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La menguante (y sesgada) cobertura del desempleo

Este post fue publicado inicialmente en catalán en Llei d’Engel

Las transformaciones de los últimos decenios y los efectos de la crisis económica han despertado una creciente atención por las «fracturas» sociales. Más allá de la preocupación por las dificultades por las que pasa una parte importante de la población, el peligro de que las sociedades occidentales se estén «rompiendo» y dando lugar a espacios sociales con perspectivas divergentes está presente en diversos análisis sobre la evolución social reciente (como los de FOESSA para España o France Stratégie para Francia). La crisis de los sistemas de representación política (las elecciones presidenciales norteamericanas, la dinámica de partidos en España o el Brexit) se atribuye con frecuencia a esa fractura, que haría que el voto se polarice en territorios o grupos sociales cada vez más separados.

En el caso español, las dos líneas de fractura de las que se habla con mayor frecuencia son la territorial (ciertamente de origen muy anterior pero políticamente agravada por la crisis) y la que separa la población de mayor edad de la más joven. El impacto de la crisis ha sido muy diferente para la población mayor de 65 años y para los menores de esa edad. Los mayores se han visto naturalmente menos afectados por la destrucción de empleo mientras el sistema de pensiones no se ha visto afectado por los recortes (al menos a corto plazo). Por el contrario, los adultos en edad activa se han visto muy duramente afectados y su parte más pobre ha llegado a perder un tercio de sus ingresos entre 2008 y 2014. Desde el punto de vista territorial, a la vieja polaridad entre regiones ricas y pobres se han añadido la fractura entre la España mediterránea dinámica pero precaria, una España envejecida sostenida por las pensiones en el Noroeste y un Norte más industrial pero en riesgo.

Una de las funciones de las políticas sociales, y en especial de las de garantía de ingresos, es compensar y corregir las tendencias a la desigualdad y prevenir con ello el agravamiento de las fracturas sociales. En el contexto de una crisis intensiva en destrucción de empleo, las políticas de protección económica por desempleo han adquirido un protagonismo notable. España es el país de la Unión Europea que mayor esfuerzo realiza, en proporción a su PIB en desempleo. El gasto en desempleo alcanzó un máximo del 3,6 por ciento del PIB en 2011.

La protección económica por desempleo tiene dos grandes niveles, al que se añade de hecho un tercero.

El primero lo constituyen las prestaciones contributivas, que funcionan con una lógica de seguro, y compensan la pérdida del salario anterior en proporción al mismo y durante un tiempo proporcional al tiempo cotizado (4 meses de prestación por cada año cotizado, aproximadamente).

El segundo nivel lo componen diversas prestaciones o subsidios asistenciales, que son de cuantía fija (por lo general el 80 por ciento del IPREM), están sometidas a una exigencia de insuficiencia de ingresos y tienen un carácter muy selectivo. Para acceder hay que estar en alguna de una lista de situaciones definidas, entre otros criterios, por haber agotado una prestación contributiva, por la edad, por haber cotizado pero de forma insuficiente, por tener responsabilidades familiares o por estar en situaciones particulares (salir de la cárcel, ser víctima de violencia de género y otras). En este nivel incluimos algunas prestaciones peculiares, como la Renta Activa de Inserción y los programas temporales PRODI y PAE, que hoy están en revisión al haberlos considerado el Tribunal Constitucional como políticas activas de empleo con subvención en lugar de cómo prestaciones propiamente dichas.

Por último, las rentas mínimas autonómicas no son estrictamente prestaciones por desempleo, aunque en una parte substancial las sustituyen en situaciones no cubiertas por el sistema general.

De estas prestaciones, las rentas mínimas autonómicas son las que con mayor frecuencia reciben críticas. Las diferencias de cobertura son muy notables y no tienen relación aparente con la intensidad de la pobreza de cada comunidad. Aunque en conjunto han jugado un papel positivo, en especial en las comunidades de mayor cobertura, es frecuente reprochar al carácter autonómico (y, por tanto, potencialmente desigual) el agravamiento de las desigualdades entre territorios. Cabe preguntarse qué sucede con un programa mucho mayor, el de las prestaciones por desempleo, que tiene carácter y ámbito estatal, y con excepción del caso de los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, una normativa homogénea para todo el país. Sólo analizaremos la cobertura, sin entrar en un asunto importante, como es la diferencia de poder adquisitivo real de unas cuantías homogéneas en un país que presenta diferencias de coste de la vida entre territorios que se acercan al 30 por ciento.

La primera cuestión a tener en cuenta es que la cobertura global del desempleo (es decir, la proporción de parados registrados que perciben alguna prestación) se ha reducido mucho desde 2010. El máximo nivel de cobertura se alcanzó entre 2008 y 2010, cuando entre 7 y 8 de cada 10 parados registrados percibían alguna prestación o subsidio. Desde 2010 se estabiliza con una ligera tendencia a la baja, que se acelera a partir de principios de 2013 y cae de forma que hoy sólo la mitad de las personas sin empleo registradas perciben alguna prestación. A la caída de las prestaciones contributivas (por agotamiento del derecho a las mismas derivado de la cotización) se ha añadido un ajuste a la baja del acceso a la modalidad asistencial. El gasto en el conjunto de subsidios asistenciales por desempleo ha caído de unos 10.300 millones anuales en 2010 a unos 7.600 en 2015. Pero analicemos con mayor detalle a quién y dónde llegan estos subsidios.

Gráfico 1. Evolución del desempleo registrado y del número de personas perceptoras de prestaciones y subsidios por desempleo 1996–2018 (datos mensuales)

Fuente: Estadísticas del MESS y SEPE

Laprotección por desempleo alcanza de forma mucho más intensa a los desempleados varones y mayores de 45 años que a las personas desempleadas más jóvenes y a las mujeres. Las personas mayores de 45 años (y más aún las mayores de 55) tienen un acceso menor a prestaciones contributivas pero muy superior a los subsidios asistenciales, en especial gracias a dos de sus modalidades, el subsidio de mayores de 55 años y la Renta Activa de Inserción, que está dirigida prioritariamente a los mayores de 45 años. Se trata sin duda de una franja de edad con riesgo de permanencia a largo plazo en el desempleo y de ver erosionarse sus derechos a una pensión. Pero llama la atención el contraste con la población adulta más joven (de 25 a 44 años de edad) que ha sufrido con dureza la crisis y donde es más frecuente tener hijos menores, cuya protección es notablemente inferior.

Gráfico 2. Distribución por edad y sexo de las personas perceptoras de prestaciones por desempleo y de las demandantes de empleo no ocupadas (diciembre 2015)

Fuente: Estadísticas del MESS y SEPE

Esta menor protección de los jóvenes y de las mujeres es resultado de un proceso de caída diferencial de la cobertura. El siguiente gráfico muestra la evolución de un indicador de cobertura[1]para cada grupo de edad y sexo entre 2006 y 2016.

Gráfico 3. Evolución de la ratio entre perceptores de prestaciones y parados registrados (más trabajadores eventuales agrarios con subsidio) por sexo y edad 2006–2016

 Fuente: Anuarios de Estadísticas Laborales

La progresiva liquidación de los programas excepcionales (PRODI, Prepara y Programa de Activación para el Empleo) parece tener un papel importante en la reducción selectiva de la protección contra los más jóvenes. Dichos programas protegieron con mayor intensidad a los desempleados menores de 45 años mientras duraron. También es cierto que los desempleados adultos jóvenes se vieron protegidos desde el inicio de la crisis en mayor medida por las prestaciones contributivas. Su progresivo deterioro, fruto de su agotamiento y de los períodos de cotización más breves durante la crisis y la incipiente recuperación, ha tenido también un efecto de «desprotección diferencial» en perjuicio de esta población.

Las diferencias de cobertura por territorios son también importantes. Hay una comunidad outlierpor arriba, las Islas Baleares, que presenta en el mes de diciembre (no así en verano) un nivel de cobertura sorprendentemente elevado, que de hecho supera el 100 por cien. Junto con la fuerte rotación del empleo en el turismo, hay que recordar que algunos no ocupados como los fijos discontinuos no se cuentan como desempleados, aunque perciban prestaciones por desempleo.

La mayoría del resto de comunidades tiene una cobertura entre el 42 y el 47 por ciento de los desempleados. Algo por encima aparecen tres, Extremadura, Cataluña y Andalucía con una cobertura de entre el 53 y el 56 por ciento, y por debajo Asturias, el País Vasco y Ceuta y Melilla. Estas diferencias necesitan un análisis más detallado, que está pendiente de hacer. Pero se pueden apuntar algunas posibles explicaciones.

Gráfico 4. Cobertura de las prestaciones per desempleo (contributivas y asistenciales) sobre el total de demandantes de empleo no ocupados por comunidad autónoma. Diciembre 2015.

Fuente: Estadísticas del MESS y SEPE

Unamirada más detallada a los tipos de prestaciones y subsidios de cada comunidad nos da algunas pistas. De las tres comunidades con una cobertura algo superior a la media, en Extremadura y Andalucía la mejor cobertura se explica sobre todo por el papel adicional del subsidio de eventuales agrarios y la Renta Agraria. Si Andalucía careciese de estos dos programas la cobertura caería bastante por debajo del 40 por ciento, por lo que parece claro que cubren una carencia importante. Pero al mismo tiempo extienden la protección más allá de la que existe en otras comunidades. En el caso de Cataluña, por el contrario, es el mayor acceso a prestaciones contributivas el que compensa un acceso bastante inferior a las asistenciales.

En el otro extremo, llama la atención el caso de Asturias y, sobre todo, el del País Vasco. En este último, el acceso a prestaciones contributivas es relativamente alto pero el acceso a las asistenciales es el más bajo de todas las comunidades. Cabe preguntarse si el acceso amplio a la Renta de Garantía de Ingresos, una prestación asistencial autonómica de cuantía superior a los subsidios de desempleo no está dando lugar a una transferencia perversa de responsabilidades. La RGI, como las otras rentas mínimas autonómicas, son y deben ser subsidiarias o complementarias de prestaciones estatales como las de desempleo, y no al revés. Sin embargo, la regulación estatal de los subsidios computa los ingresos por renta mínima para establecer la carencia de medios, de forma que quienes acceden a la renta mínima pueden ver denegado (o reducido) el subsidio de desempleo. Mientras en la mayoría de las comunidades esta contradicción queda limitada por la baja cuantía y cobertura de la renta mínima, en el País Vasco (y hasta cierto punto en Asturias) parece que las prestaciones autonómicas sustituyen una responsabilidad de la administración central.

La intención de este artículo sólo es mostrar algunos datos que hacen pensar que nuestro sistema de protección por desempleo (y más en general de garantía de rentas) requiere de ajustes que lo hagan más eficaz y más equitativo. La explicación de las diferencias entre grupos de edad y sexo y entre territorios requiere de más análisis, y para ello se requiere un acceso más completo y sencillo a información detallada sobre las prestaciones (estatales y autonómicas). Los sesgos apreciables en programas que son de derecho subjetivo y de ámbito estatal debería servir para recordar que en los detalles de la regulación aparentemente «homogénea» pueden esconderse mecanismos de tratamiento desigual que deben corregirse. De otro modo, y con independencia de las intenciones, estos programas de protección social pueden agravar las fracturas que deberían prevenir y limitar.

[1]El indicador utilizado es el cociente entre perceptores de prestaciones y el número de parados registrados más el de trabajadores eventuales agrarios con subsidio. Las estadísticas oficiales usan entre otros uno parecido, pero eliminando del denominador a las personas paradas registradas que no han trabajado antes (y nunca podrían optar a una prestación).

Comentarios al artículo de Raül Segarra ‘La precariedad severa, en el centro de la pobreza laboral’

En un excelente artículo, Raül Segarra presentaba recientemente en Agenda Pública sus avances en el análisis de la precariedad laboral severa y su relación con la pobreza en España. Utilizando datos correspondientes a Euskadi, presento a continuación algunos comentarios al artículo por si pudieran ser de utilidad para la reflexión que vaya a inspirar la continuidad de su investigación.

Aspectos generales

1

Las distintas formas de precariedad laboral son un elemento estructural del mercado de trabajo en España desde los años 80 y 90. Tal y como se observa en el Gráfico 1, en el caso de Euskadi, en 1996, al final de la crisis de la primera mitad de los años 90, un 31,8% de la población asalariada o asimilada se encontraba afectada, trabajando con contrato temporal o sin contrato.

La dimensión estructural de esta precariedad laboral se detecta en un hecho determinante, también reflejado en el Gráfico 1: entre 1996 y 2016, con la única excepción de 2009, entre un 30,8 y un 34,3% de la población asalariada y asimilada sufre esta problemática, dentro de un reducido intervalo que refleja una esencial continuidad de la problemática. Aunque se reduce de forma significativa su impacto, en 2009 todavía un 25,3% de la población asalariada se veía afectada por alguna de las situaciones consideradas.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Trabajo en Euskadi.

2.

Sí se detecta en el gráfico 1, y esto es un elemento destacable, un cambio en el impacto de las distintas formas posibles de precariedad laboral. A pesar del claro repunte a partir de 2009, cae el impacto de las formas de contratación temporal y sin contrato. Éstas afectan a un 20,8% de la población asalariada y asimilada en 2016, por encima del 19% de 2009, pero muy lejos del 31,8% que habían llegado a suponer en 1996, año desde el que el impacto empieza a reducirse de forma sustancial hasta 2009.

Aumenta en cambio el peso del trabajo a tiempo parcial cuyo impacto pasa del 5,7% del año 2000 al 16% de 2013 (aunque su peso se reduce hasta el 12,6% en 2016). También aumenta el protagonismo de las formas de trabajo autónomo cercanas al trabajo asalariado (asalariados de la propia empresa o autónomos TRADE) hasta un 5,6% en 2016.

3.

A pesar del incremento del trabajo a tiempo parcial, y a diferencia del caso español general, las formas de gran precariedad laboral que comenta Raül Segarra no parecen tender claramente al alza en Euskadi en los últimos 20 años. Tal y como puede comprobarse en el gráfico 2, los distintos elementos de precariado que considera (subempleo ligado a la parcialidad y contratación temporal por menos de 3 meses) no muestran un aumento cualitativamente decisivo. Con un mínimo del 8,9% en 2009, entre 2000 y 2016 su incidencia se mueve, de forma relativamente estable, entre el 10,9 y el 11,8%.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Trabajo en Euskadi.

Si se considera el conjunto de situaciones atípicas y precarias consideradas en el gráfico 1, y vinculando las formas más precarias a las que se traducen en una decisión de búsqueda de un empleo alternativo, la línea tendencial que muestra el gráfico 2 en este indicador es además claramente descendente. De un 12,2% en 1996, la proporción se reduce a un 7,4% en 2009. Tras remontar al 9,4% en 2013, el indicador cae al 8% en 2016, la segunda cifra más baja desde 1996.

4.

Los datos de Euskadi muestran sin duda la estrecha relación entre las situaciones de paro y ocupación marginal (o precaria) y la pobreza. Entre las personas afectadas por situaciones crónicas que combinan paro y ocupación precaria (30 o más meses con carácter general, 18 en el caso de la persona principal), un 52,7% vive en una situación real de pobreza o ausencia de bienestar si está actualmente en desempleo, proporción que es todavía del 42,6% en caso de ocupación precaria. Se trata de una problemática social muy grave que constituye sin duda uno de los principales retos sociales tanto en Euskadi como en España en general.

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Necesidades Sociales en Euskadi.

5.

Sin embargo, en la sociedad española actual, con el mercado de trabajo precario que la caracteriza, la participación en las formas de trabajo atípicas, o precarias, que se analizan no son automáticamente sinónimo de pobreza y ausencia de bienestar económica. En realidad, son en ocasiones un aporte necesario, seguramente inadecuado pero con frecuencia imprescindible, para el acceso a formas mínimas de bienestar en los hogares. En esta línea, el gráfico 4, que tiene en cuenta la intensidad de relación con el empleo en el último año, siguiendo el indicador también utilizado por Raül Segarra, permite extraer dos hechos básicos.

El primero es, por supuesto, la tendencia descendente del impacto de la pobreza real, u otras formas de ausencia de bienestar en el hogar, conforme aumenta la intensidad laboral. Llama sin embargo la atención que, al menos en Euskadi, el impacto de estas problemáticas sociales resulte siempre minoritaria entre la población con experiencia con el empleo. Incluso en grupos con intensidad laboral inferior al 25% en el periodo anterior, la tasa de pobreza y ausencia de bienestar real no pasa del 23% en 2016. Alta, sin duda, per minoritaria.

El segundo aspecto a destacar es que una significativa reducción de las problemáticas no se asocie necesariamente a intensidades que se acercan al 100%. Frente a tasas de pobreza y ausencia de bienestar real que son superiores al 21% en caso de intensidad inferior al 50%, la proporción se reduce al 11,2% en personas con una intensidad laboral entre el 50 y el 75%. En este grupo, un 88,8% accede de hecho a formas de vida en las que la presencia del bienestar es dominante. En un 70,3%, este bienestar puede considerarse completo o casi completo.

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales en Euskadi.

Reflexiones para la investigación

Pensando en el desarrollo futuro de la investigación, algunas cuestiones pueden plantearse a partir de los resultados presentados sobre el caso vasco.

En primer lugar, la hipótesis de que nos enfrentamos a un nuevo mercado de trabajo tiene algunos fundamentos evidentes, claramente recogidos en el artículo de Segarra. Sin embargo, es necesario admitir que se trataría, en todo caso, de nuevas formas de un mercado de trabajo que en las últimas décadas se ha caracterizado siempre por la importancia relevante de las realidades precarias. Que las dinámicas en curso supongan un cambio cualitativo respecto a lo observado desde los años 80 y 90 requiere, en mi opinión, profundizar en los aspectos analizados.

Por otra parte, y en sentido contrario a lo que reflejan los datos generales de España, la evolución en Euskadi no parece reflejar un deterioro cualitativo de las condiciones de trabajo entre 1996 y 2016 sino más bien continuidad y, en algunos aspectos, en realidad mejora. Esta diferente evolución hace razonable la pretensión de considerar en detalle las distintas evoluciones por comunidades autónomas. Sería así necesario tratar de precisar, en segundo lugar, qué modelos territoriales existen en esta dimensión y la medida en que influyen en su dinámica elementos asociados a la estructura sectorial de la producción y el empleo.

En tercer lugar, es preciso analizar las condiciones que podrían facilitar una mejora en las condiciones de vida de la población trabajadora más afectada por la precariedad. En mi opinión, la problemática que afecta a esta población (así como a las empresas que la contratan) requiere ir más allá del análisis de las modalidades de contratación. El caso vasco revela además que no todas las dinámicas de trabajo consideradas se asocian de forma automática a una vida en situación de precariedad económica real.

En el futuro, Raül Segarra nos podrá ofrecer sin duda nuevas aportaciones de cara al análisis de las cuestiones planteadas.

La incidencia del paro de larga duración en España (Nota breve). Luis Sanzo

Es habitual leer que el País Vasco es la comunidad autónoma con mayor impacto relativo del paro de larga duración en España. En un tuit reciente, por ejemplo, Fedea seguía afirmando que el País Vasco “es la región con mayor incidencia del paro de larga duración: el 60,8% de sus desempleados llevan más de un año buscando un empleo”. Sin embargo, la conclusión a la que llega Fedea es errónea. La presente nota pretende explicar las razones y, de paso, situar la incidencia real del fenómeno por territorios.

Fedea utiliza, para llegar a sus conclusiones, la proporción de población parada de larga duración en la población parada total. La incidencia del paro de larga duración, no obstante, debe vincularse a una referencia más amplia, ya sea en términos de población activa o de población en edad potencialmente activa, por ejemplo la situada entre 16 y 64 años. Con pretensión de simplificación, aquí utilizo esta última referencia para evitar introducir en el análisis las diferencias en la propensión a la actividad.

El Gráfico 1 muestra, para cada comunidad autónoma, la incidencia en 2017 del paro de larga duración en relación con la población de 16 a 64 años. Muestra además sus principales determinantes: la incidencia general del desempleo en esta población y el peso que tiene la ocupación temporal (usada como indicador de la oferta de empleo que condiciona el acceso potencial a la ocupación de la población parada de larga duración) respecto a la población desempleada total.

Los datos muestran que el País Vasco forma parte, en 2017, del grupo de comunidades autónomas con un impacto del paro de larga duración inferior al 5% de la población de 16 a 64 años. Este grupo está compuesto por Baleares y el grupo de comunidades que forman Aragón, La Rioja, Navarra y Euskadi.

En una posición intermedia, el paro de larga duración tiene un impacto situado entre el 5,4 y el 7,2% en Madrid, Cataluña, otro grupo de comunidades del noroeste español (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León), más Murcia y la Comunidad Valenciana.

El mayor impacto del paro de larga duración entre la población de 16 a 64 años corresponde, con porcentajes situados entre el 8,9 y el 10,7%, a las comunidades del sur peninsular español (Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía) y a Canarias.

Como muestra el gráfico 1, la menor o mayor incidencia del paro de larga duración es una clara función del menor o mayor impacto general del desempleo. Éste, a su vez, se relaciona con la oferta general de empleo, en especial de tipo temporal, respecto al volumen de población desempleada existente.

Gráfico 1

PLD

Como se comprueba en el Gráfico 2, el País Vasco es además una de las tres comunidades autónomas con una menor incidencia media del paro de larga duración en el conjunto del periodo posterior a la crisis financiera. Respecto a la población entre 16 y 64 años, el impacto del paro de larga duración para el periodo 2009-2017 se sitúa en el 5,4% en el País Vasco, sólo mejorado por el 4,7% de Navarra. La proporción considerada ha sido del 5,7% en Baleares.

El indicador se sitúa entre el 5,9 y el 6,9% en Madrid y otro grupo de comunidades del Noroeste español (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Aragón), con un 7,6% en Cataluña. Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha tienen, por su parte, una incidencia entre el 8,8 y el 9,9%.

En el periodo 2009-2017, más de un 10% de la población de 16 a 64 años ha sido parada de larga duración en Extremadura (10,1%), Andalucía (11,6%) y Canarias (12,1%).

El gráfico 2 pone igualmente de manifiesto la fuerte asociación entre la incidencia actual del paro de larga duración y la existente para el conjunto del periodo 2009. Algunas comunidades mejoran ligeramente su posición relativa (las islas, tanto Baleares como Canarias, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña). La situación empeora en términos relativos, también ligeramente, en Galicia, Cantabria y País Vasco, en el noroeste, y en Castilla-La Mancha y Extremadura en el Sur. Sólo en la región extremeña puede hablarse de un empeoramiento significativo de la incidencia del paro de larga duración (10,7% en 2017 por 10,1% para el conjunto del periodo 2009-2017).

Gráfico 2

PLD1

Los datos presentados muestran por tanto que, a pesar de una línea menos favorables que la de otras comunidades líderes en reducción del impacto del paro de larga duración, el País Vasco se mantiene entre los territorios menos afectados por el problema. En el conjunto del periodo 2009-2017, sigue siendo, junto a Navarra, la comunidad autónoma con menor impacto a largo plazo de este tipo de desempleo.

Se trata de una realidad que merece ser destacada por varias razones. Por una parte, porque corresponde a una comunidad autónoma que ha sufrido duramente las consecuencias de la caída del empleo industrial, con una recuperación más limitada del empleo en comparación con las comunidades líderes del crecimiento ocupacional en España después de 2013. Por otra parte, y esto resulta determinante, porque es de las pocas comunidades autónomas que, tras la crisis de 2008, ha seguido conociendo un aumento significativo de la inmigración de origen extranjero, un colectivo con mayores dificultades de inserción laboral.

Como muestra el gráfico 3, lo que ha representado esta llegada de población de origen extranjero entre 2009 y 2017 resulta decisivo en Euskadi, con un incremento equivalente a 17 personas por 1000 habitantes de 2009. Es más del doble de la cifra de 6,5 por mil que corresponde a Navarra y casi cuatro veces más que el 4,4 por mil de Cataluña, las otras dos comunidades autónomas con mayor crecimiento de este tipo de población.

Gráfico 3

gráfico 3

En definitiva, en términos de incidencia no puede atribuirse al País Vasco la condición de territorio más afectado en España por el paro de larga duración. Esta nota breve ha pretendido mostrarlo tomando como referencia a la población de 16 a 64 años (la conclusión sería similar si se analizara esta cuestión en relación con la población activa).

La conclusión mencionada es importante porque ayuda a orientar el análisis hacia las comunidades que sufren más intensamente el problema, en especial aquellas en las que, como ocurre con Extremadura, la situación actual muestra una clara línea de deterioro.


ANEXO: Relación entre Paro de Larga y de Corta Duración en 2017

gráfico

Paro, temporalidad y justicia intergeneracional. Luis Sanzo

INTRODUCCIÓN

La dualidad en el mercado de trabajo tiende a presentarse en España como la polarización del empleo en dos tipos de trabajadores o trabajadoras, fijos y temporales. Se trata, en realidad, de una de las dimensiones de una problemática más amplia que incluye otras formas precarias de relación laboral con la empresa (trabajo no deseado a tiempo parcial, ausencia de contrato, etc.) y, por supuesto, el desempleo.

En la medida en que se trata de un conjunto de problemas que afectan de forma especial a la población joven, se asocia con frecuencia esta dualidad laboral con un conflicto intergeneracional, entre una población joven muy castigada por la precariedad y unas generaciones de mayor edad que se habrían apropiado del sistema productivo. Mi intención en este documento es mostrar que el problema del paro y de la temporalidad no encaja de forma adecuada con esta descripción.

El análisis se centra en el impacto conjunto del desempleo y la temporalidad en la población total de una serie de grupos de edad, comparando la situación existente en el segundo trimestre de 1987, 1997, 2007 y 2017. Esta referencia temporal permite analizar la situación en distintos periodos, representativos de la dinámica del empleo en España, además de facilitar la evolución del paro y la temporalidad por grupos de edad. Los principales resultados se presentan a continuación.

PRINCIPALES RESULTADOS

En primer lugar, se confirma que el impacto directo del desempleo y de la temporalidad resulta muy elevado en la población más joven, menor de 25 años. Sin embargo, este impacto refleja un modelo de acceso retardado de la población más joven al empleo indefinido que se mantiene bastante estable durante todo el periodo democrático. De esta forma, todas las generaciones jóvenes, sin excepción, muestran altas tasas comparadas de paro y temporalidad en los últimos treinta años.

Otros dos aspectos son los que verdaderamente la atención en el caso de la población de 16 a 24 años. El primero es que, en este grupo de población, la proporción de personas afectadas en 2017 es la más baja para este grupo de población joven: 30,0% frente a 31,5% en 1987 y cifras cercanas al 34,5% en 1997 y 2007.

Gráfico 1

Gráfico1.jpg

El segundo elemento relevante es que es también en 2017 cuando la población más joven aporta menos al conjunto de personas afectadas en España por el paro y la temporalidad: apenas un 14,8% del total por 22,5% en 2007, 28,8% en 1997 y 43,3% en 1987.

Gráfico 2

Gráfico2

En 2017, el paro y la temporalidad afectan mucho más claramente a las personas de 25 a 39 años. Mientras el impacto conjunto de estas problemáticas se sitúa en el 30% de la población de 16 a 24 años, llega al 48,3% en el grupo de 25 a 29 años y sigue resultando superior, con un 32,5%, entre las personas de 30 a 39 años.

Entre las personas de 25 a 39 años, se detecta además en 2017 el máximo impacto del paro y de la temporalidad respecto a lo observado en periodos anteriores. Sin embargo, las diferencias no resultan excesivas, en especial cuando se comparan con 1997, al final de la crisis de la primera mitad de los 90: 48,3% frente a 46,2% en las personas de 25 a 29 años; 32,5% frente a 29,9% en las de 30 a 39 años.

Gráfico 3

Gráfico3

Como consecuencia de la reducción del volumen poblacional de las generaciones más jóvenes, sin embargo, el peso de las personas de 25 a 39 años en el conjunto de la población afectada por el paro y la temporalidad no resulta superior al que representaba este colectivo en periodos anteriores. El 40,9% de 2017 sólo es superior al 36,3% de 1987 y queda claramente por debajo de las cifras cercanas al 49% de 1997 y 2007. Esta realidad afecta sobre todo a las personas de 25 a 29 años; las diferencias son algo menos llamativas en las personas de 30 a 39 años (con un 26,1% del conjunto de la población en paro o con problemas de temporalidad en 2017 por 26,7% en 1997 y 29,3% en 2007).

Gráfico 4

Gráfico4

En cualquier caso, el más llamativo incremento de la proporción de personas afectadas por el el paro y la temporalidad tras la crisis de 2007 no caracteriza a la población joven en España sino a la mayor de 40 años. Aunque el impacto de estas problemáticas es inferior al de los grupos más jóvenes, destaca por ser el más elevado de los cuatro años considerados. De esta forma, las cifras porcentuales son superiores en más de 7 puntos en 2017 respecto a los máximos observados con anterioridad entre las personas de 40 a 59 años: 26,1% en las personas de 40 a 49 años frente a máximos del 19,1% en 1997 y 2007; 19,9% frente a 12,3% en 1997 y 11,6% en 2007 en las personas de 50 a 59 años. La misma tendencia se observa en las personas mayores de 60 años, con un 5,1% de personas afectadas frente a un máximo previo del 2,9% en 2007.

Gráfico 5

Gráfico5

Esta dinámica de claro empeoramiento de la situación de la población mayor de 40 años tiene un muy fuerte impacto en la distribución de la población afectada por el paro y la temporalidad en 2017. Con anterioridad, el peso de este grupo había subido, en el colectivo total de personas afectadas, del 20,3% de 1987 al 28,4% de 2007, pero en 2017 esa proporción aumenta bruscamente hasta el 44,2%. Este porcentaje no sólo es tres veces superior al 14,8% que representa la población menor de 25 años, sino que supera también el 40,9% que corresponde a las personas de 25 a 39 años. Las personas de 40 o más años suponen, por tanto, el grupo de edad que concentra en 2017 más situaciones de paro y temporalidad. Una realidad que no se había dado con anterioridad en ninguno de los años analizados.

Gráfico 6

Gráfico6

Los datos señalados nos introducen una realidad muy concreta: el impacto diferencial del paro y la temporalidad entre las personas que, en 2017, tienen entre 40 y 59 años. En una perspectiva a largo plazo, este grupo generacional, menor de 30 años en 1987, es el que más ha sufrido estos problemas en España.

Tres hechos avalan esta afirmación. Como ya se ha observado, en 2017, este colectivo integra a los grupos de edad que muestran mayor aumento en el impacto relativo del paro y la temporalidad (en comparación con lo observado en los mismos grupos de edad en periodos anteriores).

En la misma línea, su peso en el conjunto de la población afectada es más de 15 puntos superior en 2017 a la proporción máxima que el grupo de los mayores de 40 años había llegado a representar hasta 2007.

Pero, y esto es lo verdaderamente decisivo, en los cuatro años considerados, la generación hoy entre 40 y 59 años, menor de 30 años en 1987, ha constituido siempre el grupo dominante entre las personas afectadas por el paro y la temporalidad.

A pesar de que una parte no había llegado aún al mercado de trabajo, este grupo constituía un 62,6% del colectivo afectado en 1987, una proporción que aumenta al 70,1% en 1997. Aunque se beneficia del proceso de caída del impacto de estas problemáticas al llegar a edades superiores, la generación considerada sigue constituyendo el grupo dominante en 2007 y 2017 s. En 2007, el grupo recogía un 47,5% del conjunto de situaciones de paro y temporalidad por 42,3% de los menores de 30 años. La diferencia es aún más nítida en 2017: 41 frente a 29,6%. Por mucho que en estas diferencias influyan factores demográficos, esta posición comparativamente desfavorecida de la generación menor de 30 años en 2987 es un hecho social decisivo para entender la historia social reciente de España.

Gráfico 7

Gráfico7

Como revela el gráfico 8, conviene resaltar no obstante que los grupos jóvenes más afectados en 2017, los de 25 a 39 años, tienen pautas de relación con el paro y la temporalidad que resultan cercanas a las de las generaciones que más han sufrido hasta ahora estas problemáticas sociales. Esto pone de manifiesto el riesgo al que se enfrentan los colectivos en edad activa que tenían menos de 30 años en 2007, un grupo que incluye a una parte relevante de población de origen extranjera.

Gráfico 8

Gráfico8

CONCLUSIONES

Los datos presentados conducen a dos conclusiones relevantes. En primer lugar, es indiscutible que la recesión posterior a la crisis financiera de 2008 ha tenido un impacto decisivo en la población joven española. Sin embargo, más que en los colectivos actualmente menores de 25 años, es en las generaciones que hoy tienen entre 25 y 39 años donde se observa la mayor precariedad laboral.

La segunda conclusión se aleja, de forma aún más nítida, del discurso que resulta habitual en España: el problema del paro y de la temporalidad no es una muestra de discriminación específica de los grupos más jóvenes, característica del actual momento histórico. Sin negar la relevancia de un modelo de organización del trabajo que perjudica de forma estructural a la juventud, en una perspectiva a largo plazo, los grupos que más han sufrido los efectos del paro y la temporalidad pertenecen a las generaciones, menores de 30 años en 1987, que más sufrieron las consecuencias de las crisis de los años 80 y 90. Conviene por ello matizar el discurso que, en la actualidad, parece impulsar una cierta revancha generacional, enfrentando a las generaciones jóvenes contra las personas de mayor edad, con menores tasas de paro y temporalidad.

Resulta igualmente importante destacar que detrás de los problemas generacionales observados están dos elementos de ensanchamiento demográfico de la base demográfica de los grupos en edad activa: el baby boom de los 50 a 70 y la inmigración masiva de finales de los 90 y primera década del siglo. Esos dos fenómenos condicionan los resultados sociales de una economía, la española, con fuertes dificultades para mantener una base de empleos adecuada para prevenir una temporalidad y un desempleo excesivos.