Riesgo de pérdida de bienestar y reacción pensionista ante la política de (no)revalorización de las pensiones. Luis Sanzo

Introducción

El presente artículo sitúa las bases objetivas, ligadas al riesgo de pobreza y ausencia de bienestar, que explican la relevancia del proceso de movilización de la población pensionista contra la política estatal de (no)revalorización de las pensiones. Esta movilización constituye, en cierta forma, un levantamiento social contra la aplicación del 0,25% de incremento aprobado por el Gobierno de España, muy inferior al aumento observado en el índice general de precios.

El estudio se basa en el método alternativo de aproximación a la pobreza y al bienestar cuyo contenido se detalla en el siguiente artículo, método que permite una aproximación homogénea a la situación existente en las distintas comunidades autónomas españolas. Delimita, en este sentido, indicadores de pobreza/bienestar que permiten una comparación efectiva entre las distintas comunidades autónomas en España.

En este artículo se utilizan tres indicadores básicos, ajustados de acuerdo con el método señalado:

  1. El indicador ajustado de pobreza grave (40% de la mediana).
  2. El indicador ajustado de ausencia de bienestar, o falta de capacidad para acceder a los niveles mínimos de bienestar esperados en nuestra sociedad (60% de la mediana).
  3. El indicador ajustado de bienestar esperado, o falta de capacidad para acceder al bienestar general esperado (de acuerdo con las respuestas dadas a la pregunta HS120 de la ECV, relativa a los ingresos mínimos señalados por cada hogar para llegar a fin de mes).

La distinción entre hogares pensionistas y no pensionistas se basa en el origen principal de los ingresos disponibles en el hogar (pensiones u otras fuentes).

El estudio se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el año 2015 (datos de renta 2014). Los datos se aplican a la población residente en las viviendas analizadas encuestadas en la ECV.

Precariedad comparada en hogares pensionistas y no pensionistas

Como es bien conocido, una de las principales líneas argumentales en la investigación de la pobreza en España ha sido insistir en la precariedad diferencial de la población residente en hogares no pensionistas. Es un hecho difícilmente rebatible que muestra uno de los principales éxitos de la política social en el periodo democrático posfranquista, la reducción y contención de la pobreza entre la población pensionista.

Los datos presentados en los gráficos 1 y 2 avalan la evidencia señalada. En el primero de ellos se comprueba, en este sentido, que la tasa de riesgo de pobreza grave es 2,6 veces superior en la población residente en hogares no pensionistas (12,7% frente a 4,8% en la pensionista). La tasa de riesgo de ausencia de un nivel mínimo de bienestar (60% de la mediana) es también claramente superior en los hogares no pensionistas (22,8% frente a 15,6% en los pensionistas). Sólo se observa un cierto equilibrio en lo relativo al indicador de acceso al bienestar general esperado. En este caso, el riesgo afecta a un 43,5% de la población en hogares no pensionistas, algo por debajo del 45,6% que corresponde a las personas residentes en hogares pensionistas.

Gráfico 1

Las diferencias, en perjuicio de los hogares no pensionistas, son aún mayores al considerar la distancia al umbral de precariedad, tal y como se constata en el gráfico 2. El índice FGT-2 de pobreza grave acumulada (equivalente a ingresos nulos) es 3,6 veces superior en los hogares no pensionistas (5,7% frente a 1,6% en los pensionistas) y resulta 2,5 veces mayor en lo relativo al indicador FGT-2 de ausencia de bienestar asociado al 60% de la mediana (9,8 frente a 3,9%).

Por otra parte, aunque es inferior la proporción de personas en hogares no pensionistas con carencias en el acceso al bienestar general esperado, la distancia al umbral de los ingresos disponibles es muy superior en las personas en riesgo en los hogares no pensionistas (41,4% frente a 29,7%). El resultado es un índice FGT-2 mucho más elevado en estos hogares: 18% frente a 13,5% en los hogares no pensionistas.

Gráfico 2

Pero, siendo cierta la distancia observada entre hogares pensionistas y no pensionistas, y también la dimensión positiva de la política social asociada a las pensiones en España, no puede olvidarse el significado real de los datos presentados en relación con la población vinculada a hogares pensionistas. La protección a este tipo de hogares ha contribuido sin duda a situar la pobreza grave como problema social minoritario entre la población pensionista pero, ni siquiera en este caso, ha conseguido eliminarla por completo. Además, muchas personas en hogares pensionistas se mantienen fuera del marco de bienestar esperado en nuestra sociedad, entre un 15,6% y un 45,6% de la población según se consideren los niveles mínimos de bienestar esperados o los que podrían considerarse propios del bienestar más general al que aspira la población en nuestro país.

Es importante por tanto no perder de vista que una mejor posición comparada no significa automáticamente ausencia de problemas. Y este hecho es importante para entender el profundo descontento que revela la reacción pensionista en las calles.

Las implicaciones de una política de pérdida de poder adquisitivo en los hogares pensionistas

La estrategia española con las pensiones se orienta sin duda al mantenimiento de su valor adquisitivo pero contemplando, en caso de no ser viable este objetivo, una línea de reducción de este valor. Esta línea se vincula tanto a aspectos ligados al posible incremento de la esperanza de vida como a una reducción progresiva del nivel real de las pensiones como resultado de un crecimiento inferior al de la inflación. Pero las consecuencias de la pérdida de calidad de vida asociada son claramente percibidas por la población pensionista.

Analizando lo que está en juego para este colectivo, en términos de proporción de personas potencialmente afectadas a medio plazo por una desvalorización hipotética del 15% en los ingresos pensionistas, puede comprobarse que su impacto sobre las tasas de riesgo de pobreza grave sería significativo pero no cuantitativamente determinante. Como puede verse en el gráfico 3, la tasa de riesgo de pobreza grave sólo aumentaría del 4,8 al 6,8%.

El aumento del riesgo de ausencia de bienestar resultaría socialmente mucho más importante. En el caso del indicador de bienestar mínimo (60% de la mediana), un deterioro del 15% en la capacidad adquisitiva haría pasar la tasa de riesgo de un 15,6 a un 25,5% entre la población en hogares pensionistas. En lo relativo al bienestar general esperado, una desvalorización del 15% supondría una variación igualmente relevante, pasando la proporción de personas afectadas del 45,6 al 56,9%. La perspectiva de deterioro, que ya concierne a la mitad del colectivo, se extendería al 65,4% de la población considerada si el peligro de desvalorización llegara hasta el 30%. El riesgo de pérdida de calidad de vida tiene por tanto una dimensión cualitativa y cuantitativa indudable en la población pensionista en España.

Gráfico 3

Los datos presentados muestran que el impacto mayor de la desvalorización correspondería a aquellos colectivos que verían peligrar el acceso al bienestar en España. Considerando inicialmente el indicador del 60% de la mediana (gráfico 4), que refleja el nivel de bienestar mínimo esperado por la población, antes y después de considerar una caída de valor del 15% de los ingresos pensionistas, se observan al respecto algunos hechos relevantes por comunidades autónomas.

El principal aspecto a destacar es que, una vez considerada la desvalorización potencial señalada, el riesgo de ausencia de un bienestar mínimo podría afectar a un porcentaje de población en hogares pensionistas cercano o superior al 27,5% de la población en las comunidades del sur y sudeste (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura), Madrid y Canarias/Illes Balears. Las cifras se situarían entre el 19 y el 23,2% en el noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja), Navarra/Aragón y Cataluña. Por debajo quedarían únicamente Castilla-León y el País Vasco, con un 15,3 y un 7,2%, respectivamente.

Salvo en el País Vasco, donde la tasa aumentaría apenas en 3,5 puntos, en los demás casos la desvalorización tendría un notable efecto, con un incremento de entre 7,4 y 9,9 puntos en el riesgo de ausencia de un mínimo bienestar (60% de la mediana) en la mayor parte de las comunidades autónomas. El aumento sería aún mayor en el sur y sudeste español, con 10,6 puntos de incremento en Andalucía/Murcia, 12,8 en la Comunidad Valenciana y 15,9 en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Gráfico 4

En la aproximación al bienestar general esperado, en caso de una desvalorización equivalente al 15% de los ingresos actuales, los datos del gráfico 5 muestran que en casi todas las comunidades españolas la mayoría de la población en hogares pensionistas quedaría fuera de la oportunidad de acceso a ese nivel de bienestar. En las comunidades del sur y del sudeste (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura) y en Madrid, la proporción superaría incluso el 60%. En Navarra/Aragón, la proporción sería del 40,2%, con un mínimo del 32,1% en el País Vasco. Incluso en este territorio, por tanto, el deterioro situaría fuera del bienestar general esperado a cerca de una tercera parte de la población en hogares pensionistas.

El deterioro sería significativo y generalizado respecto a la situación actual, con aumentos del indicador de ausencia de bienestar esperado que resultarían cercanos o superiores a los 7 puntos en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos potenciales corresponderían a Andalucía/Murcia (13,3 puntos) y a Castilla-León (17,6 puntos).

Gráfico 5

La dimensión cuantitativa del colectivo que podría sufrir este proceso de deterioro en las condiciones de vida es evidente. El 56,9% de población en hogares pensionistas que podrían sufrir una pérdida muy directa en sus niveles de bienestar, ya sea en términos de acceso al nivel mínimo o al nivel general esperado, suponen cerca de 7 millones de habitantes en España (6,89 en concreto). La potencial desvalorización de las pensiones afecta sin embargo a las más de 12 millones de personas que viven en hogares en los que la fuente principal de ingresos está constituida por las pensiones.

Teniendo en cuenta los datos presentados, es poco probable que la crisis planteada pueda ser fácilmente gestionada, sin reajuste al alza en las revalorizaciones a realizar por el Gobierno de España. Esta realidad plantea sin embargo una cuestión asociada, relativa a la distribución de los recursos procedentes de la protección pública entre la población. Aunque es preciso apoyar al colectivo pensionista en su objetivo de limitación del deterioro de sus niveles de bienestar, resulta imprescindible evitar en paralelo una salida que se traduzca de nuevo en la falta de consideración a las necesidades de la población más desfavorecida en los hogares no pensionistas.

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