CategoríaDesigualdad

Factores a considerar en el análisis de la caída de la fecundidad en España entre 2016 y 2018. Luis Sanzo

  1. Introducción

Este documento analiza algunos aspectos principales a tener en cuenta en el análisis de la caída de la fecundidad en España en el periodo 2016-2018. El enfoque se centra principalmente en aquellos factores de base esencialmente económica que están teniendo relevancia en este proceso.

Los datos que se presentan muestran la influencia de factores de importante trasfondo económico en la caída de la fecundidad en España a partir de 2016. Los más relevantes se vinculan, por una parte, a un nuevo retraso en los procesos de emancipación de las generaciones de mujeres españolas jóvenes; por otra, a las mayores dificultades a las que se enfrentan las mujeres emancipadas que pertenecen a hogares que carecen de recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades mínimas para llegar a fin de mes. En especial en algunas comunidades autónomas, la línea de caída de los indicadores de fecundidad que se extiende a los hogares con recursos económicos suficientes se relaciona igualmente con aspectos que revelan cierto deterioro económico asociado. En este último caso no obstante, las razones de la caída de la fecundidad no son fáciles de interpretar en estos momentos, ni en un sentido socio-económico ni en un sentido de cambio cultural.

1. La sorprendente caída de la fecundidad en España en el periodo 2016-2018

En lo relativo a la dinámica de la fecundidad en España, el periodo 2016-2018 se caracteriza por unos cambios que resultan sin duda extraordinarios.

Este carácter extraordinario se resume en tres hechos fundamentales que pueden destacarse en el análisis de los datos contenidos en el gráfico 1. Por una parte, a lo largo del periodo de expansión económica que va desde mediados de los años 90 hasta 2008, así como durante la posterior recuperación de la economía a partir de 2013, nunca se había observado en España una caída bienal del Indicador Coyuntural de Fecundidad (ICF) durante la fase alcista del ciclo económico. Entre 2016 y 2018, sin embargo, el número de hijos o hijas por mujer se reduce de forma sustancial y pasa de 1,34 en 2016 a 1,26 en 2018.

Por otra parte, la caída del periodo 2016-2018 se produce durante los años de mayor consolidación del proceso de relanzamiento económico posterior a 2013-2014, en completo contraste con lo observado en el periodo 2005-2008, con un aumento del ICF de 1,33 a 1,44 en aquel trienio.

Finalmente, desde 1996, la caída de prácticamente 0,8 puntos en el indicador que se da entre 2016 y 2018 (de 1,34 a 1,26) no tiene antecedentes salvo en el periodo 2011-2013, con una caída del número de hijos e hijas por mujer de 1,34 a 1,27. A diferencia del periodo más reciente, caracterizado por el crecimiento económico, el situado entre los años 2011 a 2013 se vinculó sin embargo a la segunda fase de la crisis posterior a 2008. De esta forma, la misma reducción brusca de la fecundidad que caracterizó a la fase máxima de recesión económica posterior a la crisis financiera se observa en el periodo de máxima recuperación de la economía española tras esa crisis. Los datos disponibles indican además que, lejos de mejorar en 2019, la línea depresiva en los procesos de fecundidad y natalidad parece tender a consolidarse.

Gráfico 1

Gráfico 1

Fuente: Indicadores de fecundidad. INE.

2. Algunos hechos relevantes para interpretar los cambios actuales en la fecundidad

Para cualquier persona interesada en la evolución social de España es inevitable preguntarse, más allá de los discursos dominantes, sobre las causas de este cambio demográfico a priori difícilmente inexplicable. Como ya he señalado, al tratar de buscar explicaciones, mi interés se centra esencialmente en las que se relacionan con las carencias económicas que históricamente han afectado a las generaciones de adultos jóvenes en España. Y de hecho, como podrá comprobarse, existen factores estructurales, asociados habitualmente a formas de precariedad económica, que contribuyen a explicar la caída de la fecundidad en España desde 2016. La influencia de estos factores se analiza a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (ECV), la única fuente que permite un cierto análisis combinado de los indicadores de precariedad económica y de reproducción demográfica.

En la dirección señalada, y aunque sin poder en estos momentos dar respuestas definitivas, pueden señalarse al menos algunos hechos relevantes de cara a una posible interpretación de las tendencias actuales en materia de fecundidad.

2.1.  La caída de la fecundidad entre 2016 y 2018 afecta fundamentalmente a las mujeres nacionales

En los dos últimos años, el ICF se reduce en España de un valor de 1,341 hijos por mujer en 2016 a 1,264 en 2018.

La reducción de -0,077 puntos que se observa en el indicador dista mucho de distribuirse de forma equilibrada entre la población femenina en función de la edad y la nacionalidad. En este sentido, el gráfico 2.a muestra que, en la población extranjera, los valores del ICF se ven orientados al alza en las mujeres mayores de 30 años, con una tendencia a la estabilización en los grupos de menor edad. En el colectivo de 25 a 29 años de origen extranjero, esta línea de estabilidad muestra apenas una leve dinámica descendente.

Gráfico 2.a

Gráfico 2a

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores de fecundidad. INE.

Es por tanto en la población nacional donde se detecta la línea de caída de la fecundidad en el periodo analizado. Limitando el análisis a los grupos de edad y nacionalidad donde se observan caídas en las tasas parciales de fecundidad entre 2016 y 2018, se comprueba en el gráfico 2.b que únicamente un 2,6% de la caída en la aportación al ICF es atribuible a la población extranjera entre 25 y 29 años. El resto se asocia a mujeres con nacionalidad española.

El núcleo central de la caída se vincula, dentro de la población nacional, a los grupos de edad en los que mayores tienden a resultar las tasas de fecundidad. Así, un 57% de la caída analizada corresponde a las mujeres entre 30 y 39 años. Dentro de este bloque, la mayor caída corresponde a las mujeres entre 30 y 34 años (39,8% frente al 17,2% atribuible al grupo de 35 a 39 años).

El 40,4% de la caída en el ICF se vincula a la reducción de las tasas de fecundidad entre las mujeres menores de 30 años, de nuevo con un peso mayor en el grupo de edad con mayores tasas de fecundidad. Así, un 26% de la caída es atribuible a las mujeres entre 25 y 29 años por un 14,4% a las menores de 25 años.

Gráfico 2.b

Gráfico 2b

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores de fecundidad. INE.

Los datos muestran que, en lo fundamental, la caída de la fecundidad en España es, al menos por ahora, un problema que afecta esencialmente a mujeres de nacionalidad española entre 20 y 39 años. De esta forma, el análisis que se desarrolla en el resto del apartado 2 se centra de forma exclusiva en este colectivo de población nacional.

2.2. La reducción de las tasas de emancipación caracteriza a las mujeres entre 20 y 34 años, con implicaciones evidentes sobre la fecundidad

2.2.1. La caída de las tasas de emancipación

Analizando los factores subyacentes a la caída de la fecundidad entre las mujeres españolas de 20 a 39 años, un primer dato a destacar es que entre 2016 y 2018 no sólo se mantiene el modelo español de acceso muy retardado a la emancipación sino que éste se intensifica. Se trata de un factor condicionante esencial del acceso a las formas de vida independiente a las que se asocian, de forma dominante, los procesos de reproducción de la población

Analizando los datos, los gráficos 3.a a 3.c muestran que, a pesar de la recuperación económica, entre 2016 y 2018 se reducen las tasas de emancipación en los distintos grupos de población femenina entre 20 y 39 años.

Gráfico 3.a

Gráfico 3.a

Gráfico 3.b

Gráfico 3.b

Gráfico 3.c

Gráfico 3.c

Gráfico 3.d

Gráfico 3.d

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

En el caso de las mujeres entre 20 y 24 años, la proporción de mujeres emancipadas de 2017 y 2018 (5,7 y 5,1%) se reduce de forma continuada desde el 7,6% de 2015 y el 6,6% de 2016. El porcentaje de 2018 es el más bajo desde 2008 y se aleja de las cifras del 8,4 al 9,2% del periodo 2009-2012.

En las mujeres de 25 a 29 años, las cifras entre el 33,0 y 33,9% de 2017 y 2018 quedan por debajo del 35,9% de 2016. Sólo superan el 30,3% de 2011 y el 31,9% de 2015 y quedan claramente por debajo de las cifras de 39,7 a 40,5% del periodo 2008-2010.

Sólo a partir de los 30 años el proceso de emancipación se hace mayoritario. Sin embargo, la línea de caída de la emancipación se extiende igualmente a este grupo de mujeres. En el grupo de 30 a 34 años, la tendencia descendente de los procesos de emancipación se mantiene desde 2014, año en el que la proporción de mujeres emancipadas llegaba al 75,2%. Tras remontar del 72,7 al 73,8% entre 2015 y 2016, la línea descendente se intensifica en 2017 y 2018, con cifras del 72,4% y del 69,9%.

En este grupo de mujeres, el porcentaje de población emancipada de 2018 es el más bajo desde 2008, por debajo tanto del 72,7% de 2007 como de las cifras de 72,3 a 74,2% del periodo de crisis. En realidad, 2018 es el único año en el que la proporción de mujeres emancipadas cae por debajo del 70%.

La tasa de emancipación se mantiene en niveles altos y relativamente estables únicamente entre las mujeres entre 35 y 39 años. Pero incluso en este grupo de mujeres, la proporción de mujeres emancipadas de 2018 se sitúa en niveles comparativamente bajos: 85,5%, por debajo de los niveles cercanos al 87% de 2014, 2015 y 2017.

El gráfico 4 resume la dinámica de las tasas de emancipación para el conjunto de la población femenina en las edades más afectadas por la caída de los procesos de acceso a una vida independiente, entre los 20 y 34 años. Se confirma no sólo la caída continuada de las tasas desde el 41,7% de 2016 al 39,3% de 2017 y el 38,6% de 2018. Más relevante aún es comprobar que los registros de 2017 y 2018 son los más bajos desde 2008. En realidad, tras aumentar de 43,2% en 2008 a 46,3% en 2010, se observa una tendencia globalmente descendente a partir de entonces que desemboca en los mínimos actuales. La recuperación económica en España a partir de 2013-2104 no ha servido, por tanto, más bien al contrario, para facilitar la emancipación de la población femenina de nacionalidad española entre 20 y 34 años.

Gráfico 4

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

Se trata de una conclusión extremadamente preocupantes que muestra una situación peor de esta población, en términos de acceso a una vida independiente, respecto tanto a 2008 como a la situación existente durante el periodo de crisis.

2.2.2. La caída paralela de la proporción de mujeres con al menos un hijo o hija

La dinámica de los procesos de emancipación condiciona los procesos efectivos de reproducción de la población. De ahí el paralelismo existente con la evolución de la proporción de mujeres con al menos un hijo o hija en el hogar. En el caso de la población femenina entre 20 y 34 años, 2018 marca de nuevo la proporción más baja desde 2008, con apenas un 18% de mujeres con uno o más hijos o hijas en el hogar. Aunque de impacto limitado, esta cifra supone una caída significativa. De hecho, la proporción considerada se mantiene en niveles entre el 19,8 y el 20,9% durante prácticamente todo el periodo 2008-2017, con las únicas excepciones del 18,9% de 2015 y del mínimo ya mencionado para 2018.

El análisis de los datos por grupos de edad, en los gráficos 3.a y 3.b, muestra sin embargo una caída más intensa y prolongada a partir de 2016 en el caso de las mujeres más jóvenes.

En el grupo de 20 a 24 años, una proporción prácticamente marginal de la población femenina tiene hijos o hijas en el hogar, una proporción que no hace sino caer además a partir de 2016. Así, frente a las cifras de 2,9 a 3,3% de mujeres de esa edad con hijos o hijas en el hogar entre 2014 y 2016, la proporción cae al 2,4% en 2017 y al 1,6% en 2018, la proporción más baja desde el 2,2% de 2008 y el 2,3% de 2013. Si se exceptúa la ligera recuperación del periodo 2013-2015, se observa en realidad una línea tendencialmente descendente desde el 4,2% de 2011 hasta el 1,6% de 2018.

Aunque de forma menos intensa, la misma tendencia se repite entre las mujeres de 25 a 29 años. En este caso, la proporción de mujeres con al menos un hijo o hija en el hogar cae del 13,5% de 2016 al 12,8% de 2017 y el 12,3% de 2018. La línea tendencialmente descendente se observa ya, sin embargo, desde el 14,4% de 2013.

El gráfico 3.c muestra en cambio, entre las mujeres de 30 a 34 años, un repunte alcista hasta 2017 en la proporción de mujeres con al menos un hijo o hija en el hogar, desde un mínimo del 35,9% en 2015 a un máximo del 41,9% en 2017. El 35,9% de 2018 supone sin embargo una brusca caída respecto a 2017 que devuelve al colectivo a los niveles mínimos de 2015. La caída resulta significativa para entender la lógica de la caída de la fecundidad en España durante este periodo.

En ninguno de los grupos menores de 35 años se observa una mayoría de mujeres con al menos un hijo o hija en el hogar. Esta mayoría sólo puede encontrarse en el grupo de mujeres entre 35 y 39 años, con un 60,9% en 2018. Se trata sin embargo de una de las cifras más bajas desde 2008. De hecho, partiendo de niveles de 62,8-63,6% en 2008-2009, la proporción de mujeres de estas edades con al menos un hijo o hijo en el hogar aumenta hasta el 66,2% en 2011. Tras una caída prolongada durante la crisis, hasta el 61,2% de 2014, entre 2015 y 2018 la proporción se estabiliza en niveles algo incluso ligeramente más bajos, entre el 60,8% y el 61%.

En conjunto, como muestra el gráfico 5, en el conjunto de la población española entre 20 y 39 años, después de situarse entre el 32,9 y el 34% entre 2008 y 2017, la proporción de mujeres con al menos un hijo o hija en el hogar se reduce bruscamente al 31,9% en 2018.

Gráfico 5

Gráfico 5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

2.3.  El número medio de hijos/as por mujer tiende a la baja entre las mujeres emancipadas

De forma más sorprendente, entre 2016 y 2018 el número medio de hijos o hijas en el hogar también cae de forma significativa entre las mujeres de 20 a 39 años que se encuentran efectivamente emancipadas, tanto entre las pertenecientes a hogares con recursos insuficientes como en las que residen en hogares con ingresos suficientes. En este sentido, los gráficos 6.a y 6.d, revelan los siguientes aspectos:

a) En hogares en situación de riesgo económico, tras caer de una media de 1,01 hijos o hijas por mujer en 2009 (por encima de los 0,97 de 2008) a 0,95 en 2013, el indicador remonta hasta un máximo de 1,03 en 2016. El número medio de hijos/as se estabiliza entonces en 2017 para caer con posterioridad a 1,00 en 2018.

En este colectivo, la línea descendente del periodo 2017-2018 se observa a todas las edades pero de manera mucho más destacada entre las personas de 35 a 39 años (de 1,27 a 1,20).

b) En hogares sin riesgo económico, el número medio de hijos o hijas por mujer cae de 0,97 en 2008 a 0,85 en 2010. El indicador remonta a 0,92 en 2011, nivel en el que se mantiene estable hasta 2014. Después de retroceder de nuevo hasta 0,89-0,90 en 2015 y 2016, el número de hijos o hijas por mujer aumenta a 0,96 en 2017. Como en las mujeres en hogares sin riesgo, el indicador cae sin embargo a 0,94 en 2018. La caída es particularmente fuerte entre los 30 y 34 años.

Los datos muestran por tanto, entre 2016 y 2018, una dinámica muy similar entre las mujeres emancipadas en función del nivel de riesgo económico del hogar. La línea de caída se limita en ambos casos, además, al periodo 2017-2018. Como muestra el gráfico 7, esta dinámica se produce en un contexto en el que, como resulta lógico en un periodo de recuperación, aumenta la proporción de mujeres emancipadas que residen en hogares con recursos suficientes. En el caso de las mujeres de 20 a 39 años emancipadas y que viven en pareja, esta proporción era de apenas un 49,6% en 2008 pero aumentaba hasta el 60% en 2010, año a partir del cual se reducía de forma moderada hasta niveles de 57,7-58,1% en 2012 y 2013. Tras la fuerte caída registrada hasta el 54% de 2014, la proporción se recupera de forma progresiva hasta alcanzar un máximo del 60,3% en 2017, una proporción que se mantiene en 2019. Esta circunstancia no hace sino resaltar la dimensión sorprendente de la caída de los indicadores ligados a la fecundidad entre las mujeres emancipadas en los años 2017 y 2018.

Gráfico 6.a

Gráfico 6

Gráfico 6.b

Gráfico 6.b

Gráfico 6.c

Gráfico 6.c

Gráfico 6.d

Gráfico 6.d

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

Gráfico 7

Gráfico 7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

El gráfico 8 muestra, para las mujeres de 20 a 39 años emancipadas y en parejas sin hijos o hijas residentes en hogares sin riesgo económico, el margen económico existente entre los ingresos disponibles y el mínimo considerado necesario para llegar a fin de mes. Los datos revelan que, tras la mejora del margen económico del periodo 2014-2016, el periodo 2016-2018 se caracteriza por una reducción del mencionado margen. Así, el superávit entre los ingresos y el mínimo necesario señalado en cada hogar se reduce del 42,1% de 2016 al 38,9% de 2018. Aunque muy elevado y por encima del 37,3% de 2008, se trata del mínimo desde 2013.

En este colectivo, el deterioro observado entre 2017 y 2018 no viene acompañado, sin embargo, de graves problemas sociales asociados, salvo en lo relativo a un aumento del 8,1% al 11,6% en las personas en hogares con problemas para hacer frente a sus préstamos. También aumenta, del 17,5 al 19,2%, en ese periodo el impacto de las problemáticas asociadas a la falta de acceso consolidado en el último año a un empleo adecuado (con presencia en algún momento del último año de una situación de desempleo o de búsqueda de empleo). A priori, no parecen cambios suficientes para explicar una caída tan significativa de la fecundidad en mujeres en hogares sin riesgo económico.

Gráfico 8

Gráfico 8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

Las tendencias negativas también se observan, en cualquier caso, entre las mujeres emancipadas en situación de riesgo económico en el hogar. En este caso, tras una llamativa disminución del déficit de ingresos entre 2016 y 2017 en el caso de parejas sin hijos o hijas (de -39,0% a -30,2%), el periodo 2017-2018 vuelve a reflejar una línea de deterioro, con un -36,6% en 2018. La línea de deterioro es más aún clara en el caso de parejas con un hijo o hija. En este caso, el déficit de 2017 y 2018 vuelve a situarse cerca o por encima de -40% (-40,2% y -39,7%), cerca de cuatro puntos por debajo del -35,9% de 2016.

En estos grupos de mujeres en hogares en riesgo económico, el deterioro de las condiciones de vida resulta por tanto relevante en el bienio 2016-2018.

Gráfico 9

Gráfico 9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

2.4.  Las distintas tendencias por Comunidades Autónomas

Parte de la explicación a las tendencias observadas en el apartado 2.3. se relaciona con diferencias claras en la dinámica de las distintas comunidades autónomas. En este sentido, y como puede observarse en el gráfico 10, la línea de caída del número medio de hijos o hijas en el hogar entre las mujeres de 20 a 39 años emancipadas corresponde a los siguientes grupos sociales y ámbitos territoriales:

a) En las comunidades autónomas con menor caída de la fecundidad entre 2016 y 2018, la caída del número de hijos/as en el hogar se limita a las mujeres en hogares con recursos suficientes y sólo se observa en el periodo 2017-2018 (de 0,95 a 0,90). El indicador de 2018 se mantiene, a pesar de la caída, por encima del observado en 2016 (0,85).

b) En las comunidades con mayor caída de la fecundidad entre 2016 y 2018, en la zona sur de España, se detecta en el caso de hogares con recursos insuficientes una importante reducción del número de hijos/as en el hogar entre 2017 y 2018 (de 1,19 a 1,13) que sitúa el indicador final por debajo de la cifra de 2016 (1,18). En los hogares con recursos suficientes, la caída se limita al periodo 2016-2017 (de 1,10 a 1,07) pero con una recuperación del número de hijos/a en 2018 (1,14).

c) Finalmente, en las comunidades con mayor caída de la fecundidad entre 2016 y 2018, en la zona norte de España (incluyendo Madrid), se observa una caída continuada del número de hijos/as en el hogar en grupos con recursos insuficientes (de 0,93 en 2016 a 0,88 en 2017 y 0,85 en 2018). Después de aumentar entre 2016 y 2017, la disminución se extiende a los hogares con recursos suficientes entre 2017 y 2018 (de 0,85 a 0,73, ya por debajo de los 0,75 de 2016). Únicamente en estas comunidades autónomas el número de hijos o hijas por mujer resulta inferior en 2018 al de 2016 y 2017 en el conjunto de las mujeres emancipadas (0,78 en 2018 frente a 0,86 en 2017 y 0,81 en 2016).

En este último grupo de comunidades autónomas se observan problemas evidentes en los hogares con recursos teóricamente suficientes. Centrando el análisis en las parejas sin hijos, se constata que aumenta del 8,4 al 12,9% entre 2017 y 2018 la proporción de mujeres emancipadas que verían su hogar situarse por debajo del umbral de ingresos suficientes con la llegada de un nuevo hijo o hija, por encima del 10,1% de 2016. La falta de acceso consolidado en el último año a un empleo adecuado (con presencia en algún momento del último año de una situación de desempleo o de búsqueda de empleo) pasa, por su parte, del 12 al 23,9% entre las mujeres emancipadas, por encima del 15% de 2016. También puede señalarse que el porcentaje de mujeres en hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes aumenta de 21,5 a 22,5% entre 2017 y 2018.

Gráfico 10

Gráfico 10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

3. La inexistencia de un tipo único y estructural de mujer ante la fecundidad

Los datos que se han presentado muestran claramente la influencia de factores de importante trasfondo económico en la caída de la fecundidad en España a partir de 2016. Los más relevantes se vinculan, por una parte, a un nuevo retraso en los procesos de emancipación de las generaciones de mujeres españolas jóvenes; por otra, a las mayores dificultades a las que se enfrentan las mujeres emancipadas que pertenecen a hogares que carecen de recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades mínimas para llegar a fin de mes. En especial en algunas comunidades autónomas, la línea de caída de los indicadores de fecundidad que se extiende a los hogares con recursos económicos suficientes se relaciona igualmente con aspectos que revelan cierto deterioro económico asociado.

El caso de las mujeres en hogares con recursos económicos suficientes plantea sin embargo interrogantes. Por una parte, la recuperación se traduce en un peso creciente de este tipo de hogares; por otra parte, en la gran mayoría de los casos, estos hogares viven en un contexto de amplia seguridad económica, con una proporción reducida de situaciones definidas por la falta de recursos patrimoniales suficientes o por una presión destacada de los gastos de vivienda. La imagen que ofrece este grupo resulta, además, de muy superior bienestar al que caracterizaba a las mujeres españolas emancipadas y entre 20 y 39 años en el año 2008.

En este contexto, ¿cuáles son las razones de una caída tan significativa de la fecundidad en un contexto de bienestar real? Por ahora no es posible ofrecer respuestas para este grupo sino preguntas: ¿nos enfrentamos a un cambio estructural de mentalidad que pudiera vincularse a una pérdida de valor simbólico de la reproducción y del papel social de los hijos o hijas?, ¿estamos ante una priorización de la vida personal y de la carrera profesional, dificultada por la presencia de esos hijos o hijas?, ¿tiene relevancia un temor coyuntural ante los constantes mensajes que hablan de la desaceleración económica o del aumento del coste de acceso a la vivienda? ¿O, por el contrario, el temor sería más general y estructural, antes hechos como el cambio climático, o cualquier otro elemento que pudiera incrementar la tesis de que no merece la pena traer a nuevos habitantes a este planeta?

Lo que sí puede afirmarse, sin embargo, es que no existe ante estas preguntas una respuesta tipo entre los distintos grupos de mujeres. No existe un tipo dominante de comportamiento de la población femenina ante los procesos de reproducción demográfica, una constatación que no sólo es aplicable a las mujeres extranjeras sino también a las mujeres principalmente consideradas en este artículo, las que se encuentran en la actualidad en el grupo de edad entre 20 y 39 años y de nacionalidad española.

La existencia de distintos comportamientos ante la fecundidad queda evidenciada con total claridad el gráfico 11, centrado en el grupo de población femenina en el que el acceso a la reproducción tiende a ser ya dominante, el situado entre los 30 y 39 años (con referencia al colectivo emancipado y con vida en pareja).

Gráfico 11

Gráfico 11

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

El gráfico revela que, en materia de fecundidad, la diferencia fundamental no se sitúa tanto entre mujeres extranjeras y españolas sino entre mujeres con mayor o menor riesgo económico, con niveles siempre más bajos entre las mujeres españolas con mayores recursos económicos a su disposición en el hogar. Estas mujeres tienen 1,09 hijos/as en el hogar en 2018 por 1,29 entre las mujeres españolas de 20 a 39 años en hogares con riesgo económico y 1,33 entre las mujeres extranjeras.

Lo verdaderamente relevante no se asocia sin embargo a estas diferencias sino a las variaciones internas que se observan en los distintos grupos de mujeres entre 30 y 39 años emancipadas y en pareja, con algunos hechos esenciales a destacar, en particular los siguientes:

a) En las mujeres españolas sin problemas de riesgo económico, a pesar de la caída del periodo 2017-2018, los periodos de recuperación económica se traducen en niveles más elevados de fecundidad, aunque sea sólo de forma moderada. En este sentido, el número de hijos/as en el hogar alcanza sus máximos niveles en este colectivo en 2008 y en los años 2017 y 2018 (entre 1,09 y 1,13 hijos/as por mujer en el hogar).

b) En las mujeres españolas en situación de riesgo económico, se observa que frente al mínimo observado en 2008, reflejo de las dificultades asociadas al aumento de los precios de la vivienda, el periodo de crisis posterior tiende paradójicamente a mostrar una clara mejora de la situación. Un hecho que no puede entenderse sin la dimensión asociada al periodo de deflación en los precios generales y, más específicamente, en los costes de acceso a la vivienda. Esta circunstancia permitió un aumento del número de hijos/as por mujer desde los 1,20 de 2008 a las cifras de 1,27 a 1,30 del periodo 2010-2015. A pesar de la dinámica de la caída de la fecundidad entre 2016 y 2018 en este grupo, durante este periodo la consolidación del crecimiento económico se traduce en los niveles más altos de hijos o hijas por mujer desde 2008, con cifras entre 1,29 y 1,34.

c) La tendencia descendente a largo plazo del número de hijos/as por mujer en el hogar caracteriza ciertamente a las mujeres extranjeras. Así, entre 2010 y 2014, el número de hijas/os en el hogar cae de 1,50 a 1,43. A diferencia de los distintos grupos de población femenina española, la primera fase de la recuperación es particularmente negativa en este grupo, con una intensificación de la disminución del indicador hasta 1,29 en 2016. Sin embargo, la última fase de crecimiento económico se traduce en cifras más altas, con 1,37 en 2017 y 1,33 en 2018.

La existencia de un sistema estructural de apoyo a los grupos sociales más desfavorecidos, un hecho que resulta un rasgo diferencial del caso del País Vasco, permite observar además el posible impacto sobre la fecundidad de un modelo socio-económico que combina cierta prosperidad económica estructural (acentuada por la deflación de precios) con una mayor seguridad económica para los grupos más desfavorecidos, en especial en presencia de situaciones de desempleo, a través de un sistema desarrollado de renta mínima.

El gráfico 12 muestra el impacto diferencial de la realidad socio-económica vasca, respecto a la española, en lo relativo a las mujeres extranjeras. La combinación de deflación y seguridad económica se traduce en Euskadi un aumento del ICF de 1,67 hijos o hijas por mujer en 2010 a 2,39 en 2016. A pesar de la caída posterior, el indicador se mantiene en 2,22 en 2018.

Partiendo de 1,69 en 2010 en el conjunto de España, en cambio, el ICF cae a 1,53 en 2013 y no se recupera en 2016 sino hasta 1,72, 0,67 puntos por debajo del indicador vasco. El ICF se reduce posteriormente a 1,65 en 2018, por debajo del 1,68 de 2010 (en contraste con los 0,55 puntos de más existentes en 2018 en Euskadi respecto al ICF de 2010).

Gráfico 12

Gráfico 12

Fuente: Indicadores de fecundidad. INE.

El gráfico 13 muestra la evolución comparada del ICF del conjunto de la población femenina en España y de la residente en los distintos territorios históricos de Euskadi. Aunque sobre la base de un ICF de valor bastante inferior al existente entre las mujeres extranjeras, el gráfico muestra que la dinámica observada en el grupo extranjero revela tendencias muy similares para el conjunto de la población femenina. En especial en el caso de los territorios más prósperos, Álava y Gipuzkoa, la evolución del ICF es mucho más favorable que el que se observa en el conjunto de España.

Gráfico 13

Gráfico 13

Fuente: Indicadores de fecundidad. INE.

Los datos presentados permiten sostener la tesis de que no existen tendencias irreversibles en la dinámica de la fecundidad.


ASPECTOS METODOLÓGICOS

El análisis desarrollado en el artículo se basa en el sistema de indicadores de fecundidad del INE.

En lo relativo a los factores condicionantes, tanto en lo relativo a los procesos de emancipación como a recursos económicos disponibles, se tiene en cuenta la información procedente de la Encuesta de Condiciones de Vida del propio INE. Al tratarse en el este último caso de una fuente no censal, es preciso advertir de que los resultados pueden verse condicionados por distintos tipos de error, tanto de tipo muestral como de otra naturaleza (en particular la asociada al objetivo de la ECV, no directamente asociado a la medición de procesos de tipo demográfico). Los indicadores de fecundidad que se utilizan para la comparación de distintas situaciones económicas tienen, además, un carácter indirecto.

DEFINICIONES

Indicador Coyuntural de Fecundidad

Se define como el número medio de hijos que tendría una mujer perteneciente a un determinado grupo de población a lo largo de su vida fértil en caso de mantener la misma intensidad fecunda por edad que la observada en el año de referencia para los distintos grupos de población.

Tasa de emancipación

La tasa de emancipación recoge la proporción existente entre el volumen de población emancipada respecto a la población total del grupo de referencia en cada caso. A estos efectos, se consideran emancipadas a las personas que mantienen un hogar independiente, de forma individual o junto a sus cónyuges o parejas.

La emancipación se considera en sentido estricto, en sus formas no dependientes. Las formas de emancipación que se producen en un contexto dependiente, por ejemplo a través de la convivencia con las personas que constituyen la referencia en el hogar, no se consideran a estos efectos. Las conclusiones del análisis no variarían de forma significativa, en cualquier caso, dado que este colectivo de personas que no viven ya en el hogar de origen tienen un peso relativo limitado.

Proporción de mujeres con un número de hijos o hijas en el hogar

Este indicador refleja la proporción de mujeres que tienen el número de hijos o hijas considerados en el análisis y que viven con ellas en el hogar. Es un indicador proxy del número real de hijos o hijas que ha tenido cada mujer.

Riesgo económico

Como indicador de riesgo económico se utiliza el relativo a disponer de recursos económicos inferiores al mínimo necesario para llegar a fin de mes que se establece dentro del hogar (variable HS130 de la ECV).

Comunidades Autónomas según su posición en la caída de la fecundidad

Se dividen las comunidades autónomas en tres grupos.

El primer grupo incluye a las comunidades autónomas donde el ICF cae por debajo de la media en el periodo 2016-2018. Este grupo incluye a Asturias, Cantabria, Castilla-León, Aragón, Cataluña, Illes Baleares, Murcia y Melilla.

Dentro de las comunidades autónomas con un incremento superior a la media de la caída de la fecundidad en el periodo 2016-2018 se incluyen (en la zona centro y norte) a las comunidades de Madrid, Galicia, País Vasco, Navarra y la Rioja.

En la zona sur correspondiente a este grupo de comunidades autónomas con un incremento superior a la media se incluyen las comunidades de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta y Canarias.

Sobre la política de garantía de ingresos en España

Comentario al artículo de Sara de la Rica/Lucía Gorjón y al hilo complementario de Manuel Aguilar Hendrickson.

La intención de este texto es aportar algunas ideas al debate introducido en el reciente artículo de Sara de la Rica y Lucía Gorjón (Los sistemas de renta mínima a debate), en especial en relación con las muy interesantes aportaciones complementarias de Manuel Aguilar. Resumo estas ideas a continuación:

1. En el hilo en el que comenta el artículo de Sara de la Rica y Lucía Gorjón, Manuel Aguilar sostiene que no es posible construir un mecanismo de renta mínima decente en España sólo desde la iniciativa autonómica.

Comparto esta apreciación y, por esa razón, siempre he defendido la necesidad de un sistema integrado de garantía de ingresos con intervención tanto de la Seguridad Social estatal como de la Asistencia Social autonómica. Es cierto, por otra parte, que los más de treinta años de experiencia de la política autonómica en esta materia han mostrado las limitaciones existentes en tratar de resolver el problema de la pobreza en exclusiva a través de las prestaciones de las comunidades autónomas.

En realidad, las rentas mínimas autonómicas nunca pretendieron ser una solución en sí mismas y siempre se impulsaron desde una lógica de integración con las prestaciones generales del Estado.

2. No es mi intención determinar, ni siquiera condicionar, la forma concreta que deba tomar la política de garantía de ingresos estatal. Me limito a señalar que considero racional el modelo propuesto por Manuel Aguilar para la actuación de la Seguridad Social.

Se trata de un modelo que gira, en lo fundamental, en torno a dos ideas básicas. La primera es la conveniencia de consolidar un sistema suficiente (y universal) de prestaciones por hijos e hijas a cargo que permita desligar a este colectivo de la actuación autonómica. La segunda es la propuesta de reforma de la Renta Activa de Inserción y de otros subsidios asistenciales de desempleo para conformar en torno a ellos un verdadero programa de renta mínima estatal (que tratara de abrirse en cierta forma a la población trabajadora con bajos ingresos). El planteamiento implica, en paralelo, un ajuste de la normativa fiscal para que su modelo de deducciones sea funcional con la lógica general del sistema de protección social.

Más allá de posibles matices, se trata de un planteamiento estratégico inteligente y que resulta potencialmente viable.

3. No discrepo por tanto de la visión (creo que dominante en España) sobre las rentas mínimas autonómicas porque niegue la idea de que esas políticas han sido insuficientes en la mayor parte de las comunidades autónomas. Tampoco porque ponga en duda la necesaria acción de la Seguridad Social estatal.

Me parece necesario señalar sin embargo que más de cuarenta años de democracia post-franquista en España permiten también insistir en otro hecho fundamental: la incapacidad demostrada por la Administración General del Estado para abordar el problema de las formas más graves de pobreza en España, al menos en las grandes zonas urbanas en las que se concentra la mayor parte de la población. Una incapacidad que, en gran medida, responde a una intención más profunda. En este sentido, no creo que (al menos hasta ahora) la Administración General del Estado se haya planteado en serio resolver la cuestión esencial de la pobreza por la vía de un programa efectivo de renta mínima o similar.

Defiendo por ello la necesidad de tener en cuenta desde el Estado dos principios básicos: el primero, el de una cierta humildad en la aproximación a esta cuestión. Lo que la Administración General del Estado tiene que demostrar con su actuación futura no es que su intervención resulte imprescindible para superar la “incapacidad” de las comunidades autónomas con sus rentas mínimas. Su tarea esencial, por el contrario, es demostrar que tiene un proyecto sólido y eficaz de intervención en materia de garantía de ingresos. Y ahí creo que es todavía erróneo dar por supuesta una plena voluntad y capacidad de resolución del problema por parte del Estado.

El segundo principio es el de optimización. No se trata, al defender la necesidad de un compromiso estatal efectivo, de reconvertir el modelo de intervención de forma que las distintas competencias relacionadas con la garantía de ingresos pasen al Estado. Lo importante es buscar el máximo y efectivo resultado en el tipo de intervención desarrollada hasta ahora por las comunidades autónomas y la que podría desarrollarse en el futuro desde el Gobierno de España.

Esto requiere mantener el modelo de división constitucional de competencias entre Seguridad Social y Asistencia Social. O, por decirlo de otra forma, no entorpecer ni entrometerse en lo que la Constitución española permite: esto es, la acción subsidiaria y complementaria de las Comunidades Autónomas en materia de rentas mínimas. La Constitución no sólo facilita la intervención autonómica en el marco de la Asistencia Social sino que en ningún caso permite una interpretación limitada de la misma. Ni su papel se limita la atención exclusiva a los colectivos definidos de forma eufemística como “excluidos sociales”, ni su acción es incompatible con orientaciones basadas en la consolidación de verdaderos derechos subjetivos para las personas.

La política de garantía de ingresos en España se ha visto condicionada por la no aceptación práctica del principio de subsidiariedad de las rentas mínimas autonómicas, así como por la inexistencia de un modelo de financiación asociado que permitiera un funcionamiento normalizado de estas prestaciones en la mayor parte de las comunidades autónomas.

Es por supuesto posible defender un modelo de garantía de ingresos que no pivote, aunque fuera como elemento complementario, en torno a las rentas mínimas autonómicas. Pero tan razonable sería pensar en un modelo que las pudiera integrar funcionalmente, al menos como suele señalar Manuel Aguilar, como mecanismo de ajuste funcional en comunidades urbanas con mayor nivel de precios.

En todo caso, la tentación de liquidar el sistema de rentas mínimas autonómicas como parte del modelo de protección general, en especial en las comunidades autónomas donde han tenido un impacto importante, sería una propuesta arriesgada que podría tener consecuencias muy negativas para la población más desfavorecida. Nos enfrentamos a un sistema de protección de la Seguridad Social que resulta notablemente insuficiente e inadaptado ante las diversas problemáticas sociales existentes. Y es precisamente para suplir esta limitación por lo que surgieron las rentas mínimas autonómicas.

Convendría por tanto delimitar los mecanismos que permitieran configurar el acceso a los sistemas de mínimos no contributivos estatales y autonómicos dentro de una política realmente integrada de garantía de ingresos. Para ello, sería necesario superar las situaciones de incompatibilidad teórica (y práctica) entre las prestaciones de la Administración General del Estado y las autonómicas. Este tipo de incompatibilidades no tiene otra lógica que situar las rentas mínimas autonómicas al margen del sistema, en contradicción con la propia lógica de reparto competencial que establece la Constitución.

4. Es importante señalar igualmente que la lógica de las prestaciones autonómicas es diferente de la que debería inspirar el diseño de las prestaciones individuales de la Seguridad Social. En este último caso, la protección prevista debería orientarse a garantizar recursos personales a todas las personas en situación de necesidad. Se trataría de consolidar una forma de protección individual ante el riesgo a cubrir, preferentemente al margen de los recursos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia.

El papel de las rentas mínimas autonómicas, en cambio, es garantizar una protección adecuada en caso de insuficiencia de las prestaciones de la Seguridad Social, una vez consideradas las necesidades del conjunto de las personas que conforman la unidad de convivencia.

Como es obvio, esto implica aceptar el papel de las rentas mínimas autonómicas como última prestación de garantía de ingresos. No se trataría de asignarles un papel preferente en el sistema de protección, papel que cabe reservar al sistema de Seguridad Social, pero sí aceptar su intervención como última red de protección asistencial.

Este planteamiento implica una valoración positiva del impacto que ha supuesto la introducción del sistema de Rentas Mínimas en España, al menos en algunas comunidades autónomas. En Euskadi, por ejemplo, en medio de la grave crisis financiera de la Administración Central, desde principios de esta década y hasta hoy, el conjunto de prestaciones autonómicas ha constituido la vía fundamental de protección a los colectivos más desfavorecidos.

Se trata sin embargo de una conclusión que no es compartida de forma universal en España, por mucho que ello no se suela explicitarse siempre con total claridad. Quizás el aspecto más llamativo del debate de los últimos años sobre la política de garantía de ingresos sea precisamente la negación creciente de esta dimensión positiva de las rentas mínimas. Y con ello, en especial de cara a la reforma del modelo de garantía de ingresos en España, de un posible papel para ellas en el futuro de la protección social en nuestro país.

5. Nada de lo señalado en el punto anterior tiene relación alguna, de forma específica en lo relativo a la acción económica prestacional, con la redefinición del modelo de servicios sociales. Si algo hemos aprendido de la discusión de las últimas décadas es que las políticas de garantía de ingresos no deberían mezclarse ni yuxtaponerse con las intervenciones de los servicios sociales. No se trata de negar que, funcionalmente, la misma unidad política-administrativa pudiera desarrollar ambos tipos de intervención. Simplemente de señalar que, en todo caso, la gestión del área de servicios sociales y la de las rentas mínimas debería diferenciarse y separarse de forma muy clara.

Por supuesto, los servicios sociales sí tienen un papel esencial que cumplir en materia de inclusión social. Así, en la medida en que pudiera vincularse de alguna forma el derecho a una garantía de ingresos con la estrategia orientada a hacer efectivo el derecho a la inclusión social, sería preciso contar con el apoyo directo de los servicios sociales.

Lo mismo puede señalarse respecto a la necesidad de hacer efectivo el derecho a la inserción laboral o el derecho al trabajo, objetivo central de la acción de los servicios de empleo. Esta función puede, o no, vincularse a la aplicación de las políticas de garantía de ingresos pero en ningún caso debería yuxtaponerse con los procesos de gestión de las prestaciones. Estos deben desarrollarse de forma autónoma, se vinculen o no a los servicios de empleo o a los servicios sociales.

Las políticas de inclusión social y laboral deben sin duda coordinarse. Y ahí aún queda pendiente de definir la forma en que es preciso actuar para avanzar en esta dirección; o el propio modelo de colaboración que debe establecerse entre servicios de empleo, servicios sociales y otros sistemas relacionados, como sanidad, educación, vivienda, etc. Es poco lo que se ha avanzado en este camino, y muchos los vaivenes observados en el debate al respecto.

6. En la dimensión asociada a los servicios de empleo, me parece igualmente necesario distinguir entre políticas de activación y políticas de inclusión o inserción laboral.

El fundamento de esta distinción entre activación e inclusión o inserción laboral es separar en lo conceptual, y también probablemente en la dimensión organizativa, las distintas actuaciones a impulsar: por una parte, aquellas que buscan garantizar que las personas en edad laboral estén disponibles para trabajar y se mantengan activas en la búsqueda de empleo (lo que la Constitución define como el deber de trabajar); y, por otra, y principalmente, aquellas que se centran en los servicios, programas o actuaciones que las distintas administraciones tienen que impulsar para ofrecer mecanismos efectivos de apoyo a la inclusión de las personas, en particular en el ámbito laboral.

Mientras la primera dimensión necesariamente se enfrenta a la cuestión de regular los aspectos vinculados a las obligaciones de las personas que perciban las prestaciones estatales o autonómicas (con potenciales implicaciones sancionadoras), la segunda se centra de forma primordial en garantizar el derecho de estas personas a un apoyo efectivo para la inserción laboral.

Entendidas como mecanismos orientados a estimular el acceso de una población desocupada y potencialmente reticente a salir de la inactividad o el desempleo, las políticas de activación no deberían contemplarse como la prioridad de actuación de los servicios de empleo. En la sociedad actual, la casi totalidad de la población en edad activa, y no ocupada, es consciente de la imposibilidad de alcanzar altos niveles de bienestar sin el acceso a un trabajo suficientemente remunerado, en general a tiempo completo.

Por esa razón, el verdadero reto es ofrecer a una población en general activada la posibilidad real de insertarse en un empleo de ese tipo. Y, como sucede con los servicios sociales en lo relativo a la inclusión social, ahí es donde los actuales servicios de empleo, en especial en tiempos de crisis, parecen carecer de diseños, programas y medios suficientes para una intervención adecuada. Es posible no obstante, como señalan Sara de la Rica y Lucía Gorjón, que tengamos aún mucho que aprender de las distintas experiencias europeas.

En un contexto como el señalado, parte del éxito de Euskadi en reducir en los últimos años su volumen de población beneficiaria de la RGI se vincula -aún más que a las políticas de formación y de readaptación profesional- a la gestión selectiva de las ofertas de empleo en beneficio de este tipo de población, un mecanismo que se relaciona directamente con las políticas de inserción laboral de las que hablo.

Por supuesto, en el caso vasco es igualmente relevante el sistema de bonificación al empleo que hace posible que el acceso al trabajo suponga un nivel superior de ingresos en caso de participación laboral (en comparación con el nivel de ingresos garantizado por la prestación de renta mínima). Un gran error de la reforma de 2008, sin embargo, fue introducir límites temporales en la aplicación de esta bonificación.

Una de las razones por las que esta limitación no ha impedido el buen funcionamiento del sistema vasco es otro aspecto esencial que contribuye a prevenir el desistimiento en la búsqueda de empleo. Se trata de la garantía de que, con independencia de los recursos obtenidos a través del empleo, la insuficiencia de recursos en el mes en el que ésta volviera a manifestarse venga asociada a un reingreso rápido en la prestación de garantía y a una protección ligada a la situación real existente en dicho mes. En este punto, el modelo vasco se diferencia esencialmente de sistemas como el francés que tienen en cuenta los ingresos obtenidos durante un periodo temporal previo, un aspecto que puede limitar el interés por acceder al trabajo y matizar el efecto potencialmente favorable de las bonificaciones al empleo.

Pero, para ser eficaces a largo plazo, estas bonificaciones al empleo deben tener carácter estructural, y no sólo para mejorar la capacidad de superación de la pobreza por parte del sistema de garantía de ingresos. En una sociedad en la que el empleo no equivale de forma automática a un nivel aceptable de bienestar, su combinación con las prestaciones de renta mínima resulta fundamental en una estrategia orientada a garantizar el bienestar de la población trabajadora más precaria.

En ese camino, Euskadi ha sido un caso de éxito en España y, en cierta, forma, en Europa. Si se tiene en cuenta el análisis que realizan Bea Cantillon, Zachary Parolin y Diego Collado sobre el papel de políticas como las de bonificación al empleo (policies to increase gross-to-net incomes), es llamativo comprobar que, incluso tras la temporalización de los incentivos al trabajo impuesta por la reforma de 2008, el sistema vasco de garantía de ingresos ha seguido siendo efectivo en favorecer el acceso al empleo de la población beneficiaria de la RGI. Esta dimensión exitosa, al menos en términos relativos y comparados, debería considerarse en el análisis y la reflexión sobre la reforma de las políticas de garantía de ingresos en España.

7. La política de bonificación al empleo no es sin embargo la única cuestión a tener en cuenta en el diseño de un sistema de rentas mínimas orientado a superar la pobreza y garantizar un mínimo bienestar. Este sistema debe también ser capaz de hacer frente a los gastos de vivienda que afectan a las personas y a las familias. Si no lo hace, se verá abocado al fracaso.

Por supuesto, es preciso diseñar una política general que garantice el derecho de la población a una vivienda. Pero las políticas de garantía de ingresos no pueden obviar la cuestión de cómo hacer frente a las necesidades no cubiertas por esa acción general.

 

Para concluir, conviene señalar que los hechos ocurridos después de la crisis no son los verdaderamente determinantes en este debate, por mucho que el aumento del peso del trabajo a tiempo parcial haya contribuido a redefinir el marco de la precariedad en el trabajo. La mayor parte de los problemas a los que se han enfrentado las rentas mínimas autonómicas después de la crisis ya existían con anterioridad a 2008, incluidos los asociados a la cuestión de los bajos salarios.

En el caso vasco, de hecho, la reforma que introdujo el sistema de estímulos al empleo, de forma estructural y no temporal, fue aprobada en 1998. En el contexto de la inmigración extranjera posterior, pero también de la progresiva emancipación de las capas más desfavorecidas de las generaciones jóvenes, esta reforma fue la base del significativo crecimiento del número de beneficiarios de prestaciones tipo RGI durante el periodo 1999-2010. Aquella reforma supuso sin embargo algo más: fue el instrumento que permitió la consolidación a tiempo de un sistema de protección capaz de hacer frente a la crisis de 2008 y de prevenir sus efectos más devastadores.

En gran medida, la experiencia de un significativo aumento del número de beneficiarios en periodos de auge económico que vivió Euskadi entre 1998 y 2008 es el que han experimentado en los últimos años otras comunidades autónomas, de forma particular Navarra. Lejos de suponer un riesgo, indican que estas comunidades autónomas están poniendo las bases para afrontar con mayor eficacia futuras crisis de empleo.

 

 

 

 

La estrategia española de garantía de ingresos. Luis Sanzo

El Gobierno de España aprobó el pasado 22 de marzo la “Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023”. Una parte central de la misma, la que se aborda en este artículo, corresponde al objetivo de Garantía de Ingresos (Objetivo 1.1. de la Estrategia). Este objetivo se concreta de la siguiente manera:

Asegurar un sistema de ingresos mínimos con cobertura suficiente que permita a las personas vivir con dignidad, así como favorecer el incremento de la renta neta disponible de los hogares, especialmente en el caso de que cuenten con niños, niñas o adolescentes a cargo, puesto que los mayores niveles de vulnerabilidad se registran entre los hogares con menores.

Este planteamiento es funcional con la concepción de la lucha contra la pobreza que se introduce en la Estrategia y que pone el foco en la pobreza infantil, en especial en “aquellos perfiles de mayor vulnerabilidad y que la sufren con más intensidad”.

1. El Ingreso Mínimo Vital. Aspectos generales.

Dentro de los parámetros señalados, la política de garantía de ingresos definida gira en torno al proyecto de Ingreso Mínimo Vital (IMV), un programa que se plantea como principal línea de actuación a desarrollar en la Estrategia. En su presentación oficial, tras el Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, presentó el IMV como la “medida estrella”, “un sistema de ingresos mínimos … que es una prioridad para el Gobierno, y sobre la que ya se ha empezado a trabajar con el incremento de la asignación por hijo a cargo”.

Resulta por tanto de gran interés analizar qué es lo que se puede esperar de Ingreso Mínimo Vital.

Un programa de implantación progresiva, con una prioridad en la lucha contra la pobreza infantil

En primer lugar, el IMV se perfila como proyecto de desarrollo progresivo. No se trata, en este sentido, de una medida a implantar de golpe, en contraste con lo que en su momento supuso el Revenu Minimum d’Insertion en Francia o lo que plantea en la actualidad el nuevo Reddito di cittadinanza en Italia. Respecto al IMV, la Estrategia plantea simplemente “[A]vanzar en el desarrollo” de la medida.

Por tanto, el despliegue del IMV “se realizará de manera progresiva”. De acuerdo con la priorización atribuida a la población infantil en la Estrategia, ésta plantea comenzar “en un primer momento por el aumento de [la] prestación por hijo a cargo para familias vulnerables”. La línea de actuación se concreta en el “despliegue de un programa de prestaciones por hijo a cargo con mayor cobertura y mayor intensidad protectora frente a situaciones de vulnerabilidad”. Se trata de una intervención que ya se encuentra en marcha tras la aprobación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

En su artículo 2, el mencionado Real Decreto actualiza la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas. Con carácter general, la asignación económica por menor a cargo pasa de 291 a 341 euros anuales para quienes dispongan de ingresos inferiores a 12.313 euros anuales (18.532 en caso de familias numerosas).

La mejora es más significativa en el caso de hogares en situación de pobreza severa. De esta forma, la asignación anual se incrementa hasta los 588 euros anuales en los casos en que los ingresos del hogar sean inferiores a un umbral de ingresos que se define de acuerdo con la siguiente escala:

Menor1

Salvo que el Real-Decreto no consiga ser convalidado en el Congreso, o su trámite se desarrolle por la vía ordinaria, el contenido del artículo 2 entrará en vigor el día 1 de abril de 2019.

Sin desmerecer la importancia del cambio cualitativo que supone romper la marginalidad económica de facto de las prestaciones familiares en el sistema de Seguridad Social en España, sigue tratándose por supuesto de cuantías muy reducidas de protección. No obstante, y aunque la Estrategia en ningún momento plantea compromisos concretos en esta materia, es de esperar que esta línea de actuación progresiva se mantenga hasta llegar al marco de protección definido en la propuesta original de IMV.

Esta propuesta planteaba, para las personas con menores a cargo, los siguientes objetivos de protección por menor en función del nivel de pobreza del hogar: 1.800 euros anuales en caso de pobreza severa, 1.200 euros en caso de pobreza alta y 600 euros en caso de pobreza moderada. Según un artículo del portal lainformacion.com, el objetivo del actual partido en el Gobierno sería situarse en estas cantidades en un periodo de cinco años. El coste se situaría entonces en unos 2.197 millones de euros anuales, alrededor de un 15% por debajo de los 2.594 previstos en 2016.

La apuesta por las prestaciones infantiles se vincula, en el documento gubernamental, al carácter “rudimentario” en España de las ayudas familiares. El Gobierno de España destaca así su insignificante capacidad para reducir el riesgo de pobreza, acentuada por la disminución de alrededor de un 30% desde 2002 en el valor real de las prestaciones por hijo a cargo (en el supuesto de ausencia de discapacidad asociada). Las altas tasas de pobreza infantil existentes en España acentuarían la conveniencia de priorizar, en el despliegue del IMV, la protección económica de los hogares con menores.

El objetivo fundamental de la actuación es “erradicar la pobreza severa” en esos hogares. Según el documento, la priorización de la acción contra la pobreza infantil facilitaría en paralelo una reducción de la desigualdad por razón de género. Contribuiría así “a cerrar brechas de género en la exclusión económica, al concentrar los beneficios en un grupo poblacional donde los hogares monomarentales están claramente sobrerrepresentados”.

Pero que pretende ir más allá de las prestaciones familiares

Incluso aunque se alcancen las cuantías señaladas para las prestaciones familiares, si no vienen acompañadas de otros ingresos, resulta por supuesto absurdo pensar que las asignaciones por menor a cargo vayan a resultar decisivas para los hogares y las personas beneficiarias. Por esa razón, el modelo de IMV que se plantea en la Estrategia sigue pretendiendo asegurar al conjunto de “las personas en situación de necesidad un nivel mínimo de renta a lo largo del ciclo vital ante posibles contingencias”, estableciendo un sistema que “debe ser lo suficientemente flexible para llegar a todas las personas que verdaderamente lo necesitan”. Con ello se avanzaría “en la ordenación y racionalización de los programas de garantía de ingresos de las personas sin rentas de trabajo que no disfrutan de prestaciones contributivas de desempleo”.

De esta forma, junto al aumento de las prestaciones por menor a cargo, el documento estratégico del Gobierno de España plantea establecer con posterioridad “un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos, o con ingresos muy bajos”. En la propuesta original del IMV formulada por el PSOE se trataba de garantizar un 80% del IPREM a personas en hogares sin ingresos con 0-1 persona (adulta) a cargo, 107% de ese IPREM en caso de dos personas a cargo y 133% del IPREM en caso de tres o más personas a cargo. En términos del IPREM actualmente vigente, la protección de referencia se situaría, respectivamente, en 430,27 €, 575,49 € y 715,33 €. Las prestaciones por menores a cargo se acumularían a estas prestaciones.

El comentado artículo de lainformacion.com sitúa el coste del programa de garantía de rentas que acompaña al sistema de prestaciones familiares entre los 2.000 y 6.200 millones de euros, “en función del alcance y la focalización de los recursos en las familias”. Este elevado margen de variación se relaciona con una duda importante que queda tras la lectura detallada del documento gubernamental. Se trata de si el programa general de garantía de rentas se aplicará una vez completada la implementación del sistema de prestaciones familiares o se desarrollará en paralelo a la misma.

En cualquier caso, la acción tiene un límite financiero claro que recoge el propio texto gubernamental. Así, “el desarrollo de la Estrategia a través de planes operativos se realizará dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, de acuerdo con la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno”.

En un contexto en el que destaca en la Estrategia la ausencia de compromisos concretos respecto a la cuantía de la protección a alcanzar con el IMV, estos hechos suponen una evidente indefinición respecto a la extensión e intensidad de la protección que se ofrecerá realmente por parte del Gobierno de España.

A este respecto, el documento aprobado señala que el desarrollo del IMV tendrá en cuenta las conclusiones de los distintos estudios sobre la política de garantía de ingresos, entre los que cita en concreto dos. La referencia más llamativa es la relativa al informe pendiente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la Iniciativa Legislativa Popular para la creación de una prestación de ingresos mínimos dentro del sistema nacional de la Seguridad Social. El Gobierno de España, a través de los Ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, mediante acuerdo de 2 de marzo de 2018, encargó a la AIReF la elaboración de dicho Informe. Todo indica que la concreción de los objetivos de protección a impulsar desde la Administración General del Estado se ajustará en gran medida al resultado de este estudio.

Una segunda mención, de menor relevancia, es la que se realiza en relación con el Proyecto Progress denominado “Revisión de los sistemas de ingresos mínimos en España desde la perspectiva de su efectividad”. Respecto al mismo, la Estrategia menciona diferentes medidas asociadas a las conclusiones del estudio. Algunas de ellas ya están en marcha, como la evaluación de las mejoras de los sistemas de información existentes o en fase de implementación (SISPE, SIUSS, Registro de Prestaciones, Tarjeta Social Universal) o la reordenación de los subsidios estatales por desempleo. Las mencionadas conclusiones merecerían haberse debatido de forma más efectiva en el seno del Comité Científico adscrito al mencionado proyecto.

El papel de los subsidios por desempleo

En el “proceso de gradual ordenación y racionalización del sistema de garantía de ingresos”, y a la espera del mecanismo general de garantía de rentas que acompañará a las prestaciones familiares, la Estrategia vincula la atención a las necesidades sociales más inmediatas a la cobertura de los problemas ligados al desempleo. Esto sugiere una cierta continuidad en la línea tradicional de introducir acciones específicas de protección a ciertos colectivos desempleados (ya sea a través de la atención a grupos especialmente vulnerables y con responsabilidades familiares; o de la protección a personas desempleadas en situación de alto riesgo de exclusión económica, con presencia o no de ese tipo de responsabilidades familiares).

A la primera vía responde el “Subsidio Extraordinario por Desempleo”, un programa que beneficiará durante seis meses a los grupos con mayor necesidad y con responsabilidades familiares, previamente amparados por otros programas de protección asistencial al desempleo. En este caso, el planteamiento es de extensión temporal de la protección, manteniendo en vigor los requisitos de acceso al subsidio que estaban en vigor con anterioridad.

A la segunda línea de mejora en la protección responde la extensión a las personas desempleadas mayores de 52 años del derecho al subsidio permanente que hasta la nueva reforma, contenida en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, se atribuía en exclusiva a personas mayores de 55 años.

Esta línea de mejora de la atención a la población desempleada podría extenderse a más colectivos. Así, la Estrategia hace mención, al abordar la profundización de la protección por desempleo, a “otros colectivos de desempleados que por distintas circunstancias tengan especial dificultad para reinsertarse en el mercado laboral”.

2. Otros rasgos relevantes del Ingreso Mínimo Vital

Más allá de su configuración general, en tanto que sistema de garantía de rentas, la Estrategia contra la pobreza del Gobierno de España perfila otros rasgos relevantes del Ingreso Mínimo Vital planteado. Éstos hacen referencia a su vinculación a los procesos de integración social; a su concepción como mecanismo de protección, en particular en lo relativo a la cuestión asociada del acceso al empleo y la vivienda; y a su relación con los sistemas de rentas mínimas de las comunidades autónomas.

Integración social y activación

Según la Estrategia, el sistema del IMV debe “evitar la aparición de situaciones de dependencia que puedan derivar en trampas de la pobreza”. A tales efectos, señala que “debe articularse con políticas públicas tendentes a conseguir la integración social en el contexto de un elenco más amplio y coordinado de medidas de prevención y lucha contra la pobreza”. De esta forma, en la perspectiva del Gobierno de España, las políticas de activación “deben jugar un papel determinante en la integración laboral y la reducción del desempleo”, lo que aconseja mantener su vinculación “a la administración de prestaciones económicas”.

En coherencia con lo señalado, el referido artículo de lainformacion.com señala que la prestación de garantía de rentas estará vinculada de forma específica “a una búsqueda activa de empleo”.

El sistema general de garantía de rentas que pretende configurar el IMV se asocia claramente, por tanto, a la perspectiva activadora que se impulsa desde las instituciones europeas y que está presente en la política social de la mayor parte de los estados miembros de la Unión Europea.

Protección a familias sin ingresos

Como ya se ha mencionado, el Ingreso Mínimo Vital se orienta sobre todo a familias sin ingresos, estructuralmente alejadas del sistema productivo. De esta forma, busca ofrecer una garantía de ingresos a “personas sin rentas de trabajo que no disfrutan de prestaciones contributivas de desempleo”, “familias sin ingresos, o con ingresos muy bajos”, o “personas y familias sin ingresos laborales y con vinculaciones muy débiles al mercado de trabajo”. Esta formulación no reduce la protección a personas desempleadas pero sí parece excluir de la línea de protección del IMV a quienes tuvieran ingresos de trabajo.

En lo relativo a la población trabajadora con bajos ingresos, la Estrategia apuesta por prevenir la pobreza laboral por la vía de “garantizar de manera suficiente las rentas del trabajo”. A ello responde “la apuesta por el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI)”, percibido como instrumento principal que permita propiciar la mejora de los ingresos de los colectivos con menores rentas salariales, y “asegurar rentas del trabajo suficientes”. La mejora de la calidad de vida de la población trabajadora más desfavorecida se vincularía así a este tipo de medidas de política laboral. Lo que descartaría mecanismos de complemento de ingresos a colectivos con bajos salarios dentro de la política de garantía de ingresos, una cuestión que no se plantea en la aproximación gubernamental.

Tampoco se contempla a través del IMV la posible mejora de la protección a la población pensionista. Ésta dependería en exclusiva de un sistema de pensiones cuya sostenibilidad sería preciso garantizar, otra de las líneas de actuación preferentes en la Estrategia del Gobierno de España contra la pobreza.

Sin asociación directa con la garantía de acceso a la vivienda

La Estrategia se enfrenta a la cuestión de la vivienda como problemática diferenciada del objetivo de garantía de unos ingresos mínimos. La vincula, en este sentido, a otras formas de “protección social antes los riesgos del ciclo vital” (Meta estratégica 3, diferenciada de la Meta 1, asociada al combate contra la pobreza).

En su apuesta relativa a la vivienda, la Estrategia señala sin duda la necesidad de hacer frente a la precarización económica asociada al coste de acceso a la misma. Así, señala que “[S]ea por el pago del alquiler, de la hipoteca, o de los gastos de mantenimiento de las condiciones óptimas de habitabilidad, la vivienda constituye uno de los principales costes que ha de afrontar cualquier hogar. Esta Estrategia pretende hacer frente a la precarización económica que suponen los costes de la vivienda para las familias”. En este contexto, define una serie de grupos particularmente vulnerables como objeto prioritario de su actuación en esta materia: familias numerosas; unidades familiares monoparentales con cargas familiares; personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su vivienda habitual o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda; unidades de convivencia en las que todas las personas integrantes se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones; jóvenes con dificultades para emanciparse; o personas sin hogar).

Pero no se plantea ningún tipo de actuación en este campo que tenga relación con las políticas de garantía de ingresos. Las propuestas más cercanas que se proponen se vinculan, por un lado, a la promoción de ayudas al alquiler para las personas y familias más vulnerables, en especial jóvenes con escasos recursos económicos (para los que también se plantea la concesión de subvenciones directas para el acceso a una vivienda en régimen de propiedad). Hacen referencia, por otro lado, a la lucha contra la pobreza energética, “fomentando el bono social y el bono térmico”. En este caso, las principales medidas planteadas “pretenden reducir el número de personas en situación de pobreza energética a partir de la reforma de los bonos sociales (eléctrico y térmico, de modo comprensivo y automático) con objeto de mejorar su eficiencia, eficacia, y de incrementar su cobertura y penetración entre los grupos vulnerables”.

Ingreso Mínimo Vital y rentas mínimas autonómicas

En su concepción, el proyecto de Ingreso Mínimo Vital tiene otro rasgo característico y es su dimensión estatal, con la explícita pretensión de garantizar “un nivel mínimo de ingresos en todo el territorio del Estado”.

El objetivo es establecer una protección enmarcada dentro de la acción de la Seguridad Social. De esta forma, el IMV se vincula a “la obligación del Estado” de articular el tipo de “política de garantía de rentas ante situaciones de necesidad” que queda recogida en el artículo 41 de la Constitución. Aunque no se explicita, el modelo seguiría probablemente el de las prestaciones familiares, delimitadas como prestaciones de la Seguridad Social pero financiadas a través de transferencias del Estado.

La pretensión es que este mecanismo de garantía de rentas sea suficiente en sí mismo en la prevención de las consecuencias asociadas a la pobreza grave. Así, se señala que el IMV debe evitar “situaciones en que la falta de ingresos, o la inadecuación de éstos, provoque costes familiares y sociales irreversible (impagos, privaciones, etc.)”. El papel de las rentas mínimas autonómicas tendería así, como de facto ha ocurrido hasta ahora en la mayor parte de las comunidades autónomas, a ser marginal o residual.

La atribución a las comunidades autónomas de un papel limitado en la acción de garantía de ingresos es perceptible en los planteamientos generales de la Estrategia. Por una parte, en su concepción de la lucha contra la desigualdad, frente a una alternativa de intervención basada en la ordenación y mejora de los sistemas de rentas mínimas y en el acceso a servicios públicos de calidad, la Estrategia opta claramente por “incrementar la cobertura de las prestaciones de desempleo, la mejora de prestaciones por hijo a cargo (en el marco del desarrollo de un Ingreso Mínimo Vital) y la mejora de los permisos de parentalidad”. Por otra, a pesar de que en la fase de diagnóstico se asigna a las rentas mínimas autonómicas una “gran importancia al tratarse de un instrumento de protección general frente al riesgo de pobreza”, en la concreción de la estrategia definida no se les asigna un papel específico y concretamente delimitado dentro del sistema.

De hecho, es llamativo comprobar que sólo se aborda el papel de las comunidades autónomas en materia de garantía de ingresos al considerar la línea de actuación relativa a “[G]arantizar, simplificar y ordenar las prestaciones y subsidios de competencia estatal, mejorando la coordinación con aquellos de competencia autonómica”.

En general, las menciones más específicas a la acción autonómica se dejan para apartados distintos a los relativos a la garantía de ingresos. Así, al considerar el ámbito relativo a los sistemas de información en servicios sociales se señala que “la Tarjeta Social Universal incluirá todas las prestaciones de contenido económico gestionadas por órganos y organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, lo que debería facilitar el diseño de las políticas sociales y contar con un mapa de prestaciones ajustado a la realidad”.

En la misma línea, en la aproximación a la cooperación territorial, en lo relativo a “[F]omentar la coordinación y complementariedad de los sistemas de ayudas para la erradicación de la exclusión social y la pobreza y completando el mapa de prestaciones públicas”, se plantea igualmente la conveniencia de impulsar “una mejor coordinación de las prestaciones económicas y de apoyo a las familias de las comunidades autónomas para reducir las desigualdades en el alcance y en la intensidad protectora de dichas prestaciones”.

Estos hechos sugieren que la política de garantía de ingresos se perfila esencialmente como un asunto estatal en la nueva estrategia del Gobierno de España. Sin embargo, esto no es incompatible con aceptar, como se señala de forma específica en el apartado relativo a garantía de ingresos, la posible pervivencia del sistema de rentas mínimas autonómicas. Así, la Estrategia gubernamental señala que la acción del IMV se realizará “sin menoscabo de que ese ingreso [mínimo vital] pueda complementarse con otros programas de garantía de rentas que establezcan las CCAA en el ejercicio de sus competencias”.

Otra mención a las rentas mínimas autonómicas aparece al considerar la línea de actuación centrada en la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), una línea cuyo objetivo central se centraría en asegurar la intensidad protectora de las prestaciones y beneficios que toman como referencia el IPREM. A tales efectos, la Estrategia considera “esencial ir actualizando” el IPREM, un indicador cuya congelación en los últimos años “ha dejado fuera del acceso a las ayudas a franjas crecientes de la población”. En referencia a las rentas mínimas autonómicas, se señala en concreto que la congelación del IPREM “pone en cuestión la suficiencia de ayudas importantes para la población desfavorecida, como las Rentas Mínimas de Inserción de muchas CCAA, restando poder adquisitivo a grupos particularmente vulnerables”.

A diferencia de otras materias sociales, el Gobierno de España no ha actuado de forma decidida en esta cuestión y el valor del IPREM se mantiene congelado en 537,84 euros mensuales desde 2017, apenas algo por encima de los 532,51 euros en vigor entre 2010 y 2016.

Al referirse a las comunidades autónomas, en el mencionado artículo de lainformacion.com se señala que la acción en materia de Seguridad Social se completará mediante un pacto con las comunidades autónomas y en coordinación con los servicios públicos de empleo. Nada se concreta sin embargo en la Estrategia respecto al modelo concreto de gestión del sistema de garantía de ingresos estatal que se propone, ni tampoco respecto al papel efectivo que podría corresponder en esa gestión a las comunidades autónomas. La aplicación de la política de lucha contra la pobreza y la exclusión social que se propone en la estrategia gubernamental se fundamenta, en todo caso, en el principio de colaboración de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas.

3. Consideraciones finales

En la dimensión de garantía de ingresos, la valoración de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 podría resumirse en los siguientes puntos:

1. La Estrategia supone una clara ruptura respecto a planteamientos anteriores de la Administración General del Estado al establecer objetivos y líneas de actuación claros para delimitar una política potencialmente eficaz de garantía de ingresos. En este sentido, el Ingreso Mínimo Vital representa sin duda un importante cambio cualitativo.

La propuesta viene sustentada, además, en un diagnóstico de situación que se aborda de forma profesional. La colaboración del equipo adscrito al Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil en la preparación de la Estrategia habrá contribuido sin duda a este positivo desarrollo.

2. En su dimensión general, el análisis de las propuestas contenidas en la Estrategia sugiere las siguientes consideraciones:

a) En un contexto de clara apuesta por las prestaciones familiares, queda algo difuso el contenido del programa complementario de garantía de rentas que se propone para familias sin ingresos. Como también ocurre con las prestaciones por menores a cargo, no se perfilan los objetivos temporales y económicos de su desarrollo.

No queda tampoco claro si el programa de garantía señalado podría ser eventualmente sustituido, en caso de falta o imposibilidad de desarrollo, por la mejor ordenación de los subsidios asistenciales por desempleo a la que también hace referencia el documento estratégico del Gobierno.

b) Teniendo en cuenta la indefinición señalada, resulta difícil saber en qué se concretará el modelo planteado. Se trata en cualquier caso de una línea de actuación que trata de combinar una protección económica básica, probablemente de limitada cuantía (salvo que el tiempo desmienta esta hipótesis), con la política de activación para el empleo que resulta dominante en Europa.

c) Un rasgo esencial de la política de garantía de ingresos propuesta es la separación de la misma respecto a dos cuestiones que suelen considerarse en el diseño de este tipo de políticas. Se trata, por una parte, de la cuestión relativa a los complementos en caso de ingresos salariales bajos, con una fórmula de Ingreso Mínimo Vital que se orienta en exclusiva a colectivos situados fuera del sistema productivo. Por otra parte, la política de garantía de ingresos planteada tampoco considera los costes de acceso y mantenimiento en la vivienda como un aspecto específico a integrar en su modelo de garantía de ingresos.

d) En los términos definidos, el Ingreso Mínimo Vital se presenta con un cierto perfil alternativo a las actuales rentas mínimas autonómicas. Lo hace, sin embargo, desde unos supuestos que le acercan a los planteamientos dominantes en las mismas, en especial en las comunidades autónomas que han apostado por el modelo de prestaciones para la inserción social de colectivos excluidos sociales. La propuesta, sin embargo, aseguraría lo que no hacen la mayor parte de esas rentas mínimas: una extensión efectiva de la protección en el conjunto del territorio.

Es probable que algunas de las limitaciones señaladas se vinculen a la dificultad de concretar en estos momentos los compromisos a desarrollar, en parte por la propia falta de completa definición de dichos compromisos por parte de la Administración General del Estado. Otras, no obstante, parecen más estructurales o consustanciales al tipo de modelo de protección por el que se apuesta.

3. Profundizando en las implicaciones de la Estrategia para las comunidades autónomas, es probable que una de las consecuencias de un desarrollo acabado del Ingreso Mínimo Vital sea la desaparición de la mayor parte de las rentas mínimas autonómicas. Esta solución sería tanto más probable en aquellos casos en los que se hubieran concebido como prestaciones temporales y de baja cuantía para colectivos en situación de exclusión social.

Sin embargo, debe valorarse de forma positiva que la Estrategia contemple la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los sistemas de rentas mínimas de aquellas comunidades autónomas que las quieran mantener e impulsar. Aunque será preciso contrastar la forma concreta de la compatibilidad planteada, la aplicación efectiva de este principio podría no sólo facilitar la supervivencia de algunos programas de garantía de rentas en las comunidades autónomas sino una sustancial mejora de los mismos. En este sentido, podrían plantearse objetivos más amplios de protección que los estrictamente ligados a la superación de la pobreza. Eso facilitaría avances en la prevención de otras formas de ausencia de bienestar.

En esa dirección, además de considerar posibles alternativas a las políticas clásicas de activación (es más deseable una política de garantía de derechos para la inserción social y laboral, por ejemplo), resultaría conveniente profundizar en las políticas de garantía de ingresos en direcciones exploradas en el pasado por algunas comunidades autónomas. La experiencia de comunidades como Euskadi en estas acciones de garantía de ingreso muestra, en este sentido, la relevancia de los mecanismos de bonificación económica al empleo y de las políticas de complemento de prestaciones para garantizar el acceso y mantenimiento en la vivienda. Sería un error desligar estas dos cuestiones del diseño de los programas que tratan de establecer una última red de protección económica para la población.

Empleo, vivienda y RGI. Principales datos para el debate. Luis Sanzo

En una interesante entrevista, Joseba Zalakain planteaba recientemente los límites que, para la sociedad (en este caso la vasca), representaban los cambios observados en la dinámica del empleo o de la vivienda. Unos cambios que podían llegar a hacer inviable la acción paliativa de sistemas de garantías de ingresos como el que representa, en Euskadi, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Sin empleo digno, o vivienda accesible, la acción compensatoria de un sistema de garantía de este tipo podría llegar a ser inviable.

Las importantes cuestiones planteadas merecen una aportación al debate. Se resumen a continuación los principales datos a tener en cuenta, en el análisis de la relación entre empleo, vivienda y RGI a lo largo del periodo 1996-2016 en Euskadi.

En lo relativo a la evolución del empleo de bienestar hasta 2016

1. Se observa una clara línea de deterioro en el volumen de empleo de bienestar (ver nota 1) a partir de 2008, con una pérdida de alrededor de algo más de 72.000 ocupaciones de este tipo. Esto supone una disminución del 12,7% respecto a la cifra máxima de empleos de bienestar, alcanzada en 2008, con casi 569.000 personas ocupadas en esta categoría de empleos.

2. La caída del empleo de bienestar afecta a todos los sectores de actividad, aunque de forma desigual:

2.1. El principal factor de reducción del empleo de bienestar se relaciona con la evolución de la ocupación en la industria y la construcción, sectores que alcanzan en 2015 el nivel más bajo de ocupación en Euskadi desde 1985. Un 86,1% del empleo de bienestar perdido entre 2008 y 2016 corresponde a la industria y la construcción (37,7% y 48,5%, respectivamente). En ambos sectores, más de la mitad de la caída se vincula a personas no asalariadas (52,7% en la construcción y 55% en la industria). Un hecho particularmente relevante es que, en 2016, el volumen de empleo de bienestar en estos sectores es inferior al existente en 1996.

2.2. Entre 2008 y 2016, el empleo de bienestar se reduce también en el sector servicios, aunque de forma mucho menos intensa que en los dos otros sectores mencionados. La caída es del 2,3% frente al 16,2% de la industria y el 57,2% de la construcción. Apenas supone un 10,7% de la caída absoluta del empleo de bienestar en el periodo considerado.

3. Entre 2008 y 2016, el único tipo de ocupación que avanza en Euskadi es el empleo peor remunerado del sector servicios (+19,2%). La positiva evolución de la ocupación en este sector entre 2008 y 2016, con un incremento general del 7,3%, sólo se vincula por tanto a empleos con ingresos que no llegan al umbral de bienestar mínimo definido.

4. A pesar de la negativa evolución observada, no debe infravalorarse sin embargo el nivel de empleo de bienestar existente en Euskadi. Aunque el volumen de empleo de bienestar existente en 2016 resulta también inferior al de 2004 (-4,5%), un año más realista para la comparación que el 2008 (ver nota 2), el peso relativo del empleo de bienestar llega al 36% de la población de 16 a 64 años en 2016. Se trata de un porcentaje claramente superior al 26,1% de 1996 y al 33,6% del año 2000. El registro supera también el 35,3% de 2004 y es similar al 36,4% de 2012. Sólo se aleja claramente del 40% de 2008.

El pesimismo sobre el estado actual del empleo no tiene en cuenta el enorme impulso al empleo de bienestar que se observa en el sector servicios entre 1996 y 2008. A pesar de la caída posterior a la crisis, las más de 324.000 personas ocupadas con este tipo de empleo en los servicios, en 2016, superan en un 57,8% las existentes en 1996.

Es posible que, sin bases más sólidas en la industria y la construcción, y ante el riesgo de la automatización de parte del sector terciario, esta situación empeore en el futuro en términos de acceso a un empleo de calidad. Pero en 2016 aún se mantiene una realidad comparativamente favorable respecto a lo observado en el periodo 1996-2004.

A diferencia de los años 80 y 90, las perspectivas demográficas resultan además favorables. La salida hacia la jubilación de las generaciones del baby boom de los sesenta y setenta se traducirá en una línea descendente de la población entre 16 y 64 años que podría contribuir a una mejoría de la situación de ocupación de las nuevas generaciones de población trabajadora.

5. La mayor proporción de población empleada en 2016, en comparación con 2004 (65,3% frente a 60,3% en ocupación total; 36% frente a 35,3% en empleos de bienestar), es compatible con un aumento de las situaciones más difíciles ante el empleo en los últimos años. De esta forma, entre 2008 y 2016, el porcentaje de población de 16 a 64 años en hogares sin ingresos por trabajo, o con únicamente un ingreso situado por debajo del umbral de empleo de bienestar, remonta de 20,2 a 25,9%. El porcentaje de 2016 sólo queda por debajo del 33,3% de 1996 y del 30,7% de 2014, superando claramente tanto el 21,5% del año 2000 como las cifras cercanas al 20% de 2004 y 2008. En cifras absolutas, estas situaciones afectan en 2016 a casi 357.000 personas entre 16 y 64 años. Esta cifra supera en un 13,9% la existente en el año 2000, en un 20,6% la de 2004 y en un 23,9% la de 2008.

Entre los principales factores explicativos, además de la desigualdad existente en el acceso a los empleos de bienestar, puede destacarse la fragmentación y aumento del número de hogares (alrededor de un 20%  entre 1996/2000 y 2016) pero también de la presión que representa la inmigración. Entre 2004 y 2016, el incremento del volumen de personas sin ingresos de trabajo, o sólo con acceso a empleos que no garantizan el nivel mínimo de bienestar, se vincula en un 58,4% de los casos a población extranjera o con menos de 10 años de residencia en Euskadi.

En lo relativo a la evolución del precio de la vivienda

1. El aumento de la presión del gasto de acceso a la vivienda es, como señala Joseba Zalakain, otro de los aspectos llamativos de la dinámica social de las dos últimas décadas en Euskadi. En 1996 y 2000, el gasto en alquileres e hipotecas apenas suponía alrededor del 5,5% de los ingresos regulares de los hogares vascos (excluidos ingresos por asistencia social) encabezados por personas en edad activa. El peso de este gasto aumenta de forma progresiva hasta alcanzar el 13,3% en 2012 antes de reducirse al 11,6% en 2016, muy por encima todavía de los porcentajes de 1996 y 2000.

Sin embargo, el principal efecto del aumento de los precios de la vivienda se observa en los grupos más desfavorecidos de la sociedad. En las personas en hogares con ausencia de bienestar, pero no pobres, el peso del gasto en vivienda respecto a los ingresos (sin aportaciones de asistencia social) aumenta de cifras inferiores al 10% en 1996 y 2000 a 24,3% en 2008 y 42,1% en 2016. En el grupo en situación de pobreza real, el impacto es aún más llamativo. El peso sobre los ingresos analizados del gasto en alquileres e hipotecas pasa del 12,9% y 15,7% de 1996 y 2000 al 45,2% de 2008 y el 75,6% de 2012. La proporción apenas se reduce en 2016 hasta el 65,6%.

2. La dinámica observada se asocia al sustancial incremento de la proporción de personas en hogares enfrentados al pago de hipotecas y alquiler en las edades activas. En las personas en hogares con acceso al bienestar, esta proporción pasa de un 21,8% en 1996 a un 42,7% en 2008 y 49,3% en 2014, con una ligera caída, hasta el 46,4%, en 2016 (una cifra también inferior al 47,6% de 2012).

En el caso de las personas en hogares en situación de pobreza real o ausencia de bienestar, la proporción de población enfrentada a estos gastos de alquiler e hipotecas pasa del 29,8% de 1996 al 57,4% en 2008 y un máximo del 78% en 2016.

3. Dentro de los hogares encabezados por población en edad activa y gastos de hipotecas o alquiler, una sustancial diferencia entre los grupos en bienestar y aquellos ajenos al mismo es el destino del gasto en vivienda. En el primer caso, el destino del gasto se dirige muy mayoritariamente (entre un 75,7 y un 83,3% de los casos) a la adquisición de una vivienda en propiedad. En los grupos en ausencia de bienestar o pobreza real, en cambio, siempre resulta determinante el gasto destinado al pago del alquiler. El 51,3% de 1996 llega al 63,7% en 2008 y al 76,6% en 2012, con apenas una ligera variación descendente, hasta el 74,8%, en 2016.

Estos datos revelan que las principales problemáticas ligadas al acceso a la vivienda, en los grupos con mayor nivel de riesgo económico, se vinculan a las dificultades observadas en hacer frente a los alquileres.

4. La dinámica del coste de acceso a la vivienda cambia la percepción existente sobre los periodos de mayor o menor prosperidad económica real en Euskadi.

La consideración de los ingresos mensuales habituales de la población vasca revela que entre 1996 y 2008, el valor medio (en equivalencia per cápita y valores de 2016, sin tener en cuenta recursos de asistencia social) aumenta en Euskadi en un 35,1% (de 954,57 a 1.289,88 euros). Entre 2008 y 2016, los ingresos medios caen un 7%, hasta 1199.80, por encima sin embargo de todos los registros previos a 2004, con un máximo de 1.190,61 en el año 2000.

Tras descontar el gasto en alquileres e hipotecas, el nivel de ingresos mensuales habituales (sin ingresos de asistencia social) alcanza un nivel muy cercano en los años 2000 y 2008: 1.127,11 euros por 1.136,18 en 2008. Estas cifras son superiores, entre un 5,9 y un 6,7%, a las de 2016 (1.060,24 euros) que, sin embargo, superan los 1.026,61 euros de 2004.

Contemplados por separado los distintos grupos en la escala pobreza-bienestar, se comprueba que el valor más alto, en términos de ingresos mensuales habituales tras gastos de vivienda, es siempre superior (antes de las aportaciones de la asistencia social) en el año 2000 que en 2008. La prosperidad económica máxima de 2008 vino así asociada a altos costes asociados, ligados al acceso a la vivienda, que de facto limitaron los ingresos disponibles reales tras el pago de alquileres e hipotecas.

¿Cómo interviene en 2016 el sistema RGI/PCV/AES en el contexto de las dinámicas señaladas?

1. En los hogares de población en edad activa, y respecto al máximo de ingresos después de gastos de vivienda del año 2000, el nivel de ingresos de 2016 (antes de asistencia social) es apenas inferior en un 2,3% en la población en situación de bienestar (1.175,80 euros frente a 1.203,47). La mejora media de ingresos de 41,50 euros se ve compensada con un incremento de 69,18 euros en el coste de acceso a la vivienda. Pero la situación de 2016 no muestra un deterioro sustancial.

2. No ocurre lo mismo en los grupos más desfavorecidos. Así, la caída de ingresos disponibles (tras realización de los gastos de vivienda, y antes de asistencia sociales) es del 55,4% en 2016, respecto al año 2000, en la población en ausencia de bienestar (286,88 euros frente a 642,63). La pérdida de recursos llega al 72,2% en la población en situación de pobreza real (87,60 euros disponibles reales en 2016 frente a 315,32 en el año 2000).

Estas notables caídas en los ingresos disponibles (antes de asistencia social) entre 2000 y 2016 son el resultado de la combinación de dos factores negativos: la reducción de ingresos asociada a la crisis y el aumento del coste de acceso a la vivienda. En el grupo en ausencia de bienestar, la reducción de 355,74 euros disponibles se asocia en un 57,4% a la caída de ingresos y en un 42,6% a aumento del coste de acceso a la vivienda. Los datos son muy similares en el caso de la población en pobreza real, con un 47,6% de la pérdida de 227,72 euros asociada a la reducción de ingresos y un 52,4% al aumento de los costes de acceso a la vivienda.

3. Lo relevante del caso vasco, sin embargo, es la medida en que la política de garantía de ingresos relacionada con la asistencia social autonómica permite compensar en Euskadi el déficit observado, en especial a través del sistema RGI-PCV-AES. En la población en ausencia de bienestar, la caída del 55,4% en ingresos respecto a 2000 es sólo del 7,8% en el gasto efectivamente realizado. El sistema de garantía de ingresos compensa un 46,5% del deterioro asociado a la caída de ingresos y al aumento del precio de la vivienda. Frente a apenas una aportación del 2,2% de los ingresos tras gasto de vivienda en el año 2000, la aportación del sistema equivale a un 57,7% en 2016 (2,2% frente a 25% en términos de la aportación asistencial al total de ingresos).

En la población pobre, la reducción del 72,2% en ingresos respecto a 2000 es sólo del 2,5% en el gasto efectivamente realizado. El sistema de garantía de ingresos compensa un 91,8% del deterioro asociado a la caída de ingresos y L aumento del precio de la vivienda. Frente a una aportación del 22,5% de los ingresos tras gasto de vivienda en el año 2000, la aportación del sistema pasa al 44% en 2004, al 97,8% en 2008 y al 370,4% en 2012. Es aún del 238,6% tras la recuperación en 2016. En términos de la aportación asistencial al el total de ingresos de los grupos pobres, el aumento es del 15,9% en el año 2000 al 23,2% en 2004, el 34,9% en 2008 y el 47,5% en 2012. Es  todavía 45,1% en 2016.

4. A pesar del extraordinario esfuerzo realizado, en un contexto de desistimiento del Estado y de fuerte presión inmigratoria, el déficit de ingresos respecto al gasto empieza a ser significativo en los últimos años para la población. Es del 8,2% en 2016 en grupos en ausencia de bienestar. Era del 17,2% en 2012 en los grupos pobres, llegando al 19,4% en 2016.

Sin embargo, en este contexto difícil, el sistema RGI/PCV/AES ha seguido contribuyendo a prevenir con cierto éxito  la pobreza en Euskadi. Es uno de los hechos que explican que el País Vasco se sitúe en 2016 por debajo de cualquiera de los estados de la UE en el indicador más relacionado con la medición de la seguridad económica a largo plazo (la proporción de personas en hogares sin recursos para hacer frente a gastos extraordinarios).

Notas

(1) En una perspectiva a largo plazo, el nivel mínimo esperado por una persona sola para llegar a fin de mes se sitúa por término medio en 1.363,56 euros netos mensuales de 2016. En esta cifra podría situarse el umbral razonable de un ingreso laboral capaz de facilitar un mínimo bienestar, o ingreso de bienestar. Este artículo parte de ese valor como referencia de acercamiento al empleo de bienestar, con una mínima calidad por tanto en términos de ingresos netos.

(2) El análisis a largo plazo de los cambios observados en los últimos años toma en general como año de referencia a 2008, un procedimiento que tiene mucho de irreal. El periodo final del boom económico supuso una efímera edad de prosperidad económica que apenas duró unos pocos años. Se trató de un periodo tan breve y fugaz como la combinación de algunas de las dinámicas económicas que lo hicieron posible, en particular el boom totalmente coyuntural del empleo de bienestar en la construcción, con sus efectos expansivos indirectos en la industria y en los propios servicios.

Los indicadores de pobreza real en España. Periodo 2016-2017. Luis Sanzo

El presente artículo trata de profundizar en el intento de ofrecer para el conjunto de España, y en la línea de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi, indicadores de pobreza que reflejen las situaciones reales y no meramente situaciones de riesgo, entendidas además en sentido extenso.

Uno de los fundamentos básicos de la EPDS es la idea de que las situaciones de pobreza real no son consecuencia automática de la presencia de determinados factores de riesgo, sino que dependen de la posición de los hogares ante las distintas dimensiones de pobreza. Los factores de riesgo no se limitan, además, a una insuficiencia temporal de ingresos. También son relevantes la falta de acceso a ciertos bienes y servicios de consumo duradero o la ausencia de un patrimonio de reserva adecuado para afrontar situaciones de crisis.

Partiendo de este planteamiento, además de los tradicionales indicadores de riesgo en la dimensión de ingresos, la EPDS ofrece indicadores similares en la dimensión asociada a las condiciones de vida a medio y largo plazo, y a modo de síntesis del impacto combinado de las situaciones observadas en esas dos dimensiones, un indicador final de pobreza real. Este artículo trata de ofrecer, siguiendo la metodología que se explica en Anexo, y que mejora la presentada en su momento en un artículo similar hasta el año 2016, una estimación del impacto de estas situaciones de pobreza real en España.

Se presentan a continuación los resultados actualizados a 2017. Se trata de unos resultados que es preciso abordar con la prudencia asociada a los límites muestrales que afectan a los datos de ciertos grupos sociales minoritarios y a ciertas comunidades autónomas con menor población (los datos de Illes Balears, en particular, exigirían mayor contraste).

Antes de profundizar en las distintas cuestiones, y a modo de resumen, es preciso destacar de partida que mejora la incidencia de la pobreza real en España en 2017. No obstante, esta problemática sigue afectando a más de un 10% de la población. No se trata por tanto de una cuestión marginal. La problemática de la pobreza sigue teniendo una incidencia relevante, tal y como también sucedía al final del boom económico de primeros de siglo.

Aunque se mantienen en general las diferencias estructurales que se observaban en 2008-2009, tanto por comunidades autónomas como por tipos de hogar, algunas dinámicas recientes indican la existencia de algunos cambios relevantes. En la dimensión territorial destacan en particular los siguientes aspectos:

  1. Se observa una presión alcista de las situaciones de pobreza real, en especial de las asociadas a consecuencias sociales graves o muy graves, en las zonas con un sistema de rentas mínimas más desarrollado. Esta realidad es en gran medida el reflejo del papel de refugio socioeconómico que desempeñan en España durante la crisis territorios como Asturias o Navarra y, muy especialmente, Euskadi.
  2. Destaca igualmente el fuerte deterioro de la situación social en Illes Balears, en contraste con la mejor evolución que, entre 2014 y 2017, caracteriza a Madrid y Cataluña, otras de las comunidades autónomas con mayor coste de la vida.
  3. También es relevante el avance de las situaciones de pobreza real en algunas comunidades del sur, en particular Extremadura y en menor medida Castilla-La Mancha, un deterioro que comparte Canarias en lo relativo a las formas graves y muy graves de pobreza real. En todos estos casos se detectan en 2017 tasas superiores de pobreza real que las observadas en 2008. El conjunto formado por Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana también se caracteriza por un mayor impacto de la pobreza real en 2017 aunque, a diferencia de las regiones señaladas, se detecta una generalizada evolución favorable en el periodo de recuperación 2014-2017.

En lo relativo a los tipos de hogar, la línea de mejora que caracteriza al periodo 2014-2017 es mucho más nítida. No obstante, en este caso también deben introducirse algunos matices, en especial los siguientes:

  1. Aunque se trata del grupo menos afectado por la pobreza real, llama la atención en 2017 el repunte de la pobreza real en los hogares de personas mayores de 65 años.
  2. A pesar de la mejora que se observa entre 2014 y 2017, y respecto a lo observado en 2009, la incidencia de la pobreza real sigue siendo superior en 2017 en los hogares con niños y niñas dependientes, en hogares de adultos menores de 65 años sin personas dependientes y entre los hombres solos menores de 65 años. En estos grupos, la parte más positiva a señalar es una reducción en los hogares con menores del impacto de las formas de pobreza real con impacto grave o muy grave que acerca las tasas de 2017 a las de 2009.
  3. Aunque los últimos años mejoran los niveles de precariedad en los hogares de mujeres solas menores de 65 años y en los hogares monoparentales, la gran mayoría asociada a este tipo de mujeres, las tasas de pobreza real se mantienen desproporcionadamente altas en este grupo en 2017. Además, el impacto de la pobreza real con impacto social grave o muy grave sigue siendo superior en 2017 a la de 2009.

Tras este resumen introductorio, se detallan a continuación los principales resultados.

ASPECTOS GENERALES

El impacto de la pobreza real se reduce en España en el periodo 2016-2017

Tal y como puede comprobarse en el gráfico 1, la incidencia de la pobreza real disminuye en 2017. Después de afectar a un 12,9% de la población española en el punto culminante de la crisis social, en 2014, en 2017 el impacto se reduce al 10,9%. Aunque se acerca al 9,6% registrado para el periodo 2008-2009, la incidencia de la pobreza real sigue siendo en 2017 algo superior (+1,3 puntos porcentuales).

La evolución de la pobreza real con impacto social grave/muy grave es muy similar. El 5,9% de 2017 muestra una línea descendente respecto al 7,4% de 2014 pero sigue siendo superior, en  0,8 puntos porcentuales, al 5,1% de 2009.

Gráfico 1

Grafíco 1

Las diferencias territoriales en el impacto de la pobreza real siguen siendo significativas

En el gráfico 2 puede comprobarse que se mantienen en 2017 las sustanciales diferencias existentes en la incidencia de las situaciones de pobreza real, con un impacto más de cuatro veces superior entre las comunidades más y menos afectas.

En la parte más favorecida, con tasas de pobreza real inferiores a la media, el grupo de comunidades autónomas menos afectadas (entre un 3,9 y un 6,2% de la población) incluye, por un lado, al País Vasco y Navarra y, por otro, a Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Aragón. Algo por encima, Galicia y Cataluña se sitúan entre el 7,9 y el 8,3%. Más cerca de la media, la incidencia es del 9,5% en Asturias y del 10,7% en Madrid.

En la parte más afectada, con tasas de pobreza real superiores a la media española, la incidencia llega al 12% en Murcia y a cifras entre 13,2 y 14,4% en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias. Por encima, los niveles más elevado corresponden a la Comunidad Valenciana y a Illes Balears (15,6 y 17,9%, respectivamente).

Gráfico 2

Gráfico 2

El gráfico 3 muestra los datos relativos a la incidencia de la pobreza real con impacto social grave o muy grave. Aunque las diferencias son similares, se observan algunas significativas diferencias.

En la parte más favorecida, las tasas más bajas, entre 0,9 y 1,9% de la población, corresponden a Castilla-León, La Rioja y Aragón. Cantabria, País Vasco y Navarra se sitúan entre el 3,2 y el 4%, unas cifras a las que se acercan, entre un 4,2 y un 4,4% Galicia y Cataluña. En niveles cercanos al 5,9% de España vuelven a situarse Madrid, con un 5,4%, y Asturias, algo por encima en este caso del nivel español (6,6%). Castilla-La Mancha se incluye en este último grupo, con un 6,2%.

Claramente por encima de la media española, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura se sitúan entre un 7,3 y un 8,6%. Los niveles más altos corresponden a Canarias e Illes Balears (10,3 y 10,8%, respectivamente).

Gráfico 3

Gráfico 3

Las diferencias siguen siendo igualmente importantes por grupos sociales

Las diferencias, recogidas en el gráfico 4, también siguen siendo relevantes por grupos sociales en 2016-2017. En términos del indicador general de pobreza real, las tasas se alejan claramente por debajo de la media española, con niveles entre 4,7 y 4,9%, en algunos grupos de personas mayores de 65 años, tanto en hogares con dos adultos como en hombres solos. Aunque todavía por debajo de la media española, la cifra es bastante más alta entre mujeres solas mayores de 65 años (8,9%) así como en los hogares de dos adultos menores de 65 años y sin niños o niñas dependientes (7,4%).

En la parte más desfavorecida, las tasas de pobreza real siguen siendo superiores a la media española en hogares con presencia de niños y niñas dependientes (12,2%). Con niveles superiores al 20%, las tasas más altas de pobreza real corresponden a las personas solas menores de 65 años (22,6% en hombres y 23,2% en mujeres). El máximo corresponde a las familias monoparentales con niños o niñas dependientes, con un 27,8%.

La imagen es muy similar al considerar el indicador de pobreza real con impacto social grave o muy grave aunque con algunos matices. Las mejores posiciones corresponde en este caso a los distintos grupos con personas mayores de 65 años, con una incidencia entre el 1,6 y el 3,2%, con un 4,3% en los hogares de dos adultos menores de 65 años y sin niños o niñas dependientes. Con un 6,9%, la tasa vuelve a superar  la media en hogares con presencia de niños y niñas dependientes. En las personas solas menores de 65 años la tasa supera el 10%, con un 10,7% entre las mujeres y un 11,1% entre los hombres. El máximo, con un 16,6%, vuelve a corresponder a las familias monoparentales con niños o niñas dependientes.

Gráfico 4

Gráfico 4

ASPECTOS RELATIVOS A LA EVOLUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La dinámica territorial por comunidades autónomas resulta muy diferente entre 2008-2009 y 2016-2017 y aporta algunos elementos de interés para el análisis, tal y como puede analizarse en los gráficos 5 y 6.

El primero de estos aspectos se vincula a la diferente evolución de las comunidades autónomas con menor impacto de la pobreza real durante todo el periodo de crisis. Destaca así en el gráfico 5 la mejor dinámica diferencial de las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Aragón que la que corresponde a los tres territorios que, como Asturias, Euskadi y Navarra, han destacado por el esfuerzo realizado con sus sistemas de rentas mínimas durante la crisis. De esta forma, mientras la primera zona superaba en 1,8 puntos la tasa de pobreza real de Asturias, Euskadi y Navarra en 2009 (5,7 frente a 3,9%), en 2017 queda 0,4 puntos por debajo (5,9% frente a 6,3%).

Esta diferente evolución es aún más llamativa al considerar en el gráfico 6 el indicador de pobreza real con impacto social grave o muy grave. En este caso, la zona de Galicia, Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Aragón superaba en 1,4 puntos a Asturias, Euskadi y Navarra en 2009 (3,0 frente a 1,6%). En 2017, en cambio, tiene una incidencia del fenómeno social analizado 2,1 puntos inferior (2,5 frente a 4,6%).

Lo más llamativo en la dinámica observada es que, a diferencia de lo que se observa en las otras comunidades autónomas consideradas, la recuperación económica apenas se traduce en Asturias, País Vasco y Navarra en mejoría en las tasas. La tasa de pobreza real, que había aumentado de 3,9 a 6,7% entre 2009 y 2014, se mantiene en 6,3% en 2017 (con un descenso del 7,6 al 5,9% en Galicia, Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Aragón). El indicador de pobreza real con impacto social grave o muy grave apenas varía entre 2014 y 2017, pasando de 4,7 a 4,6% en el conjunto formado por Asturias, País Vasco y Navarra, mientras se reduce de 4,1 a 2,5% en las otras cinco comunidades autónomas.

La dinámica observada no puede entenderse sin la función “refugio” que la zona de Asturias, Euskadi y Navarra, con mayor o menor impacto según los casos, cumple en este periodo. En parte por su sistema de protección social pero también, en especial en el País Vasco y Navarra, por la mayor resistencia del empleo, con una tasa de paro muy inferior a la española, estas comunidades autónomas acogen durante el largo periodo de la crisis a una parte de la población, en especial  extranjera, que se queda sin expectativas en otros territorios españoles. En el caso de la población nacida en el extranjero, mientras en el conjunto de España se observa un aumento de esta población del 5,4% entre 2008 y 2018 y del 4% en Galicia, Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Aragón, el aumento es cercano al 20% en Asturias y Navarra y llega al 44,7% en Euskadi.

La otra cara de este papel solidario de refugio socioeconómico entre 2008 y 2017 para colectivos en situación precaria es una mayor presión de las situaciones potenciales de pobreza en Asturias, Navarra y, muy especialmente, Euskadi.

Gráfico 5

Gráfico 5

Gráfico 6

Gráfico 6

Una segunda dinámica relevante es la que afecta a las zonas con mayor nivel de precios en España (Madrid, Cataluña y Baleares). Estas comunidades autónomas que, en 2014, habían llegado a tener un impacto muy elevado de la pobreza real, con cifras del 13% en Madrid/Cataluña y del 14,9% en Illes Baleares, muestran una evolución diferenciada durante la fase reciente de recuperación. Mientras en Baleares la pobreza real sigue aumentando, hasta un 17,9%, 4,5 puntos por encima del 13,4% de 2009, en las otras dos comunidades autónomas se observa una evidente mejora en los últimos años. El 9,4% de 2017 queda así por debajo no sólo del 13% de 2014 sino también del 11,4% de 2009.

Los datos relativos a la pobreza real con impacto social grave o muy grave muestran una evolución similar. Aunque en Illes Balears, la incidencia de esta forma de pobreza grave se reduce ligeramente entre 2014 y 2017 (de 11,0 a 10,8%), el registro de 2017 es superior al 9% de 2009. En Madrid/Cataluña, en cambio, después de aumentar de 5,4 a 7,4% entre 2009 y 2017, la tasa se reduce al 4,9% en 2017, muy cerca del 4,6% que se observa en el conjunto formado por Asturias, Euskadi y Navarra.

Es importante mencionar que esta evolución debe analizarse en paralelo a la evolución del coste percibido de acceso al bienestar. Mientras sigue sustancialmente al alza en Illes Balears, se observa una significativa caída de la necesidad percibida en Madrid y Cataluña. La dinámica de los precios de la vivienda debe tenerse en cuenta en esta evolución contradictoria, con aumentos del precio del alquiler muy llamativos en Illes Balears (ver aquí, por ejemplo). El precio de la vivienda no sólo es superior en ese territorio respecto a las otros dos comunidades consideradas, y experimenta un fuerte aumento ya en 2016, sino que la recuperación de los precios en Madrid y Barcelona podría ser compatible con una reducción efectiva de la necesidad a través de la salida de parte de la población más precaria hacia la periferia, con menor nivel de precios. Se trata de una cuestión que habrá que seguir y evaluar en el futuro, en especial si la subida de precios se extiende hacia la periferia de las grandes ciudades y se consolida  en los próximos años una dinámica similar a la de Illes Balears.

El tercer aspecto a destacar es el deterioro comparado de la situación en Extremadura y Castilla-La Mancha. En estas dos regiones, la incidencia de la pobreza real, también en sus formas más graves, es muy superior en 2017 a la que se observa en 2008 y, salvo en Castilla-La Mancha en lo relativo a las formas más graves, los indicadores tienden a deteriorarse entre 2014 y 2017. En lo relativo al indicador de pobreza real, en concreto, el indicador conjunto para estas dos regiones aumenta de 6,7% en 2009 a 10,7% en 2014 y 13,6% en 2017, casi siete puntos por encima de lo observado en 2009. A pesar de la señalada mejora en Castilla-La Mancha, la pobreza real con impacto social grave o muy grave también aumenta para el conjunto formado por estas dos regiones. El indicador pasa, en este sentido, de 2,5% en 2008 a 6% en 2014 y 6,9% en 2017.

Con la excepción de Murcia en lo relativo al indicador general, y en relación a la situación de 2009, la incidencia de la pobreza real también es claramente superior en 2017 en el conjunto formado por Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Así, en el indicador general de pobreza real, el 14,3% de 2017 supera en 4,5 puntos el 10,8% de 2009. Lo mismo sucede con las formas de pobreza real con impacto social grave o muy grave, con un 7,6% en 2017 que supera en 1,2 puntos el 6,4% de 2014. En este grupo de comunidades autónomas, sin embargo, se detecta una clara mejora entre 2014 y 2017, tanto en el indicador general de pobreza real (de 16,8 a 14,3%) como, de forma muy clara, en lo relativo a las formas graves y muy graves (de 9,9 a 7,6%).

 La situación de Canarias es más compleja. Mientras la recuperación se traduce en una caída del indicador general de pobreza real entre 2014 y 2017, con un 13,9% en este último año que es inferior tanto al 16,2% de 2014 como al 15,8% de 2008, en 2017 se detecta un nítido deterioro de la situación en lo relativo a las formas más graves. De esta forma, el indicador de pobreza real con impacto social grave o muy grave aumenta en Canarias de 7% en 2014 a 10,3% en 2017, un nivel que se sitúa un punto porcentual por encima del 9,3% de 2009.

ASPECTOS RELATIVOS A LOS TIPOS DE HOGAR

La evolución reciente por tipos de hogar es más favorable, con mejoras en casi todos los grupos en la fase reciente de recuperación económica, tal y como puede observarse en los gráficos 7 y 8. Pero algunos matices deben ser igualmente introducidos en este punto.

En primer lugar, y aunque sigue siendo el grupo menos afectado por la precariedad económica, llama la atención el aumento entre 2014 y 2017 de las formas de pobreza real en los hogares de personas mayores de 65 años. El incremento es muy limitado en el caso de pobreza real con impacto grave o muy grave (de 1,6 a 2% en el periodo considerado, todavía por debajo del 2,2% de 2009). Es más llamativo en lo relativo al indicador general de pobreza real (de 4,2 a 5,6%) aunque el nivel de 2008 queda muy por debajo del 8,2% de 2009.

El segundo aspecto a señalar es que, a pesar de la mejora del periodo 2014-2017 que se detecta en algunos grupos, las tasas de pobreza real siguen siendo superiores en 2017 a las de 2009 en algunos tipos de hogar. En lo relativo al indicador general, esto es particularmente claro en el caso de hombres solos menores de 65 años, con una caída del 31,5% de 2014 al 22,6% de 2017, en un nivel que sin embargo se mantiene aún muy por encima del 16,2% de 2009. Lo mismo se observa en el caso de pobreza real con impacto grave o muy grave, con un 11,1% en 2017 que es claramente inferior al 16,9% de 2014 pero que también supera con nitidez el 6,6% de 2009.

En los hogares con niños o niñas dependientes, la tasa de pobreza grave de 2017 también supera la de 2009 (12,2% frente a 11,4%) aunque se observa una significativa mejora respecto al 15,3% de 2014. La mejora es más clara en lo relativo a las formas graves o muy graves, con una reducción del 9,2 al 6,9% entre 2014 y 2017, en niveles ya cercanos al 6,8% de 2009.

En los hogares de adultos menores de 65 años y sin menores dependientes, la tasa de pobreza real se reduce del 8,2 al 7,4% entre 2014 y 2017 pero se mantiene muy por encima del 4,7% de 2009. Las formas de pobreza real con impacto grave o muy grave también tienen mayor incidencia en 2017 que en 2009 (4,3 frente a 2,6%), en línea sólo ligeramente descendente respecto al 5% de 2014. Se trata sin embargo de un grupo con menor impacto comparativo de la pobreza real en España.

Aunque en los últimos años mejoran las tasas en los hogares de mujeres solas menores de 65 años y en los hogares monoparentales, la gran mayoría asociada a este tipo de mujeres, las tasas de pobreza real se mantienen muy altas en este grupo en 2017. Llegan al 25,8%, apenas algo por debajo del 28% de 2009 y del 28,7% de 2014. Además, en este grupo, el impacto de la pobreza real con impacto social grave o muy grave sigue siendo superior en 2017 a la de 2009. Aunque se reduce del 14,6% al 14% entre 2014 y 2017, el impacto de esta forma de pobreza en los grupos considerados supera el 12,6% de 2009.

Gráfico 7                                                                                                                                                    Gráfico 7

Gráfico 8

Gráfico 8

ANEXO ESTADÍSTICO

gRÁFICO 9

ANEXO METODOLÓGICO

La aproximación al estudio del impacto de la pobreza real se basa en el intento de aplicar los principios utilizados en la EPDS vasca a los datos de la ECV para el conjunto de España. La EPDS revela, en este sentido, que las situaciones reales de pobreza no sólo dependen de la situación de ingresos existente sino del acceso adecuado a bienes y servicios de consumo a medio y largo plazo y de un mínimo patrimonio de reserva para afrontar situaciones de crisis.

Teniendo en cuenta algunas limitaciones de información de la ECV, se ha determinado qué información disponible en esta última encuesta podría servir para obtener una aproximación al indicador de pobreza real de la EPDS. Del análisis realizado, se concluye que pueden considerarse en situación de pobreza real a los hogares en los que se detectan, en la ECV, las siguientes situaciones:

  1. Disponer de ingresos inferiores al 40% de la mediana de ingresos equivalentes PPAB/PPCC por unidad de consumo y tener alguno de los problemas considerados en el análisis, ya se trate de problemas estructurales relacionados con las condiciones de vida o el acceso a un mínimo patrimonio de reserva, de problemas de alimentación (pregunta HS050 de la ECV) o de acceso a una temperatura adecuada (pregunta HH050 de la ECV), o de cualquier tipo de impago.
  2. Disponer de ingresos entre el 40% y el 50% de la mediana de ingresos equivalentes PPAB/PPC por unidad de consumo, tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva y, además, una situación en la que se combinan problemas de impago (uno o más) y falta de cobertura de las necesidades de alimentación.
  3. Disponer de ingresos entre el 50% y el 60% de la mediana de ingresos equivalentes PPAB/PPC por unidad de consumo, tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva y, además, una situación en la que se combinan problemas graves de impago (dos o más) y problemas para alcanzar una temperatura adecuada durante los meses de invierno.

Se considera que existen problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva, cuando está presente en el hogar alguna de las siguientes circunstancias:

*  Falta de capacidad para afrontar gastos imprevistos.

*  Tres o más carencias en lo relativo al acceso a los siguientes bienes (teléfono, TV color, ordenador, lavadora).

*  Ausencia de agua corriente, o bañera/ducha, en la vivienda o sus anexos.

Por su parte, la aproximación a los impagos tiene en cuenta, de forma acumulada, los distintos tipos de impagos previstos en la ECV (HS011, HS021 y HS031).

En la aproximación a la disposición de ingresos se ha tenido en cuenta el impacto diferencial de los precios por territorios. A tales efectos, y tomando la media española como base de referencia, en la ECV se han ajustado (al alza o a la baja) los ingresos reales de los hogares a las paridades de poder de compra (PPC) entre comunidades autónomas, determinadas en términos de garantía de un nivel de bienestar equivalente para distintos niveles de precio.

Estas PPC se han estimado a partir de las respuestas ofrecidas por los hogares en la pregunta de la ECV relativa a la cuantía necesaria para llegar a fin de mes (HS130), calculada por unidad de consumo. Dado el limitado tamaño muestral de esta operación estadística, y teniendo en cuenta dinámicas cercanas de percepción de costes asociados a la idea de llegar a fin de mes, la aproximación se ha realizado para las siguientes comunidades autónomas o agrupaciones de comunidades autónomas:

En el estudio, se han determinado igualmente unas situaciones de especial gravedad dentro de la pobreza real, entendiendo por tales aquellas que vienen asociadas a consecuencias sociales muy graves para las personas afectadas (impacto social grave o muy grave). En este sentido, las situaciones de pobreza con impacto social grave o muy grave son aquellas en las que, además de pobreza real, están presentes algunas de las siguientes situaciones:

  1. Problemas de impagos (uno o más), indicativos de una línea de endeudamiento muy grave.
  2. Problemas de falta de cobertura de las necesidades de alimentación, indicativos de una inseguridad muy grave en el acceso a la alimentación.
  3. Problemas para alcanzar una temperatura adecuada durante los meses de invierno, indicativos de condiciones muy graves de pobreza energética.
  4. Problemas estructurales graves: tres o más carencias en lo relativo al acceso a los siguientes bienes (teléfono, TV color, ordenador, lavadora), ausencia de agua corriente, o bañera/ducha, en la vivienda o sus anexos.

Se entiende que, al asociarse a una situación general de pobreza real, la presencia de alguna de estas realidades es indicativa de un proceso muy grave de empobrecimiento o desacumulación.

Aproximación PPAB/PPC

En la aproximación a las posiciones respecto a la mediana de ingresos, el estudio trata igualmente de neutralizar el impacto de las estructuras de costes diferenciadas, ligadas además al ciclo de vida, que se detectan en las determinadas comunidades autónomas. En este sentido, la aproximación a la estimación de la mediana de ingresos equivalentes se basa en un ajuste de los ingresos que permita obtener unos resultados ajustados, comparables y armonizados para el conjunto de las comunidades autónomas españolas.

El punto de partida es la determinación de una escala de equivalencia basada en la percepción real de la población. La experiencia histórica muestra que las escalas de equivalencia utilizadas habitualmente en el estudio de la pobreza y el bienestar en España no se ajustan adecuadamente a la realidad. Frente a los métodos que utilizan una escala de equivalencia prefijada, como el usado por Eurostat, se obtiene en el estudio una escala ad-hoc que se basa en la propia percepción de la población.

A tales efectos, se calcula la media de ingresos considerados necesarios para llegar a fin de mes para una serie de tipos de hogar. De cara a la estimación de estos ingresos necesarios, la ECV permite utilizar una pregunta específica que facilita la posición de cada hogar respecto a un indicador, directamente asociado a la medición del bienestar. Se trata de la pregunta HS130 que recoge los ingresos mínimos para llegar a fin de mes. La aproximación tiene en cuenta la edad de la persona principal, el tamaño del hogar y su composición ((Personas solas, Adultos sin hijos/as, Familias monoparentales, Parejas y otros hogares con hijos/as), teniendo en cuenta la necesidad de contar con una base muestral que resulte suficiente para cada tipo de hogar. A partir de las medias obtenidas para cada tipo de hogar, se determina la escala de equivalencia resultante para cada uno de los años analizados. Aplicando las escalas de equivalencia obtenidas de esta forma, se estiman a continuación los ingresos equivalentes per cápita de cada hogar.

Para disponer de datos de ingresos que sean comparables en el conjunto de España, y con los ingresos equivalentes ya disponibles en la forma señalada, se calculan a continuación los ingresos necesarios para llegar a fin de mes en cada comunidad autónoma y para tres grupos de hogares, delimitados en función de la edad de la persona principal (menos de 45 años, 45-64 y mayores de 65 años). El coste medio de acceso al bienestar para el conjunto de la comunidad se estima en base a la media estandarizada de las medias parciales por grupos de edad, tomando como base común la distribución de los hogares por grupos de edad en el conjunto de España.

Una vez obtenida la media estandarizada de los ingresos necesarios, se determina un factor de ajuste que refleja el coste diferencial de acceder al bienestar en cada comunidad autónoma. Este factor funciona a modo de Paridad de Poder de Acceso al Bienestar (PPAB) con unos ingresos dados. Este factor de ajuste se aplica a los ingresos equivalentes disponibles antes de calcular la mediana de ingresos que se utiliza en el estudio. El factor PPAB actúa en una línea similar a la que resultaría de la obtención de cifras en paridades de poder de compra (PPC).

Debe recordarse finalmente, para entender el significado de los ingresos PPAB/PPC considerados, que éstos se obtienen siempre para a la renta estimada correspondiente al año anterior al de realización de cada operación anual de la ECV. Los indicadores estructurales corresponden en cambio al año de realización de la ECV. En el estudio se consideran tres periodos: 2008-2009, 2013-2014 y 2016-2017. La referencia son estos periodos aunque habitualmente la redacción habla, de forma simplificada, del año de aplicación de la ECV (2009, 2014 y 2017).

Algo no va bien en España y tiene que ver con la precariedad económica. Una aproximación a los datos de fecundidad de 2017. Luis Sanzo González

La presentación de los indicadores demográficos del INE, el pasado 19 de junio, permite señalar algunas cuestiones relevantes respecto al impacto que, en la fecundidad, está teniendo la dinámica económica actual.

Los principales resultados a destacar se presentan a continuación. Como conclusión básica de estos resultados cabe quedarse con tres aspectos clave:

a) En primer lugar, en tanto que variable muy directamente asociada a las variaciones de bienestar económico de la población adulta joven, la evolución a la baja que se observa entre 2016 y 2017 en la fecundidad, en pleno impulso del crecimiento del PIB, muestra que algo no va bien en la realidad socioeconómica española. Dado que los efectos de la temporalidad y la parcialidad fueron compatibles con un cierto repunte de los indicadores de fecundidad entre 2013 y 2016, cabe pensar que la hipótesis más probable del deterioro subyacente se vincula al fuerte repunte alcista en los precios de la vivienda.

b) En segundo lugar, aunque el País Vasco también participa de la línea descendente de la fecundidad entre 2016 y 2017, el aumento del número de hijos/as por mujer en esta comunidad autónoma durante la crisis 2008-2013 indica el efecto diferencial que tiene en la fecundidad un marco socioeconómico estable. A unas tasas de paro comparativamente bajas en este territorio durante la crisis se unen dos factores importantes en el periodo: una deflación de precios de la vivienda hasta 2014 y la protección diferencial que representa en Euskadi el sistema de garantía de ingresos.

c) Destaca finalmente, como conclusión principal, que el aumento del coste de acceso a la vivienda podría tener, de mantenerse, importantes consecuencias sociales para la prevención de la pobreza y otras formas de ausencia de bienestar, en especial entre la población adulta joven, limitando de nuevo sus posibilidades de acceso a la emancipación y una vida independiente. Los datos sobre pobreza encubierta en España, decisivos en la evolución de la fecundidad, indican que se trata de un problema serio en la España actual.

La recuperación económica viene acompañada, en la actual fase de desarrollo, de una significativa y generalizada caída de la fecundidad

Como se observa en el gráfico 1, durante el periodo del boom económico en España, el indicador coyuntural de fecundidad (ICF), que recoge el número de hijos/as por mujer, había crecido de forma ininterrumpida desde el 1,13 de 1998, tras la crisis económica de la primera mitad de los años 90, a 1,45 en 2008. La crisis financiera se traduce en una caída posterior que sitúa el indicador en 1,27 hijos/as por mujer en 2013. La recuperación económica viene acompañada de una nueva mejora, con una cifra de 1,34 en 2016. De forma significativa, sin embargo, 2017 marca una caída que lleva el nivel del ICF a 1,31.

Esta reducción del ICF es tanto más llamativa como que contrasta con la buena evolución de los indicadores de crecimiento económico. Como se ha podido comprobar, entre 1998 y 2008 la recuperación económica siempre vino acompañada en España de un avance en los niveles del indicador de fecundidad considerado. La situación observada en 2017 resulta, por ello, atípica y preocupante.

Gráfico 1

Gráfico 1

Tal y como puede verse en el gráfico 2, la línea descendente del ICF entre 2016 y 2017 caracteriza de forma específica a las mujeres con nacionalidad española, pasando el indicador de 1,28 a 1,25 entre 2016 y 2017. Pero, en este caso, el ICF se estanca ya entre 2015 y 2016, con un crecimiento además limitado respecto al 1,24 de 2013. En algunas comunidades autónomas, de forma significativa en la de Madrid, la línea descendente se inicia ya a partir de 2015, con una reducción de 1,32 a 1,26 hasta 2017 en el número de hijos/as por mujer.

En el caso de las mujeres españolas, la nueva caída de la fecundidad se suma a la observada desde el 1,35 de 2008. En realidad, el 1,25 de 2017 supone retroceder a niveles propios de los años 2002 y 2003.

Gráfico 2

Gráfico 2

El gráfico 3 muestra la dinámica del ICF en las mujeres extranjeras en España. En este caso, y con la excepción de los años 2005 a 2008, se observa una línea tendencialmente descendente de la fecundidad entre 2002 y 2013. Se pasa así de 1,86 hijos por mujer en 2002 a 1,53 en 2013. La recuperación se traduce sin embargo en una significativa recuperación, con un ICF de 1,72 en 2016. Pero 2017 también marca un cambio de tendencia en este grupo de población, con 1,70 hijos/as por mujer en ese año.

Gráfico 3

Gráfico 3

La caída de la fecundidad también se da en el País Vasco entre 2016 y 2017, un caso atípico que ponía de manifiesto el impacto favorable de un sistema de garantía de ingresos en un contexto de deflación

Tal y como se observa en el gráfico 1, ya comentado, la caída de la fecundidad se extiende al País Vasco entre 2016 y 2017, con una reducción en el número de hijos/as por mujer de 1,39 a 1,34 en ese periodo. Esta caída es significativa porque se trata de la única comunidad autónoma en la que se mantenía una línea ascendente en el ICF, prácticamente continuada, desde el 0,95 de 1998. Después de llegar a 1,30 hijos/as por mujer en 2008, la cifra aumentaba a 1,35 en 2012, en pleno periodo de crisis económica.

El gráfico 3 anterior muestra que esta dinámica favorece de manera especial a las mujeres extranjeras. En este caso, y después de caer entre 2002 y 2005 de forma paralela a lo observado en el conjunto español (en este caso de 1,64 a 1,47), el número de hijos/as por mujer extranjera aumenta a partir de entonces de forma prácticamente continuada (salvo entre 2008 y 2010) para alcanzar una cifra de 2,39 hijos/as por mujer en 2016. El nivel cae a 2,23 en 2017 pero todavía en niveles muy elevados para lo habitual en España.

El gráfico muestra que, aunque a menor escala, la misma evolución se observa entre las mujeres no extranjeras en el País Vasco. De apenas 1,07 hijos/as por mujer, el ICF aumenta a 1,21 en 2008 para seguir avanzando hasta 1,29 en 2014. A partir de entonces, el ICF muestra sin embargo una línea descendente hasta situarse en 1,23 en 2017. La crisis de fecundidad reciente, aunque también observable en las mujeres extranjeras, afecta sobre todo por tanto a mujeres nacionales en el caso vasco.

La evolución observada, con un incremento de la fecundidad en Euskadi que contrasta con la que se da en el resto de España a partir de 2008, se traduce en una práctica eliminación de las fuertes diferencias de fecundidad que se observaban entre el País Vasco y el resto de España a mediados de los años 90. El gráfico 4 muestra la línea de reducción de las diferencias entre Euskadi y Cataluña, una de las comunidades con mejor evolución en este indicador hasta 2009. Lo más importante es comprobar que la convergencia se consigue en lo fundamental después de finalizado el boom económico, momento en el que se inicia el declive de la fecundidad en Cataluña mientras se mantiene la línea alcista en el País Vasco (ver al respecto igualmente el gráfico 1 para comparar la evolución del número de hijos/as por mujer en Euskadi y Cataluña).

Aunque una parte llamativa de la reducción de diferencias entre Cataluña y Euskadi se asocia a la fecundidad de mujeres extranjeras, el gráfico 5 muestra que la tendencia favorable también caracteriza a las mujeres no extranjeras en el País Vasco.

Gráfico 4

Gráfico 4

Gráfico 5

Gráfico 5

Los factores subyacentes detrás de los procesos observados

Los datos estadísticos del País Vasco, procedentes de la EPDS, aportan dos elementos relevantes para entender los procesos que pueden estar incidiendo en los cambios recientes en la dinámica de la fecundidad. El primer dato a destacar es que el descenso de la fecundidad que se da entre 2016 y 2017 viene precedido de una muy significativa caída de la proporción de población de 18 a 44 años emancipada en esta comunidad autónoma. Tal y como muestra el gráfico 6, después de un crecimiento continuado de la proporción de población emancipada desde el 40,6% del año 2000 hasta las cifras cercanas al 59,5% de 2012 y 2014, superiores al 57,5% de 2008, el porcentaje cae bruscamente hasta el 52,8% en 2016.

Gráfico 6

Gráfico 6

En un contexto de mejora del empleo, el principal cambio que se observa en Euskadi en este periodo es el inicio de una significativa recuperación de los precios del alquiler. Tomando como referencia la Encuesta de Oferta Inmobiliaria del País Vasco, se comprueba que el precio del alquiler repunta en un 11,8%, compensando en gran medida el proceso de deflación observado entre 2008 y 2014.

La importancia del factor vivienda se reafirma al considerar la dinámica de la fecundidad por territorio histórico en el País Vasco. De esta forma, se observa que la principal caída del número de hijos por mujer se produce en las dos provincias más afectadas por el repunte del precio de la vivienda, Bizkaia y Gipuzkoa, con un incremento del 11% y del 25,6%, respectivamente, entre 2014 y 2017. Como revela el gráfico 7, es precisamente Gipuzkoa el territorio vasco en el que más cae la fecundidad. En este caso, la caída se inicia a partir de 2015, pasando el ICF de 1,47 en dicho año a 1,38  en 2017. El descenso se retrasa 2016 en Bizkaia pero resulta importante en el último año, con una reducción del ICF entre el 1,34 de 2016 y el 1,28 de 2017.

La única excepción corresponde a Álava. En este caso, puede hablarse de un proceso de estabilización entre 2014 y 2017, con un ICF que apenas varía en este periodo de 1,51 a 1,49 hijos/as por mujer. La característica de Álava sin embargo es que es el único territorio en el que se mantiene el impacto de la deflación en el precio de la vivienda, con un nivel del alquiler todavía inferior en un 20,7% en 2017 respecto al valor de 2008 (cifras nominales). A diferencia de Bizkaia y Gipuzkoa, en Álava se mantiene estable, incluso ligeramente a la baja, el precio del alquiler entre 2014 y 2017.

El gráfico 8 muestra la estrecha relación entre el precio de la vivienda y el impacto de la precariedad y pobreza  encubierta. Mientras este problema afecta apenas a un 2,2% de la población de 18 a 44 años en Álava, incide en un 5,5% de la población de este grupo de edad en Gipuzkoa y a un 10,9% en Bizkaia. La asociación de estos porcentajes con los niveles del ICF (1,49 hijos/as por mujer en Álava en 2017 por 1,38 en Gipuzkoa y 1,28 en Bizkaia) resulta particularmente significativa.

Gráfico 7

Gráfico 7

Gráfico 8

Gráfico 8

Fuente: EPDS.

Sin embargo, es importante tener en cuenta otro elemento en el gráfico 7, relativo a la comparación entre la dinámica de la fecundidad entre Barcelona, ejemplo de la reciente prosperidad recuperada tras la crisis de 2008, y las dos provincias con mayor renta económica en Euskadi, Álava y Gipuzkoa. Los datos del gráfico muestran el impacto que, sobre la fecundidad, tiene la combinación de menores tasas de desempleo y pobreza, mayor protección en términos de garantía de ingresos y ajuste a la baja, tras la crisis, de los precios de la vivienda.

En la parte más negativa, el deterioro caracteriza a Barcelona, una provincia líder en creación de empleo en España pero con una protección económica limitada en periodos de desempleo. En este caso, la crisis económica hace caer el ICF de 1,48 en 2008 a 1,31 en 2013. La cifra se recupera hasta 1,39 en 2016 para descender de nuevo, hasta 1,35, en 2017. Esta cifra se queda en este último año por debajo del 1,38 de Gipuzkoa y del 1,49 de Álava, territorios que se situaban sin embargo entre 0,10 y 0,15 puntos por debajo de Barcelona en el ICF de 2008. Respecto a Barcelona, el contexto social más favorable de las dos provincias vascas se caracteriza así por un vuelco completo en la situación de la fecundidad en plena crisis económica.

Se trata, en mi opinión, de una realidad que expresa el impacto favorable que, en las condiciones de vida de las familias menos favorecidas de la sociedad, ha tenido en Euskadi la combinación de garantía de ingresos y precios moderados de la vivienda. Esta situación favorable es lo que parece alterarse por completo en la última fase de la recuperación, aparentemente también en Euskadi, con un deterioro de las condiciones de vida de los grupos familiares jóvenes más precarios, claramente reflejado en la reciente evolución de la fecundidad en España.

En tanto que indicador muy asociado a la dinámica de la precariedad económica, ligada a la pobreza o a otras formas de ausencia de bienestar, el cambio observado en la fecundidad resulta especialmente preocupante. Resulta de hecho sorprendente que una caída tan llamativa se produzca en medio de tasas de crecimiento del PIB superiores al 3%. Algo no parece ir bien en España en términos socioeconómicos, al menos en el periodo 2016-2017 y en lo relativo a la población adulta joven.

Nota breve: Seguridad económica de los hogares españoles. Comparación de indicadores de la Encuesta de Competencias Financieras 2016 y de la Encuesta de Condiciones de Vida. Luis Sanzo

 

Se ha presentado recientemente el informe de principales resultados de la Encuesta de Competencias Financieras 2016 (ECF). Es el resultado de una acción de colaboración, dentro del marco del Plan de Educación Financiera, entre el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La ECF aporta indicadores de utilidad para analizar la situación financiera de los hogares en España pero también para medir, de forma más específica, la seguridad económica estructural de la población española. El indicador que se considera en esta nota breve es el relativo a la proporción de personas en hogares con gastos superiores a sus ingresos en los doce meses anteriores a la realización de la encuesta. Este indicador aporta información sobre la seguridad económica de la población española que puede contrastarse con la procedente de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en particular con el indicador relativo a la proporción de personas en hogares sin capacidad para hacer frente a gastos imprevistos con sus propios recursos.

Los principales resultados a destacar son los siguientes:

1. Tal y como puede observarse en el gráfico 1, la proporción de población en hogares con gastos superiores a los ingresos disponibles es muy variable en España aunque sobre la base de una proporción en general elevada, con un 28% de población afectada. En algunas comunidades autónomas, la proporción supera el nivel del 30%, con cifras entre 31 y 36% en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Illes Balears y Canarias. En torno a la media, con cifras entre 26 y 28% se encuentran Galicia y Cantabria, en la zona norte, y Castilla-La Mancha y Murcia, en la sur y sureste.

La proporción es algo más baja, con cifras entre el 23 y 24%, en zonas del norte que incluyen a Asturias, Castilla-León, La Rioja y Navarra, por un lado, y Cataluña, por otro. Más al sur, la región occidental de Extremadura también forma parte de este grupo.

En la parte más claramente favorecida, la proporción es del 20% en Aragón. El porcentaje más bajo corresponde al País Vasco, con un 16% que queda doce puntos por debajo de la media española, cuatro por debajo de Aragón y entre siete y ocho por debajo del núcleo más amplio de regiones del norte y del oeste que se sitúan en posiciones inferiores a la media española.

Gráfico 1

Gráfico 1Fuente: Elaboración propia (LSG) a partir de la Encuesta de Competencias Financieras 2016 (ECF)

Gráfico 2

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia (LSG) a partir de la Encuesta de Competencias Financieras 2016 (ECF) y de la Encuesta de Condiciones de Vida 2016, INE.

2. El gráfico 2 recoge la relación entre el indicador de relación gastos/ingresos de la ECF 2016 y el indicador de la ECV relativo a la falta de capacidad para hacer frente a gastos imprevistos. Como puede comprobarse en el gráfico, la asociación entre los resultados correspondientes a ambos indicadores es evidente. Esto revela que el exceso de gasto sobre los ingresos se vincula en general más a formas severas y estructurales de inseguridad e insuficiencia en el nivel de ingresos (con el riesgo de sobreendeudamiento o desacumulación asociado) que a un nivel de ahorros acumulado que permita gastar por encima de lo que se ingresa.

Respecto al indicador ECF, no obstante, pueden señalarse algunos elementos o matices diferenciales al considerar el indicador ECV de incapacidad para abordar gastos extraordinarios.

En primer lugar, la distancia entre comunidades autónomas se acentúa. Si la diferencia entre Euskadi y Canarias, como territorios más y menos favorecidos, era de 20 puntos en el indicador gastos/ingresos de la ECF, esta distancia aumenta a 43,5 puntos en la proporción de población incapaz de hacer frente a gastos imprevistos (17,8 frente a 61,3%).

En segundo lugar, la posición de Illes Balears y Madrid mejora en este indicador. Con cifras de 32,7 y 33,6%, respectivamente, estas dos comunidades autónomas quedan por debajo del 38,7% medio de España y se sitúan en posiciones intermedias junto a Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha. Las cifras entre 28,9 y 35% de este conjunto de comunidades autónomas no sólo se alejan sin embargo del 17,8% del País Vasco sino también de los niveles entre 22,1 y 24,1% de Asturias, Navarra, Castilla-León y La Rioja. Aunque más escorado a las zonas favorecidas, Aragón se sitúa entre ambos grupos, con un 26,8% que resulta menos favorable que el indicador gastos/ingresos de la ECF.

En tercer lugar, el indicador de la ECV es claramente menos favorable que el de gastos/ingresos de la ECF en Cataluña, Extremadura y Murcia, comunidades que se colocaban por debajo de la media española en este último indicador. No ocurre así en estas dos últimas en lo relativo a la proporción de personas en hogares incapaces de hacer frente a gastos imprevistos, con una proporción del 43,4% en Extremadura y del 48% en Murcia. Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias mantienen su mala posición comparada en este indicador, con cifras claramente superiores a la media española en los tres casos (43,8%, 52,8% y 61,3%, respectivamente). Aunque Cataluña queda algo por debajo del 38,7% español, su 37,2% le acerca también a la zona con mayor problemática en el indicador considerado.

3. En una perspectiva general, los datos evidencian mayores niveles de seguridad económica estructural entre la población de las comunidades del norte y noroeste español, incluyendo las regiones de Aragón, La Rioja, Navarra, Asturias y, en gran medida, Galicia. Dentro de este bloque, Euskadi se posiciona claramente por debajo del resto en los dos indicadores considerados, con cifras favorables que sólo es posible encontrar en algunos estados del centro y norte de Europa.

En la posición opuesta, las situaciones menos favorecidas corresponden en todos los casos a Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Murcia y Extremadura, así como Madrid, Cataluña y Baleares se sitúan también por encima de la media española en algunos de los indicadores analizados. Cantabria y Castilla-La Mancha se acercan por su parte, y en ambos indicadores, a las cifras generales de España.

Como vienen reflejando muchos de los análisis realizados con anterioridad en este blog, vuelve así a confirmarse la peculiar posición social de comunidades autónomas que, como Madrid, Cataluña o Illes Balears, tienden a considerarse como algunas de las zonas más prósperas del país. Los datos relativos a seguridad económica de la población indican que esta percepción es, al menos en parte, errónea.

Aunque en Madrid e Illes Balears, y respecto a la media española, la superior proporción de población que gasta más de lo que ingresa pueda vincularse a una mayor capacidad de gasto asociada al ahorro, el porcentaje de personas en hogares incapaces de hacer frente a un gasto extraordinario se acerca más a la elevada media española que a la situación de las comunidades autónomas con mayores niveles de seguridad económica.

En Cataluña, por su parte, la comparativamente baja proporción, en el contexto español, de personas en hogares con gastos superiores a los ingresos refleja ante todo estrategias más eficaces de ajuste financiero dentro de los hogares. Porque, como revelan los datos del gráfico 2, esta capacidad de ajuste contrasta con cifras prácticamente iguales a la elevada media española (37,2 frente a 38,7%) en la proporción de personas en hogares incapaces de hacer frente a un gasto extraordinario con sus propios recursos.

En la zona sur y sureste, y en contraste con la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura se acercan a Cataluña en esta mayor capacidad diferencial de ajuste entre gastos e ingresos, a pesar de una muy elevada proporción de hogares (43,4 y 48%) incapaces de hacer frente a un gasto extraordinario.

Los datos, en cualquier caso, muestran los potenciales efectos destructivos que, para una parte sustancial de la población española, pueden tener muy ligeras variaciones coyunturales en los niveles de ingresos. Por desgracia, lejos de adaptarse a la realidad tras la crisis de 2008-2013, la política de garantia de ingresos de la Seguridad Social española, a diferencia de la acción autonómica en rentas mínimas, ha sido incapaz de definir líneas de mejora para garantizar mayores niveles de protección a la poblacion en riesgo en España.

El riesgo de pobreza encubierta en la población entre 25 y 64 años en España. 2008-2016. Luis Sanzo

Introducción

Una de los principales rasgos característicos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales vasca (EPDS) es su aproximación al estudio de la pobreza encubierta. Es conocida la dificultad experimentada por algunas personas, principalmente jóvenes pero no sólo, para acceder a una vida independiente como consecuencia de la falta de recursos económicos suficientes. Con frecuencia, estas dificultades esconden realidades de pobreza y ausencia de bienestar que no se manifiestan socialmente, quedando ocultas en los hogares de origen de estas personas.

Este artículo pretende aproximarse a la medición del riesgo de pobreza encubierta en la población entre 25 y 64 años en España. A tales efectos, se centra en detectar la parte de población en el intervalo de edad considerado que combina dos situaciones objetivas: la falta de acceso a una vida plenamente independiente y la ausencia de ingresos suficientes para poder vivir al margen de la pobreza en caso de constituir un hogar unipersonal.

El análisis no tiene en cuenta a la población menor de 25 años por dos razones. La primera es que en España, desde mediados de los años 80, los procesos de acceso a la vida independiente sólo empiezan a ser significativos, en términos de proporción de población implicada, a partir de una edad situada en torno a los 25 años.

Obviamente, esto no significa que los procesos de emancipación no se produzcan con anterioridad ni tampoco que en condiciones normales resultara conveniente que fueran mayoritarios, o al menos significativos, antes de esos 25 años. Simplemente implica asumir que, en España, estos procesos quedan en gran medida diferidos por razones económicas hasta edades posteriores. De hecho, en la población de 16 a 24 años residente en 2016 únicamente se observa un 5,6% de personas plenamente independizadas. En este grupo de población, por tanto, la ausencia de recursos no puede asimilarse con cierta presunción de probabilidad a un riesgo efectivo de pobreza encubierta, relacionado con la dificultad de acceso a una deseada vida independiente.

Debe mencionarse una segunda razón, asociada a la anterior. A diferencia de la EPDS, en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE no hay información disponible sobre los procesos de emancipación y la medida en que éstos puedan verse alterados por razones económicas. De ahí la imposibilidad de detectar aquellos casos en los que, en las personas de 16 a 24 años, están presentes problemas directos e inmediatos de acceso a una vida independiente.

Ambos factores hacen imposible acercarse a una estimación mínimamente razonable sobre el impacto de la pobreza encubierta en estas personas de 16 a 24 años.

La dificultad de precisar algunos de los aspectos señalados es también, por otra parte, uno de los motivos por los que este artículo habla de riesgo de pobreza encubierta (y no de hechos efectivos definidos asociados a esta forma de pobreza). En este sentido, no es posible precisar los casos en los que existe real deseo, o necesidad, de plena independización para constituir un hogar independiente. Es evidente que algunas personas, incluso en ausencia de recursos, deciden vivir voluntariamente en sus hogares de origen y en estos casos no puede hablarse en sentido estricto de presencia directa de formas de pobreza encubierta.

A pesar de las limitaciones señaladas, los datos aportan información útil para el estudio de este fenómeno en España. Toda la información presentada se estima y calcula a partir de la ECV 2008 y 2016 (rentas 2007 y 2015).

Resultados

Los resultados más destacados del estudio son los siguientes:

*   Como era de prever, en 2016, el fenómeno de la pobreza encubierta tiene un impacto significativo en España. Se trataba sin embargo de un hecho social que seguía siendo muy relevante en 2008, en pleno boom económico.

*   El repunte alcista de la pobreza encubierta afecta más, en términos relativos, a población joven, entre 25 y 34 años. En términos absolutos, no obstante, la línea alcista es más llamativa en colectivos mayores de 35 años.

*   La caída de los ingresos salariales en el periodo de crisis no caracteriza a todos los colectivos por igual, ni siquiera en función de la edad. Al contrario, el principal grupo afectado es la población que en 2016 no tiene acceso a una vida independiente, tanto en el caso de personas entre 25 y 34 años como en población mayor de 35 años.

*   El riesgo de pobreza encubierta es superior entre los hombres. Mientras se observa una mejora en 2016 en la situación de la población femenina, con una caída del nivel de riesgo, lo contrario ocurre con la población masculina.

Es importante señalar que el proceso de deflación en los precios de la vivienda en España ha limitado la incidencia de la pobreza encubierta hasta 2016. El repunte reciente de estos precios podría contribuir a un repunte de esta forma de pobreza, de muy llamativa incidencia en los años 80 y primeros 90.

  1. Una problemática social significativa en España

Entre la población nacional de 25-64 años, los datos generales muestran un incremento del 2,7% en el riesgo de pobreza encubierta entre 2008 y 2016. El volumen absoluto de población en esta situación pasa de 2,72 millones de personas en 2008 a 2,79 en 2016. El aumento es de 73.954 personas.

Tabla 1

En relación al conjunto de población entre 25 y 64 años, el riesgo analizado es significativo ya que afecta en 2016 al 10,7% de la población total en esas edades. Sin embargo, la relevancia de esta problemática se hace mucho más evidente al considerar el impacto de la pobreza encubierta en exclusiva en el colectivo no plenamente independizado. En este caso, la proporción de personas afectadas es muy mayoritaria, con un 66,5% en 2016.

A pesar de la sustancial reducción del coste de acceso a una vida independiente asociado a la deflación del precio de la vivienda tras la crisis (ver anexo metodológico), el riesgo de pobreza encubierta aumenta en la crisis, pasando de 10,3 a 10,7% entre 2008 y 2016. El deterioro asociado a la crisis es más nítido al considerar el impacto de las situaciones de riesgo en los colectivos no independizados, con un aumento de 7,5 puntos porcentuales. La proporción de personas en riesgo aumenta en este caso de 59% en 2008 a 66,5% en 2016.

En cualquier caso, los datos presentados revelan que la problemática estaba todavía muy extendida en 2008, en el momento más álgido del periodo de crecimiento económico de finales de los años 90 y de la primera década del nuevo siglo. Parte de esta situación se vinculaba al alto coste de acceso a la vivienda.

  1. Un riesgo mayor en personas jóvenes pero un impacto cuantitativo creciente en personas no tan jóvenes

La relativa estabilidad de la tasa de riesgo de pobreza encubierta entre 2008 y 2016 se vincula a unos procesos demográficos que tienden a limitar el avance del problema. De esta forma, como consecuencia de la caída de la fecundidad en los años 80 y 90, cae el volumen de población entre 25 y 34 años, una realidad acentuada además por la emigración de una parte del colectivo durante la crisis.

Pero la dinámica real es más preocupante de lo que indican los datos generales. El análisis del riesgo de pobreza encubierta por grupos de edad muestra un muy superior deterioro de la situación, en particular en el grupo de edad más joven. Así, entre 2008 y 2016, la tasa de riesgo aumenta en 6,1 puntos porcentuales, de 24,8% a 30,9%, en el grupo entre 25 y 34 años. El aumento es algo superior a un punto entre los 35 y 54 años: de 7,2 a 8,2% entre 35 y 44 años y de 3,6 a 4,8% entre 45 y 64 años. Es todavía de 0,6 puntos porcentuales entre los 55 y 64 años, con un incremento del 2 al 2,7% entre 2008 y 2016.

Gráfico 1

Gráfico 1

En la población entre 25 y 64 años, el riesgo de pobreza encubierta afecta sobre todo por tanto al grupo más joven, entre 25 y 34 años, en el que casi una tercera parte del colectivo se ve afectada en 2016. Como puede comprobarse en el gráfico 2, en el conjunto de personas en riesgo, un 59,5% de ellas pertenecen de hecho a este grupo de edad.

Sin embargo, dos hechos deben matizar la dimensión “juvenil” del problema de la pobreza encubierta en España. Por un lado, en 2016 un 40,5% de las personas afectadas tenía ya más de 35 años lo que revela que se trata de un problema que desborda el periodo estrictamente adulto joven. Por otro, lo que es aún más llamativo, el peso de los colectivos mayores de 35 años se muestra creciente, 8,5 puntos porcentuales por encima del 32% que representaban en 2008. Como revela el gráfico 3, además, en términos cuantitativos, el incremento efectivo de las situaciones de riesgo de pobreza encubierta entre 2008 y 2016 se vincula en exclusiva a personas mayores de 35 años

Gráfico 2

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 3

El gráfico 4 contribuye a hacer entender los factores subyacentes a los hechos señalados. En particular, se constata que, aunque la caída del ingreso mensual nominal por persona en el periodo 2008-2016 es muy relevante en personas de 25 a 34 años con acceso a una vida independiente (-13,9%), los principales perdedores y perdedoras de la crisis son en realidad las personas entre 25 y 54 años que no han tenido la posibilidad de acceder (o mantener) esa forma de vida independiente. En este último grupo, la caída máxima entre 2008 y 2016 corresponde a personas no independizadas entre 25 y 34 años (-33%), pero es todavía superior a -23% entre personas entre 35 y 54 años no independizadas en 2016. Como se ve en el gráfico 3, es precisamente en estos grupos de edad en los que se detecta el mayor incremento absoluto en el volumen de personas en riesgo de pobreza encubierta en España.

Gráfico 4

  1. Un riesgo mayor y en aumento entre la población masculina

Un aspecto muy relevante de la dinámica de la pobreza encubierta, entre 2008 y 2016, es que se trata de un fenómeno que afecta de manera diferencial a población masculina. En 2016, un 12,2% de la población masculina entre 25 y 64 años se ve en situación de riesgo por 9,3% de la femenina. Mientras la tasa aumenta en la población masculina, desde el 10,7% de 2008, cae en la femenina, desde el 9,9% de 2008. El peso de los hombres en el colectivo en riesgo de pobreza encubierta pasa de 52,6 al 56,7% entre 2008 y 2016.

Gráfico 5

Gráfico 5


Anexo: Datos por comunidades autónomas

Anexo

Anexo metodológico

El método de aproximación al estudio de la pobreza encubierta es el EPDS que aplica el modelo de regresión de Leyden para obtener dos umbrales complementarios: el de pobreza en sentido estricto y el de ausencia de bienestar. A través de la pregunta HS130, que mide el ingreso mínimo necesario para llegar a fin de mes, la ECV permite estimar el umbral de necesidad para acceder a un mínimo nivel de bienestar en el caso de personas solas en hogares independientes. Este umbral se utiliza para determinar los niveles de riesgo analizados.

Para aproximarse a los datos que se derivan del método EPDS se introducen dos adaptaciones. La primera, condicionada por la falta de base muestral suficiente y ausencia de información sobre gastos habituales, se traduce en la obtención de una única línea de regresión para las personas solas entre 25 y 64 años que viven en hogares independientes. La regresión se aplica, con independencia de la edad, al colectivo que señala llegar a fin de mes con dificultad o, a lo sumo, con alguna facilidad. Con carácter previo, se aplica un indicador de ajuste para tener en cuenta los diferentes costes territoriales de acceso a una vida independiente.

Al carecer de información sobre la percepción del mínimo para cubrir las necesidades básicas, la segunda adaptación consiste en delimitar el umbral de riesgo de pobreza, estimado por grupos de comunidades autónomas, en términos de una proporción del umbral de ausencia de bienestar determinado por la vía señalada (60% en este caso).

Teniendo en cuenta los principios anteriores, los umbrales de necesidad que se determinan para medir el riesgo de pobreza encubierta en la población de 25 a 64 años que no ha accedido a su propio hogar independiente se estiman para los dos años considerados, 2008 y 2016, en 1.038.74 y 898,26 euros, respectivamente, para el conjunto de España. Estos niveles se ven condicionados por los niveles de precios de la vivienda y el proceso de deflación posterior a la crisis que, a pesar de la fuerte recuperación en marcha, en 2016 aún no habían devuelto por completo los precios a los niveles pre-crisis. Este impacto suponía, de hecho, una caída estimada del coste de acceso a una vida independiente en solitario de -13,5%.

En el estudio se considera como población independizada a la que permanece en el hogar de origen o que, aun viviendo en un hogar diferente, no es la persona de referencia en dicho hogar o su cónyuge.

Los datos corresponden a las operaciones 2008 y 2016 de la ECV, con datos de renta correspondientes a 2007 y 2015. Los ingresos personales considerados son los procedentes de trabajo, desempleo y pensiones.

 

La menguante (y sesgada) cobertura del desempleo

Este post fue publicado inicialmente en catalán en Llei d’Engel

Las transformaciones de los últimos decenios y los efectos de la crisis económica han despertado una creciente atención por las «fracturas» sociales. Más allá de la preocupación por las dificultades por las que pasa una parte importante de la población, el peligro de que las sociedades occidentales se estén «rompiendo» y dando lugar a espacios sociales con perspectivas divergentes está presente en diversos análisis sobre la evolución social reciente (como los de FOESSA para España o France Stratégie para Francia). La crisis de los sistemas de representación política (las elecciones presidenciales norteamericanas, la dinámica de partidos en España o el Brexit) se atribuye con frecuencia a esa fractura, que haría que el voto se polarice en territorios o grupos sociales cada vez más separados.

En el caso español, las dos líneas de fractura de las que se habla con mayor frecuencia son la territorial (ciertamente de origen muy anterior pero políticamente agravada por la crisis) y la que separa la población de mayor edad de la más joven. El impacto de la crisis ha sido muy diferente para la población mayor de 65 años y para los menores de esa edad. Los mayores se han visto naturalmente menos afectados por la destrucción de empleo mientras el sistema de pensiones no se ha visto afectado por los recortes (al menos a corto plazo). Por el contrario, los adultos en edad activa se han visto muy duramente afectados y su parte más pobre ha llegado a perder un tercio de sus ingresos entre 2008 y 2014. Desde el punto de vista territorial, a la vieja polaridad entre regiones ricas y pobres se han añadido la fractura entre la España mediterránea dinámica pero precaria, una España envejecida sostenida por las pensiones en el Noroeste y un Norte más industrial pero en riesgo.

Una de las funciones de las políticas sociales, y en especial de las de garantía de ingresos, es compensar y corregir las tendencias a la desigualdad y prevenir con ello el agravamiento de las fracturas sociales. En el contexto de una crisis intensiva en destrucción de empleo, las políticas de protección económica por desempleo han adquirido un protagonismo notable. España es el país de la Unión Europea que mayor esfuerzo realiza, en proporción a su PIB en desempleo. El gasto en desempleo alcanzó un máximo del 3,6 por ciento del PIB en 2011.

La protección económica por desempleo tiene dos grandes niveles, al que se añade de hecho un tercero.

El primero lo constituyen las prestaciones contributivas, que funcionan con una lógica de seguro, y compensan la pérdida del salario anterior en proporción al mismo y durante un tiempo proporcional al tiempo cotizado (4 meses de prestación por cada año cotizado, aproximadamente).

El segundo nivel lo componen diversas prestaciones o subsidios asistenciales, que son de cuantía fija (por lo general el 80 por ciento del IPREM), están sometidas a una exigencia de insuficiencia de ingresos y tienen un carácter muy selectivo. Para acceder hay que estar en alguna de una lista de situaciones definidas, entre otros criterios, por haber agotado una prestación contributiva, por la edad, por haber cotizado pero de forma insuficiente, por tener responsabilidades familiares o por estar en situaciones particulares (salir de la cárcel, ser víctima de violencia de género y otras). En este nivel incluimos algunas prestaciones peculiares, como la Renta Activa de Inserción y los programas temporales PRODI y PAE, que hoy están en revisión al haberlos considerado el Tribunal Constitucional como políticas activas de empleo con subvención en lugar de cómo prestaciones propiamente dichas.

Por último, las rentas mínimas autonómicas no son estrictamente prestaciones por desempleo, aunque en una parte substancial las sustituyen en situaciones no cubiertas por el sistema general.

De estas prestaciones, las rentas mínimas autonómicas son las que con mayor frecuencia reciben críticas. Las diferencias de cobertura son muy notables y no tienen relación aparente con la intensidad de la pobreza de cada comunidad. Aunque en conjunto han jugado un papel positivo, en especial en las comunidades de mayor cobertura, es frecuente reprochar al carácter autonómico (y, por tanto, potencialmente desigual) el agravamiento de las desigualdades entre territorios. Cabe preguntarse qué sucede con un programa mucho mayor, el de las prestaciones por desempleo, que tiene carácter y ámbito estatal, y con excepción del caso de los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, una normativa homogénea para todo el país. Sólo analizaremos la cobertura, sin entrar en un asunto importante, como es la diferencia de poder adquisitivo real de unas cuantías homogéneas en un país que presenta diferencias de coste de la vida entre territorios que se acercan al 30 por ciento.

La primera cuestión a tener en cuenta es que la cobertura global del desempleo (es decir, la proporción de parados registrados que perciben alguna prestación) se ha reducido mucho desde 2010. El máximo nivel de cobertura se alcanzó entre 2008 y 2010, cuando entre 7 y 8 de cada 10 parados registrados percibían alguna prestación o subsidio. Desde 2010 se estabiliza con una ligera tendencia a la baja, que se acelera a partir de principios de 2013 y cae de forma que hoy sólo la mitad de las personas sin empleo registradas perciben alguna prestación. A la caída de las prestaciones contributivas (por agotamiento del derecho a las mismas derivado de la cotización) se ha añadido un ajuste a la baja del acceso a la modalidad asistencial. El gasto en el conjunto de subsidios asistenciales por desempleo ha caído de unos 10.300 millones anuales en 2010 a unos 7.600 en 2015. Pero analicemos con mayor detalle a quién y dónde llegan estos subsidios.

Gráfico 1. Evolución del desempleo registrado y del número de personas perceptoras de prestaciones y subsidios por desempleo 1996–2018 (datos mensuales)

Fuente: Estadísticas del MESS y SEPE

Laprotección por desempleo alcanza de forma mucho más intensa a los desempleados varones y mayores de 45 años que a las personas desempleadas más jóvenes y a las mujeres. Las personas mayores de 45 años (y más aún las mayores de 55) tienen un acceso menor a prestaciones contributivas pero muy superior a los subsidios asistenciales, en especial gracias a dos de sus modalidades, el subsidio de mayores de 55 años y la Renta Activa de Inserción, que está dirigida prioritariamente a los mayores de 45 años. Se trata sin duda de una franja de edad con riesgo de permanencia a largo plazo en el desempleo y de ver erosionarse sus derechos a una pensión. Pero llama la atención el contraste con la población adulta más joven (de 25 a 44 años de edad) que ha sufrido con dureza la crisis y donde es más frecuente tener hijos menores, cuya protección es notablemente inferior.

Gráfico 2. Distribución por edad y sexo de las personas perceptoras de prestaciones por desempleo y de las demandantes de empleo no ocupadas (diciembre 2015)

Fuente: Estadísticas del MESS y SEPE

Esta menor protección de los jóvenes y de las mujeres es resultado de un proceso de caída diferencial de la cobertura. El siguiente gráfico muestra la evolución de un indicador de cobertura[1]para cada grupo de edad y sexo entre 2006 y 2016.

Gráfico 3. Evolución de la ratio entre perceptores de prestaciones y parados registrados (más trabajadores eventuales agrarios con subsidio) por sexo y edad 2006–2016

 Fuente: Anuarios de Estadísticas Laborales

La progresiva liquidación de los programas excepcionales (PRODI, Prepara y Programa de Activación para el Empleo) parece tener un papel importante en la reducción selectiva de la protección contra los más jóvenes. Dichos programas protegieron con mayor intensidad a los desempleados menores de 45 años mientras duraron. También es cierto que los desempleados adultos jóvenes se vieron protegidos desde el inicio de la crisis en mayor medida por las prestaciones contributivas. Su progresivo deterioro, fruto de su agotamiento y de los períodos de cotización más breves durante la crisis y la incipiente recuperación, ha tenido también un efecto de «desprotección diferencial» en perjuicio de esta población.

Las diferencias de cobertura por territorios son también importantes. Hay una comunidad outlierpor arriba, las Islas Baleares, que presenta en el mes de diciembre (no así en verano) un nivel de cobertura sorprendentemente elevado, que de hecho supera el 100 por cien. Junto con la fuerte rotación del empleo en el turismo, hay que recordar que algunos no ocupados como los fijos discontinuos no se cuentan como desempleados, aunque perciban prestaciones por desempleo.

La mayoría del resto de comunidades tiene una cobertura entre el 42 y el 47 por ciento de los desempleados. Algo por encima aparecen tres, Extremadura, Cataluña y Andalucía con una cobertura de entre el 53 y el 56 por ciento, y por debajo Asturias, el País Vasco y Ceuta y Melilla. Estas diferencias necesitan un análisis más detallado, que está pendiente de hacer. Pero se pueden apuntar algunas posibles explicaciones.

Gráfico 4. Cobertura de las prestaciones per desempleo (contributivas y asistenciales) sobre el total de demandantes de empleo no ocupados por comunidad autónoma. Diciembre 2015.

Fuente: Estadísticas del MESS y SEPE

Unamirada más detallada a los tipos de prestaciones y subsidios de cada comunidad nos da algunas pistas. De las tres comunidades con una cobertura algo superior a la media, en Extremadura y Andalucía la mejor cobertura se explica sobre todo por el papel adicional del subsidio de eventuales agrarios y la Renta Agraria. Si Andalucía careciese de estos dos programas la cobertura caería bastante por debajo del 40 por ciento, por lo que parece claro que cubren una carencia importante. Pero al mismo tiempo extienden la protección más allá de la que existe en otras comunidades. En el caso de Cataluña, por el contrario, es el mayor acceso a prestaciones contributivas el que compensa un acceso bastante inferior a las asistenciales.

En el otro extremo, llama la atención el caso de Asturias y, sobre todo, el del País Vasco. En este último, el acceso a prestaciones contributivas es relativamente alto pero el acceso a las asistenciales es el más bajo de todas las comunidades. Cabe preguntarse si el acceso amplio a la Renta de Garantía de Ingresos, una prestación asistencial autonómica de cuantía superior a los subsidios de desempleo no está dando lugar a una transferencia perversa de responsabilidades. La RGI, como las otras rentas mínimas autonómicas, son y deben ser subsidiarias o complementarias de prestaciones estatales como las de desempleo, y no al revés. Sin embargo, la regulación estatal de los subsidios computa los ingresos por renta mínima para establecer la carencia de medios, de forma que quienes acceden a la renta mínima pueden ver denegado (o reducido) el subsidio de desempleo. Mientras en la mayoría de las comunidades esta contradicción queda limitada por la baja cuantía y cobertura de la renta mínima, en el País Vasco (y hasta cierto punto en Asturias) parece que las prestaciones autonómicas sustituyen una responsabilidad de la administración central.

La intención de este artículo sólo es mostrar algunos datos que hacen pensar que nuestro sistema de protección por desempleo (y más en general de garantía de rentas) requiere de ajustes que lo hagan más eficaz y más equitativo. La explicación de las diferencias entre grupos de edad y sexo y entre territorios requiere de más análisis, y para ello se requiere un acceso más completo y sencillo a información detallada sobre las prestaciones (estatales y autonómicas). Los sesgos apreciables en programas que son de derecho subjetivo y de ámbito estatal debería servir para recordar que en los detalles de la regulación aparentemente «homogénea» pueden esconderse mecanismos de tratamiento desigual que deben corregirse. De otro modo, y con independencia de las intenciones, estos programas de protección social pueden agravar las fracturas que deberían prevenir y limitar.

[1]El indicador utilizado es el cociente entre perceptores de prestaciones y el número de parados registrados más el de trabajadores eventuales agrarios con subsidio. Las estadísticas oficiales usan entre otros uno parecido, pero eliminando del denominador a las personas paradas registradas que no han trabajado antes (y nunca podrían optar a una prestación).

Comentarios al artículo de Raül Segarra ‘La precariedad severa, en el centro de la pobreza laboral’

En un excelente artículo, Raül Segarra presentaba recientemente en Agenda Pública sus avances en el análisis de la precariedad laboral severa y su relación con la pobreza en España. Utilizando datos correspondientes a Euskadi, presento a continuación algunos comentarios al artículo por si pudieran ser de utilidad para la reflexión que vaya a inspirar la continuidad de su investigación.

Aspectos generales

1

Las distintas formas de precariedad laboral son un elemento estructural del mercado de trabajo en España desde los años 80 y 90. Tal y como se observa en el Gráfico 1, en el caso de Euskadi, en 1996, al final de la crisis de la primera mitad de los años 90, un 31,8% de la población asalariada o asimilada se encontraba afectada, trabajando con contrato temporal o sin contrato.

La dimensión estructural de esta precariedad laboral se detecta en un hecho determinante, también reflejado en el Gráfico 1: entre 1996 y 2016, con la única excepción de 2009, entre un 30,8 y un 34,3% de la población asalariada y asimilada sufre esta problemática, dentro de un reducido intervalo que refleja una esencial continuidad de la problemática. Aunque se reduce de forma significativa su impacto, en 2009 todavía un 25,3% de la población asalariada se veía afectada por alguna de las situaciones consideradas.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Trabajo en Euskadi.

2.

Sí se detecta en el gráfico 1, y esto es un elemento destacable, un cambio en el impacto de las distintas formas posibles de precariedad laboral. A pesar del claro repunte a partir de 2009, cae el impacto de las formas de contratación temporal y sin contrato. Éstas afectan a un 20,8% de la población asalariada y asimilada en 2016, por encima del 19% de 2009, pero muy lejos del 31,8% que habían llegado a suponer en 1996, año desde el que el impacto empieza a reducirse de forma sustancial hasta 2009.

Aumenta en cambio el peso del trabajo a tiempo parcial cuyo impacto pasa del 5,7% del año 2000 al 16% de 2013 (aunque su peso se reduce hasta el 12,6% en 2016). También aumenta el protagonismo de las formas de trabajo autónomo cercanas al trabajo asalariado (asalariados de la propia empresa o autónomos TRADE) hasta un 5,6% en 2016.

3.

A pesar del incremento del trabajo a tiempo parcial, y a diferencia del caso español general, las formas de gran precariedad laboral que comenta Raül Segarra no parecen tender claramente al alza en Euskadi en los últimos 20 años. Tal y como puede comprobarse en el gráfico 2, los distintos elementos de precariado que considera (subempleo ligado a la parcialidad y contratación temporal por menos de 3 meses) no muestran un aumento cualitativamente decisivo. Con un mínimo del 8,9% en 2009, entre 2000 y 2016 su incidencia se mueve, de forma relativamente estable, entre el 10,9 y el 11,8%.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Trabajo en Euskadi.

Si se considera el conjunto de situaciones atípicas y precarias consideradas en el gráfico 1, y vinculando las formas más precarias a las que se traducen en una decisión de búsqueda de un empleo alternativo, la línea tendencial que muestra el gráfico 2 en este indicador es además claramente descendente. De un 12,2% en 1996, la proporción se reduce a un 7,4% en 2009. Tras remontar al 9,4% en 2013, el indicador cae al 8% en 2016, la segunda cifra más baja desde 1996.

4.

Los datos de Euskadi muestran sin duda la estrecha relación entre las situaciones de paro y ocupación marginal (o precaria) y la pobreza. Entre las personas afectadas por situaciones crónicas que combinan paro y ocupación precaria (30 o más meses con carácter general, 18 en el caso de la persona principal), un 52,7% vive en una situación real de pobreza o ausencia de bienestar si está actualmente en desempleo, proporción que es todavía del 42,6% en caso de ocupación precaria. Se trata de una problemática social muy grave que constituye sin duda uno de los principales retos sociales tanto en Euskadi como en España en general.

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Necesidades Sociales en Euskadi.

5.

Sin embargo, en la sociedad española actual, con el mercado de trabajo precario que la caracteriza, la participación en las formas de trabajo atípicas, o precarias, que se analizan no son automáticamente sinónimo de pobreza y ausencia de bienestar económica. En realidad, son en ocasiones un aporte necesario, seguramente inadecuado pero con frecuencia imprescindible, para el acceso a formas mínimas de bienestar en los hogares. En esta línea, el gráfico 4, que tiene en cuenta la intensidad de relación con el empleo en el último año, siguiendo el indicador también utilizado por Raül Segarra, permite extraer dos hechos básicos.

El primero es, por supuesto, la tendencia descendente del impacto de la pobreza real, u otras formas de ausencia de bienestar en el hogar, conforme aumenta la intensidad laboral. Llama sin embargo la atención que, al menos en Euskadi, el impacto de estas problemáticas sociales resulte siempre minoritaria entre la población con experiencia con el empleo. Incluso en grupos con intensidad laboral inferior al 25% en el periodo anterior, la tasa de pobreza y ausencia de bienestar real no pasa del 23% en 2016. Alta, sin duda, per minoritaria.

El segundo aspecto a destacar es que una significativa reducción de las problemáticas no se asocie necesariamente a intensidades que se acercan al 100%. Frente a tasas de pobreza y ausencia de bienestar real que son superiores al 21% en caso de intensidad inferior al 50%, la proporción se reduce al 11,2% en personas con una intensidad laboral entre el 50 y el 75%. En este grupo, un 88,8% accede de hecho a formas de vida en las que la presencia del bienestar es dominante. En un 70,3%, este bienestar puede considerarse completo o casi completo.

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales en Euskadi.

Reflexiones para la investigación

Pensando en el desarrollo futuro de la investigación, algunas cuestiones pueden plantearse a partir de los resultados presentados sobre el caso vasco.

En primer lugar, la hipótesis de que nos enfrentamos a un nuevo mercado de trabajo tiene algunos fundamentos evidentes, claramente recogidos en el artículo de Segarra. Sin embargo, es necesario admitir que se trataría, en todo caso, de nuevas formas de un mercado de trabajo que en las últimas décadas se ha caracterizado siempre por la importancia relevante de las realidades precarias. Que las dinámicas en curso supongan un cambio cualitativo respecto a lo observado desde los años 80 y 90 requiere, en mi opinión, profundizar en los aspectos analizados.

Por otra parte, y en sentido contrario a lo que reflejan los datos generales de España, la evolución en Euskadi no parece reflejar un deterioro cualitativo de las condiciones de trabajo entre 1996 y 2016 sino más bien continuidad y, en algunos aspectos, en realidad mejora. Esta diferente evolución hace razonable la pretensión de considerar en detalle las distintas evoluciones por comunidades autónomas. Sería así necesario tratar de precisar, en segundo lugar, qué modelos territoriales existen en esta dimensión y la medida en que influyen en su dinámica elementos asociados a la estructura sectorial de la producción y el empleo.

En tercer lugar, es preciso analizar las condiciones que podrían facilitar una mejora en las condiciones de vida de la población trabajadora más afectada por la precariedad. En mi opinión, la problemática que afecta a esta población (así como a las empresas que la contratan) requiere ir más allá del análisis de las modalidades de contratación. El caso vasco revela además que no todas las dinámicas de trabajo consideradas se asocian de forma automática a una vida en situación de precariedad económica real.

En el futuro, Raül Segarra nos podrá ofrecer sin duda nuevas aportaciones de cara al análisis de las cuestiones planteadas.