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Riesgo de pérdida de bienestar y reacción pensionista ante la política de (no)revalorización de las pensiones. Luis Sanzo

Introducción

El presente artículo sitúa las bases objetivas, ligadas al riesgo de pobreza y ausencia de bienestar, que explican la relevancia del proceso de movilización de la población pensionista contra la política estatal de (no)revalorización de las pensiones. Esta movilización constituye, en cierta forma, un levantamiento social contra la aplicación del 0,25% de incremento aprobado por el Gobierno de España, muy inferior al aumento observado en el índice general de precios.

El estudio se basa en el método alternativo de aproximación a la pobreza y al bienestar cuyo contenido se detalla en el siguiente artículo, método que permite una aproximación homogénea a la situación existente en las distintas comunidades autónomas españolas. Delimita, en este sentido, indicadores de pobreza/bienestar que permiten una comparación efectiva entre las distintas comunidades autónomas en España.

En este artículo se utilizan tres indicadores básicos, ajustados de acuerdo con el método señalado:

  1. El indicador ajustado de pobreza grave (40% de la mediana).
  2. El indicador ajustado de ausencia de bienestar, o falta de capacidad para acceder a los niveles mínimos de bienestar esperados en nuestra sociedad (60% de la mediana).
  3. El indicador ajustado de bienestar esperado, o falta de capacidad para acceder al bienestar general esperado (de acuerdo con las respuestas dadas a la pregunta HS120 de la ECV, relativa a los ingresos mínimos señalados por cada hogar para llegar a fin de mes).

La distinción entre hogares pensionistas y no pensionistas se basa en el origen principal de los ingresos disponibles en el hogar (pensiones u otras fuentes).

El estudio se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el año 2015 (datos de renta 2014). Los datos se aplican a la población residente en las viviendas analizadas encuestadas en la ECV.

Precariedad comparada en hogares pensionistas y no pensionistas

Como es bien conocido, una de las principales líneas argumentales en la investigación de la pobreza en España ha sido insistir en la precariedad diferencial de la población residente en hogares no pensionistas. Es un hecho difícilmente rebatible que muestra uno de los principales éxitos de la política social en el periodo democrático posfranquista, la reducción y contención de la pobreza entre la población pensionista.

Los datos presentados en los gráficos 1 y 2 avalan la evidencia señalada. En el primero de ellos se comprueba, en este sentido, que la tasa de riesgo de pobreza grave es 2,6 veces superior en la población residente en hogares no pensionistas (12,7% frente a 4,8% en la pensionista). La tasa de riesgo de ausencia de un nivel mínimo de bienestar (60% de la mediana) es también claramente superior en los hogares no pensionistas (22,8% frente a 15,6% en los pensionistas). Sólo se observa un cierto equilibrio en lo relativo al indicador de acceso al bienestar general esperado. En este caso, el riesgo afecta a un 43,5% de la población en hogares no pensionistas, algo por debajo del 45,6% que corresponde a las personas residentes en hogares pensionistas.

Gráfico 1

Las diferencias, en perjuicio de los hogares no pensionistas, son aún mayores al considerar la distancia al umbral de precariedad, tal y como se constata en el gráfico 2. El índice FGT-2 de pobreza grave acumulada (equivalente a ingresos nulos) es 3,6 veces superior en los hogares no pensionistas (5,7% frente a 1,6% en los pensionistas) y resulta 2,5 veces mayor en lo relativo al indicador FGT-2 de ausencia de bienestar asociado al 60% de la mediana (9,8 frente a 3,9%).

Por otra parte, aunque es inferior la proporción de personas en hogares no pensionistas con carencias en el acceso al bienestar general esperado, la distancia al umbral de los ingresos disponibles es muy superior en las personas en riesgo en los hogares no pensionistas (41,4% frente a 29,7%). El resultado es un índice FGT-2 mucho más elevado en estos hogares: 18% frente a 13,5% en los hogares no pensionistas.

Gráfico 2

Pero, siendo cierta la distancia observada entre hogares pensionistas y no pensionistas, y también la dimensión positiva de la política social asociada a las pensiones en España, no puede olvidarse el significado real de los datos presentados en relación con la población vinculada a hogares pensionistas. La protección a este tipo de hogares ha contribuido sin duda a situar la pobreza grave como problema social minoritario entre la población pensionista pero, ni siquiera en este caso, ha conseguido eliminarla por completo. Además, muchas personas en hogares pensionistas se mantienen fuera del marco de bienestar esperado en nuestra sociedad, entre un 15,6% y un 45,6% de la población según se consideren los niveles mínimos de bienestar esperados o los que podrían considerarse propios del bienestar más general al que aspira la población en nuestro país.

Es importante por tanto no perder de vista que una mejor posición comparada no significa automáticamente ausencia de problemas. Y este hecho es importante para entender el profundo descontento que revela la reacción pensionista en las calles.

Las implicaciones de una política de pérdida de poder adquisitivo en los hogares pensionistas

La estrategia española con las pensiones se orienta sin duda al mantenimiento de su valor adquisitivo pero contemplando, en caso de no ser viable este objetivo, una línea de reducción de este valor. Esta línea se vincula tanto a aspectos ligados al posible incremento de la esperanza de vida como a una reducción progresiva del nivel real de las pensiones como resultado de un crecimiento inferior al de la inflación. Pero las consecuencias de la pérdida de calidad de vida asociada son claramente percibidas por la población pensionista.

Analizando lo que está en juego para este colectivo, en términos de proporción de personas potencialmente afectadas a medio plazo por una desvalorización hipotética del 15% en los ingresos pensionistas, puede comprobarse que su impacto sobre las tasas de riesgo de pobreza grave sería significativo pero no cuantitativamente determinante. Como puede verse en el gráfico 3, la tasa de riesgo de pobreza grave sólo aumentaría del 4,8 al 6,8%.

El aumento del riesgo de ausencia de bienestar resultaría socialmente mucho más importante. En el caso del indicador de bienestar mínimo (60% de la mediana), un deterioro del 15% en la capacidad adquisitiva haría pasar la tasa de riesgo de un 15,6 a un 25,5% entre la población en hogares pensionistas. En lo relativo al bienestar general esperado, una desvalorización del 15% supondría una variación igualmente relevante, pasando la proporción de personas afectadas del 45,6 al 56,9%. La perspectiva de deterioro, que ya concierne a la mitad del colectivo, se extendería al 65,4% de la población considerada si el peligro de desvalorización llegara hasta el 30%. El riesgo de pérdida de calidad de vida tiene por tanto una dimensión cualitativa y cuantitativa indudable en la población pensionista en España.

Gráfico 3

Los datos presentados muestran que el impacto mayor de la desvalorización correspondería a aquellos colectivos que verían peligrar el acceso al bienestar en España. Considerando inicialmente el indicador del 60% de la mediana (gráfico 4), que refleja el nivel de bienestar mínimo esperado por la población, antes y después de considerar una caída de valor del 15% de los ingresos pensionistas, se observan al respecto algunos hechos relevantes por comunidades autónomas.

El principal aspecto a destacar es que, una vez considerada la desvalorización potencial señalada, el riesgo de ausencia de un bienestar mínimo podría afectar a un porcentaje de población en hogares pensionistas cercano o superior al 27,5% de la población en las comunidades del sur y sudeste (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura), Madrid y Canarias/Illes Balears. Las cifras se situarían entre el 19 y el 23,2% en el noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja), Navarra/Aragón y Cataluña. Por debajo quedarían únicamente Castilla-León y el País Vasco, con un 15,3 y un 7,2%, respectivamente.

Salvo en el País Vasco, donde la tasa aumentaría apenas en 3,5 puntos, en los demás casos la desvalorización tendría un notable efecto, con un incremento de entre 7,4 y 9,9 puntos en el riesgo de ausencia de un mínimo bienestar (60% de la mediana) en la mayor parte de las comunidades autónomas. El aumento sería aún mayor en el sur y sudeste español, con 10,6 puntos de incremento en Andalucía/Murcia, 12,8 en la Comunidad Valenciana y 15,9 en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Gráfico 4

En la aproximación al bienestar general esperado, en caso de una desvalorización equivalente al 15% de los ingresos actuales, los datos del gráfico 5 muestran que en casi todas las comunidades españolas la mayoría de la población en hogares pensionistas quedaría fuera de la oportunidad de acceso a ese nivel de bienestar. En las comunidades del sur y del sudeste (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura) y en Madrid, la proporción superaría incluso el 60%. En Navarra/Aragón, la proporción sería del 40,2%, con un mínimo del 32,1% en el País Vasco. Incluso en este territorio, por tanto, el deterioro situaría fuera del bienestar general esperado a cerca de una tercera parte de la población en hogares pensionistas.

El deterioro sería significativo y generalizado respecto a la situación actual, con aumentos del indicador de ausencia de bienestar esperado que resultarían cercanos o superiores a los 7 puntos en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos potenciales corresponderían a Andalucía/Murcia (13,3 puntos) y a Castilla-León (17,6 puntos).

Gráfico 5

La dimensión cuantitativa del colectivo que podría sufrir este proceso de deterioro en las condiciones de vida es evidente. El 56,9% de población en hogares pensionistas que podrían sufrir una pérdida muy directa en sus niveles de bienestar, ya sea en términos de acceso al nivel mínimo o al nivel general esperado, suponen cerca de 7 millones de habitantes en España (6,89 en concreto). La potencial desvalorización de las pensiones afecta sin embargo a las más de 12 millones de personas que viven en hogares en los que la fuente principal de ingresos está constituida por las pensiones.

Teniendo en cuenta los datos presentados, es poco probable que la crisis planteada pueda ser fácilmente gestionada, sin reajuste al alza en las revalorizaciones a realizar por el Gobierno de España. Esta realidad plantea sin embargo una cuestión asociada, relativa a la distribución de los recursos procedentes de la protección pública entre la población. Aunque es preciso apoyar al colectivo pensionista en su objetivo de limitación del deterioro de sus niveles de bienestar, resulta imprescindible evitar en paralelo una salida que se traduzca de nuevo en la falta de consideración a las necesidades de la población más desfavorecida en los hogares no pensionistas.

Las bases sociales de la separación entre Cataluña y España: el giro anti-autonomista en la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2015. Luis Sanzo

En la última década se observa un evidente proceso de separación política en la opinión pública de Cataluña y del resto de España. El objetivo de este artículo es abordar uno de los aspectos de este proceso: el giro anti-autonomista que se observa en las posiciones políticas de la población de la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2015.

Resumen y conclusiones

1.

En 2015 ya era evidente la polarización en las posiciones respecto al modelo de estado en las dos principales comunidades políticas en España. Mientras en Cataluña predominaban las posiciones favorables a la extensión de la autonomía y la reivindicación del derecho a la independencia, en Madrid una parte dominante de la población apostaba por la reducción o supresión del sistema autonómico.

En Madrid, esta polarización es el reflejo de una fuerte reacción anti-autonomista durante el periodo 2005-2015. Esta dinámica puede observarse en el aumento de la proporción de población a favor de un estado centralizado, pero también en la reducción del apoyo a la ampliación de las competencias autonómicas.

2.

Aunque las posiciones anti-autonomistas están más extendidas en Madrid en la población orientada al nacionalismo español y en la situada en el centro-derecha ideológico, están también muy presentes en la izquierda. Se trata de algo también evidente entre personas que no conocieron, en su vida adulta, el franquismo o la Transición. Respecto a lo observado en Cataluña, destaca de hecho la fuerte orientación diferencial a propuestas de reducción o supresión de la autonomía en la población de izquierdas menor de 60 años.

En una perspectiva evolutiva, el avance de las posiciones centralizadoras en Madrid es particularmente llamativo en la población de centro-derecha y en la de 40 a 59 años de izquierdas. Por su parte, la pérdida de apoyo a situaciones orientadas a una mayor autonomía corresponde a la izquierda en general y a la población joven de centro-derecha, entre 18 y 39 años.

3.

El protagonismo de la población joven y de izquierdas explica que la reacción anti-autonomista en Madrid caracterice sobre todo a personas sin una identificación nacional española dominante. De hecho, en comparación con Cataluña, es en este tipo de personas en el que se observa el distanciamiento más llamativo en las posiciones sobre la autonomía (tanto en términos de mayor apuesta centralizadora como de menor apoyo a la extensión de la autonomía). Por tanto, la reacción anti-autonomista que se observa en la última década en Madrid no es exclusiva, ni siquiera principalmente destacada, en los grupos más orientados al españolismo sino que se asocia a la dinámica general de la sociedad madrileña.

4.

A pesar de la importancia de la reacción anti-autonomista en la población de izquierdas en Madrid, esta orientación no es comparativamente más intensa en los grupos más desfavorecidos, a diferencia de lo que se observa en parte en Cataluña. En Madrid, la proporción de personas opuestas a la autonomía tiende claramente a reducirse conforme empeora la situación personal percibida. Aunque menos claramente, las posiciones más favorables a la extensión de la autonomía también son más perceptibles en los grupos menos favorecidos en términos económicos personales.

PRINCIPAL CONCLUSIÓN

A la vista de estos hechos, la principal conclusión es que la fuerte separación de posiciones ante la autonomía, observada en Madrid o Cataluña, no se vincula sólo a la posición de la población nacionalista catalana sino también, y de forma quizás aún más llamativa, a la existente entre la población de referencia española pero menor identificación con el nacionalismo español. Dentro de la población no orientada preferentemente al nacionalismo catalán, es realmente en este último colectivo en el que se detecta en 2015 una separación destacada entre Madrid y Cataluña. Está por comprobar si los factores que llevaron a una reacción anti-autonomista en Madrid en el periodo 2005-2015 han podido tener un efecto cercano en este grupo de población en Cataluña durante el periodo de desarrollo del procés catalán.

RESULTADOS DETALLADOS

  1. Polarización de posiciones sobre la organización territorial del Estado

Es indudable que la dinámica política de las dos principales áreas territoriales de España, Cataluña y la Comunidad de Madrid, resulta determinante para la estabilidad del conjunto del Estado. Por esa razón, para entender lo que ocurre en la actualidad en España resulta determinante la divergencia observada en los últimos años en las posiciones de la opinión pública de ambas comunidades en lo relativo a la organización territorial del Estado.

Aunque más que de divergencia, se trata más bien de tendencia a la polarización en las posiciones respecto al modelo de estado. De esta forma, mientras en Cataluña predominan en 2015 las posiciones favorables a la extensión de la autonomía y la reivindicación del derecho a la independencia (un 67,5% de la población las apoyan), en Madrid un 46,5% apuesta por una reducción o supresión del sistema autonómico en España. Este porcentaje supera el 39,7% que apoya el mantenimiento de la autonomía o su ampliación.

En 2015, por tanto, no resulta sólo determinante la orientación hacia la independencia de una parte importante de la población en Cataluña (41,4%, apenas algunos puntos por debajo del 43,2% que opta por el sistema autonómico, ya sea en su forma actual o ampliada). La apuesta por la reducción de la autonomía (con un 24,2% de opiniones favorables a un gobierno central, sin autonomías, y otro 22,3% a favor de una reducción del poder autonómico) se conforma como la posición dominante en Madrid.

Tabla 1

Tabla 1

En lo relativo a la Comunidad de Madrid, esta polarización es el reflejo de una fuerte reacción anti-autonomista durante el periodo 2005-2015, una dinámica que puede observarse en el aumento de la proporción de población a favor de un gobierno centralizado en Madrid. Esta proporción aumenta de 14,7 a 24,2% en este periodo. Esta dinámica se acompaña de una pérdida de peso del grupo favorable a una ampliación de la autonomía, o del derecho a la independencia de las comunidades autónomas (de 25,1 a 14,4%)[i]. Vistos en conjunto, estos dos elementos revelan un nítido desplazamiento de la opinión pública de Madrid hacia las posiciones menos favorables a la autonomía política de las comunidades autónomas en España.

Tabla 2

Tabla 2

  1. Los protagonistas de la reacción anti-autonomista en Madrid: la izquierda y personas que no vivieron el franquismo o la Transición en su vida adulta

Al considerar en la Comunidad de Madrid la relación entre posición ideológica y anti-autonomismo, de acuerdo con la variable edad, resalta a priori la clara orientación derechista de las posiciones favorables a una reducción de la autonomía. La máxima orientación contraria al actual sistema corresponde a la población situada ideológicamente en el centro-derecha, en especial en los colectivos de mayor edad. Así, la proporción de población que se opone a la autonomía (o la quiere reducir) alcanza un 56% entre la población mayor de 40 años, por encima del 45,7% de las personas de centro-derecha entre 18 y 39 años.

Con la única excepción del grupo entre 60 y 64 años[ii], con apenas un 14,3%, la proporción de personas que defienden un estado completamente centralizado (o la reducción de la autonomía) resulta sin embargo igualmente elevada entre la población orientada hacia la izquierda. Se sitúa entre el 37,3 y el 39,5% tanto en la población de izquierdas mayor de 65 años como en la menor de 60 años.

Además, cuando se comparan con las posiciones que estos mismos grupos sociales mantienen en Cataluña, analizando la variación en el peso porcentual de las posiciones pro-reducción de la autonomía en Madrid y Cataluña, llama la atención un aspecto clave. Se trata de la fuerte orientación diferencial a propuestas de reducción o supresión de la autonomía en la población de izquierdas menor de 60 años. Aunque la máxima diferencia corresponde a las personas de centro-derecha mayores de 40 años (+38,8 puntos porcentuales de diferencia), el diferencial no se aleja mucho, en el bloque de población orientado a la izquierda, entre personas de 40 a 59 años (+37,9 puntos) o menores de 40 años (+33,3 puntos). Las menores diferencias corresponden a las personas mayores de 60 años con una orientación izquierdista (+9,5 puntos entre 60 y 64 años y +26,6 en las personas de 65 y más años).

Tabla 3

Tabla 3

El análisis de la dinámica reciente de las posiciones en la Comunidad de Madrid muestra, por su parte, que el incremento del peso relativo de las posiciones vinculadas a la supresión de la autonomía se relaciona con dos grupos principales: por una parte, la población de centro-derecha entre 18 y 39 años (de 9,5 a 23,5%) pero, por otra, la población de izquierdas entre 40 y 59 años (de 6,3 a 22,3%).

Tabla 4

Tabla 4

Entre 2005 y 2015, y en la distribución interna del incremento de la posición anti-autonomista (centralización o reducción de la autonomía), los dos grupos señalados concentran un 52,7% de dicho incremento. La proporción llega al 80,4% al considerar a las personas de centro-derecha entre 40 y 59 años. Otro 10,7% se asocia a la población de izquierdas de 18 a 39 años. La población mayor de 60 años, de una u otra orientación ideológica, apenas aporta un 9% del incremento.

Tabla 5

Tabla 5

En el periodo considerado, el alejamiento del autonomismo de las personas de izquierda en Madrid es mucho más evidente en lo relativo a las posiciones favorables a una mayor autonomía o al derecho a la independencia. Si, entre 2005 y 2015, un 40,7% del incremento de la apuesta por la liquidación o la reducción del sistema autonómico corresponde a personas de izquierda, la pérdida de apoyo a una mayor autonomía se relaciona en un 52,5% de los casos con personas de izquierda. La proporción llega al 78,3% si se incluyen jóvenes menores de 40 años de centro-derecha.

En la población orientada a la izquierda, la caída del apoyo a una mayor autonomía es superior a los 10 puntos porcentuales entre 2005 y 2015, aumentando esa caída con la edad. Esa reducción sólo resulta tan intensa, en el bloque de centro-derecha, entre las personas de 40 a 59 años.

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 7

  1. Una reacción vinculada a la población con menor identificación con el nacionalismo español

En la Comunidad de Madrid, durante el periodo 2005-2015, la intensidad de la reacción anti-autonomista en la población izquierdista, así como en aquellos grupos que no vivieron la experiencia del franquismo o de la Transición, explica la paradoja de que la reacción señalada se vincule a personas en las que no predomina una identificación nacional española, con percepciones mixtas dominantes[iii].

A este respecto, resulta llamativo comprobar que, tanto en Madrid como en Cataluña, la apuesta por la menor autonomía o su supresión muestra proporciones muy cercanas en 2015 entre la población que insiste en su identificación principalmente española. Un 54,1% de esta población apuesta por la centralización o la reducción autonómica en Madrid, con un 53,6% en Cataluña (aunque, como es lógico, el grupo de identificación española tiene un peso relativo muy superior en el electorado de Madrid).

En contraste con lo señalado, las diferencias en este punto resultan muy llamativas en 2015 en la población con una identificación no tan orientada al polo español. Excluyendo en la comparación a la población con mayor identificación catalana en Cataluña, mientras apenas un 10,4% de la población analizada tiene posiciones centralistas o de reducción de la autonomía en Cataluña, la proporción es del 42,1% en Madrid.

Tabla 8

Tabla 8

En el grupo menos orientado a la identificación nacionalista española en Madrid, destaca de forma especial el muy notable alejamiento entre 2005 y 2015 respecto a las posiciones a favor de una mayor autonomía. Se reduce en 10,4 puntos porcentuales en el bloque de centro-derecha (de 19,1 a 8,7%) pero en 19,1 puntos (del 45,6 al 26,5%) en el orientado a la izquierda. En el periodo considerado, este último colectivo de población recoge un 51,2% de la reducción de apoyos a una mayor autonomía para las comunidades autónomas por un 39,6% asociado al centro-derecha menos orientado al españolismo. Las posiciones de mayor identificación con el sentimiento nacional español apenas contribuyen a un 9,1% de la caída detectada en el apoyo a una mayor autonomía.

Tabla 9

Tabla 9

Tabla 10

Tabla 10

La mayor apuesta por la centralización o la reducción de la autonomía se vincula sin embargo, con evidente claridad, a la población más identificada con el españolismo en el ámbito del centro-derecha. En este caso, entre 2005 y 2015 la apuesta por la centralización pasa del 27,3 al 36%, contribuyendo este grupo a un 33,2% de los casos de incremento del apoyo de la población madrileña a la centralización. Otro 19,9% corresponde a la población de izquierdas que afirma sobre todo su españolismo, un colectivo en el que la apuesta por la centralización pasa del 7,9 al 25,5% entre 2005 y 2015.

Pero, incluso en este caso, un 46,9% del aumento de las posiciones más anti-autonomistas corresponde a grupos no tan claramente orientados al españolismo. En estos grupos el aumento de la percepción centralizadora es llamativa y tiene una dinámica relativamente similar en el periodo analizado. Así, en las personas menos claramente orientadas al españolismo, el apoyo a un gobierno central, sin autonomías, aumenta de 7,9 a 14,8% en el bloque de izquierdas y de 14,8 a 22,5% en el de centro-derecha.

Tabla 11

Tabla 11

Tabla 12

Tabla 12

La apuesta anti-autonomista diferencial que se observa entre Madrid y Cataluña, en lo relativo al colectivo sin identificación dominante con el españolismo, se mantiene al considerar los datos por edad y posicionamiento ideológico. De esta forma, en el grupo con predominio de la identificación nacional española, las posiciones favorables a la reducción o supresión de la autonomía tienen un peso similar tanto en Madrid como en Cataluña: entre el 57,4 y 59,9% en el centro-derecha y entre el 40,6 y el 42,1% en la izquierda.

La diferencia resulta en cambio sustancial en las posiciones de identificación mixtas, con diferencias superiores a los 30 puntos en Madrid respecto a Cataluña, tanto en el centro-derecha (46,9 frente a 14%) como en la izquierda (35,6 frente a 5,1%). Esto refleja que la reacción anti-autonomista que se observa en la última década en Madrid no es exclusiva, ni siquiera principalmente destacada, en los grupos más orientados al españolismo sino que se asocia a la dinámica general de la sociedad madrileña.

Tabla 13

Tabla 13

Nota: No se incluye a la población que, en Cataluña, se considera sobre todo catalán.

  1. La posición de las personas con menor nivel de ingresos

El peso de la población de izquierdas de la Comunidad de Madrid en la redefinición de las posiciones favorables al autonomismo hace pensar que, medido en términos de la situación personal percibida, las categorías sociales que se sitúan en la parte baja de la escala de ingresos tenderán también a participar más de la reacción anti-autonomista observada. De hecho, un rasgo que se ha resaltado en el proceso catalán es la mayor identificación con las posiciones reactivas al procés catalán entre los colectivos con menores ingresos personales en Cataluña.

En esa comunidad autónoma, en 2015 la realidad señalada se percibe de forma limitada en la izquierda catalana, con apenas un 5% de posiciones favorables a la centralización o la reducción de autonomía, aunque por encima del 2,2% que se observa en las personas con una percepción buena o regular de su posición económica. La diferencia es mucho más nítida en el centro-derecha, con un 10,6% que defiende la reducción o supresión de la autonomía en colectivos en buena situación personal por 16,5% en posición regular y un máximo del 17,9% entre las personas en una mala situación económica personal.

En la Comunidad de Madrid, sin embargo, esta dinámica tiene un sentido opuesto. Aunque las posiciones contrarias, en mayor o menor sentido, a la autonomía tienen siempre un peso relativo muy superior en Madrid, llama la atención que la proporción de personas opuestas a la autonomía tiende claramente a reducirse conforme empeora la situación personal: de 42,4% a 39,5% y 32,5% en la izquierda; de 58,4 a 47,3 y 47,6% en el centro-derecha (según la posición económica percibida sea buena, regular o mala).

Tabla 14

Tabla 14

En la parte relativa a las posiciones pro-autonomistas (mayor autonomía o derecho a la independencia), vuelve a observarse una reducción de la identificación con estas posiciones conforme empeora la posición personal percibida en Cataluña. En Madrid, en cambio, se observa una clara estabilidad en las posiciones, salvo un cierto incremento en Madrid de las posiciones más abiertas en las categorías con menores ingresos del centro-derecha. En conjunto, sin embargo, el diferencial de apoyo respecto a Cataluña tiende a reducirse conforme cae la posición personal, lo que indica mayor apertura relativa comparada a las posiciones pro-autonomistas conforme se reduce la situación económica percibida de la población.

Tabla 15

Tabla 15

NOTAS METODOLÓGICAS

Las fuentes utilizadas son los barómetros postelectorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)e de 2015 para Madrid y Cataluña (estudios 3087 y 3113), así como el estudio 2610 para los datos de 2005 correspondientes a Madrid.

En lo relativo a la posición o auto-ubicación ideológica, con una escala de 1 a 10 entre máxima identificación izquierdista y máxima orientación derechista, el artículo define dos grupos: por un lado, el polo más orientado a la izquierda, situado en las posiciones 1 a 4; y, por otro, el orientado al centro-derecha, situado en las posiciones 5 a 10. Por sus características predominantes, el grupo NS/NC en esta pregunta se incluye en el centro-derecha.

 

 

 

[i]    En 2005 no es posible distinguir entre la población que, a pesar de aceptar el sistema autonómico, defiende sin embargo una reducción de competencias para las comunidades autónomas.

[ii]   Se presenta de forma separada al grupo de izquierdas entre 60 y 64 años por su posición política claramente diferenciada respecto al resto de la población. Aunque la muestra resulta muy limitada, lo que limita el grado de precisión muestral, los márgenes de error no ponen en duda este elemento peculiar en las posiciones relacionadas con la autonomía en la Comunidad de Madrid en función de la edad.

[iii]   Esta parte del documento se ve condicionada por las características del cuestionario CIS que no incluye en todos los casos una pregunta relativa al grado de identificación con el nacionalismo español. La pregunta relativa al sentimiento nacionalista regional limita, en este sentido, la aproximación a la intensidad real del sentimiento nacional español en la Comunidad de Madrid.

Sobre la globalización del siglo XXI. Luis Sanzo

En su interesante reseña de la obra de Richard Baldwin, The Great Convergence, Jorge Díaz Lanchas no sólo considera el trabajo del autor sino que, en cierta forma, da un paso más allá y ofrece una racionalización del contexto interpretativo del proceso de globalización en el mundo moderno. En cierta forma, según su interpretación, la globalización habría pasado de ser un marco de intercambio de bienes, servicios e inversiones para convertirse en un proceso de transmisión de ideas y conocimientos.

Del análisis del artículo se desprende, sin embargo, que la cuestión se reduce a los cambios que se observan en las necesidades productivas de las grandes empresas con presencia en el mercado internacional (y al impacto que tienen estos cambios en la dinámica de las relaciones económicas Norte-Sur). De lo que se trata, por tanto, con todas sus implicaciones en términos de deslocalización de la producción, es de “la transformación de las cadenas de producción y montaje a nivel internacional”, es decir de los procesos de producción. Y aunque en ese ámbito resulte determinante la transmisión del know-how, el elemento principal no deja de ser el que da sentido a la deslocalización de procesos: la reducción de los costes laborales. “Estas nuevas cadenas de valor globales han permitido la combinación de altos niveles de know-how, que hasta el momento eran propios de las economías avanzadas, con los bajos salarios de los países emergentes”, señala Díaz Lanchas.

La clave del proceso moderno de globalización se relaciona así con una combinación de: a) deslocalización; b) ajuste funcional a los procesos productivos de las cadenas industriales, asumiendo fases muy específicas de esos procesos, de acuerdo con el know-how transmitido desde el centro; y c) bajos salarios. Como señala Díaz Lanchas, en un contexto de liberalización de los mercados, se trata de que las empresas vendan “sus productos en los mercados ricos del Norte, pero haciendo uso de los inputs que provienen desde el Sur”.

La dinámica de la globalización no se reduce sin embargo a deslocalizaciones externas a los grandes bloques político-económicos sino, como también se señala en el artículo, dentro de éstos. Los centros escogidos para la deslocalización industrial, para las nuevas cadenas de producción, tienen que combinar bajos costes de producción, capacidad para absorber fácilmente el know-how de los países avanzados e, idealmente, una proximidad facilitadora de los contactos de trabajo. Es el caso de Méjico con Estados Unidos, de Vietnam con China o Japón y de Polonia y otros países del Este con Alemania. En todos los casos, se trata de una deslocalización de los procesos productivos, dentro de bloques económicos regionales, en busca de una reducción de los costes de producción para mantenerse en unos mercados plenamente globalizados.

En el caso europeo, el éxito del modelo industrial alemán tras la recesión post-crisis financiera, se vincula sin duda al impulso de la producción en los antiguos países comunistas del este de Europa, en detrimento de la industria de otros países de la Unión Europea. Tal y como reflejan los siguientes gráficos, desde mediados de la pasada década Francia y el Reino Unido pierden producción industrial frente a Alemania; España frente a los países del este de Europa.

Tabla 1

GR1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Tabla 2

gr2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Pero en un contexto extenso de lucha por mantener los mercados mundiales, los cambios en la producción no necesariamente se traducen, dentro de estos bloques, en una recuperación de empleo. La competencia con los países de bajos costes laborales (fuera de los propios bloques regionales centrales) sólo es factible con un incremento de la productividad, lo que supone reducción de empleo dentro de las grandes empresas y liquidación de la pequeña industria. Si la pérdida de mercados en España, Francia o Reino Unido tras la crisis financiera ha provocado caídas de 20 a 30% del empleo en la manufactura, los pasos de Alemania o de los países orientales vecinos hacia el control de la producción industrial en Europa apenas permite un mantenimiento del empleo.

Tabla 3

GR3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Tabla 4

GR4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

En la fase actual, en la que se espera la extensión de la globalización al sector de los servicios, el papel de las grandes empresas multinacionales será aún mayor. La razón es que se pasará de una deslocalización que afecta a algunas ramas de actividad a fases específicas de los procesos de producción, lo que determinará -como señala Díaz Lanchas- la extensión del impacto de la deslocalización a profesiones determinadas, más aún que a áreas sectoriales como ha sucedido hasta hoy. El autor adelanta lo que es previsible que suceda con la aceleración del proceso de introducción de las nuevas tecnologías, la digitalización o la robotización, en el sector de servicios. Lo esperable es una combinación de automatización en el centro con desplazamiento de fases parciales de la producción, más que de la producción como tal, hacia los países con bajos costes salariales en el Sur. En todo caso, la lógica del abaratamiento de los costes de producción determinará el proceso de globalización en los servicios.

Una de las principales consecuencias sociales del proceso de globalización, y de la integración política asociada, ha sido sin duda la acelerada convergencia de rentas entre territorios. La propia experiencia española desde los años sesenta del siglo XX es una muestra de este proceso de convergencia. Pero, al mismo tiempo, la experiencia de países como España muestra también que la globalización es un proceso inacabado. Tiene distintas fases, determinadas en gran medida por la posición de cada país en términos de su capacidad para atraer o mantener inversiones productivas. España, en especial sus regiones industriales, ya ha conocido la otra cara de la globalización, la que supone ver cómo se cierran plantas en beneficio de la creación de otras nuevas en diferentes países del Sur. Un proceso sin perspectivas de finalización mientras puedan existir las diferencias de costes que lo hacen posible.

Un dato relevante es que la globalización de la que hablan Baldwin y Jorge Díaz Lanchas empieza a dinamizarse en los años 80. Y ahí es donde podemos ver su dimensión política, en forma de actuaciones coordinadas entre empresas y estados para determinar la lógica de unos nuevos mercados mundializados. Y precisamente una de las manifestaciones iniciales del nuevo mundo se produce en torno a los años setenta y ochenta del pasado siglo, con la destrucción de una parte significativa de la industria occidental europea. Un acto que, como la reconversión de la industria vasca de ese periodo, no puede entenderse sólo desde la lógica económica sino desde la geopolítica paralela de configuración de los mercados y de la producción.

Pero ahí es donde quizás, y de forma paradójica, pueda buscarse una nota final positiva para nuestros países. La gran convergencia de rentas asociada a la globalización se extiende al final a los costes de producción. Las antiguas grandes regiones industriales no deberían desfallecer, renunciando a su capital de conocimiento productivo. Puede que llegue un tiempo en el que ese conocimiento, y la experiencia asociada, les permitan recuperar parte del terreno perdido en la competencia por los mercados mundiales.

Introduzco así la hipótesis de que, a muy largo plazo, las regiones que sean capaces de mantener una parte significativa de su histórica base industrial puedan recuperar parte de lo perdido en las fases iniciales de la globalización. Una hipótesis paralela a aquella que sostiene que los estados y países que apuesten por mantener el Estado de Bienestar resistirán mejor el proceso de deslocalización que pronto se extenderá con fuerza al sector de servicios.