Riesgo de pérdida de bienestar y reacción pensionista ante la política de (no)revalorización de las pensiones. Luis Sanzo

Introducción

El presente artículo sitúa las bases objetivas, ligadas al riesgo de pobreza y ausencia de bienestar, que explican la relevancia del proceso de movilización de la población pensionista contra la política estatal de (no)revalorización de las pensiones. Esta movilización constituye, en cierta forma, un levantamiento social contra la aplicación del 0,25% de incremento aprobado por el Gobierno de España, muy inferior al aumento observado en el índice general de precios.

El estudio se basa en el método alternativo de aproximación a la pobreza y al bienestar cuyo contenido se detalla en el siguiente artículo, método que permite una aproximación homogénea a la situación existente en las distintas comunidades autónomas españolas. Delimita, en este sentido, indicadores de pobreza/bienestar que permiten una comparación efectiva entre las distintas comunidades autónomas en España.

En este artículo se utilizan tres indicadores básicos, ajustados de acuerdo con el método señalado:

  1. El indicador ajustado de pobreza grave (40% de la mediana).
  2. El indicador ajustado de ausencia de bienestar, o falta de capacidad para acceder a los niveles mínimos de bienestar esperados en nuestra sociedad (60% de la mediana).
  3. El indicador ajustado de bienestar esperado, o falta de capacidad para acceder al bienestar general esperado (de acuerdo con las respuestas dadas a la pregunta HS120 de la ECV, relativa a los ingresos mínimos señalados por cada hogar para llegar a fin de mes).

La distinción entre hogares pensionistas y no pensionistas se basa en el origen principal de los ingresos disponibles en el hogar (pensiones u otras fuentes).

El estudio se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el año 2015 (datos de renta 2014). Los datos se aplican a la población residente en las viviendas analizadas encuestadas en la ECV.

Precariedad comparada en hogares pensionistas y no pensionistas

Como es bien conocido, una de las principales líneas argumentales en la investigación de la pobreza en España ha sido insistir en la precariedad diferencial de la población residente en hogares no pensionistas. Es un hecho difícilmente rebatible que muestra uno de los principales éxitos de la política social en el periodo democrático posfranquista, la reducción y contención de la pobreza entre la población pensionista.

Los datos presentados en los gráficos 1 y 2 avalan la evidencia señalada. En el primero de ellos se comprueba, en este sentido, que la tasa de riesgo de pobreza grave es 2,6 veces superior en la población residente en hogares no pensionistas (12,7% frente a 4,8% en la pensionista). La tasa de riesgo de ausencia de un nivel mínimo de bienestar (60% de la mediana) es también claramente superior en los hogares no pensionistas (22,8% frente a 15,6% en los pensionistas). Sólo se observa un cierto equilibrio en lo relativo al indicador de acceso al bienestar general esperado. En este caso, el riesgo afecta a un 43,5% de la población en hogares no pensionistas, algo por debajo del 45,6% que corresponde a las personas residentes en hogares pensionistas.

Gráfico 1

Las diferencias, en perjuicio de los hogares no pensionistas, son aún mayores al considerar la distancia al umbral de precariedad, tal y como se constata en el gráfico 2. El índice FGT-2 de pobreza grave acumulada (equivalente a ingresos nulos) es 3,6 veces superior en los hogares no pensionistas (5,7% frente a 1,6% en los pensionistas) y resulta 2,5 veces mayor en lo relativo al indicador FGT-2 de ausencia de bienestar asociado al 60% de la mediana (9,8 frente a 3,9%).

Por otra parte, aunque es inferior la proporción de personas en hogares no pensionistas con carencias en el acceso al bienestar general esperado, la distancia al umbral de los ingresos disponibles es muy superior en las personas en riesgo en los hogares no pensionistas (41,4% frente a 29,7%). El resultado es un índice FGT-2 mucho más elevado en estos hogares: 18% frente a 13,5% en los hogares no pensionistas.

Gráfico 2

Pero, siendo cierta la distancia observada entre hogares pensionistas y no pensionistas, y también la dimensión positiva de la política social asociada a las pensiones en España, no puede olvidarse el significado real de los datos presentados en relación con la población vinculada a hogares pensionistas. La protección a este tipo de hogares ha contribuido sin duda a situar la pobreza grave como problema social minoritario entre la población pensionista pero, ni siquiera en este caso, ha conseguido eliminarla por completo. Además, muchas personas en hogares pensionistas se mantienen fuera del marco de bienestar esperado en nuestra sociedad, entre un 15,6% y un 45,6% de la población según se consideren los niveles mínimos de bienestar esperados o los que podrían considerarse propios del bienestar más general al que aspira la población en nuestro país.

Es importante por tanto no perder de vista que una mejor posición comparada no significa automáticamente ausencia de problemas. Y este hecho es importante para entender el profundo descontento que revela la reacción pensionista en las calles.

Las implicaciones de una política de pérdida de poder adquisitivo en los hogares pensionistas

La estrategia española con las pensiones se orienta sin duda al mantenimiento de su valor adquisitivo pero contemplando, en caso de no ser viable este objetivo, una línea de reducción de este valor. Esta línea se vincula tanto a aspectos ligados al posible incremento de la esperanza de vida como a una reducción progresiva del nivel real de las pensiones como resultado de un crecimiento inferior al de la inflación. Pero las consecuencias de la pérdida de calidad de vida asociada son claramente percibidas por la población pensionista.

Analizando lo que está en juego para este colectivo, en términos de proporción de personas potencialmente afectadas a medio plazo por una desvalorización hipotética del 15% en los ingresos pensionistas, puede comprobarse que su impacto sobre las tasas de riesgo de pobreza grave sería significativo pero no cuantitativamente determinante. Como puede verse en el gráfico 3, la tasa de riesgo de pobreza grave sólo aumentaría del 4,8 al 6,8%.

El aumento del riesgo de ausencia de bienestar resultaría socialmente mucho más importante. En el caso del indicador de bienestar mínimo (60% de la mediana), un deterioro del 15% en la capacidad adquisitiva haría pasar la tasa de riesgo de un 15,6 a un 25,5% entre la población en hogares pensionistas. En lo relativo al bienestar general esperado, una desvalorización del 15% supondría una variación igualmente relevante, pasando la proporción de personas afectadas del 45,6 al 56,9%. La perspectiva de deterioro, que ya concierne a la mitad del colectivo, se extendería al 65,4% de la población considerada si el peligro de desvalorización llegara hasta el 30%. El riesgo de pérdida de calidad de vida tiene por tanto una dimensión cualitativa y cuantitativa indudable en la población pensionista en España.

Gráfico 3

Los datos presentados muestran que el impacto mayor de la desvalorización correspondería a aquellos colectivos que verían peligrar el acceso al bienestar en España. Considerando inicialmente el indicador del 60% de la mediana (gráfico 4), que refleja el nivel de bienestar mínimo esperado por la población, antes y después de considerar una caída de valor del 15% de los ingresos pensionistas, se observan al respecto algunos hechos relevantes por comunidades autónomas.

El principal aspecto a destacar es que, una vez considerada la desvalorización potencial señalada, el riesgo de ausencia de un bienestar mínimo podría afectar a un porcentaje de población en hogares pensionistas cercano o superior al 27,5% de la población en las comunidades del sur y sudeste (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura), Madrid y Canarias/Illes Balears. Las cifras se situarían entre el 19 y el 23,2% en el noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja), Navarra/Aragón y Cataluña. Por debajo quedarían únicamente Castilla-León y el País Vasco, con un 15,3 y un 7,2%, respectivamente.

Salvo en el País Vasco, donde la tasa aumentaría apenas en 3,5 puntos, en los demás casos la desvalorización tendría un notable efecto, con un incremento de entre 7,4 y 9,9 puntos en el riesgo de ausencia de un mínimo bienestar (60% de la mediana) en la mayor parte de las comunidades autónomas. El aumento sería aún mayor en el sur y sudeste español, con 10,6 puntos de incremento en Andalucía/Murcia, 12,8 en la Comunidad Valenciana y 15,9 en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Gráfico 4

En la aproximación al bienestar general esperado, en caso de una desvalorización equivalente al 15% de los ingresos actuales, los datos del gráfico 5 muestran que en casi todas las comunidades españolas la mayoría de la población en hogares pensionistas quedaría fuera de la oportunidad de acceso a ese nivel de bienestar. En las comunidades del sur y del sudeste (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura) y en Madrid, la proporción superaría incluso el 60%. En Navarra/Aragón, la proporción sería del 40,2%, con un mínimo del 32,1% en el País Vasco. Incluso en este territorio, por tanto, el deterioro situaría fuera del bienestar general esperado a cerca de una tercera parte de la población en hogares pensionistas.

El deterioro sería significativo y generalizado respecto a la situación actual, con aumentos del indicador de ausencia de bienestar esperado que resultarían cercanos o superiores a los 7 puntos en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos potenciales corresponderían a Andalucía/Murcia (13,3 puntos) y a Castilla-León (17,6 puntos).

Gráfico 5

La dimensión cuantitativa del colectivo que podría sufrir este proceso de deterioro en las condiciones de vida es evidente. El 56,9% de población en hogares pensionistas que podrían sufrir una pérdida muy directa en sus niveles de bienestar, ya sea en términos de acceso al nivel mínimo o al nivel general esperado, suponen cerca de 7 millones de habitantes en España (6,89 en concreto). La potencial desvalorización de las pensiones afecta sin embargo a las más de 12 millones de personas que viven en hogares en los que la fuente principal de ingresos está constituida por las pensiones.

Teniendo en cuenta los datos presentados, es poco probable que la crisis planteada pueda ser fácilmente gestionada, sin reajuste al alza en las revalorizaciones a realizar por el Gobierno de España. Esta realidad plantea sin embargo una cuestión asociada, relativa a la distribución de los recursos procedentes de la protección pública entre la población. Aunque es preciso apoyar al colectivo pensionista en su objetivo de limitación del deterioro de sus niveles de bienestar, resulta imprescindible evitar en paralelo una salida que se traduzca de nuevo en la falta de consideración a las necesidades de la población más desfavorecida en los hogares no pensionistas.

El mito de la igualdad (4): La desigualdad territorial como fundamento de la política de igualación en España, el caso de la protección a los hogares con hijos o hijas dependientes

Introducción

Resulta dominante en España la concepción que asocia las variaciones en el impacto de la pobreza a la tradicional división entre comunidades ricas y pobres. Esta visión contribuye a consolidar una política social que, en aplicación de principios de igualdad, considera natural priorizar la atención a la población desfavorecida de los territorios menos ricos. Este modelo legitima, sin embargo, la desigual protección que sufre la población desfavorecida de algunas comunidades.

Tomando como ejemplo a la población en hogares con hijos y/o hijas dependientes (1), este artículo resume y ordena los mecanismos que sitúan en posición de desigualdad en el acceso a la protección a ciertos grupos según su lugar de residencia. Los distintos modelos territoriales de bienestar resultantes se perfilan en el apartado de conclusiones.

El análisis se basa en los resultados ajustados que se derivan del método alternativo cuyo contenido se detalla en el primer artículo de esta serie. El estudio se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el año 2015 (datos de renta 2014). Los datos se aplican a la población residente en las viviendas analizadas encuestadas en la ECV.

El efecto homogeneizador del coste de acceso al bienestar, con efectos negativos evidentes en Madrid y Cataluña

Antes de transferencias sociales, teniendo en cuenta en exclusiva los ingresos propios procedentes de la actividad económica, la división entre comunidades ricas y pobres en España resulta sin duda explicativa. Determina en general la probabilidad de que la población en hogares con menores consiga acceder o no a los niveles de bienestar esperados. Como se observa en el gráfico 1, frente a la media de un 55,2% de estos hogares con problemas para acceder al bienestar en el conjunto de España, la proporción es inferior al 37,5% en el País Vasco y Navarra/Aragón, del 42,4% en Cataluña y del 46% en Madrid.

En una posición cercana a la media, las regiones del noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja) y Castilla-León) se sitúan en torno a un 53-54%, con un 56,7% en Canarias y Baleares. En la parte más desfavorecida, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha/Extremadura tienen tasas cercanas al 66%. Finalmente, un 71,4% de las personas en hogares con menores quedan, con sus ingresos por actividad económica, fuera del bienestar esperado en Andalucía/Murcia.

Gráfico 1

Gráfico 1

El sentido de las diferencias se mantiene al considerar las tasas de pobreza grave (40% de la mediana)(2) asociadas a los ingresos por actividad económica, sin transferencias sociales. Antes de considerar el coste de acceso al bienestar en cada territorio, como muestra el gráfico 2, todavía un 23,4% de la población de los hogares con menores se enfrenta a este tipo de pobreza en el conjunto de España. La proporción es claramente inferior en los territorios con mayor PIB per cápita: menos del 14% en Navarra/Aragón y el País Vasco, 16,9% en Madrid y 18% en Cataluña.

Pero, entre otras cosas porque las diferencias de oportunidades económicas atraen a las personas con menores recursos hacia las zonas más prósperas, el análisis de las tasas de pobreza introduce ya claros matices. Así, entre los territorios con menos pobreza aparecen algunos situados en la periferia del crecimiento económico en España. En particular, con un 16,6%, el bloque conformado por Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja se sitúa con una tasa de pobreza con ingresos por actividad económica inferior a la de Madrid o Cataluña. Aunque resulta superior a las de estas dos comunidades, la tasa de riesgo no se aleja ya tan claramente de ellas en Castilla-León (21%) o en la Comunidad Valenciana (21,2%).

Pero la tasa sigue siendo elevada en el resto de territorios. Llega al 26,3% en Canarias y Baleares, al 28,6% en Castilla-La Mancha/Extremadura y a un máximo del 38% en Andalucía/Murcia.

Gráfico 2

Gráfico 2

Las cifras señaladas con anterioridad no tienen en cuenta las fuertes diferencias existentes en el coste de acceso al bienestar en cada territorio. Una vez considerado, se observan algunos hechos relevantes, ligados a la dimensión en general homogeneizadora de este factor. El más destacado es la significativa reducción del impacto de las situaciones de riesgo de pobreza grave antes de transferencias en la mayor parte de las comunidades más desfavorecidas.

Como se comprueba en el mismo gráfico 2, en la aproximación ajustada en función del coste de acceso al bienestar, el impacto de la pobreza grave en hogares con menores se reduce entre 4,6 y 5,3 puntos en Castilla-León y las regiones del sur (Andalucía/Murcia y Castilla-La Mancha/Extremadura). La reducción es de 2 a 2,3 puntos en Navarra/Aragón y las regiones del noroeste español. Se sitúa entre 1,1 y 2 puntos en el resto de las comunidades autónomas, con la única excepción de Madrid y Cataluña. En la primera de esas comunidades, al considerar el coste de acceso al bienestar, la tasa de riesgo de pobreza aumenta en 2,1 puntos. El incremento es de 0,9 puntos en Cataluña.

El resultado es un acercamiento a la media española, situada en un 21,6%, de Madrid y Cataluña, con cifras cercanas en ambos casos al 19%, apenas un punto por debajo del 20,1% de la Comunidad Valenciana. Las tasas de riesgo de Madrid y Cataluña se alejan ahora claramente de los niveles cercanos o inferiores al 14% de Navarra/Aragón (7,7%), País Vasco (12,4%) y Galicia/Asturias/Cantabria/La Rioja (14,2%). Pero no sólo de eso territorios. Castilla y León, con un 16,4%, también queda claramente por debajo del riesgo pobreza grave de Madrid y Cataluña.

En la parte más desfavorecida, se acercan a la media española Castilla-La Mancha/Extremadura, con un 23,5% que ahora queda por debajo del 25% de Canarias/Illes Balears. La tasa de Andalucía/Murcia es la única en superar el 30% (32,7%).

Es importante destacar, sin embargo, que las tasas de pobreza acentúan las diferencias territoriales reales. Estas diferencias se reducen si se considera, además de la proporción de personas afectadas, la distancia existente respecto al umbral de pobreza grave. Como se observa en el gráfico 3, en el índice FGT-2 de riesgo de pobreza grave acumulada (equivalente a ingresos 0), ajustado en función del coste de acceso al bienestar, Navarra/Aragón se sitúa en los niveles más bajos con un 3,2%. La cifra es de 7,8-8,6% en las regiones del noroeste (Galicia/Asturias/Cantabria/La Rioja) y en País Vasco. Algo por debajo de la media española del 11,2%, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana se sitúan entre el 9,9 y el 10,5%, muy cerca del 11% de Castilla-León y del 12,1% de Castilla-La Mancha/Extremadura. Canarias/Illes Balears y Andalucía/Murcia son las regiones más afectadas. Con cifras cercanas al 15%, quedan sin embargo más cerca del intervalo central que lo que reflejaban las tasas de riesgo.

Como puede comprobarse, la radical separación entre comunidades no resulta ya tan decisiva. Fuera de los polos extremos que representan Navarra/Aragón, en la parte favorable, y Canarias/Illes Balears y Andalucía/Murcia, en la desfavorable, el resto de las comunidades autónomas se sitúan un intervalo de 4,3 puntos en el índice FGT-2, entre el 7,8% de las regiones del noroeste y el 12,1% de Castilla-La Mancha/Extremadura. Entre ellas las tres comunidades “ricas”: Madrid y Cataluña pero también Euskadi.

Gráfico 3

Gráfico 3

Una protección estatal insuficiente y territorialmente muy desigual, en perjuicio de las personas en riesgo de las comunidades consideradas ricas y de las islas

El acercamiento entre comunidades se acentúa con la política de transferencias estatales. El gráfico 4 muestra la distancia al umbral de pobreza grave que consiguen reducir las transferencias sociales del Estado (3), teniendo en cuenta el coste de acceso al bienestar. Como puede comprobarse, la reducción de la distancia al umbral es muy limitada en Madrid, Cataluña y, de forma especialmente llamativa, en el País Vasco. Frente a una reducción media de la distancia al umbral del 40,7% en el conjunto de España, el nivel se reduce al 34,6% en Cataluña, al 30,6% en Madrid y a un mínimo del 20,6% en Euskadi.

En el polo opuesto, la reducción de la distancia al umbral es superior al 45% en las comunidades del sur (46,1% en Castilla-La Mancha/Extremadura y 49,9% en Andalucía/Murcia) pero también en Navarra/Aragón (56,8%). En las posiciones intermedias, la reducción de la distancia se sitúa entre un 38,1 y un 39,1% en Canarias/Illes Balears y la Comunidad Valenciana y ligeramente por encima del 40% en Castilla-León y las regiones del noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja).

Gráfico 4

Gráfico 4

Las diferencias en la protección son aún más llamativas al considerar el gasto por persona que realiza el Estado, tal y como se muestra en el gráfico 5. En la atención a personas en riesgo de pobreza grave, las transferencias estatales alcanzan un máximo de 1.567 euros en Castilla-León. Las cuantías se sitúan entre 1.309 y 1.425 euros en las regiones del noroeste, Canarias/Baleares, el conjunto del sur español (Andalucía/Murcia y Castilla-La Mancha/Extremadura) y Navarra/Aragón. En fuerte contraste, las cifras más bajas se observan en Euskadi, con 947 euros, y en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, con cifras entre 1.011 y 1.098 euros.

Gráfico 5

Gráfico 5

Nota: Datos en personas equivalentes, teniendo en cuentas las escalas de equivalencia aplicadas.

En términos relativos respecto a la media española, la aportación estatal por persona pobre en hogares con menores dependientes es un 24,7% inferior en Euskadi, un 19,6% en Madrid, un 16,3% en Cataluña y un 12,7% en la Comunidad Valencias. Es superior en cambio en un 4,1% en Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja, entre un 10,6 y un 13,3% en las regiones del sur, Canarias/Baleares y Navarra/Aragón. La aportación por persona en riesgo de pobreza en Castilla-León supera en un 24,6% la media española.

Gráfico 6

Gráfico 6

El resultado es una casi completa igualación. Con las transferencias del Estado, y neutralizado el factor diferencial del coste de acceso al bienestar, prácticamente todas las comunidades autónomas se caracterizan por un FGT-2 situado en un intervalo entre un 6,2 y un 7,6% en el caso de los hogares con menores. Sólo queda por encima de ese intervalo Canarias/Illes Balears, con un 9,1% y, por debajo, Navarra/Aragón (1,4%) y las regiones del noroeste (4,5%). Entre las tres regiones tradicionalmente líderes en la economía española, sólo Cataluña queda por debajo de la media española, con un 6,5%. Ligeramente por encima, País Vasco y Madrid marcan índices de 6,9% y 7,3%, cerca del 7,6% de Andalucía/Murcia. Sólo Canarias/Illes Balears superan estos niveles con un 9,1%.

Gráfico 7

Gráfico 7

El impacto del sistema asistencial en el País Vasco

Los índices señalados, marcados por la igualación, no pueden sin embargo ocultar que quedan muy lejos de conseguir una corrección suficiente del impacto de la pobreza. La tasa de pobreza grave, tras las transferencias estatales sigue siendo muy alta, con un 14,7% de personas afectadas en España en términos del indicador ajustado. Únicamente Navarra/Aragón consigue situarse claramente por debajo del nivel del 10% (5,1%). Ésta es la principal razón por la que las comunidades autónomas han tratado de intervenir en la política de garantía de ingresos, haciendo uso de sus competencias constitucionales en materia de Asistencia Social.

Han sido precisamente las comunidades llamadas “ricas” las que han apostado más claramente por estas actuaciones, junto con Castilla-León y Asturias, dentro de las regiones del noroeste. Sin embargo, al menos en 2015 (renta 2014), la aportación es casi siempre limitada, incluso en comparación con las transferencias estatales. Se sitúa entre 211 y 286 euros por persona en riesgo tras las transferencias estales en Navarra/Aragón, Madrid, Cataluña y Castilla-León. La única excepción, que explica sus bajos índices comparados de pobreza grave, es la del País Vasco. En este caso, la aportación es de 1.544 euros por persona en hogares con menores y en riesgo de pobreza después de las transferencias sociales del Estado.

Gráfico 8

Gráfico 8

Conclusión

Los datos revelan la existencia de modelos de bienestar muy diferenciados en España y en general con limitada capacidad para reducir el impacto de la pobreza grave entre los hogares con hijos o hijas dependientes. Destacan los siguientes casos, definidos de acuerdo con el nivel del índice FGT-2 de distancia acumulada al umbral de pobreza grave:

1. En la parte más favorecida, Navarra/Aragón son las únicas comunidades autónomas en las que sus hogares con menores se sitúan en niveles de pobreza graves bajos con los ingresos por actividad económica. Son además los territorios que más se benefician del sistema de transferencias estatales, con una participación igualmente significativa en el sistema de rentas mínimas autonómicas. El índice FGT final es apenas del 1,1% en relación a la pobreza grave.

2. El País Vasco no consigue acercarse a los niveles de esas comunidades autónomas pero sí se consolida entre los territorios con menor impacto de la pobreza grave acumulada en España. Sólo lo consigue sin embargo con su sistema de protección autonómico, el único en aportar más protección a la población de la comunidad autónoma que el sistema de transferencias sociales del Estado. El índice FGT-2 de pobreza grave es comparativamente bajo, con un 3,6%.

3. En el resto de comunidades autónomas, el elemento central de la protección se vincula a las transferencias estatales. Gracias a ellas, las regiones del noroeste español (Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja) se sitúan cerca del nivel de Euskadi, con un índice FGT-2 del 4,2%, una realidad que caracteriza en gran medida igualmente a Castilla-León, con un 5,6%. La acción protectora estatal sitúa entre el 6,1 y el 7,1% a las regiones del sur (Castilla/La Mancha/Extremadura, Andalucía/Murcia) y la Comunidad Valenciana.

Aunque responde al mismo modelo de protección, el coste diferencial de acceso al bienestar en estas comunidades autónomas coloca a Canarias/Illes Balears en la peor posición, con un FGT-2 de pobreza grave del 8,5%.

4. A pesar de no sufrir tan drásticamente la falta de protección estatal que caracteriza a Euskadi, Madrid y Cataluña comparten con ella el limitado impacto comparado de las transferencias del Estado. No es suficiente ser las dos regiones líderes en la economía española ni tener menor riesgo con los ingresos por actividad económica que las comunidades autónomas del bloque anterior: la menor intensidad relativa de la protección estatal, no compensada con una política de rentas mínimas autonómicas al estilo vasco, sitúa a estas comunidades en torno al nivel medio de España, con 5,8% en Cataluña y 6,6% en Madrid. Es la principal paradoja, o contradicción, del sistema español de protección social.

Gráfico 9

Gráfico 9

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NOTAS

(1) El concepto de hijos e hijas dependientes incluye, en la aproximación del INE, a algunas personas mayores de edad pero corresponde en la mayor parte de los casos a población menor. Por esa razón, en el artículo se utiliza el término de hogares con menores como equivalente al de hijos/as dependientes.

(2) Las referencias a la pobreza grave, a lo largo del artículo, deben entenderse en términos de situaciones de riesgo.

(3) Los indicadores después de transferencias sociales del Estado se refieren a la situación existente en función de los ingresos por actividad económica propia (trabajo, rentas de capital, alquileres, etc.) y los procedentes de los tres grandes pilares de la protección social española (pensiones, prestaciones y subsidios por desempleo y prestaciones familiares).

 

El mito de la “igualdad” (3). Las rentas mínimas autonómicas y la pobreza grave: ¿acentuación o reducción de la desigualdad? Luis Sanzo

Este artículo avanza en el análisis de las consecuencias desiguales en el territorio de las políticas sociales desarrolladas en España. En esta tercera entrega, el objetivo es analizar las diferencias en la protección de cara a la superación del riesgo de pobreza grave (40% de la mediana equivalente de ingresos) en función del ingreso dominante en el hogar. Se considera, por una parte, la situación de los hogares en los que predominan los ingresos por pensiones (hogares pensionistas) y, por otra, la que corresponde a los hogares en los que predominan otros tipos de ingresos (hogares no pensionistas).

La principal aportación del estudio es mostrar la insuficiente protección a los hogares no pensionistas en el sistema de seguridad social español y el impacto positivo que tienen algunas políticas de rentas mínimas autonómicas para hacer frente a este déficit de protección social. Lejos de acentuar la desigualdad, estas actuaciones compensan las consecuencias desiguales de una protección inadecuada del Estado a los hogares no pensionistas. La realidad más paradigmática es la del País Vasco, una comunidad que sólo se sitúa entre las menos afectadas por la pobreza en España como consecuencia de su política social autonómica. El caso vasco muestra además el “castigo” político-social que, en el sistema español de prestaciones por desempleo, se aplica a las comunidades autónomas que sitúan sus umbrales de garantía de ingresos mínimos por encima del límite de rentas establecido por el Estado.

El análisis se basa en los resultados ajustados que se derivan del método alternativo cuyo contenido se detalla en el primer artículo de esta serie. Aún más que la tasa de riesgo de pobreza grave (1), el principal índice considerado en el análisis es el FGT-2, un estadístico que combina la medición de la incidencia del riesgo con la de la distancia al umbral. De esta forma, el índice mide el impacto que tendrían en la población total las personas en situación de riesgo de pobreza grave en el supuesto de que todo el desfase actualmente existente entre ingresos reales y necesidades se estimara en términos de personas equivalentes con ingresos nulos. Refleja con ello el porcentaje de pobreza grave acumulada en un territorio, calculado en términos equivalentes al volumen de personas en una situación de completa ausencia de recursos, con un nivel de ingresos igual a 0.

El estudio se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el año 2015 (datos de renta 2014). Se mide, por tanto, la situación existente al final del periodo de crisis. Los datos se aplican a la población residente en las viviendas analizadas encuestadas en la ECV.

PRINCIPALES RESULTADOS

El impacto de la pobreza grave acumulada: menor protección a los hogares no pensionistas y diferencias territoriales en la protección por desempleo y prestaciones familiares, con especial relevancia en Madrid, País Vasco, Canarias e Illes Balears

El análisis de los indicadores de pobreza grave en España, después de transferencias sociales del Estado (2), muestra el impacto positivo de la política social española en los hogares pensionistas. Esto es particularmente evidente cuando se considera, además de la propia tasa de riesgo, la distancia que supone el déficit de ingresos respecto al umbral de pobreza grave.

Es cierto que, si se contemplan –en el gráfico 1- las tasas de pobreza grave de los hogares pensionistas, pueden observarse a priori significativas diferencias entre comunidades autónomas. En particular, se supera la tasa española del 4,4% en los territorios con costes más elevados de acceso al bienestar. Esto ocurre en Cataluña (5%) y, mucho más nítidamente, en Madrid (7,4%) y Canarias/Illes Balears (8,9%).

Sin embargo, tal y como se observa en el gráfico 2, el índice FGT-2 muestra en realidad una gran similitud en el impacto territorial de la pobreza grave en los hogares pensionistas. En estos hogares, el peso de la pobreza grave acumulada se sitúa en la mayor parte de España entre el 0,9 y el 2%. Algo por debajo quedan las comunidades autónomas de Castilla y León y del País Vasco (0,6 y 0,3%, respectivamente). Este importante control de la pobreza grave en los hogares pensionistas es la principal fortaleza diferencia de la política social española. En el difícil contexto de mantenimiento del sistema público de pensiones, fija un enorme reto de cara a mantener estos niveles en el futuro.

Gráfico 1

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 2

En España, el principal factor de desigualdad social que se observa es el que determina la separación de los hogares de pensionistas y no pensionistas en su capacidad de hacer frente a la pobreza grave. Una vez consideradas las distintas transferencias sociales del Estado, la tasa de pobreza es más de tres veces superior en los hogares no pensionistas: 14,3% frente a 4,4%. La diferencia es aún mayor, más de cinco veces superior, al considerar el índice FGT-2: 7,0% frente a 1,3%.

Además, prácticamente todos los territorios se alejan de los bajos niveles de impacto de la pobreza grave que corresponden a los hogares pensionistas. La única excepción hace referencia a las comunidades de Navarra y Aragón, con un nivel de pobreza grave acumulada FGT-2 del 2,2% en los hogares no pensionistas, apenas un punto por encima del 1,2% correspondiente a los pensionistas.

En el resto de comunidades autónomas, las diferencias son siempre superiores a los tres puntos en perjuicio de los hogares no pensionistas que, además, superan el 5% en el índice FGT-2. Tres grupos pueden observarse en la aproximación territorial a este indicador. Por una parte, el índice de pobreza grave acumulada se sitúa entre el 5 y el 6% en las comunidades autónomas del noroeste español (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla-León), Cataluña y dos regiones situadas en la parte sur de España (Extremadura y Castilla-La Mancha). En una posición intermedia, con niveles del 7,1 al 7,7%, se encuentrran Madrid, la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Por encima se sitúan, finalmente, Andalucía/Murcia, con un 8,7%, y Canarias/Illes Balears, el único bloque en alcanzar el 10% de pobreza grave acumulada entre los hogares no pensionistas.

Esta realidad desigual refleja en parte las diferencias existentes en la riqueza territorial pero son, sobre todo, el resultado del diferente impacto de la protección atribuible al sistema estatal de prestaciones y subsidios por desempleo y de prestaciones familiares en un contexto condicionado por las diferencias de coste de acceso al bienestar. Como se observa en los gráficos 3 y 4, el impacto de reduccion del índice FGT-2 de pobreza grave que puede atribuirse a estas prestaciones no está relacionado con el impacto del riesgo de pobreza antes de esas transferencias.

En la parte más afectada por la pobreza grave, el impacto de las prestaciones familiares y por desempleo es mucho más favorable en el bloque Andalucía/Murcia que en el formado por Canarias/Illes Balears. Mientras en las islas, estas prestaciones reducen en un 32,8% el valor del índice FGT-2, lo hacen en un 49,7% en Andalucía/Murcia, quedando tras estas transferencias en mejor posición comparada estas dos regiones del sur peninsular que el grupo Canarias/Illes Balears.

En las posiciones intermedias, con un índice FGT-2 en torno al intervalo de 10-12% antes de las transferencias por desempleo y prestaciones familiares, la reducción mínima corresponde a Euskadi (-24,3%) y a Madrid (-30,5%). La disminución del impacto de la pobreza grave se acerca en cambio a niveles del 40% en la Comunidad Valenciana (-38,6%) para llegar a niveles de -46,4% en Castilla-León y -47,5% en Castilla-La Mancha y Extremadura. Un resultado destacado es que la pobreza grave acumulada tras esas transferencias, que era inferior en Madrid o el País Vasco al considerar en exclusiva las pensiones y los ingresos por actividad propia, supera tras la aplicación de las prestaciones familiares y de las aportaciones por desempleo la que corresponde a las dos Castillas y Extremadura.

En las comunidades con un FGT-2 inferior al 10% con ingresos por actividad económica y pensiones, Navarra y Aragón son las más beneficiadas, con una reduccion del índice del 48,1% tras las transferencias de paro y prestaciones familiares. Este nivel de reducción, sólo superado por Andalucía/Murcia, acerca a los hogares no pensionistas de estas comunidades a los índices de la población residente en hogares pensionistas. La reducción se acerca a los niveles medios en España en el bloque de comunidades que conforman Galicia/Asturias/Cantabria/La Rioja (-39%). La reducción asociada a las prestaciones familiares y por desempleo es algo menor en Cataluña (-36,1%).

Gráfico 3

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 4

En el caso de los hogares no pensionistas, el impacto de las rentas mínimas es relevante en la reducción de la pobreza grave que no es eliminada por la acción del Estado pero tiende a beneficiar más a comunidades autónomas con menor impacto del problema ante de la acción asistencial autonómica. La principal excepción es el País Vasco, un territorio que sólo consigue situarse entre las comunidades con menor impacto de la pobreza grave como consecuencia de su política social

Los datos relativos a las transferencias de Asistencia Social, muy determinadas por las rentas mínimas autonómicas, revelan de partida un impacto relativamente limitado en los hogares no pensionistas. La tasa de pobreza grave sólo se reduce de un 14,3 a un 13,7% en el conjunto de España. La reducción es comparativamente algo más significativa, pero todavía limitada, en lo relativo al índice FGT-2. Éste se reduce, en el conjunto estatal, del 7,0% al 6,4%.

La excepción más llamativa es la del País Vasco. En este caso, la tasa de pobreza grave de los hogares no pensionistas se reduce del 10,3 al 7,3%. La reducción es aún más llamativa en términos del índice FGT-2. El impacto de la pobreza grave acumulada cae así, en Euskadi, de 7,7 a 3,7% después de las transferencias de Asistencia Social. El País Vasco pasa de una posición situada entre las comunidades con mayor impacto de la pobreza grave antes de transferencias de Asistencia Social a superar únicamente, gracias a ellas, los indicadores correspondientes a Navarra y Aragón. En el caso vasco, por tanto, la acción del sistema de rentas mínimas resulta determinante en la prevención de la pobreza grave.

Gráfico 5

Gráfico 5

Gráfico 6

Gráfico 6

La importancia cualitativa del sistema de protección autonómico en el País Vasco sitúa además a esta comunidad autónoma como el primer ámbito territorial de reducción del índice FGT-2 de pobreza grave después de considerar el conjunto de las transferencias por desempleo, prestaciones familiares y asistencia Social. Por esa vía, y en lo relativo a los hogares no pensionistas, un 64,1% de la pobreza grave que no resuelve la actividad económica y las pensiones queda eliminada en Euskadi, casi 20 puntos más que el 45,5% medio del conjunto de España. En el lado opuesto, Madrid/Cataluña, otras de las comunidades menos favorecidas por la acción estatal por desempleo y prestaciones familiares, sufren la limitada aportación de su sistema asistencial. Éste apenas contribuye a un 4,3% de reducción de la pobreza grave acumulada frente al 39,8% de reducción observada en el caso vasco. En conjunto, sólo un 37,3% de la pobreza grave acumulada en los hogares no pensionistas se reduce en Madrid/Cataluña a través de las prestaciones por desempleo, las prestaciones familiares y la Asistencia Social, más de 25 puntos por debajo de lo observado en Euskadi.

Sin embargo, esa diferencia sólo es comprensible en términos del esfuerzo de las instituciones autonómicas. Así, un elemento llamativo del País Vasco es que un 62,1% de la reducción analizada corresponde a la Asistencia Social. Este impacto mayoritario, superior al 37,9% que representan prestaciones familiares y por desempleo, se asocia no sólo a la política de rentas mínimas en esa comunidad sino a la necesidad de asumir las consecuencias, en términos de mayor gasto, de una política general del Estado que es reacia a favorecer la complementariedad entre las distintas prestaciones.

El análisis del impacto del sistema asistencial autonómico muestra que, aunque muy alejado del modelo vasco, las aportaciones de la Asistencia Social tienen igualmente relevancia en otras comunidades autónomas. En Navarra/Asturias, sus prestaciones suponen de hecho un 25,1% de la reducción en la pobreza grave acumulada tras transferencias sociales distintas de las pensiones, acercándose con ello estas dos comunidades a la media de reducción española (con un impacto comparativamente menor que en otras comunidades autónomas de las prestaciones familiares y por desempleo).

Aunque la protección por Asistencia Social tiene menor importancia en el resto de comunidades autónomas, también contribuye a acentuar la posición comparativamente más favorecida de las comunidades autónomas del noroeste de España y Extremadura respecto al resto de España (8,2% de la protección total por transferencias distintas de las pensiones frente a 5,4%).

Gráfico 7

Gráfico 7

Gráfico 8

Gráfico 8

Conclusión

Teniendo en cuenta los resultados presentados, la acción de las comunidades autónomas en España no puede considerarse en ningún caso irrelevante. La principal conclusión a retener, no obstante, es que en comparación con las principales comunidades líderes en la economía española, Madrid y Cataluña, Euskadi sólo consigue situarse por debajo de ellas en términos de impacto de la pobreza grave en hogares no pensionistas gracias a su política social autonómica.

Esto se consigue con un sobreesfuerzo evidente que no sólo se vincula a su mayor nivel de gasto en la Asistencia Social constitucionalmente definida. El País Vasco asume el cierto “castigo” social relativo que se aplica, sobre todo en lo relativo al sistema español de prestaciones por desempleo, a las comunidades autónomas que sitúan sus umbrales de garantía de ingresos por encima del límite de rentas establecido por el Estado en los subsidios asistenciales por desempleo. Estas comunidades, lejos de poder siempre complementar la protección, tienen que optar por renunciar a la protección o, de lo contrario, asumirla en su integridad, perdiendo en paralelo el derecho a la protección general que garantiza el sistema estatal de prestaciones por desempleo.

Gráfico 9: Resumen para hogares no pensionistas

Gráfico 9

NOTAS

(1) Por razones de simplicidad en la presentación, las referencias a la pobreza grave en este artículo deben entenderse, todas ellas, en términos de situaciones de riesgo.

(2) Los indicadores después de transferencias sociales del Estado se refieren, en este artículo, a la situación existente en función de los ingresos por actividad económica propia (trabajo, rentas de capital, alquileres, etc.) y la consideración de los tres grandes pilares de la protección social española (pensiones, prestaciones y subsidios por desempleo y prestaciones familiares).

La incidencia del paro de larga duración en España (Nota breve). Luis Sanzo

Es habitual leer que el País Vasco es la comunidad autónoma con mayor impacto relativo del paro de larga duración en España. En un tuit reciente, por ejemplo, Fedea seguía afirmando que el País Vasco “es la región con mayor incidencia del paro de larga duración: el 60,8% de sus desempleados llevan más de un año buscando un empleo”. Sin embargo, la conclusión a la que llega Fedea es errónea. La presente nota pretende explicar las razones y, de paso, situar la incidencia real del fenómeno por territorios.

Fedea utiliza, para llegar a sus conclusiones, la proporción de población parada de larga duración en la población parada total. La incidencia del paro de larga duración, no obstante, debe vincularse a una referencia más amplia, ya sea en términos de población activa o de población en edad potencialmente activa, por ejemplo la situada entre 16 y 64 años. Con pretensión de simplificación, aquí utilizo esta última referencia para evitar introducir en el análisis las diferencias en la propensión a la actividad.

El Gráfico 1 muestra, para cada comunidad autónoma, la incidencia en 2017 del paro de larga duración en relación con la población de 16 a 64 años. Muestra además sus principales determinantes: la incidencia general del desempleo en esta población y el peso que tiene la ocupación temporal (usada como indicador de la oferta de empleo que condiciona el acceso potencial a la ocupación de la población parada de larga duración) respecto a la población desempleada total.

Los datos muestran que el País Vasco forma parte, en 2017, del grupo de comunidades autónomas con un impacto del paro de larga duración inferior al 5% de la población de 16 a 64 años. Este grupo está compuesto por Baleares y el grupo de comunidades que forman Aragón, La Rioja, Navarra y Euskadi.

En una posición intermedia, el paro de larga duración tiene un impacto situado entre el 5,4 y el 7,2% en Madrid, Cataluña, otro grupo de comunidades del noroeste español (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León), más Murcia y la Comunidad Valenciana.

El mayor impacto del paro de larga duración entre la población de 16 a 64 años corresponde, con porcentajes situados entre el 8,9 y el 10,7%, a las comunidades del sur peninsular español (Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía) y a Canarias.

Como muestra el gráfico 1, la menor o mayor incidencia del paro de larga duración es una clara función del menor o mayor impacto general del desempleo. Éste, a su vez, se relaciona con la oferta general de empleo, en especial de tipo temporal, respecto al volumen de población desempleada existente.

Gráfico 1

PLD

Como se comprueba en el Gráfico 2, el País Vasco es además una de las tres comunidades autónomas con una menor incidencia media del paro de larga duración en el conjunto del periodo posterior a la crisis financiera. Respecto a la población entre 16 y 64 años, el impacto del paro de larga duración para el periodo 2009-2017 se sitúa en el 5,4% en el País Vasco, sólo mejorado por el 4,7% de Navarra. La proporción considerada ha sido del 5,7% en Baleares.

El indicador se sitúa entre el 5,9 y el 6,9% en Madrid y otro grupo de comunidades del Noroeste español (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Aragón), con un 7,6% en Cataluña. Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha tienen, por su parte, una incidencia entre el 8,8 y el 9,9%.

En el periodo 2009-2017, más de un 10% de la población de 16 a 64 años ha sido parada de larga duración en Extremadura (10,1%), Andalucía (11,6%) y Canarias (12,1%).

El gráfico 2 pone igualmente de manifiesto la fuerte asociación entre la incidencia actual del paro de larga duración y la existente para el conjunto del periodo 2009. Algunas comunidades mejoran ligeramente su posición relativa (las islas, tanto Baleares como Canarias, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña). La situación empeora en términos relativos, también ligeramente, en Galicia, Cantabria y País Vasco, en el noroeste, y en Castilla-La Mancha y Extremadura en el Sur. Sólo en la región extremeña puede hablarse de un empeoramiento significativo de la incidencia del paro de larga duración (10,7% en 2017 por 10,1% para el conjunto del periodo 2009-2017).

Gráfico 2

PLD1

Los datos presentados muestran por tanto que, a pesar de una línea menos favorables que la de otras comunidades líderes en reducción del impacto del paro de larga duración, el País Vasco se mantiene entre los territorios menos afectados por el problema. En el conjunto del periodo 2009-2017, sigue siendo, junto a Navarra, la comunidad autónoma con menor impacto a largo plazo de este tipo de desempleo.

Se trata de una realidad que merece ser destacada por varias razones. Por una parte, porque corresponde a una comunidad autónoma que ha sufrido duramente las consecuencias de la caída del empleo industrial, con una recuperación más limitada del empleo en comparación con las comunidades líderes del crecimiento ocupacional en España después de 2013. Por otra parte, y esto resulta determinante, porque es de las pocas comunidades autónomas que, tras la crisis de 2008, ha seguido conociendo un aumento significativo de la inmigración de origen extranjero, un colectivo con mayores dificultades de inserción laboral.

Como muestra el gráfico 3, lo que ha representado esta llegada de población de origen extranjero entre 2009 y 2017 resulta decisivo en Euskadi, con un incremento equivalente a 17 personas por 1000 habitantes de 2009. Es más del doble de la cifra de 6,5 por mil que corresponde a Navarra y casi cuatro veces más que el 4,4 por mil de Cataluña, las otras dos comunidades autónomas con mayor crecimiento de este tipo de población.

Gráfico 3

gráfico 3

En definitiva, en términos de incidencia no puede atribuirse al País Vasco la condición de territorio más afectado en España por el paro de larga duración. Esta nota breve ha pretendido mostrarlo tomando como referencia a la población de 16 a 64 años (la conclusión sería similar si se analizara esta cuestión en relación con la población activa).

La conclusión mencionada es importante porque ayuda a orientar el análisis hacia las comunidades que sufren más intensamente el problema, en especial aquellas en las que, como ocurre con Extremadura, la situación actual muestra una clara línea de deterioro.


ANEXO: Relación entre Paro de Larga y de Corta Duración en 2017

gráfico

Pobreza y privación en la población menor. Enseñanzas generales a partir del caso vasco. Luis Sanzo

Artículo escrito para el blog llei d’engel

Introducción

Como es bien sabido, el marco europeo para el desarrollo de estadísticas en materia de pobreza está constituido por la European Union-Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC, Estadísticas sobre Ingreso y Condiciones de Vida de la Unión Europea). En España, la aplicación de la EU-SILC corresponde a la Encuesta de Condiciones de Vida.

Dentro del proceso de actualización del Sistema Estadístico Europeo (ESS), una de las estadísticas cuyo contenido está siendo objeto de revisión es la EU-SILC. En este ámbito relacionado con el estudio de la pobreza, las principales demandas existentes se vinculan a la necesidad de cubrir más áreas relacionadas con el desarrollo de las políticas sociales y de ampliar los análisis transversales asociados a la definición de estas políticas. Esta estrategia de revisión quedó fijada en la reunión del 7 y 8 de junio de 2010 del Consejo de la Unión Europea.

La propuesta de revisión planteada para la EU-SICL apuesta por una estructura fija, que limita el componente anual de esta estadística a la recogida de la información necesaria para obtener sus principales indicadores, y un conjunto de módulos complementarios de aplicación no anual. Esta aproximación permitiría abarcar más temas en el acercamiento a la realidad social pero con una periodicidad superior al año, variable en función de la temática (tres o seis años, según los casos).

La traducción jurídica definitiva del proceso de revisión de la EU-SILC aún no ha culminado pero sí está consolidada la previsión de un módulo específico destinado a obtener una serie de información clave sobre la población menor. La aproximación incluye, en particular, la recogida de información sobre las formas de privación material observadas en el colectivo de niños, niñas y adolescentes. Estas variables fueron delimitadas en el acuerdo ESS-2013 y, con posterioridad, en el módulo de desarrollo ad-hoc establecido para 2014. Estas variables se diseñaron de forma que fueran consistentes con variables similares para población adulta.

La regulación del módulo previsto para 2014, aprobada en febrero de 2013, establecía la recogida de una serie de variables secundarias de privación, trece de ellas aplicables a menores entre 1 y 15 años (y ya previstas en el acuerdo ESS-2013). Además se incorporaban otras variables para hogares y personas adultas para proceder a una actualización del cálculo del indicador AROPE. En principio, la recogida de esta información estaba prevista a partir de 2016.

En el año señalado, el cuestionario de la Encuesta de Condiciones de Vida incluyó las nuevas variables relativas a hogares y adultos pero no, al menos según lo que se ha difundido en la web del INE, las relativas a la población menor. Estas variables sí fueron introducidas, en cambio, en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi de 2016 (EPDS-2016).

La presentación de los principales resultados de la EPDS-2016, relativas a la población entre 1 y 15 años en Euskadi, resulta útil para otras comunidades por al menos dos razones. Por una parte, porque se trata de la primera información disponible en España sobre privación en este colectivo de niños, niñas y adolescentes. Por otra, porque muestra la extensión de esta problemática en la población menor pertenecientes a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, incluso en un territorio con un sistema de garantía de ingresos comparable a los más desarrollados en el espacio de la Unión Europea.

Las principales conclusiones del análisis de la relación entre privación y posición en la escala de pobreza-bienestar en la población menor de Euskadi se presentan a continuación.

Resultados

Con carácter general, debe destacarse el significativo impacto de la pobreza y la precariedad en la población menor. Aunque el sistema de protección autonómico limita las diferencias y reduce el impacto de los problemas, en especial de los más graves, es imposible no percibir la desigualdad de oportunidades que se relaciona con la pobreza y la ausencia de bienestar entre niños, niñas y adolescentes. Los datos de la EPDS 2016 muestran, en este sentido, el decisivo impacto diferencial que tiene en la población menor la presencia de la pobreza y otras formas de ausencia de bienestar.

Como se muestra en el gráfico 1, los datos reflejan la existencia en Euskadi de cuatro tipos de menores en términos de impacto de las situaciones de privación o carencia y de la posición del hogar en la escala pobreza-bienestar real.

Gráfico 1

Gráfico 1

En lo relativo a los hogares en situación de bienestar, y sin presencia de riesgos significativos asociados, la presencia de carencias o situaciones de población en la población de 1 a 15 años es prácticamente inexistente. Hasta un 95,1% de la población menor analizada vive al margen de todos y cada uno de los indicadores de privación considerados. Apenas un 4,9% tiene carencias significativas o relacionadas con aspectos básicos (3,9 y 1%, respectivamente). En estos hogares, que definen la situación de la gran mayoría de la población menor en Euskadi, puede así hablarse de una realidad prácticamente generalizada de completa ausencia de privación. Pero no ocurre lo mismo cuando está presente el hogar alguna situación económica desfavorable.

En los hogares en los que sigue predominando el bienestar en el hogar, pero éste viene acompañado de algunos factores de riesgo, la ausencia de carencias todavía es una realidad dominante. Sin embargo, la proporción se reduce en este grupo al 57,7% de la población menor. La presencia de problemas básicos, o al menos significativos, ya afecta por tanto a un elevado 42,3% de la población menor en este grupo.

A pesar de ello, en este tipo de hogares, la presencia de problemas básicos sigue siendo claramente minoritaria, con apenas un 8,4% de la población menor afectada por este tipo de carencias. Esta dimensión minoritaria es más llamativa, además, cuando se consideran problemas muy graves de privación material (2,8% por 5,6% de otros problemas básicos). La parte correspondiente a menores con carencias significativas, pero no básicas, es la más destacada en este grupo, con un 33,9% de personas entre 1 y 15 años en esta situación.

En los hogares en situación de ausencia de bienestar, pero no de pobreza real, la completa ausencia de carencias resulta ya claramente minoritaria, con apenas un 32,1% de la población menor en esta situación. No obstante, los problemas básicos sólo afectan a un grupo minoritario de menores, un 33,3% del total, en especial si se trata de formas de privación básica muy grave (apenas un 5,2% frente a un 28,1% con otros problemas básicos). Un 34,6% tiene problemas significativos pero no básicos.

Es únicamente en los hogares afectados por la pobreza real donde las situaciones de privación se convierten en dominantes, con apenas un 5,3% de menores sin ningún tipo de carencia. Además, y esto es lo socialmente más relevante, los problemas básicos se convierten en mayoritarios, con un 66,1% de la población menor afectada por este tipo de carencias.

El dato más positivo en este grupo de menores pobres es que, dentro de los problemas básicos, los más graves siguen resultando minoritarios. Aun así, un 25,5% de los niños, niñas y adolescentes de los hogares en situación de pobreza real sufren formas de privación básica muy graves por un 40,6% que se enfrenta a problemas básicos pero menos graves. Otro 28,6% tiene carencias significativas pero no básicas.

El gráfico 2 aporta información complementaria, relativa en este caso al impacto detallado de cada una de las carencias básicas consideradas en la población menor.

Gráfico 2

Gráfico 2

Como puede comprobarse en el mencionado gráfico, el impacto de las formas más graves de privación sólo alcanza niveles significativos, claramente superiores a cifras de 3-5%, en los hogares pobres. En estos hogares, un 10,7% de la población menor no tiene acceso diario a frutas o verduras, un 12,8% carece de dos pares de zapatos (o uno para cada época del año) y un 17,4% no tiene acceso a una comida proteínica cada día.

En los hogares pobres de Euskadi, sin embargo, el impacto de la pobreza en niños, niñas y adolescentes se percibe más claramente en la presencia de ciertos tipos de carencias básicas pero de menor gravedad. De esta forma, un 40,1% de la población menor de estos hogares no dispone de ropa nueva y un 38,2% no puede celebrar ocasiones especiales. Un 25,3% no tiene equipamiento para jugar al aire libre y un 19,3% carece de libros para su edad. Un 12,9% no tiene equipamiento para jugar en casa y un 12,4% carece de un espacio adecuado para hacer los deberes.

Algunos de estos problemas también tienen incidencia significativa en hogares con problemas de ausencia de bienestar pero no pobres. Así, un 19,9% de la población menor en estos hogares no puede acceder a ropa nueva, un 13,9% no puede celebrar ocasiones especiales y entre un 7,6 y un 9,2% se enfrenta a problemas a la hora de disponer de un espacio adecuado para hacer los deberes, tener libros para su edad o disponer de equipamiento para jugar al aire libre.

El gráfico 3 presenta los resultados relativos a algunas carencias que, siendo significativas, no se relacionan con necesidades estrictamente básicas. En este caso, se constata que las diferencias observadas entre los distintos tipos de menores resultan aún más llamativas al caracterizar a los distintos grupos.

Gráfico 3

Gráfico 3

En los hogares pobres, un 82,4% de la población menor no puede disfrutar de una semana de vacaciones fuera de casa. La problemática es igualmente mayoritaria en hogares en situación de ausencia de bienestar, pero no pobres, con un 58,2% de la población menor afectada. Esta problemática, que sólo afecta al 2,6% de la población en situación de bienestar, alcanza todavía a un significativo 28,3% de la población entre 1 y 15 años en hogares donde predomina el bienestar pero en los que están presentes algunos factores de riesgo.

Se observa un perfil similar de desigualdad en el impacto del resto de carencias significativas analizadas (relativas a la posibilidad de invitar a amigos/as a jugar o comer en casa, o a participar en actividades regulares fuera del hogar y en viajes y actividades escolares, con coste económico). Estas carencias tienden a afectar a alrededor de la mitad de la población menor pobre (entre 48,3 y 55,3%) y a entre un 14,2 y un 25,6% de la población con ausencia de bienestar aunque no pobre. En el colectivo en situación de bienestar, pero con presencia factores de riesgo, el impacto varía entre 9,4 y el 16,8%. En fuerte contraste, menos del 2% de la población menor sufre alguna de estas problemáticas en hogares en situación de bienestar.

Consideraciones finales

Los datos presentados revelan la importancia de políticas que consigan limitar el impacto y la gravedad de la pobreza y de otras formas de ausencia de bienestar que impiden a la población menor el acceso a una forma de vida sin privación. Muestran también que las carencias asociadas a estos hechos sociales, incluso las más graves, no están erradicadas entre la población menor, incluso en presencia de un sistema comparativamente digno de garantía de ingresos. Al menos en una situación todavía marcada por la importancia del desempleo y por los límites presupuestarios a los que se enfrentan las administraciones públicas.

En este sentido, considerando al conjunto de menores entre 1 y 15 años en Euskadi, en 2016 un 10,4% sufre todavía problemas básicos de privación, una cifra que es del 3,5% al considerar en exclusiva sus formas más graves. En referencia a estas carencias muy graves, un 2,3% no tiene acceso a comida proteínica cada día, con cifras de 1,5-1,6% en lo relativo a la carencia de acceso diario a frutas o verduras o a la disposición de zapato adecuado. En lo relativo a los problemas básicos pero menos graves, un 5,5% de la población menor no tiene acceso a ropa nueva y un 5,6% no puede celebrar ocasiones especiales.

Ciertas carencias, que no afectan a necesidades básicas pero son significativas, tienen un impacto aún más destacado en el conjunto de los niños, niñas y adolescentes de Euskadi. Entre un 8,4 y un 9,5% no puede invitar a amigos/as a jugar o comer en casa o participar en actividades sociales externas que tienen un coste económico. La imposibilidad de disfrutar de una semana de vacaciones fuera del hogar es la carencia más extendida. Caracteriza a un 17,1% de la población menor.

Desde una perspectiva más amplia, estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de conocer la situación de la población menor en el conjunto de España. Al existir una correlación entre la pobreza general y la infantil, con mayor incidencia real de las problemáticas además en la población menor, es muy probable que el impacto de las carencias analizadas resulte muy significativo en muchas zonas de España, incluidas en comunidades como Madrid y Cataluña.

De comprobarse esta circunstancia, ya relevante en una comunidad como la vasca, comparativamente menos afectada por la pobreza, sería necesario hacer visibles las consecuencias en la población menor de la desigualdad. La sociedad necesita tomar conciencia de lo que realmente significan la pobreza, y las demás formas de ausencia de bienestar, para la igualdad de oportunidades de las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes.

INDICADORES DE PRIVACION CONSIDERADOS

INDICADORES DE PROBLEMAS BÁSICOS

Problemas básicos muy graves

Sin comida proteínica cada día

Sin frutas o verduras cada día

No dispone de dos pares de zapatos (o uno para cada época del año)

Otros problemas básicos

No dispone de ropa nueva

Sin espacio adecuado para hacer los deberes

Sin equipamiento de ocio (casa)

Sin libros para su edad

Sin equipamiento de ocio (aire libre)

No puede celebrar ocasiones especiales

INDICADORES RELATIVOS A OTROS PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS

No puede invitar a amigos/as a jugar o comer

Sin actividades regulares fuera de casa (con coste)

Sin viajes y actividades escolares (con coste)

No puede ir de vacaciones (una semana al año)

Se considera que una persona menor, entre 1 y 15 años, está afectada por la carencia contemplada cuando, en el hogar, alguna de las personas menores residentes sufre la carencia considerada.

Esta misma aproximación se aplica para los distintos bloques de carencias que se contemplan. Así, por ejemplo, en un hogar en el que alguna persona menor sufra alguna carencia básica muy grave, la población menor de ese hogar será considerada como afectada por problemas básicos muy graves.

La adscripción a los cuatro grupos considerados (problemas básicos muy graves, otros problemas básicos, problemas significativos y sin problemas) es progresiva. La pertenencia a un grupo más favorecido implica que están ausentes las carencias asociadas a formas más graves. El grupo de problemas básicos incluye sin embargo a cualquier menor en un hogar en el que alguna persona entre 1 y 15 años tiene alguna de las carencias básicas contempladas, con independencia de su mayor o menor gravedad.

Indicadores de impacto del sistema de rentas mínimas autonómicas en España. 2015. Luis Sanzo

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha difundido recientemente el Informe de Rentas Mínimas de Inserción para el año 2015. Se aportan a continuación dos indicadores actualizados que miden el impacto de este sistema de rentas mínimas autonómicas en España. Aunque todavía no reflejan todas las tendencias en curso en este ámbito de la política social, ligadas a los cambios recientes en las políticas autonómicas, los datos de 2015 ya adelantan algunos aspectos de las nuevas dinámicas (por ejemplo, la mejora de la posición de Aragón).

El primero de los indicadores considerados relaciona el volumen total de perceptores del sistema de rentas mínimas autonómicas con el número de personas afectadas por situaciones de pobreza real en 2015 dentro de cada territorio. El segundo indicador relaciona, por su parte, el gasto total ejecutado en dicho año con el mismo indicador de referencia, relativo a las personas con problemas de pobreza real en cada comunidad autónoma. La estimación de este colectivo en situación de pobreza real se deriva de la aplicación, para 2015, de la metodología definida en mi artículo sobre el impacto de este fenómeno en España (publicado en julio de 2017 en hungrygrass.org).

El gráfico 1 recoge la relación existente entre el total de perceptores de rentas mínimas en cada comunidad autónoma (incluyendo Ceuta y Melilla) y la población afectada por situaciones de pobreza real en 2015. Los datos muestran las distintas situaciones de protección existentes en España y que empiezan a ser más diversas de lo que se había conocido hasta ahora. Estas situaciones son las siguientes:

a) En primer lugar, las comunidades forales, Euskadi y Navarra, consiguen hacer llegar la protección a un volumen de población equivalente, o incluso superior, al que representa la población en situación de pobreza real.

b) Aunque la cobertura es muy inferior, resulta muy significativa, llegando a entre un 50 y un 56,3% de la población en pobreza real en Aragón y Asturias. La ciudad de Melilla se acerca a este nivel, con un 41,3%.

c) En niveles muy inferiores, pero por encima de la media española, con una cobertura entre un 21 y un 32% de la población en situación de pobreza real, se sitúan las comunidades de Extremadura, Castilla y León y Cantabria.

d) El resto de las comunidades españolas quedan por debajo del 15% de cobertura media que caracteriza a España. Es particularmente bajo, con cifras inferiores al 7%, en Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta, Canarias e Illes Balears. Se posiciona en torno al 10% en Andalucía y Cataluña, con un 12,2% en La Rioja y cifras entre el 14-15% en Madrid y Galicia.

Gráfico 1

Gráfico 1

El gráfico 2 recoge el gasto ejecutado anual en rentas mínimas autonómicas en 2015 por persona afectada por situaciones de pobreza real. En este caso, las diferencias tienen unos rasgos cercanos a los observados en el gráfico 1 pero con algunos matices. Los principales aspectos a considerar son los siguientes:

a) Aunque las comunidades forales vuelven a situarse como las que tienen mayor nivel de gasto, en este caso el gasto ejecutado en relación con el número de personas en pobreza real es casi el doble en Euskadi (4.337 por 2.206 en Navarra).

b) Detrás de Euskadi y Navarra, Asturias aparece claramente destacada, con 1.281 euros anuales.

c) Entre 506 y 508 euros por persona en situación de pobreza real se sitúan Cantabria y Aragón. Las cifras se sitúan entre 344 y 408 euros en Extremadura, La Rioja y Castilla-León, además de la ciudad de Melilla. Con 291 euros. Galicia también supera la media de 258 euros de España.

d) El resto de comunidades autónomas se sitúan por debajo de la media española, quedando en general por debajo de los 100 euros por persona en pobreza real, con la excepción de Madrid (166 euros) y Cataluña (224 euros).

Gráfico 2

Gráfico 2

Los desequilibrios en el gasto ejecutado, respecto a la población en situación de pobreza real, son evidentes. El más llamativo es el que caracteriza a Asturias, Navarra y País Vasco. Estas comunidades representan un 48,1% del gasto en rentas mínimas autonómicas en España y apenas un 4,2% de la población en situación de pobreza real. Sin embargo, también es llamativo el desfase de participación del resto de comunidades con un gasto por persona en pobreza real que supera la media española. Así, Aragón, Castilla y León y Cantabria aportan un 9,2% del gasto en rentas mínimas, en contraste con el 5,3% de población con problemas de pobreza real en España que representan.

Si se incluye al resto de comunidades autónoma que gastan por encima de la media estatal en relación a la población pobre (Galicia, Extremadura, La Rioja y Melilla), se observa que el 64,4% de la aportación al sistema de rentas mínimas autonómicas en España corresponde a nueve comunidades autónomas, más Melilla, que apenas concentran un 15,3% de la población en situación de pobreza real en España.

El principal desfase cuantitativo corresponde a Andalucía, Madrid y Cataluña. Estas comunidades recogen un 55,5% de las situaciones de pobreza real en España en 2015 pero sólo contribuyen con un 28,3% de la aportación total a estas políticas por parte de las comunidades autónomas. En términos relativos, es igualmente llamativa la situación del resto de comunidades (Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias, más Ceuta). Apenas se aporta en esos territorios el 7,3% del gasto total en rentas mínimas, a pesar de representar un 29,2% de las situaciones de pobreza real en España.

Gráfico 3

Gráfico 3

Los desequilibrios señalados no pueden vincularse en exclusiva a elementos de financiación autonómica. Han estado también presentes diferentes voluntades de intervención por parte de las instituciones responsables de las comunidades autónomas.

En este sentido, el origen de estas diferencias de orientación política debe buscarse en los sucesos relacionados con las crisis de los años 80 y 90. Lejos de quedar disociado el proceso de implantación de las rentas mínimas del fenómeno del paro, es muy llamativo recordar que, con la excepción de Andalucía, Extremadura y Canarias, el principal ámbito territorial de desempleo en la España de los años 80 se desarrolló en torno a Euskadi como consecuencia del proceso de reconversión industrial. Se trata precisamente del entorno político-territorial más implicado, de Asturias a Aragón, con las rentas mínimas en España.

No puede olvidarse además, para explicar las diferencias observadas, el histórico desistimiento de la Administración General del Estado en la contribución financiera al mantenimiento de esta política social. En ningún momento el Estado ha pretendido actual para mejorar la situación de las comunidades menos implicadas con las rentas mínimas.

 

Derecho a decidir y soberanía nacional: una propuesta de convergencia constitucional. Luis Sanzo

Modesta propuesta de revisión de la Constitución Española para tratar de encajar en la misma las demandas de reforma formuladas desde las Comunidades Autónomas

La propuesta que se presenta en este documento trata de ofrecer una alternativa para superar, desde un planteamiento constitucional, el problema que plantea la confrontación del ideario del derecho a decidir, defendido desde territorios como Cataluña, con la concepción de la soberanía nacional única que recoge la Constitución Española (CE).

Dado que la aprobación de esta propuesta necesitaría de un muy alto nivel de apoyo en España, impensable sin la participación de las fuerzas políticas más importantes, el objetivo de su presentación se centra sobre todo en plantear una posible vía de solución al actual conflicto planteado entre Cataluña y España.

El problema a resolver

De acuerdo con lo establecido en el artículo 166 de la CE, los Parlamentos de las Comunidades Autónomas tienen capacidad de iniciativa en materia de reforma constitucional. Este hecho revela que la CE reconoce a las Comunidades Autónomas, a través de los parlamentos que expresan la voluntad autonómica, como sujetos legitimados para iniciar un proceso de reforma de la Constitución.

En lo relativo al procedimiento, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 87 CE, los parlamentos autonómicos podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley para aprobar una propuesta en materia de reforma constitucional. A tales efectos, delegarán ante el Congreso un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

En el actual proceso en Cataluña, las reivindicaciones planteadas afectan a cuestiones diversas que van desde la demanda de una consulta, planteada en general como vinculante pero no siempre, hasta la reclamación de la propia soberanía o de la posibilidad de una declaración de la independencia. Algunas de estas reivindicaciones afectan directamente a la parte esencial de la CE, relativa a la soberanía o al sujeto de la misma, consideradas en el Título preliminar del texto constitucional.

En el caso de propuestas que afecten a este Título de la CE, el artículo 168 establece que se requerirá la aprobación por mayoría de dos tercios de Congreso y Senado. Esta mayoría se exige tanto de cara a la aprobación del principio de revisión como, tras la constitución de las nuevas Cámaras, obligatoria en este proceso de reforma, de cara a la ratificación de la decisión y estudio del nuevo texto constitucional. El apartado 3 del artículo 168 señala finalmente que la reforma aprobada por las Cortes Generales deberá ser ratificada por el pueblo, el verdadero soberano en la CE, en referéndum.

Otros aspectos de las demandas de algunos partidos catalanes, como la exigencia de un referéndum vinculante, no exigen el grado cualificado de acuerdo previsto en el artículo 168 CE. De esta forma, la posibilidad de someter a referéndum consultivo de todos los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia, como la demanda de independencia de Cataluña, requiere únicamente la autorización de la mayoría del Congreso.

La modificación constitucional del contenido de este artículo, por ejemplo para convertir los resultados de algunos referéndum en vinculantes, tampoco requiere la mayoría de dos tercios de Congreso y Senado. El artículo 167 exige el apoyo de tres quintos de Congreso y Senado o, en su defecto, mayoría del Senado y dos tercios del Congreso, sin necesidad de ratificación posterior tras convocatoria de nuevas elecciones. La ratificación vía referéndum sólo se exige, además, si es solicitada por un mínimo del 10% de los miembros de Congreso o Senado.

Sin embargo, una propuesta para que este referéndum vinculante afectara a materias previstas en el Título Preliminar de la CE haría inevitable la aplicación de las mayorías cualificadas del artículo 168.

En cualquier caso, el verdadero problema a resolver se plantea en aquellas circunstancias en las que las mayorías existentes en un determinado Parlamento autonómico son muy diferentes a las que se da en el Congreso y/o en el Senado. En estos casos, la implicación habitual es que las propuestas autonómicas, como ya sucedió con el llamado Plan Ibarretxe, se vean rechazadas en Congreso y Senado sin que exista siquiera un intento de negociación para negociarlas y llevarlas a la práctica.

Esta situación plantea un grave conflicto entre la voluntad autonómica representada por un determinado Parlamento autonómico y la voluntad soberana representada por Congreso y Senado. De persistir en el tiempo, el foso abierto por esta situación de conflicto puede poner en riesgo los fundamentos del sistema constitucional. Se requiere por tanto una propuesta para evitar este escenario que, de facto, ya es una realidad en el caso de Cataluña.

La propuesta de reforma de la Constitución Española

La propuesta de reforma de la Constitución Española que se plantea aquí busca introducir un mecanismo para que el conflicto potencial entre voluntad autonómica y voluntad soberana pueda resolverse de forma democrática. Se plantea, de esta forma, un procedimiento basado en la participación política que trata de minimizar la potencial ruptura entre las dos voluntades señaladas.

La propuesta planteada de reforma de la Constitución sería la siguiente:

  1. Incorporar un nuevo artículo a la CE, tras los artículos 166 a 168 actuales.
  2. La redacción del artículo sería la siguiente:

Artículo xxx

1. En caso de que una iniciativa de reforma constitucional, ejercida en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 87, se vea rechazada por el Congreso, la Asamblea de la Comunidad Autónoma solicitante podrá convocar un referéndum dentro de su comunidad sobre la iniciativa considerada. La convocatoria deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos de la Asamblea. Esta mayoría deberá ser de dos tercios cuando se propusiera una revisión que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II de la Constitución.

2. En caso de mayoría de votos favorables en el referéndum convocado de acuerdo con el procedimiento señalado en el párrafo anterior, la iniciativa será posteriormente sometida a referéndum del conjunto del pueblo español:

a) En el caso de que la iniciativa sometida a referéndum en la Comunidad Autónoma no afecte a los títulos previstos en el artículo 168, si es aprobada por un 50% del cuerpo electoral total o un 60% de los votantes.

b) En el caso de que la iniciativa afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II de la Constitución, si la iniciativa es aprobada por un 55% del cuerpo electoral total o dos tercios de los votantes.

3. La iniciativa de reforma constitucional será ratificada si es aprobada por la mayoría del pueblo español.

4. Si la iniciativa no es ratificada, pero consigue un apoyo superior al 40% de los votantes, o al 33% del cuerpo electoral, el Congreso creará una Comisión tripartita de Diputados, Senadores y representantes de la Asamblea de la Comunidad Autónoma solicitante, que presentará un texto alternativo que deberá ser sometido a referéndum para su ratificación.

5. En caso de que dos tercios de la Asamblea de la Comunidad Autónoma solicitante acuerden mantener el texto alternativo originalmente planteado, los dos textos serán sometidos a referéndum del pueblo español para aprobación de uno de los dos propuestos.

Fundamentos de la propuesta

La propuesta presentada es completamente coherente con los fundamentos esenciales de la CE. La CE apuesta de hecho por tres premisas básicas en lo relativo a la dimensión territorial:

UNO: La democracia representativa en España se basa en la expresión general de la voluntad soberana del pueblo española pero también en la expresión concreta de las distintas voluntades autonómicas;

DOS: Aunque restringidos los mecanismos de participación política directa a determinados supuestos específicos, la CE obliga a que las grandes decisiones políticas que determinan en lo fundamental el proceso político (elaboración/reforma estatutaria y reforma constitucional) vengan siempre asociadas a procedimientos de ratificación por el pueblo autonómico o por el conjunto del pueblo soberano; y

TRES: En última instancia, el pueblo soberano en la CE no se enfrenta a ningún límite en su actuación, dispone del poder de modificar sin límites la propia CE.

De acuerdo con estos principios, en la lógica de la propuesta se trata de obligar a los representantes de las voluntades autonómica y soberana a minimizar el grado de conflicto entre ellos. Y, en caso de que el conflicto persistiera y quedara sin resolver, a recurrir al posicionamiento del pueblo vía referéndum con el objetivo de conocer la expresión real tanto de la voluntad autonómica como de la voluntad general del pueblo español.

Es posible que el conflicto no pueda resolverse si parte de una posición de completa ruptura entre la voluntad del pueblo en el que se fundamenta un determinado Parlamento autonómico y la del pueblo español en su conjunto. En tal caso, en un conflicto de soberanías que desbordara las previsiones de la CE, el resultado de ese conflicto dependería de la incapacidad de las partes de volver a situarlo en el marco constitucional y de la posición de los estados que conforman la comunidad internacional respecto a la legitimidad de cada parte en su posición ante el conflicto.

Es de esperar, sin embargo, que el marco señalado permitiera en todos los casos, incluso si el resultado fuera una potencial situación de ruptura, que la solución a encontrar pudiera manejarse dentro del marco constitucional. De partida, y a diferencia de otros estados, no existen límites materiales en la CE de cara a la revisión constitucional de cualquiera de sus preceptos.

Aclaración al punto 4 de la propuesta

El supuesto que se plantea en el punto 4 actúa cuando se da el conjunto de circunstancias siguientes:

1. Una iniciativa de reforma constitucional, ejercida en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 87 por un determinado Parlamento autonómico, es rechazada por el Congreso.

2. Sometida a referéndum entre el cuerpo electoral de la Comunidad Autónoma, la iniciativa es aprobada por las mayorías cualificadas establecidas (mínimo del 50% del conjunto del cuerpo electoral o 60% de los votantes en el caso más sencillo, que no implica ruptura de la soberanía), debiendo por tanto ser considerada en referéndum por el conjunto del pueblo español.

3. En el mencionado referéndum en el conjunto de España, la iniciativa no consigue el apoyo mayoritario del pueblo español pero si un apoyo superior al 40% de los votantes, o al 33% del cuerpo electoral.

En este supuesto se dan una serie de circunstancias en las que se combina un apoyo sustancial a la propuesta entre el cuerpo electoral autonómico (superior al menos al 50% de este cuerpo electoral o al 60% de los votantes) y un apoyo minoritario pero sustancial entre el pueblo español (más del 33% del cuerpo electoral o 40% de los votantes). En tal caso, en el que existen condiciones para encontrar un marco suficiente de consenso entre la voluntad autonómica y la voluntad soberana, la propuesta plantea la obligación de que las Cortes Generales y el Parlamento proponente negocien un texto alternativo susceptible, tras un nuevo referéndum, de ser aprobado por mayoría por el pueblo español.

La propuesta relativa al 33% del cuerpo electoral se basa en la proporción que en la Constitución española se establece como límite mínimo para poder vetar una propuesta de reforma constitucional que afecte a las partes centrales de la Constitución. Se entiende, por tanto, que refleja la parte mínima del pueblo español que tiene poder suficiente para limitar las decisiones de una amplia mayoría. En sentido contrario, se entiende que la opinión de un bloque de tal magnitud tiene importancia suficiente para ser tomado en consideración en cualquier proceso de reforma constitucional.

Sobre los niveles de apoyo exigidos

Como puede comprobarse, los niveles de apoyo exigidos para la reforma son altos, lo que se justifica por dos razones. En primer lugar, deben ser altos para evidenciar una voluntad efectiva, y de perspectiva de mantenimiento duradero, respecto al cambio de estatus político en la comunidad autónoma cuyo parlamento asume la iniciativa. Ese cambio de estatus implica, además, una reforma del sistema político definido constitucionalmente. Se trata por tanto de una decisión política trascendental.

En segundo lugar, se han considerado niveles de apoyo cercanos a los exigidos en la Constitución española y en los distintos Estatutos de Autonomía para impulsar las iniciativas de reforma.

La concreción de los apoyos necesarios y suficientes dependerá en todo caso de la voluntad política de quienes pudieran llegar a aceptar los planteamientos que se realizan en esta propuesta.

 

Notas sobre la dinámica electoral catalana. Luis Sanzo.

Recojo aquí algunas reflexiones sobre la dinámica socio-política en Cataluña, de acuerdo con el análisis de la evolución electoral del periodo 2006-2017 (elecciones autonómicas). Sin pretensión de constituir un artículo como tal, se trata más bien de unas notas generales para el intercambio de ideas. Las notas vienen acompañadas por los gráficos que soportan el análisis y sus conclusiones. Facilitar el acceso a los mismos a quien pueda estar interesado es el principal motivo de subir a Internet estas notas.

La preocupación por la dinámica electoral catalana no refleja, por otra parte, voluntad de seguir el fenómeno desde la sociología política sino de determinar las bases de lo que parece una manifiesta crisis socio-política en Cataluña que puede poner en riesgo las propias bases de la estabilidad democrática.

NOTA 1.

Después de aumentar de forma impresionante, y a ritmos prácticamente continuos entre 2006 y 2015, el voto al nacionalismo catalán llega a un límite en 2015. Tal y como puede observarse en el gráfico 1, este límite resulta evidente si se incluye el voto UDC de 2015. El voto nacionalista de 2017 es prácticamente el mismo que el de 2015.

Gráfico 1

Gráfico1

NOTA 2.

Como revela también el gráfico 1, tras la debacle del periodo 2006-2010, los apoyos electorales al bloque constitucionalista se sitúan claramente al alza desde entonces. Pero, a diferencia de lo que se percibe en el nacionalismo catalán, el aumento del voto constitucionalista se mantiene entre 2015 y 2017 hasta el punto de que, en 2017, los resultados se acercan a una situación de equilibrio de fuerzas entre los dos grandes bloques. Así, tras caer al 67,8% en 2010, la relación entre voto constitucionalista y voto nacionalista catalán, que en 2015 sólo se había recuperado hasta el 77,7%, despega hasta el 91,6% en 2017.

Gráfico 2

Gráfico2

NOTA 3.

La posición de Puigdemont es sin duda de fuerza pero no indica una posición verdaderamente hegemónica, capaz de imponer las líneas de la dinámica política, ni siquiera en el marco del independentismo. Frente al avance electoral de la población que se mueve en la órbita ERC-CUP a partir de 2010, la que se une en torno a CiU y JxCat tiende a una caída continuada a partir de ese año, tal y como se observa en el gráfico 3. Esta línea de caída se acentúa, además, entre 2015 y 2017. La fuerte recuperación electoral del CiU entre 2006 y 2010 queda en 2017 amortizada en su totalidad.

Gráfico 3

Gráfico3

En términos de capacidad de movilización de voto, y dentro del nacionalismo catalán, el verdadero vencedor electoral del procés es el bloque tradicionalmente independentista, orientado a la izquierda, que conforman ERC y la CUP. Este bloque que, tras el fracaso del tripartito y del proceso de gestión del Estatut, no llegó a representar en 2010 sino un 19,2% de los apoyos electorales que llegaban a CiU, consigue superar en un 19,4% el que que llega en 2017 a JxCat (gráfico 4).

Gráfico 4

Gráfico4

El impresionante avance del voto ERC-CUP entre 2006 y 2017 (de 416.335 a 1.122.759 votantes) es uno de los fenómenos sociopolíticos más llamativos de la España posfranquista. La combinación de crisis económica, social y política en Cataluña está en la base de este fenómeno.

NOTA 4.

El bloque ERC-CUP es el que consigue recoger, al menos en el marco del debate sobre el estatuto político de Cataluña, el malestar que sigue a la crisis del Estatut y a la debacle socioeconómica del periodo 2009-2013. En comparación con 2006, este bloque gana 706.404 votos en 2017 (+170% en términos relativos).

Gráfico 5

Gráfico5

En contraste, y como se puede ver en el gráfico 5, la evolución del voto al conglomerado de izquierda catalanista no independentista (PSC-ICV, EnComú/Podem) es negativa. Aunque se recupera entre 2010 y 2017, el voto conjunto a estas fuerzas se reduce en 152.202 votos en 2017 respecto a 2006. En términos electorales, el apoyo electoral a estas fuerzas es un 14,1% inferior en 2017 respecto a 2006.

Si en 2010, el sufragio expresado en favor de ERC apenas suponía un 22,3% del voto total a la izquierda en Cataluña, el que en 2017 llega a ERC y CUP supone un 54,8% del total (gráfico 6).

Gráfico 6

Gráfico6

NOTA 5.

Sin embargo, la novedad más significativa del proceso catalán es la aparición, avance y configuración como primera fuerza de la política catalana de Ciudadanos. Desde una presentación como fuerza por completo marginal en 2006, con apenas 89.840 votos, este grupo se convierte en primera fuerza política catalana en 2017, con más de 1,1 millones de votos (gráfico 7).

Otro aspecto a destacar es que el avance del peso electoral de Ciutadans resulta realmente muy reciente. Todavía en 2012, este partido apenas recogía 275.000 votos.

Gráfico 7

Gráfico7

El avance de Ciudadanos se basa en dos hechos destacables. De partida, resulta sin duda significativa la recogida de votos procedente de otros partidos del bloque constitucionalista. En el periodo 2006-2012, el crecimiento del grupo, aún moderado, se relaciona con la caída de voto socialista, con un incremento en ese periodo del apoyo electoral al Partido Popular. Entre 2012 y 2017, en cambio, el espectacular avance de Ciutadans se traduce en la quiebra casi completa del voto al Partido Popular, agudizado entre 2015 y 2017. Este partido obtiene en 2017 apenas un 39% del resultado conseguido en 2012.

Sin embargo, entre 2012 y 2017 el PP pierde 287.573 apoyos que quedan muy lejos de los más de 827.000 votos conseguidos por Ciudadanos. El PSC, además, consigue llegar a 2017 con más apoyos que 2012 y 2015. El partido de Rivera y Arrimadas se beneficia así, sobre todo, de la tradicional abstención de algunas zonas de Cataluña. Es su éxito principal.

El resultado es sorprendente. Un partido, antinacionalista y liberal, que apenas recogía un 7,5% del voto del bloque constitucionalista, en 2006 llega a conseguir -dentro de este bloque- un 58,3% de los apoyos en 2017. En cambio, el PSOE, que en 2006 recogía el 66,2% de los sufragios nacionalistas, se queda en un mínimo del 31,9% en 2017. El PP, que llegó a representar un 37,1% del voto en 2012, apenas concentra un 9,7% de los sufragios constitucionalistas en las últimas elecciones autonómicas catalanas (gráfico 8).

Gráfico 8

Gráfico8

NOTA 6.

En la dimensión política catalana, la izquierda catalanista y no independentista, a pesar de sus distintas formas de presentación, no parece haberse recuperado de la salida en falso del tripartito y del fracaso del Estatut de 2006. Tras perder un 25,3% de su apoyo electoral entre 2006 y 2010, no ha sido nunca capaz de recuperar con posterioridad el voto 2006, a pesar de una línea de ligera recuperación desde 2010 (ver gráfico 9).

Gráfico 9

Gráfico9

En este bloque, el estancamiento a la baja de 2006-2010, o la línea de pequeña mejora de 2010-2017, esconde la lucha algo cainita por el reparto interno del voto. Como se constata en el gráfico 10, esa lucha fue muy favorable a la línea ICV-Podem-En Comú entre 2010 y 2015 (su peso electoral en el bloque pasa del 26,2-28,6% de 2006-2010 a cifras cercanas al 41% en 2012-2015). Lo ha sido al PSC entre 2015 y 2017 (EnComú-Podem supone sólo un 34,9% del sufragio correspondiente a este bloque en 2017).

Gráfico 10

Gráfico10

El resultado final apenas se traduce en un pequeño aumento de voto de 2006 a 2017 en ICV-Podem/En Comú (+14,5%), con una caída significativa del PSC (-24,3%).

NOTA 7.

Visto desde el punto de vista de la izquierda que emerge con fuerza tras el 15/M, el bloque que gira en la actualidad en torno a la CUP y EnComú/Podem consigue en 2015 422.714 votos más que los registrados en 2006, año en el que ICV era la única expresión política. El voto útil, o las discrepancias políticas, se traducen sin embargo en una significativa caída electoral entre 2015 y 2017 en estas fuerzas (en aparente dirección hacia el PSC en el caso de los Comunes, y de ERC en el caso de la CUP). En el bienio 2015-2017, la CUP pierde un 42,8% de su apoyo electoral, proporción que es del 11,9% en el caso de los Comunes. Se quiebra radicalmente en todo caso el papel de atracción de voto hacia estos dos grupos que se había producido entre 2012 y 2015 (gráfico 11).

Gráfico 11

Gráfico11

La CUP resiste peor que EnComú/Podem la dinámica 2015-2017. Se percibe con claridad en la distribución electoral del voto correspondiente a estas dos fuerzas. Después del equilibrio observado en 2015, en 2017 un 62,6% del voto a estos grupos se queda en manos de EnComú/Podem (gráfico 12).

Gráfico 12

Gráfico12

ALGUNAS IDEAS FINALES

1. España tiene un evidente problema con el independentismo en Cataluña (el “pollastre” que menciona Puigdemont). Pero el nacionalismo catalán, hoy prácticamente todo él independentista, tiene un problema tan importante con la “salida del armario” de un abierto antinacionalismo pro-español. Unido a las fuerzas catalanistas de dimensión constitucionalista como el PSC, y al PP, este conjunto de fuerzas está ya casi a la par que el nacionalismo en número de votos. Este bloque “constitucionalista” tiene dos cosas a su favor: el poder real y el tiempo.

La Cataluña independentista sigue ganando pero eso no debería hacer perder de vista la realidad. Ya sólo es mayoritaria (y sólo en escaños) gracias a los resultados de Girona. Tiene, por tanto, también su “pollastre”. Las fuerzas constitucionalistas están en condiciones de esperar a que llegue su turno. En cambio, el tiempo juega en contra de un independentismo que  carece de apoyos significativos en Europa para conseguir forzar una negociación en su favor (al menos si va orientada a conseguir la independencia).

2. La posición de Puigdemont es aparentemente fuerte pero la realidad muestra que sus bases de poder no lo son tanto como para poder imponer su proyecto, ni internamente al resto del independentismo, ni externamente al Estado y a las fuerzas que están a su lado en Cataluña. Las fuerzas realmente dinámicas son las que se mueven en torno al voto ERC-CUP, por un lado, y al anti-nacionalismo que representa Cs y que hoy supera con claridad a JxCat, por otro. Este sorpasso, visible en el gráfico 13, habría sido imposible de prever en 2006.

Gráfico 13

Gráfico13

3. La victoria de Ciutadans en las elecciones autonómicas 2017 se fundamenta en parte en su capacidad de extraer votos del PSC y del PP. Sin embargo, su principal éxito ha radicado en atraer a la dinámica política electoral de Cataluña a grupos sociales que se situaban fuera hasta ahora en Cataluña. Por su perfil antinacionalista y liberal, se trata de un cambio radical de la estructura política existente a mediados de la pasada década, dominada en gran medida entonces por el PSC, catalanista y socialdemócrata.

4. El panorama político que muestra la Cataluña de 2017 es de completa crisis de sistema. Los dos partidos que han dominado la política español posfranquista, el PSC y el PP, han pasado de ser conjuntamente mayoritarios en Cataluña, con un 39,2% de los sufragios en 2006, a representar una minoría de apenas un 18,4% en 2017 (gráfico 14).

La crisis financiera de la Generalitat de Cataluña durante la crisis, en un contexto de pérdida de importancia relativa del conglomerado político en torno a CiU, ha llevado además a un grupo clave en la estabilidad política española a liderar el proceso independentista, un proceso al que se han incorporado con máxima fuerza el conglomerado tradicionalmente pro-secesión que representan ERC y la CUP. Este conjunto de partidos, hoy de facto situados fuera del sistema, recoge un 48,3% de los sufragios recogidos por los grupos con representación parlamentaria.

Pero otro 25,8% va a un partido que, apelando al constitucionalismo pro-español, reclama en realidad un nuevo proyecto para España. Este proyecto defiende un cambio en el sistema político que se sitúa de facto en un marco post-Constitución española de 1978., Su posición respecto a la educación y la política de comunicación en Cataluña, en la misma línea que sus críticas radicales al concierto y al cupo vascos, muestran un evidente propósito de redefinición del marco estatutario de las dos principales “nacionalidades” en España. En contra de lo que definen como privilegios y pretensiones de los “separatistas”.

Estos dos hechos combinados, el independentismo catalán, y su correlato de reacción antinacionalista, representan un 81,6% de los sufragios. En el 26% restante se incluyen grupos que, con la excepción del minoritario Partido Popular, defienden una reforma sustancial de la Constitución. Parece imposible poder negar la intensidad de la crisis política que esto supone para España.

Gráfico 14

Gráfico14

5. Entre los grupos que pierden capacidad de influencia política se encuentra la izquierda catalanista no independentista (hoy PSC y EnComú/Podem). La competencia electoral dentro de este bloque ha perjudicado sobre todo al PSC, en particular en el periodo 2010-2013, a pesar de que este partido recupera parte del terreno perdido en 2017. En cualquier caso, la reciente recuperación electoral del PSC no supone un cambio decisivo en el papel electoral del bloque que hoy gira en torno a los Comunes.

Se necesita mucho optimismo para no percibir en este bloque de izquierda no independentista una línea globalmente negativa respecto a la evolución de su peso político. La polarización en torno al eje nacional le sitúa en 2017 con un apoyo electoral inferior en un 14,2% al que llegó a tener en 2006. La caída afecta sobre todo al PSC pero no se traduce en un aumento de ICV-Podem/EnComú.

6. En el caso de los dos bloques nuevos, o reformulados, durante el periodo de crisis, y que habían crecido electoralmente de manera muy llamativa en paralelo a la crisis económica, la CUP sufre mucho más claramente que EnComú-Podem la dinámica 2015-2017. Pero, tras las recientes elecciones, ambas fuerzas se alejan de la capacidad de condicionar de forma decisiva la política catalana.

7. Los distintos aspectos señalados son coherentes con el proceso más amplio de crisis de las izquierdas y de la extensión de la alternativa post-socialdemócrata, incluso en contextos que teóricamente ofrecen un marco favorable a las fuerzas socialmente más rupturistas. En el caso catalán, esto muestra una reorientación de voto hacia las alternativas independentistas, con significativas dinámicas populistas asociadas (resulta aquí muy llamativa la línea nacional-populista del reciente discurso de Puigdemont). Pero también es clave la reorientación política de las preferencias hacia un nacional-liberalismo que comparten tanto JxCat y como Ciutadans. En todo ello, el proceso catalán tiene claros elementos comunes con la dinámica post-socialdemócrata que se observa en otros países.

8. En mi opinión, la única salida que tienen las izquierdas no independentistas en España es pactar unas bases políticas mínimas. Esas bases no tienen por qué traducirse automáticamente en estrategias políticas conjuntas pero sí resultan necesarias para impedir el proceso de autodestrucción (o de mutua destrucción) en el que se encuentran inmersas estas izquierdas. Si en lo social estas bases políticas mínimas están por definir (dada la liquidación práctica de los paradigmas dominantes hasta hoy), en lo nacional deben pasar por seguir manteniendo el ideal de convivencia federal-autonomista y conseguir una solución pactada para recoger constitucionalmente la voluntad de decidir el futuro de las naciones minoritarias en España (vasca y catalana, en todo caso).

Ese pacto, con voluntad de hierro, supondría algo así como la constitución básica de las izquierdas españolas. Estas izquierdas no deberían moverse de ellas en sus relaciones políticas con las dos principales fuerzas que se le oponen, ya sea desde el nacionalismo independentista o desde el españolismo antinacionalista hoy en fase de redefinición política. En esa posible orientación política, sus aliados principales serían las fuerzas dispuestas a apostar, a la vez, por el estado social de bienestar y por alguna forma de organización política (de componente federal o confederal) que hiciera posible mantener una forma política de convivencia conjunta, de base necesariamente plurinacional.

 

Políticas contra la pobreza y humillación personal. Luis Sanzo

Dos artículos han llamado recientemente la atención sobre la importancia de considerar los problemas ligados a la humillación y la vergüenza en el diseño de las políticas de lucha contra la pobreza. En uno de ellos, Keetie Roelen, señalaba que las políticas que intentan atajar la pobreza tenían que tener en cuenta la vergüenza como un factor determinante para su correcto diseño. En su blog, Belén Navarro, señalaba por su parte que la vergüenza ”es peor que el hambre”.

Lo más llamativo del artículo de Navarro es aquella parte en la que señala que “la vergüenza tiene una función disciplinaria en política social en general y servicios sociales en particular”, una circunstancia que vincula a la cuestión de la ética y del amor al trabajo: “no tener empleo está mal visto, es un motivo de vergüenza”. Pero, recordando a Roelen, Navarro afirma que encontrarse en situación de pobreza es aún peor que carecer de empleo y que, en este contexto, el neoliberalismo “construye una falsa dicotomía entre los pobres merecedores y los no merecedores, los primeros, personas que han caído en desgracia y que merecen toda nuestra conmiseración y apoyo, los segundos, parásitos del estado … Pobres con vergüenza y sinvergüenzas”. La cronificación ligaría en parte estos dos mundos cuando algún merecedor “comienza a fallar y se convierte en pobre no merecedor”. Es entonces cuando podría empezar a sentir el mismo rechazo que los y las profesionales parecen dedicar al llamado sinvergüenza. De ahí la pregunta clave al colectivo profesional: “¿Estamos siendo acompañantes en procesos de ayuda o un elemento más del control social?”.

No pretendo dar respuesta a esta pregunta clave pero sí recuperar una experiencia de seguimiento de lo que se definió en su origen, en Euskadi, como el Plan de Lucha contra la Pobreza. Se trata del marco en el que surgió lo que todavía sigue siendo la experiencia histórica más destacada y duradera de renta mínima en el sur de Europa.

La puesta en marcha de la política de garantía de ingresos en el País Vasco vino acompañada de la realización de una serie de estudios que pretendían evaluar sus resultados. Utilizando una aproximación de Panel, uno de esos tipos de estudios consistía en seguir durante 18 meses a los hogares de las personas titulares de la renta mínima de cara a analizar su capacidad para salir de la prestación. Este sistema de evaluación se mantuvo hasta primeros de siglo y concluyó con el Estudio de seguimiento por panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Aunque se refieren a un periodo ya lejano, una de las principales utilidades de estos trabajos, en el contexto de debate planteado por Roelen y Navarro, es que ofrecen información sobre aspectos poco estudiados como la humillación o vergüenza percibidas por la población beneficiaria de la renta mínima vasca.

Un aspecto a destacar de partida se relaciona con los límites de las políticas de inserción para los titulares de las rentas mínimas. A primeros de siglo, en marzo de 2000, el pesimismo respecto al impacto de las acciones de inserción caracterizaba tanto a los profesionales de los servicios sociales como al propio colectivo beneficiario. Entre las personas que tenían firmado un convenio de inserción o desarrollaban acciones de contraprestación, un 57,4% pensaba que las acciones contenidas en los mismos no incidían en su situación laboral (37,8%), no se adecuaban a sus problemas (11,6%) o simplemente no servían para nada (8%). Un 61% de los titulares de la renta mínima en aquel momento consideraba además que los servicios sociales contribuían poco a la salida de la prestación, aunque el 88,7% veía favorablemente su actuación de cara al acceso a la prestación.

Es verdad que este pesimismo no siempre encontraba fundamento en los datos reales. Así, entre los titulares de la renta mínima en marzo de 2000 que desarrollaron acciones de formación a partir de esa fecha, un 25% tuvo éxito en términos de acceso o mejora de empleo. Pero el estado de ánimo señalado mostraba una valoración muy pesimista de las acciones públicas para la inserción.

Una de las consecuencias de este relativo fracaso en consolidar los procesos de inserción era la influencia negativa en la autoestima de las personas receptoras de las prestaciones. Aunque no generalizados, los datos de marzo de 2000 mostraban la existencia de problemas relevantes en este punto. Así, entre las personas titulares de las rentas mínimas en Euskadi, un 21,5% se consideraban diferentes y un 32% tenía sensación de humillación por tener que recurrir a estas prestaciones para solucionar sus problemas económicos. En un 22,9% de los casos, esto llevaba a ocultar –ante las personas más próximas a la unidad beneficiaria- el acceso a la renta mínima.

Centrando el análisis en el fenómeno de la humillación, directamente ligado al de vergüenza, los datos disponibles muestran varios aspectos de interés. En primer lugar, se constata que la percepción de humillación crece conforme aumenta el tiempo en la prestación. Así, entre los titulares iniciales de la renta mínima a principios de 2000, en octubre de 2001 la percepción de humillación llegaba a situarse en un 41,2% entre las altas a muy largo plazo y en un 36,9% entre las altas a largo plazo (frente a cifras de 33,8 y 28,8% en marzo de 2000). En fuerte contraste, la salida de la prestación se traducía en una notable caída de la percepción del problema, con apenas 13-14% de personas haciendo mención al sentimiento de humillación en relación con el acceso a la renta mínima.

En segundo lugar, la humillación se vincula a determinados factores sociales, tal y como puede comprobarse entre las personas que se mantienen en la renta mínima al principio y al final del periodo de aplicación del Panel (entre ellas, la percepción de humillación se situaba en un 48%).

En este grupo se observa, en particular, que el sentimiento de humillación aumenta en aquellas circunstancias que más se alejan de la inserción laboral. Como muestra el gráfico 1, cuanto menor es la experiencia con el trabajo durante los 18 meses analizados en la unidad de convivencia, mayor es la percepción de humillación de la persona titular.

Gráfico 1

gr1Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

El sentimiento de humillación es mayor entre las mujeres pero resulta más determinante su evidente correlación con la edad. La humillación percibida aumenta en paralelo a la edad, con una nítida frontera separadora que se sitúa en los 45 años. Por encima de esa edad, la vinculación a las rentas mínimas se experimenta desde muy altos niveles de humillación, tal y como revela el gráfico 2.

Gráfico 2

gr2

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

En parte, los datos relativos a la edad se vinculan a la circunstancia racionalizadora que supone, en los hogares jóvenes, la existencia de menores. En presencia de hijos o hijas menores de edad en el hogar, el sentimiento de humillación por el acceso a las prestaciones se reduce de manera notable, tal y como se comprueba en el gráfico 3.

Gráfico 3

gr3

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

El alejamiento del trabajo, en especial en personas sin menores a cargo y mayores de 45 años, no es sin embargo el único factor decisivo que queda asociado a un significativo incremento de la percepción de humillación al acceder a las rentas mínimas. Otros factores, ligados a circunstancias personales difíciles, también resultan relevantes. El gráfico 4 muestra la mayor incidencia del sentimiento de humillación en personas con bajos niveles de estudios, o con estudios que hoy sitúan en posición compleja ante la inserción laboral a la población (en especial en el caso de estudios secundarios no profesionales). La presencia de problemas personales especiales tiene el mismo impacto diferencial en un mayor nivel de humillación percibida (gráfico 5).

Gráfico 4

gr4Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

Gráfico 5

gr5Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica (2000-2001). Personas titulares al principio y final del Panel (marzo 2000 y octubre 2001). Base 100 situada a 0 por sencillez de presentación.

 

Un tercer aspecto de interés tiene que ver con la evolución temporal de la incidencia de las problemáticas de humillación. A pesar de una flexibilización del sistema de garantía de ingresos a partir de 1998, en términos de introducción del doble derecho y de una mejora de las cuantías, a primeros de siglo el sentimiento de humillación había aumentado claramente entre la población titular de la renta mínima vasca. Así, frente a un 20,2% de titulares de la prestación que experimentaban este sentimiento en enero de 1992 (Panel 90-92), la cifra había subido en marzo del año 2000 al 32%.

El sentimiento de humillación señalado es, por supuesto, uno de los principales argumentos en contra de las políticas de rentas mínimas de inserción. El mal uso de las contraprestaciones o de los programas de inclusión social puede contribuir a la sensación de humillación entre las personas beneficiarias. Es un argumento clave a favor de la Renta Básica o, en otro sentido, de los sistemas de Renta Garantizada.

La realidad, sin embargo, es que no existe Renta Básica y que la reciente introducción de propuestas de Renta Garantizada resulta limitada. En la forma conocida en España, es discutible de hecho que muchas de las nuevas rentas supongan un cambio cualitativo respecto a las tradicionales rentas mínimas de inserción. Las propuestas de Renta Garantizada en Aragón, Cataluña o Comunidad Valenciana se caracterizan por introducir un suplemento ligado a la inclusión, con una parte de renta garantizada que resulta, en general, de cuantía reducida. En esas circunstancias, la presión hacia la inclusión seguirá resultando determinante en la gestión. A ello contribuirá, además de la presión del gasto, un marco conceptual en el que se impone la visión europea de la activación, muy asociada al desarrollo de las políticas de condicionalidad.

En este contexto, para el mundo profesional ligado al diseño y la gestión de los sistemas de garantía de ingresos, seguirá resultando clave buscar respuestas adecuadas a la pregunta relativa a cómo abordar de la mejor forma posible el proceso de configuración de las rentas mínimas. A finales del pasado siglo, la alternativa diseñada en la ley vasca contra la exclusión de 1998 se tradujo en una apuesta por la renuncia a la contraprestación y por la aplicación del principio del doble derecho (a una garantía de ingresos y a la inserción/inclusión). Sus efectos fueron relativos porque la tramitación de la ILP por una Carta Social se tradujo en una rápida recuperación del principio de contraprestación. Pero se han desarrollado iniciativas que profundizan en la dirección entonces definida en Euskadi, como la formulada en Navarra. La renta garantizada navarra innova al apostar, más que por el doble derecho, por la nueva concepción de dos derechos paralelos, y asume el modelo de estímulos al empleo de la ley vasca contra la exclusión. Los resultados de la experiencia navarra serán así decisivos para fijar el nuevo rumbo de las rentas mínimas autonómicas.

En cualquier caso, como muestran los datos presentados, la percepción de la humillación es una cuestión más compleja, relacionada con la visión que las personas beneficiarias de las prestaciones de garantía de ingresos tienen de su propia situación, y no sólo –aunque sí de manera decisiva- de su posición respecto al empleo. El sentido de la utilidad personal, del propio significado social de la existencia, es por ello un elemento decisivo en la génesis de los sentimientos de humillación y vergüenza.

Se trata, y es preciso recalcarlo, de una cuestión que no se resolverá de forma automática con una mejor garantía de derechos económicos o con la introducción de medidas como la Renta Básica, menos aún si ésta es de una cuantía tan baja que apenas serviría para garantizar la supervivencia a una parte de la población. Esta parte de la sociedad correría entonces el riesgo de quedar claramente al margen de la forma de vida de la población media de la sociedad productiva e hipertecnologizada que está por llegar. En términos de vergüenza y humillación, no todo se reduce a sobrevivir, y el problema no queda del todo resuelto con definir la supervivencia como derecho.

Tener en cuenta todas estas cuestiones resultará decisivo de cara al diseño de una política de protección social y de garantía de ingresos que pretenda situarse fuera de los objetivos de control y castigo social de los que nos habla en su artículo, y de forma sin duda acertada, Belén Navarro.

El debate sobre la ILP sindical para una prestación de ingresos mínimos. La intervención de Carlos Bravo. Luis Sanzo

Siguen las intervenciones en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso en relación con el debate de la Proposición de Ley, impulsada por UGT y CCOO, sobre el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la Seguridad Social.

A petición del Grupo Parlamentario Socialista, el 28 de noviembre intervino uno de los más firmes defensores de la propuesta, el Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. La intervención merece ser reseñada por su carácter aclaratorio respecto a lo que constituyeron las concepciones y motivaciones últimas de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular. Algunas de las principales tesis defendidas por el líder sindical se presentan a continuación, de forma ordenada y tomando la literalidad del contenido de la intervención.

Una renta mínima para personas desempleadas

En la aproximación sindical, tal y como queda reflejada por Carlos Bravo, la prestación de ingresos mínimos planteada en la ILP se perfila como una Renta Mínima. Como señala el responsable de CCOO, “esta iniciativa no es una renta básica”, tampoco una Renta Garantizada, sino “una iniciativa de renta mínima”, sujeta por tanto a condicionalidad, en especial en la vertiente de ingresos.

Bravo apela, en este contexto, al punto 14 del Pilar Europeo de Derechos Sociales para fundamentar su apuesta por la prestación. Así, señala que, entre sus veinte puntos “el número catorce es un llamamiento al desarrollo de sistemas de rentas mínimas en el conjunto de los estados donde además los fondos sociales comunitarios pueden jugar un papel relevante también”.

No se trata sin embargo de una renta mínima que pretenda llegar a todas las personas necesitadas. Su objetivo es más limitado: garantizar unos ingresos mínimos a las personas “con disponibilidad para trabajar, que carecen de empleo, y de recursos mínimos”, para ellas y para los familiares a su cargo. Bravo presenta, por ello, la prestación de la ILP como una de las medidas “que permiten, no avanzar totalmente en el establecimiento de una renta mínima en España, pero avanzar sustancialmente en una garantía de rentas suficiente, en este caso en el marco de la protección por desempleo”. Una medida que acepta que pudiera implantarse de manera progresiva pero que, en todo caso, ve como un mecanismo necesario para poder hacer frente a cualquier nueva crisis.

Una acción situada en el marco de la Seguridad Social que pretende cubrir un vacío percibido entre la acción asistencial del Estado y las rentas mínimas de las comunidades autónomas

Los sindicatos siempre han apostado por situar su propuesta en el marco de la Seguridad Social, algo que no consideran inconstitucional. Enmarcada en el artículo 41 de la Constitución, “lo que estamos haciendo es una prestación de carácter asistencial”, algo que Carlos Bravo considera compatible con las normas constitucionales puesto que el sistema de Seguridad Social tiene también una dimensión asistencial.

Su visión de la prestación como “una prestación estructural, de carácter permanente en el tiempo”, justifica, por otra parte, que no pueda ser tratada como una medida similar al PREPARA, susceptible de ser situada, por su dimensión temporal y extraordinaria, en el contexto del artículo 149.1.13 (relativo a la planificación general de la economía) y, por tanto, transferible a las comunidades autónomas.

Se trata, en cualquier caso de una concepción centralista del sistema, con encaje constitucional en el 149.1.17 de la Constitución que define la competencia estatal en materia de legislación básica de la Seguridad Social.

Que no excluye una gestión autonómica de la prestación

La voluntad de actuar en el marco de la “caja única” de la Seguridad Social no es sin embargo incompatible, dado que hay formas de ejecución diferenciadas, “con una experiencia al respecto que nos es de utilidad aquí”, la de las Prestaciones No Contributivas de la Seguridad Social. Como señala Bravo “el modelo de las PNC para aplicar esto, nos parece que es posible”, “ya tenemos una parte de la Seguridad Social donde la legislación por parte del estado, la financiación por parte del estado, la … uniformidad de la prestación en el conjunto del territorio es compatible con que la detección de necesidades y la tramitación de esas prestaciones se produzcan en el ámbito de las comunidades autónomas. Son las pensiones no contributivas”. “En ellas pensábamos” cuando estaban definiendo la ILP, remarca. Aunque es posible discutir en parte esta afirmación tan tajante puesto que, como de hecho acepta el propio Bravo, la ILP hablaba de “entidad gestora, sin más”.

En cualquier caso, la referencia a las PNC sirve ahora a los promotores de la ILP para no cerrar puertas. El que la nueva prestación se integre en Seguridad Social, algo que ven necesario los sindicatos, “no es incompatible con que en la gestión, en la ejecución, en la detección utilicemos … figuras que ya conocemos” y que se han puesto en marcha con las mencionadas prestaciones.

En cuanto al marco de actuación, no le parecen inadecuadas ni la vía de los servicios sociales ni la del sistema de empleo. “Ambas soluciones son viables”.

Pero que, en su concepción, pretende situarse al margen de las comunidades autónomas

Sin embargo, la voluntad de situar conceptualmente la prestación al margen de las comunidades autónomas era difícilmente discutible en la concepción sindical. El objetivo de los sindicatos con la ILP era cubrir “un vacío de cobertura evidente” entre el sistema de subsidios de la Seguridad Social y las prestaciones “de naturaleza distinta que asumen las comunidades autónomas”. En este espacio intermedio detectaban un amplio vacío de cobertura, “creciente en los momentos de crisis, decreciente pero existente en los momentos de bonanza”. Su propuesta básica, por tanto, se centra en completar los vacíos del sistema desde la Seguridad Social.

En palabras de Bravo, la iniciativa planteada “permite completar el mapa de cobertura por desempleo”, un objetivo que es prioritario respecto a lo que sería la intensidad de la protección cuya mejora sería sin embargo posible con el tiempo (CCOO acepta que los 430,27 euros de la prestación suponen una cuantía muy baja, aunque coherente con lo que el legislador ha pretendido al fijar los niveles de referencia de la cobertura asistencial).

Liberar a las comunidades autónomas de una acción que no les corresponde:

Sin embargo, la propuesta sindical no se explica del todo en términos del vacío de cobertura planteado. También es determinante una cierta concepción sobre el papel sociale que corresponde a Estado y Comunidades Autónomas, ligado a la dicotomía de atención entre personas desempleadas y excluidas sociales.

Una tesis básica de Carlos Bravo es que la prestación de ingresos mínimos planteada por los sindicatos tendría un efecto positivo directo sobre la acción de las comunidades autónomas porque permitiría “y esto es muy importante … liberar a las comunidades autónomas de un gasto que están asumiendo hoy”. No se trata sin embargo, con esta aproximación, de facilitar “una forma adicional de financiación de las comunidades autónomas”. Ése “no es el propósito”, “no pretendemos liberar de gasto a las comunidades autónomas, no pretendemos por aquí aumentar la financiación autonómica”. Lo que pretenden los sindicatos es situar a las comunidades autónomas en una acción social muy concreta: la directamente relacionada con la atención a la exclusión social, algo que -en su opinión- no tiene relación directa con la protección directa al desempleo.

Es en este contexto en el que la ILP “permitirá liberar también recursos a las comunidades autónomas que deberán dedicar a reforzar sus políticas sociales”. Según Bravo, con su actuación actual, las comunidades autónomas están “protegiendo a personas que son empleables, que están en situación de trabajar, y que han agotado todas las redes de protección estatales y sólo les ha quedado la posibilidad de refugiarse, por carencia de rentas, en las redes asistenciales, de las comunidades autónomas”.

Desde su punto de vista, se trata de un error porque, con esa actuación, las comunidades autónomas “están infraprotegiendo, a muchas personas” porque “hoy las comunidades autónomas estén protegiendo a personas, en el ámbito de sus competencias de asistencia social, pero también estén protegiendo a personas que han agotado todas las prestaciones por desempleo, que están fuera de ningún marco de protección y que buscan refugio en aquella a la que sólo le sujetan prueba de rentas”, además de otros requisitos generales, “como única posibilidad de acceder a una prestación económica”.

La atención a la población parada es “algo que están asumiendo hoy las comunidades autónomas por incomparecencia del Estado hasta ese nivel de cobertura, pues lo tiene que asumir el Estado”. Eso es lo que liberaría recursos que las comunidades autónomas deberían dedicar a grupos de excluidos sociales: “esos recursos que están dedicando esas comunidades autónomas lo podrán dedicar a otras políticas sociales”.

Y que, además, no abordan correctamente

Es evidente que hay una visión crítica de la acción de las comunidades autónomas en las tesis de Carlos Bravo. En su intento de ir más allá de la atención a personas excluidas, y de cubrir a colectivos desempleados, su acción no resulta acertada. Porque ese espacio de atención “está siendo ocupado, muy parcialmente, muy parcialmente, por las comunidades autónomas”, una atención que presenta como “esa infraprotección, muy parcial, que dan las comunidades autónomas”.

Por supuesto, tampoco actúa correctamente el Estado, que debería atender mucho mejor a la población desempleada. “Lo que decimos es que una parte de esas personas, que hoy están siendo protegidas por las comunidades autónomas, como red de último recurso, deberían estar siendo protegidas por el sistema de protección por desempleo porque son desempleados que han agotado su prestación y que el estado ha dejado de proteger. Por tanto, no es un objetivo el liberar de gasto a las comunidades autónomas, es una consecuencia de una realidad que se está dando y es que nuestro sistema de protección por desempleo no es suficiente”.

La ILP, por tanto, podría situar a las Comunidades Autónomas en disposición de ajustarse a su verdadero papel: atender al grupo de personas en situacion de exclusión social

En definitiva, para Bravo, el papel esencial de la ILP para las comunidades autónomas es liberar “recursos que dediquen a otras cosas en el ámbito de sus competencias, … en el ámbito de la asistencia social”. Con la ILP, podrán por fin dejar de realizar ese trabajo indebido que les caracteriza, con esa disposición a atender a personas desempleadas y centrarse en las situaciones de exclusión: “las personas en mayor situación de necesidad son las personas en situación de exclusión social … no están cubiertas por esta ILP y es verdad … porque esta ILP se enmarca en un esfuerzo del sistema de protección por desempleo. Pero esa liberación del trabajo indebido que hacen las comunidades autónomas permitiría liberar recursos para atender a las situaciones de exclusión social en el ámbito de las competencias de asistencia social de las comunidades autónomas”.

En esa concepción de la acción asistencial para personas “excluidas sociales” es en la que sitúa Carlos Bravo el papel de las comunidades autónomas: “El diseño de la ILP, desde el principio, intentaba resolver cualquier problema de disputa competencial, intentaba colocar hasta donde puede la acción del Estado, en la protección por desempleo, porque la otra, el otro ámbito de cobertura, no corresponde al Estado … corresponde a las comunidades autónomas”. Sólo si la Seguridad Social pretendiera extenderse a otros espacios pudiera plantearse, según el sindicalista, ese debate competencial que dicen haber pretendido eludir. Porque, desde su punto de vista, no hay “verdadero debate competencial en torno a este asunto” porque el marco competencial es claro.

Las dificultades de imponer esta visión del papel de las comunidades autónomas

Sin embargo, los promotores de la ILP están teniendo problemas a la hora de imponer su visión de la distribución competencial, en particular respecto al ámbito en el que situar el sistema de prestaciones de último recurso. Carlos Bravo asume, en este sentido, que el planteamiento sindical puede entrar en contradicción con la figura de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

Una asunción algo forzada del principio de compatibilidad con las rentas mínimas, al menos para todas las comunidades autónomas

En la relación entre la prestación de ingresos mínimos de la ILP y las rentas mínimas autonómicas, la principal cuestión que se plantea tiene que ver con su compatibilidad, uno de los “muchos espacios abiertos” o de las “muchas materias” que los sindicatos dicen no haber cerrado en la ILP. Según Bravo, “la ILP contiene … ya esa previsión, de una manera ciertamente no expresa, lo que habla es que será compatible con cualquier otro tipo de rentas que cumplan determinadas condiciones”. De ahí que considere “que pueden entrar las [prestaciones] de las comunidades autónomas”. No ve por tanto “ningún inconveniente en decir que nos parece razonable que se produzca esa compatibilidad”.

Bravo parece así asumir la tendencia -que se observa en la mayor parte de las intervenciones en la Comisión-  a contemplar a las rentas mínimas autonómicas, y no a la prestación propuesta en la ILP, como prestación de último recurso. Como señala el responsable de CCOO, si se leen adecuadamente las enmiendas que se han presentado, “se está hablando de una compatibilidad plena y, por tanto, hay que prever que la prestación de último recurso es únicamente la de las comunidades autónomas, esta prestación [la de la ILP] no sería prestación de último recurso” y “podría ser objeto de mejora” en el marco de las comunidades autónomas.

Esto lleva a Carlos Bravo a admitir ese posible papel de las comunidades autónomas. “Es verdad que puede haber una colisión sobre cuál es la prestación de último recurso y que no tiene sentido que haya dos prestaciones de último recurso”, dice, antes de reconocer que tiene más sentido que esta función de última red se sitúe en el ámbito de las comunidades autónomas. Por eso, las enmiendas de compatibilización pueden precisar bien la situación, según el responsable de CCOO, algo que permitiría superar la posible tacha de inconstitucionalidad que afecta a la ILP.

Con implicaciones en el coste previsto por los sindicatos

En la intervención de Bravo queda claro sin embargo que la compatibilidad no era un planteamiento que se admitía en la ILP para todas las comunidades autónomas. Para Bravo, de hecho, la compatibilidad “está en la ILP” pero en una forma “que variaba dependiendo de lo que ocurría en cada comunidad autónoma. Porque la prestación de la comunidad autónoma también computaba en prueba de rentas”. Dicho de otra forma, más entendible: en la ILP, algunas comunidades autónomas quedaban fuera de la posibilidad de acceder a la prestación.

Uno de los puntos más interesantes de la intervención de Bravo es precisamente su aceptación de que los sindicatos plantean una aproximación que, de manera implícita y con criterios ligados al coste económico, supone tratar de forma diferente a las rentas mínimas de las comunidades autónomas (y con ello a las personas que se benefician de ellas). Bravo lo explica así: “La lógica que tiene la ILP en su creación es que la prestación se puede obtener sujeta a prueba de rentas y, por tanto, aquella comunidad autónoma que tuviera una prestación que superara la prueba de rentas no accedería y la que la tuviera por debajo sí accedería”. Lo precisa aún más: “tal y como estaba formulada la ILP, la relación con las prestaciones de las comunidades autónomas podía ser diversa. Dicho de otra manera, no es lo mismo la relación de esta ILP con una prestación de una comunidad autónoma … cuya renta mínima garantizada es inferior a 300 euros, o de 350 euros, por tanto inferior a esta ILP, que la de una comunidad autónoma que tenga una prestación que supere los 600 euros, como hay tres de ellas, cuatro con una ley aprobada hace unos pocos meses, y que tienen por tanto una relación distinta con ella. Y esto podía dar lugar a diferentes formas de relacionar una prestación con la otra, y a diferentes impactos en coste”.

Por esa razón, la plena compatibilidad que plantean algunas enmiendas al texto tiene implicaciones en términos de incremento del coste de aplicación de la ILP. “Si eso es así”, si las rentas mínimas autonómicas actúan como última red de garantía, “esa cuantificación … la tenemos hecha”, señala Carlos Bravo: 1.500 millones adicionales en el coste de la iniciativa popular; 1.270 millones al considerar el descuento neto que se derivaría del aumento del IVA por incremento asociado del consumo.

Pero hay, sin duda, otra forma de considerar esta cuestión. Lo que Bravo define como el coste añadido a la complementariedad total, los 1.500 millones señalados, es también la partida que la ILP pretendía ahorrarse en gasto a cuenta de la imposibilidad de aplicar la complementariedad en las comunidades autónomas más generosas (aquellas con prestaciones de garantía situadas por encima del 75% del SMI per cápita, el umbral marcado para poder acceder a la prestación propuesta por los sindicatos). El coste de la mayor protección tiene como reverso, por tanto, el ahorro que habría supuesto situar a parte de la población desempleada (la de las comunidades autónomas generosas en sus rentas mínimas) al margen de la protección planteada en la ILP.

Esta aproximación resulta algo contradictoria con la presentación del modelo como una red que cohesiona en el conjunto del territorio. Por un lado, porque la mayor generosidad de algunas prestaciones se vincula en parte a los mayores precios existentes en las comunidades con rentas mínimas de mayor cuantía. Por otro, porque la discriminación aplicada a estas comunidades se acompaña, de forma paradójica, con la posibilidad de acumular varias prestaciones en algunos hogares de comunidades en las que la ILP sí acepta la compatibilidad. Bravo lo confirma al señalar que la “ILP está configurada para que una unidad familiar pueda ser beneficiaria de más de una prestación”. Sólo en las comunidades en las que es posible acceder a la prestación, claro.

Las reticencias a que estas prestaciones complementen los salarios.

En su intervención, Bravo, que en este tema señala no querer ser fundamentalista, muestra otro rasgo llamativo del planteamiento de CCOO y UGT: las evidentes reticencias sindicales en relación con los complementos salariales. A nosotros, “eso nos genera algunos otros debates y me llama la atención que … no se señale la posible utilización abusiva que tiene la de utilizar este tipo de prestaciones como complementos salariales cuando se puede utilizar, como se hace, de manera fraudulenta el contrato a tiempo parcial para hacer jornadas superiores a las que se están estableciendo contando con que hay ayudas públicas asociadas”. “Esto, que es un riesgo en cualquier prestación de renta garantizada se tiene que abordar”.

El problema central es, por tanto, el fraude empresarial: “A nosotros nos preocupa la idea de los complementos de prestaciones públicas sobre el salario. Nos preocupa la utilización fraudulenta. Porque conocemos un poco el mercado de trabajo. Y sabemos que hay empresas que no van a utilizar nunca de manera fraudulenta figuras de este tipo. Y en algunos otros casos, sabemos que se hace de manera más habitual de lo que fuera necesario”.

La posición sindical resulta muy poco abierta en este punto. Se limita a aceptar la extensión temporal de la compatibilidad de la prestación con el empleo (de tres a seis meses, como sugiere alguna enmienda), en clara contraposición a “una permanente complementariedad de este tipo de prestaciones … que debería analizarse en el marco del mercado de trabajo adecuadamente”. O a aceptar la complementariedad, en rentas mínimas, en supuestos muy concretos, como el de las familias monoparentales en Cataluña.

Un ejemplo positivo, para Bravo, es en este sentido el de la ley de Renta Mínima en Cataluña, con un debate sobre la cuestión que se ha resuelto “estableciendo la compatibilidad con el salario para familias monoparentales, con hijos, y con contrato a tiempo parcial. Lo que supone una medida clarísima de discriminación positiva. A mí esa figura no me genera ningún problema. Son situaciones que uno puede ver con mucha claridad. Ahora, establecer con carácter general que estas prestaciones puedan complementar salarios, me parece que es algo que hay que meditar de manera mucho más precisa”. No deja de resultar sorprendente, sin embargo, que los sindicatos se nieguen a que una renta mínima complemente de forma generalizada los ingresos de personas ocupadas hasta los umbrales establecidos.

Hay algo contradictorio en esta posición, dado que, como señala Bravo en otra parte de su intervención, la baja cuantía de prestaciones como la planteada en la ILP (430,27 euros) difícilmente van a desincentivar nada en materia de acceso al empleo, dado su alejamiento del nivel del salario mínimo.

Breve valoración final

Como es conocido, mi planteamiento siempre ha estado lejos del defendido en esta cuestión por CCOO y UGT. Mis críticas se centran en las siguientes ideas:

a) El objetivo de ampliar la protección al desempleo es positiva y defendible. El contenido de la ILP podría, de hecho, redefinirse para mejorar la protección individual a las personas desempleadas en esta estricta dirección. Pero la pretensión de situar en la llamada prestación de ingresos mínimos la última red de protección siempre ha constituido un error en la concepción de UGT y CCOO.

b) Debe existir un sistema de última red de garantía de ingresos que se abra al conjunto de la población, gestionado desde abajo y en base a las competencias hoy asignadas a las comunidades autónomas. Su mantenimiento debe contar con financiación suficiente. Este sistema no sólo debe cubrir las carencias del sistema de protección del Estado sino hacer frente al diferente nivel de precios existente en las distintas comunidades autónomas.

c) Este sistema debe tener en cuenta la problemática de la población trabajadora con menores recursos. La posición de UGT y CCOO es en extremo conservadora en este punto y va en contra de las líneas de reforma de las políticas de garantía de ingresos que se han ido imponiendo en los últimos años en Europa y Norteamérica.

d) No es posible sostener la división entre personas desempleadas y personas en situación de exclusión social en la aproximación a una política de garantía de ingresos. Las distintas modalidades de protección deben contribuir, desde su propia lógica, a cubrir las necesidades del conjunto de la población, sin establecer distinciones como las que se señalan.

 

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