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Aportación al debate sobre el SMI y las políticas sociales que plantea Raül Segarra

En un hilo reciente en twitter, Raül Segarra analiza y debate la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que se plantea en el acuerdo entre el Gobierno y Podemos. Respecto a esta cuestión, en la Tabla 1 se recoge, de partida, la evolución histórica del SMI, en valores nominales y –lo que es más relevante- en precios constantes de 2018.

Tabla 1

Tabla 1

Segarra señala con acierto que no existe consenso suficiente en España sobre la relación que existe entre el SMI y las variaciones en el empleo. Sobre esta cuestión, hay sin embargo algunos hechos que convendría tener en cuenta al analizar esta relación. Los resumo a continuación:

1. Como muestra el gráfico 1, el aumento del SMI que se plantea para 2019 es un hecho desconocido en la historia de la democracia posfranquista.

En 1980, el valor del salario mínimo mensual era equivalente a unos 696,68 euros actuales. Este valor no hace sino reducirse con posterioridad hasta situarse en unos 596,04 euros equivalentes en 2003. A partir de aquí aumenta hasta los 703,87 euros de 2009, prácticamente equivalentes al valor de 1980. Tras caer a 664,49 euros en 2012, repunta de nuevo hasta los actuales 735,90 euros, apenas algo por encima de la cifra de 2009. Los 900 euros previstos para 2019, 882,00 euros en valor actual estimado, suponen por tanto un verdadero salto adelante en la historia del SMI en España.

Gráfico 1

Gráfico 1

2. El gráfico 2 muestra que el fuerte crecimiento de la ocupación en España, en el periodo 1993-2003 (con un crecimiento del 50,5% de la ocupación respecto a 1980), se vinculó a una línea decreciente del SMI que prolongó la línea dominante desde los años 80. Entre 1980 y 2003, el salario mínimo cayó un 14,4% en precios equivalentes de 2018.

Gráfico 2

Gráfico 2

3. Como indica el gráfico 3, en el periodo democrático, la apuesta por una línea alcista del SMI se concreta por primera vez entre 2003 y 2009. En ese periodo, el valor del SMI crece un 18,1% en precios de 2018 (de los 596,04 euros de 2003 a los 703,87 de 2009). Este crecimiento se ve en parte contrarrestado con caídas posteriores que reducen este valor a 665,95 euros equivalentes en 2013, todavía sin embargo un 11,7% por encima del valor de 2003.

En contraste con el aumento del SMI, la ocupación se reduce al final del periodo considerado y se sitúa en 2013 un 3,4% por debajo de la de 2003. Este hecho resulta de signo opuesto a lo observado entre 1985 y 2003, con fuertes aumentos de la ocupación en un contexto de SMI de valor descendente.

Gráfico 3

Gráfico 3

4. El gráfico 4 revela por su parte que, entre 2013 y 2018, el valor del SMI se recupera en un 10,5%, al por debajo del crecimiento del 13,8% que se observa en la ocupación. Esta dinámica tiene puntos en común con la observada entre 2003 y 2007, antes de la crisis financiera, con un aumento del 16,8% de la ocupación, superior al incremento del 11,7% en el salario mínimo.

Gráfico 4

Gráfico 4

5. El gráfico 5 presenta, desde 1980/81 la evolución comparada del crecimiento interanual del SMI a precios de 2018 y de la ocupación.

Gráfico 5

Gráfico 5

Dos hechos llaman la atención en el periodo de recuperación de los valores del SMI que se inicia en 2003. El primero de ellos es que, desde 2003, sólo entre 2005 y 2006 y entre 2014 y 2016 la ocupación aumenta por encima del crecimiento interanual del SMI. El crecimiento del periodo 2005-2006 se ve algo matizado además por el efecto de los fuertes niveles de inmigración.

El segundo hecho destacable es que los dos momentos de fuerte crecimiento del valor real del SMI a precios 2008, el que caracteriza al periodo posterior a 2004 y el de 2009, fueron acompañados de significativas caídas de la ocupación en los años siguientes. De ahí que deban analizarse con detalle las posibles consecuencias sobre la ocupación de los nuevos y fuertes incrementos del SMI de 2017 y 2019.

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A pesar de los hechos señalados, conviene recordar que las decisiones sobre el valor del SMI son, en última instancia, políticas. Y, como tales, responden a la voluntad popular, definida a través de la representación política de la ciudadanía. Todo indica además que, en esta cuestión, es viable un marco diferente al existente hasta 2003. En este sentido, la ocupación de 2018 es un 9,9% superior a la de 2003, a pesar de que el nivel del SMI es un 23,5% superior al de aquel año.

Sin perjuicio de esta dimensión política, las decisiones sobre el valor del SMI pueden tener consecuencias no deseadas. Tal y como señala Raül Segarra, hay potenciales ganadores y perdedores. Entre estos últimos, la experiencia reciente nos presenta básicamente dos tipos de situaciones. Una de ellas se relaciona con la parte de la población que se encuentra en desempleo como consecuencia de decisiones empresariales ligadas a variaciones significativas en el valor del trabajo, ya sea porque se renuncia a ciertas contrataciones o porque se producen procesos de ajuste de las plantillas para ajustarse al coste de los salarios.

La otra situación es la que refleja procesos de ajuste de las condiciones de trabajo para tener en cuenta estas variaciones en los salarios. Aumentos significativos en estos salarios pueden compensarse, por ejemplo, reduciendo los periodos de contratación, un proceso con frecuencia asociado a formas de presión para aumentar la productividad. O, como suele ocurrir con frecuencia en España, a través del recurso a la economía sumergida (por ejemplo, a través de contratos a tiempo parcial que encubren mayor número de horas de trabajo).

Todos estos procesos afectan a aquellas empresas, en especial pequeñas y medianas, que tienen dificultades para ofrecer empleos de calidad, en sectores de baja remuneración, con problemas de competencia exterior o en regiones con precios inferiores a la media del país.

Si se compara la situación existente entre 2008 y 2017, con un SMI un 8,1% superior en términos equivalentes, no puede dejar de considerarse que la ocupación en 2017 es un 5,3% inferior. Pero, como revela la tabla 2, el aumento del volumen de personas afectadas por el riesgo de pobreza es muy superior en los hogares potencialmente afectados por los cambios en el mercado de trabajo.

Centrándonos en las formas de pobreza más grave, y teniendo en cuenta los ingresos propios por actividad económica, antes de transferencias sociales, en el periodo 2008-2017 aumenta en un 59,4% el volumen de personas en riesgo de pobreza grave en los hogares con personas activas. A pesar de la mejora del SMI en el periodo, el incremento de la pobreza grave también se observa en hogares con personas ocupadas. En el periodo considerado, el volumen de personas en riesgo en este tipo de hogares aumenta en un 29,4%.

Tabla 2

Tabla 2

Los graves problemas de pobreza existentes en España no se solucionan sólo con una mejora en el SMI sino que exigen medidas complementarias, tanto en términos de mejora del sistema de prestaciones de la Seguridad Social como de las políticas de garantía de ingresos. A pesar del impulso de quienes apoyan estas actuaciones dentro del gobierno, ha sido precisamente esta parte de la política social la que ha quedado fuera de las máximas prioridades en las nuevas líneas presupuestarias.

No se trata de negar las mejoras en prestaciones infantiles, o en atención a personas desempleadas mayores de 52 años, pero son insuficientes. La mejora de las pensiones más bajas, situada en un 3%, resulta igualmente limitada para afectar de forma decisiva a los niveles de pobreza. En términos absolutos, el aumento asociado será inferior al que corresponderá a las pensiones medias y altas.

En un contexto de presión al alza del gasto en pensiones, con una política demográfica que impulsará probablemente una inmigración con mayor riesgo de pobreza que la población nacional, la necesidad de completar el sistema de garantía de ingresos se mantiene como un reto que parece lejos de poder abordarse con decisión en España. Sobre todo si lanza el mensaje de que la parte central de la sociedad, o al menos sus clases medias-altas y altas, realizan ya un esfuerzo fiscal suficiente. Algo que no se corresponde en absoluto con la realidad.

Raül Segarra advierte en su hilo de la necesidad de ajustar los niveles del IPREM o de mejorar las políticas generales de garantía de ingresos. Los límites a los que se enfrenta una posible solución tienen que ver con la negativa a reconocer la necesidad de una mayor contribución fiscal de las clases favorecidas en España (incluidos aquellos pensionistas con recursos elevados), y no sólo de bancos y grandes empresas. Si no se asume esta premisa, será difícil que se encuentren en el futuro recursos presupuestarios suficientes para aquellas necesidades que no sean las relacionadas con el mantenimiento de las pensiones u otros proyectos con amplia base de apoyo en la población. En estas circunstancias, trasladar la solución a la parte más débil de la economía española, la que contrata en torno al salario mínimo, quizás no tenga el efecto que la política parece hoy esperar.

Por mi parte, espero al menos que, ante las dificultades económicas para mejorar el sistema de prestaciones a las que se enfrenta el Gobierno de España, se vea con algo más de perspectiva el esfuerzo que realizan algunos gobiernos autonómicos en sus políticas de rentas mínimas. No en vano algunos de ellos son los que han hecho realmente frente a las necesidades sociales cuando la acción de la Seguridad Social entraba en crisis. (Aunque no me lo creo del todo).

Proyecciones y previsiones demográficas para España: principales resultados comparados.

El INE acaba de publicar sus Proyecciones de Población 2018. Pocos días antes, la AIREF sorprendía con unas previsiones muy optimistas sobre la evolución de la población española en las próximas décadas.

Un rasgo común de los resultados presentados por el INE y la AIREF es la perspectiva de recuperación de la inmigración, con saldos migratorios que resultarían positivos a largo e incluso muy largo plazo. Esa perspectiva contribuye a romper con el pesimismo hasta ahora dominante, traducido en previsiones de caída o estabilización de la población. Cierto es que no se trata de algo verdaderamente nuevo: Eurostat se había adelantado al perfilar, en sus Proyecciones 2015, un escenario de aumento de las migraciones netas, de la fecundidad y de la población.

Resulta útil resumir los escenarios demográficos que plantean los tres trabajos señalados. En lo relativo a la dinámica de la población, los resultados se presentan en la tabla 1 y en el gráfico 1 asociado. En la presentación se incluye igualmente uno de los escenarios complementarios de Eurostat, que asume un nivel de migración alta, y no sólo su proyección base.

Tabla 1

Gráfico 1

Como puede observarse en el gráfico 1, todas las proyecciones o previsiones realizadas coinciden en presentar una línea de significativo incremento de la población entre 2018 y 2015. Sin embargo, la perspectiva de crecimiento poblacional es ahora mayor en la proyección del INE que en la que planteaba Eurostat en su modelo base. Hasta 2040, el crecimiento planteado por el INE supera incluso el previsto en el escenario de migración alta planteado por el organismo estadístico europeo.

Otro hecho relevante es que, hasta 2025, la previsión de AIREF plantea una línea de crecimiento de la población muy similar a la del INE. Es sólo a partir de ese año cuando los escenarios planteados por los dos organismos se alejan claramente. Mientras el aumento de la población se modera hasta 2050 en el caso del INE, la AIREF mantiene una previsión de muy fuerte crecimiento demográfico a partir de entonces. La línea alcista de la población supera incluso la dinámica de crecimiento poblacional continuado que define Eurostat, en el supuesto de migración neta alta.

Resulta de interés comparar, en los gráficos 2 y 3, las bases principales en las que se fundamentan la proyección del INE y la previsión de AIREF. Más allá de la aparente convergencia hasta 2025, ésta resulta de escenarios diferentes, con una perspectiva de migración neta inicialmente más alta en la proyección del INE, cercana o superior al 5 por mil (frente a niveles cercanos o inferiores al 4 por mil en el caso de la AIREF). En cambio, la AIREF plantea un mayor crecimiento del índice coyuntural de fecundidad (hasta 1,57 hijos/as por mujer en 2025 por 1,37 en la proyección del INE).

La divergencia en crecimiento de población que se observa entre INE y AIREF a partir de 2025 se basa en dos rasgos diferenciales de la estimación que realiza la autoridad de responsabilidad fiscal. El primero es un fuerte crecimiento del número de hijos/as por mujer a partir de 2025 (de 1,57 en ese año a 1,85 en 2050) que no es tan llamativo en la proyección INE (de 1,37 en 2015 a 1,52 en 2050).

El segundo tiene que ver con la previsión de elevada migración neta positiva que se mantiene hasta 2050 en el escenario base de la AIREF. En la previsión de este organismo, el saldo migratorio positivo pasa de cifras iguales o inferiores al 4,25 por mil entre 2018 y 2025 a niveles que superan el 5 por mil a partir de 2035 y llegan al 7,23 por mil en 2050. La proyección del INE parte en cambio de crecimientos superiores al 5 por mil en las migraciones netas hasta 2020. Éstos se reducen posteriormente hasta niveles inferiores o cercanos al 3 por mil a partir de 2035.

Gráfico 2

Gráfico 3

Aunque el análisis de las proyecciones o previsiones presentadas debe resultar más detallado, de partida conviene señalar dos cuestiones relevantes. La primera es que entre 2009 y 2015 el saldo migratorio ha sido nulo o negativo en España. Sólo en 2016 nos acercamos a un saldo migratorio neto positivo cercano a las estimaciones de AIREF o del INE (3,5%). Aunque hay bases objetivas para un crecimiento importante de la inmigración, debe discutirse si previsiones como las de AIREF, o las del INE hasta 2035, pueden fundamentarse suficientemente en la experiencia de lo ocurrido en estos últimos años, en especial si se tiene en cuenta el proceso de desaceleración de la economía.

La segunda cuestión es más problemática y tiene que ver con un hecho llamativo: la reciente caída del indicador coyuntural de fecundidad. Así, después de una línea de recuperación desde el 1,27 de 2013 hasta el 1,34 de 2016, el número de hijos/as por mujer cae a 1,31 en 2017, en el año de mayor de recuperación de la economía española desde 2008. Esta imprevista caída vuelve a recordar la relevancia de los factores que condicionan los procesos de precariedad encubierta en España, entre ellos la evolución alcista del precio de la vivienda. Es probable, en este sentido, que los expertos en demografía en España sigan subestimando los límites socioeconómicos a la recuperación de la fecundidad, presentes también (a veces incluso crecientes) en momentos de auge de la economía.

Empleo, vivienda y RGI. Principales datos para el debate. Luis Sanzo

En una interesante entrevista, Joseba Zalakain planteaba recientemente los límites que, para la sociedad (en este caso la vasca), representaban los cambios observados en la dinámica del empleo o de la vivienda. Unos cambios que podían llegar a hacer inviable la acción paliativa de sistemas de garantías de ingresos como el que representa, en Euskadi, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Sin empleo digno, o vivienda accesible, la acción compensatoria de un sistema de garantía de este tipo podría llegar a ser inviable.

Las importantes cuestiones planteadas merecen una aportación al debate. Se resumen a continuación los principales datos a tener en cuenta, en el análisis de la relación entre empleo, vivienda y RGI a lo largo del periodo 1996-2016 en Euskadi.

En lo relativo a la evolución del empleo de bienestar hasta 2016

1. Se observa una clara línea de deterioro en el volumen de empleo de bienestar (ver nota 1) a partir de 2008, con una pérdida de alrededor de algo más de 72.000 ocupaciones de este tipo. Esto supone una disminución del 12,7% respecto a la cifra máxima de empleos de bienestar, alcanzada en 2008, con casi 569.000 personas ocupadas en esta categoría de empleos.

2. La caída del empleo de bienestar afecta a todos los sectores de actividad, aunque de forma desigual:

2.1. El principal factor de reducción del empleo de bienestar se relaciona con la evolución de la ocupación en la industria y la construcción, sectores que alcanzan en 2015 el nivel más bajo de ocupación en Euskadi desde 1985. Un 86,1% del empleo de bienestar perdido entre 2008 y 2016 corresponde a la industria y la construcción (37,7% y 48,5%, respectivamente). En ambos sectores, más de la mitad de la caída se vincula a personas no asalariadas (52,7% en la construcción y 55% en la industria). Un hecho particularmente relevante es que, en 2016, el volumen de empleo de bienestar en estos sectores es inferior al existente en 1996.

2.2. Entre 2008 y 2016, el empleo de bienestar se reduce también en el sector servicios, aunque de forma mucho menos intensa que en los dos otros sectores mencionados. La caída es del 2,3% frente al 16,2% de la industria y el 57,2% de la construcción. Apenas supone un 10,7% de la caída absoluta del empleo de bienestar en el periodo considerado.

3. Entre 2008 y 2016, el único tipo de ocupación que avanza en Euskadi es el empleo peor remunerado del sector servicios (+19,2%). La positiva evolución de la ocupación en este sector entre 2008 y 2016, con un incremento general del 7,3%, sólo se vincula por tanto a empleos con ingresos que no llegan al umbral de bienestar mínimo definido.

4. A pesar de la negativa evolución observada, no debe infravalorarse sin embargo el nivel de empleo de bienestar existente en Euskadi. Aunque el volumen de empleo de bienestar existente en 2016 resulta también inferior al de 2004 (-4,5%), un año más realista para la comparación que el 2008 (ver nota 2), el peso relativo del empleo de bienestar llega al 36% de la población de 16 a 64 años en 2016. Se trata de un porcentaje claramente superior al 26,1% de 1996 y al 33,6% del año 2000. El registro supera también el 35,3% de 2004 y es similar al 36,4% de 2012. Sólo se aleja claramente del 40% de 2008.

El pesimismo sobre el estado actual del empleo no tiene en cuenta el enorme impulso al empleo de bienestar que se observa en el sector servicios entre 1996 y 2008. A pesar de la caída posterior a la crisis, las más de 324.000 personas ocupadas con este tipo de empleo en los servicios, en 2016, superan en un 57,8% las existentes en 1996.

Es posible que, sin bases más sólidas en la industria y la construcción, y ante el riesgo de la automatización de parte del sector terciario, esta situación empeore en el futuro en términos de acceso a un empleo de calidad. Pero en 2016 aún se mantiene una realidad comparativamente favorable respecto a lo observado en el periodo 1996-2004.

A diferencia de los años 80 y 90, las perspectivas demográficas resultan además favorables. La salida hacia la jubilación de las generaciones del baby boom de los sesenta y setenta se traducirá en una línea descendente de la población entre 16 y 64 años que podría contribuir a una mejoría de la situación de ocupación de las nuevas generaciones de población trabajadora.

5. La mayor proporción de población empleada en 2016, en comparación con 2004 (65,3% frente a 60,3% en ocupación total; 36% frente a 35,3% en empleos de bienestar), es compatible con un aumento de las situaciones más difíciles ante el empleo en los últimos años. De esta forma, entre 2008 y 2016, el porcentaje de población de 16 a 64 años en hogares sin ingresos por trabajo, o con únicamente un ingreso situado por debajo del umbral de empleo de bienestar, remonta de 20,2 a 25,9%. El porcentaje de 2016 sólo queda por debajo del 33,3% de 1996 y del 30,7% de 2014, superando claramente tanto el 21,5% del año 2000 como las cifras cercanas al 20% de 2004 y 2008. En cifras absolutas, estas situaciones afectan en 2016 a casi 357.000 personas entre 16 y 64 años. Esta cifra supera en un 13,9% la existente en el año 2000, en un 20,6% la de 2004 y en un 23,9% la de 2008.

Entre los principales factores explicativos, además de la desigualdad existente en el acceso a los empleos de bienestar, puede destacarse la fragmentación y aumento del número de hogares (alrededor de un 20%  entre 1996/2000 y 2016) pero también de la presión que representa la inmigración. Entre 2004 y 2016, el incremento del volumen de personas sin ingresos de trabajo, o sólo con acceso a empleos que no garantizan el nivel mínimo de bienestar, se vincula en un 58,4% de los casos a población extranjera o con menos de 10 años de residencia en Euskadi.

En lo relativo a la evolución del precio de la vivienda

1. El aumento de la presión del gasto de acceso a la vivienda es, como señala Joseba Zalakain, otro de los aspectos llamativos de la dinámica social de las dos últimas décadas en Euskadi. En 1996 y 2000, el gasto en alquileres e hipotecas apenas suponía alrededor del 5,5% de los ingresos regulares de los hogares vascos (excluidos ingresos por asistencia social) encabezados por personas en edad activa. El peso de este gasto aumenta de forma progresiva hasta alcanzar el 13,3% en 2012 antes de reducirse al 11,6% en 2016, muy por encima todavía de los porcentajes de 1996 y 2000.

Sin embargo, el principal efecto del aumento de los precios de la vivienda se observa en los grupos más desfavorecidos de la sociedad. En las personas en hogares con ausencia de bienestar, pero no pobres, el peso del gasto en vivienda respecto a los ingresos (sin aportaciones de asistencia social) aumenta de cifras inferiores al 10% en 1996 y 2000 a 24,3% en 2008 y 42,1% en 2016. En el grupo en situación de pobreza real, el impacto es aún más llamativo. El peso sobre los ingresos analizados del gasto en alquileres e hipotecas pasa del 12,9% y 15,7% de 1996 y 2000 al 45,2% de 2008 y el 75,6% de 2012. La proporción apenas se reduce en 2016 hasta el 65,6%.

2. La dinámica observada se asocia al sustancial incremento de la proporción de personas en hogares enfrentados al pago de hipotecas y alquiler en las edades activas. En las personas en hogares con acceso al bienestar, esta proporción pasa de un 21,8% en 1996 a un 42,7% en 2008 y 49,3% en 2014, con una ligera caída, hasta el 46,4%, en 2016 (una cifra también inferior al 47,6% de 2012).

En el caso de las personas en hogares en situación de pobreza real o ausencia de bienestar, la proporción de población enfrentada a estos gastos de alquiler e hipotecas pasa del 29,8% de 1996 al 57,4% en 2008 y un máximo del 78% en 2016.

3. Dentro de los hogares encabezados por población en edad activa y gastos de hipotecas o alquiler, una sustancial diferencia entre los grupos en bienestar y aquellos ajenos al mismo es el destino del gasto en vivienda. En el primer caso, el destino del gasto se dirige muy mayoritariamente (entre un 75,7 y un 83,3% de los casos) a la adquisición de una vivienda en propiedad. En los grupos en ausencia de bienestar o pobreza real, en cambio, siempre resulta determinante el gasto destinado al pago del alquiler. El 51,3% de 1996 llega al 63,7% en 2008 y al 76,6% en 2012, con apenas una ligera variación descendente, hasta el 74,8%, en 2016.

Estos datos revelan que las principales problemáticas ligadas al acceso a la vivienda, en los grupos con mayor nivel de riesgo económico, se vinculan a las dificultades observadas en hacer frente a los alquileres.

4. La dinámica del coste de acceso a la vivienda cambia la percepción existente sobre los periodos de mayor o menor prosperidad económica real en Euskadi.

La consideración de los ingresos mensuales habituales de la población vasca revela que entre 1996 y 2008, el valor medio (en equivalencia per cápita y valores de 2016, sin tener en cuenta recursos de asistencia social) aumenta en Euskadi en un 35,1% (de 954,57 a 1.289,88 euros). Entre 2008 y 2016, los ingresos medios caen un 7%, hasta 1199.80, por encima sin embargo de todos los registros previos a 2004, con un máximo de 1.190,61 en el año 2000.

Tras descontar el gasto en alquileres e hipotecas, el nivel de ingresos mensuales habituales (sin ingresos de asistencia social) alcanza un nivel muy cercano en los años 2000 y 2008: 1.127,11 euros por 1.136,18 en 2008. Estas cifras son superiores, entre un 5,9 y un 6,7%, a las de 2016 (1.060,24 euros) que, sin embargo, superan los 1.026,61 euros de 2004.

Contemplados por separado los distintos grupos en la escala pobreza-bienestar, se comprueba que el valor más alto, en términos de ingresos mensuales habituales tras gastos de vivienda, es siempre superior (antes de las aportaciones de la asistencia social) en el año 2000 que en 2008. La prosperidad económica máxima de 2008 vino así asociada a altos costes asociados, ligados al acceso a la vivienda, que de facto limitaron los ingresos disponibles reales tras el pago de alquileres e hipotecas.

¿Cómo interviene en 2016 el sistema RGI/PCV/AES en el contexto de las dinámicas señaladas?

1. En los hogares de población en edad activa, y respecto al máximo de ingresos después de gastos de vivienda del año 2000, el nivel de ingresos de 2016 (antes de asistencia social) es apenas inferior en un 2,3% en la población en situación de bienestar (1.175,80 euros frente a 1.203,47). La mejora media de ingresos de 41,50 euros se ve compensada con un incremento de 69,18 euros en el coste de acceso a la vivienda. Pero la situación de 2016 no muestra un deterioro sustancial.

2. No ocurre lo mismo en los grupos más desfavorecidos. Así, la caída de ingresos disponibles (tras realización de los gastos de vivienda, y antes de asistencia sociales) es del 55,4% en 2016, respecto al año 2000, en la población en ausencia de bienestar (286,88 euros frente a 642,63). La pérdida de recursos llega al 72,2% en la población en situación de pobreza real (87,60 euros disponibles reales en 2016 frente a 315,32 en el año 2000).

Estas notables caídas en los ingresos disponibles (antes de asistencia social) entre 2000 y 2016 son el resultado de la combinación de dos factores negativos: la reducción de ingresos asociada a la crisis y el aumento del coste de acceso a la vivienda. En el grupo en ausencia de bienestar, la reducción de 355,74 euros disponibles se asocia en un 57,4% a la caída de ingresos y en un 42,6% a aumento del coste de acceso a la vivienda. Los datos son muy similares en el caso de la población en pobreza real, con un 47,6% de la pérdida de 227,72 euros asociada a la reducción de ingresos y un 52,4% al aumento de los costes de acceso a la vivienda.

3. Lo relevante del caso vasco, sin embargo, es la medida en que la política de garantía de ingresos relacionada con la asistencia social autonómica permite compensar en Euskadi el déficit observado, en especial a través del sistema RGI-PCV-AES. En la población en ausencia de bienestar, la caída del 55,4% en ingresos respecto a 2000 es sólo del 7,8% en el gasto efectivamente realizado. El sistema de garantía de ingresos compensa un 46,5% del deterioro asociado a la caída de ingresos y al aumento del precio de la vivienda. Frente a apenas una aportación del 2,2% de los ingresos tras gasto de vivienda en el año 2000, la aportación del sistema equivale a un 57,7% en 2016 (2,2% frente a 25% en términos de la aportación asistencial al total de ingresos).

En la población pobre, la reducción del 72,2% en ingresos respecto a 2000 es sólo del 2,5% en el gasto efectivamente realizado. El sistema de garantía de ingresos compensa un 91,8% del deterioro asociado a la caída de ingresos y L aumento del precio de la vivienda. Frente a una aportación del 22,5% de los ingresos tras gasto de vivienda en el año 2000, la aportación del sistema pasa al 44% en 2004, al 97,8% en 2008 y al 370,4% en 2012. Es aún del 238,6% tras la recuperación en 2016. En términos de la aportación asistencial al el total de ingresos de los grupos pobres, el aumento es del 15,9% en el año 2000 al 23,2% en 2004, el 34,9% en 2008 y el 47,5% en 2012. Es  todavía 45,1% en 2016.

4. A pesar del extraordinario esfuerzo realizado, en un contexto de desistimiento del Estado y de fuerte presión inmigratoria, el déficit de ingresos respecto al gasto empieza a ser significativo en los últimos años para la población. Es del 8,2% en 2016 en grupos en ausencia de bienestar. Era del 17,2% en 2012 en los grupos pobres, llegando al 19,4% en 2016.

Sin embargo, en este contexto difícil, el sistema RGI/PCV/AES ha seguido contribuyendo a prevenir con cierto éxito  la pobreza en Euskadi. Es uno de los hechos que explican que el País Vasco se sitúe en 2016 por debajo de cualquiera de los estados de la UE en el indicador más relacionado con la medición de la seguridad económica a largo plazo (la proporción de personas en hogares sin recursos para hacer frente a gastos extraordinarios).

Notas

(1) En una perspectiva a largo plazo, el nivel mínimo esperado por una persona sola para llegar a fin de mes se sitúa por término medio en 1.363,56 euros netos mensuales de 2016. En esta cifra podría situarse el umbral razonable de un ingreso laboral capaz de facilitar un mínimo bienestar, o ingreso de bienestar. Este artículo parte de ese valor como referencia de acercamiento al empleo de bienestar, con una mínima calidad por tanto en términos de ingresos netos.

(2) El análisis a largo plazo de los cambios observados en los últimos años toma en general como año de referencia a 2008, un procedimiento que tiene mucho de irreal. El periodo final del boom económico supuso una efímera edad de prosperidad económica que apenas duró unos pocos años. Se trató de un periodo tan breve y fugaz como la combinación de algunas de las dinámicas económicas que lo hicieron posible, en particular el boom totalmente coyuntural del empleo de bienestar en la construcción, con sus efectos expansivos indirectos en la industria y en los propios servicios.

Los indicadores de pobreza real en España. Periodo 2016-2017. Luis Sanzo

El presente artículo trata de profundizar en el intento de ofrecer para el conjunto de España, y en la línea de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi, indicadores de pobreza que reflejen las situaciones reales y no meramente situaciones de riesgo, entendidas además en sentido extenso.

Uno de los fundamentos básicos de la EPDS es la idea de que las situaciones de pobreza real no son consecuencia automática de la presencia de determinados factores de riesgo, sino que dependen de la posición de los hogares ante las distintas dimensiones de pobreza. Los factores de riesgo no se limitan, además, a una insuficiencia temporal de ingresos. También son relevantes la falta de acceso a ciertos bienes y servicios de consumo duradero o la ausencia de un patrimonio de reserva adecuado para afrontar situaciones de crisis.

Partiendo de este planteamiento, además de los tradicionales indicadores de riesgo en la dimensión de ingresos, la EPDS ofrece indicadores similares en la dimensión asociada a las condiciones de vida a medio y largo plazo, y a modo de síntesis del impacto combinado de las situaciones observadas en esas dos dimensiones, un indicador final de pobreza real. Este artículo trata de ofrecer, siguiendo la metodología que se explica en Anexo, y que mejora la presentada en su momento en un artículo similar hasta el año 2016, una estimación del impacto de estas situaciones de pobreza real en España.

Se presentan a continuación los resultados actualizados a 2017. Se trata de unos resultados que es preciso abordar con la prudencia asociada a los límites muestrales que afectan a los datos de ciertos grupos sociales minoritarios y a ciertas comunidades autónomas con menor población (los datos de Illes Balears, en particular, exigirían mayor contraste).

Antes de profundizar en las distintas cuestiones, y a modo de resumen, es preciso destacar de partida que mejora la incidencia de la pobreza real en España en 2017. No obstante, esta problemática sigue afectando a más de un 10% de la población. No se trata por tanto de una cuestión marginal. La problemática de la pobreza sigue teniendo una incidencia relevante, tal y como también sucedía al final del boom económico de primeros de siglo.

Aunque se mantienen en general las diferencias estructurales que se observaban en 2008-2009, tanto por comunidades autónomas como por tipos de hogar, algunas dinámicas recientes indican la existencia de algunos cambios relevantes. En la dimensión territorial destacan en particular los siguientes aspectos:

  1. Se observa una presión alcista de las situaciones de pobreza real, en especial de las asociadas a consecuencias sociales graves o muy graves, en las zonas con un sistema de rentas mínimas más desarrollado. Esta realidad es en gran medida el reflejo del papel de refugio socioeconómico que desempeñan en España durante la crisis territorios como Asturias o Navarra y, muy especialmente, Euskadi.
  2. Destaca igualmente el fuerte deterioro de la situación social en Illes Balears, en contraste con la mejor evolución que, entre 2014 y 2017, caracteriza a Madrid y Cataluña, otras de las comunidades autónomas con mayor coste de la vida.
  3. También es relevante el avance de las situaciones de pobreza real en algunas comunidades del sur, en particular Extremadura y en menor medida Castilla-La Mancha, un deterioro que comparte Canarias en lo relativo a las formas graves y muy graves de pobreza real. En todos estos casos se detectan en 2017 tasas superiores de pobreza real que las observadas en 2008. El conjunto formado por Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana también se caracteriza por un mayor impacto de la pobreza real en 2017 aunque, a diferencia de las regiones señaladas, se detecta una generalizada evolución favorable en el periodo de recuperación 2014-2017.

En lo relativo a los tipos de hogar, la línea de mejora que caracteriza al periodo 2014-2017 es mucho más nítida. No obstante, en este caso también deben introducirse algunos matices, en especial los siguientes:

  1. Aunque se trata del grupo menos afectado por la pobreza real, llama la atención en 2017 el repunte de la pobreza real en los hogares de personas mayores de 65 años.
  2. A pesar de la mejora que se observa entre 2014 y 2017, y respecto a lo observado en 2009, la incidencia de la pobreza real sigue siendo superior en 2017 en los hogares con niños y niñas dependientes, en hogares de adultos menores de 65 años sin personas dependientes y entre los hombres solos menores de 65 años. En estos grupos, la parte más positiva a señalar es una reducción en los hogares con menores del impacto de las formas de pobreza real con impacto grave o muy grave que acerca las tasas de 2017 a las de 2009.
  3. Aunque los últimos años mejoran los niveles de precariedad en los hogares de mujeres solas menores de 65 años y en los hogares monoparentales, la gran mayoría asociada a este tipo de mujeres, las tasas de pobreza real se mantienen desproporcionadamente altas en este grupo en 2017. Además, el impacto de la pobreza real con impacto social grave o muy grave sigue siendo superior en 2017 a la de 2009.

Tras este resumen introductorio, se detallan a continuación los principales resultados.

ASPECTOS GENERALES

El impacto de la pobreza real se reduce en España en el periodo 2016-2017

Tal y como puede comprobarse en el gráfico 1, la incidencia de la pobreza real disminuye en 2017. Después de afectar a un 12,9% de la población española en el punto culminante de la crisis social, en 2014, en 2017 el impacto se reduce al 10,9%. Aunque se acerca al 9,6% registrado para el periodo 2008-2009, la incidencia de la pobreza real sigue siendo en 2017 algo superior (+1,3 puntos porcentuales).

La evolución de la pobreza real con impacto social grave/muy grave es muy similar. El 5,9% de 2017 muestra una línea descendente respecto al 7,4% de 2014 pero sigue siendo superior, en  0,8 puntos porcentuales, al 5,1% de 2009.

Gráfico 1

Grafíco 1

Las diferencias territoriales en el impacto de la pobreza real siguen siendo significativas

En el gráfico 2 puede comprobarse que se mantienen en 2017 las sustanciales diferencias existentes en la incidencia de las situaciones de pobreza real, con un impacto más de cuatro veces superior entre las comunidades más y menos afectas.

En la parte más favorecida, con tasas de pobreza real inferiores a la media, el grupo de comunidades autónomas menos afectadas (entre un 3,9 y un 6,2% de la población) incluye, por un lado, al País Vasco y Navarra y, por otro, a Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Aragón. Algo por encima, Galicia y Cataluña se sitúan entre el 7,9 y el 8,3%. Más cerca de la media, la incidencia es del 9,5% en Asturias y del 10,7% en Madrid.

En la parte más afectada, con tasas de pobreza real superiores a la media española, la incidencia llega al 12% en Murcia y a cifras entre 13,2 y 14,4% en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias. Por encima, los niveles más elevado corresponden a la Comunidad Valenciana y a Illes Balears (15,6 y 17,9%, respectivamente).

Gráfico 2

Gráfico 2

El gráfico 3 muestra los datos relativos a la incidencia de la pobreza real con impacto social grave o muy grave. Aunque las diferencias son similares, se observan algunas significativas diferencias.

En la parte más favorecida, las tasas más bajas, entre 0,9 y 1,9% de la población, corresponden a Castilla-León, La Rioja y Aragón. Cantabria, País Vasco y Navarra se sitúan entre el 3,2 y el 4%, unas cifras a las que se acercan, entre un 4,2 y un 4,4% Galicia y Cataluña. En niveles cercanos al 5,9% de España vuelven a situarse Madrid, con un 5,4%, y Asturias, algo por encima en este caso del nivel español (6,6%). Castilla-La Mancha se incluye en este último grupo, con un 6,2%.

Claramente por encima de la media española, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura se sitúan entre un 7,3 y un 8,6%. Los niveles más altos corresponden a Canarias e Illes Balears (10,3 y 10,8%, respectivamente).

Gráfico 3

Gráfico 3

Las diferencias siguen siendo igualmente importantes por grupos sociales

Las diferencias, recogidas en el gráfico 4, también siguen siendo relevantes por grupos sociales en 2016-2017. En términos del indicador general de pobreza real, las tasas se alejan claramente por debajo de la media española, con niveles entre 4,7 y 4,9%, en algunos grupos de personas mayores de 65 años, tanto en hogares con dos adultos como en hombres solos. Aunque todavía por debajo de la media española, la cifra es bastante más alta entre mujeres solas mayores de 65 años (8,9%) así como en los hogares de dos adultos menores de 65 años y sin niños o niñas dependientes (7,4%).

En la parte más desfavorecida, las tasas de pobreza real siguen siendo superiores a la media española en hogares con presencia de niños y niñas dependientes (12,2%). Con niveles superiores al 20%, las tasas más altas de pobreza real corresponden a las personas solas menores de 65 años (22,6% en hombres y 23,2% en mujeres). El máximo corresponde a las familias monoparentales con niños o niñas dependientes, con un 27,8%.

La imagen es muy similar al considerar el indicador de pobreza real con impacto social grave o muy grave aunque con algunos matices. Las mejores posiciones corresponde en este caso a los distintos grupos con personas mayores de 65 años, con una incidencia entre el 1,6 y el 3,2%, con un 4,3% en los hogares de dos adultos menores de 65 años y sin niños o niñas dependientes. Con un 6,9%, la tasa vuelve a superar  la media en hogares con presencia de niños y niñas dependientes. En las personas solas menores de 65 años la tasa supera el 10%, con un 10,7% entre las mujeres y un 11,1% entre los hombres. El máximo, con un 16,6%, vuelve a corresponder a las familias monoparentales con niños o niñas dependientes.

Gráfico 4

Gráfico 4

ASPECTOS RELATIVOS A LA EVOLUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La dinámica territorial por comunidades autónomas resulta muy diferente entre 2008-2009 y 2016-2017 y aporta algunos elementos de interés para el análisis, tal y como puede analizarse en los gráficos 5 y 6.

El primero de estos aspectos se vincula a la diferente evolución de las comunidades autónomas con menor impacto de la pobreza real durante todo el periodo de crisis. Destaca así en el gráfico 5 la mejor dinámica diferencial de las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Aragón que la que corresponde a los tres territorios que, como Asturias, Euskadi y Navarra, han destacado por el esfuerzo realizado con sus sistemas de rentas mínimas durante la crisis. De esta forma, mientras la primera zona superaba en 1,8 puntos la tasa de pobreza real de Asturias, Euskadi y Navarra en 2009 (5,7 frente a 3,9%), en 2017 queda 0,4 puntos por debajo (5,9% frente a 6,3%).

Esta diferente evolución es aún más llamativa al considerar en el gráfico 6 el indicador de pobreza real con impacto social grave o muy grave. En este caso, la zona de Galicia, Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Aragón superaba en 1,4 puntos a Asturias, Euskadi y Navarra en 2009 (3,0 frente a 1,6%). En 2017, en cambio, tiene una incidencia del fenómeno social analizado 2,1 puntos inferior (2,5 frente a 4,6%).

Lo más llamativo en la dinámica observada es que, a diferencia de lo que se observa en las otras comunidades autónomas consideradas, la recuperación económica apenas se traduce en Asturias, País Vasco y Navarra en mejoría en las tasas. La tasa de pobreza real, que había aumentado de 3,9 a 6,7% entre 2009 y 2014, se mantiene en 6,3% en 2017 (con un descenso del 7,6 al 5,9% en Galicia, Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Aragón). El indicador de pobreza real con impacto social grave o muy grave apenas varía entre 2014 y 2017, pasando de 4,7 a 4,6% en el conjunto formado por Asturias, País Vasco y Navarra, mientras se reduce de 4,1 a 2,5% en las otras cinco comunidades autónomas.

La dinámica observada no puede entenderse sin la función “refugio” que la zona de Asturias, Euskadi y Navarra, con mayor o menor impacto según los casos, cumple en este periodo. En parte por su sistema de protección social pero también, en especial en el País Vasco y Navarra, por la mayor resistencia del empleo, con una tasa de paro muy inferior a la española, estas comunidades autónomas acogen durante el largo periodo de la crisis a una parte de la población, en especial  extranjera, que se queda sin expectativas en otros territorios españoles. En el caso de la población nacida en el extranjero, mientras en el conjunto de España se observa un aumento de esta población del 5,4% entre 2008 y 2018 y del 4% en Galicia, Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Aragón, el aumento es cercano al 20% en Asturias y Navarra y llega al 44,7% en Euskadi.

La otra cara de este papel solidario de refugio socioeconómico entre 2008 y 2017 para colectivos en situación precaria es una mayor presión de las situaciones potenciales de pobreza en Asturias, Navarra y, muy especialmente, Euskadi.

Gráfico 5

Gráfico 5

Gráfico 6

Gráfico 6

Una segunda dinámica relevante es la que afecta a las zonas con mayor nivel de precios en España (Madrid, Cataluña y Baleares). Estas comunidades autónomas que, en 2014, habían llegado a tener un impacto muy elevado de la pobreza real, con cifras del 13% en Madrid/Cataluña y del 14,9% en Illes Baleares, muestran una evolución diferenciada durante la fase reciente de recuperación. Mientras en Baleares la pobreza real sigue aumentando, hasta un 17,9%, 4,5 puntos por encima del 13,4% de 2009, en las otras dos comunidades autónomas se observa una evidente mejora en los últimos años. El 9,4% de 2017 queda así por debajo no sólo del 13% de 2014 sino también del 11,4% de 2009.

Los datos relativos a la pobreza real con impacto social grave o muy grave muestran una evolución similar. Aunque en Illes Balears, la incidencia de esta forma de pobreza grave se reduce ligeramente entre 2014 y 2017 (de 11,0 a 10,8%), el registro de 2017 es superior al 9% de 2009. En Madrid/Cataluña, en cambio, después de aumentar de 5,4 a 7,4% entre 2009 y 2017, la tasa se reduce al 4,9% en 2017, muy cerca del 4,6% que se observa en el conjunto formado por Asturias, Euskadi y Navarra.

Es importante mencionar que esta evolución debe analizarse en paralelo a la evolución del coste percibido de acceso al bienestar. Mientras sigue sustancialmente al alza en Illes Balears, se observa una significativa caída de la necesidad percibida en Madrid y Cataluña. La dinámica de los precios de la vivienda debe tenerse en cuenta en esta evolución contradictoria, con aumentos del precio del alquiler muy llamativos en Illes Balears (ver aquí, por ejemplo). El precio de la vivienda no sólo es superior en ese territorio respecto a las otros dos comunidades consideradas, y experimenta un fuerte aumento ya en 2016, sino que la recuperación de los precios en Madrid y Barcelona podría ser compatible con una reducción efectiva de la necesidad a través de la salida de parte de la población más precaria hacia la periferia, con menor nivel de precios. Se trata de una cuestión que habrá que seguir y evaluar en el futuro, en especial si la subida de precios se extiende hacia la periferia de las grandes ciudades y se consolida  en los próximos años una dinámica similar a la de Illes Balears.

El tercer aspecto a destacar es el deterioro comparado de la situación en Extremadura y Castilla-La Mancha. En estas dos regiones, la incidencia de la pobreza real, también en sus formas más graves, es muy superior en 2017 a la que se observa en 2008 y, salvo en Castilla-La Mancha en lo relativo a las formas más graves, los indicadores tienden a deteriorarse entre 2014 y 2017. En lo relativo al indicador de pobreza real, en concreto, el indicador conjunto para estas dos regiones aumenta de 6,7% en 2009 a 10,7% en 2014 y 13,6% en 2017, casi siete puntos por encima de lo observado en 2009. A pesar de la señalada mejora en Castilla-La Mancha, la pobreza real con impacto social grave o muy grave también aumenta para el conjunto formado por estas dos regiones. El indicador pasa, en este sentido, de 2,5% en 2008 a 6% en 2014 y 6,9% en 2017.

Con la excepción de Murcia en lo relativo al indicador general, y en relación a la situación de 2009, la incidencia de la pobreza real también es claramente superior en 2017 en el conjunto formado por Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Así, en el indicador general de pobreza real, el 14,3% de 2017 supera en 4,5 puntos el 10,8% de 2009. Lo mismo sucede con las formas de pobreza real con impacto social grave o muy grave, con un 7,6% en 2017 que supera en 1,2 puntos el 6,4% de 2014. En este grupo de comunidades autónomas, sin embargo, se detecta una clara mejora entre 2014 y 2017, tanto en el indicador general de pobreza real (de 16,8 a 14,3%) como, de forma muy clara, en lo relativo a las formas graves y muy graves (de 9,9 a 7,6%).

 La situación de Canarias es más compleja. Mientras la recuperación se traduce en una caída del indicador general de pobreza real entre 2014 y 2017, con un 13,9% en este último año que es inferior tanto al 16,2% de 2014 como al 15,8% de 2008, en 2017 se detecta un nítido deterioro de la situación en lo relativo a las formas más graves. De esta forma, el indicador de pobreza real con impacto social grave o muy grave aumenta en Canarias de 7% en 2014 a 10,3% en 2017, un nivel que se sitúa un punto porcentual por encima del 9,3% de 2009.

ASPECTOS RELATIVOS A LOS TIPOS DE HOGAR

La evolución reciente por tipos de hogar es más favorable, con mejoras en casi todos los grupos en la fase reciente de recuperación económica, tal y como puede observarse en los gráficos 7 y 8. Pero algunos matices deben ser igualmente introducidos en este punto.

En primer lugar, y aunque sigue siendo el grupo menos afectado por la precariedad económica, llama la atención el aumento entre 2014 y 2017 de las formas de pobreza real en los hogares de personas mayores de 65 años. El incremento es muy limitado en el caso de pobreza real con impacto grave o muy grave (de 1,6 a 2% en el periodo considerado, todavía por debajo del 2,2% de 2009). Es más llamativo en lo relativo al indicador general de pobreza real (de 4,2 a 5,6%) aunque el nivel de 2008 queda muy por debajo del 8,2% de 2009.

El segundo aspecto a señalar es que, a pesar de la mejora del periodo 2014-2017 que se detecta en algunos grupos, las tasas de pobreza real siguen siendo superiores en 2017 a las de 2009 en algunos tipos de hogar. En lo relativo al indicador general, esto es particularmente claro en el caso de hombres solos menores de 65 años, con una caída del 31,5% de 2014 al 22,6% de 2017, en un nivel que sin embargo se mantiene aún muy por encima del 16,2% de 2009. Lo mismo se observa en el caso de pobreza real con impacto grave o muy grave, con un 11,1% en 2017 que es claramente inferior al 16,9% de 2014 pero que también supera con nitidez el 6,6% de 2009.

En los hogares con niños o niñas dependientes, la tasa de pobreza grave de 2017 también supera la de 2009 (12,2% frente a 11,4%) aunque se observa una significativa mejora respecto al 15,3% de 2014. La mejora es más clara en lo relativo a las formas graves o muy graves, con una reducción del 9,2 al 6,9% entre 2014 y 2017, en niveles ya cercanos al 6,8% de 2009.

En los hogares de adultos menores de 65 años y sin menores dependientes, la tasa de pobreza real se reduce del 8,2 al 7,4% entre 2014 y 2017 pero se mantiene muy por encima del 4,7% de 2009. Las formas de pobreza real con impacto grave o muy grave también tienen mayor incidencia en 2017 que en 2009 (4,3 frente a 2,6%), en línea sólo ligeramente descendente respecto al 5% de 2014. Se trata sin embargo de un grupo con menor impacto comparativo de la pobreza real en España.

Aunque en los últimos años mejoran las tasas en los hogares de mujeres solas menores de 65 años y en los hogares monoparentales, la gran mayoría asociada a este tipo de mujeres, las tasas de pobreza real se mantienen muy altas en este grupo en 2017. Llegan al 25,8%, apenas algo por debajo del 28% de 2009 y del 28,7% de 2014. Además, en este grupo, el impacto de la pobreza real con impacto social grave o muy grave sigue siendo superior en 2017 a la de 2009. Aunque se reduce del 14,6% al 14% entre 2014 y 2017, el impacto de esta forma de pobreza en los grupos considerados supera el 12,6% de 2009.

Gráfico 7                                                                                                                                                    Gráfico 7

Gráfico 8

Gráfico 8

ANEXO ESTADÍSTICO

gRÁFICO 9

ANEXO METODOLÓGICO

La aproximación al estudio del impacto de la pobreza real se basa en el intento de aplicar los principios utilizados en la EPDS vasca a los datos de la ECV para el conjunto de España. La EPDS revela, en este sentido, que las situaciones reales de pobreza no sólo dependen de la situación de ingresos existente sino del acceso adecuado a bienes y servicios de consumo a medio y largo plazo y de un mínimo patrimonio de reserva para afrontar situaciones de crisis.

Teniendo en cuenta algunas limitaciones de información de la ECV, se ha determinado qué información disponible en esta última encuesta podría servir para obtener una aproximación al indicador de pobreza real de la EPDS. Del análisis realizado, se concluye que pueden considerarse en situación de pobreza real a los hogares en los que se detectan, en la ECV, las siguientes situaciones:

  1. Disponer de ingresos inferiores al 40% de la mediana de ingresos equivalentes PPAB/PPCC por unidad de consumo y tener alguno de los problemas considerados en el análisis, ya se trate de problemas estructurales relacionados con las condiciones de vida o el acceso a un mínimo patrimonio de reserva, de problemas de alimentación (pregunta HS050 de la ECV) o de acceso a una temperatura adecuada (pregunta HH050 de la ECV), o de cualquier tipo de impago.
  2. Disponer de ingresos entre el 40% y el 50% de la mediana de ingresos equivalentes PPAB/PPC por unidad de consumo, tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva y, además, una situación en la que se combinan problemas de impago (uno o más) y falta de cobertura de las necesidades de alimentación.
  3. Disponer de ingresos entre el 50% y el 60% de la mediana de ingresos equivalentes PPAB/PPC por unidad de consumo, tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva y, además, una situación en la que se combinan problemas graves de impago (dos o más) y problemas para alcanzar una temperatura adecuada durante los meses de invierno.

Se considera que existen problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva, cuando está presente en el hogar alguna de las siguientes circunstancias:

*  Falta de capacidad para afrontar gastos imprevistos.

*  Tres o más carencias en lo relativo al acceso a los siguientes bienes (teléfono, TV color, ordenador, lavadora).

*  Ausencia de agua corriente, o bañera/ducha, en la vivienda o sus anexos.

Por su parte, la aproximación a los impagos tiene en cuenta, de forma acumulada, los distintos tipos de impagos previstos en la ECV (HS011, HS021 y HS031).

En la aproximación a la disposición de ingresos se ha tenido en cuenta el impacto diferencial de los precios por territorios. A tales efectos, y tomando la media española como base de referencia, en la ECV se han ajustado (al alza o a la baja) los ingresos reales de los hogares a las paridades de poder de compra (PPC) entre comunidades autónomas, determinadas en términos de garantía de un nivel de bienestar equivalente para distintos niveles de precio.

Estas PPC se han estimado a partir de las respuestas ofrecidas por los hogares en la pregunta de la ECV relativa a la cuantía necesaria para llegar a fin de mes (HS130), calculada por unidad de consumo. Dado el limitado tamaño muestral de esta operación estadística, y teniendo en cuenta dinámicas cercanas de percepción de costes asociados a la idea de llegar a fin de mes, la aproximación se ha realizado para las siguientes comunidades autónomas o agrupaciones de comunidades autónomas:

En el estudio, se han determinado igualmente unas situaciones de especial gravedad dentro de la pobreza real, entendiendo por tales aquellas que vienen asociadas a consecuencias sociales muy graves para las personas afectadas (impacto social grave o muy grave). En este sentido, las situaciones de pobreza con impacto social grave o muy grave son aquellas en las que, además de pobreza real, están presentes algunas de las siguientes situaciones:

  1. Problemas de impagos (uno o más), indicativos de una línea de endeudamiento muy grave.
  2. Problemas de falta de cobertura de las necesidades de alimentación, indicativos de una inseguridad muy grave en el acceso a la alimentación.
  3. Problemas para alcanzar una temperatura adecuada durante los meses de invierno, indicativos de condiciones muy graves de pobreza energética.
  4. Problemas estructurales graves: tres o más carencias en lo relativo al acceso a los siguientes bienes (teléfono, TV color, ordenador, lavadora), ausencia de agua corriente, o bañera/ducha, en la vivienda o sus anexos.

Se entiende que, al asociarse a una situación general de pobreza real, la presencia de alguna de estas realidades es indicativa de un proceso muy grave de empobrecimiento o desacumulación.

Aproximación PPAB/PPC

En la aproximación a las posiciones respecto a la mediana de ingresos, el estudio trata igualmente de neutralizar el impacto de las estructuras de costes diferenciadas, ligadas además al ciclo de vida, que se detectan en las determinadas comunidades autónomas. En este sentido, la aproximación a la estimación de la mediana de ingresos equivalentes se basa en un ajuste de los ingresos que permita obtener unos resultados ajustados, comparables y armonizados para el conjunto de las comunidades autónomas españolas.

El punto de partida es la determinación de una escala de equivalencia basada en la percepción real de la población. La experiencia histórica muestra que las escalas de equivalencia utilizadas habitualmente en el estudio de la pobreza y el bienestar en España no se ajustan adecuadamente a la realidad. Frente a los métodos que utilizan una escala de equivalencia prefijada, como el usado por Eurostat, se obtiene en el estudio una escala ad-hoc que se basa en la propia percepción de la población.

A tales efectos, se calcula la media de ingresos considerados necesarios para llegar a fin de mes para una serie de tipos de hogar. De cara a la estimación de estos ingresos necesarios, la ECV permite utilizar una pregunta específica que facilita la posición de cada hogar respecto a un indicador, directamente asociado a la medición del bienestar. Se trata de la pregunta HS130 que recoge los ingresos mínimos para llegar a fin de mes. La aproximación tiene en cuenta la edad de la persona principal, el tamaño del hogar y su composición ((Personas solas, Adultos sin hijos/as, Familias monoparentales, Parejas y otros hogares con hijos/as), teniendo en cuenta la necesidad de contar con una base muestral que resulte suficiente para cada tipo de hogar. A partir de las medias obtenidas para cada tipo de hogar, se determina la escala de equivalencia resultante para cada uno de los años analizados. Aplicando las escalas de equivalencia obtenidas de esta forma, se estiman a continuación los ingresos equivalentes per cápita de cada hogar.

Para disponer de datos de ingresos que sean comparables en el conjunto de España, y con los ingresos equivalentes ya disponibles en la forma señalada, se calculan a continuación los ingresos necesarios para llegar a fin de mes en cada comunidad autónoma y para tres grupos de hogares, delimitados en función de la edad de la persona principal (menos de 45 años, 45-64 y mayores de 65 años). El coste medio de acceso al bienestar para el conjunto de la comunidad se estima en base a la media estandarizada de las medias parciales por grupos de edad, tomando como base común la distribución de los hogares por grupos de edad en el conjunto de España.

Una vez obtenida la media estandarizada de los ingresos necesarios, se determina un factor de ajuste que refleja el coste diferencial de acceder al bienestar en cada comunidad autónoma. Este factor funciona a modo de Paridad de Poder de Acceso al Bienestar (PPAB) con unos ingresos dados. Este factor de ajuste se aplica a los ingresos equivalentes disponibles antes de calcular la mediana de ingresos que se utiliza en el estudio. El factor PPAB actúa en una línea similar a la que resultaría de la obtención de cifras en paridades de poder de compra (PPC).

Debe recordarse finalmente, para entender el significado de los ingresos PPAB/PPC considerados, que éstos se obtienen siempre para a la renta estimada correspondiente al año anterior al de realización de cada operación anual de la ECV. Los indicadores estructurales corresponden en cambio al año de realización de la ECV. En el estudio se consideran tres periodos: 2008-2009, 2013-2014 y 2016-2017. La referencia son estos periodos aunque habitualmente la redacción habla, de forma simplificada, del año de aplicación de la ECV (2009, 2014 y 2017).

Indicadores de pobreza real en España. Luis Sanzo

Introducción y principales resultados

En la aproximación a la pobreza, la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del País Vasco (EPDS) resulta peculiar. Esta circunstancia se vincula al hecho de que fuera diseñada antes de que se lanzaran las estadísticas hoy desarrolladas en España y en Europa (ECV y UE-SILC).

Uno de los fundamentos básicos de la EPDS es la idea de que las situaciones de pobreza real no son consecuencia automática de la presencia de determinados factores de riesgo, sino que dependen de la posición de los hogares ante las distintas dimensiones de pobreza. Los factores de riesgo no se limitan, además, a una insuficiencia temporal de ingresos. También son relevantes la falta de acceso a ciertos bienes y servicios de consumo duradero o la ausencia de un patrimonio de reserva adecuado para afrontar situaciones de crisis.

Partiendo de este planteamiento, además de los tradicionales indicadores de riesgo en la dimensión de ingresos, la EPDS ofrece indicadores similares en la dimensión asociada a las condiciones de vida a medio y largo plazo, y a modo de síntesis del impacto combinado de las situaciones observadas en esas dos dimensiones, un indicador final de pobreza real. Este artículo trata de ofrecer, siguiendo la metodología que se explica en Anexo, una estimación del impacto de estas situaciones de pobreza real en España.

A modo de resumen, los principales resultados del estudio pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

  1. Las situaciones de pobreza real tienen una incidencia significativa en España, afectando en 2016 a un 11,5% de la población. Sin embargo, el impacto de este tipo de pobreza ya era destacado en 2008, antes de la crisis financiera, con un 7,9% de la población con problemas en aquel año.
  2. La principal consecuencia de la crisis ha sido el incremento de las formas más graves de la pobreza real, aquéllas que tienen un impacto social muy grave para la población (en términos de inseguridad alimenticia, pobreza energética o riesgo de endeudamiento). Situadas en un 3,2% en 2006, caracterizan a un 6,2% de la población en 2016, multiplicándose prácticamente por dos.
  3. Casi tres cuartas partes de los problemas de pobreza real detectados se concentran en las comunidades del sur de España, además de Madrid y la Comunidad Valenciana. Aunque tiene una tasa de pobreza real elevada, dentro de este grupo, Extremadura consigue sin embargo situarse entre las regiones con registros más favorables en lo relativo al impacto de las formas más graves de pobreza real.

El impacto de la pobreza real en España

En el gráfico 1 se presenta la estimación del impacto de las situaciones de pobreza real en España para el periodo posterior a la crisis financiera. Los datos revelan que, entre 2008 y 2014, la tasa de pobreza real aumenta en 4,6 puntos, alcanzando un nivel de 12,5% de la población en 2014.

Los datos muestran, sin embargo, que el impacto de partida era ya elevado, con un 7,9% de población afectada en 2008. Entre 2009 y 2011, la incidencia aumenta hasta alcanzar niveles cercanos al 9%. El deterioro posterior de las políticas de protección al desempleo contribuye a un significativo repunte en 2012, con un 10,6% de personas en pobreza real, proporción que aumenta a 10,9% en 2013. El último repunte de magnitud se produce en 2014, alcanzándose en este año el nivel más elevado, con un 12,5% de personas en situación de pobreza real. La recuperación hace retroceder en un punto el indicador en 2015, quedando en un 11,5%, cifra que se consolida en 2016.

Los datos indican, por tanto, tres periodos de incremento de la pobreza real en España, con aumentos anuales de entre 1,3 y 1,6 puntos: de 2008 a 2009, de 2011 a 2012 y de 2013 a 2014 (con datos de renta correspondientes al año anterior). Ponen en evidencia, por otra parte, que el deterioro asociado a la crisis resultado todavía muy evidente en 2016. De esta forma, y a pesar de la recuperación, el 11,5% de 2016 supera todos los registros del periodo 2008-2013, quedando 3,6 puntos por encima del 7,9% de 2008.

Gráfico 1. Evolución de algunos indicadores de pobreza real en España. 2008-2016.

Gráfico1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

Como era de esperar, la dinámica del indicador de pobreza real resulta diferente según las comunidades autónomas[1]. En primer lugar, en algunas de ellas, el impacto de la crisis sobre la pobreza real resulta moderado, con aumentos cercanos o inferiores a los dos puntos. Esta evolución caracteriza, por una parte, a algunas comunidades autónomas que, en 2008, se situaban entre las menos afectadas por la pobreza, como el País Vasco, La Rioja, Castilla-León o Aragón, zonas que consolidan en 2016 su posición social comparativamente favorecida (con tasas inferiores al 6,5%). En estos territorios, la significativa reducción de la pobreza real a partir de 2013 (2014 en Castilla-León), compensa en gran medida el importante repunte de la tasa que se observa entre 2010/2011 y 2013 (entre 2008 y 2010 en Castilla y León).

Con una incidencia comparativamente alta o media de la pobreza real en 2008, por su parte, Cataluña y Baleares sufren un aumento del fenómeno superior a la media hasta 2014. En estas dos comunidades, la recuperación económica posterior se traduce sin embargo en una importante caída del impacto de la pobreza real. En Cataluña, esto se traduce en una tasa de 8,8% en 2016, apenas 1,7 puntos superior al 7,1% de 2008. En ambos años, se trata de niveles situados en posiciones intermedias en España, pero en 2016 más cercanos a la parte de las comunidades más favorecidas (con un impacto inferior en -2,7 puntos a la media española en 2016 por -0,8 en 2008). Cataluña, sin embargo, había llegado a tener una tasa del 12,2% en 2014.

Aunque en Illes Balears la tasa de pobreza real no es muy inferior en 2016 a la de Cataluña, con un 8%, la importancia de la recuperación en las islas se traduce en el único caso de caída de la tasa de pobreza real respecto a 2008 (10,6% en aquel momento, con cifras entre 13 y 15,8% en el periodo 2012-2015 que situaban entonces a este territorio entre los más empobrecidos).

La evolución de la Comunidad de Madrid resulta igualmente peculiar por la cercanía de la tasa de pobreza real de 2008 y 2016, con apenas un incremento de 0,8 puntos entre 2008 y 2016. Madrid partía sin embargo de niveles muy superiores a la media española en 2008, con un 11,3% que superaba en 3,4 puntos el 7,9% medio de España. La comunidad madrileña se beneficia paradójicamente a partir de entonces de la emigración y del esfuerzo de protección estatal que supuso el Prodi, con una fuerte reducción de la pobreza real que llevó a situar el indicador en un 6,4% en 2010, entonces claramente por debajo de la media española del 8,9%. La reducción de la protección por desempleo y la eliminación del Prodi provoca sin embargo un fuerte repunte de la pobreza que lleva la tasa a cifras ligeramente superiores al 12% en 2013 y 2014. Tras una ligera mejora en 2015 (11,5%), la pobreza real remonta al 12,1% en 2016, muy cerca del máximo del 12,3% de 2013. Aunque la negativa evolución de otras comunidades sitúa a la comunidad-capital cerca de la media española del 11,5% en 2016, Madrid se mantiene con tasas superiores a esa media en este último año.

Frente al grupo de comunidades señalado, otras zonas de España destacan por el llamativo grado de deterioro de las condiciones de vida durante la crisis, llegando a 2016 con tasas de pobreza superiores en al menos tres puntos a las de 2008. En algunos casos, esto no es suficiente para alejar a ciertos territorios de la posición comparativamente favorecida que tenían en 2008. De esta forma, las tasas de entre el 6,4 y el 7,3% de Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra, se sitúan al menos cuatro puntos por debajo de la media española en 2016, quedando entre el grupo de comunidades con menores tasas de pobreza real en España durante ese año.

La evolución reciente es mucho más preocupante en otras zonas. En este sentido, Castilla-La Mancha y Extremadura se sitúan en 2016, con tasas de 11,5 y 12%, en una posición muy cercana a la de Madrid, cerca de la media española o ligeramente por encima. A diferencia de la capital, sin embargo, en 2008 el impacto de la pobreza real era inferior a la media en estas dos comunidades, con cifras de 7,6 y 6,8%, respectivamente. La dinámica observada entre 2008 y 2016 marca por tanto un significativo deterioro de los indicadores de pobreza real en estas dos comunidades, con incrementos de 3,9 puntos en Castilla-La Mancha y de 5,1 en Extremadura. Además de un primer deterioro a partir de 2009-2010, y que culmina entre 2012 y 2013, la significativa mejora de las tasas en 2014 se ve compensada con repuntes llamativos de la tasa de pobreza real entre 2014-2015 (Castilla-La Mancha) o 2015-2016 (Extremadura).

La tendencia alcista es muy similar en la Comunidad Valenciana, con un aumento de 4,1 puntos entre el 9,7% de 2008 y el 13,9% de 2016. El punto de partida era sin embargo mucho más negativo en esa comunidad, con tasas ya superiores a la media española en 2008 (+1,8 puntos). En 2016, la tasa valenciana se mantiene claramente por encima de la media estatal pero se aleja aún más de ella (+2,3 puntos). Un aspecto a destacar es que el mayor deterioro de la tasa de pobreza real en esta comunidad se produce a partir de 2013. Aunque el 13,9% de 2016 es inferior al máximo del 15,8% de 2014, supone un cambio de tendencia respecto a las cifras cercanas al 10% de 2013 y 2015.

Dinámica del indicador de pobreza real por Comunidades Autónomas. 2008-2016

2008

Mapa 2008

2014

Mapa 2014

2016

mapa 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

El mayor deterioro de la pobreza real en España se produce, en cualquier caso, en las comunidades autónomas de Canarias, Murcia y Andalucía, con incrementos de entre 5,9 y 7,9 puntos entre 2008 y 2016.

Aunque partía de una situación comparativamente mejor que la media en 2008, con una tasa del 6,6%, Murcia es la comunidad autónoma que más sufre el aumento de la pobreza real entre 2008 y 2014, alcanzando en este año un 16,5%, sólo superado por Andalucía (y la ciudad de Ceuta). La nítida mejoría de 2015-2016 no es suficiente y aún sitúa a este territorio 2,5 puntos por encima de la media española en 2016 (14 frente a 11,5%).

Canarias se caracterizaba, por su parte, de la tasa de pobreza real más elevada en España en 2008 (11,7%), sólo superada entonces por Ceuta. En 2011 seguía manteniendo esa posición, ahora por encima de Ceuta, con un 19,8%. La caída al 15,2% de 2014 se ve compensada con un llamativo deterioro a partir de ese año. En 2016, Canarias tiene una tasa de pobreza real que aún alcanza el 17,6%, la segunda más alta de las comunidades autónomas españolas en ese año.

Con una tasa del 18,1%, Andalucía se presenta en 2016 como la región con mayor tasa de pobreza real en España, 7,9 puntos por encima del 10,3% de 2008. Aunque esta comunidad autónoma sufre el incremento del fenómeno entre 2009 y 2010, con un 14,9% en 2010, la tasa había llegado a resituarse en el 12,6% en 2012. A partir de ahí remonta al alza de forma sustancial, alcanzando un 17,5% en 2014. La recuperación económica apenas hace caer el impacto del problema al 17,1% en 2015 para volver a un deterioro en 2016, con un máximo del 18,1%.

El análisis de las tasas de pobreza en España muestra por tanto, en 2016, una realidad muy desigual por territorios. En la parte más favorecida, las tasas se sitúan entre el 4,2 y el 6,6% en el noroeste español (Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Castilla-León, con la única excepción de Galicia), más Navarra y Aragón. Entre un 7,3 y un 8,8%, también claramente por debajo de la media española del 11,5%, se sitúan Galicia, Cataluña y Baleares.

Entre un 11,5 y un 12,1%, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid se sitúan en torno a la media española, en todos los casos con tasas muy superiores al 7,9% que alcanzaba dicha media en 2008. Claramente por encima, la tasa se sitúa entre el 13 y el 14,7% en la Comunidad Valenciana y Murcia (así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). La máxima problemática, con niveles entre el 17,6 y el 18,1%, corresponde en 2016 a Canarias y Andalucía.

Resulta llamativa la diferencia entre dos Españas que pone en evidencia el indicador de pobreza grave. En las comunidades autónomas con incidencia inferior a la media en 2016, el impacto del problema es dos puntos superior al de 2008 (7,1% frente a 5,1%). En las que superan la media, el incremento es de 4,8 puntos (de 10 a 14,8%). Aunque siempre en niveles alejados de la completa superación del problema, tanto en 2008 y 2016, las comunidades que mejor se han enfrentado al fenómeno de la pobreza real se mantienen en los dos periodos en cifras inferiores en un 50% a las del resto.

Otro aspecto que destacar es la fuerte concentración del problema en las comunidades autónomas más desfavorecidas. Un 73,5% de los casos totales de pobreza real se concentran en las comunidades del sur español (Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Murcia), más Madrid y la Comunidad Valenciana. Estas comunidades, sin embargo, ya concentraban un 71,6% de la pobreza real en 2008.

Formas de pobreza real con impacto social muy grave

En el gráfico 1 se presenta igualmente la evolución de la proporción de población que, viviendo situaciones de pobreza real, sufren consecuencias muy graves asociadas a la misma, ya sea en términos de problemas de acceso a una alimentación adecuada, pobreza energética o riesgo de endeudamiento o desacumulación. Los datos del gráfico muestran el sustancial impacto que la crisis ha tenido en el incremento de estas realidades.

En 2008 un 3,2% de la población sufría este tipo de problemas muy graves, asociados a situaciones de pobreza real. De forma paradójica, dado el aumento de la pobreza real (de 7,9% en 2008 a cifras cercanas al 9% en 2009 y 2010), el indicador se reducía al 1,9% en 2009 y al 1,5% en 2010. La paradoja se explica por el inicial efecto positivo del sistema ordinario de protección al desempleo, al que se añaden en ese periodo las nuevas medidas de apoyo a la población parada introducidas por el Gobierno Zapatero. El PRODI tuvo, en este sentido, una importancia destacada por su extensa cobertura de la población no cubierta a través de los mecanismos ordinarios.

Sin embargo, el progresivo agotamiento de los mecanismos ordinarios de protección temporal, junto a los recortes en la protección y la propia desaparición del PRODI, contribuyeron pronto a un cambio radical de tendencia, con fuertes incrementos entre 2010 y 2014 de las problemáticas consideradas. El 3,7% de 2011 ya situaba la proporción de población afectada por encima del 3,2% de 2008 pero el indicador siguió aumentado hasta niveles cercanos al 5,5% en 2012 y 2013 para alcanzar un máximo del 7,1% en 2014. La recuperación apenas permite reducir ligeramente el impacto de la pobreza real con impacto social muy grave, con un 6,4% de población afectada en 2015 y 6,2% en 2016, niveles que suponen doblar prácticamente la tasa de 2008.

En 2016, una proporción significativa de la población española se enfrenta por tanto a situaciones sociales muy graves vinculadas a la pobreza real. Se trata, en cifras absolutas, de unos 2,87 millones de personas, muy por encima de los 1,46 millones de 2008. La cifra se acerca más, en realidad, a los 3,45 millones de personas en situación de pobreza real en 2008. De hecho, uno de los cambios asociados a la crisis es que 2016 revela una proporción de personas en las situaciones más graves asociadas a la pobreza real que resulta muy cercana a la que representaba el conjunto de las situaciones de pobreza real en 2008.

Las diferencias territoriales vuelven a ser llamativas en lo relativo a este indicador. En la parte más favorecida, las tasas son cercanas o inferiores al 3,5% en Galicia, Castilla-León, País Vasco, Navarra y Aragón, pero también se sitúa en este grupo Extremadura. Aunque con una incidencia superior a la media en el indicador general de pobreza real, esta comunidad consigue situarse en la parte menos afectada en lo relativo al impacto de las formas muy graves ligadas a este tipo de pobreza.

En posiciones también comparativamente favorables, pero con tasas entre 4,2 y 5,1% se encuentran Asturias y Cantabria, además de Cataluña e Illes Balears. La Rioja y Madrid se sitúan en niveles cercanos a la media española en este indicador, con cifras entre 6,2 y 6,4%.

Ya claramente por encima de la media, la proporción de personas afectadas se sitúa entre el 7,8 y el 8,4% en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Canarias. El porcentaje llega al 9,2% en Andalucía, alcanzando un máximo del 10,4% en la Región de Murcia. En las cinco comunidades autónomas señaladas, la proporción de personas que asocian la pobreza real a un impacto social muy grave es similar o superior al impacto general que tenía en España toda la pobreza real en 2008 (7,9%). Se trata de un cambio cualitativo fundamental, con máximos situados entre el 4,3 y el 5,7% en 2008 (Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, entonces).

Los 1,65 millones de personas afectadas en las cinco comunidades autónomas señaladas suponen un 57,6% del total de personas que asocian los problemas de pobreza real a consecuencias sociales muy graves de inseguridad alimenticia, pobreza energética o endeudamiento graves. La cifra llega a 2,05 millones de personas con problemas si se incluye a la Comunidad de Madrid (recogiendo el 71,4% de todos los casos de pobreza real con impacto social muy grave).

Sin embargo, la problemática de la pobreza real con impacto social muy grave es una realidad que está también al alza en las comunidades que mejor han sabido afrontar este fenómeno. Así, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra, destacan por tener en 2016 un porcentaje de situaciones de pobreza real con impacto social muy grave que resulta más de un 20% superior a la tasa general de pobreza real conjunta que tenían en 2008. De esta forma, aunque sus tasas de pobreza real sean comparativamente bajas, las formas más graves de la misma tienen una presencia significativa en unas comunidades que, en su mayoría, mantuvieron durante varios años el ritmo de atracción de población inmigrante tras la crisis de 2008.

Pobreza real con impacto social muy grave por Comunidades Autónomas. 2016

Mapa pobreza real

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

ANEXO ESTADÍSTICO

Evolución del indicador de pobreza real por Comunidades Autónomas. 2008-2016

Comunidad Autónoma 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Galicia 3,7 7,1 7,1 5,8 7,5 7,2 7,5 6,4 7,3
Asturias 2,7 5,0 2,9 2,1 9,0 6,9 8,0 7,7 6,4
Cantabria 3,1 5,7 8,0 9,5 5,5 6,3 6,3 7,5 6,5
País Vasco 2,4 2,9 2,8 3,3 4,2 7,5 5,5 5,2 4,4
C.F.Navarra 1,9 5,3 3,5 2,0 3,1 1,7 6,7 4,6 6,6
La Rioja 5,1 5,4 6,6 9,4 9,5 10,1 7,9 7,9 6,4
Aragón 3,4 3,1 3,5 5,5 7,6 8,7 7,4 4,6 4,2
Madrid 11,3 10,1 6,4 9,3 9,8 12,3 12,1 11,5 12,1
Castilla-León 3,9 6,7 7,0 6,1 6,0 7,4 9,4 7,4 5,9
Castilla-La Mancha 7,6 6,9 9,2 7,2 13,7 12,9 9,4 11,6 11,5
Extremadura 6,8 9,2 17,1 9,7 10,9 10,2 8,6 8,9 12,0
Cataluña 7,1 11,0 5,4 7,3 11,0 8,9 12,2 10,6 8,8
Valenciana 9,7 10,3 7,7 9,0 11,5 10,5 15,8 10,1 13,9
Illes Balears 10,6 10,8 8,5 9,7 15,8 13,0 14,4 14,4 8,0
Andalucía 10,3 10,2 14,9 13,0 12,6 14,4 17,5 17,1 18,1
Murcia 6,6 10,9 18,2 9,7 13,9 14,0 16,5 16,9 14,0
C.A.Ceuta 20,2 22,9 21,5 13,9 29,5 29,8 20,4 14,4 14,7
C.A.Melilla 10,0 14,9 14,9 17,0 9,7 14,6 14,3 11,8 13,0
Canarias 11,7 13,9 16,0 19,8 15,4 15,7 15,2 18,9 17,6
Total 7,9 9,2 8,9 9,0 10,6 10,9 12,5 11,5 11,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.

Evolución del indicador de pobreza real con impacto social muy grave por Comunidades Autónomas. 2008-2016

Comunidad Autónoma 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Galicia 1,7 0,9 1,5 2,4 3,3 2,5 3,5 3,8 3,4
Asturias 0,5 0,0 0,5 1,0 3,4 3,9 6,3 5,2 4,3
Cantabria 0,2 0,5 0,3 4,4 2,0 3,9 5,0 5,9 4,7
País Vasco 1,2 0,7 0,1 2,1 2,2 4,7 3,8 3,2 3,2
C.F.Navarra 1,6 1,3 0,7 1,5 2,4 1,3 4,4 2,0 2,9
La Rioja 1,4 0,6 0,5 7,2 4,7 8,1 5,1 5,6 6,4
Aragón 1,4 0,1 0,9 1,7 2,2 5,5 4,4 2,7 2,6
Madrid 5,7 2,0 1,1 2,4 4,9 6,7 6,7 6,6 6,2
Castilla-León 0,8 0,4 0,9 2,5 3,6 3,0 4,2 4,2 2,1
Castilla-La Mancha 4,5 0,8 0,9 4,2 6,7 7,4 6,7 6,6 7,8
Extremadura 1,9 0,5 2,2 1,9 5,7 3,7 1,7 4,5 3,5
Cataluña 2,3 1,8 1,7 2,8 6,2 4,5 6,6 7,0 5,1
Valenciana 5,7 3,3 1,2 3,5 5,5 6,1 10,6 4,6 8,4
Illes Balears 1,9 1,5 2,3 6,8 7,6 9,2 10,4 9,2 4,2
Andalucía 3,5 2,5 1,9 6,0 7,5 6,5 9,5 8,6 9,2
Murcia 4,3 5,1 7,1 4,0 8,4 9,2 11,1 9,0 10,4
C.A.Ceuta 4,3 6,0 0,0 9,9 22,0 18,5 12,1 13,8 3,9
C.A.Melilla 8,3 0,9 0,3 5,9 2,8 7,7 10,9 11,6 10,3
Canarias 2,5 3,6 1,0 7,5 4,5 8,7 6,4 9,8 8,0
Total 3,2 1,9 1,5 3,7 5,5 5,7 7,1 6,4 6,2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV. INE.


ANEXO METODOLÓGICO

La aproximación al estudio del impacto de la pobreza real se ha basado en el intento de aplicar los principios utilizados en la EPDS vasca a los datos de la ECV para el conjunto de España. La EPDS revela, en este sentido, que las situaciones reales de pobreza no sólo dependen de la situación de ingresos existente sino del acceso adecuado a bienes y servicios de consumo a medio y largo plazo y de un mínimo patrimonio de reserva para afrontar situaciones de crisis.

Teniendo en cuenta algunas limitaciones de información de la ECV, se ha determinado qué información disponible en esta última encuesta podría servir para obtener una aproximación al indicador de pobreza real de la EPDS. Del análisis realizado, se concluye que pueden considerarse en situación de pobreza real a los hogares en los que se detectan, en la ECV, las siguientes situaciones:

  1. Disponer de ingresos inferiores al 50% de la mediana de ingresos equivalentes PPC por unidad de consumo y tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva.
  2. Disponer de ingresos inferiores al 60% de la mediana de ingresos equivalentes PPC por unidad de consumo, tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva y, además, una situación en la que se combinan problemas de impago (uno o más) y falta de cobertura de las necesidades de alimentación (pregunta HS050 de la ECV).
  3. Disponer de ingresos inferiores al 60% de la mediana de ingresos equivalentes PPC por unidad de consumo, tener problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva y, además, una situación en la que se combinan problemas graves de impago (dos o más) y problemas para alcanzar una temperatura adecuada durante los meses de invierno (pregunta HH050 de la ECV).

Se considera que existen problemas estructurales asociados, relacionados con las condiciones de vida o un mínimo patrimonio de reserva, cuando está presente en el hogar alguna de las siguientes circunstancias:

*  Falta de capacidad para afrontar gastos imprevistos.

*  Tres o más carencias en lo relativo al acceso a los siguientes bienes (teléfono, TV color, ordenador, lavadora).

*  Ausencia de agua corriente, o bañera/ducha, en la vivienda o sus anexos.

Por su parte, la aproximación a los impagos tiene en cuenta, de forma acumulada, los distintos tipos de impagos previstos en la ECV (HS011, HS021 y HS031).

En la aproximación a la disposición de ingresos se ha tenido en cuenta el impacto diferencial de los precios por territorios. A tales efectos, y tomando la media española como base de referencia, en la ECV se han ajustado (al alza o a la baja) los ingresos reales de los hogares a las paridades de poder de compra (PPC) entre comunidades autónomas, determinadas en términos de garantía de un nivel de bienestar equivalente para distintos niveles de precio.

Estas PPC se han estimado a partir de las respuestas ofrecidas por los hogares en la pregunta de la ECV relativa a la cuantía necesaria para llegar a fin de mes (HS130), calculada por unidad de consumo. Dado el limitado tamaño muestral de esta operación estadística, y teniendo en cuenta dinámicas cercanas de percepción de costes asociados a la idea de llegar a fin de mes, la aproximación se ha realizado para las siguientes comunidades autónomas o agrupaciones de comunidades autónomas:

*  Madrid.

*  Cataluña/Baleares.

*  Navarra.

*  País Vasco.

*  Aragón, Rioja, Cantabria, Asturias, Castilla-León y Galicia.

*  Comunidad Valenciana.

*  Canarias.

*  Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Ceuta/Melilla.

*  Extremadura.

Para neutralizar el impacto de las estructuras de costes diferenciadas, ligadas al ciclo de vida, el procedimiento se ha aplicado de manera diferenciada para tres tipos de hogares, en función de la edad de su persona de referencia (< 45 años; 45-64 años, 65 y más años). De cara a eliminar los condicionantes ligados a la percepción diferenciada de necesidades de la población más alejada de la pobreza, por otra parte, en la aproximación se ha trabajado en exclusiva con hogares situados en los niveles 1 a 3 de la HS120 de la ECV, esto es, hogares que señalan llegar al menos con cierta dificultad a fin de mes.

Debe recordarse finalmente, para entender el significado de los ingresos PPC considerados, que éstos corresponden siempre a la renta estimada para el año anterior al de realización de cada operación anual de la ECV.

En el estudio, se han determinado igualmente unas situaciones de especial gravedad dentro de la pobreza real, entendiendo por tales aquellas que vienen asociadas a consecuencias sociales muy graves para las personas afectadas (impacto social muy grave). En este sentido, las situaciones de pobreza con impacto social muy grave son aquellas en las que, además de pobreza real, están presentes algunas de las siguientes situaciones:

  1. Problemas de impagos (uno o más), indicativos de una línea de endeudamiento muy grave.
  2. Problemas de falta de cobertura de las necesidades de alimentación, indicativos de una inseguridad muy grave en el acceso a la alimentación.
  3. Problemas para alcanzar una temperatura adecuada durante los meses de invierno, indicativos de condiciones muy graves de pobreza energética.

Se entiende que, al asociarse a una situación general de pobreza real, la presencia de alguna de estas realidades es indicativa de un proceso muy grave de empobrecimiento o desacumulación.

NOTAS

[1]   El análisis territorial pretende reflejar tendencias más que conclusiones definitivas. Dos aspectos condicionan, en este sentido, los resultados: por una parte, el bajo tamaño de la muestra para la mayor parte de las comunidades autónomas, en especial las de menor población en España; por otra, la falta de experiencia de investigación en una aproximación basada en el uso de ingresos PPC (Paridad de Poder de Compra), uno de los aspectos que configuran el marco metodológico de este trabajo.

El impacto social de la crisis de ingresos en España. Luis Sanzo

PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES RESULTADOS

El objetivo de este artículo es analizar brevemente el impacto de la crisis de ingresos por tipos de hogares en la población española, analizando la variación observada entre el principio y el final de esa crisis, de acuerdo con la información disponible en la Encuesta de Condiciones de Vida para los años 2008 y 2014 (ECV 2009 y 2015). Los principales resultados del estudio son los siguientes:

1.La crisis se caracteriza por una brutal y generalizada caída de los ingresos de los hogares con población activa, en completo contraste con la dinámica favorable de los hogares de población inactiva.

2.La caída de ingresos alcanza niveles superiores al 30% en los grupos más desfavorecidos (decil 1 en los hogares de población nacida en España y 1-2 en aquellos donde está presente población activa nacida fuera de España).

3.Aunque sufre más intensamente la crisis, el grueso del proceso afecta a hogares de población nacida en España (81,1% de la caída total acumulada de ingresos).

4.La caída de ingresos en los hogares de personas activas se traduce en un sustancial deterioro de las condiciones de vida aunque de distinto carácter:

a) En la parte más favorecida de la población española apenas se observa deterioro en los indicadores ligados a las necesidades básicas. Sin embargo, aumentan en alrededor de 7-8 puntos los indicadores de inseguridad económica y de carencia en aspectos ligados al bienestar (acceso a vacaciones, por ejemplo).

b) En los grupos menos favorecidos, tanto el intermedio como el peor situado en la escala de ingresos, el nivel de los indicadores asociados a la cobertura de las necesidades básicas se multiplica prácticamente por dos durante la crisis. Los problemas de inseguridad económica aumentan en más de 20 puntos. En el grupo intermedio, de ser minoritaria la población afectada por esta forma de inseguridad en 2008, pasa a ser claramente mayoritaria en 2014.

5.A pesar de la mejoría económica, el impacto social de la crisis sigue siendo evidente en 2015. Los problemas graves en la cobertura de las necesidades básicas siguen afectando a un porcentaje muy alto de personas en los siguientes grupos:

a) Población en hogares de personas activas todas ellas desempleadas, pertenecientes a hogares con personas nacidas en el extranjero o a los deciles 1 a 5 de población nacida en España: 40,6% de personas afectadas.

b) En caso de presencia de personas ocupadas y paradas, el grupo equivalente, reducido a los deciles 1 y 2 en el caso de población residente en hogares nacionales, el porcentaje de población con carencias es del 27,1%

c) En el decil 1 de población en hogares de personas inactivas, la proporción de personas con carencia es aún elevado: 18,5%.

d) Lo mismo ocurre en otros hogares de población activa nacida en España, en concreto en los deciles 3 a 6 de hogares de población con personas tanto ocupadas como paradas así como en los deciles 6 a 8 de personas activas todas ellas desempleadas: 14,5% de personas con problemas.

  1. La evolución de los ingresos ha provocado un significativo cambio en la estructura interna de los grupos más desfavorecidos, los que componen los deciles 1 a 3. El peso de los colectivos de población activa suponen en la actualidad más del 80% de la población en esos deciles, con un peso creciente en el decil 1 de la población en hogares con todas las personas desempleadas (42,8% del total por apenas 23% en 2008).

Los datos principales en que se basa el estudio se resumen en la tabla 1.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2009 y 2015 (renta 2008 y 2014)

EL IMPACTO DE LA CAÍDA DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES EN ESPAÑA

Los datos presentados en la tabla 1 permiten destacar los siguientes aspectos principales:

PUNTO 1:

A pesar de la recuperación económica, los ingresos medios de los hogares con presencia de personas activas se mantenían en 2014 muy por debajo de los existentes en 2008, incluso en términos corrientes. La caída es sustancial y se sitúa en -12% (-12,2% en términos de la masa total de ingresos o ingresos totales).

PUNTO 2:

Dentro de este grupo de hogares de población activa, el descenso de los ingresos medios es general y afecta incluso a la parte más favorecida de la sociedad. Así, es de -9,8% en el grupo que incluye a los deciles 5 a 10 de hogares con personas activas nacidas en España y al 30% más acomodado de las familias de personas activas nacidas en el extranjero (-9,5% en ingresos totales).

Sin embargo, las diferencias son sustanciales dentro de los hogares con presencia de población activa. De esta forma, la caída es de -18,4% en las familias situadas en las decilas 2 a 4 dentro de la población nacida en España o en las decilas 3 a 7 de la no nacida en España (-19% en ingresos totales).

Este descenso es aún más elevado en el grupo más desfavorecido, el de los hogares de población activa nacional situada en el decil 1 o de los familias con personas activas no nacidas en España situadas en los deciles 1 y 2. En este caso, la reducción de los ingresos medios ha llegado entre 2008 y 2014 a -33,3% (-34,5% en ingresos totales).

PUNTO 3:

La caída de la masa total de ingresos ha sido superior en las familias con población activa nacida en el extranjero (-17,3%), pero ha resultado igualmente sustancial en las familias con este tipo de población nacida en España (-11,4%). De hecho, el 81,1% de la caída total acumulada de ingresos corresponde a hogares de personas activas nacidas en España.

Gráfico1a

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2009 y 2015 (renta 2008 y 2014)

En términos de ingresos medios, además, la disminución de los ingresos ni siquiera ha sido mayor en los hogares de población activa extranjera (-11,7% por -12,5% en los hogares de población activa nacional).

Como en la población general, por otra parte, en los distintos hogares según origen (nacidos o no en España) se observan las mismas diferencias internas por deciles en la reducción de ingresos medios entre 2008 y 2014.

PUNTO 4:

El desequilibrio en la evolución de los ingresos entre hogares de personas inactivas y activas es otra de las realidades a destacar en el periodo considerado. Mientras, los ingresos medios de los hogares de personas activas cae un 12,0%, aumenta en un 7,7% en los hogares de personas inactivas. En términos de ingresos totales agregados, la caída es del 12,2% en hogares de población activa por un incremento del 11% en hogares de población inactiva. Aunque esta cuestión no se suele considerar en profundidad en los estudios sobre desigualdad, supone un nuevo y evidente factor de incremento de la desigualdad interna entre la población en España.

Los distintos aspectos señalados se resumen en el Gráfico 2.

gráfico2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2009 y 2015 (renta 2008 y 2014)

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA CAÍDA DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES EN ESPAÑA

Las consecuencias sociales de la caída de ingresos observada en los hogares con personas activas en España no pueden ser minimizadas, tal y como puede observarse en los gráficos 3 a 5. Estos gráficos reflejan el impacto de la crisis de ingresos en la dinámica de un grupo elegido de indicadores de carencia (método EU-SILC/ECV). Se se centran en las consecuencias para los tres grandes grupos de hogares con personas activas, según su posición en relación con la actividad, el lugar de nacimiento y el tipo de decil al que pertenecen, por una parte, y el impacto (menor, medio-alto o muy alto) de la caída de ingresos del periodo 2008-2014, por otra parte. También recogen la evolución en estos indicadores de carencia de los hogares de personas inactivas.

 gráfico3

 gráfico4

gráfico5

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2008 y 2014

Los principales aspectos a retener en la información ofrecida en los gráficos son los siguientes:

PUNTO 1:

Entre 2008 y 2004, los problemas severos de cobertura de las necesidades básicas, los más directamente ligados a las formas graves de pobreza, aumentan de forma muy significativa. Pasan de afectar a 3,12 millones de personas en 2008, un 6,9% del total, a 5,13 millones en 2014, un 11,2% del total, con un incremento de 4,3 puntos porcentuales.

En este caso, el impacto del problema es claramente selectivo. En el caso de los hogares de personas inactivas, se reduce del 4,4 al 4,1% entre 2008 y 2014, en contraste con el aumento del 7,3 al 12,4% entre las personas pertenecientes a hogares de personas activas.

El incremento es sin embargo limitado en el caso del grupo de hogares de población activa que menos sufre la caída de los ingresos. En este grupo más favorecido de hogares activos, el impacto de los problemas graves de cobertura de las necesidades básicas sólo aumenta de un 3,2% en 2008 a un 3,7% en 2014.

En cambio, el corte es brutal en los hogares de población activa que más sufren la crisis de ingresos, doblándose prácticamente el impacto de las situaciones graves de cobertura de las necesidades básicas. En el grupo con una caída de ingresos de tipo medio o alto, la incidencia de estas problemáticas pasa de 10,3 a 18,6% de la población del grupo; en el que sufre una caída muy alta, la incidencia pasa del 17,7 al 35,5%.

En el conjunto de los hogares de personas activas, el deterioro del periodo 2008-2014 se traduce en un aumento de 1,99 millones de personas afectadas por los problemas graves de cobertura de las necesidades básicas en España.

PUNTO 2:

Como es conocido, el principal impacto de la crisis social del periodo 2008-2014 en España se vincula a una radical caída de la seguridad económica de unos hogares que recurren con frecuencia a ahorros previos para hacer frente a la pérdida de ingresos, tratando así de mantener el consumo habitual en la medida de lo posible. La incidencia de los problemas para abordar gastos imprevistos aumenta de un 29,9% en 2008 a un 42,6% en 2014, con un incremento de 12,7 puntos porcentuales.

El impacto del problema se generaliza en este caso aunque sigue siendo claramente diferente según los grupos. En el caso de los hogares de personas inactivas, la incidencia sube del 36,3 al 39,8% entre 2008 y 2014. Sin embargo, partiendo de niveles más bajos en 2008 (28,9%), la proporción de personas afectadas en hogares de personas activas llega al 43,2% en 2014, con un aumento de 14,3 puntos.

El incremento es de 7,9 puntos (de 15,7 a 23,6%) en el grupo de hogares de población activa que menos sufre la caída de los ingresos, contribuyendo a una tercera parte de los alrededor de 22 puntos porcentuales que aumenta el indicador en los grupos de activos más afectados. En el grupo con una caída de ingresos de tipo medio o alto, la incidencia de estas problemáticas pasa de ser minoritaria en 2008 (39,7%) a afectar a un 61,7% de la población del grupo. En el que sufre una caída muy alta de sus ingresos, la incidencia pasa del 59,1 al 81,2%.

En el conjunto de los hogares de personas activas, el deterioro del periodo 2008-2014 se traduce en un aumento de 5,53 millones de personas afectadas por los problemas relacionados con la insuficiencia de ingresos para poder afrontar posibles gastos extraordinarios.

PUNTO 3:

Entre 2008 y 2004, la proporción de personas en hogares que no pueden acceder a una semana de vacaciones aumenta en España del 36,2% al 46,4%, con una dinámica evolutiva claramente correlacionada con los cambios en los indicadores de seguridad económica. De nuevo, el impacto del problema es claramente superior entre las personas asociadas a hogares de población activa. En el caso de los hogares de personas inactivas, el indicador aumenta de 42,2 a 44,3%; en el de los hogares de población activa, del 35,2 al 46,8% de la población del grupo, superando el nivel correspondiente a la población no activa.

Dentro de los hogares de personas activas, las tendencias son igualmente similares a las que se observan en el indicador de seguridad económica. El deterioro es de 7 puntos en el caso del grupo de hogares de población activa que menos sufre la caída de los ingresos (de 20,3 a 27,3%) por incrementos entre los 17 y 19 puntos porcentuales en los colectivos más precarios. En el grupo con una caída de ingresos de tipo medio o alto, el impacto de estas problemáticas pasa de 49,6 a 66,4% de la población del grupo; en el que sufre una caída muy alta, el impacto pasa del 62,8 al 81,8%.

PUNTO 4:

Es importante señalar, en este apartado, que el impacto social de la crisis no se ha concentrado en exclusiva en la población nacida fuera de España. Como revela el gráfico 6, en los hogares de personas activas, se vincula directamente a hogares de personas nacidas en España un 61,9% del incremento observado en el periodo 2008-2014 en el volumen de población afectadas por problemas graves de cobertura de las necesidades básicas. La proporción es del 82,4% al considerar el incremento asociado a problemas de inseguridad económica para hacer frente a gastos imprevistos.

gráfico6

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2009 y 2015 (renta 2008 y 2014)

La recuperación económica reciente ha permitido reducir el impacto de las problemáticas graves de cobertura de las necesidades básicas del 11,2% de 2014 al 10,4% de 2015. Pero la cifra aún está muy lejos del registro de 2008, un 6,9% que ya resultaba entonces bastante elevado.

A pesar del boom económico, y en parte por las características que adoptó, con una inmigración masiva, las formas más graves de pobreza afectaban entonces a millones de personas, 3,12 en concreto. La cifra actual es de 4,80 millones de personas, un 53,7% más. Esta cifra basta para poner en evidencia el tremendo impacto social de la crisis.

Este impacto, además, está lejos de estar distribuido de forma equilibrada entre los distintos grupos de población. Si la proporción es del 4,2% entre la población residente en hogares de personas inactivas, es del 8,9% en personas en hogares de población activa nacida en España y del 24,3% en hogares con población activa no nacida en España.

A pesar de impacto diferencial en la población extranjera, un 65,8% de los casos graves detectados en 2015 corresponden a hogares de población nacida en España. Es imposible por tanto vincular la crisis sólo a la población extranjera.

PUNTO 5:

El análisis detallado de los grupos más afectados revela la naturaleza real de los problemas graves relacionados con la cobertura de las necesidades básicas que existen en la España actual. Los principales elementos a destacar en 2015 son los siguientes:

  1. Más de un 40% de la población sufre problemas  en la cobertura de las necesidades básicas en el conjunto de hogares con todas sus personas activas paradas y al menos alguna de ellas nacidas fuera de España. En esta situación se encuentran igualmente, sin embargo, las personas vinculadas a los deciles 1 a 3 en hogares de personas activas desempleadas y nacidas en España.
  2. En los deciles 4 y 5 de hogares con todos sus miembros activos desempleados y nacidos en España, la presencia de estas problemáticas llega todavía al 26,9%. Entre el 26,3 y el 28,3% se encuentran igualmente algunos deciles de hogares con población activa parada pero con presencia de al menos alguna persona ocupada. Se trata de los deciles 1 a 6 en hogares de este tipo con alguna persona nacida en el extranjero y de los deciles 1 y 2 de hogares de este tipo con personas activas nacidas en España.
  3. En conjunto, en la población en hogares de personas activas todas ellas desempleadas, pertenecientes a hogares con personas nacidas en el extranjero o a los deciles 1 a 5 de población nacida en España, un 40,6% tiene problemas graves relacionados con la cobertura de las necesidades básicas. En caso de presencia de personas ocupadas y paradas, el grupo equivalente, reducido a los deciles 1 y 2 en el caso de población ocupada y parada en hogares de personas nacidas en España, estas problemáticas sociales graves afectan al 27,1% de la población.
  4. En otros hogares de población activa nacida en España, los niveles aún son muy elevados, en torno al 14,5%. Así ocurre en los deciles 3 a 6 de hogares de población con personas tanto ocupadas como paradas así como en los deciles 6 a 8 de personas activas todas ellas desempleadas.
  5. Entre los hogares de personas no activas, las problemáticas más graves de cobertura de las necesidades básicas no han desaparecido por completo, con un 18,5% de personas afectadas en el decil 1 de este tipo de hogares.
  6. En presencia de todas las personas activas ocupadas, el impacto del indicador cae siempre por debajo del 10% pero es aún del 8,9% en los deciles 1 a 3.

grafico7

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2009 y 2015 (renta 2008 y 2014)

 EL NUEVO PERFIL DEL GRUPO MÁS DESFAVORECIDO

La evolución de los ingresos ha provocado un significativo cambio en la estructura interna de los grupos más desfavorecidos, los que componen los deciles 1 a 3, tal y como puede comprobarse en los gráficos 8 y 9.

 gráfico8

grafico9

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2009 y 2015 (renta 2008 y 2014)

 Las principales líneas de cambio son las siguientes:

  1. En primer lugar, la presencia de personas en hogares de inactivos o inactivas disminuye de forma llamativa en los grupos más desfavorecidos. Entre 2008 y 2014, su peso pasa del 18,5 al 6,1% en el decil 1 y del 22 al 15,7% en los deciles 1 a 3.
  2. En lo relativo a los hogares con personas activas, destaca el papel dominante de aquellos en los que está presente alguna persona ocupada. Las personas que residen en estos hogares componen un 51,1% de la población en la decila 1 y 54,7% de los que componen las decilas 1 a 3. Sin embargo, se reduce su peso en 2014 respecto al 58,4 y el 65,5% de 2008.
  3. Aumenta en cambio de forma llamativa el peso de las personas en hogares con todas sus personas desempleadas. Esto es evidente en el decil 1 donde estas personas pasan de representar un 23% en 2008 a un 42,8% en 2014. En los deciles 1 a 3, el aumento es de 12,5 a 29,6%.
  4. En términos de lugar de nacimiento, finalmente, llama la atención el papel creciente entre los grupos desfavorecidos de las personas en hogares con población activa nacida en España. Este grupo ve aumentar su peso en el decil 1 de 47,7 a 60,1% entre 2008 y 2014. El aumento es del 52,4 al 65,4% en los deciles 1 a 3.

EL PAPEL DE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS NO ACTIVAS EN CIERTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Una de las características del actual modelo socioeconómico español es el notable esfuerzo en la mejora de la posición de la población inactiva, una política que se enfrentará pronto a fuertes límites económicos, sociales y políticos, dado el contexto de rápido aumento de la población con acceso al sistema de pensiones. El peso que suponen los ingresos del colectivo, en relación con los grupos de población activa más joven, menores de 45 años, muestra la fuerte dependencia económica que este colectivo inactivo representa en la economía de algunas comunidades autónomas.

gráfico10.png

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2015 (2014)

Esta realidad es evidente en aquellas comunidades autónomas en las que el peso económico de los hogares de población inactiva es igual o superior al 80% de los ingresos de los hogares de activos o activas menores de 45 años. En ese grupo se incluye la parte noroccidental envejecida de España, incluyendo a las CCAA de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, además de Extremadura. En estas zonas, el bienestar regional es extremadamente dependiente de la dinámica de las pensiones.

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Método de aproximación

Desde un punto de vista metodológico, se han seguido en esta aproximación al estudio de la crisis en España 2008-2014 los siguientes principios:

PRINCIPIO 1:

Como es sabido, la información sobre ingresos en la ECV se aplica a las rentas obtenidas durante el año anterior. Se comparan, en este sentido, los datos de la ECV 2009 y 2015 (teniendo en cuenta la base actualizada hoy de aplicación). Los datos de renta corresponden, de esta forma, a los años 2008 y 2014.

La comparación se realiza en datos corrientes. La razón es evitar las posibles distorsiones que, en este caso, puedan derivarse de la aplicación de una común variación asociada al IPC. En la práctica, existen distintos modelos de variación de precios en función del tipo de consumo. La aplicación del aumento del IPC medio anual observado entre 2008 y 2014 podría, por ello, introducir distorsiones importantes en este caso.

Dos tipos de argumentos avalan esta aproximación. Por una parte, porque una aproximación diferente tendería a dar una imagen más desfavorable de un grupo que, como la población pensionista, en especial su componente dominante de personas mayores, tiene una estructura de gasto en consumo comparativamente menos costosa que otros grupos de población. Por otra parte, porque un contexto de significativo aumento o caída (aunque desigual en términos de compra/alquiler) en el precio de la vivienda, como el vivido antes y después del boom, tiene un impacto diferente por grupos sociales.

La comparación se realiza, además, en términos de ingresos equivalentes per cápita, de acuerdo con la fijación de las unidades de consumo derivadas de la escala de equivalencia OCDE adaptada que utiliza Eurostat. El ingreso por unidad de consumo para cada hogar se asigna a cada miembro del mismo, entendiendo que dicho ingreso es propio a cada persona del hogar.

PRINCIPIO 2:

La definición de los grupos sociales considerados se basa en un análisis de la variación de los ingresos entre 2008 y 2014 por tipos en relación con la actividad y deciles de renta.

a) Los tipos en relación con la actividad se basan en la posición de los miembros de cada hogar en relación con la actividad.

En la dimensión personal, esta relación se analiza en vinculación a las rentas generadas, teniendo por tanto en cuenta la posición existente durante el año en que se generaron esas rentas, en este caso el anterior a la realización de cada operación anual de la ECV. Para determinar la posición dominante, en términos de inactividad, ocupación y paro, se utiliza el tiempo de duración en cada situación durante el año de referencia, siguiendo este itinerario: a) determinación de si predomina el tiempo como ocupado o no ocupado y b), si predomina la no ocupación, determinación del tiempo dominante en términos de paro o inactividad (analizando el tipo dominante pensionista/otro tipo de inactividad económica en este último caso).

En la determinación de hogar, se establece una tipología de mayor o menor vinculación de las personas residentes a la ocupación en el sistema productivo, de acuerdo con la siguiente clasificación:

*  Hogares en los que todas las personas activas están ocupadas.

*  Hogares en los que las personas activas están ocupadas o paradas.

*  Hogares en los que todas las personas activas están desempleadas.

*  Hogares en las que no existen personas activas. Dentro de ellos se distinguen dos situaciones, en función de si predomina la modalidad tipo pensionista (personas jubiladas o incapacitadas) u otras formas de inactividad.

Se ha sugerido que una parte sustancial de la crisis se ha centrado en población de origen inmigrante extranjero. Por esa razón, se ha considerado de forma separada al colectivo, aunque únicamente en relación con aquellos hogares en los que están presentes personas activas. Se distingue, en este caso, entre hogares con o sin presencia de personas ocupadas.

En el caso de este grupo de origen inmigrante, a fin de evitar la distorsión asociada al proceso de nacionalizaciones, se utiliza como variable de referencia el nacimiento fuera de España. Aunque esto lleva a incluir a algunos colectivos españoles de origen, se trata de una distorsión menor.

b) La variable “tipo de hogar en relación con la actividad” (con el factor origen asociado) se analiza, a efectos de definición de grupos sociales para el análisis, en relación con los deciles de renta por cada tipo.

PRINCIPIO 3:

De cara a la comparación de la variación de la renta media, resulta necesario además tener en cuenta tipos cuantitativa y sociológicamente comparables, una cuestión que se ve dificultada por el fuerte incremento del desempleo. De ahí que se haya optado por la comparación en base a la categoría de personas activas/no activas. La principal razón es que la cuantía del desempleo está muy relacionada con el nivel previo de ingresos en caso de experiencia anterior de trabajo.

De acuerdo con el cruce de resultados por relación con la actividad y decil de ingresos, se delimitan los siguientes grupos en función de la mencionada variación (la variación de la renta media entre 2008 y 2014 aparece entre paréntesis):

*  Hogares de personas activas con menor impacto de la caída de ingresos.

Incluye:

  • Hogares de personas activas ESP[1], deciles D5 a D10 (-10,3%).
  • Hogares de personas activas NO ESP, deciles D8 a D10 (-5,6%).

*  Hogares de personas activas con impacto medio o alto de la caída de ingresos.

Incluye:

  • Hogares de personas activas ESP, decil D2 (-23,4%).
  • Hogares de personas activas ESP, deciles D3-4 (-17,3%).
  • Hogares de personas activas NO ESP, decil D3 (-23,6%).
  • Hogares de personas activas NO ESP, deciles D4-7 (-15,6%).

*  Hogares de personas activas con impacto muy alto de la caída de ingresos.

Incluye:

  • Hogares de personas activas ESP, decil D1 (-33,4%).
  • Hogares de personas activas NO ESP, deciles D1-2 (-34,5%).

*  Hogares de personas no activas con mejora del nivel de ingresos.

Incluye:

  • Hogares de personas no activas, decil D1 (+10%).
  • Hogares de personas no activas, deciles D2-5 (+12,3%).
  • Hogares de personas no activas, deciles D6-10 (+6,0%).

PRINCIPIO 4:

Además de esta clasificación, se utiliza otra más amplia para situar la participación de distintos grupos en función de la relación con la actividad del hogar y su pertenencia a determinados deciles de ingresos dentro de cada tipo de relación con la actividad. La clasificación ampliada es la siguiente:

  • Hogares con todas las personas activas ocupadas, Deciles D1 a D3.
  • Hogares con todas las personas activas ocupadas, Deciles D4 a D10.
  • Hogares con personas activas ocupadas y paradas, Deciles D1 a D2.
  • Hogares con personas activas ocupadas y paradas, Deciles D3 a D6.
  • Hogares con personas activas ocupadas y paradas, Deciles D7 a D10.
  • Hogares con todas las personas activas paradas, Deciles D1 a D3.
  • Hogares con todas las personas activas paradas, Deciles D4 a D5.
  • Hogares con todas las personas activas paradas, Deciles D6 a D8.
  • Hogares con todas las personas activas paradas, Deciles D9 a D10.
  • Hogares con todas las personas no activas, Deciles D1 a D2.
  • Hogares con todas las personas no activas, Deciles D3 a D5.
  • Hogares con todas las personas no activas, Deciles D6 a D10.
  • Hogares con personas ocupadas, alguna nacida fuera, Decil D1.
  • Hogares con personas ocupadas, alguna nacida fuera, Deciles D2-3.
  • Hogares con personas ocupadas, alguna nacida fuera, Deciles D4-6.
  • Hogares con personas ocupadas, alguna nacida fuera, Deciles D7-10.
  • Hogares con activas paradas, alguna nacida fuera, Deciles D1-5.
  • Hogares con activas paradas, alguna nacida fuera, Deciles D6-7.
  • Hogares con activas paradas, alguna nacida fuera, Deciles D8-10.

PRINCIPIO 5:

Para medir el impacto social de la crisis, se utilizan tres indicadores de carencia:

a) Un primer indicador recoge el impacto relacionado con problemas de cobertura de las necesidades más básicas, recogiendo problemas graves asociadas al correcto acceso a la alimentación y a la vivienda así como la cobertura de los servicios básicos (problemas de cobertura de las necesidades básicas). La existencia de estos problemas se determina cuando está presente cualquiera de las tres situaciones críticas de carencia siguientes:

–  Dos o más casos de retrasos en el pago de la hipoteca o del alquiler del hogar en los últimos 12 meses.

–  Dos o más casos de retrasos en el pago de las facturas de la electricidad, agua, gas, etc., en los últimos 12 meses.

–  El hogar no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado (o equivalentes para los vegetarianos) al menos cada dos días.

b) El segundo indicador se centra en la capacidad de los hogares para acceder a un mínimo de seguridad económica para abordar gastos extraordinarios en el medio o largo plazo (problemas de inseguridad económica para abordar gastos imprevistos). Esta problemática se vincula al siguiente indicador:

–  El hogar no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

c) El tercer indicador se vincula a carencias que desbordan las formas graves de pobreza o precariedad para medir formas menores pero significativas de pérdida de bienestar (problemas de pérdida de bienestar). Se recurre en este caso al siguiente indicador:

–  El hogar no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año.

De cara a conseguir coherencia en las referencias temporales, los indicadores de carencia material corresponden a las ECV 2008 y 2014 teniendo en cuenta la estructura de renta y grupos sociales definida para el análisis. Debe recordarse que esos indicadores sí se obtienen para el año de aplicación de la ECV.

[1]   La referencia ESP es para personas no nacidas fuera, para distinguirla de NO ESP para personas nacidas fuera de España.

 

Pensiones, envejecimiento, jóvenes, estado de bienestar

Una conversación en twitter un domingo por la tarde.

Luis Sanzo

La clave del problema con las pensiones está aquí. Miren el coste del grupo 65-69 comparado con los grupos mayores.

El problema viene de lo siguiente:

1) Conforme el grupo se desplace a mayores edades, los costes elevados de las pensiones se desplazarán.

2) Las generaciones que lleguen a la jubilación ampliarán la presión por

  • el factor baby boom del pasado siglo (más volumen).
  • más pensionistas (por mayor participación de la mujer)
  • más cuantía de pensión (por mayores cotizaciones).

Éste es un problema a resolver si se quiere mantener el Estado de Bienestar. La solución actual se estrellará pronto con la realidad.

No quedará pronto nada del Fondo de Reserva, eso es seguro. Lo que no está claro es si alguien lo abordará con visión de futuro y con la solidaridad que no se ha sabido tener con los grupos más jóvenes en las crisis pasadas (incluida la actual).

Sería un error si esas generaciones jóvenes responden de manera insolidaria (se tirarán piedras contra sí mismos) pero será la tentación inmediata de quien gana trabajando poco más, o a veces menos, de lo que reciben los pensionistas.

Daniel Capó

¿Hay solución?

Luis Sanzo

Siempre hay soluciones, peores o mejores. La cuestión es buscar la mejor con las condiciones que tenemos, sabiendo que si se hubiera actuado a tiempo, ya desde los 90, esto no habría ocurrido. Pero sólo hay dos vías:
a) dejar que se pudra el tema a la espera de que el “empleo” resuelva el problema (la estrategia hasta ahora)

Manuel Aguilar

Una parte del ajuste se puede hacer por via fiscal, en dos direcciones:

  1. Presión fiscal algo mayor para pensionistas, teniendo en cuenta que la parte contributiva de la pensión es compatible con otras rentas.
  2. Transferir parte de la financiación de las pensiones de cotizaciones a impuestos. Aligerar cotizaciones en algunos tramos y corregir su regresividad, aumentar algunos casos impuestos. Eso debería, ojo, cubrir las partes no contributivas de las pensiones, que podrían aumentar. De hecho la seguridad social contiene mecanismos internos de redistribución (hacia autónomos y empleadas hogar, por ejemplo) no estrictamente contributivos. Se podrían elevar topes de cotización sin un aumento igual de la pensión alta.

 

Luis Sanzo

Estoy de acuerdo pero hay otro aspecto que me preocupa, como bien sabes, y es que el esfuerzo protector se centre casi en exclusiva en los pensionistas, relegando de nuevo al margen protector a la gente joven (en temas rentas mínimas o prestaciones familiares) algo que veo como peligro si la vía fiscal se impone. Por eso pido que haya un pacto de redefinición del sistema de protección que sea intergeneracional y no olvide, como siempre, a los jóvenes. Creo que es el principal reto real para España y depende del debate y acuerdo social y político.

Daniel Capó

¿Qué solución le ves?

Manuel Aguilar

Estoy de acuerdo de nuevo. En mi opinión, el problema es que tenemos una maraña de lógicas y principios no siempre coherentes entre sí en los que hay que poner orden. Pero detrás de «lógicas» y «principios» hay personas y grupos con sus intereses y las relaciones construidas entre sí a lo largo de los años.

La lógica contributiva tiene sus ventajas: incentiva el empleo, legitima la aportación con una compensación proporcional. Pero al mismo tiempo es rígida y hace difcil la equidad. No tolera bien la redistribución: no se creó para eso. De ahí que piense que una mayor «fiscalización» de la protección social en España podría ayudar a lograr avances. Mejor dicho, reduciría los obstáculos para avanzar en una mayor equidad del sistema: hacia jóvenes, hacia mayores mal protegidos.

Además, el sistema contributivo español es disfuncional. Es regresivo en la aportación (que además carga sobre la masa salarial, no sobre los beneficios de las empresas). Es regresivo en las prestaciones, como muestran los datos de la OCDE. Además está lleno de «trampas», como la infracotización de los autónomos que luego se cubre con las cotizaciones del régimen general y los complementos de mínimos, pagados «ilegalmente» con cotizaciones hasta hace muy poco.

Por otra parte, la «limitación» de las pensiones más altas ya se está produciendo con el tope máximo que no se actualiza: la «reforma silenciosa» de la que habla @conderuiz.

Luis Sanzo

Estoy de acuerdo pero creo que el posible error en el que se podría caer es una aproximación sectorial limitada, por ejemplo, a la cuestión de las pensiones. Sería un error. Lo que pediría es es una reflexión global sobre la reforma de la protección social, considerando todas las posibles vías de actuación para resolver los dos grandes problemas sociales que tenemos: a) la viabilidad del sistema de pensiones y b) la precariedad diferencial de los jóvenes.

El punto b) requiere una acción en la línea rentas mínimas (además de otros factores asociados).

Manuel Aguilar

Exactamente. Limitarse a un parche financiero con impuestos a la seguridad social contributiva sería una barbaridad. Cierto que sería la «devolución» de la barbaridad previa de financiar al Estado desde los años 60 con cotizaciones (déficit del INI, red hospitalaria, la propia asistencia sanitaria hasta entrados los 90, prestaciones no contributivas, etc.). Meter los impuestos en el sistema se debe hacer redefiniendo el conjunto del sistema. Pagar con impuestos las pensiones de algunos sería una barbaridad.

Fíjate que el trato de «renta mínima» hoy es diferente para pensionistas y para activos. No me refiero a la parte contributiva, sino a la «asistencial». Los complementos de pensiones son más altos que la renta mínima (excepto Euskadi, claro), hay laxitud de controles sobre otros ingresos o sobre la convivencia con otras personas con ingresos en comparación con las rentas mínimas. Tienen un efecto desincentivador de la cotización para autónomos. Y esa parte no está fundada en el «contrato de seguro» sino en la «solidaridad» via impuestos.

Luis Sanzo

Tienes mucha razón en esa parte del análisis. Es muy ilustrativa.

Manuel Aguilar

Aunque las proyecciones son eso, proyecciones, este gráfico ilustra la diferencia entre envejecimiento y desequilibrio-tsunami.

Ratio entre población de 65+ y de 15-64. A partir de 2015 son proyecciones.

ratioDependencia 65-adultos

Fuente: Eurostat, proyección «main scenario».

Luis Sanzo

Es importante comentar este gráfico porque muestra lo específico de España:

  1. En primer lugar, los países en los que se ha mantenido una fecundidad susceptible de mantener la línea de estabilidad de la población, SWE y FR, se encuentran en una posición favorable de cara a hacer frente al problema del envejecimiento
  2. Dentro de los que han visto una caída notable de la fecundidad, el caso más extremo es el de ESP por dos elementos:
  • a) la sobrepunta que tendremos en los próximos años y
  • b) la fase contraria, completamente depresiva, tras 2055-2060

El punto a) se vincula al efecto del baby boom, ampliado con la inmigración a partir de cierta fecha, junto a la caída muy fuerte de la fecundidad entre finales de los 70 y finales de los 90. El punto b) es básicamente efecto de lo segundo.

Se puede actuar sobre esto, vía migraciones o estabilización de los procesos de reproducción demográfica, pero es ya muy difícil. En los años 80 sí se podría haber hecho algo para acercarnos al modelo farncés o sueco, algo se intentó en el País Vasco pero era muy díficil por combinación de dos factores: el aumento tremendo del precio de la vivienda durante el boom y la precariedad diferencial de los jóvenes, con tasas de paro superiores no sólo a Alemania, también a Italia, no tanto en este último caso por mejor situación económica pero por mecanismos de ajuste tales como las salidas prematuras a la jubilación.

Pensar en unas políticas demográficos que contribuyan a arreglar este desaguisado es parte de la salida al problema del que hablamos. Lo lamentable es que no se haya hablado de esto antes, que incluso se niegue lo crítico de la situación hoy.

Daniel Capó

Creo que hay estudios que también explican que una mejor demografía facilita procesos de adaptación de la economía.

Luis Sanzo

La relación es compleja. Por ejemplo, la buena fecundidad francesa se relaciona con un alto riesgo de pobreza en hogares jóvenes

Daniel Capó

Entiendo. ¿Cabe pensar que intensifica procesos de atomización social?

Luis Sanzo

Es una cuestión paradójica: una política social que da oportunidad de reproducirse a los grupos más débiles lleva a que haya más familias nuevas en posición de riesgo. En España, la posibilidad de formación de esas familias se limita porque los grupos más desfavorecidos carecen de recursos suficientes para independizarse. Es un mecanismo bien conocido de pobreza encubierta, que impide la libertad de emanciparse, pero que al mismo tiempo impide que esa forma de pobreza se manifieste en hogares constituidos. Ese proceso ha ocultado la verdadera dimensión de la pobreza económica en España. Sólo en el País Vasco hay datos estadísticos sobre ello porque lo hemos seguido desde los 80. Esa pobreza era fundamental en los 80-90 y es el origen de la crisis demográfica española del periodo.

Manuel Aguilar

Para que se vea más claro el desequilibrio… Así envejece Suecia

AgeingSE

 

Así envejece Francia

AgeingFR

 

Así envejece Italia

AgeingIT.jpg

 

Y ahora los desequilibrados…

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Un recordatorio: son proyecciones. No dicen con seguridad lo que pasará; hablan de desequilibrios actuales y pasados que se proyectan hacia el futuro. Lo condicionan, no lo determinan.

Luis Sanzo

Pero el condicionamiento demográfico es de los más difíciles de resolver.

El mayor problema que podríamos tener es que el balance salidas hacia la jubilación / entradas a la actividad fuera negativo para el empleo, y puede serlo, porque si tuviéramos un empleo al alza la inmigración sería una vía. Mi hipótesis es que vamos a tener problemas en ese punto en términos de empleo en la próxima década. Y si caen las pensiones, el efecto se acentuará.

La lógica normal de nuestro Estado será hacer frente al problema de las pensiones vía ajuste pero eso podría tener un efecto muy negativo en un país en el que los ingresos de los mayores de 65 años por esa vía es determinante para la economía. La parte de ese grupo es desproporcionada hoy en España. La consecuencia de ese recorte sería deprimir de forma significativa el consumo y, con ello, la economía en este tipo de sociedad envejecida.

Manuel Aguilar

Añade la dimensión territorial. Hay territorios que «viven» de los consumidores pensionistas.

Luis Sanzo

La parte más estable en lo social de España, el Noroeste, a lo que se puede añadir en parte la más estable del Sur (Extremadura).