CategoríaDesigualdad

Conde-Ruiz y la ILP sindical para una prestación de ingresos mínimos. Luis Sanzo

El pasado 14 de noviembre, José Ignacio Conde-Ruiz intervino en la comisión del Congreso que debate la proposición de ley, promovida por CC.OO. y UGT, relativa al establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la Seguridad Social. Aunque el economista desarrolló su presentación a título particular, sin implicación institucional alguna, no deja de ser representativa de la concepción que sobre esta cuestión tiene el colectivo académico que se agrupa en torno a Fedea.

En su intervención, el economista señala compartir la motivación que inspira la ILP sindical, en especial en su apuesta contra la pobreza infantil y las consecuencias del paro de larga duración. Sin embargo, Conde-Ruiz insiste en tres problemas de incentivos en el diseño propuesto. La primera cuestión tiene que ver con el papel de las comunidades autónomas en la política de garantía de ingresos. Señala que, además de gestionar las políticas activas de empleo, éstas tienen competencia en Asistencia Social, un aspecto que hace pensar en un posible conflicto de competencias. Lo que principalmente le preocupa es que las comunidades autónomas lleguen a renunciar a participar en la financiación de las políticas de garantía de ingresos.

Como he señalado en distintas ocasiones, la propuesta sindical plantea sin duda problemas esenciales. Trata así de limitar la acción autonómica y de situar íntegramente en las comunidades autónomas el coste económico que supondría apostar por una protección más generosa que la establecida con carácter general en la legislación propuesta. Tal y como se concibe en la ILP, las comunidades que optaran por ofrecer una protección mejorada a su población deberían financiarla con sus propios medios (dados los 530,67 euros de renta media per cápita establecidos como límite de acceso a la prestación de la ILP, los beneficiarios de esa protección mejorada en territorios como Euskadi o Navarra no podrían acceder a ella, debiendo depender en exclusiva de la protección autonómica).

Sin embargo, estas limitaciones no se relacionan con el marco competencial como tal. Como bien saben quienes promovieron la ILP sindical, es plenamente constitucional una línea de protección que, como la planteada, se apoye en las competencias estatales en materia de seguridad social. En su origen, el incentivo perverso que menciona Conde-Ruiz era, de hecho, parte  del diseño inspirador de la norma propuesta. La apuesta original de los sindicatos era precisamente alejar a las comunidades autónomas de la responsabilidad sobre la política de garantía de ingresos. Los promotores deseaban de forma expresa que éstas no dedicaran recursos a la garantía de ingresos para redirigirlos hacia otros objetivos sociales.

Es cierto no obstante que, incluso si se impusiera el modelo de la ILP, las comunidades autónomas podrían, como señala Conde-Ruiz, acabar gestionando unas prestaciones a las que nada o muy poco aportarían en términos de financiación. Es algo que le parece contradictorio al economista al tratarse de una cuestión, la de la garantía asistencial de ingresos, en la que de una u otra forma las instituciones autonómicas podrían seguir actuando.

El segundo incentivo negativo de la ILP lo vincula Conde-Ruiz a la imposibilidad de compatibilizar, durante un periodo de tiempo significativo, la nueva prestación con ingresos por trabajo. Conde-Ruiz acierta al señalar que el diseño de la norma planteada en la ILP no contribuye a la aceptación de un empleo salvo que éste venga asociado a ingresos muy superiores a las de la prestación. En un diseño que tiende a imponer un máximo impuesto al retorno al trabajo, el economista anuncia el potencial impacto de la economía sumergida al señalar, en referencia a estos desincentivos al empleo, que “se puede trabajar en muchos países fuera de mercado”. Por mucho que funcionen los servicios de inspección, añade.

Para superar este desincentivo, Conde-Ruiz sugiere la alternativa del impuesto negativo (al que se refiere como Negative Income Tax), un mecanismo que permitiría no perder sino una parte de los nuevos ingresos por trabajo. Conde-Ruiz no plantea sin embargo cómo abordar la integración de dos medidas de sentido y contenido diferente, una relacionada con lo social (la prestación sindical de Seguridad Social) y la segunda con lo fiscal (la NIT), con lógicas de gestión muy diferentes. Así, mientras la prestación de ingresos mínimos tendría en cuenta los ingresos de los doce meses inmediatamente previos a la solicitud para el conjunto de la unidad familiar, el modelo fiscal español ofrece un sistema de regularización que hace referencia al año fiscal anterior y se vincula en general a la situación de cada persona. Conde-Ruiz no desarrolla las posibles vías para superar las dificultades asociadas a este contexto de gestión tan diferenciada.

Conde-Ruiz tampoco contempla las modalidades específicas que, en los sistemas de rentas mínimas en España, han tratado de abordar la cuestión de los incentivos al empleo para personas beneficiarias de estas prestaciones de garantía. En el caso de Euskadi, este sistema de incentivación existe desde 2001 y ha tenido buenos resultados comparados (en términos de tasas de empleo o proporción de personas paradas de larga duración en la población total en edad activa). Teniendo en cuenta que el sistema vasco ha sido el más consolidado en los últimos 30 años en España, que es comparable al de los países más generosos en Europa, y que su política de estímulos al empleo ha sido anterior a iniciativas como la Prime d’ Activité francesa, habría sido deseable una consideración de esta actuación. Una actuación que también inspira en parte la reforma reciente de la legislación navarra en esta dimensión de incentivación del empleo.

Frente a la aproximación fiscal, el hecho más relevante en la gestión de los estímulos al empleo que se introduce en Euskadi es el sistema de descuento de ingresos que se aplica en el propio sistema de rentas mínimas. De esta forma, se descuenta un porcentaje significativo de los ingresos por trabajo al calcular la cuantía de las prestaciones. Se trata de una aproximación sencilla, y a la vez funcional, en el contexto de la gestión de un sistema de rentas mínimas que cumple la misma finalidad que un sistema de impuesto negativo.

Conde-Ruiz tampoco profundiza en el debate que él mismo introduce sobre la dimensión temporal o no de los incentivos al empleo. En su intervención tiende a posicionarse por la temporalidad (habla de la posibilidad de descontar un 50% de los ingresos laborales durante dos o tres años), aunque sin descalificar de manera explícita una posible aplicación indefinida de estos incentivos. La experiencia revela, sin embargo, que esta última forma de aplicación tiene mucho más sentido y es la que se ha impuesto en Estados Unidos, Reino Unido o, más recientemente, Francia.

Respecto a la problemática de la incentivación al empleo, llama la atención que Conde-Ruiz no se limite a pedir incentivos positivos, sino que insista igualmente en las actuaciones sancionadoras. De esta forma, apuesta por endurecer las sanciones en caso de no aceptación de un empleo o de una formación, sanciones que deberían ser superiores a las previstas para las prestaciones no contributivas. Su apuesta por las técnicas de perfilado para trabajar con las personas paradas de larga duración forma parte de esta aproximación en la que se plantea reducir al máximo el margen de autonomía de cara a valorar la adecuación del empleo o de la formación propuesta.

Se trata de un modelo que se aleja de manera consciente del que correspondería a las personas desempleadas con prestaciones contributivas, en las que sí acepta un tiempo razonable para facilitar la elección personal del mejor camino profesional a seguir. En la visión de Conde-Ruiz, este margen de decisión desaparece en presencia de un desempleo de larga duración, un escenario en el que debería resultar muy difícil no aceptar el empleo propuesto por los servicios de empleo. La razón es que, en una situación de precariedad a largo plazo, lo importante no es ya la adecuación del empleo sino recuperar el acceso al trabajo. Se trata sin embargo de un planteamiento que no deja de plantear preguntas en términos de igualdad de trato a las personas.

El tercer incentivo que considera Conde-Ruiz es el que se traduce en la posibilidad de que determinadas personas inactivas puedan presentarse como desempleadas de cara a acceder a la nueva prestación. Señala que alrededor de 1,3 millones de personas inactivas, y poco interesadas hoy en acercarse al mercado de trabajo, podrían llegar a beneficiarse de la prestación de mínimos si acuerdan hacer una demanda de empleo. Se trata de un escenario factible si se tiene en cuenta el carácter per cápita de los límites de acceso que plantea la propuesta sindical y que sitúa, en el caso de familias de cierto tamaño, el umbral en niveles relativamente altos (algo más de 25.000 euros anuales para una familia de cuatro miembros). A ello se añaden posibles entradas o salidas en la unidad familiar que harían posible cumplir más fácilmente los requisitos de acceso a la prestación; así como lo que define como el escaso tiempo requerido para acceder a la renta mínima (12 meses), una circunstancia que podría provocar un cierto efecto llamada, siempre a juicio de Conde-Ruiz.

Las propuestas que plantea el economista para hacer frente a esta cuestión son de dos tipos. Por una parte, propone un control de implantación de la nueva prestación que debería traducirse en el seguimiento estricto de las variaciones en la composición familiar del hogar. Por otra, pide que, de cara al acceso a la renta mínima, se exija un tiempo de trabajo previo o se extienda el requisito de desempleo a 24 meses (o a más de un año después de ver terminada la prestación). En ambos casos, el objetivo sería dificultar el acceso de personas actualmente inactivas a la prestación.

En este contexto, Conde-Ruiz apuesta por un acercamiento gradual a la implantación de la medida impulsada por los sindicatos para prevenir que las circunstancias consideradas desemboquen en un gasto excesivo. Según el economista, los tres problemas de incentivos que se observan en el diseño de la propuesta sindical apuntan a un escenario de alto coste potencial. Frente al coste de 11.000 millones estimado por los promotores, el economista de Fedea señala que podría llegar a los 17.000.

Detrás de los problemas considerados, y aunque Conde-Ruiz no lo mencione, está la peculiar concepción del sistema de rentas mínimas que se propone en la ILP. Plantea, en este sentido, un modelo de gestión que no es habitual en Europa en la aproximación a los sistemas de última red de garantía de ingresos. Lejos de tratar de ajustarse a los constantes cambios que se observan en la gestión de las prestaciones, como hacen habitualmente los sistemas europeos de rentas mínimas, la propuesta sindical busca simplificar la gestión y fijarse en exclusiva, para ello, en la situación económica existente en el año anterior. Sin embargo, esta propuesta de simplificación no puede dejar de ocultar la realidad de un gasto desajustado a la necesidad real existente en cada momento, con un previsible impacto en un incremento del gasto real. El problema subyacente es la falta de experiencia de los servicios españoles de empleo en la compleja gestión de un tipo de prestaciones que se ven afectadas por variaciones continuas en los ingresos de la población y en las formas de convivencia en el hogar.

Vista la intervención de Conde-Ruiz en el contexto más amplio de las comparecencias realizadas hasta hoy en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, un aspecto destaca sobre los demás. Se trata de la abundancia de argumentos orientados a reivindicar el papel de las comunidades autónomas en las políticas de rentas mínimas. En el caso de Conde-Ruiz, el planteamiento pasa por una participación de las comunidades autónomas que, además de la asunción de la gestión de la nueva prestación, incluya su participación en la financiación. Como se ha señalado, para el economista de Fedea sería contradictorio que las instituciones que pudieran llegar a gestionar la prestación de ingresos mínimos no asumieran su parte de responsabilidad financiera.

Este discurso se acompaña, en paralelo, de la voluntad de limitar el gasto que corresponde al gobierno del Estado. En la visión de Conde-Ruiz, es necesario destacar el coste de oportunidad del gasto en garantía de rentas mínimas en el contexto de una crisis fiscal que está lejos de haber sido resuelta en España. Y ese coste afecta a decisivas políticas públicas como la educación o la sanidad. En este punto el economista se posiciona de forma inequívoca a favor de una determinada línea de gasto estatal: “la pobreza infantil se combate mucho mejor desde la educación, con mejores colegios, mejor prosperidad en el futuro, comedores”, sostiene. Se trata de un aspecto del que deben ser plenamente conscientes quienes defienden las políticas de garantía de ingresos: el marco de competencia por los recursos empieza en realidad con quienes gestionan las distintas áreas de la política social.

El análisis de la intervención de Conde-Ruiz plantea, en una dimensión más metodológica, una última cuestión de interés: el sentido de la contribución del colectivo de economistas, en especial de los vinculados a Fedea, al análisis de las políticas de garantía de ingresos en España, una aportación que -como revela la propia intervención del ponente- resulta sin duda muy positiva. Sin embargo, convendría pedir que la contribución pretendida fuera algo más allá de tomarse la molestia de analizar por encima lo que han hecho las comunidades autónomas en esta materia. Es preciso un análisis detallado de una historia que tiene ya casi treinta años y que no se construye y desarrolla en el vacío, copiando de forma acrítica programas diseñados en otros países.

Sin ese trabajo de conocimiento y reflexión en profundidad, no es posible pensar en una correcta evaluación de unas medidas que han tenido, con frecuencia, incluso mayor recorrido histórico que algunas de la Administración General del Estado (el PRODI, por ejemplo). Como muestra un estudio recientemente publicado por Fedea sobre la renta de garantía de ingresos en Euskadi, la aportación al debate por parte del mundo de la economía de la escasez resultará de limitada utilidad si no viene acompañada de ese intento de comprensión previa de lo que pretendieron realmente hacer quienes impulsaron los programas autonómicos de rentas mínimas.

El mito de la “igualdad” (2): la diferente protección territorial ante la pobreza grave. Luis Sanzo

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

Este artículo busca profundizar en las consecuencias de las políticas sociales en España, con especial énfasis en su desigual impacto territorial. El objetivo, en esta segunda entrega, es analizar estas consecuencias en términos de incidencia del riesgo de pobreza grave (40% de la mediana equivalente de ingresos (1). El análisis se basa en los resultados ajustados que se derivan del método alternativo cuyo contenido se detalla en el primer artículo de esta serie.

La principal aportación del estudio es mostrar la desigual protección que, frente a la pobreza grave, ofrece la política social española. Esta política favorece de forma diferencial a los territorios en los que la parte fundamental de la precariedad se vincula a las personas mayores. En términos relativos, desprotege en cambio a algunas de las zonas más afectadas por el desempleo, como Andalucía, así como a los territorios más condicionados por costes elevados de acceso al bienestar. Esto determina el fuerte impacto diferencial de la pobreza grave en Canarias e Illes Balears pero también el descuido en la protección social a territorios como Madrid, Cataluña y, también, Euskadi. Estos territorios tienen tasas de pobreza grave que son desproporcionadamente altas en comparación con otras comunidades españolas con menor nivel de desarrollo económico. El estudio muestra también que, una vez considerados los ingresos por asistencia social, la posición comparativamente favorecida del País Vasco se explica por su política autonómica de garantía de ingresos. Sin ella, su tasa de pobreza grave sería bastante superior y muy cercana a la de Cataluña.

Se recuerda que el estudio se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el año 2015 (datos de renta 2014). Se mide, por tanto, la situación existente al final del periodo de crisis. La razón es la abundancia de indicios sobre el impacto muy fuerte de esta crisis en las principales áreas urbanas de España, en particular en Madrid y Cataluña.

PRINCIPALES RESULTADOS

Las cuatros Españas ante la pobreza grave en términos de ingresos propios (antes de todo tipo de transferencias, incluidas las pensiones)

En ausencia de todo tipo de transferencias sociales, teniendo sólo en cuenta los ingresos propios, derivados en lo fundamental de la actividad económica, cuatro realidades diferenciadas emergen en España en lo relativo al impacto de la pobreza grave. En la posición más favorecida, un 23,7% de la población queda por debajo del umbral de pobreza grave en Navarra y Aragón. En el polo igualmente positivo, pero con cifras algo menos favorables, el indicador se sitúa entre el 29,1 y el 29,9% en Madrid, País Vasco y Cataluña.

La mayor parte del resto de comunidades autónomas se sitúa en torno a la media española del 34,9%. Algo por debajo de esa media, con cifras de 33,7 a 34,7%, se encuentran Canarias/Baleares y el área noroeste, con Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja. Por encima, pero cerca de la media, entre 35,6 y 37,8% se encuentran Castilla y León, Castilla-La Mancha/Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Claramente por encima de la media, y más de 20 puntos por encima de Aragón y Navarra, en Andalucía/Murcia un 44,1% de la población se sitúa, antes de transferencias, por debajo del umbral de pobreza grave.

Gráfico 1

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

 

Un decisivo impacto favorable del sistema de pensiones, aunque con límites, en especial en Madrid, Canarias, Baleares, Andalucía y Murcia

La política de pensiones tiene una importancia decisiva en España. En primer lugar, porque la gran mayoría de la población en hogares que quedan por debajo del umbral de pobreza grave al considerar en exclusiva los ingresos propios (sueldos, ingresos de autónomos, etc.), un 62,4%, reside en hogares de pensionistas. En segundo lugar, porque el efecto positivo de las pensiones es enorme, contribuyendo a sacar de la pobreza grave a un 90,3% de las personas en hogares de pensionistas.

El impacto territorial de las pensiones en la reducción de la pobreza grave se ve sin embargo condicionado por dos factores. Por un lado, se observa en algunas comunidades autónomas un menor impacto protector de las pensiones, ligado al mayor coste diferencial de acceso al bienestar. Así, en contraste con niveles cercanos o superiores al 90% de capacidad de superación de la pobreza grave -a través de las pensiones- en la mayor parte del territorio, la proporción se reduce al 85% en Madrid y a una media de 79,7% en Canarias y Baleares.

Por otro lado, se constata un peso muy diferente de la población en hogares pensionistas en el conjunto de la población afectada por la pobreza grave al considerar en exclusiva los ingresos propios. Esta proporción es superior al 75% en la zona noroeste (77,1% en Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja y 80% en Navarra, Aragón) y se sitúa entre en el 66,4% y el 70,5% en Castilla-La Mancha/Extremadura, Euskadi y Castilla y León. La proporción se acerca en cambio al 62,4% medio de España en Cataluña y Comunidad Valenciana (63,7% y 63,9%) y se sitúa ya por debajo de esa media en Madrid (60,1%). El porcentaje se reduce aún más en Andalucía/Murcia, con un 55,2%. En Illes Balears y Canarias, apenas un 47% de la población en riesgo con ingresos propios reside en hogares de pensionistas.

Este conjunto de elementos explica que la capacidad de las pensiones para reducir la incidencia de la pobreza grave varíe de forma significativa según la comunidad autónoma. El impacto es muy alto, con cifras entre el 68,2 y el 72,7%, en Navarra/Aragón, la zona noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja) y Castilla-León. La proporción es relativamente cercana en el País Vasco (65,5%). Se reduce a niveles entre el 58,2 y el 59,5%, por encima sin embargo de la media española, en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha/Extremadura y Cataluña.

El impacto resulta muy inferior en Madrid y Andalucía/Murcia, con niveles cercanos al 50% (51,1 y 49,6%, respectivamente). Alcanza un mínimo del 37,5% en Canarias e Illes Balears.

Tabla 1

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Las implicaciones del efecto pensiones son muy llamativas y se traducen en los siguientes aspectos:

a) Aunque se mantiene la posición comparativamente privilegiada de Navarra y Aragón (6,5% de pobreza grave con ingresos propios y pensiones), se acercan a las posiciones caracterizadas por un menor impacto de la pobreza grave las comunidades de la zona noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja, con un 10%) así como Castilla y León (11,3%).

b) Entre las zonas que tradicionalmente habían liderado el crecimiento económico en España, con un 10%, sólo el País Vasco se mantiene entre las zonas con menor impacto de la pobreza grave, una vez considerados ingresos propios y pensiones. Esta cifra queda claramente por debajo del 12,3% de Cataluña y del 14,6% de Madrid, muy cercano ya al 15,2% de la media española. Cerca de esa media se sitúa igualmente el 15,3% de la Comunidad Valenciana.

c) En la parte caracterizada por los niveles más altos de riesgo, Canarias e Illes Balears, que en términos de ingresos propios se situaban por debajo de la media, se sitúan ahora muy cerca de Andalucía y Murcia (21 y 22,2% de personas en riesgo de pobreza grave, respectivamente).

Gráfico 2

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

La insuficiente protección a los hogares con personas desempleadas, en especial en las zonas históricamente más desarrolladas (País Vasco, Madrid y Cataluña), la zona noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja), Canarias e Illes Balears

Una vez considerados los ingresos propios por actividades económicas y las pensiones, un 79,2% de la población que sigue por debajo del umbral de pobreza grave pertenecen a hogares con personas desempleadas o que han recibido en el último año prestaciones (o subsidios) por desempleo. La proporción varía entre un mínimo del 69,2% en Navarra y Aragón y un máximo del 84% en Andalucía y Murcia.

En comparación con la política de pensiones, sin embargo, el impacto favorable de la política contra el desempleo resulta muy inferior, además de mucho más desigual en sus efectos reductores de la pobreza graves. En cuanto al impacto favorable, apenas un 34,7% de las personas en hogares con personas desempleadas consiguen superar la pobreza grave gracias a las prestaciones de desempleo.

Respecto a los efectos territoriales, se observan diferencias de más de 22 puntos porcentuales en la capacidad de superación de la pobreza grave a través de las prestaciones de desempleo en la población en hogares con personas desempleadas. La proporción más favorable, con un 47,1%, corresponde a la Comunidad Valenciana. Se sitúa también claramente por encima de la media, con cifras entre 42 y 42,6%, en Navarra, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Aunque todavía por encima de la media, la proporción se reduce al 36,5% en Andalucía y Murcia. Por debajo de esa media, la proporción es del 32,2% en Madrid y del 30,4% en Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja. En los niveles mínimos, apenas entre un 24,8 y un 26,6% de las personas en hogares de población desempleada supera la pobreza grave en el País Vasco, Cataluña, Canarias e Illes Balears.

En el conjunto de la población en hogares en pobreza grave tras considerar los ingresos por actividad económica y pensiones, y no sólo en la vinculada a hogares con personas desempleadas, se constata la presencia de dos grandes grupos de comunidades autónomas. En la parte favorecida, más de un 30% de las personas consideradas superan la pobreza grave gracias a las prestaciones y subsidios de desempleo en la zona sur peninsular (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia), Castilla y León y la Comunidad Valenciana. La proporción es del 29,1% en Aragón y Navarra, no alejándose por tanto en exceso del grupo de comunidades considerado.

En el polo opuesto, apenas entre un 20,2 y un 23% de la población supera la pobreza gracias a las prestaciones de desempleo en Madrid, Cataluña, la zona noroeste peninsular (Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja), Canarias e Illes Balears. El mínimo, con un 18,6% corresponde al País Vasco.

Tabla 2

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Las consecuencias de esta política desigual de protección por desempleo resultan evidentes. Por una parte, se consolidan las comunidades de la zona norte de España como las menos afectadas por la pobreza grave, con un 4,6% en Navarra y Aragón y un 7,9% en Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja. Pero Castilla y León, con un 7,6%, se incorpora a las zonas con menor impacto de la pobreza grave, quedando ahora seis décimas por debajo del 8,2% del País Vasco y mejorando incluso el indicador de las comunidades noroccidentales.

Algo por encima de las cifras del grupo de comunidades señalado, y gracias a la protección por desempleo, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana reducen sus casi tres puntos de diferencia respecto a Cataluña en el riesgo de pobreza grave con ingresos propios y pensiones. Tras el efecto de prestaciones y subsidios de paro, todas estas comunidades autónomas se sitúan en niveles entre el 9,6 y el 9,8%. El acercamiento a la parte más desfavorecida que caracteriza a Cataluña es aún más llamativo en la Comunidad de Madrid. Este territorio supera ahora el nivel medio de pobreza grave de España (11,3 frente a 11,1%).

En la parte más afectada, Andalucía y Murcia dejan de ser las zonas más problemáticas, aunque todavía con tasas muy elevadas de pobreza grave (15,4%). Canarias y Baleares se convierten en las comunidades más afectadas (16,8%).

Gráfico 3

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

 

Euskadi sólo se sitúa entre las comunidades con menor pobreza grave en España como consecuencia de su política de garantía de ingresos, quedando lejos de esos niveles Madrid y Cataluña. Canarias e Illes Balears se consolidan como las comunidades más afectadas al final de la crisis

La ECV no ofrece datos suficientemente precisos sobre ingresos por asistencia social. Los disponibles sirven sin embargo para reflejar dos aspectos de gran relevancia. Por una parte, se observa que en 2015, con datos de renta 2014, sólo en el País Vasco el acceso a este tipo de ingresos resulta determinante en la lucha contra la pobreza grave. Según datos de la ECV (que en realidad subestiman el impacto de estas prestaciones), un 27,8% de las personas que aún se mantenían bajo el umbral de pobreza grave consiguen superar el riesgo en Euskadi al tener en cuenta los ingresos asistenciales. Rebajando de 8,2 a 5,9% su tasa de pobreza grave, Euskadi se acerca con ello al 4,3% final de Navarra y Aragón. En una línea cercana a la zona noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja), estas dos comunidades autónomas son, después del País Vasco, las que reflejan mayor impacto de la acciones asistenciales.

En cambio, Madrid y Cataluña se sitúan en 2015 entre las comunidades en las que menor impacto tienen las prestaciones de asistencia social de cara a la superación de la pobreza grave (al menos a tenor de los datos de la ECV). De hecho, su posición no mejora por esta vía. Mientras Cataluña sigue acompañando a Extremadura/Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana en niveles del 9,4 al 9,8%, que resultan algo más favorables que el 10,6% medio de España, Madrid sigue superando esa media con un 11%. Sólo Andalucía y Murcia, con un 14,8%, y Baleares y Canarias, con un 16,1%, se colocan claramente por encima de los niveles de riesgo de pobreza grave de la Comunidad de Madrid en 2015 (renta 2014).

Tabla 3

Tabla 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Gráfico 4

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

 

CONCLUSIÓN

Los datos presentados muestran que la política social en España tiene un impacto importante en la reducción del riesgo de pobreza grave, en particular a través de la política de pensiones pero también, en especial en algunas comunidades autónomas, por la vía de las prestaciones de desempleo. Se trata sin embargo de una política de protección desigual que no tiene en cuenta las necesidades diferenciadas de ciertas comunidades autónomas, en especial en lo relativo a las fuertes carencias que se observan en la protección a la población desempleada.

En conjunto, las comunidades más perjudicadas son las que tienen menor peso relativo de la población pensionista y, al mismo tiempo, un alto volumen de población desempleada, en especial sin acceso suficiente a las prestaciones o subsidios por desempleo. De esta forma, la insuficiente protección al desempleo sitúa todavía en niveles de pobreza grave muy elevados a Andalucía y Murcia.

Sin embargo, es igualmente necesario destacar que, en términos comparativos, la política de protección al desempleo trata de forma muy desigual a comunidades como el País Vasco, Cataluña y, de forma aún más llamativa, la Comunidad de Madrid. Entre las comunidades que han liderado históricamente el crecimiento económico en España, únicamente Euskadi se coloca entre los territorios con menor tasa de riesgo de pobreza grave. Pero sólo lo consigue gracias a su política de garantía de ingresos, la única con un impacto claramente diferencial en 2015 (renta 2014) en España.

——————————————

ANEXO: Indicadores comparados

Se presentan en este anexo, a modo de comparación, los indicadores resultantes del método general Eurostat para el 40% de la mediana, sin ajustar, así como los que se derivan del método ajustado, objeto del artículo. También se presenta la media 2014-2015 para el indicador de pobreza real que he propuesto para analizar este fenómeno en España. La imagen que ofrecen el indicador ajustado del 40% y el de pobreza real es muy similar.

Tabla A1

Tabla A1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2014-2015. INE

Método general: Eurostat

Método ajustado: Ver
https://hungrygrass.org/2017/11/08/el-mito-de-la-igualdad-las-paradojas-de-la-distribucion-de-la-precariedad-y-el-bienestar-en-espana-luis-sanzo/

Sobre el indicador de pobreza real, ver:
https://hungrygrass.org/2017/07/05/indicadores-de-pobreza-real-en-espana-luis-sanzo/

Gráfico A1

Gráfico A1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2014-2015. INE

 

(1) Por razones de simplicidad en la presentación, las referencias a la pobreza grave en este artículo deben entenderse, todas ellas, en términos de situaciones de riesgo.

El mito de la “igualdad” (1): las paradojas de la distribución de la precariedad y el bienestar en España. Luis Sanzo

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

Este artículo pretende introducir un debate sobre la idea de igualdad que inspira en España el debate sobre la distribución territorial de la riqueza. Su objetivo es avanzar en el conocimiento del impacto real de las situaciones de mayor precariedad y, en sentido contrario, de mayor bienestar (en términos de ingresos económicos netos familiares) en las comunidades autónomas españolas.

A tales efectos, y partiendo de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, se aborda esta cuestión desde una perspectiva diferente a la habitual, tratando de controlar dos factores que contribuyen a ocultar algunas cuestiones importantes en la distribución de los ingresos por territorios. El primero se relaciona con la muy diferente estructura interna de los hogares en función de la composición y la edad de sus personas de referencia, una cuestión muy relevante en un país muy afectado por procesos históricos de migración interna y externa. El segundo factor, aún más relevante, tiene que ver con unos costes de acceso al bienestar que resultan desiguales en las distintas comunidades autónomas. De cara al análisis, el método utilizado para neutralizar estos dos factores se explica en el anexo metodológico. Los resultados ajustados que aporta el método difieren de forma llamativa de los que resultan de la aproximación general que se deriva del uso directo de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

La principal conclusión del análisis es que, en efecto, España es una sociedad desigual, con mayor impacto de la precariedad en los territorios tradicionalmente más desfavorecidos, en particular en su zona sur peninsular. De esta forma, los datos que se aportan en el estudio no contradicen la conclusión de que las políticas desarrolladas en España benefician de forma diferencial a los colectivos más precarios de esos territorios. Sin embargo, se trata sólo una parte del diagnóstico: también se observa una posición comparativamente más favorable a los colectivos prósperos en esos territorios en perjuicio de los residentes en otras zonas de España. En este sentido, en algunas comunidades centrales en el desarrollo económico español, en particular en Madrid y Cataluña, las políticas desarrolladas tienen un efecto completamente opuesto, perjudicando de manera notable la posición de la población de esas comunidades. En esas comunidades, tras la aplicación del método ajustado, esto se percibe tanto en un impacto muy superior de las situaciones precarias como en una menor presencia real de situaciones de bienestar.

El estudio se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el año 2015 (datos de renta 2014). Se mide, por tanto, la situación existente al final del periodo de crisis. La razón es la abundancia de indicios sobre el impacto muy fuerte de esta crisis en las principales áreas urbanas de España, en particular en Madrid y Cataluña.

PRINCIPALES RESULTADOS

El impacto territorial de la precariedad (participación en el 20% más pobre en términos de ingresos ECV) que se observa en la aplicación de la aproximación ajustada definida en este estudio es diferente al que reflejan los datos generales sin ajustar. Destaca el mayor impacto observado en los territorios insulares y, sobre todo, Cataluña y Madrid. Resulta en cambio claramente inferior en la zona sur peninsular y en Castilla y León.

España es, sin lugar a dudas, un país muy marcado por la desigualdad en la distribución de la renta. Los datos de la ECV son inequívocos. En la aproximación no ajustada a los datos de la ECV, el peso relativo de la población incluida en los deciles D1 y D2, el 20% más precario de la distribución, varía entre un mínimo del 10,8% en las comunidades forales (Euskadi y Navarra) hasta un máximo del 29,5% en las comunidades del sur del país (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia). Por debajo del 15%, además del País Vasco y Navarra, aparecen Aragón, Cataluña y Madrid.

En la aproximación ajustada, las diferencias siguen siendo importantes entre comunidades autónomas, con cifras mínimas y máximas entre el 11,3 y el 27,3%. Sin embargo, se observan variaciones llamativas en la posición de cada comunidad autónoma, así como en el impacto de la precariedad en cada una de ellas. Los datos más llamativos son los siguientes:

a) En las comunidades teóricamente más favorecidas, se observa un notable deterioro de la situación al considerar las cifras ajustadas en el caso de Madrid y Cataluña. En esta última comunidad, la participación en el 20% más pobre de la distribución pasa del 12,7% general al 17,4% ajustado, con un incremento de 4,7 puntos porcentuales. El deterioro de posiciones es aún más llamativo en Madrid, con cifras de 14,5 y 21,3% (6,7 puntos porcentuales más). Madrid tiene, de esta forma, una participación en los deciles D1 y D2 superior al 20% medio de España.

b)En las comunidades en principio más desfavorecidas, se observa un proceso opuesto. En el caso de la zona sur peninsular española (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia), la participación en los dos deciles más bajos de la distribución se reduce 5,5 puntos, del 29,5% general al 24% ajustado. De 15 puntos de impacto superior respecto a Madrid, se pasa a 2,7.

Otra zona que mejora notablemente su posición, al considerar los datos ajustados, es Castilla-León. En este caso, el peso porcentual en el 20% más pobre pasa de 17,9% en la aproximación general a 13,3% en la ajustada (-4,6 puntos). De situarse claramente por encima de Madrid y Cataluña en la aproximación general, la comunidad castellano-leonesa se encuentra en términos ajustados en una posición claramente más favorable (13,3% frente a 17,4% en Cataluña y 21,3% en Madrid).

c) Dentro del grupo de comunidades más desfavorecidas, con un peso superior al 20% en los deciles D1-D2, la Comunidad Valenciana y los territorios isleños (Canarias y Baleares) no sufren grandes variaciones. En este último caso, se observa sin embargo un aumento que hace pasar el peso relativo en el 20% más pobre del 25,3 al 27,3% al considerar la aproximación ajustada. Al considerar esta aproximación, estos territorios se convierten con ello en los más afectados por la presencia en el grupo más pobre, 3,3 puntos por encima de la zona sur peninsular.

Tabla 1

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Conclusiones similares a las del apartado anterior se observan al considerar el impacto de la falta de acceso al bienestar (medido en términos de ingresos para llegar a fin de mes). No obstante, el deterioro se acrecienta en perjuicio de la población de Madrid y Cataluña, ampliándose en cambio la posición de mejora a la zona que incluye a Aragón, La Rioja, Cantabria, Asturias y Galicia.

Las conclusiones señaladas con anterioridad son muy similares al considerar la proporción de población que queda por debajo del umbral definido para llegar a fin de mes en España. Sin embargo, al considerar a un grupo más amplio de población precaria (con un 44% de población por debajo del umbral de bienestar en el método general y 43,2% en la aproximación ajustada) se observan algunas diferencias de interés. Los aspectos más llamativos son los siguientes:

a) Aunque Baleares y Canarias se sitúan entre las zonas más afectadas (46,3% de personas por debajo del umbral de bienestar en términos ajustados), la diferencia se reduce ahora a alrededor de un punto respecto al indicador general que se deriva directamente de la ECV (45,3%). En cambio, resulta aún mayor el deterioro comparado que refleja el método ajustado en Madrid y Cataluña. En la comunidad madrileña, la proporción de personas con problemas de acceso al bienestar pasa de 33,8% en la aproximación general a 43,3% en la ajustada, con un incremento de 9,5 puntos porcentuales. Con esa variación, Madrid se sitúa en los niveles medios españoles en la aproximación ajustada.

El deterioro es aún mayor en el caso de Cataluña, +9,8 puntos, pasando de 31,1 a 40,9% de personas por debajo del indicador de bienestar. Aunque no se llega a superar en este caso la media española, su indicador se aleja del correspondiente a Euskadi/Navarra y Aragón (23,1 y 27,9% en el método ajustado) para quedar también por debajo del de Galicia, Asturias, Cantabria y Rioja. En estas comunidades, la aproximación ajustada muestra una evidente mejora, cayendo el indicador del 40,3% general al 36,6% ajustado (-3,7 puntos porcentuales), claramente por debajo ahora del 43,3% de Madrid y el 40,9% de Cataluña.

La mejora relativa es aún mayor en Castilla y León, con una reducción del 43,2% general al 33,8% ajustado (-9,4 puntos porcentuales). Esta comunidad autónoma, que en el indicador general se sitúa cerca de la media española, en el ajustado se aleja en casi 10 puntos de dicha media. En la aproximación ajustada, Castilla y León sólo muestra niveles de ausencia de bienestar superiores a los de Euskadi/Navarra y Aragón,

b) En la parte más desfavorecida, aunque la proporción de personas que no acceden al bienestar se mantiene en las comunidades del sur peninsular por encima del 50% en la aproximación ajustada (50,5% en concreto), esta aproximación muestra una caída de 9 puntos respecto al 59,5% general.

Tabla 2.

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

Al considerar el acceso a los deciles más favorecidos, la percepción de deterioro se limita mucho más nítidamente a Madrid y Cataluña

Los datos presentados con anterioridad reflejan que, al trabajar con la aproximación ajustada, el impacto de las situaciones de precariedad y de ausencia de bienestar en Madrid y Cataluña aumenta de forma muy significativa. Pero lo que quizás resulta aún más llamativo es que, al contemplar la participación en los grupos más favorecidos, el deterioro es aún más intenso. En tanto que proceso significativo, este deterioro queda entonces además limitado a estas dos comunidades.

En la aproximación general que se deriva directamente de la ECV, Cataluña y Madrid tienen una participación a priori alta en los deciles 7 a 10, el 40% más favorecido en España. La proporción es de 52,5% en Cataluña y de 51,7% en Madrid, sólo superadas por el 62,4% del País Vasco. Sin embargo, en la aproximación ajustada, la proporción de personas en los deciles D7 a D10 se reduce al 41,7% en Cataluña y al 39,4% en Madrid. Estos porcentajes sólo superan el 37,2% de Baleares/Canarias, el 32,4% de las comunidades del sur peninsular y el 31,5% de la Comunidad Valenciana.

Salvo en Baleares y Canarias, donde se observa un pequeño deterioro, en todas las demás comunidades autónomas, la posición resulta más favorable al considerar la aproximación ajustada. La mejora más clara se da en Castilla-León (+9,5 puntos porcentuales), por encima de los 7,5 de las comunidades del sur peninsular y los niveles cercanos a los 4 puntos en Aragón, y el grupo de comunidades que incluye La Rioja, Cantabria, Asturias y Galicia.

Tabla 3.

Tabla 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE

CONCLUSIÓN

Los datos presentados reflejan sin duda las consecuencias positivas del proceso de transferencia de recursos hacia comunidades más desfavorecidas (lo que en España se suele interpretar habitualmente en términos de políticas de igualdad). Sin embargo, llama la atención que este proceso resulta en realidad bastante desigual. Por una parte, no beneficia a todas las comunidades más desfavorecidas por igual; por otra, se asocia a un evidente y generalizado deterioro de posiciones en la población de Madrid y Cataluña.

Aunque en estas dos comunidades aumenta de forma sustancial la precariedad al considerar la aproximación ajustada, resulta aún más llamativo el deterioro comparado que se observa al considerar la participación de su población en los deciles más favorecidos. Porque, siendo necesario que una política de igualdad reduzca los niveles de precariedad en los territorios más desfavorecidos, es discutible que llegue a situar en una posición tan debilitada a la población de sus principales zonas urbanas.

Si el modelo actual de política fiscal y social tiene las consecuencias señaladas, con un peso elevado en los deciles más favorecidos de zonas de territorios a priori más desfavorecidos en términos de PIB o poder económico, aunque con coste de la vida comparativamente bajo, la principal duda que se presenta es si el sistema fiscal no tiende a cargar de forma insuficiente a la población más favorecida de esos territorios. La difícil posición comparada de la población de Madrid y Cataluña indica, en cambio, una posición comparativamente más difícil que la del resto de España, tanto en los grupos más precarios como en los de mayor nivel económico. Todo indica que las políticas de protección social resultan insuficientes en esas dos comunidades.

Si estas conclusiones se confirman en el futuro, y es evidente que necesitarán ser contrastadas, la solución a los problemas de financiación autonómica debería ser completamente diferente a las que se sugieren habitualmente. Esta solución pasaría por una mayor responsabilización de las comunidades autónomas que se benefician más intensamente de las transferencias sociales y fiscales en la actualidad y, sobre todo, por una mayor contribución fiscal de sus grupos sociales más acomodados. Aunque esto puedea sorprender, lo que señala este estudio, y el método aplicado (a contrastar sin duda pero con bases contrastadas) es que el núcleo dominante del 40% más favorecido en España se encuentra en realidad en esos territorios. De acuerdo con la aproximación señalada, un 44,7% de la población más acomodada de España (el 40% más rico) reside en el sur peninsular y en la zona noroeste de España (6,5 puntos por encima de su peso PIB). Esta proporción supera el 40,1% que corresponde a Madrid, Cataluña, Euskadi y Navarra (con un 45,7% del PIB, con efectos en Madrid/Cataluña). El 15,2% restante corresponde a Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana (16% del PIB).

Tabla 4

Tabla 4

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015. INE


Método aplicado en el estudio

La aproximación utilizada en este artículo para obtener unos resultados ajustados, comparables y armonizados, para el conjunto de las comunidades autónomas españolas se basa en los siguientes puntos:

  1. Determinación de una escala de equivalencia basada en la percepción real de la población

La experiencia histórica muestra que las escalas de equivalencia utilizadas habitualmente en el estudio de la pobreza y el bienestar en España no se ajustan adecuadamente a la realidad. Frente a los métodos que utilizan una escala de equivalencia prefijada, como la de Eurostat, se obtiene en el estudio una escala ad-hoc que se basa en la propia percepción de la población.

A tales efectos, se calcula para los hogares que señalan no llegar con facilidad y mucha facilidad, la media de ingresos considerados necesarios para llegar a fin de mes para una serie de tipos de hogar. La ECV permite utilizar a tales efectos una pregunta específica que facilita la posición de cada hogar respecto a este indicador, directamente asociado a la medición del bienestar.

La aproximación tiene en cuenta la edad de la persona principal, el tamaño del hogar y su composición, teniendo en cuenta una base muestral suficiente para cada tipo de hogar. A partir de esas medias, se determina la escala de equivalencia resultante que es la que se muestra en la siguiente tabla:

Escala de equivalencia utilizada
Edad de la persona referencia del hogar
Tipos de hogar < 45 años 45-64 años >65 años No precisada
Persona sola 1,285 1,155 1,000
Pluripersonal sin hijos/as
   2 miembros 1,614 1,511 1,380
   3 miembros 1,708 1,565
   4 miembros o más 1,863 1,830
Monoparental con hijos/as
   2 miembros 1,351
   3 miembros 1,538
   4 miembros o más 1,577
Biparental con hijos/as
   3 miembros 1,748 1,805 1,610
   4 miembros 1,876 1,967 1,713
   5 miembros o más 2,013 2,046 1,933

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

Como puede comprobarse, la media relativa al ingreso medio necesario para llegar a fin de mes en el caso de un hogar encabezado por una persona sola mayor de 65 años equivale a 1, la base de partida de la escala de equivalencia utilizada.

  1. Determinación del coste territorial diferencial de acceso al bienestar.

Una vez estimados los ingresos equivalentes per cápita de cada hogar a partir de la escala de equivalencia señalada en el punto anterior, se estima (de nuevo tomando como referencia a las personas que no llegan con facilidad o mucha facilidad a final de mes) la media de los ingresos necesarios para llegar a fin de mes para cada comunidad autónoma y tipo de hogar (en función de la edad de la persona principal). El coste medio de acceso al bienestar para el conjunto de la comunidad se estima en base a la media estandarizada de las medias parciales por grupos de edad (menos de 45 años, 45-64 y mayores de 65 años, tomando como base común la distribución de los hogares por grupos de edad en el conjunto de España).

Una vez obtenida la media estandarizada de los ingresos necesarios, se determina un factor de ajuste que refleja el coste diferencial de acceder al bienestar en cada comunidad autónoma. Este factor funciona a modo de Paridad de Poder de Acceso al Bienestar (PPAB) con unos ingresos dados. Este factor de ajuste se aplica a los ingresos disponibles.

El factor resultante o PPAB, un concepto cercano al de Paridad de Poder de Compra, es el siguiente:

Factor de ajuste de los ingresos en función
del coste de acceso diferencial al bienestar PPAB

Comunidad Autónoma Factor de ajuste PPAB
Comunidad de Madrid 0,840
Cataluña 0,871
Comunidad Foral de Navarra 0,953
Illes Balears 0,960
Canarias 0,998
La Rioja 0,999
País Vasco 1,024
Principado de Asturias 1,026
Comunidad Valenciana 1,027
Galicia 1,047
Aragón 1,066
Región de Murcia 1,122
Andalucía 1,129
Cantabria 1,138
Castilla y León 1,138
Castilla-La Mancha 1,140
Extremadura 1,162

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

A efectos de medir la posición en relación con el bienestar mínimo esperado, se toma la cifra que se deriva del método, con PPAB, para la nueva cifra mínima correspondiente a una persona sola mayor de 65 años (1.150,86 euros, con apenas variación respecto a los 1.148,27 euros que corresponden a la aproximación general). A partir de aquí, se establece como umbral de acceso al bienestar mínimo que se derivan de las cifras de ECV el mínimo señalado, multiplicado por el factor de equivalencia por hogar y el factor de ajuste territorial PPAB.

Paro, temporalidad y justicia intergeneracional. Luis Sanzo

INTRODUCCIÓN

La dualidad en el mercado de trabajo tiende a presentarse en España como la polarización del empleo en dos tipos de trabajadores o trabajadoras, fijos y temporales. Se trata, en realidad, de una de las dimensiones de una problemática más amplia que incluye otras formas precarias de relación laboral con la empresa (trabajo no deseado a tiempo parcial, ausencia de contrato, etc.) y, por supuesto, el desempleo.

En la medida en que se trata de un conjunto de problemas que afectan de forma especial a la población joven, se asocia con frecuencia esta dualidad laboral con un conflicto intergeneracional, entre una población joven muy castigada por la precariedad y unas generaciones de mayor edad que se habrían apropiado del sistema productivo. Mi intención en este documento es mostrar que el problema del paro y de la temporalidad no encaja de forma adecuada con esta descripción.

El análisis se centra en el impacto conjunto del desempleo y la temporalidad en la población total de una serie de grupos de edad, comparando la situación existente en el segundo trimestre de 1987, 1997, 2007 y 2017. Esta referencia temporal permite analizar la situación en distintos periodos, representativos de la dinámica del empleo en España, además de facilitar la evolución del paro y la temporalidad por grupos de edad. Los principales resultados se presentan a continuación.

PRINCIPALES RESULTADOS

En primer lugar, se confirma que el impacto directo del desempleo y de la temporalidad resulta muy elevado en la población más joven, menor de 25 años. Sin embargo, este impacto refleja un modelo de acceso retardado de la población más joven al empleo indefinido que se mantiene bastante estable durante todo el periodo democrático. De esta forma, todas las generaciones jóvenes, sin excepción, muestran altas tasas comparadas de paro y temporalidad en los últimos treinta años.

Otros dos aspectos son los que verdaderamente la atención en el caso de la población de 16 a 24 años. El primero es que, en este grupo de población, la proporción de personas afectadas en 2017 es la más baja para este grupo de población joven: 30,0% frente a 31,5% en 1987 y cifras cercanas al 34,5% en 1997 y 2007.

Gráfico 1

Gráfico1.jpg

El segundo elemento relevante es que es también en 2017 cuando la población más joven aporta menos al conjunto de personas afectadas en España por el paro y la temporalidad: apenas un 14,8% del total por 22,5% en 2007, 28,8% en 1997 y 43,3% en 1987.

Gráfico 2

Gráfico2

En 2017, el paro y la temporalidad afectan mucho más claramente a las personas de 25 a 39 años. Mientras el impacto conjunto de estas problemáticas se sitúa en el 30% de la población de 16 a 24 años, llega al 48,3% en el grupo de 25 a 29 años y sigue resultando superior, con un 32,5%, entre las personas de 30 a 39 años.

Entre las personas de 25 a 39 años, se detecta además en 2017 el máximo impacto del paro y de la temporalidad respecto a lo observado en periodos anteriores. Sin embargo, las diferencias no resultan excesivas, en especial cuando se comparan con 1997, al final de la crisis de la primera mitad de los 90: 48,3% frente a 46,2% en las personas de 25 a 29 años; 32,5% frente a 29,9% en las de 30 a 39 años.

Gráfico 3

Gráfico3

Como consecuencia de la reducción del volumen poblacional de las generaciones más jóvenes, sin embargo, el peso de las personas de 25 a 39 años en el conjunto de la población afectada por el paro y la temporalidad no resulta superior al que representaba este colectivo en periodos anteriores. El 40,9% de 2017 sólo es superior al 36,3% de 1987 y queda claramente por debajo de las cifras cercanas al 49% de 1997 y 2007. Esta realidad afecta sobre todo a las personas de 25 a 29 años; las diferencias son algo menos llamativas en las personas de 30 a 39 años (con un 26,1% del conjunto de la población en paro o con problemas de temporalidad en 2017 por 26,7% en 1997 y 29,3% en 2007).

Gráfico 4

Gráfico4

En cualquier caso, el más llamativo incremento de la proporción de personas afectadas por el el paro y la temporalidad tras la crisis de 2007 no caracteriza a la población joven en España sino a la mayor de 40 años. Aunque el impacto de estas problemáticas es inferior al de los grupos más jóvenes, destaca por ser el más elevado de los cuatro años considerados. De esta forma, las cifras porcentuales son superiores en más de 7 puntos en 2017 respecto a los máximos observados con anterioridad entre las personas de 40 a 59 años: 26,1% en las personas de 40 a 49 años frente a máximos del 19,1% en 1997 y 2007; 19,9% frente a 12,3% en 1997 y 11,6% en 2007 en las personas de 50 a 59 años. La misma tendencia se observa en las personas mayores de 60 años, con un 5,1% de personas afectadas frente a un máximo previo del 2,9% en 2007.

Gráfico 5

Gráfico5

Esta dinámica de claro empeoramiento de la situación de la población mayor de 40 años tiene un muy fuerte impacto en la distribución de la población afectada por el paro y la temporalidad en 2017. Con anterioridad, el peso de este grupo había subido, en el colectivo total de personas afectadas, del 20,3% de 1987 al 28,4% de 2007, pero en 2017 esa proporción aumenta bruscamente hasta el 44,2%. Este porcentaje no sólo es tres veces superior al 14,8% que representa la población menor de 25 años, sino que supera también el 40,9% que corresponde a las personas de 25 a 39 años. Las personas de 40 o más años suponen, por tanto, el grupo de edad que concentra en 2017 más situaciones de paro y temporalidad. Una realidad que no se había dado con anterioridad en ninguno de los años analizados.

Gráfico 6

Gráfico6

Los datos señalados nos introducen una realidad muy concreta: el impacto diferencial del paro y la temporalidad entre las personas que, en 2017, tienen entre 40 y 59 años. En una perspectiva a largo plazo, este grupo generacional, menor de 30 años en 1987, es el que más ha sufrido estos problemas en España.

Tres hechos avalan esta afirmación. Como ya se ha observado, en 2017, este colectivo integra a los grupos de edad que muestran mayor aumento en el impacto relativo del paro y la temporalidad (en comparación con lo observado en los mismos grupos de edad en periodos anteriores).

En la misma línea, su peso en el conjunto de la población afectada es más de 15 puntos superior en 2017 a la proporción máxima que el grupo de los mayores de 40 años había llegado a representar hasta 2007.

Pero, y esto es lo verdaderamente decisivo, en los cuatro años considerados, la generación hoy entre 40 y 59 años, menor de 30 años en 1987, ha constituido siempre el grupo dominante entre las personas afectadas por el paro y la temporalidad.

A pesar de que una parte no había llegado aún al mercado de trabajo, este grupo constituía un 62,6% del colectivo afectado en 1987, una proporción que aumenta al 70,1% en 1997. Aunque se beneficia del proceso de caída del impacto de estas problemáticas al llegar a edades superiores, la generación considerada sigue constituyendo el grupo dominante en 2007 y 2017 s. En 2007, el grupo recogía un 47,5% del conjunto de situaciones de paro y temporalidad por 42,3% de los menores de 30 años. La diferencia es aún más nítida en 2017: 41 frente a 29,6%. Por mucho que en estas diferencias influyan factores demográficos, esta posición comparativamente desfavorecida de la generación menor de 30 años en 2987 es un hecho social decisivo para entender la historia social reciente de España.

Gráfico 7

Gráfico7

Como revela el gráfico 8, conviene resaltar no obstante que los grupos jóvenes más afectados en 2017, los de 25 a 39 años, tienen pautas de relación con el paro y la temporalidad que resultan cercanas a las de las generaciones que más han sufrido hasta ahora estas problemáticas sociales. Esto pone de manifiesto el riesgo al que se enfrentan los colectivos en edad activa que tenían menos de 30 años en 2007, un grupo que incluye a una parte relevante de población de origen extranjera.

Gráfico 8

Gráfico8

CONCLUSIONES

Los datos presentados conducen a dos conclusiones relevantes. En primer lugar, es indiscutible que la recesión posterior a la crisis financiera de 2008 ha tenido un impacto decisivo en la población joven española. Sin embargo, más que en los colectivos actualmente menores de 25 años, es en las generaciones que hoy tienen entre 25 y 39 años donde se observa la mayor precariedad laboral.

La segunda conclusión se aleja, de forma aún más nítida, del discurso que resulta habitual en España: el problema del paro y de la temporalidad no es una muestra de discriminación específica de los grupos más jóvenes, característica del actual momento histórico. Sin negar la relevancia de un modelo de organización del trabajo que perjudica de forma estructural a la juventud, en una perspectiva a largo plazo, los grupos que más han sufrido los efectos del paro y la temporalidad pertenecen a las generaciones, menores de 30 años en 1987, que más sufrieron las consecuencias de las crisis de los años 80 y 90. Conviene por ello matizar el discurso que, en la actualidad, parece impulsar una cierta revancha generacional, enfrentando a las generaciones jóvenes contra las personas de mayor edad, con menores tasas de paro y temporalidad.

Resulta igualmente importante destacar que detrás de los problemas generacionales observados están dos elementos de ensanchamiento demográfico de la base demográfica de los grupos en edad activa: el baby boom de los 50 a 70 y la inmigración masiva de finales de los 90 y primera década del siglo. Esos dos fenómenos condicionan los resultados sociales de una economía, la española, con fuertes dificultades para mantener una base de empleos adecuada para prevenir una temporalidad y un desempleo excesivos.

Rentas Mínimas y control de la pobreza en Euskadi: ¿qué indica la tasa AROPE? Luis Sanzo

Hace unos días, en un grupo de discusión vinculado a los temas estudiados en torno a la web llei d’engel, uno de los participantes introdujo una cuestión, difundida en las redes sociales, sobre la reciente dinámica de los indicadores sociales en Euskadi. Se trataba en concreto de la supuesta paradoja de que, casi treinta años después de la introducción de políticas de rentas mínimas en Euskadi, en 2016, el indicador AROPE aún se mantuviera en el 20,6% en esta comunidad autónoma.

Para contribuir a aclarar esta cuestión, los aspectos que creo necesarios introducir en el debate son los siguientes:

PUNTO 1

En primer lugar, es preciso recordar que el indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión tiene tres componentes diferentes: una baja intensidad laboral en el hogar, la presencia acumulada de aspectos específicos de privación material y la pobreza relativa (menos del 60% de los ingresos medianos equivalentes per cápita). En presencia de cualquiera de estos factores, la aproximación Eurostat presenta a la persona afectada en situación de riesgo de pobreza y exclusión AROPE.

No es mi intención en este artículo profundizar en un debate (hace tiempo abordado) sobre la utilidad del sistema Eurostat de medición de la pobreza. Pero sí es importante señalar que, al menos en el contexto español y vasco, ni el indicador AROPE ni el de pobreza relativa (60% de la mediana) son indicadores que muestren una relación directa con las situaciones reales de pobreza. En 2016, sólo un 33,9% de las personas situadas en pobreza relativa Eurostat en Euskadi vivían en hogares que experimentaban situaciones de pobreza real EPDS. La proporción caía incluso al 27,7% al considerar, en esa situación de pobreza relativa, a quienes residían en hogares que se consideraban a sí mismos pobres, muy pobres o más bien pobres.

Lejos de mejorar los niveles de ajuste, el indicador AROPE (al incluir a grupos de personas con baja intensidad laboral, a menudo sin pobreza relativa ni privación material asociadas) se aleja aún más de la aproximación a las situaciones reales de pobreza. En el conjunto de personas señaladas por el indicador, apenas un 27,7% vivía en hogares en situación de pobreza real EPDS y 26,3% en hogares que se percibían a sí mismos como muy pobres, pobres o más bien pobres.

Gráfico 1

Gráfico1

Gráfico 2

Gráfico2

Por tanto, al considerar la tasa AROPE, es preciso tener en cuenta que se trata de un indicador que recoge, de forma muy extendida, los grupos sujetos a factores potenciales de riesgo pobreza y exclusión. La incidencia de las situaciones reales de pobreza resulta, al menos en el caso vasco, mucho más reducida que la que señalan esos factores de riesgo.

PUNTO 2

En segundo lugar, es preciso analizar en términos comparados qué representa el 20,6% de riesgo AROPE que caracteriza a Euskadi. El aspecto más llamativo es que esta cifra, lejos de reflejar un nivel comparativamente elevado, se sitúa muy cerca de los países del área con menor impacto del mencionado riesgo en Europa. Se trata de un grupo de estados que incluye a los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia), a los de Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) y a Francia, Alemania y Austria. El riesgo AROPE de Euskadi apenas supera en dos puntos el 18,6% medio de los países del área.

La distancia de dos puntos que muestra Euskadi respecto a los países con menor riesgo de pobreza y exclusión en Europa resulta inferior, además, a la favorable que el País Vasco mantiene en relación con otros referentes en Europa: -2,5 puntos respecto al 23,1% del conjunto de los países del euro; -2,9 puntos respecto al 23,5% del Reino Unido y -7,3 en relación con el 27,9% de España.

Gráfico 3

Gráfico3

Área UE con menor riesgo: Dinamarca, Finlandia, Suecia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y Austria.

PUNTO 3

En una aproximación al análisis del indicador AROPE, el rasgo característico de España o Euskadi, como de otros territorios del sur de Europa, es sin duda el incremento de la proporción de personas en riesgo durante la crisis.

En 2008, el valor del indicador AROPE de Euskadi era en realidad algo más bajo que el del conjunto de los países UE con menor riesgo en Europa (17,9 frente a 18,8%). Sin embargo, en el caso de un indicador determinado en parte por la falta de ocupación (baja intensidad laboral), era inevitable que la fuerte crisis de empleo en Euskadi provocara un aumento en la tasa (de 17,9% a 20,6%).

La distinta dinámica del empleo en Euskadi, respecto a las zonas social y económicamente más privilegiadas en Europa, resulta ilustrativa en este punto. De esta forma, mientras en el área con menor riesgo social de la UE se observa un incremento de la ocupación del 4,2% entre 2008 y 2016, Euskadi pierde un 8,4% de su población ocupada en este periodo.

Gráfico 4

Gráfico4

En 2016 Euskadi mantiene 101.500 ocupaciones menos que en 2008 en los tres sectores regresivos de su economía: primario, industria y construcción. En un territorio cuya prosperidad histórica se había forjado en torno a la industria, ésta recoge un 62,6% del total de puestos de trabajo perdidos entre 2008 y 2016 en los tres sectores señalados. Tras la difícil recuperación posterior a la reconversión industrial de los años 80, se trata de un golpe muy duro para la estructura de empleo del País Vasco. En 2016, la industria vasca aún ocupa a un 25,2% menos de trabajadores y trabajadoras que en 2008.

PUNTO 4

El aumento del desempleo, sin embargo, no es sino una de las diversas causas que entre 2008 y 2016 contribuyen a incrementar los factores de riesgo de pobreza en Euskadi. La intensidad de la inmigración resulta otro elemento determinante. En este sentido, la resistencia inicial a la crisis en Euskadi y una estabilidad social mayor, atribuible a su sistema de garantía de ingresos, favorecieron que se mantuviera hasta 2012 el ritmo de incremento de población inmigrante en Euskadi.

A pesar de la línea descendente del empleo hasta 2014, la población extranjera (no nacionalizada) se incrementa en Euskadi en un 15,1% entre 2008 y 2016. La de origen extranjero, incluyendo por tanto a la nacionalizada, aumenta aún más, un 28,5%. La intensidad de este incremento queda de manifiesto cuando se comprueba que el aumento del volumen de población extranjera en el área UE con menor riesgo de pobreza y exclusión resultó cinco puntos inferior en el periodo 2008-2016 (+23%).

Durante el periodo de crisis, una zona con pérdidas sustanciales de empleo, como la vasca, llega por tanto a atraer en términos relativos tanta población extranjera como las mejor situadas social y económicamente en Europa.

Gráfico 5

Gráfico5

A pesar de no ser la única comunidad autónoma que experimenta en España esta dinámica atípica de inmigración durante la crisis, sí es evidente que la evolución del País Vasco es completamente diferente a la que se observa en el conjunto del Estado, con una caída del 13,1% en el volumen de población extranjera (una cifra que, teniendo en cuenta las nacionalizaciones, en el mejor de los casos podría llegar a implicar una cierta estabilización del colectivo entre 2008 y 2016).

Pero no se trata sólo de inmigración extranjera, también de llegada de población española procedente de otras zonas del Estado. En conjunto, el volumen de población de origen extranjero, y de la procedente de otras zonas de España con menos de 10 años de residencia en Euskadi, aumentó de 44.008 personas en el año 2000 a 151.052 en 2008, pasando de representar un 2,1% de la población total a un 7% entre 2000 y 2008.

Entre 2008 y 2012, la inmigración se mantiene a un ritmo similar al del periodo 2004-2008, llegando a representar el colectivo analizado un total de 212.165 personas en 2012, un 9,8% de la población. Tras una caída entre 2012 y 2014, la población de referencia repunta entre 2014 y 2016. En este último año, la población de origen extranjero y la española con menos de 10 años de residencia en Euskadi supone un total de 208.417 personas, un 9,7% de la población total. Unas cifras muy similares, por tanto, a las de 2012.

Gráfico 6

Gráfico6

Aunque la línea ascendente de la tasa AROPE caracteriza a todo tipo de población durante la crisis, la más afectada es la creciente población extranjera residente en Euskadi. En este grupo, la tendencia alcista del indicador resulta sin embargo anterior a la crisis, manteniéndose desde mediados de siglo. Situado en un 39,3% en 2000, el indicador AROPE llega al 46,4% en 2008 para alcanzar un 54,6% en 2012 y un máximo del 62% en 2012. La caída de 2016 es muy ligera, apenas hasta un 60%.

En la población de origen español con menos de 10 años de residencia en Euskadi, se observan dos sobrepuntas negativas en el indicador AROPE. La primera corresponde al periodo 2000-2004 (del 14,2 al 27,4%) y la segunda al 2012-2014 (de 17,9 a 31,8%). En este grupo, el 24,1% de 2016 resulta todavía claramente superior a las cifras de 17,4 a 17,9% de 2008 y 2012 pero muestra un claro cambio de tendencia.

Gráfico 7

Gráfico7

En la población autóctona, y en la procedente de otros territorios del Estado con más de diez años de residencia en Euskadi, el indicador AROPE repunta en la crisis hasta el 19,2% de 2012, cerca del 19,8% de principios de siglo. No obstante, el 17% de 2016 se acerca a las cifras mínimas de 2008 y 2012, situadas entre el 16,3 y el 16,8%.

En el contexto europeo, es posible comparar el indicador AROPE para la población mayor de 18 años con ciudadanía del estado de referencia. Estos datos muestran con claridad que, en este colectivo, Euskadi sigue situándose en 2016 entre los países con menor riesgo de pobreza y exclusión en Europa.

Gráfico 8

Gráfico8

En realidad, entre 2008 y 2016, el deterioro comparado del indicador AROPE en Europa se vincula en exclusiva a la población de origen extranjero. De los 2,7 puntos de aumento en el indicador AROPE del País Vasco en ese periodo (y que explican su alejamiento de los niveles de conjunto de los países UE socialmente más favorecidos), 2,5 puntos se asocian en exclusiva a la inmigración extranjera. Contrariamente a lo que cabría pensar, sin embargo, el grupo más perjudicado ha sido el colectivo de población extranjera que ya residía en Euskadi en 2008, menos competitiva de cara al empleo que la llegada con posterioridad a 2008.

PUNTO 5

Resulta sin embargo erróneo pensar que el deterioro observado en el indicador AROPE se traslada de forma automática en Euskadi a los indicadores de pobreza real, objetivos o percibidos. Éstos muestran una mejoría en 2016, tanto en la población de origen nacional como en la de origen extranjero, que los acerca a los niveles mínimos del periodo 2008-2012.

Quizás el dato más llamativo corresponda a la evolución del porcentaje de personas en hogares que se consideran pobres o muy pobres entre la población de origen extranjero. Situado en un 20,8% en 2004, la proporción cae de forma continuada hasta un 11,8% en 2012. Tras remontar a 14,4% en 2014, el indicador vuelve en 2016 a niveles similares a los de 2012, con un 12,1%. Los datos muestran una evidente mejora a largo plazo en la percepción de la situación en este colectivo de máximo riesgo de pobreza y exclusión en Euskadi.

Gráfico 9

Gráfico9

Gráfico 10

Gráfico10

En un contexto de pérdidas todavía significativas de ocupación y de muy superior presencia de inmigración en Euskadi respecto a 2008, sería erróneo no considerar el importante efecto de la política de garantía de ingresos en la consecución de los positivos resultados señalados.

REFLEXIÓN FINAL

Los datos presentados en el artículo ayudan a desentrañar los factores estructurales que han dificultado en los últimos años la prevención de la pobreza en Euskadi. Se trata de una sociedad en la que la crisis ha incrementado las dificultades para ofrecer empleo de calidad suficiente a toda la población autóctona; y también de una comunidad que ha seguido atrayendo después de la crisis a mucha nueva población, sobre todo de origen extranjero. Esta dinámica ha contribuido a crear una realidad social compleja y, en muchos aspectos, contradictoria.

A pesar de este complicado contexto social y demográfico, Euskadi ha conseguido mantener tasas de pobreza y exclusión que resultan comparativamente reducidas en Europa. En gran parte, esto ha sido posible con un esfuerzo muy significativo de apoyo económico a las personas con voluntad de consolidar una nueva vida en su territorio. Un esfuerzo de solidaridad que, en mi opinión, no se ha valorado en su justa medida.

El objetivo de combinación de esta política de lucha contra la pobreza con el necesario apoyo a las nuevas generaciones, muy afectadas por la caída del empleo, no ha resultado fácil y no ha sido ajeno a fuertes tensiones políticas, sociales, económicas e institucionales. Pasados los momentos más difíciles, en especial para el mantenimiento del sistema de garantía de ingresos, resultaría peligroso infravalorar la importancia de lo conseguido y no reconocer el decisivo papel que, en ello, ha tenido el sistema de prestaciones RGI/PCV/AES.

 

Indicadores de pobreza real en España. Luis Sanzo

Introducción y principales resultados

En la aproximación a la pobreza, la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del País Vasco (EPDS) resulta peculiar. Esta circunstancia se vincula al hecho de que fuera diseñada antes de que se lanzaran las estadísticas hoy desarrolladas en España y en Europa (ECV y UE-SILC).

Uno de los fundamentos básicos de la EPDS es la idea de que las situaciones de pobreza real no son consecuencia automática de la presencia de determinados factores de riesgo, sino que dependen de la posición de los hogares ante las distintas dimensiones de pobreza. Los factores de riesgo no se limitan, además, a una insuficiencia temporal de ingresos. También son relevantes la falta de acceso a ciertos bienes y servicios de consumo duradero o la ausencia de un patrimonio de reserva adecuado para afrontar situaciones de crisis.

Partiendo de este planteamiento, además de los tradicionales indicadores de riesgo en la dimensión de ingresos, la EPDS ofrece indicadores similares en la dimensión asociada a las condiciones de vida a medio y largo plazo, y a modo de síntesis del impacto combinado de las situaciones observadas en esas dos dimensiones, un indicador final de pobreza real. Este artículo trata de ofrecer, siguiendo la metodología que se explica en Anexo, una estimación del impacto de estas situaciones de pobreza real en España.

A modo de resumen, los principales resultados del estudio pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

  1. Las situaciones de pobreza real tienen una incidencia significativa en España, afectando en 2016 a un 11,5% de la población. Sin embargo, el impacto de este tipo de pobreza ya era destacado en 2008, antes de la crisis financiera, con un 7,9% de la población con problemas en aquel año.
  2. La principal consecuencia de la crisis ha sido el incremento de las formas más graves de la pobreza real, aquéllas que tienen un impacto social muy grave para la población (en términos de inseguridad alimenticia, pobreza energética o riesgo de endeudamiento). Situadas en un 3,2% en 2006, caracterizan a un 6,2% de la población en 2016, multiplicándose prácticamente por dos.
  3. Casi tres cuartas partes de los problemas de pobreza real detectados se concentran en las comunidades del sur de España, además de Madrid y la Comunidad Valenciana. Aunque tiene una tasa de pobreza real elevada, dentro de este grupo, Extremadura consigue sin embargo situarse entre las regiones con registros más favorables en lo relativo al impacto de las formas más graves de pobreza real.

El impacto de la pobreza real en España

En el gráfico 1 se presenta la estimación del impacto de las situaciones de pobreza real en España para el periodo posterior a la crisis financiera. Los datos revelan que, entre 2008 y 2014, la tasa de pobreza real aumenta en 4,6 puntos, alcanzando un nivel de 12,5% de la población en 2014.

Los datos muestran, sin embargo, que el impacto de partida era ya elevado, con un 7,9% de población afectada en 2008. Entre 2009 y 2011, la incidencia aumenta hasta alcanzar niveles cercanos al 9%. El deterioro posterior de las políticas de protección al desempleo contribuye a un significativo repunte en 2012, con un 10,6% de personas en pobreza real, proporción que aumenta a 10,9% en 2013. El último repunte de magnitud se produce en 2014, alcanzándose en este año el nivel más elevado, con un 12,5% de personas en situación de pobreza real. La recuperación hace retroceder en un punto el indicador en 2015, quedando en un 11,5%, cifra que se consolida en 2016.

Los datos indican, por tanto, tres periodos de incremento de la pobreza real en España, con aumentos anuales de entre 1,3 y 1,6 puntos: de 2008 a 2009, de 2011 a 2012 y de 2013 a 2014 (con datos de renta correspondientes al año anterior). Ponen en evidencia, por otra parte, que el deterioro asociado a la crisis resultado todavía muy evidente en 2016. De esta forma, y a pesar de la recuperación, el 11,5% de 2016 supera todos los registros del periodo 2008-2013, quedando 3,6 puntos por encima del 7,9% de 2008.

Gráfico 1. Evolución de algunos indicadores de pobreza real en España. 2008-2016.

Gráfico1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

 

Como era de esperar, la dinámica del indicador de pobreza real resulta diferente según las comunidades autónomas[1]. En primer lugar, en algunas de ellas, el impacto de la crisis sobre la pobreza real resulta moderado, con aumentos cercanos o inferiores a los dos puntos. Esta evolución caracteriza, por una parte, a algunas comunidades autónomas que, en 2008, se situaban entre las menos afectadas por la pobreza, como el País Vasco, La Rioja, Castilla-León o Aragón, zonas que consolidan en 2016 su posición social comparativamente favorecida (con tasas inferiores al 6,5%). En estos territorios, la significativa reducción de la pobreza real a partir de 2013 (2014 en Castilla-León), compensa en gran medida el importante repunte de la tasa que se observa entre 2010/2011 y 2013 (entre 2008 y 2010 en Castilla y León).

Con una incidencia comparativamente alta o media de la pobreza real en 2008, por su parte, Cataluña y Baleares sufren un aumento del fenómeno superior a la media hasta 2014. En estas dos comunidades, la recuperación económica posterior se traduce sin embargo en una importante caída del impacto de la pobreza real. En Cataluña, esto se traduce en una tasa de 8,8% en 2016, apenas 1,7 puntos superior al 7,1% de 2008. En ambos años, se trata de niveles situados en posiciones intermedias en España, pero en 2016 más cercanos a la parte de las comunidades más favorecidas (con un impacto inferior en -2,7 puntos a la media española en 2016 por -0,8 en 2008). Cataluña, sin embargo, había llegado a tener una tasa del 12,2% en 2014.

Aunque en Illes Balears la tasa de pobreza real no es muy inferior en 2016 a la de Cataluña, con un 8%, la importancia de la recuperación en las islas se traduce en el único caso de caída de la tasa de pobreza real respecto a 2008 (10,6% en aquel momento, con cifras entre 13 y 15,8% en el periodo 2012-2015 que situaban entonces a este territorio entre los más empobrecidos).

La evolución de la Comunidad de Madrid resulta igualmente peculiar por la cercanía de la tasa de pobreza real de 2008 y 2016, con apenas un incremento de 0,8 puntos entre 2008 y 2016. Madrid partía sin embargo de niveles muy superiores a la media española en 2008, con un 11,3% que superaba en 3,4 puntos el 7,9% medio de España. La comunidad madrileña se beneficia paradójicamente a partir de entonces de la emigración y del esfuerzo de protección estatal que supuso el Prodi, con una fuerte reducción de la pobreza real que llevó a situar el indicador en un 6,4% en 2010, entonces claramente por debajo de la media española del 8,9%. La reducción de la protección por desempleo y la eliminación del Prodi provoca sin embargo un fuerte repunte de la pobreza que lleva la tasa a cifras ligeramente superiores al 12% en 2013 y 2014. Tras una ligera mejora en 2015 (11,5%), la pobreza real remonta al 12,1% en 2016, muy cerca del máximo del 12,3% de 2013. Aunque la negativa evolución de otras comunidades sitúa a la comunidad-capital cerca de la media española del 11,5% en 2016, Madrid se mantiene con tasas superiores a esa media en este último año.

Frente al grupo de comunidades señalado, otras zonas de España destacan por el llamativo grado de deterioro de las condiciones de vida durante la crisis, llegando a 2016 con tasas de pobreza superiores en al menos tres puntos a las de 2008. En algunos casos, esto no es suficiente para alejar a ciertos territorios de la posición comparativamente favorecida que tenían en 2008. De esta forma, las tasas de entre el 6,4 y el 7,3% de Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra, se sitúan al menos cuatro puntos por debajo de la media española en 2016, quedando entre el grupo de comunidades con menores tasas de pobreza real en España durante ese año.

La evolución reciente es mucho más preocupante en otras zonas. En este sentido, Castilla-La Mancha y Extremadura se sitúan en 2016, con tasas de 11,5 y 12%, en una posición muy cercana a la de Madrid, cerca de la media española o ligeramente por encima. A diferencia de la capital, sin embargo, en 2008 el impacto de la pobreza real era inferior a la media en estas dos comunidades, con cifras de 7,6 y 6,8%, respectivamente. La dinámica observada entre 2008 y 2016 marca por tanto un significativo deterioro de los indicadores de pobreza real en estas dos comunidades, con incrementos de 3,9 puntos en Castilla-La Mancha y de 5,1 en Extremadura. Además de un primer deterioro a partir de 2009-2010, y que culmina entre 2012 y 2013, la significativa mejora de las tasas en 2014 se ve compensada con repuntes llamativos de la tasa de pobreza real entre 2014-2015 (Castilla-La Mancha) o 2015-2016 (Extremadura).

La tendencia alcista es muy similar en la Comunidad Valenciana, con un aumento de 4,1 puntos entre el 9,7% de 2008 y el 13,9% de 2016. El punto de partida era sin embargo mucho más negativo en esa comunidad, con tasas ya superiores a la media española en 2008 (+1,8 puntos). En 2016, la tasa valenciana se mantiene claramente por encima de la media estatal pero se aleja aún más de ella (+2,3 puntos). Un aspecto a destacar es que el mayor deterioro de la tasa de pobreza real en esta comunidad se produce a partir de 2013. Aunque el 13,9% de 2016 es inferior al máximo del 15,8% de 2014, supone un cambio de tendencia respecto a las cifras cercanas al 10% de 2013 y 2015.

Dinámica del indicador de pobreza real por Comunidades Autónomas. 2008-2016

2008

Mapa 2008

2014

Mapa 2014

2016

mapa 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

El mayor deterioro de la pobreza real en España se produce, en cualquier caso, en las comunidades autónomas de Canarias, Murcia y Andalucía, con incrementos de entre 5,9 y 7,9 puntos entre 2008 y 2016.

Aunque partía de una situación comparativamente mejor que la media en 2008, con una tasa del 6,6%, Murcia es la comunidad autónoma que más sufre el aumento de la pobreza real entre 2008 y 2014, alcanzando en este año un 16,5%, sólo superado por Andalucía (y la ciudad de Ceuta). La nítida mejoría de 2015-2016 no es suficiente y aún sitúa a este territorio 2,5 puntos por encima de la media española en 2016 (14 frente a 11,5%).

Canarias se caracterizaba, por su parte, de la tasa de pobreza real más elevada en España en 2008 (11,7%), sólo superada entonces por Ceuta. En 2011 seguía manteniendo esa posición, ahora por encima de Ceuta, con un 19,8%. La caída al 15,2% de 2014 se ve compensada con un llamativo deterioro a partir de ese año. En 2016, Canarias tiene una tasa de pobreza real que aún alcanza el 17,6%, la segunda más alta de las comunidades autónomas españolas en ese año.

Con una tasa del 18,1%, Andalucía se presenta en 2016 como la región con mayor tasa de pobreza real en España, 7,9 puntos por encima del 10,3% de 2008. Aunque esta comunidad autónoma sufre el incremento del fenómeno entre 2009 y 2010, con un 14,9% en 2010, la tasa había llegado a resituarse en el 12,6% en 2012. A partir de ahí remonta al alza de forma sustancial, alcanzando un 17,5% en 2014. La recuperación económica apenas hace caer el impacto del problema al 17,1% en 2015 para volver a un deterioro en 2016, con un máximo del 18,1%.

El análisis de las tasas de pobreza en España muestra por tanto, en 2016, una realidad muy desigual por territorios. En la parte más favorecida, las tasas se sitúan entre el 4,2 y el 6,6% en el noroeste español (Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Castilla-León, con la única excepción de Galicia), más Navarra y Aragón. Entre un 7,3 y un 8,8%, también claramente por debajo de la media española del 11,5%, se sitúan Galicia, Cataluña y Baleares.

Entre un 11,5 y un 12,1%, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid se sitúan en torno a la media española, en todos los casos con tasas muy superiores al 7,9% que alcanzaba dicha media en 2008. Claramente por encima, la tasa se sitúa entre el 13 y el 14,7% en la Comunidad Valenciana y Murcia (así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). La máxima problemática, con niveles entre el 17,6 y el 18,1%, corresponde en 2016 a Canarias y Andalucía.

Resulta llamativa la diferencia entre dos Españas que pone en evidencia el indicador de pobreza grave. En las comunidades autónomas con incidencia inferior a la media en 2016, el impacto del problema es dos puntos superior al de 2008 (7,1% frente a 5,1%). En las que superan la media, el incremento es de 4,8 puntos (de 10 a 14,8%). Aunque siempre en niveles alejados de la completa superación del problema, tanto en 2008 y 2016, las comunidades que mejor se han enfrentado al fenómeno de la pobreza real se mantienen en los dos periodos en cifras inferiores en un 50% a las del resto.

Otro aspecto que destacar es la fuerte concentración del problema en las comunidades autónomas más desfavorecidas. Un 73,5% de los casos totales de pobreza real se concentran en las comunidades del sur español (Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Murcia), más Madrid y la Comunidad Valenciana. Estas comunidades, sin embargo, ya concentraban un 71,6% de la pobreza real en 2008.

Formas de pobreza real con impacto social muy grave

En el gráfico 1 se presenta igualmente la evolución de la proporción de población que, viviendo situaciones de pobreza real, sufren consecuencias muy graves asociadas a la misma, ya sea en términos de problemas de acceso a una alimentación adecuada, pobreza energética o riesgo de endeudamiento o desacumulación. Los datos del gráfico muestran el sustancial impacto que la crisis ha tenido en el incremento de estas realidades.

En 2008 un 3,2% de la población sufría este tipo de problemas muy graves, asociados a situaciones de pobreza real. De forma paradójica, dado el aumento de la pobreza real (de 7,9% en 2008 a cifras cercanas al 9% en 2009 y 2010), el indicador se reducía al 1,9% en 2009 y al 1,5% en 2010. La paradoja se explica por el inicial efecto positivo del sistema ordinario de protección al desempleo, al que se añaden en ese periodo las nuevas medidas de apoyo a la población parada introducidas por el Gobierno Zapatero. El PRODI tuvo, en este sentido, una importancia destacada por su extensa cobertura de la población no cubierta a través de los mecanismos ordinarios.

Sin embargo, el progresivo agotamiento de los mecanismos ordinarios de protección temporal, junto a los recortes en la protección y la propia desaparición del PRODI, contribuyeron pronto a un cambio radical de tendencia, con fuertes incrementos entre 2010 y 2014 de las problemáticas consideradas. El 3,7% de 2011 ya situaba la proporción de población afectada por encima del 3,2% de 2008 pero el indicador siguió aumentado hasta niveles cercanos al 5,5% en 2012 y 2013 para alcanzar un máximo del 7,1% en 2014. La recuperación apenas permite reducir ligeramente el impacto de la pobreza real con impacto social muy grave, con un 6,4% de población afectada en 2015 y 6,2% en 2016, niveles que suponen doblar prácticamente la tasa de 2008.

En 2016, una proporción significativa de la población española se enfrenta por tanto a situaciones sociales muy graves vinculadas a la pobreza real. Se trata, en cifras absolutas, de unos 2,87 millones de personas, muy por encima de los 1,46 millones de 2008. La cifra se acerca más, en realidad, a los 3,45 millones de personas en situación de pobreza real en 2008. De hecho, uno de los cambios asociados a la crisis es que 2016 revela una proporción de personas en las situaciones más graves asociadas a la pobreza real que resulta muy cercana a la que representaba el conjunto de las situaciones de pobreza real en 2008.

Las diferencias territoriales vuelven a ser llamativas en lo relativo a este indicador. En la parte más favorecida, las tasas son cercanas o inferiores al 3,5% en Galicia, Castilla-León, País Vasco, Navarra y Aragón, pero también se sitúa en este grupo Extremadura. Aunque con una incidencia superior a la media en el indicador general de pobreza real, esta comunidad consigue situarse en la parte menos afectada en lo relativo al impacto de las formas muy graves ligadas a este tipo de pobreza.

En posiciones también comparativamente favorables, pero con tasas entre 4,2 y 5,1% se encuentran Asturias y Cantabria, además de Cataluña e Illes Balears. La Rioja y Madrid se sitúan en niveles cercanos a la media española en este indicador, con cifras entre 6,2 y 6,4%.

Ya claramente por encima de la media, la proporción de personas afectadas se sitúa entre el 7,8 y el 8,4% en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Canarias. El porcentaje llega al 9,2% en Andalucía, alcanzando un máximo del 10,4% en la Región de Murcia. En las cinco comunidades autónomas señaladas, la proporción de personas que asocian la pobreza real a un impacto social muy grave es similar o superior al impacto general que tenía en España toda la pobreza real en 2008 (7,9%). Se trata de un cambio cualitativo fundamental, con máximos situados entre el 4,3 y el 5,7% en 2008 (Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, entonces).

Los 1,65 millones de personas afectadas en las cinco comunidades autónomas señaladas suponen un 57,6% del total de personas que asocian los problemas de pobreza real a consecuencias sociales muy graves de inseguridad alimenticia, pobreza energética o endeudamiento graves. La cifra llega a 2,05 millones de personas con problemas si se incluye a la Comunidad de Madrid (recogiendo el 71,4% de todos los casos de pobreza real con impacto social muy grave).

Sin embargo, la problemática de la pobreza real con impacto social muy grave es una realidad que está también al alza en las comunidades que mejor han sabido afrontar este fenómeno. Así, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra, destacan por tener en 2016 un porcentaje de situaciones de pobreza real con impacto social muy grave que resulta más de un 20% superior a la tasa general de pobreza real conjunta que tenían en 2008. De esta forma, aunque sus tasas de pobreza real sean comparativamente bajas, las formas más graves de la misma tienen una presencia significativa en unas comunidades que, en su mayoría, mantuvieron durante varios años el ritmo de atracción de población inmigrante tras la crisis de 2008.

Pobreza real con impacto social muy grave por Comunidades Autónomas. 2016

Mapa pobreza real

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

 

ANEXO ESTADÍSTICO

Evolución del indicador de pobreza real por Comunidades Autónomas. 2008-2016

Comunidad Autónoma 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Galicia 3,7 7,1 7,1 5,8 7,5 7,2 7,5 6,4 7,3
Asturias 2,7 5,0 2,9 2,1 9,0 6,9 8,0 7,7 6,4
Cantabria 3,1 5,7 8,0 9,5 5,5 6,3 6,3 7,5 6,5
País Vasco 2,4 2,9 2,8 3,3 4,2 7,5 5,5 5,2 4,4
C.F.Navarra 1,9 5,3 3,5 2,0 3,1 1,7 6,7 4,6 6,6
La Rioja 5,1 5,4 6,6 9,4 9,5 10,1 7,9 7,9 6,4
Aragón 3,4 3,1 3,5 5,5 7,6 8,7 7,4 4,6 4,2
Madrid 11,3 10,1 6,4 9,3 9,8 12,3 12,1 11,5 12,1
Castilla-León 3,9 6,7 7,0 6,1 6,0 7,4 9,4 7,4 5,9
Castilla-La Mancha 7,6 6,9 9,2 7,2 13,7 12,9 9,4 11,6 11,5
Extremadura 6,8 9,2 17,1 9,7 10,9 10,2 8,6 8,9 12,0
Cataluña 7,1 11,0 5,4 7,3 11,0 8,9 12,2 10,6 8,8
Valenciana 9,7 10,3 7,7 9,0 11,5 10,5 15,8 10,1 13,9
Illes Balears 10,6 10,8 8,5 9,7 15,8 13,0 14,4 14,4 8,0
Andalucía 10,3 10,2 14,9 13,0 12,6 14,4 17,5 17,1 18,1
Murcia 6,6 10,9 18,2 9,7 13,9 14,0 16,5 16,9 14,0
C.A.Ceuta 20,2 22,9 21,5 13,9 29,5 29,8 20,4 14,4 14,7
C.A.Melilla 10,0 14,9 14,9 17,0 9,7 14,6 14,3 11,8 13,0
Canarias 11,7 13,9 16,0 19,8 15,4 15,7 15,2 18,9 17,6
Total 7,9 9,2 8,9 9,0 10,6 10,9 12,5 11,5 11,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

Evolución del indicador de pobreza real con impacto social muy grave por Comunidades Autónomas. 2008-2016

Comunidad Autónoma 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Galicia 1,7 0,9 1,5 2,4 3,3 2,5 3,5 3,8 3,4
Asturias 0,5 0,0 0,5 1,0 3,4 3,9 6,3 5,2 4,3
Cantabria 0,2 0,5 0,3 4,4 2,0 3,9 5,0 5,9 4,7
País Vasco 1,2 0,7 0,1 2,1 2,2 4,7 3,8 3,2 3,2
C.F.Navarra 1,6 1,3 0,7 1,5 2,4 1,3 4,4 2,0 2,9
La Rioja 1,4 0,6 0,5 7,2 4,7 8,1 5,1 5,6 6,4
Aragón 1,4 0,1 0,9 1,7 2,2 5,5 4,4 2,7 2,6
Madrid 5,7 2,0 1,1 2,4 4,9 6,7 6,7 6,6 6,2
Castilla-León 0,8 0,4 0,9 2,5 3,6 3,0 4,2 4,2 2,1
Castilla-La Mancha 4,5 0,8 0,9 4,2 6,7 7,4 6,7 6,6 7,8
Extremadura 1,9 0,5 2,2 1,9 5,7 3,7 1,7 4,5 3,5
Cataluña 2,3 1,8 1,7 2,8 6,2 4,5 6,6 7,0 5,1
Valenciana 5,7 3,3 1,2 3,5 5,5 6,1 10,6 4,6 8,4
Illes Balears 1,9 1,5 2,3 6,8 7,6 9,2 10,4 9,2 4,2
Andalucía 3,5 2,5 1,9 6,0 7,5 6,5 9,5 8,6 9,2
Murcia 4,3 5,1 7,1 4,0 8,4 9,2 11,1 9,0 10,4
C.A.Ceuta 4,3 6,0 0,0 9,9 22,0 18,5 12,1 13,8 3,9
C.A.Melilla 8,3 0,9 0,3 5,9 2,8 7,7 10,9 11,6 10,3
Canarias 2,5 3,6 1,0 7,5 4,5 8,7 6,4 9,8 8,0
Total 3,2 1,9 1,5 3,7 5,5 5,7 7,1 6,4 6,2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.


ANEXO METODOLÓGICO

La aproximación al estudio del impacto de la pobreza real se ha basado en el intento de aplicar los principios utilizados en la EPDS vasca a los datos de la ECV para el conjunto de España. La EPDS revela, en este sentido, que las situaciones reales de pobreza no sólo dependen de la situación de ingresos existente sino del acceso adecuado a bienes y servicios de consumo a medio y largo plazo y de un mínimo patrimonio de reserva para afrontar situaciones de crisis.

Teniendo en cuenta algunas limitaciones de información de la ECV, se ha determinado qué información disponible en esta última encuesta podría servir para obtener una aproximación al indicador de pobreza real de la EPDS. Del análisis realizado, se concluye que pueden considerarse en situación de pobreza real a los hogares en los que se detectan, en la ECV, las siguientes situaciones:

  1. Disponer de ingresos inferiores al 40% de la mediana de ingresos equivalentes PPC por unidad de consumo y tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva.
  2. Disponer de ingresos entre el 40% y el 50% de la mediana de ingresos equivalentes PPC por unidad de consumo, tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva y, además, una situación en la que se combinan problemas de impago (uno o más) y falta de cobertura de las necesidades de alimentación (pregunta HS050 de la ECV).
  3. Disponer de ingresos entre el 40% y el 50% de la mediana de ingresos equivalentes PPC por unidad de consumo, tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva y, además, una situación en la que se combinan problemas graves de impago (dos o más) y problemas para alcanzar una temperatura adecuada durante los meses de invierno (pregunta HH050 de la ECV).

Se considera que existen problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva, cuando está presente en el hogar alguna de las siguientes circunstancias:

*  Falta de capacidad para afrontar gastos imprevistos.

*  Tres o más carencias en lo relativo al acceso a los siguientes bienes (teléfono, TV color, ordenador, lavadora).

*  Ausencia de agua corriente, o bañera/ducha, en la vivienda o sus anexos.

Por su parte, la aproximación a los impagos tiene en cuenta, de forma acumulada, los distintos tipos de impagos previstos en la ECV (HS011, HS021 y HS031).

En la aproximación a la disposición de ingresos se ha tenido en cuenta el impacto diferencial de los precios por territorios. A tales efectos, y tomando la media española como base de referencia, en la ECV se han ajustado (al alza o a la baja) los ingresos reales de los hogares a las paridades de poder de compra (PPC) entre comunidades autónomas, determinadas en términos de garantía de un nivel de bienestar equivalente para distintos niveles de precio.

Estas PPC se han estimado a partir de las respuestas ofrecidas por los hogares en la pregunta de la ECV relativa a la cuantía necesaria para llegar a fin de mes (HS130), calculada por unidad de consumo. Dado el limitado tamaño muestral de esta operación estadística, y teniendo en cuenta dinámicas cercanas de percepción de costes asociados a la idea de llegar a fin de mes, la aproximación se ha realizado para las siguientes comunidades autónomas o agrupaciones de comunidades autónomas:

*  Madrid.

*  Cataluña/Baleares.

*  Navarra.

*  País Vasco.

*  Aragón, Rioja, Cantabria, Asturias, Castilla-León y Galicia.

*  Comunidad Valenciana.

*  Canarias.

*  Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Ceuta/Melilla.

*  Extremadura.

Para neutralizar el impacto de las estructuras de costes diferenciadas, ligadas al ciclo de vida, el procedimiento se ha aplicado de manera diferenciada para tres tipos de hogares, en función de la edad de su persona de referencia (< 45 años; 45-64 años, 65 y más años). De cara a eliminar los condicionantes ligados a la percepción diferenciada de necesidades de la población más alejada de la pobreza, por otra parte, en la aproximación se ha trabajado en exclusiva con hogares situados en los niveles 1 a 3 de la HS120 de la ECV, esto es, hogares que señalan llegar al menos con cierta dificultad a fin de mes.

Debe recordarse finalmente, para entender el significado de los ingresos PPC considerados, que éstos corresponden siempre a la renta estimada para el año anterior al de realización de cada operación anual de la ECV.

En el estudio, se han determinado igualmente unas situaciones de especial gravedad dentro de la pobreza real, entendiendo por tales aquellas que vienen asociadas a consecuencias sociales muy graves para las personas afectadas (impacto social muy grave). En este sentido, las situaciones de pobreza con impacto social muy grave son aquellas en las que, además de pobreza real, están presentes algunas de las siguientes situaciones:

  1. Problemas de impagos (uno o más), indicativos de una línea de endeudamiento muy grave.
  2. Problemas de falta de cobertura de las necesidades de alimentación, indicativos de una inseguridad muy grave en el acceso a la alimentación.
  3. Problemas para alcanzar una temperatura adecuada durante los meses de invierno, indicativos de condiciones muy graves de pobreza energética.

Se entiende que, al asociarse a una situación general de pobreza real, la presencia de alguna de estas realidades es indicativa de un proceso muy grave de empobrecimiento o desacumulación.

NOTAS

[1]   El análisis territorial pretende reflejar tendencias más que conclusiones definitivas. Dos aspectos condicionan, en este sentido, los resultados: por una parte, el bajo tamaño de la muestra para la mayor parte de las comunidades autónomas, en especial las de menor población en España; por otra, la falta de experiencia de investigación en una aproximación basada en el uso de ingresos PPC (Paridad de Poder de Compra), uno de los aspectos que configuran el marco metodológico de este trabajo.

Los perdedores de las políticas sociales en España. El caso del desempleo. Luis Sanzo

El pasado 9 de junio, en su artículo ¿Quién se beneficia de las políticas sociales?, Manuel Alejandro Hidalgo analizaba la política de redistribución en España. Concluía señalando que “a pesar de que las transferencias sociales son importantes en los hogares de menor renta, en términos absolutos no suponen una cantidad destacable” para la población más necesitada.

Para ahondar en el debate, comentaré algunos datos complementarios. Mi objetivo es considerar la aparente homogeneidad, en los deciles 2 a 8, que muestran los datos obtenidos por Hidalgo en su análisis de la ECV. A partir de un análisis de la información relativa a las prestaciones por desempleo, mis aportaciones de cara a la posterior reflexión se resumen a continuación.

La política de prestaciones por desempleo perjudica, de forma llamativa, a la población económicamente más desfavorecida en España

La primera idea a destacar es que, más allá de su distribución por deciles, la política de prestaciones por desempleo en España perjudica a la población en situación de riesgo de pobreza y ausencia de bienestar. Como se ve en la tabla1, en los hogares con experiencia del desempleo durante el último año, apenas un 24% del gasto en prestaciones sociales por esta contingencia se orientó en 2013 a los que dispusieron de ingresos inferiores al 60% de la mediana. Se trata de una proporción claramente inferior al 33,6% que suponía la población residente en estos hogares en riesgo.

El desfase es particularmente llamativo en los hogares con problemas de pobreza grave, con ingresos inferiores al 40% de la mediana. En este caso, aunque la población de estos hogares supone un 17,2% de la residente en hogares de desempleados, apenas disponen de un 10,9% del gasto en prestaciones por desempleo.

Tabla 1

Tabla1.png

Fuente: ECV-2014. INE. Elaboración propia

La distribución relativamente homogénea por deciles oculta una desatención creciente conforme se desciende en la escala de ingresos

Uno de los aspectos a priori más sorprendentes de los datos aportados por Manuel Hidalgo es la homogeneidad en los ingresos por unidad de consumo según deciles de ingresos. La tabla 2 muestra esta realidad, palpable prácticamente para el conjunto de los deciles 2 a 9.

Tabla 2

Tabla2

Fuente: ECV-2014. INE. Elaboración propia

La imagen de homogeneidad se ve sin embargo condicionada por una distribución desigual del desempleo por deciles, con un impacto superior del problema en los hogares económicamente menos favorecidos.

Si se comparan los ingresos mensuales medios por persona desempleada dentro de cada decil (ver tabla 3), se constata que la protección disminuye conforme nos acercamos al 10% más pobre de la distribución. En este último grupo, el ingreso mensual medio por parado/a es apenas de 130 euros. La cuantía aumenta de forma progresiva en los deciles 2 a 6, pero se mantiene por debajo de los 275 euros. En los deciles 7 a 9, la cuantía oscila entre 288 y 392 euros, todavía dentro de márgenes más cercanos al esquema no contributivo, ligado al IPREM. Sólo en el decil 10 la cuantía se sitúa en el margen propio de las prestaciones contributivas, con una media de 1.114 euros.

Llaman la atención los bajos niveles de las prestaciones medias en el 10% más pobre de los hogares con personas desempleadas. Una realidad que ayuda a explicar el hecho de que España sea uno de los países de Europa con menor participación del decil 1 en los ingresos totales.

Tabla 3

Tabla3

Fuente: ECV-2014. INE. Elaboración propia

El sistema castiga a las comunidades autónomas que tratan de apoyar a los colectivos más desfavorecidos a través de prestaciones de asistencia social (Rentas Mínimas)

Un tercer aspecto a destacar es que el intento de cubrir de forma decidida las carencias que afectan a los grupos más pobres es castigada en el sistema de protección español. En particular, la política de incompatibilidades entre las prestaciones de la Seguridad Social y las Rentas Mínimas se traduce en un gasto menor en prestaciones por desempleo en las comunidades que han impulsado un modelo alternativo de protección.

Como se observa en la tabla 4, el País Vasco protege más a los hogares de personas desempleadas a través de su política social complementaria. Pero al actuar de esta forma, superando el marco de protección establecido por el Estado, este tipo de actuación se traduce en la práctica en una aportación muy disminuida desde la Administración Central en concepto de prestaciones por desempleo. Es una de las facetas más contradictorias de la aplicación de la idea de igualdad en España.

Tabla 4

Tabla4

Tal y como indican algunos datos presentados por Manuel Aguilar, algunas comunidades hoy a la cabeza del impulso de las Rentas Mínimas, como Navarra, están igualmente experimentando este curioso proceso de desistimiento de la Administración General del Estado en la protección a la población desempleada con menor nivel de ingresos en España.

NOTAS METODOLÓGICAS

Concepto de desempleo utilizado

Personas en desempleo (parado/a): Se entiende en sentido muy amplio a las personas que en el último año han estado en algún momento en situación de desempleo o que han accedido a prestaciones por desempleo.

De acuerdo con el análisis, al tratarse de ingresos anuales en la ECV, se asimila el concepto de parado/parada a la experiencia del desempleo, o la percepción de prestaciones por esta contingencia, en algún momento del último año.

Hogares analizados

El análisis se centra en los hogares con alguna persona entre 18 y 62 años, dentro de los que se profundiza en los casos con presencia de alguna persona afectada en el último año por el desempleo.

La estructuración por deciles se basa, para este grupo, en los ingresos totales por unidad de consumo.

Periodo de referencia

Se analizan las rentas correspondientes al año 2013, disponibles en la ECV-2014, para seguir la línea del artículo de Hidalgo.

GARANTÍA DE INGRESOS Y RENTA BÁSICA. Versión completa. Luis Sanzo

Un debate en el que la Renta Básica empieza a ser tenida en cuenta

Durante la crisis, el modelo de Seguridad Social en España ha mostrado evidentes limitaciones para asegurar unos ingresos suficientes a toda la población. El fuerte crecimiento del gasto en rentas mínimas en los últimos diez años es indicativo de estas limitaciones.

Pero, como la propia acción autonómica en este campo, estas carencias eran ya visibles con anterioridad a la crisis, referidas a tres tipos de problemas concretos en la acción social del Estado:

  1. En primer lugar, la completa desatención de algunos colectivos en situación de necesidad, en particular entre la población desempleada sin derecho a prestaciones estatales.
  2. En segundo lugar, la insuficiente protección derivada de las bajas cuantías de las prestaciones del sistema de Seguridad Social (particularmente llamativa en zonas de fuerte concentración urbana, con un coste de la vida muy superior a la media española).
  3. Y, finalmente, la falta de protección a la población trabajadora con bajos ingresos[i].

El manifiesto fracaso de la política de garantía de ingresos de la Administración General del Estado durante la crisis está en el origen del debate actual sobre la reforma del sistema de Seguridad Social.

Entre las distintas propuestas formuladas, las que han conseguido situarse en el debate parlamentario son las que plantean mejorar la protección al desempleo de larga duración. Se trata, por un lado, de la ILP para una Prestación de Ingresos Mínimos, de UGT y CCOO, cuya tramitación ha sido aceptada por el Congreso; y, por otro, en la medida en que podría inspirar la formulación final de la alternativa de ajuste de ese modelo de prestación, el Ingreso Mínimo Vital del PSOE. Ambas propuestas tratan de extender la protección por desempleo a situaciones de necesidad a largo plazo, tendiendo a garantizar una protección indefinida. Prevén además complementos por hijos/as o por el resto de miembros de la unidad de convivencia.

En lo relativo a los bajos ingresos, por su parte, Ciudadanos ha puesto sobre la mesa su oferta de complemento salarial. Pero su pretensión parece más bien simbólica, un aspecto puesto de manifiesto en los limitados avances contenidos tanto en su acuerdo de investidura con el PSOE de Pedro Sánchez como en el acuerdo presupuestario alcanzado con el Partido Popular.

El problema de los bajos ingresos es una cuestión que Podemos también ha contemplado en su modelo de Renta Garantizada. Esta propuesta es más ambiciosa en su dimensión económica que el IMV socialista o la ILP sindical, pero no ha conseguido por ahora situarse como alternativa realizable en esta fase del debate. Es posible, sin embargo, que algunos de los planteamientos del grupo puedan considerarse en el trámite parlamentario de la ILP.

El debate sobre la política de garantía de ingresos empieza sin embargo a desbordar el estrecho marco de la coyuntura ligada a la crisis en España para considerar los procesos más amplios ligados a la globalización y al desarrollo de las fuerzas productivas. En este sentido, se perfila en Occidente un escenario en el que se anticipa un cierto fin del trabajo para todos/as, en especial en el contexto del potencial impacto destructivo de la extensión del proceso de automatización al sector servicios. Es la razón por la que la Renta Básica, universal, individual e incondicional se presenta cada vez más como una posible solución a contemplar.

En los últimos años, la propuesta de Renta Básica ha conseguido introducirse en programas políticos en España. Además de otros grupos con menor peso político, Podemos la planteó en su programa europeo. Aunque sin renunciar a un “Ingreso Mínimo Vital, y la iniciativa de los sindicatos [] de establecimiento de una renta mínima”, en el programa del nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, se menciona como inevitable “valorar la pertinencia de fórmulas viables relacionadas con una Renta Básica Universal[ii].

Los condicionantes: un sistema de protección estatal que seguirá teniendo límites en su capacidad de protección

Las perspectivas que abre el debate señalado se ven con optimismo desde muchos sectores. Mi posición es más matizada.

No se trata de negar, por una parte, que la posible introducción de la Prestación de Ingresos Mínimos de UGT y CCOO, en una versión adaptada o no al Ingreso Mínimo Vital del PSOE, suponga una mejora significativa en la política de garantía de ingresos en España. Pero algunas de las limitaciones señaladas con anterioridad seguirán condicionando la eficacia de la protección general del Estado.

En particular, es poco probable que las cuantías garantizadas sean suficientes para reducir de forma definitiva el impacto de la pobreza. Las limitaciones asociadas a las cuantías caracterizan la propuesta sometida a debate en el Congreso de los Diputados. Situada en el 80% del IPREM, los ya casi crónicos 426€, la cuantía básica de la ILP y del IMV sigue resultando muy baja y se aleja del umbral de cobertura de las necesidades reales, en especial en las comunidades más urbanizadas del país. Tal y como ha sido formulada, la ILP sindical introduce además problemas de compatibilidad con las rentas mínimas autonómicas más protectoras.

En caso de ser posible avanzar en una línea de introducción de la Renta Básica, por otra parte, su coste potencial también limitaría las cuantías susceptibles de ser garantizadas por esta vía. Esa es la conclusión lógica a la que se llega si se considera el gasto adicional que los partidos que determinan en la actualidad los procesos de acceso al poder (PP, PSOE y Ciudadanos) parecen estar dispuestos a destinar a estas medidas. En la versión hasta ahora más favorable, la del fracasado acuerdo programático PSOE-Ciudadanos, se trata de alrededor de 7.500 millones de euros, equivalentes a algo menos del 0,7% del PIB. La propuesta sindical y la de Podemos son más ambiciosas, situándose en unos 13.000-15.000 millones, pero no pasan de un 1,20-1,35% del PIB.

El margen que ofrece este marco presupuestario es reducido en términos de las posibles cuantías de una Renta Básica. Con 15.000 millones disponibles, en una aproximación estricta al modelo, con una transferencia estatal susceptible de sumarse a cualquier otro tipo de ingreso, la cuantía mensual de la Renta Básica sería de 29,49€ para la población adulta y de 14,74€ para la población menor[iii].

Si el presupuesto disponible se ampliara a 75.000 millones (un 6,73% del PIB), las cuantías podrían ampliarse a 73,72€ mensuales para menores de 18 años y a 147,44 para mayores de esa edad. En el caso de una pareja con dos hijos/as, y en ausencia de cualquier otro ingreso, estaríamos hablando de 442 euros mensuales, de apenas 147 en el caso de una persona viviendo sola. Como es bien conocido, los sistemas de rentas mínimas autonómicas que tienen cierta operatividad en España garantizan bastante mayor protección a los grupos necesitados.

Durante los próximos años asistiremos sin duda a un importante debate respecto al fundamento del modelo de protección social en España en el que se enfrentarán concepciones más o menos actualizadas de la Seguridad Social clásica con los nuevos planteamientos sobre Renta Básica. No tengo hipótesis fundamentadas sobre el resultado de ese debate esencial pero es probable que el escenario al que nos enfrentaremos en las próximas décadas en España vendrá marcado por un contexto de bajas cuantías en las prestaciones del sistema general de garantía de ingresos[iv].

Por supuesto, resultaría deseable que un sistema de Renta Básica garantizara el acceso a niveles suficientes de bienestar a la población. En todo caso, debería cubrir lo que ciertos autores, como Daniel Raventós, han definido como el derecho a la existencia. Dicho de otra forma, el derecho a la vida y a prestaciones suficientes en caso de necesidad en términos del lenguaje de la actual Constitución española. Pero no parece probable que eso sea posible, al menos corto y medio plazo, en España. En este sentido, no se perciben mayorías políticas dispuestas a impulsar, de forma efectiva, un sistema de cuantías suficientes a través de la Renta Básica, o de otros mecanismos propios de la Seguridad Social tradicional.

Dos errores a evitar en un contexto de recursos limitados

La existencia de recursos presupuestarios limitados, en especial tras la crisis, es una de las razones por las que prácticamente nadie en España trabaje con un modelo de Renta Básica clásico, basado en transferencias brutas a la población, sino con una aproximación neta en la que la aportación final dependa del nivel de ingresos. El mecanismo planteado es el impuesto negativo, descontando en el IRPF parte de la renta disponible para garantizar, en términos efectivos, los umbrales señalados. El sistema es sin embargo compatible, en términos formales, con los planteamientos básicos de la Renta Básica.

En los últimos quince años, el debate sobre la Renta Básica se ha orientado a mejorar este modelo de aproximación neta a través del IRPF con el objetivo de hacer viable la propuesta en términos financieros, y así conseguir el necesario apoyo político. Se trata de una cuestión decisiva en un país con un alto nivel de endeudamiento público y en el que la dinámica del envejecimiento, y su presión sobre las pensiones, llevará en los próximos años a situar el gasto social en los niveles existentes en los países europeos socialmente más avanzados.

En la forma en que se desarrollan los principios susceptibles de hacer viable un modelo de protección social basado en este tipo de Renta Básica neta, hay algunos aspectos en los que me mantengo alejado de los planteamientos hoy dominantes. Hay dos errores potenciales, en particular, sobre los que querría llamar la atención[v].

En la aproximación Seguridad Social/Renta Básica

El primero de estos posibles errores tiene que ver con el tratamiento de las prestaciones generales de la Seguridad Social y del sistema de desempleo.

Como ya ha sido señalado, en la dimensión relacionada con la garantía de ingresos, el principal problema al que se enfrentan las propuestas de Renta Básica en España se relaciona con la suficiencia de las cuantías susceptibles de garantizarse. En el supuesto de poderse implantar el modelo, en la práctica se trataría de cuantías bajas que, para muchas personas, resultarían insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Este problema es tanto más importante como que muchas propuestas de Renta Básica implican la eliminación de las prestaciones de la Seguridad Social, en todo caso con la excepción parcial de la protección contributiva. En el contexto anglosajón, la voluntad de liquidar la Seguridad Social en su conjunto es una de las razones explícitas de la apuesta por la Renta Básica por parte de algunos sectores conservadores.

Sin embargo, la construcción del actual sistema de protección ha supuesto un gran esfuerzo y no debería ser desmontado sino completado, teniendo en cuenta la perspectiva que defiende la Renta Básica, esto es, la idea de una universalización, de acuerdo con planteamientos de incondicionalidad, de la protección económica individual a las personas. Ésta resulta una vía más apropiada, y menos susceptible de favorecer la apuesta destructora que supondría sustituir por completo el sistema de Seguridad Social por una Renta Básica única y de cuantía insuficiente. Ésta es la alternativa neoliberal al actual sistema de protección, de las propuestas iniciales de Milton Friedman a las más recientes de Charles Murray.

Es importante recordar en este punto, además, que el sistema de prestaciones no puede reducirse a única modalidad de intervención. Es preciso considerar necesidades específicas, como las derivadas de la dependencia, por ejemplo.

De esta forma, no sólo es necesario mantener el sistema de prestaciones contributivas sino que sería conveniente desarrollar el proyecto de Renta Básica teniendo en cuenta las actuales prestaciones asistenciales. Las acciones de universalización de la Renta Básica deberían complementar lo existente y no sustituirlo. No obstante, sí sería necesario ajustar el contenido de las actuales prestaciones de forma que se adapten a los principios de universalidad e incondicionalidad en el acceso individual a los apoyos, una vez determinada la presencia de determinadas contingencias a proteger.

En la consideración de las Rentas Mínimas o Garantizadas

Otra cuestión relevante es la tendencia de los defensores de la Renta Básica a contraponer su propuesta con la de las Rentas Mínimas o Rentas Garantizadas. Se trata de una contraposición que carece de sentido puesto que se trata de modelos de política social de naturaleza completamente diferente y que, además, resultan potencialmente complementarios.

El objetivo de los programas de rentas mínimas o garantizadas es facilitar, de forma subsidiaria y complementaria, unos ingresos mínimos a la población, teniendo en cuenta las formas concretas de convivencia que la caracterizan. En cambio, como en el caso del sistema de prestaciones de seguridad social, la finalidad central de la Renta Básica es consolidar el principio de acceso universal de toda la población a ingresos básicos, un propósito que se plantea, o al menos debería plantearse, en términos estrictamente individuales. De esta forma, mientras las rentas mínimas se mueven en el terreno de lo residual y complementario en la acción general de protección, la Renta Básica y las prestaciones de la Seguridad Social compiten por definir el marco central de la protección en un país.

En este punto, una discrepancia esencial con los principales portavoces de la Renta Básica en España es la propuesta de liquidación de las rentas mínimas. En el papel subsidiario y complementario que las caracteriza, y en un contexto de cuantías bajas de las prestaciones de la Seguridad Social, o de la Renta Básica que pudiera sustituirla, las rentas mínimas, gestionadas hoy por las comunidades autónomas, seguirán siendo esenciales para acercar a la población a niveles mínimos de bienestar o, en su defecto, a la superación de la pobreza. Una cosa es que se trate de prestaciones residuales; otra que se trate de prestaciones sin un papel esencial para determinados colectivos de riesgo en nuestra sociedad.

Me parecen por tanto equivocadas las propuestas que hoy están sobre la mesa y que plantean la liquidación de estas iniciativas autonómicas, propuestas que definen a una parte dominante de la izquierda política y sindical en España (aunque con significativas excepciones).

Este sistema de rentas mínimas condicionadas a la insuficiencia de recursos y de base convivencial debería cumplir, cuando ello fuera necesario, al menos tres objetivos. En primer lugar, deben asegurar que los niveles de cobertura de las necesidades básicas están suficientemente garantizados, teniendo en cuenta la configuración interna de los hogares existentes. Este sistema debería igualmente atender a colectivos que quedaran al margen de las prestaciones generales, por ejemplo determinados grupos de población extranjera.

En segundo lugar, estos sistemas complementarios de garantía de ingresos deben tener en cuenta factores específicos que sitúan diferencialmente a las personas ante la posibilidad de hacer frente a sus necesidades básicas: problemáticas personales especiales, diferentes niveles de coste de vida, en particular en lo relativo al acceso a la vivienda o a la energía, etc. Mientras estas necesidades específicas no se atiendan de forma adecuada y suficiente por los sistemas generales de protección, las iniciativas autonómicas mantienen todo su sentido.

Finalmente, además de cubrir necesidades extraordinarias o excepcionales (ayudas de emergencia social), los programas autonómicos deben igualmente contribuir a facilitar el acceso a los bienes y equipamientos necesarios a largo plazo para mantener unas condiciones de vida adecuadas o asegurar condiciones de habitabilidad adecuadas.

En definitiva, junto al sistema de protección general, con su sistema de prestaciones individuales o de Renta Básica, es preciso un sistema complementario de garantía de recursos como el que desarrollan en la actualidad las comunidades autónomas, ajustado a las necesidades de las unidades de convivencia realmente existentes.

La experiencia histórica avala la necesidad de una actuación complementaria significativa desde las Rentas Mínimas autonómicas. En Euskadi, por ejemplo, la protección garantizada por la comunidad autónoma tiene mayor impacto en la lucha contra la pobreza que la acción del Estado, excluidas las pensiones.

Dos datos avalan esta última afirmación. Por un lado, entre la población en situación de pobreza en el País Vasco, un 38,3% de los ingresos totales de la población pobre proceden del sistema RGI/PCV/AES por apenas un 18,6% del sistema de pensiones, desempleo y otras prestaciones de la Administración General del Estado. Por otro lado, de los 6,85 puntos de caída en la tasa de pobreza severa por transferencias no relacionadas con las pensiones (de 11,71 a 4,86%), un 44,9% es atribuible al sistema RGI/PCV/AES por 37,2% al sistema de desempleo y demás transferencias de la Seguridad Social, y otro 17,9% a las transferencias de ONG como Cáritas y a las ayudas directas entre las familias.

No se trata sin embargo de considerar a las rentas mínimas como mecanismos alternativos a la Renta Básica, ni tampoco como instrumentos de paso en lo que sería un camino hacia la Renta Básica. Su lógica y sentido resultan diferentes y el desarrollo de ambas actuaciones debe ajustarse a esta lógica diferenciada.

Pasos en la dirección de la Renta Básica en España

Acciones parciales de Renta Básica o de ingreso de participación

Es importante insistir en la necesidad de introducir un modelo de prestaciones de garantía de ingresos que suponga un avance social efectivo en la distribución del producto social. Además de mantener el sistema de última red que representan las Rentas Mínimas, esto pasa por ampliar y mejorar el actual sistema de Seguridad Social, incluyendo medidas diseñadas desde una lógica funcional con los planteamientos de la Renta Básica.

En el caso español, resulta de hecho factible ampliar desde esa lógica los ámbitos de protección. Los principales colectivos en los que podrían plantearse propuestas de Renta Básica o de naturaleza similar serían, en mi opinión, los siguientes:

  1. La población menor, un grupo cuya protección esencial podría basarse en una modalidad de renta básica.
  2. La población desempleada menor de 35 años sin prestaciones, en la que podría concebirse una aproximación cercana al mecanismo de ingreso de participación propuesto en su momento por Atkinson. De esta forma, en este grupo, el acceso a una garantía de ingresos podría quedar ligado al desarrollo, libremente elegido, de acciones de búsqueda de empleo, formación o participación en actividades sociales.
  3. La población mayor de 35 años sin ingresos, con independencia de los motivos por los que se carece de un empleo o prestación alternativa.

Por los motivos ya considerados, las cuantías no podrían ser inicialmente suficientemente altas pero sí podrían concebirse, dentro de esos colectivos, como universales e individuales. Salvo en el caso de la población desempleada menor de 35 años, en las que la protección quedaría vinculada a un proyecto personal de participación social, formativo o laboral, se trataría también de prestaciones estrictamente incondicionales.

Estas actuaciones se integrarían en el sistema general de prestaciones de la Seguridad Social. En el resto de sus actuaciones, por ejemplo en lo relativo a las prestaciones no contributivas por jubilación e invalidez, sería necesario potenciar la dimensión individual e uniforme de la protección personal.

En un modelo en el que el acceso a la formación universitaria a precios accesibles a toda la población siga estando garantizado, no sería necesario plantear medidas complementarias de capital básico universal. Estas medidas sí deberían considerarse, no obstante, en países como Estados Unidos para garantizar la igualdad de oportunidades. Pero no deberían plantearse como acciones alternativas, sino más bien complementarias, a la protección general del sistema de seguridad social o de Renta Básica.

El modelo de gestión vía IRPF y las economías de escala ligadas a la convivencia

En especial en el caso de la población trabajadora, las medidas propuestas con anterioridad son compatibles con una mejora del nivel de ingresos personal a través de un sistema de impuesto negativo, tal y como plantean en España los defensores de la Renta Básica. En la perspectiva del modelo de Renta Básica neta a través del IRPF, uno de los elementos que podrían aumentar la viabilidad política de la propuesta, mejorando el sistema de cuantías pero limitando al mismo tiempo los costes, sería considerar las economías de escala asociada a las formas de convivencia.

Como es conocido, el acceso universal a la Renta Básica se plantea en su formulación clásica con carácter individual y de manera uniforme: la misma cuantía de Renta Básica debe pagarse a cada ciudadano o ciudadana. Este planteamiento de uniformidad no tiene en cuenta el impacto económico de la convivencia, con dos consecuencias negativas: se incrementa, por una parte, el coste potencial de introducción de la propuesta y se determinan, por otro, distintos grados de libertad real en situaciones de convivencia diferentes. La uniformidad de partida de la Renta Básica se traduce así en una realidad final de protección desigual.

Resulta así conveniente pensar en fórmulas que hagan compatible el principio del derecho individual e igual a una Renta Básica con la necesidad de que la cuantía percibida sea efectivamente igual para toda la población en su capacidad para garantizar la supervivencia o el bienestar. Esto es inviable si no se neutraliza el efecto de las economías de escala asociadas al marco de convivencia. Aunque pueden plantearse otras soluciones[vi], la que sigue resultando más operativa es introducir una Renta Básica de unidad de convivencia, complementaria a la Renta Básica individual, que recoja el nivel medio de gastos comunes a todos los hogares, con independencia de su tamaño.

Los límites a la intervención: la concepción y la extensión del principio de solidaridad y apoyo mutuo

En la defensa de esta política de garantía de ingresos y de igualdad de oportunidades entre la población, es preciso considerar el marco ideológico que haga factible que las políticas de solidaridad sean viables, pero también que delimite hasta dónde llega la voluntad de redistribución. Es preciso ser conscientes de que estas políticas de redistribución, incluida la Renta Básica, pueden tener objetivos diferentes: uno amplio, centrado en una distribución del producto social suficientemente justa entre los miembros de la sociedad (ámbito de la acción general de la Seguridad Social y/o de la Renta Básica); y uno más restringido, vinculado a los procesos que garantizan en última instancia unos ingresos mínimos a toda la población (en el que la actuación de las prestaciones generales señaladas se complementa con las Rentas Mínimas o Garantizadas).

En nuestras sociedades competitivas, sin embargo, lejos de retroceder, parecen haber aumentado las reticencias sociales a sostener prestaciones que no se fundamenten, en el caso de personas en edad activa, en una contribución de algún tipo. La crisis, lejos de haber legitimado las políticas de garantía de ingresos, las ha colocado en situación difícil, tanto en términos de sostenibilidad financiera como de legitimación social. Sólo será posible relanzarlas desde el impulso de los principios de solidaridad y apoyo mutuo dentro de la sociedad.

Lo que queda más allá de la Renta Básica: un peligro creciente de exclusión social

El proceso de desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnología, con la previsible intensificación que anuncia la nueva fase de automatización o robotización, no sólo plantea problemas crecientes de acceso a unos ingresos suficientes. Entre la población más desfavorecida, en particular la menos formada y cualificada, aumenta el riesgo de cristalización de núcleos amplios de desempleo de larga duración, potencialmente cronificados. Durante la crisis, ya se han observado significativos procesos sociales en esta dirección.

Por muy parcial que pueda aún llegar a ser el problema, en un escenario de acercamiento al fin del trabajo, el debate desborda el marco de las disfunciones que podría provocar, en el sistema de rentas, un desempleo elevado y estructural. La garantía de unos ingresos económicos suficientes no es el único problema asociado a la automatización, planteándose igualmente cuestiones que afectan a los procesos generales de inclusión dentro de la sociedad. La obsolescencia de determinados trabajos, o del trabajo como tal, afecta en realidad al propio sentido social de la existencia.

En la sociedad hipertecnologizada que se nos anuncia, la actividad orientada a la obtención de rentas seguirá siendo un elemento central de la vida humana para una parte de la población, en especial para la más adaptada a las nuevas tecnologías. Sus perspectivas de mejora del nivel de vida a través del aumento de la productividad contrastan, dados los límites a los que se enfrentan las políticas de redistribución, con el riesgo de exclusión estructural de la población situada al margen del sistema productivo.

En este escenario polarizado, las respuestas a dar a la insuficiencia de ingresos apenas representan una parte de un problema más amplio de inclusión social, una cuestión que no puede despacharse en términos del tiempo disponible creciente que vendrá de la mano del aumento de la productividad. Sin duda, existe vida más allá del trabajo orientado a la obtención de ingresos y rentas, tanto en términos de pura actividad como de disfrute de la existencia, una realidad que puede situar sobre nuevas bases los procesos de integración en la sociedad. Pero, mientras la participación social tenga una conexión con el trabajo o la actividad productiva, el desempleo será percibido por muchas personas como un grave problema social, fuente de exclusión de la sociedad.

No es éste el ámbito principal para desarrollar este debate (que constituye un punto central en el diseño del sistema de rentas mínimas en España) pero sí es importante señalar que el derecho a una participación efectiva y digna en la sociedad es un elemento clave que no queda resuelto con el acceso a una Renta Básica, menos aún si ésta, como es más que previsible, resulta de cuantía muy reducida.

Es evidente que los procesos de inclusión en la sociedad se vinculan a dimensiones de cohesión e integración que no pueden reducirse a las estrictamente ligadas al ingreso. No se trata, sin embargo, con ello de exigir compromisos de participación sino de ofrecer a la población vías para que esa participación sea posible.

NOTAS

[i]    Aunque algunos aspectos han acentuado esta problemática tras la crisis, el avance del trabajo a tiempo parcial por ejemplo, el problema de los bajos salarios no es en absoluto un problema nuevo en España. La existencia de un sector de bajos salarios, de importancia significativa, es un rasgo que define a la sociedad post-industrial.

[ii]    En una línea que le acerca a los actuales planteamientos de la RRB, el programa indica en relación al IMV y la renta mínima sindical que “estos objetivos deberían avanzar hacia una naturaleza estructural dentro del sistema fiscal, y tener posibilidades de progresar en el futuro hacia una Renta Básica”. Para ello se plantea “valorar la viabilidad de un sistema de Transferencias Fiscales”, el Impuesto Negativo, como mecanismo para consolidar “un objetivo de renta mínima para todos los ciudadanos”, planteado en términos individuales y vinculado al umbral de pobreza de cada momento. Este mínimo sería compatible con ingresos por trabajo, lo que permitiría no desincentivar la búsqueda activa de empleo.

[iii]   En el supuesto de aplicación de un 50% de la cuantía base a la población menor de 18 años.

[iv]   Por mencionar un referente claramente situado en el polo progresista del sistema de partidos, es llamativo en este punto el planteamiento que se formula en el programa de Pedro Sánchez sobre el Impuesto Negativo. Respecto al mínimo a garantizar, cuya cuantía no se señala, únicamente se plantea el compromiso de “ir aumentando su techo en el futuro, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y las necesidades sociales”.

[v]    Hay otros aspectos sobre los que sería necesario reflexionar pero en los que no insistiré en esta presentación. El primero tiene que ver con la conveniencia de introducir algún mecanismo de bonificación a la parte de la población que participa en la actividad económica (tanto en su dimensión de producción de bienes y servicios como de reproducción del capital social y económico en el que se fundamenta la generación de riqueza dentro de la sociedad).

El segundo aspecto tiene que ver con la gestión fiscal de las prestaciones, un mecanismo que tiende en ocasiones a convertirse en un objetivo en sí mismo. Debe señalarse, en este punto, que el marco fiscal se adapta bien a ajustes anuales, como los que se vinculan a un modelo de impuesto negativo, sobre todo cuando se aplica a situaciones estables de ingresos, ya sea de tipo laboral o por pensiones.

No ocurre lo mismo, sin embargo, en circunstancias en las que existen variaciones frecuentes en el nivel de rentas de las personas o en las que es preciso una atención no sólo económica a la población sino también social o laboral. En estos casos, la gestión puede toparse con la realidad de la dimensión esencialmente recaudatoria del sistema fiscal, no debiéndose por ello descartar formas de gestión más tradicional, a través de la seguridad social, los servicios de empleo o cualquier otro ámbito administrativo que resulte adecuado para gestionar las prestaciones individuales básicas del sistema o una Renta Básica. En lo relativo a las personas en edad activa que requieren realizar gestiones habituales relacionadas con el acceso a la ocupación, los servicios de empleo parecen constituir el marco más razonable para la gestión de este tipo de prestaciones.

[vi]   La solución planteada a este problema por Rafael Pinilla ha sido la de plantear un complemento en el caso de hogares unipersonales.

GARANTÍA DE INGRESOS Y RENTA BÁSICA. Versión resumida. Luis Sanzo

Se presenta a continuación un resumen de la intervención realizada el 26 de mayo en el Seminario sobre Tecnología, Empleo y Renta Básica, en dos versiones (resumida y completa)

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN

Desde mucho antes del estallido de la crisis financiera, el modelo de Seguridad Social en España ha evidenciado tres tipos de carencias: en primer lugar, la completa desatención de algunos colectivos en situación de necesidad, en particular entre la población desempleada; en segundo lugar, la insuficiente protección derivada de las bajas cuantías de las prestaciones (particularmente llamativa en zonas de fuerte concentración urbana, con un coste de la vida superior a la media); y, finalmente, la falta de protección a la población trabajadora con bajos salarios.

El fracaso de la política de garantía de ingresos de la Administración General del Estado durante la crisis está en el origen de la reflexión actual sobre la reforma del sistema de Seguridad Social. Entre las distintas propuestas formuladas, las que han conseguido situarse en el debate parlamentario son las que plantean mejorar la protección al desempleo de larga duración (Prestación de Ingresos Mínimos, de UGT y CCOO y en cierta medida, a través de ella, el Ingreso Mínimo Vital del PSOE) aunque también debe mencionarse la Renta Garantizada de Podemos. En lo relativo a los bajos ingresos, Ciudadanos ha puesto sobre la mesa la idea del complemento salarial.

El debate empieza sin embargo a desbordar el estrecho marco de la coyuntura ligada a la crisis para considerar los procesos más amplios ligados a la globalización y al avance de la tecnología. En un escenario de fin del trabajo para todos/as, como consecuencia de la robotización, la Renta Básica, universal, individual e incondicional se perfila como una posible solución a contemplar. Recogida por Podemos en su propuesta europea, el programa presentado por el nuevo Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, también considera inevitable “valorar la pertinencia de fórmulas viables relacionadas con una Renta Básica Universal”.

Las perspectivas que abre el debate señalado se ven con optimismo desde muchos sectores. Mi posición es más matizada. No se trata de negar que la posible introducción de la Prestación de Ingresos Mínimos de UGT y CCOO, en una versión adaptada o no al Ingreso Mínimo Vital del PSOE, pueda suponer una mejora significativa en la política de garantía de ingresos en España. Pero algunas de las limitaciones comentadas en la introducción seguirán condicionando la eficacia de la protección general del Estado. En particular, es poco probable que las cuantías de la nueva prestación, de aprobarse, sean suficientes para reducir de forma definitiva el impacto de la pobreza.

En caso de ser posible avanzar en una línea de introducción de la Renta Básica, su coste potencial también limitaría los niveles susceptibles de ser garantizados por esta vía. Es la conclusión lógica a la que se llega si se considera el gasto adicional que plantean los principales partidos y sindicatos para mejorar el sistema de garantía de ingresos: entre 7.500 y 15.000 millones de euros. Con esta última cantidad, en una aproximación estricta al modelo, con una transferencia estatal susceptible de sumarse a cualquier otro tipo de ingreso, la cuantía mensual de la Renta Básica sería de 29,49€ para la población adulta y de 14,74€ para la población menor (en el supuesto de aplicación de un 50% de la cuantía base a la población menor de 18 años). Si el presupuesto disponible se ampliara a 75.000 millones (un 6,73% del PIB), las cuantías podrían ampliarse a 147,44 y 73,72€ mensuales, respectivamente. En el caso de una pareja con dos hijos/as, y en ausencia de cualquier otro ingreso, se estaría hablando de 442 euros mensuales, de apenas 147 en el caso de una persona viviendo sola. Como es sabido, los sistemas de rentas mínimas autonómicas garantizan bastante mayor protección a los grupos necesitados.

De esta forma, sea cual sea el resultado del debate en curso, el escenario al que nos enfrentaremos en los próximos años vendrá marcado por un contexto de bajas cuantías en algunas prestaciones del sistema general de garantía de ingresos.

La existencia de recursos limitados es una de las razones por las que la mayor parte de los defensores de la Renta Básica en España aborda la cuestión en términos netos, ligando la cuantía final de la prestación al nivel de ingresos. El mecanismo planteado es el impuesto negativo, descontando en el IRPF parte de la renta disponible para garantizar, en términos efectivos, los umbrales de protección a alcanzar. En los últimos quince años, la investigación sobre la Renta Básica se ha orientado a mejorar este modelo de aproximación neta a través del IRPF.

En la forma en que se desarrollan los principios susceptibles de hacer viable un modelo de protección social basado en este tipo de Renta Básica neta, hay algunos aspectos en los que me mantengo alejado de los planteamientos hoy dominantes. El primero de ellos tiene que ver con el tratamiento de las prestaciones generales de la Seguridad Social y del sistema de desempleo. Cada vez son más numerosas las propuestas que implican la eliminación de las prestaciones de la Seguridad Social, en todo caso con la excepción parcial de la protección contributiva. En el contexto anglosajón, la voluntad de liquidar la Seguridad Social en su conjunto es una de las razones explícitas de la apuesta por la Renta Básica por parte de algunos sectores conservadores.

La construcción del actual sistema de protección ha supuesto un gran esfuerzo y no debería ser desmontado sino completado, teniendo en cuenta la perspectiva de universalización propuesta por la Renta Básica para ofrecer una protección económica individual e incondicional a todas las personas. Se trata de una vía más apropiada para prevenir el proyecto destructor que supondría sustituir por completo el sistema de Seguridad Social por una Renta Básica única y de cuantía insuficiente. Las acciones de universalización de la Renta Básica deberían complementar la Seguridad Social existente, no sustituirla. Es importante recordar en este punto, además, que el sistema de prestaciones no puede reducirse a única modalidad de intervención. Es preciso considerar necesidades específicas, como las derivadas de la dependencia o del apoyo al acceso a la vivienda.

En una línea de ampliación y mejora del actual sistema de Seguridad Social, los principales colectivos en los que podrían plantearse propuestas de Renta Básica, o de naturaleza similar, serían los siguientes:

  1. La población menor de 18 años.
  2. La población desempleada menor de 35 años sin prestaciones, en la que podría concebirse una aproximación cercana al mecanismo de ingreso de participación propuesto por Atkinson (con acciones, de libre elección por las personas afectadas, ligadas a acciones de búsqueda de empleo, formación o participación en actividades sociales).
  3. La población mayor de 35 años sin ingresos, con independencia de los motivos por los que se carece de un empleo o prestación alternativa.

En especial en el caso de la población trabajadora, las medidas propuestas con anterioridad son compatibles con una mejora del nivel de ingresos personal a través de un sistema de impuesto negativo ligado a la gestión del IRPF, tal y como plantean en España los defensores de la Renta Básica. Una medida que podría contribuir a incrementar la viabilidad política de la propuesta, mejorando el sistema de cuantías y limitando al mismo tiempo los costes, sería optimizar el efecto de las economías de escala asociadas a las formas de convivencia. Aunque pueden plantearse otras soluciones, la más operativa es considerar una Renta Básica de unidad de convivencia, complementaria a una Renta Básica individual de cuantía inicialmente pequeña, que recoja el nivel medio de gastos comunes a todos los hogares, con independencia de su tamaño.

Un segundo aspecto a considerar es la tendencia de los defensores de la Renta Básica a contraponer su propuesta con la de las Rentas Mínimas y Rentas Garantizadas. Es una contraposición que carece de sentido puesto que se trata de modelos diferentes de política social, que resultan además potencialmente complementarios. De esta forma, en el contexto de cuantías bajas de las prestaciones de la Seguridad Social, o de la Renta Básica que pudiera sustituirla, las rentas mínimas seguirán siendo esenciales para acercar a la población a niveles mínimos de bienestar y de superación de la pobreza. No se trata sin embargo de considerar a las rentas mínimas como mecanismos alternativos a la Renta Básica. Su lógica y sentido resultan diferentes y el desarrollo de ambas actuaciones debe ajustarse a esta lógica diferenciada.

Conviene destacar, finalmente, que el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, con la previsible intensificación que anuncia la nueva fase de automatización, plantea serios problemas de integración social. En la sociedad hipertecnologizada que se nos anuncia, la actividad orientada a la obtención de rentas seguirá siendo un elemento central de la vida humana para una parte de la población, en especial para la más adaptada a las nuevas tecnologías. Pero sus perspectivas de mejora del nivel de vida a través del aumento de la productividad contrastan con el riesgo de exclusión de la población situada, de forma estructural, al margen del sistema productivo.

Este riesgo de polarización social plantea problemas de inclusión que van más allá de la insuficiencia de ingresos. El derecho a una participación efectiva y digna en la sociedad es un elemento clave que no queda resuelto con el acceso a una Renta Básica, o a cualquier otra prestación de garantía de ingresos, menos aún si las prestaciones son de cuantía insuficientes. No se trata, sin embargo, con ello de exigir compromisos de participación, social o laboral, sino de ofrecer a la población vías para que esa participación sea posible.

Algunos comentarios sobre las primeras reacciones a la propuesta de reforma de la RGI. Luis Sanzo

Tras la presentación en el Parlamento Vasco del Documento de Bases para la Mejora de la Renta de Garantía de Ingresos, se ha abierto un debate bastante agrio sobre el contenido de las propuestas del Gobierno. Sin embargo, algunos aspectos merecen ser tomados en consideración para no perder la esperanza de avanzar hacia algún tipo de acuerdo favorable a la ciudadanía.

Una RGI por hogar

La principal crítica a la oferta gubernamental se ha centrado en la propuesta de una única RGI por hogar. Veamos al respecto qué dice la legislación actual y qué plantea la alternativa del Gobierno.

Respecto al contenido de la legislación vigente, debe recordarse de partida que el artículo 9 de la Ley 18/2008, que establece la RGI, mantiene el planteamiento histórico de considerar más de una unidad de convivencia, y por tanto posibles prestaciones, dentro del hogar (con un límite de dos en la actualidad). Pero lo hace, también en consonancia con esa historia previa, presentando el tratamiento de estas situaciones en términos de excepcionalidad (art.9.2).

Para hacer posible esa combinación de prestaciones en el hogar, la mayor parte de las excepciones previstas se vinculan a circunstancias de convivencia que son reflejo de situaciones de extrema necesidad. Respecto a las mismas, la norma establece sin embargo topes de tiempo, en general de doce meses, prorrogables por otro periodo de similar duración. Esta temporalidad se aplica, por ejemplo, a personas inmigrantes que viven solas pero forman parte de un matrimonio o pareja, a víctimas de maltrato doméstico, a casos de retorno al hogar por separación o divorcio, etc. En realidad, estos criterios combinados de excepcionalidad y temporalidad se aplican en casi todos los casos contemplados por la ley, incluido en el del acogimiento por extrema necesidad.

En sus aspectos generales, la propuesta realizada por el Gobierno Vasco no cambia la aproximación que permite la consideración, excepcional y temporal, de más de una unidad de convivencia dentro del hogar. De esta forma, cuando hace referencia a “casos atípicos y durante periodos específicos”, la propuesta no introduce cambios reales en la aproximación excepcional y temporal que se aplica en la actualidad.

Las situaciones extraordinarias contempladas hasta ahora seguirán, por ello, siendo objeto de consideración. De hecho, la propuesta gubernamental señala que la aproximación general de una RGI por hogar, que también preside la legislación actual, “debe ajustarse [] a la realidad de que, en determinadas circunstancias, personas sin relación afectiva o familiar entre sí se ven obligadas a vivir de manera conjunta, presentando situaciones sociales muy diferenciadas”. Y lo hace con una aproximación comparable a la normativa en vigor: “Las prestaciones concedidas por esta vía tendrán una limitación temporal, que cabría situar entre 12 y 24 meses, entendiendo que la ausencia de proyecto de vida en común debería, razonablemente, dar lugar a la búsqueda de fórmulas habitacionales alternativas en ese periodo”.

Lo que en realidad aporta la propuesta presentada ante el Parlamento es una simplificación del tratamiento conceptual de la unidad de convivencia. Así, la unidad de convivencia se vincula ahora, con carácter general, a todas las personas residentes en el domicilio, con una aproximación que permite equiparar “en la mayor medida posible la idea de la unidad de convivencia a la convivencia real de las personas en el mismo hogar o domicilio, con independencia de las formas de relación jurídica existente entre ellas, de forma que se tienda a la concesión de una sola RGI para todas las personas empadronadas en un mismo domicilio”.

En la misma línea de simplificación, las excepciones vinculadas a la necesidad no se remiten ahora a una larga retahíla de supuestos, sino que se aplican de forma general a las personas que se definan a sí mismas como unidad de convivencia diferenciada dentro del hogar, sin entrar a delimitaciones normativas complejas sobre qué tipos de unidades secundarias pueden acceder o no al derecho. Así, en aquellos supuestos en que “personas que carecen a priori de un proyecto de convivencia en común” se vean obligadas a vivir de forma conjunta, con independencia de sus características, las personas afectadas podrán optar por formular una demanda separada de la prestación dentro del actual hogar.

Hay también continuidad en la idea de no permitir más de una RGI complementaria (o secundaria) dentro del hogar al señalar que la demanda de las personas implicadas “tendrá que ser única en cada hogar, de acuerdo con lo que decidan las personas afectadas− relativa en exclusiva a una parte de las personas residentes en dicho hogar”.

Este planteamiento tiene dos ventajas: simplifica la gestión y no da pie a interpretaciones. La propuesta se centra en lo realmente existente, y en la propia consideración de la situación por las personas residentes en el hogar, lo que implica algunas mejoras. Por mencionar un caso, se superan los problemas asociados al apartado 1 del artículo 5 del Decreto de desarrollo de la RGI que limita el posible acceso a la prestación a personas que residen solas de facto pero que están unidas a otras por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal (salvo algunos supuestos determinados).

Hay además un avance en la consideración del tratamiento temporal de la necesidad que va más allá de lo previsto en la normativa actual. Esto se hace evidente al comprobar en la propuesta que el límite temporal de doce a veinticuatro meses podrá “ser susceptible de prórroga en caso de que se prolongue la situación de necesidad, y no exista otra alternativa habitacional razonable”. La falta de una solución habitacional adecuada permitiría así prolongar la protección.

Parece, por tanto, que la propuesta se centra en simplificar y mejorar la atención en caso de que se mantengan las situaciones de necesidad, y no en introducir restricciones formales respecto a la protección hoy garantizada.

Es cierto, sin embargo, que trata también de prevenir agravios comparativos, y de esta forma la propuesta del Gobierno Vasco limita la distancia existente en el nivel de protección (para formas de vida comparables) entre quienes combinan más de una RGI dentro del hogar y quienes no lo hacen. La propuesta hace referencia en este punto a “conductas que buscan beneficiarse de un mejor tratamiento en el marco de la RGI mediante la división artificial de unidades de convivencia que en la práctica existen como tales”. Se trata de una circunstancia que ha fundamentado parte de las críticas habituales a la RGI. Y, en ese contexto, no parecen a priori rechazables tres ideas que se señalan en la propuesta para abordar esta cuestión:

  1. a) “garantizar una protección similar a las diferentes UC
  2. b) “no penalizar comparativamente las formas de vida estables −al margen de la relación jurídica formal que exista entre las personas implicadas− con relación a las que se basan en la pura conveniencia temporal o coyuntural”.
  3. c) “favorecer un diseño neutral de la prestación desde el punto de vista de las formas de convivencia, eliminando los incentivos que hoy pueden existir para la no declaración de unidades de convivencia reales”.

Puede sin duda discutirse en qué niveles establecer las diferencias en las cuantías garantizadas en estas situaciones de convivencia cercanas (dos personas sin relación entre ellas que deciden vivir juntas por razones de necesidad; un matrimonio o pareja; u otros tipos de convivencia entre dos familiares, por citar formas de vida con similitudes evidentes). Pero, de partida, no deberían constituir un motivo para renunciar a posibles acercamientos entre las partes.

Las cuantías

Una de las consecuencias de la ILP para una Carta de Derechos Sociales fue la vinculación de la cuantía base de la actual RGI, en su momento Renta Básica, al salario mínimo interprofesional (SMI).

Aunque positiva y bienintencionada, esta pretensión de asociar la prestación al SMI ha tenido dos consecuencias negativas. La primera es la dependencia de la fijación de la cuantía base de la RGI de la volatilidad en la toma de decisiones sobre la cuantía del salario mínimo, decisiones vinculadas además a gobiernos sin relación alguna con la política RGI (con intereses a veces contradictorios con esa política). La experiencia al respecto muestra tanto largos periodos de estancamiento. sin subida alguna del SMI, como momentos de auge de la cuantía, en ocasiones sustanciales, como la de 2017, que en general tienden a ser meramente coyunturales.

Además, la sujeción a un indicador como el SMI no garantiza nada per se. No impidió, en este sentido, la aplicación de una reducción del 7% en las cuantías de la RGI durante la fase más aguda de la crisis. Tampoco garantiza ajustes automáticos en el nivel de las prestaciones. Guste o no a los detractores de la decisión reciente del Gobierno Vasco en esta materia, el decreto regulador del nuevo salario mínimo para 2017 dejaba en manos de los gobiernos de las CCAA la posibilidad de abstraerse de la subida del SMI establecida.

Lo que se olvida con frecuencia, al considerar la propuesta de Carta de Derechos Sociales, son algunas de sus consecuencias negativas, alguna implícita en el propio contenido de la ILP. La más llamativa es la propuesta de reincorporación a la legislación sobre garantía de ingresos del principio de contraprestación. El artículo 9 de la ILP proponía así que “los beneficiarios de la renta básica, y durante el tiempo que sean acreedores a la misma, estarán obligados a suscribir un acuerdo negociado con la Administración, por medio del cual se establecerá la aportación o contrapartida social que deberán realizar en beneficio de la sociedad”. Esta propuesta se enfrentaba directamente con el principio de doble derecho que había introducido la Ley contra la Exclusión de 1998. Se tradujo en la previsión, para para poder ser persona beneficiaria de la prestación de “la certificación del estado de necesidad expedida, según el criterio de la renta básica, por parte de los servicios sociales de base” (artículo 6 de la Ley 10/2000). Por suerte, la normativa de desarrollo de la inserción social se mantuvo ajena a esta previsión, ajustándose a los principios más abiertos de la Ley contra la Exclusión.

La otra consecuencia negativa, en este caso no prevista por los promotores de la ILP, fue la introducción de topes máximos en las cuantías, topes que en el periodo de crisis acabarían por resultar muy perjudiciales para las familias con hijos o hijas. Pues bien, uno de los puntos más positivos de la nueva propuesta es flexibilizar de forma sustancial este sistema de topes, definiendo cuantías más favorables en comparación con la norma realmente vigente en la actualidad.

Pueden considerarse algunos aspectos de la propuesta en materia de cuantías para poner en evidencia el avance que, en este punto, supone la propuesta gubernamental. En el caso de una persona sola, la nueva cuantía propuesta es de 650 euros. Se sitúa claramente por encima de los 600 € de la Renta Garantizada navarra y de los 634,97 hoy garantizados en Euskadi (tras aplicar el 7% de descuento).

En el caso de una pareja con dos hijos o hijas, frente a los 901,94 asignados en la actualidad, la propuesta se sitúa en 1.014 euros, muy cerca de los 1.047,54 que se derivarían del escenario de aplicación del escenario más favorable, sin aplicación del descuento actual del 7%.

En el caso de la misma pareja, pero con cuatro hijos/as, la cuantía garantizada sería de 1.200 euros, en este caso por encima de los 1.047,54 euros que en el escenario más favorable le podría asignar la normativa actual.

Es verdad que, en el caso de estas familias con dos o más hijos, las cuantías son algunas decenas de euros más bajas que las de Navarra. Pero es preciso recordar que en Euskadi se establecen complementos por PCV/PEV que no existen en la comunidad vecina.

Al margen de los hogares con hijos o hijas, también hay mejoras respecto a la situación actual. En el caso de cuatro hermanos o hermanas, el nivel garantizado es de 950 euros. Es una cuantía superior al máximo de 901,94 euros actual y cercano a los 974,22 euros que se derivarían de la aplicación íntegra de la subida del actual salario mínimo (con el 7% de descuento asociado).

Por supuesto, podrían mejorarse estas cuantías, y es el Parlamento Vasco el único con poder real para determinarlo en última instancia. Pero el punto de partida de la propuesta es un paso decidido en una dirección de mejora, con un planteamiento de cuantías que resulta similar al de Navarra (en realidad mejor si se tiene en cuenta que en Euskadi existen complementos por vivienda y un derecho garantizado a la misma).

La propuesta, en todo caso, es mucho más favorable que el sistema de cuantías actual. En este sentido, el cambio en la concepción de la unidad de convivencia viene acompañado de una aproximación mucho más adaptada a la realidad en los niveles de protección. Como ocurre en Navarra, no obstante, algún tipo de indexación de las cuantías base a un indicador objetivo, asociado a la necesidad (IPC, indicadores EPDS, etc.) podría ayudar a ofrecer mayor seguridad.

Otras mejoras significativas

Hay otras mejoras relevantes a considerar en la propuesta. Una decisiva, en particular, es la supresión de los límites temporales en el sistema de bonificación al empleo. Los topes de dos años, ampliables a tres, que se introdujeron con la nueva RGI en 2008, quedarían superados de aprobarse la nueva línea de actuación. Se volvería así a la concepción de bonificación estructural, sin límites, que se estableció en la Ley contra la Exclusión de 1998. El tope máximo de 400 euros resulta, por otra parte, compatible con un nivel de protección mucho más favorable a la población trabajadora con bajos salarios que el que garantiza a medio plazo el escenario actual.

También debe destacarse la reducción del tiempo de empadronamiento que se plantea respecto a las unidades con presencia de menores, así como el establecimiento de un tiempo de prescripción de dos años en la reclamación de pagos indebidos. Esta última medida permitiría evitar que se traslade, de forma excesivamente dilatada en el tiempo, a la población beneficiaria la responsabilidad que tiene la Administración de desarrollar una gestión rápida y eficaz de estos pagos indebidos.

La consideración de la vía fiscal abre posibilidades, además, de abordar el tratamiento de los complementos de pensiones desde una perspectiva más individualizada.

Un acuerdo posible

Es sin duda posible encontrar elementos discutibles en la propuesta. Ni siquiera los miembros de un mismo partido se sentirán por completo de acuerdo con una formulación única. Pero la cuestión clave es determinar si la propuesta planteada constituye o no una base para trabajar en dirección a un nuevo acuerdo sobre la RGI. De partida, es preciso señalar que la formulación se aleja por completo de lo que es hoy habitual en muchos otros lugares de Europa: restricciones de acceso a personas sin derecho de residencia, límites temporales, formas duras de contraprestación, etc. Convendría recordarlo.

Algunas noticias recientes parecen aportar, además, una perspectiva más positiva de cara al desarrollo del debate. En este artículo, Joseba Egibar, por ejemplo, parece recordar desde el PNV el espíritu de acuerdo que impulsó la aprobación de la Renta Garantizada navarra al apelar al “acuerdo sobre la renta básica que tenemos PNV, EHBildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra en Navarra”.

Las declaraciones de Tinixara Guantxe, representante de Podemos, son igualmente interesantes al centrarse, de forma crítica pero concreta, en las cuestiones centrales que deberían ser objeto de negociación. A priori, el análisis de esas declaraciones no permite descartar de partida la posibilidad de acercamientos. En la misma línea, EH-Bildu se ha mostrado contraria a los recortes, pero tampoco ha introducido elementos que impidan de partida avanzar hacia ese consenso. La participación en este proceso de una persona conocedora de la historia de la política de garantía de ingresos, como Nerea Kortajarena, es garantía de ecuanimidad en la valoración de la propuesta por parte de la izquierda abertzale, tanto de los aspectos más positivos como potencialmente más criticables, de la propuesta.

El consenso a buscar debería procurar ser lo más amplio posible. La ventaja comparativa de Euskadi es que las posiciones de PSE, hoy en un gobierno de coalición, y del propio PP podrían permitir un acercamiento más amplio que el conseguido en Navarra. Debe recordarse al respecto la reciente ILP impulsada por los populares en Euskadi. Algunas de las reservas planteadas en aquella ILP, en términos de mejor tratamiento de los aspectos patrimoniales, para no perjudicar a ciertos colectivos, hoy excluidos de la norma, eran positivas y han sido en gran medida tomadas en consideración en la propuesta presentada por el Gobierno Vasco. En cualquier caso, es preciso recordar que la conveniencia de tener en cuenta los planteamientos de toda la ciudadanía a la hora de buscar el mayor grado de acuerdo posible.

En este sentido, es importante que ninguna de las partes sienta que se queda por completo al margen en una cuestión tan básica como ésta. El sistema de garantía de ingresos en Euskadi ha conseguido mantenerse, y superar la última crisis, sobre la base de grandes acuerdos. Tratar de alcanzar un nuevo acuerdo de ese tipo debería ser posible. Al menos debería ser la pretensión básica de los actuales representantes de la ciudadanía en el Parlamento Vasco. En última instancia, son ellos y ellas quienes tienen la última (y decisiva) palabra.

La mayor trampa, en cualquier caso, consistiría en renunciar de partida al debate y a la posibilidad de algún acuerdo.

Hungry Grass

Inequality and its discontents

Mark Carrigan

Digital Sociologist and Social Media Consultant

Educació Transformadora

Educació Social, Cultura, Gestió Comunitària, Circ Social, Animació Sociocultural i altres enginys.

rightsinreality

Thoughts on the crossroads of law, politics and society - for when 140 characters just won't do. This blog contains general information and commentary on legal matters. It is not intended to provide legal advice. This blog discusses the law in England, unless otherwise stated.

El blog de Javier López Blog de CCOO de Madrid

El blog de Javier López Blog de CCOO de Madrid

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.