Políticas contra la pobreza y humillación personal. Luis Sanzo

Dos artículos han llamado recientemente la atención sobre la importancia de considerar los problemas ligados a la humillación y la vergüenza en el diseño de las políticas de lucha contra la pobreza. En uno de ellos, Keetie Roelen, señalaba que las políticas que intentan atajar la pobreza tenían que tener en cuenta la vergüenza como un factor determinante para su correcto diseño. En su blog, Belén Navarro, señalaba por su parte que la vergüenza ”es peor que el hambre”.

Lo más llamativo del artículo de Navarro es aquella parte en la que señala que “la vergüenza tiene una función disciplinaria en política social en general y servicios sociales en particular”, una circunstancia que vincula a la cuestión de la ética y del amor al trabajo: “no tener empleo está mal visto, es un motivo de vergüenza”. Pero, recordando a Roelen, Navarro afirma que encontrarse en situación de pobreza es aún peor que carecer de empleo y que, en este contexto, el neoliberalismo “construye una falsa dicotomía entre los pobres merecedores y los no merecedores, los primeros, personas que han caído en desgracia y que merecen toda nuestra conmiseración y apoyo, los segundos, parásitos del estado … Pobres con vergüenza y sinvergüenzas”. La cronificación ligaría en parte estos dos mundos cuando algún merecedor “comienza a fallar y se convierte en pobre no merecedor”. Es entonces cuando podría empezar a sentir el mismo rechazo que los y las profesionales parecen dedicar al llamado sinvergüenza. De ahí la pregunta clave al colectivo profesional: “¿Estamos siendo acompañantes en procesos de ayuda o un elemento más del control social?”.

No pretendo dar respuesta a esta pregunta clave pero sí recuperar una experiencia de seguimiento de lo que se definió en su origen, en Euskadi, como el Plan de Lucha contra la Pobreza. Se trata del marco en el que surgió lo que todavía sigue siendo la experiencia histórica más destacada y duradera de renta mínima en el sur de Europa.

La puesta en marcha de la política de garantía de ingresos en el País Vasco vino acompañada de la realización de una serie de estudios que pretendían evaluar sus resultados. Utilizando una aproximación de Panel, uno de esos tipos de estudios consistía en seguir durante 18 meses a los hogares de las personas titulares de la renta mínima de cara a analizar su capacidad para salir de la prestación. Este sistema de evaluación se mantuvo hasta primeros de siglo y concluyó con el Estudio de seguimiento por panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Aunque se refieren a un periodo ya lejano, una de las principales utilidades de estos trabajos, en el contexto de debate planteado por Roelen y Navarro, es que ofrecen información sobre aspectos poco estudiados como la humillación o vergüenza percibidas por la población beneficiaria de la renta mínima vasca.

Un aspecto a destacar de partida se relaciona con los límites de las políticas de inserción para los titulares de las rentas mínimas. A primeros de siglo, en marzo de 2000, el pesimismo respecto al impacto de las acciones de inserción caracterizaba tanto a los profesionales de los servicios sociales como al propio colectivo beneficiario. Entre las personas que tenían firmado un convenio de inserción o desarrollaban acciones de contraprestación, un 57,4% pensaba que las acciones contenidas en los mismos no incidían en su situación laboral (37,8%), no se adecuaban a sus problemas (11,6%) o simplemente no servían para nada (8%). Un 61% de los titulares de la renta mínima en aquel momento consideraba además que los servicios sociales contribuían poco a la salida de la prestación, aunque el 88,7% veía favorablemente su actuación de cara al acceso a la prestación.

Es verdad que este pesimismo no siempre encontraba fundamento en los datos reales. Así, entre los titulares de la renta mínima en marzo de 2000 que desarrollaron acciones de formación a partir de esa fecha, un 25% tuvo éxito en términos de acceso o mejora de empleo. Pero el estado de ánimo señalado mostraba una valoración muy pesimista de las acciones públicas para la inserción.

Una de las consecuencias de este relativo fracaso en consolidar los procesos de inserción era la influencia negativa en la autoestima de las personas receptoras de las prestaciones. Aunque no generalizados, los datos de marzo de 2000 mostraban la existencia de problemas relevantes en este punto. Así, entre las personas titulares de las rentas mínimas en Euskadi, un 21,5% se consideraban diferentes y un 32% tenía sensación de humillación por tener que recurrir a estas prestaciones para solucionar sus problemas económicos. En un 22,9% de los casos, esto llevaba a ocultar –ante las personas más próximas a la unidad beneficiaria- el acceso a la renta mínima.

Centrando el análisis en el fenómeno de la humillación, directamente ligado al de vergüenza, los datos disponibles muestran varios aspectos de interés. En primer lugar, se constata que la percepción de humillación crece conforme aumenta el tiempo en la prestación. Así, entre los titulares iniciales de la renta mínima a principios de 2000, en octubre de 2001 la percepción de humillación llegaba a situarse en un 41,2% entre las altas a muy largo plazo y en un 36,9% entre las altas a largo plazo (frente a cifras de 33,8 y 28,8% en marzo de 2000). En fuerte contraste, la salida de la prestación se traducía en una notable caída de la percepción del problema, con apenas 13-14% de personas haciendo mención al sentimiento de humillación en relación con el acceso a la renta mínima.

En segundo lugar, la humillación se vincula a determinados factores sociales, tal y como puede comprobarse entre las personas que se mantienen en la renta mínima al principio y al final del periodo de aplicación del Panel (entre ellas, la percepción de humillación se situaba en un 48%).

En este grupo se observa, en particular, que el sentimiento de humillación aumenta en aquellas circunstancias que más se alejan de la inserción laboral. Como muestra el gráfico 1, cuanto menor es la experiencia con el trabajo durante los 18 meses analizados en la unidad de convivencia, mayor es la percepción de humillación de la persona titular.

Gráfico 1

gr1Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

El sentimiento de humillación es mayor entre las mujeres pero resulta más determinante su evidente correlación con la edad. La humillación percibida aumenta en paralelo a la edad, con una nítida frontera separadora que se sitúa en los 45 años. Por encima de esa edad, la vinculación a las rentas mínimas se experimenta desde muy altos niveles de humillación, tal y como revela el gráfico 2.

Gráfico 2

gr2

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

En parte, los datos relativos a la edad se vinculan a la circunstancia racionalizadora que supone, en los hogares jóvenes, la existencia de menores. En presencia de hijos o hijas menores de edad en el hogar, el sentimiento de humillación por el acceso a las prestaciones se reduce de manera notable, tal y como se comprueba en el gráfico 3.

Gráfico 3

gr3

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

El alejamiento del trabajo, en especial en personas sin menores a cargo y mayores de 45 años, no es sin embargo el único factor decisivo que queda asociado a un significativo incremento de la percepción de humillación al acceder a las rentas mínimas. Otros factores, ligados a circunstancias personales difíciles, también resultan relevantes. El gráfico 4 muestra la mayor incidencia del sentimiento de humillación en personas con bajos niveles de estudios, o con estudios que hoy sitúan en posición compleja ante la inserción laboral a la población (en especial en el caso de estudios secundarios no profesionales). La presencia de problemas personales especiales tiene el mismo impacto diferencial en un mayor nivel de humillación percibida (gráfico 5).

Gráfico 4

gr4Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

Gráfico 5

gr5Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

Un tercer aspecto de interés tiene que ver con la evolución temporal de la incidencia de las problemáticas de humillación. A pesar de una flexibilización del sistema de garantía de ingresos a partir de 1998, en términos de introducción del doble derecho y de una mejora de las cuantías, a primeros de siglo el sentimiento de humillación había aumentado claramente entre la población titular de la renta mínima vasca. Así, frente a un 20,2% de titulares de la prestación que experimentaban este sentimiento en enero de 1992 (Panel 90-92), la cifra había subido en marzo del año 2000 al 32%.

El sentimiento de humillación señalado es, por supuesto, uno de los principales argumentos en contra de las políticas de rentas mínimas de inserción. El mal uso de las contraprestaciones o de los programas de inclusión social puede contribuir a la sensación de humillación entre las personas beneficiarias. Es un argumento clave a favor de la Renta Básica o, en otro sentido, de los sistemas de Renta Garantizada.

La realidad, sin embargo, es que no existe Renta Básica y que la reciente introducción de propuestas de Renta Garantizada resulta limitada. En la forma conocida en España, es discutible de hecho que muchas de las nuevas rentas supongan un cambio cualitativo respecto a las tradicionales rentas mínimas de inserción. Las propuestas de Renta Garantizada en Aragón, Cataluña o Comunidad Valenciana se caracterizan por introducir un suplemento ligado a la inclusión, con una parte de renta garantizada que resulta, en general, de cuantía reducida. En esas circunstancias, la presión hacia la inclusión seguirá resultando determinante en la gestión. A ello contribuirá, además de la presión del gasto, un marco conceptual en el que se impone la visión europea de la activación, muy asociada al desarrollo de las políticas de condicionalidad.

En este contexto, para el mundo profesional ligado al diseño y la gestión de los sistemas de garantía de ingresos, seguirá resultando clave buscar respuestas adecuadas a la pregunta relativa a cómo abordar de la mejor forma posible el proceso de configuración de las rentas mínimas. A finales del pasado siglo, la alternativa diseñada en la ley vasca contra la exclusión de 1998 se tradujo en una apuesta por la renuncia a la contraprestación y por la aplicación del principio del doble derecho (a una garantía de ingresos y a la inserción/inclusión). Sus efectos fueron relativos porque la tramitación de la ILP por una Carta Social se tradujo en una rápida recuperación del principio de contraprestación. Pero se han desarrollado iniciativas que profundizan en la dirección entonces definida en Euskadi, como la formulada en Navarra. La renta garantizada navarra innova al apostar, más que por el doble derecho, por la nueva concepción de dos derechos paralelos, y asume el modelo de estímulos al empleo de la ley vasca contra la exclusión. Los resultados de la experiencia navarra serán así decisivos para fijar el nuevo rumbo de las rentas mínimas autonómicas.

En cualquier caso, como muestran los datos presentados, la percepción de la humillación es una cuestión más compleja, relacionada con la visión que las personas beneficiarias de las prestaciones de garantía de ingresos tienen de su propia situación, y no sólo –aunque sí de manera decisiva- de su posición respecto al empleo. El sentido de la utilidad personal, del propio significado social de la existencia, es por ello un elemento decisivo en la génesis de los sentimientos de humillación y vergüenza.

Se trata, y es preciso recalcarlo, de una cuestión que no se resolverá de forma automática con una mejor garantía de derechos económicos o con la introducción de medidas como la Renta Básica, menos aún si ésta es de una cuantía tan baja que apenas serviría para garantizar la supervivencia a una parte de la población. Esta parte de la sociedad correría entonces el riesgo de quedar claramente al margen de la forma de vida de la población media de la sociedad productiva e hipertecnologizada que está por llegar. En términos de vergüenza y humillación, no todo se reduce a sobrevivir, y el problema no queda del todo resuelto con definir la supervivencia como derecho.

Tener en cuenta todas estas cuestiones resultará decisivo de cara al diseño de una política de protección social y de garantía de ingresos que pretenda situarse fuera de los objetivos de control y castigo social de los que nos habla en su artículo, y de forma sin duda acertada, Belén Navarro.

El debate sobre la ILP sindical para una prestación de ingresos mínimos. La intervención de Carlos Bravo. Luis Sanzo

Siguen las intervenciones en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso en relación con el debate de la Proposición de Ley, impulsada por UGT y CCOO, sobre el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la Seguridad Social.

A petición del Grupo Parlamentario Socialista, el 28 de noviembre intervino uno de los más firmes defensores de la propuesta, el Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. La intervención merece ser reseñada por su carácter aclaratorio respecto a lo que constituyeron las concepciones y motivaciones últimas de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular. Algunas de las principales tesis defendidas por el líder sindical se presentan a continuación, de forma ordenada y tomando la literalidad del contenido de la intervención.

Una renta mínima para personas desempleadas

En la aproximación sindical, tal y como queda reflejada por Carlos Bravo, la prestación de ingresos mínimos planteada en la ILP se perfila como una Renta Mínima. Como señala el responsable de CCOO, “esta iniciativa no es una renta básica”, tampoco una Renta Garantizada, sino “una iniciativa de renta mínima”, sujeta por tanto a condicionalidad, en especial en la vertiente de ingresos.

Bravo apela, en este contexto, al punto 14 del Pilar Europeo de Derechos Sociales para fundamentar su apuesta por la prestación. Así, señala que, entre sus veinte puntos “el número catorce es un llamamiento al desarrollo de sistemas de rentas mínimas en el conjunto de los estados donde además los fondos sociales comunitarios pueden jugar un papel relevante también”.

No se trata sin embargo de una renta mínima que pretenda llegar a todas las personas necesitadas. Su objetivo es más limitado: garantizar unos ingresos mínimos a las personas “con disponibilidad para trabajar, que carecen de empleo, y de recursos mínimos”, para ellas y para los familiares a su cargo. Bravo presenta, por ello, la prestación de la ILP como una de las medidas “que permiten, no avanzar totalmente en el establecimiento de una renta mínima en España, pero avanzar sustancialmente en una garantía de rentas suficiente, en este caso en el marco de la protección por desempleo”. Una medida que acepta que pudiera implantarse de manera progresiva pero que, en todo caso, ve como un mecanismo necesario para poder hacer frente a cualquier nueva crisis.

Una acción situada en el marco de la Seguridad Social que pretende cubrir un vacío percibido entre la acción asistencial del Estado y las rentas mínimas de las comunidades autónomas

Los sindicatos siempre han apostado por situar su propuesta en el marco de la Seguridad Social, algo que no consideran inconstitucional. Enmarcada en el artículo 41 de la Constitución, “lo que estamos haciendo es una prestación de carácter asistencial”, algo que Carlos Bravo considera compatible con las normas constitucionales puesto que el sistema de Seguridad Social tiene también una dimensión asistencial.

Su visión de la prestación como “una prestación estructural, de carácter permanente en el tiempo”, justifica, por otra parte, que no pueda ser tratada como una medida similar al PREPARA, susceptible de ser situada, por su dimensión temporal y extraordinaria, en el contexto del artículo 149.1.13 (relativo a la planificación general de la economía) y, por tanto, transferible a las comunidades autónomas.

Se trata, en cualquier caso de una concepción centralista del sistema, con encaje constitucional en el 149.1.17 de la Constitución que define la competencia estatal en materia de legislación básica de la Seguridad Social.

Que no excluye una gestión autonómica de la prestación

La voluntad de actuar en el marco de la “caja única” de la Seguridad Social no es sin embargo incompatible, dado que hay formas de ejecución diferenciadas, “con una experiencia al respecto que nos es de utilidad aquí”, la de las Prestaciones No Contributivas de la Seguridad Social. Como señala Bravo “el modelo de las PNC para aplicar esto, nos parece que es posible”, “ya tenemos una parte de la Seguridad Social donde la legislación por parte del estado, la financiación por parte del estado, la … uniformidad de la prestación en el conjunto del territorio es compatible con que la detección de necesidades y la tramitación de esas prestaciones se produzcan en el ámbito de las comunidades autónomas. Son las pensiones no contributivas”. “En ellas pensábamos” cuando estaban definiendo la ILP, remarca. Aunque es posible discutir en parte esta afirmación tan tajante puesto que, como de hecho acepta el propio Bravo, la ILP hablaba de “entidad gestora, sin más”.

En cualquier caso, la referencia a las PNC sirve ahora a los promotores de la ILP para no cerrar puertas. El que la nueva prestación se integre en Seguridad Social, algo que ven necesario los sindicatos, “no es incompatible con que en la gestión, en la ejecución, en la detección utilicemos … figuras que ya conocemos” y que se han puesto en marcha con las mencionadas prestaciones.

En cuanto al marco de actuación, no le parecen inadecuadas ni la vía de los servicios sociales ni la del sistema de empleo. “Ambas soluciones son viables”.

Pero que, en su concepción, pretende situarse al margen de las comunidades autónomas

Sin embargo, la voluntad de situar conceptualmente la prestación al margen de las comunidades autónomas era difícilmente discutible en la concepción sindical. El objetivo de los sindicatos con la ILP era cubrir “un vacío de cobertura evidente” entre el sistema de subsidios de la Seguridad Social y las prestaciones “de naturaleza distinta que asumen las comunidades autónomas”. En este espacio intermedio detectaban un amplio vacío de cobertura, “creciente en los momentos de crisis, decreciente pero existente en los momentos de bonanza”. Su propuesta básica, por tanto, se centra en completar los vacíos del sistema desde la Seguridad Social.

En palabras de Bravo, la iniciativa planteada “permite completar el mapa de cobertura por desempleo”, un objetivo que es prioritario respecto a lo que sería la intensidad de la protección cuya mejora sería sin embargo posible con el tiempo (CCOO acepta que los 430,27 euros de la prestación suponen una cuantía muy baja, aunque coherente con lo que el legislador ha pretendido al fijar los niveles de referencia de la cobertura asistencial).

Liberar a las comunidades autónomas de una acción que no les corresponde:

Sin embargo, la propuesta sindical no se explica del todo en términos del vacío de cobertura planteado. También es determinante una cierta concepción sobre el papel sociale que corresponde a Estado y Comunidades Autónomas, ligado a la dicotomía de atención entre personas desempleadas y excluidas sociales.

Una tesis básica de Carlos Bravo es que la prestación de ingresos mínimos planteada por los sindicatos tendría un efecto positivo directo sobre la acción de las comunidades autónomas porque permitiría “y esto es muy importante … liberar a las comunidades autónomas de un gasto que están asumiendo hoy”. No se trata sin embargo, con esta aproximación, de facilitar “una forma adicional de financiación de las comunidades autónomas”. Ése “no es el propósito”, “no pretendemos liberar de gasto a las comunidades autónomas, no pretendemos por aquí aumentar la financiación autonómica”. Lo que pretenden los sindicatos es situar a las comunidades autónomas en una acción social muy concreta: la directamente relacionada con la atención a la exclusión social, algo que -en su opinión- no tiene relación directa con la protección directa al desempleo.

Es en este contexto en el que la ILP “permitirá liberar también recursos a las comunidades autónomas que deberán dedicar a reforzar sus políticas sociales”. Según Bravo, con su actuación actual, las comunidades autónomas están “protegiendo a personas que son empleables, que están en situación de trabajar, y que han agotado todas las redes de protección estatales y sólo les ha quedado la posibilidad de refugiarse, por carencia de rentas, en las redes asistenciales, de las comunidades autónomas”.

Desde su punto de vista, se trata de un error porque, con esa actuación, las comunidades autónomas “están infraprotegiendo, a muchas personas” porque “hoy las comunidades autónomas estén protegiendo a personas, en el ámbito de sus competencias de asistencia social, pero también estén protegiendo a personas que han agotado todas las prestaciones por desempleo, que están fuera de ningún marco de protección y que buscan refugio en aquella a la que sólo le sujetan prueba de rentas”, además de otros requisitos generales, “como única posibilidad de acceder a una prestación económica”.

La atención a la población parada es “algo que están asumiendo hoy las comunidades autónomas por incomparecencia del Estado hasta ese nivel de cobertura, pues lo tiene que asumir el Estado”. Eso es lo que liberaría recursos que las comunidades autónomas deberían dedicar a grupos de excluidos sociales: “esos recursos que están dedicando esas comunidades autónomas lo podrán dedicar a otras políticas sociales”.

Y que, además, no abordan correctamente

Es evidente que hay una visión crítica de la acción de las comunidades autónomas en las tesis de Carlos Bravo. En su intento de ir más allá de la atención a personas excluidas, y de cubrir a colectivos desempleados, su acción no resulta acertada. Porque ese espacio de atención “está siendo ocupado, muy parcialmente, muy parcialmente, por las comunidades autónomas”, una atención que presenta como “esa infraprotección, muy parcial, que dan las comunidades autónomas”.

Por supuesto, tampoco actúa correctamente el Estado, que debería atender mucho mejor a la población desempleada. “Lo que decimos es que una parte de esas personas, que hoy están siendo protegidas por las comunidades autónomas, como red de último recurso, deberían estar siendo protegidas por el sistema de protección por desempleo porque son desempleados que han agotado su prestación y que el estado ha dejado de proteger. Por tanto, no es un objetivo el liberar de gasto a las comunidades autónomas, es una consecuencia de una realidad que se está dando y es que nuestro sistema de protección por desempleo no es suficiente”.

La ILP, por tanto, podría situar a las Comunidades Autónomas en disposición de ajustarse a su verdadero papel: atender al grupo de personas en situacion de exclusión social

En definitiva, para Bravo, el papel esencial de la ILP para las comunidades autónomas es liberar “recursos que dediquen a otras cosas en el ámbito de sus competencias, … en el ámbito de la asistencia social”. Con la ILP, podrán por fin dejar de realizar ese trabajo indebido que les caracteriza, con esa disposición a atender a personas desempleadas y centrarse en las situaciones de exclusión: “las personas en mayor situación de necesidad son las personas en situación de exclusión social … no están cubiertas por esta ILP y es verdad … porque esta ILP se enmarca en un esfuerzo del sistema de protección por desempleo. Pero esa liberación del trabajo indebido que hacen las comunidades autónomas permitiría liberar recursos para atender a las situaciones de exclusión social en el ámbito de las competencias de asistencia social de las comunidades autónomas”.

En esa concepción de la acción asistencial para personas “excluidas sociales” es en la que sitúa Carlos Bravo el papel de las comunidades autónomas: “El diseño de la ILP, desde el principio, intentaba resolver cualquier problema de disputa competencial, intentaba colocar hasta donde puede la acción del Estado, en la protección por desempleo, porque la otra, el otro ámbito de cobertura, no corresponde al Estado … corresponde a las comunidades autónomas”. Sólo si la Seguridad Social pretendiera extenderse a otros espacios pudiera plantearse, según el sindicalista, ese debate competencial que dicen haber pretendido eludir. Porque, desde su punto de vista, no hay “verdadero debate competencial en torno a este asunto” porque el marco competencial es claro.

Las dificultades de imponer esta visión del papel de las comunidades autónomas

Sin embargo, los promotores de la ILP están teniendo problemas a la hora de imponer su visión de la distribución competencial, en particular respecto al ámbito en el que situar el sistema de prestaciones de último recurso. Carlos Bravo asume, en este sentido, que el planteamiento sindical puede entrar en contradicción con la figura de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

Una asunción algo forzada del principio de compatibilidad con las rentas mínimas, al menos para todas las comunidades autónomas

En la relación entre la prestación de ingresos mínimos de la ILP y las rentas mínimas autonómicas, la principal cuestión que se plantea tiene que ver con su compatibilidad, uno de los “muchos espacios abiertos” o de las “muchas materias” que los sindicatos dicen no haber cerrado en la ILP. Según Bravo, “la ILP contiene … ya esa previsión, de una manera ciertamente no expresa, lo que habla es que será compatible con cualquier otro tipo de rentas que cumplan determinadas condiciones”. De ahí que considere “que pueden entrar las [prestaciones] de las comunidades autónomas”. No ve por tanto “ningún inconveniente en decir que nos parece razonable que se produzca esa compatibilidad”.

Bravo parece así asumir la tendencia -que se observa en la mayor parte de las intervenciones en la Comisión-  a contemplar a las rentas mínimas autonómicas, y no a la prestación propuesta en la ILP, como prestación de último recurso. Como señala el responsable de CCOO, si se leen adecuadamente las enmiendas que se han presentado, “se está hablando de una compatibilidad plena y, por tanto, hay que prever que la prestación de último recurso es únicamente la de las comunidades autónomas, esta prestación [la de la ILP] no sería prestación de último recurso” y “podría ser objeto de mejora” en el marco de las comunidades autónomas.

Esto lleva a Carlos Bravo a admitir ese posible papel de las comunidades autónomas. “Es verdad que puede haber una colisión sobre cuál es la prestación de último recurso y que no tiene sentido que haya dos prestaciones de último recurso”, dice, antes de reconocer que tiene más sentido que esta función de última red se sitúe en el ámbito de las comunidades autónomas. Por eso, las enmiendas de compatibilización pueden precisar bien la situación, según el responsable de CCOO, algo que permitiría superar la posible tacha de inconstitucionalidad que afecta a la ILP.

Con implicaciones en el coste previsto por los sindicatos

En la intervención de Bravo queda claro sin embargo que la compatibilidad no era un planteamiento que se admitía en la ILP para todas las comunidades autónomas. Para Bravo, de hecho, la compatibilidad “está en la ILP” pero en una forma “que variaba dependiendo de lo que ocurría en cada comunidad autónoma. Porque la prestación de la comunidad autónoma también computaba en prueba de rentas”. Dicho de otra forma, más entendible: en la ILP, algunas comunidades autónomas quedaban fuera de la posibilidad de acceder a la prestación.

Uno de los puntos más interesantes de la intervención de Bravo es precisamente su aceptación de que los sindicatos plantean una aproximación que, de manera implícita y con criterios ligados al coste económico, supone tratar de forma diferente a las rentas mínimas de las comunidades autónomas (y con ello a las personas que se benefician de ellas). Bravo lo explica así: “La lógica que tiene la ILP en su creación es que la prestación se puede obtener sujeta a prueba de rentas y, por tanto, aquella comunidad autónoma que tuviera una prestación que superara la prueba de rentas no accedería y la que la tuviera por debajo sí accedería”. Lo precisa aún más: “tal y como estaba formulada la ILP, la relación con las prestaciones de las comunidades autónomas podía ser diversa. Dicho de otra manera, no es lo mismo la relación de esta ILP con una prestación de una comunidad autónoma … cuya renta mínima garantizada es inferior a 300 euros, o de 350 euros, por tanto inferior a esta ILP, que la de una comunidad autónoma que tenga una prestación que supere los 600 euros, como hay tres de ellas, cuatro con una ley aprobada hace unos pocos meses, y que tienen por tanto una relación distinta con ella. Y esto podía dar lugar a diferentes formas de relacionar una prestación con la otra, y a diferentes impactos en coste”.

Por esa razón, la plena compatibilidad que plantean algunas enmiendas al texto tiene implicaciones en términos de incremento del coste de aplicación de la ILP. “Si eso es así”, si las rentas mínimas autonómicas actúan como última red de garantía, “esa cuantificación … la tenemos hecha”, señala Carlos Bravo: 1.500 millones adicionales en el coste de la iniciativa popular; 1.270 millones al considerar el descuento neto que se derivaría del aumento del IVA por incremento asociado del consumo.

Pero hay, sin duda, otra forma de considerar esta cuestión. Lo que Bravo define como el coste añadido a la complementariedad total, los 1.500 millones señalados, es también la partida que la ILP pretendía ahorrarse en gasto a cuenta de la imposibilidad de aplicar la complementariedad en las comunidades autónomas más generosas (aquellas con prestaciones de garantía situadas por encima del 75% del SMI per cápita, el umbral marcado para poder acceder a la prestación propuesta por los sindicatos). El coste de la mayor protección tiene como reverso, por tanto, el ahorro que habría supuesto situar a parte de la población desempleada (la de las comunidades autónomas generosas en sus rentas mínimas) al margen de la protección planteada en la ILP.

Esta aproximación resulta algo contradictoria con la presentación del modelo como una red que cohesiona en el conjunto del territorio. Por un lado, porque la mayor generosidad de algunas prestaciones se vincula en parte a los mayores precios existentes en las comunidades con rentas mínimas de mayor cuantía. Por otro, porque la discriminación aplicada a estas comunidades se acompaña, de forma paradójica, con la posibilidad de acumular varias prestaciones en algunos hogares de comunidades en las que la ILP sí acepta la compatibilidad. Bravo lo confirma al señalar que la “ILP está configurada para que una unidad familiar pueda ser beneficiaria de más de una prestación”. Sólo en las comunidades en las que es posible acceder a la prestación, claro.

Las reticencias a que estas prestaciones complementen los salarios.

En su intervención, Bravo, que en este tema señala no querer ser fundamentalista, muestra otro rasgo llamativo del planteamiento de CCOO y UGT: las evidentes reticencias sindicales en relación con los complementos salariales. A nosotros, “eso nos genera algunos otros debates y me llama la atención que … no se señale la posible utilización abusiva que tiene la de utilizar este tipo de prestaciones como complementos salariales cuando se puede utilizar, como se hace, de manera fraudulenta el contrato a tiempo parcial para hacer jornadas superiores a las que se están estableciendo contando con que hay ayudas públicas asociadas”. “Esto, que es un riesgo en cualquier prestación de renta garantizada se tiene que abordar”.

El problema central es, por tanto, el fraude empresarial: “A nosotros nos preocupa la idea de los complementos de prestaciones públicas sobre el salario. Nos preocupa la utilización fraudulenta. Porque conocemos un poco el mercado de trabajo. Y sabemos que hay empresas que no van a utilizar nunca de manera fraudulenta figuras de este tipo. Y en algunos otros casos, sabemos que se hace de manera más habitual de lo que fuera necesario”.

La posición sindical resulta muy poco abierta en este punto. Se limita a aceptar la extensión temporal de la compatibilidad de la prestación con el empleo (de tres a seis meses, como sugiere alguna enmienda), en clara contraposición a “una permanente complementariedad de este tipo de prestaciones … que debería analizarse en el marco del mercado de trabajo adecuadamente”. O a aceptar la complementariedad, en rentas mínimas, en supuestos muy concretos, como el de las familias monoparentales en Cataluña.

Un ejemplo positivo, para Bravo, es en este sentido el de la ley de Renta Mínima en Cataluña, con un debate sobre la cuestión que se ha resuelto “estableciendo la compatibilidad con el salario para familias monoparentales, con hijos, y con contrato a tiempo parcial. Lo que supone una medida clarísima de discriminación positiva. A mí esa figura no me genera ningún problema. Son situaciones que uno puede ver con mucha claridad. Ahora, establecer con carácter general que estas prestaciones puedan complementar salarios, me parece que es algo que hay que meditar de manera mucho más precisa”. No deja de resultar sorprendente, sin embargo, que los sindicatos se nieguen a que una renta mínima complemente de forma generalizada los ingresos de personas ocupadas hasta los umbrales establecidos.

Hay algo contradictorio en esta posición, dado que, como señala Bravo en otra parte de su intervención, la baja cuantía de prestaciones como la planteada en la ILP (430,27 euros) difícilmente van a desincentivar nada en materia de acceso al empleo, dado su alejamiento del nivel del salario mínimo.

Breve valoración final

Como es conocido, mi planteamiento siempre ha estado lejos del defendido en esta cuestión por CCOO y UGT. Mis críticas se centran en las siguientes ideas:

a) El objetivo de ampliar la protección al desempleo es positiva y defendible. El contenido de la ILP podría, de hecho, redefinirse para mejorar la protección individual a las personas desempleadas en esta estricta dirección. Pero la pretensión de situar en la llamada prestación de ingresos mínimos la última red de protección siempre ha constituido un error en la concepción de UGT y CCOO.

b) Debe existir un sistema de última red de garantía de ingresos que se abra al conjunto de la población, gestionado desde abajo y en base a las competencias hoy asignadas a las comunidades autónomas. Su mantenimiento debe contar con financiación suficiente. Este sistema no sólo debe cubrir las carencias del sistema de protección del Estado sino hacer frente al diferente nivel de precios existente en las distintas comunidades autónomas.

c) Este sistema debe tener en cuenta la problemática de la población trabajadora con menores recursos. La posición de UGT y CCOO es en extremo conservadora en este punto y va en contra de las líneas de reforma de las políticas de garantía de ingresos que se han ido imponiendo en los últimos años en Europa y Norteamérica.

d) No es posible sostener la división entre personas desempleadas y personas en situación de exclusión social en la aproximación a una política de garantía de ingresos. Las distintas modalidades de protección deben contribuir, desde su propia lógica, a cubrir las necesidades del conjunto de la población, sin establecer distinciones como las que se señalan.

 

Las bases no económicas de la crisis de identificación con el sistema autonómico. 2005-2017. Luis Sanzo

En un artículo reciente en Agenda Pública, Eloísa del Pino señalaba que la puesta en tela de juicio del estado autonómico se asociaba, en lo fundamental, al deterioro económico posterior a la crisis económica de 2008. El objetivo de este artículo es mostrar que, sin negar la relevancia de algunos aspectos específicos asociados al empeoramiento de la situación económica en ciertos colectivos (en especial en Cataluña durante todo el periodo y en el conjunto de España entre 2010 y 2012), los procesos fundamentales que determinan la crisis de legitimidad del modelo territorial en España no están directamente relacionados con esa crisis económica. No al menos con el empeoramiento relacionado con el incremento del volumen de población desempleada que se observa a partir de 2008.

Aunque se desarrollan en paralelo a la crisis, los procesos que están llevando a la quiebra del sistema territorial español tienen otra naturaleza, ligada a los sentimientos nacionales y a los hechos políticos y jurídicos relacionados con ellos que se producen entre 2006 y 2012 (en particular, la campaña contra el Estatut de Cataluña y la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010). Un ejemplo de ello es el claro incremento de la demanda de autonomía, o de la posibilidad de independencia, que se observa en Cataluña en el periodo 2010-2012, una realidad que no sólo caracteriza a la población con identificación catalanista dominante.

Como se ha indicado, el deterioro de la situación económica entre 2010 y 2012, con su extensión a una parte importante de la población ocupada, vía contención o reducción salarial, sí podría relacionarse con el deterioro de la identificación con el modelo autonómico que se intensifica en ese bienio. Sin embargo, al ser más decisivo el giro anti-autonomista del periodo entre la población no desempleada, en mucha mejor posición comparada que la afectada por el paro, es dudoso que la dimensión económica constituya el elemento fundamental del fuerte malestar observado en el periodo respecto a la organización autonómica.

El análisis se basa en el estudio de los Barómetros del CIS números 2610 (de diciembre de 2005), 2829 (de enero de 2010) y 2956 (de septiembre de 2012), así como en los barómetros autonómicos postelectorales de 2015/2016 y en el último barómetro de septiembre 2017. Los principales hechos a destacar se presentan a continuación.

SOBRE EL GIRO ANTI-AUTONOMISTA DEL PERIODO 2005-2010

En la opinión pública española, exceptuada la vasco-navarra y la de sentimiento catalanista dominante, el giro anti-autonomista que se observa entre 2005 y 2010 es prácticamente generalizado y, en lo fundamental, no se vincula al aumento del desempleo que genera la crisis económica

Entre 2005 y 2010 se observa un claro giro autonómico en la opinión pública española. En la población general (exceptuada aquella en la que predomina la identificación catalana en Cataluña y el conjunto de la población de Euskadi y Navarra), este giro se detecta en dos direcciones. Por una parte, aumenta del 9,7 al 15,7% la proporción de personas que apuestan por el modelo de estado completamente centralizado. Por otro, se reduce del 26,9 al 17% el porcentaje de población que está dispuesta a que se amplíe el marco de competencias autonómicas.

Gráfico 1

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Un dato muy relevante a destacar es que, en las variaciones señaladas, no se observa diferencia alguna en función de la presencia, o no, de una situación de desempleo. Es importante señalar al respecto que, en enero de 2010, cuando se realiza el Barómetro autonómico de 2010 del CIS, la población española desempleada se había multiplicado por más de dos, pasando de 1,60 millones de personas paradas a finales de 2005 a 3,46 en el primer trimestre de 2010. Sin embargo, el impacto de la crisis en términos de ingresos se veía muy aún muy matizado como consecuencia de una política de protección al desempleo que aún se centraba en la dimensión contributiva y que se veía muy reforzada, además, con la introducción del PRODI en la dimensión no contributiva.

En este sentido, en 2010, la Encuesta de Condiciones de Vida situaba la renta media por unidad de consumo en España en 16.922 euros, muy cerca del máximo histórico de 17.042 de 2009 y por encima de los 16.190 euros de 2008. En 2013, año en el que se recoge la renta de 2012, la cifra había bajado a 15.635 euros. Por tanto, los efectos de la crisis sobre los ingresos globales de los hogares eran aún limitados en el momento de realización del barómetro de enero de 2010 y las consecuencias de la crisis financiera se centraban sobre todo en el incremento del desempleo.

En realidad, son otras variables no económicas las que resultan realmente determinantes para explicar el giro anti-autonomista que se observa en la segunda mitad de la pasada década, en particular las relacionadas con la reacción de la población con sentimiento nacional español dominante en el contexto de la campaña anti-Estatut posterior a 2006. En el caso de la población en la que predomina la identificación nacional española (sin incluir la de las comunidades forales), el giro anti-autonomista del periodo 2005-2010 es particularmente llamativa en la línea pro-centralizadora. La apuesta a favor de un sistema sin autonomías aumenta en este grupo en 8,9 puntos (de 16,4 a 25,4%), por encima los 5,1 puntos que se observan en posiciones mixtas, de identificación tanto regional como española (de 7,8 a 12,9%).

En la población con posiciones mixtas se observa también, no obstante, un reposicionamiento en dirección anti-autonomista. En este caso, no obstante, este giro es más notable en términos de renuncia a la defensa de un mayor nivel de autonomía para las comunidades autónomas. De esta forma, la proporción de población que apuesta por una mayor autonomía territorial se reduce entre 2005 y 2010 en -10,9 puntos (de 29,7 a 19,3%) por -7,9 puntos en la población con mayor identificación española (de 17,4 a 9,6%).

Gráfico 2

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Se observan además aspectos territoriales específicos en la dinámica anti-autonómica del periodo 2005-2010. Tanto en el aumento de las posiciones centralizadoras, como de menor apoyo a una autonomía ampliada, el giro anti-autonomista se observa sobre todo en las comunidades castellanas y su entorno así como en la población de Cataluña en la que es determinante el sentimiento español (predominante o no). En el primer caso, las posiciones centralizadoras aumentan 7,2 puntos (de 12,8 a 20,1%) y la apuesta por mayor autonomía se reduce en -11,7 puntos (de 24,4 a 12,7%). En la población catalana considerada, la reacción anti-autonomista es aún más llamativa, con un aumento de 8,9 puntos en la orientación centralizadora (de 6,6 a 15,5%) y una caída de -22,4 en la posición favorable a un mayor autonomía (de 54,8 a 32,4%).

Gráfico 3

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El giro anti-autonomista de 2005-2010 en España no viene acompañado de una radicalización de signo contrario en la población de Euskadi o Navarra, o en la de Cataluña en la que predomina el sentimiento catalanista

El giro anti-autonomista de 2005-2010 en la población de sentimiento nacional español no viene acompañado de una radicalización de signo contrario en Euskadi o en la población catalanista, con mayor identificación catalana que española en Cataluña. Aunque resulta muy destacada la demanda de mayor autonomía, en especial en Cataluña, incluso se observa una línea algo descendente respecto a 2005 (de 91,6 a 84,7%). Es verdad que la reivindicación del posible derecho a la independencia ya gana apoyos entre la población catalanista (del 43,5 al 48,3% entre 2005 y 2010) pero los 4,8 puntos de avance no suponen un cambio tan destacado como el que revela el giro anti-autonomista, incluido el que se detecta entre la población de identificación preferentemente española en Cataluña, grupo en el que el apoyo a la centralización aumenta en 8,9 puntos y se reduce en -22,4 el apoyo a una mayor autonomía.

Gráfico 4

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SOBRE LA INTENSIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN DEL PROCESO ENTRE 2010 Y 2012

El periodo 2010-2012 intensifica el alejamiento del sistema autonómico en la opinión pública española (no catalanista ni vasco-navarra)

Según las tesis de Eloísa del Pino, la combinación de descalificación política (UPD) y crisis económica llevan a una profunda crisis de legitimación del sistema autonómico a primeros de la presente década. Los datos parecen confirmarlo. Llama la atención la acentuación del proceso en la opinión pública española, excepción hecha de la que apuesta por el catalanismo político y de la peculiar realidad vasco-navarra. En el grupo poblacional dominante en España, la proporción de personas que predican la centralización o un sistema político con un menor nivel de autonomía aumenta de un 28,2% en 2010 a un 42,6% en 2012. La defensa de un mayor nivel de autonomía se mantiene en niveles cercanos a los de 2010 aunque ligeramente a la baja (15% frente al 17% de 2010).

Gráfico 5

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Sin embargo, llama la atención que el avance de la reacción anti-autonomista resulte superior en la población no desempleada (de 29,1 a 44,4%, con un aumento de 15,4 puntos porcentuales) que en la afectada por el paro, aunque también aumente de forma sustancial en este caso (de 24,8 a 37%, con un incremento de 12,2 puntos porcentuales).

En cualquier caso, las variables no sociales siguen siendo más determinantes. Así, el incremento de la opción centralizadora, o favorable a una menor autonomía, es de 20,6 puntos entre el colectivo con identificación española dominante (de 40,6 a 61,3% entre 2010 y 2012), llegando a ser esta posición claramente mayoritaria. El incremento es menor en el caso de la población con identificación mixta, española y regional aunque aumenta en 12,5 puntos porcentuales en el periodo analizado (de 24,5 a 37,1%).

Gráfico 6

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Se reproducen, por otra parte, algunas tendencias territoriales ya señaladas en la dinámica anti-autonomista del periodo. Así, entre 2010 y 2012, el aumento de las posiciones centralizadora, o favorables a una menor autonomía, resulta muy llamativa en las comunidades castellanas y su entorno cercano. El aumento es de 19,3 puntos, de 35,1 a 54,4%, pasando a convertirse en la posición claramente mayoritaria respecto al modelo de organización del estado. Sin embargo, en este periodo, también resulta llamativa la extensión de esta tendencia a Andalucía, Murcia y Extremadura, con un incremento del 20,1 al 33% (+12,9 puntos porcentuales).

Entre 2010 y 2012 remonta en cambio la posición favorable a una mayor autonomía en la población de Cataluña que no tiene una identificación catalanista dominante (de 32,2 a 37,3%, +4,9 puntos porcentuales). Se trata de un hecho llamativo puesto que revela una dinámica completamente diferenciada en la población general de identificación española, grupo en el que se reduce en el bienio contemplado el compromiso con la idea de mayor autonomía.

Gráfico 7

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La apuesta por el derecho a la independencia en Cataluña consigue hacerse mayoritaria entre 2010 y 2012 mientras se mantiene estable en Euskadi

En fuerte contraste con lo señalado, entre 2010 y 2012, y en paralelo a la sentencia del Estatut, se consolida la apuesta por la posibilidad de la independencia en la población de mayor identificación catalana que española. En ese bienio, la proporción a favor del derecho a la separación pasa en este grupo del 48,3 al 62,9%, ganando 14,6 puntos frente a los 4,8 puntos del periodo 2005-2010. Frente a un 91,6% de catalanistas demandando más autonomía en Cataluña, la proporción es del 44,3% en Euskadi/Navarra, en línea estable respecto al 45,9% de 2010 (aunque en clara caída en comparación con el 58,9% de 2005).

Gráfico 8

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La peculiaridad vasco-navarra

Un dato a resaltar en 2012, en cualquier caso, es que las comunidades vasca y navarra se presentaban como un caso claramente especial en materia de identificación con el sistema territorial existente. En ese año, Euskadi/Navarra se situaban así como las mejor valoradas, con 43 puntos a favor de la gestión de los gobiernos autonómicos en su comparación (diferencia mejor/peor) con la correspondiente a la Administración Central. Se trata de un resultado casi dos veces superior a la catalana (22,6). En cambio, el nivel se sitúa en torno a cero, aunque realmente en niveles negativos, en el resto de las comunidades autónomas, reflejando la crisis de legitimidad del estado autonómico que se percibía en aquel año fuera de Cataluña, Euskadi y Navarra.

Gráfico 9

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LAS CONSECUENCIAS DE LOS PROCESOS OBSERVADOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL

Una mayor proporción de personas a favor de reducir o eliminar la autonomía que en el periodo 2005-2010

Como señala Eloísa del Pino, es cierto que ha disminuido a partir de 2012 el peso de la población que demanda un único gobierno central o una reducción de la autonomía. En el conjunto de España, después de alcanzar un 37% en 2012, la proporción se reduce a niveles entre el 28 y el 30% en la actualidad (28,3% en 2015-2016 y 29,5% en septiembre de 2017). Sin embargo, la proporción sigue siendo superior a los niveles observados en 2010 (25,4%, con cifras estimadas inferiores al 20% para 2005). La apuesta por la centralización total caracteriza en 2017 al 18,9% de la población, una cifra más de dos veces superior al 8,7% de 2005.

Gráfico 10

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La polarización territorial ante el modelo territorial

El hecho verdaderamente relevante, sin embargo, es la polarización de la opinión pública de las distintas comunidades autónomas en lo relativo al modelo territorial. En el polo más anti-autonomista, las comunidades castellanas (Madrid y las dos Castillas) y las que se acercan en su entorno a sus posiciones (Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana), tenían en torno a 2015-2016 (último periodo para el que se dispone de muestra amplia en los Barómetros del CIS) un 43,7% de personas posicionadas a favor de un sistema centralizado o con menor autonomía política para las comunidades autónomas. Esta posición supera el 43,2% favorable al sistema actual o a un incremento de la autonomía.

En el polo opuesto, un 50,7% de la población demanda mayor autonomía en Euskadi/Navarra y un 67,5% en Cataluña. Mientras en las comunidades forales la opción independentista es minoritaria, con un 23,6% de apoyos, no ocurre lo mismo en Cataluña, con un 41,4% a favor de aceptar la posibilidad de esa opción.

Gráfico 11

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El futuro político de España se ve en gran medida condicionado por esta realidad polarizada, en la que no sólo la orientación pro-independencia del catalanismo político resulta determinante. También lo es la orientación anti-autonomista del área castellana y su entorno territorial más cercano. La solución a esta contradicción no será sencilla para España.

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PRECISIONES RESPECTO A LOS GRUPOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Área castellana y entorno

Esta zona incluye a Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana.

Andalucía-Murcia-Extremadura

Esta zona incluye a Andalucía, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla.

Conde-Ruiz y la ILP sindical para una prestación de ingresos mínimos. Luis Sanzo

El pasado 14 de noviembre, José Ignacio Conde-Ruiz intervino en la comisión del Congreso que debate la proposición de ley, promovida por CC.OO. y UGT, relativa al establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la Seguridad Social. Aunque el economista desarrolló su presentación a título particular, sin implicación institucional alguna, no deja de ser representativa de la concepción que sobre esta cuestión tiene el colectivo académico que se agrupa en torno a Fedea.

En su intervención, el economista señala compartir la motivación que inspira la ILP sindical, en especial en su apuesta contra la pobreza infantil y las consecuencias del paro de larga duración. Sin embargo, Conde-Ruiz insiste en tres problemas de incentivos en el diseño propuesto. La primera cuestión tiene que ver con el papel de las comunidades autónomas en la política de garantía de ingresos. Señala que, además de gestionar las políticas activas de empleo, éstas tienen competencia en Asistencia Social, un aspecto que hace pensar en un posible conflicto de competencias. Lo que principalmente le preocupa es que las comunidades autónomas lleguen a renunciar a participar en la financiación de las políticas de garantía de ingresos.

Como he señalado en distintas ocasiones, la propuesta sindical plantea sin duda problemas esenciales. Trata así de limitar la acción autonómica y de situar íntegramente en las comunidades autónomas el coste económico que supondría apostar por una protección más generosa que la establecida con carácter general en la legislación propuesta. Tal y como se concibe en la ILP, las comunidades que optaran por ofrecer una protección mejorada a su población deberían financiarla con sus propios medios (dados los 530,67 euros de renta media per cápita establecidos como límite de acceso a la prestación de la ILP, los beneficiarios de esa protección mejorada en territorios como Euskadi o Navarra no podrían acceder a ella, debiendo depender en exclusiva de la protección autonómica).

Sin embargo, estas limitaciones no se relacionan con el marco competencial como tal. Como bien saben quienes promovieron la ILP sindical, es plenamente constitucional una línea de protección que, como la planteada, se apoye en las competencias estatales en materia de seguridad social. En su origen, el incentivo perverso que menciona Conde-Ruiz era, de hecho, parte  del diseño inspirador de la norma propuesta. La apuesta original de los sindicatos era precisamente alejar a las comunidades autónomas de la responsabilidad sobre la política de garantía de ingresos. Los promotores deseaban de forma expresa que éstas no dedicaran recursos a la garantía de ingresos para redirigirlos hacia otros objetivos sociales.

Es cierto no obstante que, incluso si se impusiera el modelo de la ILP, las comunidades autónomas podrían, como señala Conde-Ruiz, acabar gestionando unas prestaciones a las que nada o muy poco aportarían en términos de financiación. Es algo que le parece contradictorio al economista al tratarse de una cuestión, la de la garantía asistencial de ingresos, en la que de una u otra forma las instituciones autonómicas podrían seguir actuando.

El segundo incentivo negativo de la ILP lo vincula Conde-Ruiz a la imposibilidad de compatibilizar, durante un periodo de tiempo significativo, la nueva prestación con ingresos por trabajo. Conde-Ruiz acierta al señalar que el diseño de la norma planteada en la ILP no contribuye a la aceptación de un empleo salvo que éste venga asociado a ingresos muy superiores a las de la prestación. En un diseño que tiende a imponer un máximo impuesto al retorno al trabajo, el economista anuncia el potencial impacto de la economía sumergida al señalar, en referencia a estos desincentivos al empleo, que “se puede trabajar en muchos países fuera de mercado”. Por mucho que funcionen los servicios de inspección, añade.

Para superar este desincentivo, Conde-Ruiz sugiere la alternativa del impuesto negativo (al que se refiere como Negative Income Tax), un mecanismo que permitiría no perder sino una parte de los nuevos ingresos por trabajo. Conde-Ruiz no plantea sin embargo cómo abordar la integración de dos medidas de sentido y contenido diferente, una relacionada con lo social (la prestación sindical de Seguridad Social) y la segunda con lo fiscal (la NIT), con lógicas de gestión muy diferentes. Así, mientras la prestación de ingresos mínimos tendría en cuenta los ingresos de los doce meses inmediatamente previos a la solicitud para el conjunto de la unidad familiar, el modelo fiscal español ofrece un sistema de regularización que hace referencia al año fiscal anterior y se vincula en general a la situación de cada persona. Conde-Ruiz no desarrolla las posibles vías para superar las dificultades asociadas a este contexto de gestión tan diferenciada.

Conde-Ruiz tampoco contempla las modalidades específicas que, en los sistemas de rentas mínimas en España, han tratado de abordar la cuestión de los incentivos al empleo para personas beneficiarias de estas prestaciones de garantía. En el caso de Euskadi, este sistema de incentivación existe desde 2001 y ha tenido buenos resultados comparados (en términos de tasas de empleo o proporción de personas paradas de larga duración en la población total en edad activa). Teniendo en cuenta que el sistema vasco ha sido el más consolidado en los últimos 30 años en España, que es comparable al de los países más generosos en Europa, y que su política de estímulos al empleo ha sido anterior a iniciativas como la Prime d’ Activité francesa, habría sido deseable una consideración de esta actuación. Una actuación que también inspira en parte la reforma reciente de la legislación navarra en esta dimensión de incentivación del empleo.

Frente a la aproximación fiscal, el hecho más relevante en la gestión de los estímulos al empleo que se introduce en Euskadi es el sistema de descuento de ingresos que se aplica en el propio sistema de rentas mínimas. De esta forma, se descuenta un porcentaje significativo de los ingresos por trabajo al calcular la cuantía de las prestaciones. Se trata de una aproximación sencilla, y a la vez funcional, en el contexto de la gestión de un sistema de rentas mínimas que cumple la misma finalidad que un sistema de impuesto negativo.

Conde-Ruiz tampoco profundiza en el debate que él mismo introduce sobre la dimensión temporal o no de los incentivos al empleo. En su intervención tiende a posicionarse por la temporalidad (habla de la posibilidad de descontar un 50% de los ingresos laborales durante dos o tres años), aunque sin descalificar de manera explícita una posible aplicación indefinida de estos incentivos. La experiencia revela, sin embargo, que esta última forma de aplicación tiene mucho más sentido y es la que se ha impuesto en Estados Unidos, Reino Unido o, más recientemente, Francia.

Respecto a la problemática de la incentivación al empleo, llama la atención que Conde-Ruiz no se limite a pedir incentivos positivos, sino que insista igualmente en las actuaciones sancionadoras. De esta forma, apuesta por endurecer las sanciones en caso de no aceptación de un empleo o de una formación, sanciones que deberían ser superiores a las previstas para las prestaciones no contributivas. Su apuesta por las técnicas de perfilado para trabajar con las personas paradas de larga duración forma parte de esta aproximación en la que se plantea reducir al máximo el margen de autonomía de cara a valorar la adecuación del empleo o de la formación propuesta.

Se trata de un modelo que se aleja de manera consciente del que correspondería a las personas desempleadas con prestaciones contributivas, en las que sí acepta un tiempo razonable para facilitar la elección personal del mejor camino profesional a seguir. En la visión de Conde-Ruiz, este margen de decisión desaparece en presencia de un desempleo de larga duración, un escenario en el que debería resultar muy difícil no aceptar el empleo propuesto por los servicios de empleo. La razón es que, en una situación de precariedad a largo plazo, lo importante no es ya la adecuación del empleo sino recuperar el acceso al trabajo. Se trata sin embargo de un planteamiento que no deja de plantear preguntas en términos de igualdad de trato a las personas.

El tercer incentivo que considera Conde-Ruiz es el que se traduce en la posibilidad de que determinadas personas inactivas puedan presentarse como desempleadas de cara a acceder a la nueva prestación. Señala que alrededor de 1,3 millones de personas inactivas, y poco interesadas hoy en acercarse al mercado de trabajo, podrían llegar a beneficiarse de la prestación de mínimos si acuerdan hacer una demanda de empleo. Se trata de un escenario factible si se tiene en cuenta el carácter per cápita de los límites de acceso que plantea la propuesta sindical y que sitúa, en el caso de familias de cierto tamaño, el umbral en niveles relativamente altos (algo más de 25.000 euros anuales para una familia de cuatro miembros). A ello se añaden posibles entradas o salidas en la unidad familiar que harían posible cumplir más fácilmente los requisitos de acceso a la prestación; así como lo que define como el escaso tiempo requerido para acceder a la renta mínima (12 meses), una circunstancia que podría provocar un cierto efecto llamada, siempre a juicio de Conde-Ruiz.

Las propuestas que plantea el economista para hacer frente a esta cuestión son de dos tipos. Por una parte, propone un control de implantación de la nueva prestación que debería traducirse en el seguimiento estricto de las variaciones en la composición familiar del hogar. Por otra, pide que, de cara al acceso a la renta mínima, se exija un tiempo de trabajo previo o se extienda el requisito de desempleo a 24 meses (o a más de un año después de ver terminada la prestación). En ambos casos, el objetivo sería dificultar el acceso de personas actualmente inactivas a la prestación.

En este contexto, Conde-Ruiz apuesta por un acercamiento gradual a la implantación de la medida impulsada por los sindicatos para prevenir que las circunstancias consideradas desemboquen en un gasto excesivo. Según el economista, los tres problemas de incentivos que se observan en el diseño de la propuesta sindical apuntan a un escenario de alto coste potencial. Frente al coste de 11.000 millones estimado por los promotores, el economista de Fedea señala que podría llegar a los 17.000.

Detrás de los problemas considerados, y aunque Conde-Ruiz no lo mencione, está la peculiar concepción del sistema de rentas mínimas que se propone en la ILP. Plantea, en este sentido, un modelo de gestión que no es habitual en Europa en la aproximación a los sistemas de última red de garantía de ingresos. Lejos de tratar de ajustarse a los constantes cambios que se observan en la gestión de las prestaciones, como hacen habitualmente los sistemas europeos de rentas mínimas, la propuesta sindical busca simplificar la gestión y fijarse en exclusiva, para ello, en la situación económica existente en el año anterior. Sin embargo, esta propuesta de simplificación no puede dejar de ocultar la realidad de un gasto desajustado a la necesidad real existente en cada momento, con un previsible impacto en un incremento del gasto real. El problema subyacente es la falta de experiencia de los servicios españoles de empleo en la compleja gestión de un tipo de prestaciones que se ven afectadas por variaciones continuas en los ingresos de la población y en las formas de convivencia en el hogar.

Vista la intervención de Conde-Ruiz en el contexto más amplio de las comparecencias realizadas hasta hoy en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, un aspecto destaca sobre los demás. Se trata de la abundancia de argumentos orientados a reivindicar el papel de las comunidades autónomas en las políticas de rentas mínimas. En el caso de Conde-Ruiz, el planteamiento pasa por una participación de las comunidades autónomas que, además de la asunción de la gestión de la nueva prestación, incluya su participación en la financiación. Como se ha señalado, para el economista de Fedea sería contradictorio que las instituciones que pudieran llegar a gestionar la prestación de ingresos mínimos no asumieran su parte de responsabilidad financiera.

Este discurso se acompaña, en paralelo, de la voluntad de limitar el gasto que corresponde al gobierno del Estado. En la visión de Conde-Ruiz, es necesario destacar el coste de oportunidad del gasto en garantía de rentas mínimas en el contexto de una crisis fiscal que está lejos de haber sido resuelta en España. Y ese coste afecta a decisivas políticas públicas como la educación o la sanidad. En este punto el economista se posiciona de forma inequívoca a favor de una determinada línea de gasto estatal: “la pobreza infantil se combate mucho mejor desde la educación, con mejores colegios, mejor prosperidad en el futuro, comedores”, sostiene. Se trata de un aspecto del que deben ser plenamente conscientes quienes defienden las políticas de garantía de ingresos: el marco de competencia por los recursos empieza en realidad con quienes gestionan las distintas áreas de la política social.

El análisis de la intervención de Conde-Ruiz plantea, en una dimensión más metodológica, una última cuestión de interés: el sentido de la contribución del colectivo de economistas, en especial de los vinculados a Fedea, al análisis de las políticas de garantía de ingresos en España, una aportación que -como revela la propia intervención del ponente- resulta sin duda muy positiva. Sin embargo, convendría pedir que la contribución pretendida fuera algo más allá de tomarse la molestia de analizar por encima lo que han hecho las comunidades autónomas en esta materia. Es preciso un análisis detallado de una historia que tiene ya casi treinta años y que no se construye y desarrolla en el vacío, copiando de forma acrítica programas diseñados en otros países.

Sin ese trabajo de conocimiento y reflexión en profundidad, no es posible pensar en una correcta evaluación de unas medidas que han tenido, con frecuencia, incluso mayor recorrido histórico que algunas de la Administración General del Estado (el PRODI, por ejemplo). Como muestra un estudio recientemente publicado por Fedea sobre la renta de garantía de ingresos en Euskadi, la aportación al debate por parte del mundo de la economía de la escasez resultará de limitada utilidad si no viene acompañada de ese intento de comprensión previa de lo que pretendieron realmente hacer quienes impulsaron los programas autonómicos de rentas mínimas.

El mito de la “igualdad” (2): la diferente protección territorial ante la pobreza grave. Luis Sanzo

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

Este artículo busca profundizar en las consecuencias de las políticas sociales en España, con especial énfasis en su desigual impacto territorial. El objetivo, en esta segunda entrega, es analizar estas consecuencias en términos de incidencia del riesgo de pobreza grave (40% de la mediana equivalente de ingresos (1). El análisis se basa en los resultados ajustados que se derivan del método alternativo cuyo contenido se detalla en el primer artículo de esta serie.

La principal aportación del estudio es mostrar la desigual protección que, frente a la pobreza grave, ofrece la política social española. Esta política favorece de forma diferencial a los territorios en los que la parte fundamental de la precariedad se vincula a las personas mayores. En términos relativos, desprotege en cambio a algunas de las zonas más afectadas por el desempleo, como Andalucía, así como a los territorios más condicionados por costes elevados de acceso al bienestar. Esto determina el fuerte impacto diferencial de la pobreza grave en Canarias e Illes Balears pero también el descuido en la protección social a territorios como Madrid, Cataluña y, también, Euskadi. Estos territorios tienen tasas de pobreza grave que son desproporcionadamente altas en comparación con otras comunidades españolas con menor nivel de desarrollo económico. El estudio muestra también que, una vez considerados los ingresos por asistencia social, la posición comparativamente favorecida del País Vasco se explica por su política autonómica de garantía de ingresos. Sin ella, su tasa de pobreza grave sería bastante superior y muy cercana a la de Cataluña.

Se recuerda que el estudio se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el año 2015 (datos de renta 2014). Se mide, por tanto, la situación existente al final del periodo de crisis. La razón es la abundancia de indicios sobre el impacto muy fuerte de esta crisis en las principales áreas urbanas de España, en particular en Madrid y Cataluña.

PRINCIPALES RESULTADOS

Las cuatros Españas ante la pobreza grave en términos de ingresos propios (antes de todo tipo de transferencias, incluidas las pensiones)

En ausencia de todo tipo de transferencias sociales, teniendo sólo en cuenta los ingresos propios, derivados en lo fundamental de la actividad económica, cuatro realidades diferenciadas emergen en España en lo relativo al impacto de la pobreza grave. En la posición más favorecida, un 23,7% de la población queda por debajo del umbral de pobreza grave en Navarra y Aragón. En el polo igualmente positivo, pero con cifras algo menos favorables, el indicador se sitúa entre el 29,1 y el 29,9% en Madrid, País Vasco y Cataluña.

La mayor parte del resto de comunidades autónomas se sitúa en torno a la media española del 34,9%. Algo por debajo de esa media, con cifras de 33,7 a 34,7%, se encuentran Canarias/Baleares y el área noroeste, con Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja. Por encima, pero cerca de la media, entre 35,6 y 37,8% se encuentran Castilla y León, Castilla-La Mancha/Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Claramente por encima de la media, y más de 20 puntos por encima de Aragón y Navarra, en Andalucía/Murcia un 44,1% de la población se sitúa, antes de transferencias, por debajo del umbral de pobreza grave.

Gráfico 1

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Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

 

Un decisivo impacto favorable del sistema de pensiones, aunque con límites, en especial en Madrid, Canarias, Baleares, Andalucía y Murcia

La política de pensiones tiene una importancia decisiva en España. En primer lugar, porque la gran mayoría de la población en hogares que quedan por debajo del umbral de pobreza grave al considerar en exclusiva los ingresos propios (sueldos, ingresos de autónomos, etc.), un 62,4%, reside en hogares de pensionistas. En segundo lugar, porque el efecto positivo de las pensiones es enorme, contribuyendo a sacar de la pobreza grave a un 90,3% de las personas en hogares de pensionistas.

El impacto territorial de las pensiones en la reducción de la pobreza grave se ve sin embargo condicionado por dos factores. Por un lado, se observa en algunas comunidades autónomas un menor impacto protector de las pensiones, ligado al mayor coste diferencial de acceso al bienestar. Así, en contraste con niveles cercanos o superiores al 90% de capacidad de superación de la pobreza grave -a través de las pensiones- en la mayor parte del territorio, la proporción se reduce al 85% en Madrid y a una media de 79,7% en Canarias y Baleares.

Por otro lado, se constata un peso muy diferente de la población en hogares pensionistas en el conjunto de la población afectada por la pobreza grave al considerar en exclusiva los ingresos propios. Esta proporción es superior al 75% en la zona noroeste (77,1% en Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja y 80% en Navarra, Aragón) y se sitúa entre en el 66,4% y el 70,5% en Castilla-La Mancha/Extremadura, Euskadi y Castilla y León. La proporción se acerca en cambio al 62,4% medio de España en Cataluña y Comunidad Valenciana (63,7% y 63,9%) y se sitúa ya por debajo de esa media en Madrid (60,1%). El porcentaje se reduce aún más en Andalucía/Murcia, con un 55,2%. En Illes Balears y Canarias, apenas un 47% de la población en riesgo con ingresos propios reside en hogares de pensionistas.

Este conjunto de elementos explica que la capacidad de las pensiones para reducir la incidencia de la pobreza grave varíe de forma significativa según la comunidad autónoma. El impacto es muy alto, con cifras entre el 68,2 y el 72,7%, en Navarra/Aragón, la zona noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja) y Castilla-León. La proporción es relativamente cercana en el País Vasco (65,5%). Se reduce a niveles entre el 58,2 y el 59,5%, por encima sin embargo de la media española, en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha/Extremadura y Cataluña.

El impacto resulta muy inferior en Madrid y Andalucía/Murcia, con niveles cercanos al 50% (51,1 y 49,6%, respectivamente). Alcanza un mínimo del 37,5% en Canarias e Illes Balears.

Tabla 1

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Las implicaciones del efecto pensiones son muy llamativas y se traducen en los siguientes aspectos:

a) Aunque se mantiene la posición comparativamente privilegiada de Navarra y Aragón (6,5% de pobreza grave con ingresos propios y pensiones), se acercan a las posiciones caracterizadas por un menor impacto de la pobreza grave las comunidades de la zona noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja, con un 10%) así como Castilla y León (11,3%).

b) Entre las zonas que tradicionalmente habían liderado el crecimiento económico en España, con un 10%, sólo el País Vasco se mantiene entre las zonas con menor impacto de la pobreza grave, una vez considerados ingresos propios y pensiones. Esta cifra queda claramente por debajo del 12,3% de Cataluña y del 14,6% de Madrid, muy cercano ya al 15,2% de la media española. Cerca de esa media se sitúa igualmente el 15,3% de la Comunidad Valenciana.

c) En la parte caracterizada por los niveles más altos de riesgo, Canarias e Illes Balears, que en términos de ingresos propios se situaban por debajo de la media, se sitúan ahora muy cerca de Andalucía y Murcia (21 y 22,2% de personas en riesgo de pobreza grave, respectivamente).

Gráfico 2

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

La insuficiente protección a los hogares con personas desempleadas, en especial en las zonas históricamente más desarrolladas (País Vasco, Madrid y Cataluña), la zona noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja), Canarias e Illes Balears

Una vez considerados los ingresos propios por actividades económicas y las pensiones, un 79,2% de la población que sigue por debajo del umbral de pobreza grave pertenecen a hogares con personas desempleadas o que han recibido en el último año prestaciones (o subsidios) por desempleo. La proporción varía entre un mínimo del 69,2% en Navarra y Aragón y un máximo del 84% en Andalucía y Murcia.

En comparación con la política de pensiones, sin embargo, el impacto favorable de la política contra el desempleo resulta muy inferior, además de mucho más desigual en sus efectos reductores de la pobreza graves. En cuanto al impacto favorable, apenas un 34,7% de las personas en hogares con personas desempleadas consiguen superar la pobreza grave gracias a las prestaciones de desempleo.

Respecto a los efectos territoriales, se observan diferencias de más de 22 puntos porcentuales en la capacidad de superación de la pobreza grave a través de las prestaciones de desempleo en la población en hogares con personas desempleadas. La proporción más favorable, con un 47,1%, corresponde a la Comunidad Valenciana. Se sitúa también claramente por encima de la media, con cifras entre 42 y 42,6%, en Navarra, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Aunque todavía por encima de la media, la proporción se reduce al 36,5% en Andalucía y Murcia. Por debajo de esa media, la proporción es del 32,2% en Madrid y del 30,4% en Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja. En los niveles mínimos, apenas entre un 24,8 y un 26,6% de las personas en hogares de población desempleada supera la pobreza grave en el País Vasco, Cataluña, Canarias e Illes Balears.

En el conjunto de la población en hogares en pobreza grave tras considerar los ingresos por actividad económica y pensiones, y no sólo en la vinculada a hogares con personas desempleadas, se constata la presencia de dos grandes grupos de comunidades autónomas. En la parte favorecida, más de un 30% de las personas consideradas superan la pobreza grave gracias a las prestaciones y subsidios de desempleo en la zona sur peninsular (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia), Castilla y León y la Comunidad Valenciana. La proporción es del 29,1% en Aragón y Navarra, no alejándose por tanto en exceso del grupo de comunidades considerado.

En el polo opuesto, apenas entre un 20,2 y un 23% de la población supera la pobreza gracias a las prestaciones de desempleo en Madrid, Cataluña, la zona noroeste peninsular (Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja), Canarias e Illes Balears. El mínimo, con un 18,6% corresponde al País Vasco.

Tabla 2

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Las consecuencias de esta política desigual de protección por desempleo resultan evidentes. Por una parte, se consolidan las comunidades de la zona norte de España como las menos afectadas por la pobreza grave, con un 4,6% en Navarra y Aragón y un 7,9% en Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja. Pero Castilla y León, con un 7,6%, se incorpora a las zonas con menor impacto de la pobreza grave, quedando ahora seis décimas por debajo del 8,2% del País Vasco y mejorando incluso el indicador de las comunidades noroccidentales.

Algo por encima de las cifras del grupo de comunidades señalado, y gracias a la protección por desempleo, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana reducen sus casi tres puntos de diferencia respecto a Cataluña en el riesgo de pobreza grave con ingresos propios y pensiones. Tras el efecto de prestaciones y subsidios de paro, todas estas comunidades autónomas se sitúan en niveles entre el 9,6 y el 9,8%. El acercamiento a la parte más desfavorecida que caracteriza a Cataluña es aún más llamativo en la Comunidad de Madrid. Este territorio supera ahora el nivel medio de pobreza grave de España (11,3 frente a 11,1%).

En la parte más afectada, Andalucía y Murcia dejan de ser las zonas más problemáticas, aunque todavía con tasas muy elevadas de pobreza grave (15,4%). Canarias y Baleares se convierten en las comunidades más afectadas (16,8%).

Gráfico 3

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

 

Euskadi sólo se sitúa entre las comunidades con menor pobreza grave en España como consecuencia de su política de garantía de ingresos, quedando lejos de esos niveles Madrid y Cataluña. Canarias e Illes Balears se consolidan como las comunidades más afectadas al final de la crisis

La ECV no ofrece datos suficientemente precisos sobre ingresos por asistencia social. Los disponibles sirven sin embargo para reflejar dos aspectos de gran relevancia. Por una parte, se observa que en 2015, con datos de renta 2014, sólo en el País Vasco el acceso a este tipo de ingresos resulta determinante en la lucha contra la pobreza grave. Según datos de la ECV (que en realidad subestiman el impacto de estas prestaciones), un 27,8% de las personas que aún se mantenían bajo el umbral de pobreza grave consiguen superar el riesgo en Euskadi al tener en cuenta los ingresos asistenciales. Rebajando de 8,2 a 5,9% su tasa de pobreza grave, Euskadi se acerca con ello al 4,3% final de Navarra y Aragón. En una línea cercana a la zona noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja), estas dos comunidades autónomas son, después del País Vasco, las que reflejan mayor impacto de la acciones asistenciales.

En cambio, Madrid y Cataluña se sitúan en 2015 entre las comunidades en las que menor impacto tienen las prestaciones de asistencia social de cara a la superación de la pobreza grave (al menos a tenor de los datos de la ECV). De hecho, su posición no mejora por esta vía. Mientras Cataluña sigue acompañando a Extremadura/Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana en niveles del 9,4 al 9,8%, que resultan algo más favorables que el 10,6% medio de España, Madrid sigue superando esa media con un 11%. Sólo Andalucía y Murcia, con un 14,8%, y Baleares y Canarias, con un 16,1%, se colocan claramente por encima de los niveles de riesgo de pobreza grave de la Comunidad de Madrid en 2015 (renta 2014).

Tabla 3

Tabla 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Gráfico 4

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

 

CONCLUSIÓN

Los datos presentados muestran que la política social en España tiene un impacto importante en la reducción del riesgo de pobreza grave, en particular a través de la política de pensiones pero también, en especial en algunas comunidades autónomas, por la vía de las prestaciones de desempleo. Se trata sin embargo de una política de protección desigual que no tiene en cuenta las necesidades diferenciadas de ciertas comunidades autónomas, en especial en lo relativo a las fuertes carencias que se observan en la protección a la población desempleada.

En conjunto, las comunidades más perjudicadas son las que tienen menor peso relativo de la población pensionista y, al mismo tiempo, un alto volumen de población desempleada, en especial sin acceso suficiente a las prestaciones o subsidios por desempleo. De esta forma, la insuficiente protección al desempleo sitúa todavía en niveles de pobreza grave muy elevados a Andalucía y Murcia.

Sin embargo, es igualmente necesario destacar que, en términos comparativos, la política de protección al desempleo trata de forma muy desigual a comunidades como el País Vasco, Cataluña y, de forma aún más llamativa, la Comunidad de Madrid. Entre las comunidades que han liderado históricamente el crecimiento económico en España, únicamente Euskadi se coloca entre los territorios con menor tasa de riesgo de pobreza grave. Pero sólo lo consigue gracias a su política de garantía de ingresos, la única con un impacto claramente diferencial en 2015 (renta 2014) en España.

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ANEXO: Indicadores comparados

Se presentan en este anexo, a modo de comparación, los indicadores resultantes del método general Eurostat para el 40% de la mediana, sin ajustar, así como los que se derivan del método ajustado, objeto del artículo. También se presenta la media 2014-2015 para el indicador de pobreza real que he propuesto para analizar este fenómeno en España. La imagen que ofrecen el indicador ajustado del 40% y el de pobreza real es muy similar.

Tabla A1

Tabla A1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2014-2015. INE

Método general: Eurostat

Método ajustado: Ver
https://hungrygrass.org/2017/11/08/el-mito-de-la-igualdad-las-paradojas-de-la-distribucion-de-la-precariedad-y-el-bienestar-en-espana-luis-sanzo/

Sobre el indicador de pobreza real, ver:
https://hungrygrass.org/2017/07/05/indicadores-de-pobreza-real-en-espana-luis-sanzo/

Gráfico A1

Gráfico A1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2014-2015. INE

 

(1) Por razones de simplicidad en la presentación, las referencias a la pobreza grave en este artículo deben entenderse, todas ellas, en términos de situaciones de riesgo.

El mito de la “igualdad” (1): las paradojas de la distribución de la precariedad y el bienestar en España. Luis Sanzo

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

Este artículo pretende introducir un debate sobre la idea de igualdad que inspira en España el debate sobre la distribución territorial de la riqueza. Su objetivo es avanzar en el conocimiento del impacto real de las situaciones de mayor precariedad y, en sentido contrario, de mayor bienestar (en términos de ingresos económicos netos familiares) en las comunidades autónomas españolas.

A tales efectos, y partiendo de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, se aborda esta cuestión desde una perspectiva diferente a la habitual, tratando de controlar dos factores que contribuyen a ocultar algunas cuestiones importantes en la distribución de los ingresos por territorios. El primero se relaciona con la muy diferente estructura interna de los hogares en función de la composición y la edad de sus personas de referencia, una cuestión muy relevante en un país muy afectado por procesos históricos de migración interna y externa. El segundo factor, aún más relevante, tiene que ver con unos costes de acceso al bienestar que resultan desiguales en las distintas comunidades autónomas. De cara al análisis, el método utilizado para neutralizar estos dos factores se explica en el anexo metodológico. Los resultados ajustados que aporta el método difieren de forma llamativa de los que resultan de la aproximación general que se deriva del uso directo de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

La principal conclusión del análisis es que, en efecto, España es una sociedad desigual, con mayor impacto de la precariedad en los territorios tradicionalmente más desfavorecidos, en particular en su zona sur peninsular. De esta forma, los datos que se aportan en el estudio no contradicen la conclusión de que las políticas desarrolladas en España benefician de forma diferencial a los colectivos más precarios de esos territorios. Sin embargo, se trata sólo una parte del diagnóstico: también se observa una posición comparativamente más favorable a los colectivos prósperos en esos territorios en perjuicio de los residentes en otras zonas de España. En este sentido, en algunas comunidades centrales en el desarrollo económico español, en particular en Madrid y Cataluña, las políticas desarrolladas tienen un efecto completamente opuesto, perjudicando de manera notable la posición de la población de esas comunidades. En esas comunidades, tras la aplicación del método ajustado, esto se percibe tanto en un impacto muy superior de las situaciones precarias como en una menor presencia real de situaciones de bienestar.

El estudio se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el año 2015 (datos de renta 2014). Se mide, por tanto, la situación existente al final del periodo de crisis. La razón es la abundancia de indicios sobre el impacto muy fuerte de esta crisis en las principales áreas urbanas de España, en particular en Madrid y Cataluña.

PRINCIPALES RESULTADOS

El impacto territorial de la precariedad (participación en el 20% más pobre en términos de ingresos ECV) que se observa en la aplicación de la aproximación ajustada definida en este estudio es diferente al que reflejan los datos generales sin ajustar. Destaca el mayor impacto observado en los territorios insulares y, sobre todo, Cataluña y Madrid. Resulta en cambio claramente inferior en la zona sur peninsular y en Castilla y León.

España es, sin lugar a dudas, un país muy marcado por la desigualdad en la distribución de la renta. Los datos de la ECV son inequívocos. En la aproximación no ajustada a los datos de la ECV, el peso relativo de la población incluida en los deciles D1 y D2, el 20% más precario de la distribución, varía entre un mínimo del 10,8% en las comunidades forales (Euskadi y Navarra) hasta un máximo del 29,5% en las comunidades del sur del país (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia). Por debajo del 15%, además del País Vasco y Navarra, aparecen Aragón, Cataluña y Madrid.

En la aproximación ajustada, las diferencias siguen siendo importantes entre comunidades autónomas, con cifras mínimas y máximas entre el 11,3 y el 27,3%. Sin embargo, se observan variaciones llamativas en la posición de cada comunidad autónoma, así como en el impacto de la precariedad en cada una de ellas. Los datos más llamativos son los siguientes:

a) En las comunidades teóricamente más favorecidas, se observa un notable deterioro de la situación al considerar las cifras ajustadas en el caso de Madrid y Cataluña. En esta última comunidad, la participación en el 20% más pobre de la distribución pasa del 12,7% general al 17,4% ajustado, con un incremento de 4,7 puntos porcentuales. El deterioro de posiciones es aún más llamativo en Madrid, con cifras de 14,5 y 21,3% (6,7 puntos porcentuales más). Madrid tiene, de esta forma, una participación en los deciles D1 y D2 superior al 20% medio de España.

b)En las comunidades en principio más desfavorecidas, se observa un proceso opuesto. En el caso de la zona sur peninsular española (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia), la participación en los dos deciles más bajos de la distribución se reduce 5,5 puntos, del 29,5% general al 24% ajustado. De 15 puntos de impacto superior respecto a Madrid, se pasa a 2,7.

Otra zona que mejora notablemente su posición, al considerar los datos ajustados, es Castilla-León. En este caso, el peso porcentual en el 20% más pobre pasa de 17,9% en la aproximación general a 13,3% en la ajustada (-4,6 puntos). De situarse claramente por encima de Madrid y Cataluña en la aproximación general, la comunidad castellano-leonesa se encuentra en términos ajustados en una posición claramente más favorable (13,3% frente a 17,4% en Cataluña y 21,3% en Madrid).

c) Dentro del grupo de comunidades más desfavorecidas, con un peso superior al 20% en los deciles D1-D2, la Comunidad Valenciana y los territorios isleños (Canarias y Baleares) no sufren grandes variaciones. En este último caso, se observa sin embargo un aumento que hace pasar el peso relativo en el 20% más pobre del 25,3 al 27,3% al considerar la aproximación ajustada. Al considerar esta aproximación, estos territorios se convierten con ello en los más afectados por la presencia en el grupo más pobre, 3,3 puntos por encima de la zona sur peninsular.

Tabla 1

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Conclusiones similares a las del apartado anterior se observan al considerar el impacto de la falta de acceso al bienestar (medido en términos de ingresos para llegar a fin de mes). No obstante, el deterioro se acrecienta en perjuicio de la población de Madrid y Cataluña, ampliándose en cambio la posición de mejora a la zona que incluye a Aragón, La Rioja, Cantabria, Asturias y Galicia.

Las conclusiones señaladas con anterioridad son muy similares al considerar la proporción de población que queda por debajo del umbral definido para llegar a fin de mes en España. Sin embargo, al considerar a un grupo más amplio de población precaria (con un 44% de población por debajo del umbral de bienestar en el método general y 43,2% en la aproximación ajustada) se observan algunas diferencias de interés. Los aspectos más llamativos son los siguientes:

a) Aunque Baleares y Canarias se sitúan entre las zonas más afectadas (46,3% de personas por debajo del umbral de bienestar en términos ajustados), la diferencia se reduce ahora a alrededor de un punto respecto al indicador general que se deriva directamente de la ECV (45,3%). En cambio, resulta aún mayor el deterioro comparado que refleja el método ajustado en Madrid y Cataluña. En la comunidad madrileña, la proporción de personas con problemas de acceso al bienestar pasa de 33,8% en la aproximación general a 43,3% en la ajustada, con un incremento de 9,5 puntos porcentuales. Con esa variación, Madrid se sitúa en los niveles medios españoles en la aproximación ajustada.

El deterioro es aún mayor en el caso de Cataluña, +9,8 puntos, pasando de 31,1 a 40,9% de personas por debajo del indicador de bienestar. Aunque no se llega a superar en este caso la media española, su indicador se aleja del correspondiente a Euskadi/Navarra y Aragón (23,1 y 27,9% en el método ajustado) para quedar también por debajo del de Galicia, Asturias, Cantabria y Rioja. En estas comunidades, la aproximación ajustada muestra una evidente mejora, cayendo el indicador del 40,3% general al 36,6% ajustado (-3,7 puntos porcentuales), claramente por debajo ahora del 43,3% de Madrid y el 40,9% de Cataluña.

La mejora relativa es aún mayor en Castilla y León, con una reducción del 43,2% general al 33,8% ajustado (-9,4 puntos porcentuales). Esta comunidad autónoma, que en el indicador general se sitúa cerca de la media española, en el ajustado se aleja en casi 10 puntos de dicha media. En la aproximación ajustada, Castilla y León sólo muestra niveles de ausencia de bienestar superiores a los de Euskadi/Navarra y Aragón,

b) En la parte más desfavorecida, aunque la proporción de personas que no acceden al bienestar se mantiene en las comunidades del sur peninsular por encima del 50% en la aproximación ajustada (50,5% en concreto), esta aproximación muestra una caída de 9 puntos respecto al 59,5% general.

Tabla 2.

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Nota: Se considera sólo a  la población mayor de 16 años.

Al considerar el acceso a los deciles más favorecidos, la percepción de deterioro se limita mucho más nítidamente a Madrid y Cataluña

Los datos presentados con anterioridad reflejan que, al trabajar con la aproximación ajustada, el impacto de las situaciones de precariedad y de ausencia de bienestar en Madrid y Cataluña aumenta de forma muy significativa. Pero lo que quizás resulta aún más llamativo es que, al contemplar la participación en los grupos más favorecidos, el deterioro es aún más intenso. En tanto que proceso significativo, este deterioro queda entonces además limitado a estas dos comunidades.

En la aproximación general que se deriva directamente de la ECV, Cataluña y Madrid tienen una participación a priori alta en los deciles 7 a 10, el 40% más favorecido en España. La proporción es de 52,5% en Cataluña y de 51,7% en Madrid, sólo superadas por el 62,4% del País Vasco. Sin embargo, en la aproximación ajustada, la proporción de personas en los deciles D7 a D10 se reduce al 41,7% en Cataluña y al 39,4% en Madrid. Estos porcentajes sólo superan el 37,2% de Baleares/Canarias, el 32,4% de las comunidades del sur peninsular y el 31,5% de la Comunidad Valenciana.

Salvo en Baleares y Canarias, donde se observa un pequeño deterioro, en todas las demás comunidades autónomas, la posición resulta más favorable al considerar la aproximación ajustada. La mejora más clara se da en Castilla-León (+9,5 puntos porcentuales), por encima de los 7,5 de las comunidades del sur peninsular y los niveles cercanos a los 4 puntos en Aragón, y el grupo de comunidades que incluye La Rioja, Cantabria, Asturias y Galicia.

Tabla 3.

Tabla 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

CONCLUSIÓN

Los datos presentados reflejan sin duda las consecuencias positivas del proceso de transferencia de recursos hacia comunidades más desfavorecidas (lo que en España se suele interpretar habitualmente en términos de políticas de igualdad). Sin embargo, llama la atención que este proceso resulta en realidad bastante desigual. Por una parte, no beneficia a todas las comunidades más desfavorecidas por igual; por otra, se asocia a un evidente y generalizado deterioro de posiciones en la población de Madrid y Cataluña.

Aunque en estas dos comunidades aumenta de forma sustancial la precariedad al considerar la aproximación ajustada, resulta aún más llamativo el deterioro comparado que se observa al considerar la participación de su población en los deciles más favorecidos. Porque, siendo necesario que una política de igualdad reduzca los niveles de precariedad en los territorios más desfavorecidos, es discutible que llegue a situar en una posición tan debilitada a la población de sus principales zonas urbanas.

Si el modelo actual de política fiscal y social tiene las consecuencias señaladas, con un peso elevado en los deciles más favorecidos de zonas de territorios a priori más desfavorecidos en términos de PIB o poder económico, aunque con coste de la vida comparativamente bajo, la principal duda que se presenta es si el sistema fiscal no tiende a cargar de forma insuficiente a la población más favorecida de esos territorios. La difícil posición comparada de la población de Madrid y Cataluña indica, en cambio, una posición comparativamente más difícil que la del resto de España, tanto en los grupos más precarios como en los de mayor nivel económico. Todo indica que las políticas de protección social resultan insuficientes en esas dos comunidades.

Si estas conclusiones se confirman en el futuro, y es evidente que necesitarán ser contrastadas, la solución a los problemas de financiación autonómica debería ser completamente diferente a las que se sugieren habitualmente. Esta solución pasaría por una mayor responsabilización de las comunidades autónomas que se benefician más intensamente de las transferencias sociales y fiscales en la actualidad y, sobre todo, por una mayor contribución fiscal de sus grupos sociales más acomodados. Aunque esto puedea sorprender, lo que señala este estudio, y el método aplicado (a contrastar sin duda pero con bases contrastadas) es que el núcleo dominante del 40% más favorecido en España se encuentra en realidad en esos territorios. De acuerdo con la aproximación señalada, un 44,7% de la población más acomodada de España (el 40% más rico) reside en el sur peninsular y en la zona noroeste de España (6,5 puntos por encima de su peso PIB). Esta proporción supera el 40,1% que corresponde a Madrid, Cataluña, Euskadi y Navarra (con un 45,7% del PIB, con efectos en Madrid/Cataluña). El 15,2% restante corresponde a Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana (16% del PIB).

Tabla 4

Tabla 4

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE


Método aplicado en el estudio

La aproximación utilizada en este artículo para obtener unos resultados ajustados, comparables y armonizados, para el conjunto de las comunidades autónomas españolas se basa en los siguientes puntos:

  1. Determinación de una escala de equivalencia basada en la percepción real de la población

La experiencia histórica muestra que las escalas de equivalencia utilizadas habitualmente en el estudio de la pobreza y el bienestar en España no se ajustan adecuadamente a la realidad. Frente a los métodos que utilizan una escala de equivalencia prefijada, como la de Eurostat, se obtiene en el estudio una escala ad-hoc que se basa en la propia percepción de la población.

A tales efectos, se calcula para los hogares que señalan no llegar con facilidad y mucha facilidad, la media de ingresos considerados necesarios para llegar a fin de mes para una serie de tipos de hogar. La ECV permite utilizar a tales efectos una pregunta específica que facilita la posición de cada hogar respecto a este indicador, directamente asociado a la medición del bienestar.

La aproximación tiene en cuenta la edad de la persona principal, el tamaño del hogar y su composición, teniendo en cuenta una base muestral suficiente para cada tipo de hogar. A partir de esas medias, se determina la escala de equivalencia resultante que es la que se muestra en la siguiente tabla:

Escala de equivalencia utilizada
Edad de la persona referencia del hogar
Tipos de hogar < 45 años 45-64 años >65 años No precisada
Persona sola 1,285 1,155 1,000
Pluripersonal sin hijos/as
   2 miembros 1,614 1,511 1,380
   3 miembros 1,708 1,565
   4 miembros o más 1,863 1,830
Monoparental con hijos/as
   2 miembros 1,351
   3 miembros 1,538
   4 miembros o más 1,577
Biparental con hijos/as
   3 miembros 1,748 1,805 1,610
   4 miembros 1,876 1,967 1,713
   5 miembros o más 2,013 2,046 1,933

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

Como puede comprobarse, la media relativa al ingreso medio necesario para llegar a fin de mes en el caso de un hogar encabezado por una persona sola mayor de 65 años equivale a 1, la base de partida de la escala de equivalencia utilizada.

  1. Determinación del coste territorial diferencial de acceso al bienestar.

Una vez estimados los ingresos equivalentes per cápita de cada hogar a partir de la escala de equivalencia señalada en el punto anterior, se estima (de nuevo tomando como referencia a las personas que no llegan con facilidad o mucha facilidad a final de mes) la media de los ingresos necesarios para llegar a fin de mes para cada comunidad autónoma y tipo de hogar (en función de la edad de la persona principal). El coste medio de acceso al bienestar para el conjunto de la comunidad se estima en base a la media estandarizada de las medias parciales por grupos de edad (menos de 45 años, 45-64 y mayores de 65 años, tomando como base común la distribución de los hogares por grupos de edad en el conjunto de España).

Una vez obtenida la media estandarizada de los ingresos necesarios, se determina un factor de ajuste que refleja el coste diferencial de acceder al bienestar en cada comunidad autónoma. Este factor funciona a modo de Paridad de Poder de Acceso al Bienestar (PPAB) con unos ingresos dados. Este factor de ajuste se aplica a los ingresos disponibles.

El factor resultante o PPAB, un concepto cercano al de Paridad de Poder de Compra, es el siguiente:

Factor de ajuste de los ingresos en función
del coste de acceso diferencial al bienestar PPAB

Comunidad Autónoma Factor de ajuste PPAB
Comunidad de Madrid 0,840
Cataluña 0,871
Comunidad Foral de Navarra 0,953
Illes Balears 0,960
Canarias 0,998
La Rioja 0,999
País Vasco 1,024
Principado de Asturias 1,026
Comunidad Valenciana 1,027
Galicia 1,047
Aragón 1,066
Región de Murcia 1,122
Andalucía 1,129
Cantabria 1,138
Castilla y León 1,138
Castilla-La Mancha 1,140
Extremadura 1,162

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

A efectos de medir la posición en relación con el bienestar mínimo esperado, se toma la cifra que se deriva del método, con PPAB, para la nueva cifra mínima correspondiente a una persona sola mayor de 65 años (1.150,86 euros, con apenas variación respecto a los 1.148,27 euros que corresponden a la aproximación general). A partir de aquí, se establece como umbral de acceso al bienestar mínimo que se derivan de las cifras de ECV el mínimo señalado, multiplicado por el factor de equivalencia por hogar y el factor de ajuste territorial PPAB.

Las bases sociales de la separación entre Cataluña y España: el giro anti-autonomista en la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2015. Luis Sanzo

En la última década se observa un evidente proceso de separación política en la opinión pública de Cataluña y del resto de España. El objetivo de este artículo es abordar uno de los aspectos de este proceso: el giro anti-autonomista que se observa en las posiciones políticas de la población de la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2015.

Resumen y conclusiones

1.

En 2015 ya era evidente la polarización en las posiciones respecto al modelo de estado en las dos principales comunidades políticas en España. Mientras en Cataluña predominaban las posiciones favorables a la extensión de la autonomía y la reivindicación del derecho a la independencia, en Madrid una parte dominante de la población apostaba por la reducción o supresión del sistema autonómico.

En Madrid, esta polarización es el reflejo de una fuerte reacción anti-autonomista durante el periodo 2005-2015. Esta dinámica puede observarse en el aumento de la proporción de población a favor de un estado centralizado, pero también en la reducción del apoyo a la ampliación de las competencias autonómicas.

2.

Aunque las posiciones anti-autonomistas están más extendidas en Madrid en la población orientada al nacionalismo español y en la situada en el centro-derecha ideológico, están también muy presentes en la izquierda. Se trata de algo también evidente entre personas que no conocieron, en su vida adulta, el franquismo o la Transición. Respecto a lo observado en Cataluña, destaca de hecho la fuerte orientación diferencial a propuestas de reducción o supresión de la autonomía en la población de izquierdas menor de 60 años.

En una perspectiva evolutiva, el avance de las posiciones centralizadoras en Madrid es particularmente llamativo en la población de centro-derecha y en la de 40 a 59 años de izquierdas. Por su parte, la pérdida de apoyo a situaciones orientadas a una mayor autonomía corresponde a la izquierda en general y a la población joven de centro-derecha, entre 18 y 39 años.

3.

El protagonismo de la población joven y de izquierdas explica que la reacción anti-autonomista en Madrid caracterice sobre todo a personas sin una identificación nacional española dominante. De hecho, en comparación con Cataluña, es en este tipo de personas en el que se observa el distanciamiento más llamativo en las posiciones sobre la autonomía (tanto en términos de mayor apuesta centralizadora como de menor apoyo a la extensión de la autonomía). Por tanto, la reacción anti-autonomista que se observa en la última década en Madrid no es exclusiva, ni siquiera principalmente destacada, en los grupos más orientados al españolismo sino que se asocia a la dinámica general de la sociedad madrileña.

4.

A pesar de la importancia de la reacción anti-autonomista en la población de izquierdas en Madrid, esta orientación no es comparativamente más intensa en los grupos más desfavorecidos, a diferencia de lo que se observa en parte en Cataluña. En Madrid, la proporción de personas opuestas a la autonomía tiende claramente a reducirse conforme empeora la situación personal percibida. Aunque menos claramente, las posiciones más favorables a la extensión de la autonomía también son más perceptibles en los grupos menos favorecidos en términos económicos personales.

PRINCIPAL CONCLUSIÓN

A la vista de estos hechos, la principal conclusión es que la fuerte separación de posiciones ante la autonomía, observada en Madrid o Cataluña, no se vincula sólo a la posición de la población nacionalista catalana sino también, y de forma quizás aún más llamativa, a la existente entre la población de referencia española pero menor identificación con el nacionalismo español. Dentro de la población no orientada preferentemente al nacionalismo catalán, es realmente en este último colectivo en el que se detecta en 2015 una separación destacada entre Madrid y Cataluña. Está por comprobar si los factores que llevaron a una reacción anti-autonomista en Madrid en el periodo 2005-2015 han podido tener un efecto cercano en este grupo de población en Cataluña durante el periodo de desarrollo del procés catalán.

RESULTADOS DETALLADOS

  1. Polarización de posiciones sobre la organización territorial del Estado

Es indudable que la dinámica política de las dos principales áreas territoriales de España, Cataluña y la Comunidad de Madrid, resulta determinante para la estabilidad del conjunto del Estado. Por esa razón, para entender lo que ocurre en la actualidad en España resulta determinante la divergencia observada en los últimos años en las posiciones de la opinión pública de ambas comunidades en lo relativo a la organización territorial del Estado.

Aunque más que de divergencia, se trata más bien de tendencia a la polarización en las posiciones respecto al modelo de estado. De esta forma, mientras en Cataluña predominan en 2015 las posiciones favorables a la extensión de la autonomía y la reivindicación del derecho a la independencia (un 67,5% de la población las apoyan), en Madrid un 46,5% apuesta por una reducción o supresión del sistema autonómico en España. Este porcentaje supera el 39,7% que apoya el mantenimiento de la autonomía o su ampliación.

En 2015, por tanto, no resulta sólo determinante la orientación hacia la independencia de una parte importante de la población en Cataluña (41,4%, apenas algunos puntos por debajo del 43,2% que opta por el sistema autonómico, ya sea en su forma actual o ampliada). La apuesta por la reducción de la autonomía (con un 24,2% de opiniones favorables a un gobierno central, sin autonomías, y otro 22,3% a favor de una reducción del poder autonómico) se conforma como la posición dominante en Madrid.

Tabla 1

Tabla 1

En lo relativo a la Comunidad de Madrid, esta polarización es el reflejo de una fuerte reacción anti-autonomista durante el periodo 2005-2015, una dinámica que puede observarse en el aumento de la proporción de población a favor de un gobierno centralizado en Madrid. Esta proporción aumenta de 14,7 a 24,2% en este periodo. Esta dinámica se acompaña de una pérdida de peso del grupo favorable a una ampliación de la autonomía, o del derecho a la independencia de las comunidades autónomas (de 25,1 a 14,4%)[i]. Vistos en conjunto, estos dos elementos revelan un nítido desplazamiento de la opinión pública de Madrid hacia las posiciones menos favorables a la autonomía política de las comunidades autónomas en España.

Tabla 2

Tabla 2

  1. Los protagonistas de la reacción anti-autonomista en Madrid: la izquierda y personas que no vivieron el franquismo o la Transición en su vida adulta

Al considerar en la Comunidad de Madrid la relación entre posición ideológica y anti-autonomismo, de acuerdo con la variable edad, resalta a priori la clara orientación derechista de las posiciones favorables a una reducción de la autonomía. La máxima orientación contraria al actual sistema corresponde a la población situada ideológicamente en el centro-derecha, en especial en los colectivos de mayor edad. Así, la proporción de población que se opone a la autonomía (o la quiere reducir) alcanza un 56% entre la población mayor de 40 años, por encima del 45,7% de las personas de centro-derecha entre 18 y 39 años.

Con la única excepción del grupo entre 60 y 64 años[ii], con apenas un 14,3%, la proporción de personas que defienden un estado completamente centralizado (o la reducción de la autonomía) resulta sin embargo igualmente elevada entre la población orientada hacia la izquierda. Se sitúa entre el 37,3 y el 39,5% tanto en la población de izquierdas mayor de 65 años como en la menor de 60 años.

Además, cuando se comparan con las posiciones que estos mismos grupos sociales mantienen en Cataluña, analizando la variación en el peso porcentual de las posiciones pro-reducción de la autonomía en Madrid y Cataluña, llama la atención un aspecto clave. Se trata de la fuerte orientación diferencial a propuestas de reducción o supresión de la autonomía en la población de izquierdas menor de 60 años. Aunque la máxima diferencia corresponde a las personas de centro-derecha mayores de 40 años (+38,8 puntos porcentuales de diferencia), el diferencial no se aleja mucho, en el bloque de población orientado a la izquierda, entre personas de 40 a 59 años (+37,9 puntos) o menores de 40 años (+33,3 puntos). Las menores diferencias corresponden a las personas mayores de 60 años con una orientación izquierdista (+9,5 puntos entre 60 y 64 años y +26,6 en las personas de 65 y más años).

Tabla 3

Tabla 3

El análisis de la dinámica reciente de las posiciones en la Comunidad de Madrid muestra, por su parte, que el incremento del peso relativo de las posiciones vinculadas a la supresión de la autonomía se relaciona con dos grupos principales: por una parte, la población de centro-derecha entre 18 y 39 años (de 9,5 a 23,5%) pero, por otra, la población de izquierdas entre 40 y 59 años (de 6,3 a 22,3%).

Tabla 4

Tabla 4

Entre 2005 y 2015, y en la distribución interna del incremento de la posición anti-autonomista (centralización o reducción de la autonomía), los dos grupos señalados concentran un 52,7% de dicho incremento. La proporción llega al 80,4% al considerar a las personas de centro-derecha entre 40 y 59 años. Otro 10,7% se asocia a la población de izquierdas de 18 a 39 años. La población mayor de 60 años, de una u otra orientación ideológica, apenas aporta un 9% del incremento.

Tabla 5

Tabla 5

En el periodo considerado, el alejamiento del autonomismo de las personas de izquierda en Madrid es mucho más evidente en lo relativo a las posiciones favorables a una mayor autonomía o al derecho a la independencia. Si, entre 2005 y 2015, un 40,7% del incremento de la apuesta por la liquidación o la reducción del sistema autonómico corresponde a personas de izquierda, la pérdida de apoyo a una mayor autonomía se relaciona en un 52,5% de los casos con personas de izquierda. La proporción llega al 78,3% si se incluyen jóvenes menores de 40 años de centro-derecha.

En la población orientada a la izquierda, la caída del apoyo a una mayor autonomía es superior a los 10 puntos porcentuales entre 2005 y 2015, aumentando esa caída con la edad. Esa reducción sólo resulta tan intensa, en el bloque de centro-derecha, entre las personas de 40 a 59 años.

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 7

  1. Una reacción vinculada a la población con menor identificación con el nacionalismo español

En la Comunidad de Madrid, durante el periodo 2005-2015, la intensidad de la reacción anti-autonomista en la población izquierdista, así como en aquellos grupos que no vivieron la experiencia del franquismo o de la Transición, explica la paradoja de que la reacción señalada se vincule a personas en las que no predomina una identificación nacional española, con percepciones mixtas dominantes[iii].

A este respecto, resulta llamativo comprobar que, tanto en Madrid como en Cataluña, la apuesta por la menor autonomía o su supresión muestra proporciones muy cercanas en 2015 entre la población que insiste en su identificación principalmente española. Un 54,1% de esta población apuesta por la centralización o la reducción autonómica en Madrid, con un 53,6% en Cataluña (aunque, como es lógico, el grupo de identificación española tiene un peso relativo muy superior en el electorado de Madrid).

En contraste con lo señalado, las diferencias en este punto resultan muy llamativas en 2015 en la población con una identificación no tan orientada al polo español. Excluyendo en la comparación a la población con mayor identificación catalana en Cataluña, mientras apenas un 10,4% de la población analizada tiene posiciones centralistas o de reducción de la autonomía en Cataluña, la proporción es del 42,1% en Madrid.

Tabla 8

Tabla 8

En el grupo menos orientado a la identificación nacionalista española en Madrid, destaca de forma especial el muy notable alejamiento entre 2005 y 2015 respecto a las posiciones a favor de una mayor autonomía. Se reduce en 10,4 puntos porcentuales en el bloque de centro-derecha (de 19,1 a 8,7%) pero en 19,1 puntos (del 45,6 al 26,5%) en el orientado a la izquierda. En el periodo considerado, este último colectivo de población recoge un 51,2% de la reducción de apoyos a una mayor autonomía para las comunidades autónomas por un 39,6% asociado al centro-derecha menos orientado al españolismo. Las posiciones de mayor identificación con el sentimiento nacional español apenas contribuyen a un 9,1% de la caída detectada en el apoyo a una mayor autonomía.

Tabla 9

Tabla 9

Tabla 10

Tabla 10

La mayor apuesta por la centralización o la reducción de la autonomía se vincula sin embargo, con evidente claridad, a la población más identificada con el españolismo en el ámbito del centro-derecha. En este caso, entre 2005 y 2015 la apuesta por la centralización pasa del 27,3 al 36%, contribuyendo este grupo a un 33,2% de los casos de incremento del apoyo de la población madrileña a la centralización. Otro 19,9% corresponde a la población de izquierdas que afirma sobre todo su españolismo, un colectivo en el que la apuesta por la centralización pasa del 7,9 al 25,5% entre 2005 y 2015.

Pero, incluso en este caso, un 46,9% del aumento de las posiciones más anti-autonomistas corresponde a grupos no tan claramente orientados al españolismo. En estos grupos el aumento de la percepción centralizadora es llamativa y tiene una dinámica relativamente similar en el periodo analizado. Así, en las personas menos claramente orientadas al españolismo, el apoyo a un gobierno central, sin autonomías, aumenta de 7,9 a 14,8% en el bloque de izquierdas y de 14,8 a 22,5% en el de centro-derecha.

Tabla 11

Tabla 11

Tabla 12

Tabla 12

La apuesta anti-autonomista diferencial que se observa entre Madrid y Cataluña, en lo relativo al colectivo sin identificación dominante con el españolismo, se mantiene al considerar los datos por edad y posicionamiento ideológico. De esta forma, en el grupo con predominio de la identificación nacional española, las posiciones favorables a la reducción o supresión de la autonomía tienen un peso similar tanto en Madrid como en Cataluña: entre el 57,4 y 59,9% en el centro-derecha y entre el 40,6 y el 42,1% en la izquierda.

La diferencia resulta en cambio sustancial en las posiciones de identificación mixtas, con diferencias superiores a los 30 puntos en Madrid respecto a Cataluña, tanto en el centro-derecha (46,9 frente a 14%) como en la izquierda (35,6 frente a 5,1%). Esto refleja que la reacción anti-autonomista que se observa en la última década en Madrid no es exclusiva, ni siquiera principalmente destacada, en los grupos más orientados al españolismo sino que se asocia a la dinámica general de la sociedad madrileña.

Tabla 13

Tabla 13

Nota: No se incluye a la población que, en Cataluña, se considera sobre todo catalán.

  1. La posición de las personas con menor nivel de ingresos

El peso de la población de izquierdas de la Comunidad de Madrid en la redefinición de las posiciones favorables al autonomismo hace pensar que, medido en términos de la situación personal percibida, las categorías sociales que se sitúan en la parte baja de la escala de ingresos tenderán también a participar más de la reacción anti-autonomista observada. De hecho, un rasgo que se ha resaltado en el proceso catalán es la mayor identificación con las posiciones reactivas al procés catalán entre los colectivos con menores ingresos personales en Cataluña.

En esa comunidad autónoma, en 2015 la realidad señalada se percibe de forma limitada en la izquierda catalana, con apenas un 5% de posiciones favorables a la centralización o la reducción de autonomía, aunque por encima del 2,2% que se observa en las personas con una percepción buena o regular de su posición económica. La diferencia es mucho más nítida en el centro-derecha, con un 10,6% que defiende la reducción o supresión de la autonomía en colectivos en buena situación personal por 16,5% en posición regular y un máximo del 17,9% entre las personas en una mala situación económica personal.

En la Comunidad de Madrid, sin embargo, esta dinámica tiene un sentido opuesto. Aunque las posiciones contrarias, en mayor o menor sentido, a la autonomía tienen siempre un peso relativo muy superior en Madrid, llama la atención que la proporción de personas opuestas a la autonomía tiende claramente a reducirse conforme empeora la situación personal: de 42,4% a 39,5% y 32,5% en la izquierda; de 58,4 a 47,3 y 47,6% en el centro-derecha (según la posición económica percibida sea buena, regular o mala).

Tabla 14

Tabla 14

En la parte relativa a las posiciones pro-autonomistas (mayor autonomía o derecho a la independencia), vuelve a observarse una reducción de la identificación con estas posiciones conforme empeora la posición personal percibida en Cataluña. En Madrid, en cambio, se observa una clara estabilidad en las posiciones, salvo un cierto incremento en Madrid de las posiciones más abiertas en las categorías con menores ingresos del centro-derecha. En conjunto, sin embargo, el diferencial de apoyo respecto a Cataluña tiende a reducirse conforme cae la posición personal, lo que indica mayor apertura relativa comparada a las posiciones pro-autonomistas conforme se reduce la situación económica percibida de la población.

Tabla 15

Tabla 15

NOTAS METODOLÓGICAS

Las fuentes utilizadas son los barómetros postelectorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)e de 2015 para Madrid y Cataluña (estudios 3087 y 3113), así como el estudio 2610 para los datos de 2005 correspondientes a Madrid.

En lo relativo a la posición o auto-ubicación ideológica, con una escala de 1 a 10 entre máxima identificación izquierdista y máxima orientación derechista, el artículo define dos grupos: por un lado, el polo más orientado a la izquierda, situado en las posiciones 1 a 4; y, por otro, el orientado al centro-derecha, situado en las posiciones 5 a 10. Por sus características predominantes, el grupo NS/NC en esta pregunta se incluye en el centro-derecha.

 

 

 

[i]    En 2005 no es posible distinguir entre la población que, a pesar de aceptar el sistema autonómico, defiende sin embargo una reducción de competencias para las comunidades autónomas.

[ii]   Se presenta de forma separada al grupo de izquierdas entre 60 y 64 años por su posición política claramente diferenciada respecto al resto de la población. Aunque la muestra resulta muy limitada, lo que limita el grado de precisión muestral, los márgenes de error no ponen en duda este elemento peculiar en las posiciones relacionadas con la autonomía en la Comunidad de Madrid en función de la edad.

[iii]   Esta parte del documento se ve condicionada por las características del cuestionario CIS que no incluye en todos los casos una pregunta relativa al grado de identificación con el nacionalismo español. La pregunta relativa al sentimiento nacionalista regional limita, en este sentido, la aproximación a la intensidad real del sentimiento nacional español en la Comunidad de Madrid.

Paro, temporalidad y justicia intergeneracional. Luis Sanzo

INTRODUCCIÓN

La dualidad en el mercado de trabajo tiende a presentarse en España como la polarización del empleo en dos tipos de trabajadores o trabajadoras, fijos y temporales. Se trata, en realidad, de una de las dimensiones de una problemática más amplia que incluye otras formas precarias de relación laboral con la empresa (trabajo no deseado a tiempo parcial, ausencia de contrato, etc.) y, por supuesto, el desempleo.

En la medida en que se trata de un conjunto de problemas que afectan de forma especial a la población joven, se asocia con frecuencia esta dualidad laboral con un conflicto intergeneracional, entre una población joven muy castigada por la precariedad y unas generaciones de mayor edad que se habrían apropiado del sistema productivo. Mi intención en este documento es mostrar que el problema del paro y de la temporalidad no encaja de forma adecuada con esta descripción.

El análisis se centra en el impacto conjunto del desempleo y la temporalidad en la población total de una serie de grupos de edad, comparando la situación existente en el segundo trimestre de 1987, 1997, 2007 y 2017. Esta referencia temporal permite analizar la situación en distintos periodos, representativos de la dinámica del empleo en España, además de facilitar la evolución del paro y la temporalidad por grupos de edad. Los principales resultados se presentan a continuación.

PRINCIPALES RESULTADOS

En primer lugar, se confirma que el impacto directo del desempleo y de la temporalidad resulta muy elevado en la población más joven, menor de 25 años. Sin embargo, este impacto refleja un modelo de acceso retardado de la población más joven al empleo indefinido que se mantiene bastante estable durante todo el periodo democrático. De esta forma, todas las generaciones jóvenes, sin excepción, muestran altas tasas comparadas de paro y temporalidad en los últimos treinta años.

Otros dos aspectos son los que verdaderamente la atención en el caso de la población de 16 a 24 años. El primero es que, en este grupo de población, la proporción de personas afectadas en 2017 es la más baja para este grupo de población joven: 30,0% frente a 31,5% en 1987 y cifras cercanas al 34,5% en 1997 y 2007.

Gráfico 1

Gráfico1.jpg

El segundo elemento relevante es que es también en 2017 cuando la población más joven aporta menos al conjunto de personas afectadas en España por el paro y la temporalidad: apenas un 14,8% del total por 22,5% en 2007, 28,8% en 1997 y 43,3% en 1987.

Gráfico 2

Gráfico2

En 2017, el paro y la temporalidad afectan mucho más claramente a las personas de 25 a 39 años. Mientras el impacto conjunto de estas problemáticas se sitúa en el 30% de la población de 16 a 24 años, llega al 48,3% en el grupo de 25 a 29 años y sigue resultando superior, con un 32,5%, entre las personas de 30 a 39 años.

Entre las personas de 25 a 39 años, se detecta además en 2017 el máximo impacto del paro y de la temporalidad respecto a lo observado en periodos anteriores. Sin embargo, las diferencias no resultan excesivas, en especial cuando se comparan con 1997, al final de la crisis de la primera mitad de los 90: 48,3% frente a 46,2% en las personas de 25 a 29 años; 32,5% frente a 29,9% en las de 30 a 39 años.

Gráfico 3

Gráfico3

Como consecuencia de la reducción del volumen poblacional de las generaciones más jóvenes, sin embargo, el peso de las personas de 25 a 39 años en el conjunto de la población afectada por el paro y la temporalidad no resulta superior al que representaba este colectivo en periodos anteriores. El 40,9% de 2017 sólo es superior al 36,3% de 1987 y queda claramente por debajo de las cifras cercanas al 49% de 1997 y 2007. Esta realidad afecta sobre todo a las personas de 25 a 29 años; las diferencias son algo menos llamativas en las personas de 30 a 39 años (con un 26,1% del conjunto de la población en paro o con problemas de temporalidad en 2017 por 26,7% en 1997 y 29,3% en 2007).

Gráfico 4

Gráfico4

En cualquier caso, el más llamativo incremento de la proporción de personas afectadas por el el paro y la temporalidad tras la crisis de 2007 no caracteriza a la población joven en España sino a la mayor de 40 años. Aunque el impacto de estas problemáticas es inferior al de los grupos más jóvenes, destaca por ser el más elevado de los cuatro años considerados. De esta forma, las cifras porcentuales son superiores en más de 7 puntos en 2017 respecto a los máximos observados con anterioridad entre las personas de 40 a 59 años: 26,1% en las personas de 40 a 49 años frente a máximos del 19,1% en 1997 y 2007; 19,9% frente a 12,3% en 1997 y 11,6% en 2007 en las personas de 50 a 59 años. La misma tendencia se observa en las personas mayores de 60 años, con un 5,1% de personas afectadas frente a un máximo previo del 2,9% en 2007.

Gráfico 5

Gráfico5

Esta dinámica de claro empeoramiento de la situación de la población mayor de 40 años tiene un muy fuerte impacto en la distribución de la población afectada por el paro y la temporalidad en 2017. Con anterioridad, el peso de este grupo había subido, en el colectivo total de personas afectadas, del 20,3% de 1987 al 28,4% de 2007, pero en 2017 esa proporción aumenta bruscamente hasta el 44,2%. Este porcentaje no sólo es tres veces superior al 14,8% que representa la población menor de 25 años, sino que supera también el 40,9% que corresponde a las personas de 25 a 39 años. Las personas de 40 o más años suponen, por tanto, el grupo de edad que concentra en 2017 más situaciones de paro y temporalidad. Una realidad que no se había dado con anterioridad en ninguno de los años analizados.

Gráfico 6

Gráfico6

Los datos señalados nos introducen una realidad muy concreta: el impacto diferencial del paro y la temporalidad entre las personas que, en 2017, tienen entre 40 y 59 años. En una perspectiva a largo plazo, este grupo generacional, menor de 30 años en 1987, es el que más ha sufrido estos problemas en España.

Tres hechos avalan esta afirmación. Como ya se ha observado, en 2017, este colectivo integra a los grupos de edad que muestran mayor aumento en el impacto relativo del paro y la temporalidad (en comparación con lo observado en los mismos grupos de edad en periodos anteriores).

En la misma línea, su peso en el conjunto de la población afectada es más de 15 puntos superior en 2017 a la proporción máxima que el grupo de los mayores de 40 años había llegado a representar hasta 2007.

Pero, y esto es lo verdaderamente decisivo, en los cuatro años considerados, la generación hoy entre 40 y 59 años, menor de 30 años en 1987, ha constituido siempre el grupo dominante entre las personas afectadas por el paro y la temporalidad.

A pesar de que una parte no había llegado aún al mercado de trabajo, este grupo constituía un 62,6% del colectivo afectado en 1987, una proporción que aumenta al 70,1% en 1997. Aunque se beneficia del proceso de caída del impacto de estas problemáticas al llegar a edades superiores, la generación considerada sigue constituyendo el grupo dominante en 2007 y 2017 s. En 2007, el grupo recogía un 47,5% del conjunto de situaciones de paro y temporalidad por 42,3% de los menores de 30 años. La diferencia es aún más nítida en 2017: 41 frente a 29,6%. Por mucho que en estas diferencias influyan factores demográficos, esta posición comparativamente desfavorecida de la generación menor de 30 años en 2987 es un hecho social decisivo para entender la historia social reciente de España.

Gráfico 7

Gráfico7

Como revela el gráfico 8, conviene resaltar no obstante que los grupos jóvenes más afectados en 2017, los de 25 a 39 años, tienen pautas de relación con el paro y la temporalidad que resultan cercanas a las de las generaciones que más han sufrido hasta ahora estas problemáticas sociales. Esto pone de manifiesto el riesgo al que se enfrentan los colectivos en edad activa que tenían menos de 30 años en 2007, un grupo que incluye a una parte relevante de población de origen extranjera.

Gráfico 8

Gráfico8

CONCLUSIONES

Los datos presentados conducen a dos conclusiones relevantes. En primer lugar, es indiscutible que la recesión posterior a la crisis financiera de 2008 ha tenido un impacto decisivo en la población joven española. Sin embargo, más que en los colectivos actualmente menores de 25 años, es en las generaciones que hoy tienen entre 25 y 39 años donde se observa la mayor precariedad laboral.

La segunda conclusión se aleja, de forma aún más nítida, del discurso que resulta habitual en España: el problema del paro y de la temporalidad no es una muestra de discriminación específica de los grupos más jóvenes, característica del actual momento histórico. Sin negar la relevancia de un modelo de organización del trabajo que perjudica de forma estructural a la juventud, en una perspectiva a largo plazo, los grupos que más han sufrido los efectos del paro y la temporalidad pertenecen a las generaciones, menores de 30 años en 1987, que más sufrieron las consecuencias de las crisis de los años 80 y 90. Conviene por ello matizar el discurso que, en la actualidad, parece impulsar una cierta revancha generacional, enfrentando a las generaciones jóvenes contra las personas de mayor edad, con menores tasas de paro y temporalidad.

Resulta igualmente importante destacar que detrás de los problemas generacionales observados están dos elementos de ensanchamiento demográfico de la base demográfica de los grupos en edad activa: el baby boom de los 50 a 70 y la inmigración masiva de finales de los 90 y primera década del siglo. Esos dos fenómenos condicionan los resultados sociales de una economía, la española, con fuertes dificultades para mantener una base de empleos adecuada para prevenir una temporalidad y un desempleo excesivos.

Rentas Mínimas y control de la pobreza en Euskadi: ¿qué indica la tasa AROPE? Luis Sanzo

Hace unos días, en un grupo de discusión vinculado a los temas estudiados en torno a la web llei d’engel, uno de los participantes introdujo una cuestión, difundida en las redes sociales, sobre la reciente dinámica de los indicadores sociales en Euskadi. Se trataba en concreto de la supuesta paradoja de que, casi treinta años después de la introducción de políticas de rentas mínimas en Euskadi, en 2016, el indicador AROPE aún se mantuviera en el 20,6% en esta comunidad autónoma.

Para contribuir a aclarar esta cuestión, los aspectos que creo necesarios introducir en el debate son los siguientes:

PUNTO 1

En primer lugar, es preciso recordar que el indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión tiene tres componentes diferentes: una baja intensidad laboral en el hogar, la presencia acumulada de aspectos específicos de privación material y la pobreza relativa (menos del 60% de los ingresos medianos equivalentes per cápita). En presencia de cualquiera de estos factores, la aproximación Eurostat presenta a la persona afectada en situación de riesgo de pobreza y exclusión AROPE.

No es mi intención en este artículo profundizar en un debate (hace tiempo abordado) sobre la utilidad del sistema Eurostat de medición de la pobreza. Pero sí es importante señalar que, al menos en el contexto español y vasco, ni el indicador AROPE ni el de pobreza relativa (60% de la mediana) son indicadores que muestren una relación directa con las situaciones reales de pobreza. En 2016, sólo un 33,9% de las personas situadas en pobreza relativa Eurostat en Euskadi vivían en hogares que experimentaban situaciones de pobreza real EPDS. La proporción caía incluso al 27,7% al considerar, en esa situación de pobreza relativa, a quienes residían en hogares que se consideraban a sí mismos pobres, muy pobres o más bien pobres.

Lejos de mejorar los niveles de ajuste, el indicador AROPE (al incluir a grupos de personas con baja intensidad laboral, a menudo sin pobreza relativa ni privación material asociadas) se aleja aún más de la aproximación a las situaciones reales de pobreza. En el conjunto de personas señaladas por el indicador, apenas un 27,7% vivía en hogares en situación de pobreza real EPDS y 26,3% en hogares que se percibían a sí mismos como muy pobres, pobres o más bien pobres.

Gráfico 1

Gráfico1

Gráfico 2

Gráfico2

Por tanto, al considerar la tasa AROPE, es preciso tener en cuenta que se trata de un indicador que recoge, de forma muy extendida, los grupos sujetos a factores potenciales de riesgo pobreza y exclusión. La incidencia de las situaciones reales de pobreza resulta, al menos en el caso vasco, mucho más reducida que la que señalan esos factores de riesgo.

PUNTO 2

En segundo lugar, es preciso analizar en términos comparados qué representa el 20,6% de riesgo AROPE que caracteriza a Euskadi. El aspecto más llamativo es que esta cifra, lejos de reflejar un nivel comparativamente elevado, se sitúa muy cerca de los países del área con menor impacto del mencionado riesgo en Europa. Se trata de un grupo de estados que incluye a los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia), a los de Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) y a Francia, Alemania y Austria. El riesgo AROPE de Euskadi apenas supera en dos puntos el 18,6% medio de los países del área.

La distancia de dos puntos que muestra Euskadi respecto a los países con menor riesgo de pobreza y exclusión en Europa resulta inferior, además, a la favorable que el País Vasco mantiene en relación con otros referentes en Europa: -2,5 puntos respecto al 23,1% del conjunto de los países del euro; -2,9 puntos respecto al 23,5% del Reino Unido y -7,3 en relación con el 27,9% de España.

Gráfico 3

Gráfico3

Área UE con menor riesgo: Dinamarca, Finlandia, Suecia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y Austria.

PUNTO 3

En una aproximación al análisis del indicador AROPE, el rasgo característico de España o Euskadi, como de otros territorios del sur de Europa, es sin duda el incremento de la proporción de personas en riesgo durante la crisis.

En 2008, el valor del indicador AROPE de Euskadi era en realidad algo más bajo que el del conjunto de los países UE con menor riesgo en Europa (17,9 frente a 18,8%). Sin embargo, en el caso de un indicador determinado en parte por la falta de ocupación (baja intensidad laboral), era inevitable que la fuerte crisis de empleo en Euskadi provocara un aumento en la tasa (de 17,9% a 20,6%).

La distinta dinámica del empleo en Euskadi, respecto a las zonas social y económicamente más privilegiadas en Europa, resulta ilustrativa en este punto. De esta forma, mientras en el área con menor riesgo social de la UE se observa un incremento de la ocupación del 4,2% entre 2008 y 2016, Euskadi pierde un 8,4% de su población ocupada en este periodo.

Gráfico 4

Gráfico4

En 2016 Euskadi mantiene 101.500 ocupaciones menos que en 2008 en los tres sectores regresivos de su economía: primario, industria y construcción. En un territorio cuya prosperidad histórica se había forjado en torno a la industria, ésta recoge un 62,6% del total de puestos de trabajo perdidos entre 2008 y 2016 en los tres sectores señalados. Tras la difícil recuperación posterior a la reconversión industrial de los años 80, se trata de un golpe muy duro para la estructura de empleo del País Vasco. En 2016, la industria vasca aún ocupa a un 25,2% menos de trabajadores y trabajadoras que en 2008.

PUNTO 4

El aumento del desempleo, sin embargo, no es sino una de las diversas causas que entre 2008 y 2016 contribuyen a incrementar los factores de riesgo de pobreza en Euskadi. La intensidad de la inmigración resulta otro elemento determinante. En este sentido, la resistencia inicial a la crisis en Euskadi y una estabilidad social mayor, atribuible a su sistema de garantía de ingresos, favorecieron que se mantuviera hasta 2012 el ritmo de incremento de población inmigrante en Euskadi.

A pesar de la línea descendente del empleo hasta 2014, la población extranjera (no nacionalizada) se incrementa en Euskadi en un 15,1% entre 2008 y 2016. La de origen extranjero, incluyendo por tanto a la nacionalizada, aumenta aún más, un 28,5%. La intensidad de este incremento queda de manifiesto cuando se comprueba que el aumento del volumen de población extranjera en el área UE con menor riesgo de pobreza y exclusión resultó cinco puntos inferior en el periodo 2008-2016 (+23%).

Durante el periodo de crisis, una zona con pérdidas sustanciales de empleo, como la vasca, llega por tanto a atraer en términos relativos tanta población extranjera como las mejor situadas social y económicamente en Europa.

Gráfico 5

Gráfico5

A pesar de no ser la única comunidad autónoma que experimenta en España esta dinámica atípica de inmigración durante la crisis, sí es evidente que la evolución del País Vasco es completamente diferente a la que se observa en el conjunto del Estado, con una caída del 13,1% en el volumen de población extranjera (una cifra que, teniendo en cuenta las nacionalizaciones, en el mejor de los casos podría llegar a implicar una cierta estabilización del colectivo entre 2008 y 2016).

Pero no se trata sólo de inmigración extranjera, también de llegada de población española procedente de otras zonas del Estado. En conjunto, el volumen de población de origen extranjero, y de la procedente de otras zonas de España con menos de 10 años de residencia en Euskadi, aumentó de 44.008 personas en el año 2000 a 151.052 en 2008, pasando de representar un 2,1% de la población total a un 7% entre 2000 y 2008.

Entre 2008 y 2012, la inmigración se mantiene a un ritmo similar al del periodo 2004-2008, llegando a representar el colectivo analizado un total de 212.165 personas en 2012, un 9,8% de la población. Tras una caída entre 2012 y 2014, la población de referencia repunta entre 2014 y 2016. En este último año, la población de origen extranjero y la española con menos de 10 años de residencia en Euskadi supone un total de 208.417 personas, un 9,7% de la población total. Unas cifras muy similares, por tanto, a las de 2012.

Gráfico 6

Gráfico6

Aunque la línea ascendente de la tasa AROPE caracteriza a todo tipo de población durante la crisis, la más afectada es la creciente población extranjera residente en Euskadi. En este grupo, la tendencia alcista del indicador resulta sin embargo anterior a la crisis, manteniéndose desde mediados de siglo. Situado en un 39,3% en 2000, el indicador AROPE llega al 46,4% en 2008 para alcanzar un 54,6% en 2012 y un máximo del 62% en 2012. La caída de 2016 es muy ligera, apenas hasta un 60%.

En la población de origen español con menos de 10 años de residencia en Euskadi, se observan dos sobrepuntas negativas en el indicador AROPE. La primera corresponde al periodo 2000-2004 (del 14,2 al 27,4%) y la segunda al 2012-2014 (de 17,9 a 31,8%). En este grupo, el 24,1% de 2016 resulta todavía claramente superior a las cifras de 17,4 a 17,9% de 2008 y 2012 pero muestra un claro cambio de tendencia.

Gráfico 7

Gráfico7

En la población autóctona, y en la procedente de otros territorios del Estado con más de diez años de residencia en Euskadi, el indicador AROPE repunta en la crisis hasta el 19,2% de 2012, cerca del 19,8% de principios de siglo. No obstante, el 17% de 2016 se acerca a las cifras mínimas de 2008 y 2012, situadas entre el 16,3 y el 16,8%.

En el contexto europeo, es posible comparar el indicador AROPE para la población mayor de 18 años con ciudadanía del estado de referencia. Estos datos muestran con claridad que, en este colectivo, Euskadi sigue situándose en 2016 entre los países con menor riesgo de pobreza y exclusión en Europa.

Gráfico 8

Gráfico8

En realidad, entre 2008 y 2016, el deterioro comparado del indicador AROPE en Europa se vincula en exclusiva a la población de origen extranjero. De los 2,7 puntos de aumento en el indicador AROPE del País Vasco en ese periodo (y que explican su alejamiento de los niveles de conjunto de los países UE socialmente más favorecidos), 2,5 puntos se asocian en exclusiva a la inmigración extranjera. Contrariamente a lo que cabría pensar, sin embargo, el grupo más perjudicado ha sido el colectivo de población extranjera que ya residía en Euskadi en 2008, menos competitiva de cara al empleo que la llegada con posterioridad a 2008.

PUNTO 5

Resulta sin embargo erróneo pensar que el deterioro observado en el indicador AROPE se traslada de forma automática en Euskadi a los indicadores de pobreza real, objetivos o percibidos. Éstos muestran una mejoría en 2016, tanto en la población de origen nacional como en la de origen extranjero, que los acerca a los niveles mínimos del periodo 2008-2012.

Quizás el dato más llamativo corresponda a la evolución del porcentaje de personas en hogares que se consideran pobres o muy pobres entre la población de origen extranjero. Situado en un 20,8% en 2004, la proporción cae de forma continuada hasta un 11,8% en 2012. Tras remontar a 14,4% en 2014, el indicador vuelve en 2016 a niveles similares a los de 2012, con un 12,1%. Los datos muestran una evidente mejora a largo plazo en la percepción de la situación en este colectivo de máximo riesgo de pobreza y exclusión en Euskadi.

Gráfico 9

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Gráfico 10

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En un contexto de pérdidas todavía significativas de ocupación y de muy superior presencia de inmigración en Euskadi respecto a 2008, sería erróneo no considerar el importante efecto de la política de garantía de ingresos en la consecución de los positivos resultados señalados.

REFLEXIÓN FINAL

Los datos presentados en el artículo ayudan a desentrañar los factores estructurales que han dificultado en los últimos años la prevención de la pobreza en Euskadi. Se trata de una sociedad en la que la crisis ha incrementado las dificultades para ofrecer empleo de calidad suficiente a toda la población autóctona; y también de una comunidad que ha seguido atrayendo después de la crisis a mucha nueva población, sobre todo de origen extranjero. Esta dinámica ha contribuido a crear una realidad social compleja y, en muchos aspectos, contradictoria.

A pesar de este complicado contexto social y demográfico, Euskadi ha conseguido mantener tasas de pobreza y exclusión que resultan comparativamente reducidas en Europa. En gran parte, esto ha sido posible con un esfuerzo muy significativo de apoyo económico a las personas con voluntad de consolidar una nueva vida en su territorio. Un esfuerzo de solidaridad que, en mi opinión, no se ha valorado en su justa medida.

El objetivo de combinación de esta política de lucha contra la pobreza con el necesario apoyo a las nuevas generaciones, muy afectadas por la caída del empleo, no ha resultado fácil y no ha sido ajeno a fuertes tensiones políticas, sociales, económicas e institucionales. Pasados los momentos más difíciles, en especial para el mantenimiento del sistema de garantía de ingresos, resultaría peligroso infravalorar la importancia de lo conseguido y no reconocer el decisivo papel que, en ello, ha tenido el sistema de prestaciones RGI/PCV/AES.

 

Indicadores de pobreza real en España. Luis Sanzo

Introducción y principales resultados

En la aproximación a la pobreza, la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del País Vasco (EPDS) resulta peculiar. Esta circunstancia se vincula al hecho de que fuera diseñada antes de que se lanzaran las estadísticas hoy desarrolladas en España y en Europa (ECV y UE-SILC).

Uno de los fundamentos básicos de la EPDS es la idea de que las situaciones de pobreza real no son consecuencia automática de la presencia de determinados factores de riesgo, sino que dependen de la posición de los hogares ante las distintas dimensiones de pobreza. Los factores de riesgo no se limitan, además, a una insuficiencia temporal de ingresos. También son relevantes la falta de acceso a ciertos bienes y servicios de consumo duradero o la ausencia de un patrimonio de reserva adecuado para afrontar situaciones de crisis.

Partiendo de este planteamiento, además de los tradicionales indicadores de riesgo en la dimensión de ingresos, la EPDS ofrece indicadores similares en la dimensión asociada a las condiciones de vida a medio y largo plazo, y a modo de síntesis del impacto combinado de las situaciones observadas en esas dos dimensiones, un indicador final de pobreza real. Este artículo trata de ofrecer, siguiendo la metodología que se explica en Anexo, una estimación del impacto de estas situaciones de pobreza real en España.

A modo de resumen, los principales resultados del estudio pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

  1. Las situaciones de pobreza real tienen una incidencia significativa en España, afectando en 2016 a un 11,5% de la población. Sin embargo, el impacto de este tipo de pobreza ya era destacado en 2008, antes de la crisis financiera, con un 7,9% de la población con problemas en aquel año.
  2. La principal consecuencia de la crisis ha sido el incremento de las formas más graves de la pobreza real, aquéllas que tienen un impacto social muy grave para la población (en términos de inseguridad alimenticia, pobreza energética o riesgo de endeudamiento). Situadas en un 3,2% en 2006, caracterizan a un 6,2% de la población en 2016, multiplicándose prácticamente por dos.
  3. Casi tres cuartas partes de los problemas de pobreza real detectados se concentran en las comunidades del sur de España, además de Madrid y la Comunidad Valenciana. Aunque tiene una tasa de pobreza real elevada, dentro de este grupo, Extremadura consigue sin embargo situarse entre las regiones con registros más favorables en lo relativo al impacto de las formas más graves de pobreza real.

El impacto de la pobreza real en España

En el gráfico 1 se presenta la estimación del impacto de las situaciones de pobreza real en España para el periodo posterior a la crisis financiera. Los datos revelan que, entre 2008 y 2014, la tasa de pobreza real aumenta en 4,6 puntos, alcanzando un nivel de 12,5% de la población en 2014.

Los datos muestran, sin embargo, que el impacto de partida era ya elevado, con un 7,9% de población afectada en 2008. Entre 2009 y 2011, la incidencia aumenta hasta alcanzar niveles cercanos al 9%. El deterioro posterior de las políticas de protección al desempleo contribuye a un significativo repunte en 2012, con un 10,6% de personas en pobreza real, proporción que aumenta a 10,9% en 2013. El último repunte de magnitud se produce en 2014, alcanzándose en este año el nivel más elevado, con un 12,5% de personas en situación de pobreza real. La recuperación hace retroceder en un punto el indicador en 2015, quedando en un 11,5%, cifra que se consolida en 2016.

Los datos indican, por tanto, tres periodos de incremento de la pobreza real en España, con aumentos anuales de entre 1,3 y 1,6 puntos: de 2008 a 2009, de 2011 a 2012 y de 2013 a 2014 (con datos de renta correspondientes al año anterior). Ponen en evidencia, por otra parte, que el deterioro asociado a la crisis resultado todavía muy evidente en 2016. De esta forma, y a pesar de la recuperación, el 11,5% de 2016 supera todos los registros del periodo 2008-2013, quedando 3,6 puntos por encima del 7,9% de 2008.

Gráfico 1. Evolución de algunos indicadores de pobreza real en España. 2008-2016.

Gráfico1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

 

Como era de esperar, la dinámica del indicador de pobreza real resulta diferente según las comunidades autónomas[1]. En primer lugar, en algunas de ellas, el impacto de la crisis sobre la pobreza real resulta moderado, con aumentos cercanos o inferiores a los dos puntos. Esta evolución caracteriza, por una parte, a algunas comunidades autónomas que, en 2008, se situaban entre las menos afectadas por la pobreza, como el País Vasco, La Rioja, Castilla-León o Aragón, zonas que consolidan en 2016 su posición social comparativamente favorecida (con tasas inferiores al 6,5%). En estos territorios, la significativa reducción de la pobreza real a partir de 2013 (2014 en Castilla-León), compensa en gran medida el importante repunte de la tasa que se observa entre 2010/2011 y 2013 (entre 2008 y 2010 en Castilla y León).

Con una incidencia comparativamente alta o media de la pobreza real en 2008, por su parte, Cataluña y Baleares sufren un aumento del fenómeno superior a la media hasta 2014. En estas dos comunidades, la recuperación económica posterior se traduce sin embargo en una importante caída del impacto de la pobreza real. En Cataluña, esto se traduce en una tasa de 8,8% en 2016, apenas 1,7 puntos superior al 7,1% de 2008. En ambos años, se trata de niveles situados en posiciones intermedias en España, pero en 2016 más cercanos a la parte de las comunidades más favorecidas (con un impacto inferior en -2,7 puntos a la media española en 2016 por -0,8 en 2008). Cataluña, sin embargo, había llegado a tener una tasa del 12,2% en 2014.

Aunque en Illes Balears la tasa de pobreza real no es muy inferior en 2016 a la de Cataluña, con un 8%, la importancia de la recuperación en las islas se traduce en el único caso de caída de la tasa de pobreza real respecto a 2008 (10,6% en aquel momento, con cifras entre 13 y 15,8% en el periodo 2012-2015 que situaban entonces a este territorio entre los más empobrecidos).

La evolución de la Comunidad de Madrid resulta igualmente peculiar por la cercanía de la tasa de pobreza real de 2008 y 2016, con apenas un incremento de 0,8 puntos entre 2008 y 2016. Madrid partía sin embargo de niveles muy superiores a la media española en 2008, con un 11,3% que superaba en 3,4 puntos el 7,9% medio de España. La comunidad madrileña se beneficia paradójicamente a partir de entonces de la emigración y del esfuerzo de protección estatal que supuso el Prodi, con una fuerte reducción de la pobreza real que llevó a situar el indicador en un 6,4% en 2010, entonces claramente por debajo de la media española del 8,9%. La reducción de la protección por desempleo y la eliminación del Prodi provoca sin embargo un fuerte repunte de la pobreza que lleva la tasa a cifras ligeramente superiores al 12% en 2013 y 2014. Tras una ligera mejora en 2015 (11,5%), la pobreza real remonta al 12,1% en 2016, muy cerca del máximo del 12,3% de 2013. Aunque la negativa evolución de otras comunidades sitúa a la comunidad-capital cerca de la media española del 11,5% en 2016, Madrid se mantiene con tasas superiores a esa media en este último año.

Frente al grupo de comunidades señalado, otras zonas de España destacan por el llamativo grado de deterioro de las condiciones de vida durante la crisis, llegando a 2016 con tasas de pobreza superiores en al menos tres puntos a las de 2008. En algunos casos, esto no es suficiente para alejar a ciertos territorios de la posición comparativamente favorecida que tenían en 2008. De esta forma, las tasas de entre el 6,4 y el 7,3% de Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra, se sitúan al menos cuatro puntos por debajo de la media española en 2016, quedando entre el grupo de comunidades con menores tasas de pobreza real en España durante ese año.

La evolución reciente es mucho más preocupante en otras zonas. En este sentido, Castilla-La Mancha y Extremadura se sitúan en 2016, con tasas de 11,5 y 12%, en una posición muy cercana a la de Madrid, cerca de la media española o ligeramente por encima. A diferencia de la capital, sin embargo, en 2008 el impacto de la pobreza real era inferior a la media en estas dos comunidades, con cifras de 7,6 y 6,8%, respectivamente. La dinámica observada entre 2008 y 2016 marca por tanto un significativo deterioro de los indicadores de pobreza real en estas dos comunidades, con incrementos de 3,9 puntos en Castilla-La Mancha y de 5,1 en Extremadura. Además de un primer deterioro a partir de 2009-2010, y que culmina entre 2012 y 2013, la significativa mejora de las tasas en 2014 se ve compensada con repuntes llamativos de la tasa de pobreza real entre 2014-2015 (Castilla-La Mancha) o 2015-2016 (Extremadura).

La tendencia alcista es muy similar en la Comunidad Valenciana, con un aumento de 4,1 puntos entre el 9,7% de 2008 y el 13,9% de 2016. El punto de partida era sin embargo mucho más negativo en esa comunidad, con tasas ya superiores a la media española en 2008 (+1,8 puntos). En 2016, la tasa valenciana se mantiene claramente por encima de la media estatal pero se aleja aún más de ella (+2,3 puntos). Un aspecto a destacar es que el mayor deterioro de la tasa de pobreza real en esta comunidad se produce a partir de 2013. Aunque el 13,9% de 2016 es inferior al máximo del 15,8% de 2014, supone un cambio de tendencia respecto a las cifras cercanas al 10% de 2013 y 2015.

Dinámica del indicador de pobreza real por Comunidades Autónomas. 2008-2016

2008

Mapa 2008

2014

Mapa 2014

2016

mapa 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

El mayor deterioro de la pobreza real en España se produce, en cualquier caso, en las comunidades autónomas de Canarias, Murcia y Andalucía, con incrementos de entre 5,9 y 7,9 puntos entre 2008 y 2016.

Aunque partía de una situación comparativamente mejor que la media en 2008, con una tasa del 6,6%, Murcia es la comunidad autónoma que más sufre el aumento de la pobreza real entre 2008 y 2014, alcanzando en este año un 16,5%, sólo superado por Andalucía (y la ciudad de Ceuta). La nítida mejoría de 2015-2016 no es suficiente y aún sitúa a este territorio 2,5 puntos por encima de la media española en 2016 (14 frente a 11,5%).

Canarias se caracterizaba, por su parte, de la tasa de pobreza real más elevada en España en 2008 (11,7%), sólo superada entonces por Ceuta. En 2011 seguía manteniendo esa posición, ahora por encima de Ceuta, con un 19,8%. La caída al 15,2% de 2014 se ve compensada con un llamativo deterioro a partir de ese año. En 2016, Canarias tiene una tasa de pobreza real que aún alcanza el 17,6%, la segunda más alta de las comunidades autónomas españolas en ese año.

Con una tasa del 18,1%, Andalucía se presenta en 2016 como la región con mayor tasa de pobreza real en España, 7,9 puntos por encima del 10,3% de 2008. Aunque esta comunidad autónoma sufre el incremento del fenómeno entre 2009 y 2010, con un 14,9% en 2010, la tasa había llegado a resituarse en el 12,6% en 2012. A partir de ahí remonta al alza de forma sustancial, alcanzando un 17,5% en 2014. La recuperación económica apenas hace caer el impacto del problema al 17,1% en 2015 para volver a un deterioro en 2016, con un máximo del 18,1%.

El análisis de las tasas de pobreza en España muestra por tanto, en 2016, una realidad muy desigual por territorios. En la parte más favorecida, las tasas se sitúan entre el 4,2 y el 6,6% en el noroeste español (Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Castilla-León, con la única excepción de Galicia), más Navarra y Aragón. Entre un 7,3 y un 8,8%, también claramente por debajo de la media española del 11,5%, se sitúan Galicia, Cataluña y Baleares.

Entre un 11,5 y un 12,1%, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid se sitúan en torno a la media española, en todos los casos con tasas muy superiores al 7,9% que alcanzaba dicha media en 2008. Claramente por encima, la tasa se sitúa entre el 13 y el 14,7% en la Comunidad Valenciana y Murcia (así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). La máxima problemática, con niveles entre el 17,6 y el 18,1%, corresponde en 2016 a Canarias y Andalucía.

Resulta llamativa la diferencia entre dos Españas que pone en evidencia el indicador de pobreza grave. En las comunidades autónomas con incidencia inferior a la media en 2016, el impacto del problema es dos puntos superior al de 2008 (7,1% frente a 5,1%). En las que superan la media, el incremento es de 4,8 puntos (de 10 a 14,8%). Aunque siempre en niveles alejados de la completa superación del problema, tanto en 2008 y 2016, las comunidades que mejor se han enfrentado al fenómeno de la pobreza real se mantienen en los dos periodos en cifras inferiores en un 50% a las del resto.

Otro aspecto que destacar es la fuerte concentración del problema en las comunidades autónomas más desfavorecidas. Un 73,5% de los casos totales de pobreza real se concentran en las comunidades del sur español (Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Murcia), más Madrid y la Comunidad Valenciana. Estas comunidades, sin embargo, ya concentraban un 71,6% de la pobreza real en 2008.

Formas de pobreza real con impacto social muy grave

En el gráfico 1 se presenta igualmente la evolución de la proporción de población que, viviendo situaciones de pobreza real, sufren consecuencias muy graves asociadas a la misma, ya sea en términos de problemas de acceso a una alimentación adecuada, pobreza energética o riesgo de endeudamiento o desacumulación. Los datos del gráfico muestran el sustancial impacto que la crisis ha tenido en el incremento de estas realidades.

En 2008 un 3,2% de la población sufría este tipo de problemas muy graves, asociados a situaciones de pobreza real. De forma paradójica, dado el aumento de la pobreza real (de 7,9% en 2008 a cifras cercanas al 9% en 2009 y 2010), el indicador se reducía al 1,9% en 2009 y al 1,5% en 2010. La paradoja se explica por el inicial efecto positivo del sistema ordinario de protección al desempleo, al que se añaden en ese periodo las nuevas medidas de apoyo a la población parada introducidas por el Gobierno Zapatero. El PRODI tuvo, en este sentido, una importancia destacada por su extensa cobertura de la población no cubierta a través de los mecanismos ordinarios.

Sin embargo, el progresivo agotamiento de los mecanismos ordinarios de protección temporal, junto a los recortes en la protección y la propia desaparición del PRODI, contribuyeron pronto a un cambio radical de tendencia, con fuertes incrementos entre 2010 y 2014 de las problemáticas consideradas. El 3,7% de 2011 ya situaba la proporción de población afectada por encima del 3,2% de 2008 pero el indicador siguió aumentado hasta niveles cercanos al 5,5% en 2012 y 2013 para alcanzar un máximo del 7,1% en 2014. La recuperación apenas permite reducir ligeramente el impacto de la pobreza real con impacto social muy grave, con un 6,4% de población afectada en 2015 y 6,2% en 2016, niveles que suponen doblar prácticamente la tasa de 2008.

En 2016, una proporción significativa de la población española se enfrenta por tanto a situaciones sociales muy graves vinculadas a la pobreza real. Se trata, en cifras absolutas, de unos 2,87 millones de personas, muy por encima de los 1,46 millones de 2008. La cifra se acerca más, en realidad, a los 3,45 millones de personas en situación de pobreza real en 2008. De hecho, uno de los cambios asociados a la crisis es que 2016 revela una proporción de personas en las situaciones más graves asociadas a la pobreza real que resulta muy cercana a la que representaba el conjunto de las situaciones de pobreza real en 2008.

Las diferencias territoriales vuelven a ser llamativas en lo relativo a este indicador. En la parte más favorecida, las tasas son cercanas o inferiores al 3,5% en Galicia, Castilla-León, País Vasco, Navarra y Aragón, pero también se sitúa en este grupo Extremadura. Aunque con una incidencia superior a la media en el indicador general de pobreza real, esta comunidad consigue situarse en la parte menos afectada en lo relativo al impacto de las formas muy graves ligadas a este tipo de pobreza.

En posiciones también comparativamente favorables, pero con tasas entre 4,2 y 5,1% se encuentran Asturias y Cantabria, además de Cataluña e Illes Balears. La Rioja y Madrid se sitúan en niveles cercanos a la media española en este indicador, con cifras entre 6,2 y 6,4%.

Ya claramente por encima de la media, la proporción de personas afectadas se sitúa entre el 7,8 y el 8,4% en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Canarias. El porcentaje llega al 9,2% en Andalucía, alcanzando un máximo del 10,4% en la Región de Murcia. En las cinco comunidades autónomas señaladas, la proporción de personas que asocian la pobreza real a un impacto social muy grave es similar o superior al impacto general que tenía en España toda la pobreza real en 2008 (7,9%). Se trata de un cambio cualitativo fundamental, con máximos situados entre el 4,3 y el 5,7% en 2008 (Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, entonces).

Los 1,65 millones de personas afectadas en las cinco comunidades autónomas señaladas suponen un 57,6% del total de personas que asocian los problemas de pobreza real a consecuencias sociales muy graves de inseguridad alimenticia, pobreza energética o endeudamiento graves. La cifra llega a 2,05 millones de personas con problemas si se incluye a la Comunidad de Madrid (recogiendo el 71,4% de todos los casos de pobreza real con impacto social muy grave).

Sin embargo, la problemática de la pobreza real con impacto social muy grave es una realidad que está también al alza en las comunidades que mejor han sabido afrontar este fenómeno. Así, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra, destacan por tener en 2016 un porcentaje de situaciones de pobreza real con impacto social muy grave que resulta más de un 20% superior a la tasa general de pobreza real conjunta que tenían en 2008. De esta forma, aunque sus tasas de pobreza real sean comparativamente bajas, las formas más graves de la misma tienen una presencia significativa en unas comunidades que, en su mayoría, mantuvieron durante varios años el ritmo de atracción de población inmigrante tras la crisis de 2008.

Pobreza real con impacto social muy grave por Comunidades Autónomas. 2016

Mapa pobreza real

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

 

ANEXO ESTADÍSTICO

Evolución del indicador de pobreza real por Comunidades Autónomas. 2008-2016

Comunidad Autónoma 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Galicia 3,7 7,1 7,1 5,8 7,5 7,2 7,5 6,4 7,3
Asturias 2,7 5,0 2,9 2,1 9,0 6,9 8,0 7,7 6,4
Cantabria 3,1 5,7 8,0 9,5 5,5 6,3 6,3 7,5 6,5
País Vasco 2,4 2,9 2,8 3,3 4,2 7,5 5,5 5,2 4,4
C.F.Navarra 1,9 5,3 3,5 2,0 3,1 1,7 6,7 4,6 6,6
La Rioja 5,1 5,4 6,6 9,4 9,5 10,1 7,9 7,9 6,4
Aragón 3,4 3,1 3,5 5,5 7,6 8,7 7,4 4,6 4,2
Madrid 11,3 10,1 6,4 9,3 9,8 12,3 12,1 11,5 12,1
Castilla-León 3,9 6,7 7,0 6,1 6,0 7,4 9,4 7,4 5,9
Castilla-La Mancha 7,6 6,9 9,2 7,2 13,7 12,9 9,4 11,6 11,5
Extremadura 6,8 9,2 17,1 9,7 10,9 10,2 8,6 8,9 12,0
Cataluña 7,1 11,0 5,4 7,3 11,0 8,9 12,2 10,6 8,8
Valenciana 9,7 10,3 7,7 9,0 11,5 10,5 15,8 10,1 13,9
Illes Balears 10,6 10,8 8,5 9,7 15,8 13,0 14,4 14,4 8,0
Andalucía 10,3 10,2 14,9 13,0 12,6 14,4 17,5 17,1 18,1
Murcia 6,6 10,9 18,2 9,7 13,9 14,0 16,5 16,9 14,0
C.A.Ceuta 20,2 22,9 21,5 13,9 29,5 29,8 20,4 14,4 14,7
C.A.Melilla 10,0 14,9 14,9 17,0 9,7 14,6 14,3 11,8 13,0
Canarias 11,7 13,9 16,0 19,8 15,4 15,7 15,2 18,9 17,6
Total 7,9 9,2 8,9 9,0 10,6 10,9 12,5 11,5 11,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

Evolución del indicador de pobreza real con impacto social muy grave por Comunidades Autónomas. 2008-2016

Comunidad Autónoma 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Galicia 1,7 0,9 1,5 2,4 3,3 2,5 3,5 3,8 3,4
Asturias 0,5 0,0 0,5 1,0 3,4 3,9 6,3 5,2 4,3
Cantabria 0,2 0,5 0,3 4,4 2,0 3,9 5,0 5,9 4,7
País Vasco 1,2 0,7 0,1 2,1 2,2 4,7 3,8 3,2 3,2
C.F.Navarra 1,6 1,3 0,7 1,5 2,4 1,3 4,4 2,0 2,9
La Rioja 1,4 0,6 0,5 7,2 4,7 8,1 5,1 5,6 6,4
Aragón 1,4 0,1 0,9 1,7 2,2 5,5 4,4 2,7 2,6
Madrid 5,7 2,0 1,1 2,4 4,9 6,7 6,7 6,6 6,2
Castilla-León 0,8 0,4 0,9 2,5 3,6 3,0 4,2 4,2 2,1
Castilla-La Mancha 4,5 0,8 0,9 4,2 6,7 7,4 6,7 6,6 7,8
Extremadura 1,9 0,5 2,2 1,9 5,7 3,7 1,7 4,5 3,5
Cataluña 2,3 1,8 1,7 2,8 6,2 4,5 6,6 7,0 5,1
Valenciana 5,7 3,3 1,2 3,5 5,5 6,1 10,6 4,6 8,4
Illes Balears 1,9 1,5 2,3 6,8 7,6 9,2 10,4 9,2 4,2
Andalucía 3,5 2,5 1,9 6,0 7,5 6,5 9,5 8,6 9,2
Murcia 4,3 5,1 7,1 4,0 8,4 9,2 11,1 9,0 10,4
C.A.Ceuta 4,3 6,0 0,0 9,9 22,0 18,5 12,1 13,8 3,9
C.A.Melilla 8,3 0,9 0,3 5,9 2,8 7,7 10,9 11,6 10,3
Canarias 2,5 3,6 1,0 7,5 4,5 8,7 6,4 9,8 8,0
Total 3,2 1,9 1,5 3,7 5,5 5,7 7,1 6,4 6,2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.


ANEXO METODOLÓGICO

La aproximación al estudio del impacto de la pobreza real se ha basado en el intento de aplicar los principios utilizados en la EPDS vasca a los datos de la ECV para el conjunto de España. La EPDS revela, en este sentido, que las situaciones reales de pobreza no sólo dependen de la situación de ingresos existente sino del acceso adecuado a bienes y servicios de consumo a medio y largo plazo y de un mínimo patrimonio de reserva para afrontar situaciones de crisis.

Teniendo en cuenta algunas limitaciones de información de la ECV, se ha determinado qué información disponible en esta última encuesta podría servir para obtener una aproximación al indicador de pobreza real de la EPDS. Del análisis realizado, se concluye que pueden considerarse en situación de pobreza real a los hogares en los que se detectan, en la ECV, las siguientes situaciones:

  1. Disponer de ingresos inferiores al 40% de la mediana de ingresos equivalentes PPC por unidad de consumo y tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva.
  2. Disponer de ingresos entre el 40% y el 50% de la mediana de ingresos equivalentes PPC por unidad de consumo, tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva y, además, una situación en la que se combinan problemas de impago (uno o más) y falta de cobertura de las necesidades de alimentación (pregunta HS050 de la ECV).
  3. Disponer de ingresos entre el 40% y el 50% de la mediana de ingresos equivalentes PPC por unidad de consumo, tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva y, además, una situación en la que se combinan problemas graves de impago (dos o más) y problemas para alcanzar una temperatura adecuada durante los meses de invierno (pregunta HH050 de la ECV).

Se considera que existen problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva, cuando está presente en el hogar alguna de las siguientes circunstancias:

*  Falta de capacidad para afrontar gastos imprevistos.

*  Tres o más carencias en lo relativo al acceso a los siguientes bienes (teléfono, TV color, ordenador, lavadora).

*  Ausencia de agua corriente, o bañera/ducha, en la vivienda o sus anexos.

Por su parte, la aproximación a los impagos tiene en cuenta, de forma acumulada, los distintos tipos de impagos previstos en la ECV (HS011, HS021 y HS031).

En la aproximación a la disposición de ingresos se ha tenido en cuenta el impacto diferencial de los precios por territorios. A tales efectos, y tomando la media española como base de referencia, en la ECV se han ajustado (al alza o a la baja) los ingresos reales de los hogares a las paridades de poder de compra (PPC) entre comunidades autónomas, determinadas en términos de garantía de un nivel de bienestar equivalente para distintos niveles de precio.

Estas PPC se han estimado a partir de las respuestas ofrecidas por los hogares en la pregunta de la ECV relativa a la cuantía necesaria para llegar a fin de mes (HS130), calculada por unidad de consumo. Dado el limitado tamaño muestral de esta operación estadística, y teniendo en cuenta dinámicas cercanas de percepción de costes asociados a la idea de llegar a fin de mes, la aproximación se ha realizado para las siguientes comunidades autónomas o agrupaciones de comunidades autónomas:

*  Madrid.

*  Cataluña/Baleares.

*  Navarra.

*  País Vasco.

*  Aragón, Rioja, Cantabria, Asturias, Castilla-León y Galicia.

*  Comunidad Valenciana.

*  Canarias.

*  Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Ceuta/Melilla.

*  Extremadura.

Para neutralizar el impacto de las estructuras de costes diferenciadas, ligadas al ciclo de vida, el procedimiento se ha aplicado de manera diferenciada para tres tipos de hogares, en función de la edad de su persona de referencia (< 45 años; 45-64 años, 65 y más años). De cara a eliminar los condicionantes ligados a la percepción diferenciada de necesidades de la población más alejada de la pobreza, por otra parte, en la aproximación se ha trabajado en exclusiva con hogares situados en los niveles 1 a 3 de la HS120 de la ECV, esto es, hogares que señalan llegar al menos con cierta dificultad a fin de mes.

Debe recordarse finalmente, para entender el significado de los ingresos PPC considerados, que éstos corresponden siempre a la renta estimada para el año anterior al de realización de cada operación anual de la ECV.

En el estudio, se han determinado igualmente unas situaciones de especial gravedad dentro de la pobreza real, entendiendo por tales aquellas que vienen asociadas a consecuencias sociales muy graves para las personas afectadas (impacto social muy grave). En este sentido, las situaciones de pobreza con impacto social muy grave son aquellas en las que, además de pobreza real, están presentes algunas de las siguientes situaciones:

  1. Problemas de impagos (uno o más), indicativos de una línea de endeudamiento muy grave.
  2. Problemas de falta de cobertura de las necesidades de alimentación, indicativos de una inseguridad muy grave en el acceso a la alimentación.
  3. Problemas para alcanzar una temperatura adecuada durante los meses de invierno, indicativos de condiciones muy graves de pobreza energética.

Se entiende que, al asociarse a una situación general de pobreza real, la presencia de alguna de estas realidades es indicativa de un proceso muy grave de empobrecimiento o desacumulación.

NOTAS

[1]   El análisis territorial pretende reflejar tendencias más que conclusiones definitivas. Dos aspectos condicionan, en este sentido, los resultados: por una parte, el bajo tamaño de la muestra para la mayor parte de las comunidades autónomas, en especial las de menor población en España; por otra, la falta de experiencia de investigación en una aproximación basada en el uso de ingresos PPC (Paridad de Poder de Compra), uno de los aspectos que configuran el marco metodológico de este trabajo.

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