambios recientes en las políticas autonómicas, los datos de 2015 ya adelantan algunos aspectos de las nuevas dinámicas (por ejemplo, la mejora de la posición de Aragón).

El primero de los indicadores considerados relaciona el volumen total de perceptores del sistema de rentas mínimas autonómicas con el número de personas afectadas por situaciones de pobreza real en 2015 dentro de cada territorio. El segundo indicador relaciona, por su parte, el gasto total ejecutado en dicho año con el mismo indicador de referencia, relativo a las personas con problemas de pobreza real en cada comunidad autónoma. La estimación de este colectivo en situación de pobreza real se deriva de la aplicación, para 2015, de la metodología definida en mi artículo sobre el impacto de este fenómeno en España (publicado en julio de 2017 en hungrygrass.org).

El gráfico 1 recoge la relación existente entre el total de perceptores de rentas mínimas en cada comunidad autónoma (incluyendo Ceuta y Melilla) y la población afectada por situaciones de pobreza real en 2015. Los datos muestran las distintas situaciones de protección existentes en España y que empiezan a ser más diversas de lo que se había conocido hasta ahora. Estas situaciones son las siguientes:

a) En primer lugar, las comunidades forales, Euskadi y Navarra, consiguen hacer llegar la protección a un volumen de población equivalente, o incluso superior, al que representa la población en situación de pobreza real.

b) Aunque la cobertura es muy inferior, resulta muy significativa, llegando a entre un 50 y un 56,3% de la población en pobreza real en Aragón y Asturias. La ciudad de Melilla se acerca a este nivel, con un 41,3%.

c) En niveles muy inferiores, pero por encima de la media española, con una cobertura entre un 21 y un 32% de la población en situación de pobreza real, se sitúan las comunidades de Extremadura, Castilla y León y Cantabria.

d) El resto de las comunidades españolas quedan por debajo del 15% de cobertura media que caracteriza a España. Es particularmente bajo, con cifras inferiores al 7%, en Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta, Canarias e Illes Balears. Se posiciona en torno al 10% en Andalucía y Cataluña, con un 12,2% en La Rioja y cifras entre el 14-15% en Madrid y Galicia.

Gráfico 1

Gráfico 1

El gráfico 2 recoge el gasto ejecutado anual en rentas mínimas autonómicas en 2015 por persona afectada por situaciones de pobreza real. En este caso, las diferencias tienen unos rasgos cercanos a los observados en el gráfico 1 pero con algunos matices. Los principales aspectos a considerar son los siguientes:

a) Aunque las comunidades forales vuelven a situarse como las que tienen mayor nivel de gasto, en este caso el gasto ejecutado en relación con el número de personas en pobreza real es casi el doble en Euskadi (4.337 por 2.206 en Navarra).

b) Detrás de Euskadi y Navarra, Asturias aparece claramente destacada, con 1.281 euros anuales.

c) Entre 506 y 508 euros por persona en situación de pobreza real se sitúan Cantabria y Aragón. Las cifras se sitúan entre 344 y 408 euros en Extremadura, La Rioja y Castilla-León, además de la ciudad de Melilla. Con 291 euros. Galicia también supera la media de 258 euros de España.

d) El resto de comunidades autónomas se sitúan por debajo de la media española, quedando en general por debajo de los 100 euros por persona en pobreza real, con la excepción de Madrid (166 euros) y Cataluña (224 euros).

Gráfico 2

Gráfico 2

Los desequilibrios en el gasto ejecutado, respecto a la población en situación de pobreza real, son evidentes. El más llamativo es el que caracteriza a Asturias, Navarra y País Vasco. Estas comunidades representan un 48,1% del gasto en rentas mínimas autonómicas en España y apenas un 4,2% de la población en situación de pobreza real. Sin embargo, también es llamativo el desfase de participación del resto de comunidades con un gasto por persona en pobreza real que supera la media española. Así, Aragón, Castilla y León y Cantabria aportan un 9,2% del gasto en rentas mínimas, en contraste con el 5,3% de población con problemas de pobreza real en España que representan.

Si se incluye al resto de comunidades autónoma que gastan por encima de la media estatal en relación a la población pobre (Galicia, Extremadura, La Rioja y Melilla), se observa que el 64,4% de la aportación al sistema de rentas mínimas autonómicas en España corresponde a nueve comunidades autónomas, más Melilla, que apenas concentran un 15,3% de la población en situación de pobreza real en España.

El principal desfase cuantitativo corresponde a Andalucía, Madrid y Cataluña. Estas comunidades recogen un 55,5% de las situaciones de pobreza real en España en 2015 pero sólo contribuyen con un 28,3% de la aportación total a estas políticas por parte de las comunidades autónomas. En términos relativos, es igualmente llamativa la situación del resto de comunidades (Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias, más Ceuta). Apenas se aporta en esos territorios el 7,3% del gasto total en rentas mínimas, a pesar de representar un 29,2% de las situaciones de pobreza real en España.

Gráfico 3

Gráfico 3

Los desequilibrios señalados no pueden vincularse en exclusiva a elementos de financiación autonómica. Han estado también presentes diferentes voluntades de intervención por parte de las instituciones responsables de las comunidades autónomas.

En este sentido, el origen de estas diferencias de orientación política debe buscarse en los sucesos relacionados con las crisis de los años 80 y 90. Lejos de quedar disociado el proceso de implantación de las rentas mínimas del fenómeno del paro, es muy llamativo recordar que, con la excepción de Andalucía, Extremadura y Canarias, el principal ámbito territorial de desempleo en la España de los años 80 se desarrolló en torno a Euskadi como consecuencia del proceso de reconversión industrial. Se trata precisamente del entorno político-territorial más implicado, de Asturias a Aragón, con las rentas mínimas en España.

No puede olvidarse además, para explicar las diferencias observadas, el histórico desistimiento de la Administración General del Estado en la contribución financiera al mantenimiento de esta política social. En ningún momento el Estado ha pretendido actual para mejorar la situación de las comunidades menos implicadas con las rentas mínimas.

 

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