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Comentario a la intervención de José Luis Escrivá sobre el Ingreso Mínimo Vital. Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso. 27 de febrero de 2020.

El pasado día 27 de febrero, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, compareció ante la Comisión competente del Congreso para exponer las principales líneas de actuación política de su ministerio. Este breve y esquemático comentario se centra en la parte de su intervención relativa a la política de garantía de ingresos e Ingreso Mínimo Vital (IMV).

1. Principales aspectos de la intervención

Los principales aspectos que conviene retener de la intervención de Escrivá son los siguientes:

a) En la visión del ministro, su ministerio va a diseñar con el IMV “una política general, probablemente la más importante del Gobierno de España durante esta legislatura”.

Escrivá destaca esta importancia tanto desde la perspectiva del gasto como de la orientación del IMV al objetivo de inclusión.

b) En tanto que competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV se desarrollará como prestación de seguridad social a través de una norma legal específica.

En su intervención, Escrivá sugiere sin embargo que la dimensión de la actuación podría ir más allá de una mera prestación y afectar a otros ámbitos de la acción política, en especial en el campo de la fiscalidad y de la política de subsidios (se sobreentiende que de desempleo). Estas herramientas de actuación se orientarían al fin de inclusión que se atribuye al IMV.

c) El despliegue del IMV será gradual y se realizará a lo largo de los tres últimos ejercicios presupuestarios de la legislatura, lo que contribuirá a evaluar la introducción progresiva de la medida. Como estaba previsto, la primera medida a implantar será la mejora de las prestaciones por hijo o hija a cargo.

d) Escrivá considera que el marco de estabilidad fiscal permitirá al ministerio disponer de una dotación suficiente para el IMV. Esta suficiencia sería sin embargo compatible con una aportación presupuestaria relativamente limitada. Así, su impresión “es que, con menos dotación de la que se supone, se consiguen, si el diseño [del IMV] es verdaderamente fino y preciso, resultados mayores”.

Este planteamiento es coherente con la visión contenida en el informe de la AIREF sobre la prestación de ingresos mínimos presentada por UGT y CCOO. Las propuestas alternativas que plantea el organismo evaluador se caracterizan así por un diseño de prestación de coste menor pero [teóricamente] mayor  potencial redistributivo.

El planteamiento también es coherente con la visión crítica de Escrivá sobre las políticas públicas en España, según él definidas en general hasta ahora por su mediocridad. El ministro parece seguro de que las técnicas modernas permitirán superar esta herencia de mediocridad que detecta, en general, en las políticas públicas desarrolladas hasta hoy.

2. Principales incógnitas después de la intervención

Además del propio contenido final del IMV, en mi opinión, dos son las principales incógnitas que quedan tras escuchar la intervención de José Luis Escrivá. La primera se relaciona con el contenido del concepto de inclusión que utiliza el nuevo ministro; la segunda, con su visión sobre el papel de las comunidades autónomas en la política de garantía de ingresos.

2.1. Inclusión e itinerarios de integración.

La mayor incógnita que deja el análisis de la intervención del ministro Escrivá es la vinculación del IMV con el concepto general de inclusión y, de forma más específica, con  lo que de forma continuada refiere como itinerarios.

Para Escrivá, el IMV es un proyecto de intervención focalizada en el colectivo más vulnerable. Se trataría de un colectivo que, por razones administrativas (pesadez o “farragosidad” administrativa, en sus términos) o por la inadecuada consideración de sus peculiaridades, no llegaría a ser cubierto por muchos de los instrumentos actualmente existentes en España (en particular por las rentas mínimas autonómicas, al menos por muchas de ellas). Lo que hace que la eficacia de estas acciones en España se reduzca sustancialmente.

En este contexto, el IMV se presenta como un instrumento que debe responder de forma clara a la estrategia de inclusión de esta población vulnerable. Lo que requerirá flexibilidad, dada la heterogeneidad de la población que se ha quedado atrás en el camino de acceso al bienestar.

Y dado que hay necesidades distintas de inclusión entre los colectivos vulnerables, serán necesarios -según Escrivá- distintos itinerarios de acogida e integración cuyo contenido debe quedar concretado en las normas que establezcan el IMV. No se trataría sólo, en este sentido, de una política asistencial de rentas sino de transiciones más amplias hacia “un estado personal más pleno y satisfactorio” (con acciones relativas al mercado de trabajo, a la educación, a la vivienda o la lucha contra las dependencias personales, etc.). Esas transiciones se concretarían en distintas herramientas orientadas a hacer posibles los itinerarios de inclusión e integración que resulten necesarios.

Éste es el papel complejo y multidimensional que atribuye Escrivá a un IMV destinado a “[A]compañar ese concepto de inclusión para la integración”. Y es en este contexto en el que el ministro señala elementos cómo los siguientes:

“Los problemas que hay de marginalidad, de inclusión, tienen que ver con dimensiones adicionales a las del mercado de trabajo y ésa es la parte en la cual hay que reflexionar”. “Cuando uno mira los colectivos que deberían ser integrados, un 25-30% no son integrables en el mercado de trabajo”. “Son personas que a lo mejor tienen un problema de dependencia, de drogadicción, o psicológico, y antes que nada hay que llevarlas a itinerarios distintos para que puedan acceder a una situación mejor. O a lo mejor hay que integrarlas mejor en el sistema educativo o hay que buscarles una solución educacional. Depende”.

Por ahora resulta difícil precisar qué significa una propuesta que, de tener que ser caracterizada de alguna manera, debería serlo (a la vista de lo señalado) por la pretensión de vincular de nuevo muy estrechamente garantía de ingresos a políticas de inclusión/integración.

2. El papel de las CCAA

En su diagnóstico de situación, Escrivá parece asumir la visión dominante de que la falta de eficacia en la lucha contra la pobreza en España se relaciona con las políticas de rentas mínimas de las comunidades autónomas, incapaces de garantizar una suficiente cohesión territorial. Lo señala de la siguiente forma al fundamentar la necesidad del IMV:

“aquí además tenemos un problema, y es que cuando hablamos del IMV tenemos 17 instrumentos a nivel de comunidades autónomas que se han ido desplegando durante los años y que son muy heterogéneas [piensa en las rentas mínimas]”. “Y que es la última red de protección social que existe en los países”. “Pero al final, cuando uno lo mira desde arriba, se da cuenta de que a nivel territorial, debido a la heterogeneidad en el diseño y en las situaciones de estos programas, pues … y esto lo ha puesto de manifiesto la Comisión Europea y el Consejo Europeo a España … tenemos una fotografía que cuando lo miramos a nivel nacional no precisamente genera esos niveles de cohesión territorial suficientes”.

El ministro considera sin embargo que IMV y rentas mínimas autonómicas deben estar “anidadas”. Así, señala que este IMV “[T]iene que coordinarse con los distintos niveles de la Administración. Hemos visto que hay prestaciones con las que hay que interaccionar, que tienen que estar anidadas“.

La fórmula de anidación parece algo indefinida, sin embargo, en la visión del responsable del proyectado IMV. Lo que señala al respecto, sin grandes compromisos ni concreciones, es lo siguiente.

El IMV “[N]o tiene que ser una prestación más. Tiene que ser un mínimo nacional sobre el que se puedan construir otras prestaciones ya existentes”. “Lo lógico es que después cada comunidad autónoma … habrá que coordinarse con ellos … pero como yo lo visualizo realmente es un mínimo nacional de inclusión y de mínimo vital para determinados colectivos y después de eso, cada comunidad autónoma … por encima de eso, según sus decisiones, digamos, sus preferencias de gasto y normativas, sobre eso anidadamente, añadirá los complementos que le parezca, y eso puede decidir mantener o no …”.

“Lo lógico es que, en la medida en que haya solapamientos  … una vez que nosotros tengamos nuestra prestación en marcha, cada comunidad autónoma debería, para evitar solapamientos, plantearse cómo quieren ellos complementar por encima lo que hemos hecho nosotros, en términos de colectivos o personas beneficiadas por la norma, itinerarios de integración asociados a la norma e incluso dotación concreta. Hay distintas formas en que, a partir de un nivel mínimo, uno puede ir escalando en determinadas direcciones. Y eso es lo que tiene sentido. Y supongo que nos pondremos de acuerdo sobre eso”.

Nadie va, entiendo, a rechazar que se establezca una base mínima nacional y después cada comunidad autónoma verá con su norma cómo encaja y eleva esa prestación en el ámbito de sus competencias y sus decisiones”.

En cualquier caso, no parece que la experiencia autonómica vaya a ser muy relevante de cara al diseño de los nuevos programas: “Lo que hay hasta ahora, de nadie es una referencia que nos pueda servir para arrancar”, dice Escrivá antes de terminar su intervención recordando de nuevo la mediocridad de las políticas públicas en España. Y así concluye con estas palabras: “Somos el país que somos”.

(Continuará).