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Derecho a decidir y soberanía nacional: una propuesta de convergencia constitucional. Luis Sanzo

Modesta propuesta de revisión de la Constitución Española para tratar de encajar en la misma las demandas de reforma formuladas desde las Comunidades Autónomas

La propuesta que se presenta en este documento trata de ofrecer una alternativa para superar, desde un planteamiento constitucional, el problema que plantea la confrontación del ideario del derecho a decidir, defendido desde territorios como Cataluña, con la concepción de la soberanía nacional única que recoge la Constitución Española (CE).

Dado que la aprobación de esta propuesta necesitaría de un muy alto nivel de apoyo en España, impensable sin la participación de las fuerzas políticas más importantes, el objetivo de su presentación se centra sobre todo en plantear una posible vía de solución al actual conflicto planteado entre Cataluña y España.

El problema a resolver

De acuerdo con lo establecido en el artículo 166 de la CE, los Parlamentos de las Comunidades Autónomas tienen capacidad de iniciativa en materia de reforma constitucional. Este hecho revela que la CE reconoce a las Comunidades Autónomas, a través de los parlamentos que expresan la voluntad autonómica, como sujetos legitimados para iniciar un proceso de reforma de la Constitución.

En lo relativo al procedimiento, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 87 CE, los parlamentos autonómicos podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley para aprobar una propuesta en materia de reforma constitucional. A tales efectos, delegarán ante el Congreso un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

En el actual proceso en Cataluña, las reivindicaciones planteadas afectan a cuestiones diversas que van desde la demanda de una consulta, planteada en general como vinculante pero no siempre, hasta la reclamación de la propia soberanía o de la posibilidad de una declaración de la independencia. Algunas de estas reivindicaciones afectan directamente a la parte esencial de la CE, relativa a la soberanía o al sujeto de la misma, consideradas en el Título preliminar del texto constitucional.

En el caso de propuestas que afecten a este Título de la CE, el artículo 168 establece que se requerirá la aprobación por mayoría de dos tercios de Congreso y Senado. Esta mayoría se exige tanto de cara a la aprobación del principio de revisión como, tras la constitución de las nuevas Cámaras, obligatoria en este proceso de reforma, de cara a la ratificación de la decisión y estudio del nuevo texto constitucional. El apartado 3 del artículo 168 señala finalmente que la reforma aprobada por las Cortes Generales deberá ser ratificada por el pueblo, el verdadero soberano en la CE, en referéndum.

Otros aspectos de las demandas de algunos partidos catalanes, como la exigencia de un referéndum vinculante, no exigen el grado cualificado de acuerdo previsto en el artículo 168 CE. De esta forma, la posibilidad de someter a referéndum consultivo de todos los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia, como la demanda de independencia de Cataluña, requiere únicamente la autorización de la mayoría del Congreso.

La modificación constitucional del contenido de este artículo, por ejemplo para convertir los resultados de algunos referéndum en vinculantes, tampoco requiere la mayoría de dos tercios de Congreso y Senado. El artículo 167 exige el apoyo de tres quintos de Congreso y Senado o, en su defecto, mayoría del Senado y dos tercios del Congreso, sin necesidad de ratificación posterior tras convocatoria de nuevas elecciones. La ratificación vía referéndum sólo se exige, además, si es solicitada por un mínimo del 10% de los miembros de Congreso o Senado.

Sin embargo, una propuesta para que este referéndum vinculante afectara a materias previstas en el Título Preliminar de la CE haría inevitable la aplicación de las mayorías cualificadas del artículo 168.

En cualquier caso, el verdadero problema a resolver se plantea en aquellas circunstancias en las que las mayorías existentes en un determinado Parlamento autonómico son muy diferentes a las que se da en el Congreso y/o en el Senado. En estos casos, la implicación habitual es que las propuestas autonómicas, como ya sucedió con el llamado Plan Ibarretxe, se vean rechazadas en Congreso y Senado sin que exista siquiera un intento de negociación para negociarlas y llevarlas a la práctica.

Esta situación plantea un grave conflicto entre la voluntad autonómica representada por un determinado Parlamento autonómico y la voluntad soberana representada por Congreso y Senado. De persistir en el tiempo, el foso abierto por esta situación de conflicto puede poner en riesgo los fundamentos del sistema constitucional. Se requiere por tanto una propuesta para evitar este escenario que, de facto, ya es una realidad en el caso de Cataluña.

La propuesta de reforma de la Constitución Española

La propuesta de reforma de la Constitución Española que se plantea aquí busca introducir un mecanismo para que el conflicto potencial entre voluntad autonómica y voluntad soberana pueda resolverse de forma democrática. Se plantea, de esta forma, un procedimiento basado en la participación política que trata de minimizar la potencial ruptura entre las dos voluntades señaladas.

La propuesta planteada de reforma de la Constitución sería la siguiente:

  1. Incorporar un nuevo artículo a la CE, tras los artículos 166 a 168 actuales.
  2. La redacción del artículo sería la siguiente:

Artículo xxx

1. En caso de que una iniciativa de reforma constitucional, ejercida en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 87, se vea rechazada por el Congreso, la Asamblea de la Comunidad Autónoma solicitante podrá convocar un referéndum dentro de su comunidad sobre la iniciativa considerada. La convocatoria deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos de la Asamblea. Esta mayoría deberá ser de dos tercios cuando se propusiera una revisión que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II de la Constitución.

2. En caso de mayoría de votos favorables en el referéndum convocado de acuerdo con el procedimiento señalado en el párrafo anterior, la iniciativa será posteriormente sometida a referéndum del conjunto del pueblo español:

a) En el caso de que la iniciativa sometida a referéndum en la Comunidad Autónoma no afecte a los títulos previstos en el artículo 168, si es aprobada por un 50% del cuerpo electoral total o un 60% de los votantes.

b) En el caso de que la iniciativa afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II de la Constitución, si la iniciativa es aprobada por un 55% del cuerpo electoral total o dos tercios de los votantes.

3. La iniciativa de reforma constitucional será ratificada si es aprobada por la mayoría del pueblo español.

4. Si la iniciativa no es ratificada, pero consigue un apoyo superior al 40% de los votantes, o al 33% del cuerpo electoral, el Congreso creará una Comisión tripartita de Diputados, Senadores y representantes de la Asamblea de la Comunidad Autónoma solicitante, que presentará un texto alternativo que deberá ser sometido a referéndum para su ratificación.

5. En caso de que dos tercios de la Asamblea de la Comunidad Autónoma solicitante acuerden mantener el texto alternativo originalmente planteado, los dos textos serán sometidos a referéndum del pueblo español para aprobación de uno de los dos propuestos.

Fundamentos de la propuesta

La propuesta presentada es completamente coherente con los fundamentos esenciales de la CE. La CE apuesta de hecho por tres premisas básicas en lo relativo a la dimensión territorial:

UNO: La democracia representativa en España se basa en la expresión general de la voluntad soberana del pueblo española pero también en la expresión concreta de las distintas voluntades autonómicas;

DOS: Aunque restringidos los mecanismos de participación política directa a determinados supuestos específicos, la CE obliga a que las grandes decisiones políticas que determinan en lo fundamental el proceso político (elaboración/reforma estatutaria y reforma constitucional) vengan siempre asociadas a procedimientos de ratificación por el pueblo autonómico o por el conjunto del pueblo soberano; y

TRES: En última instancia, el pueblo soberano en la CE no se enfrenta a ningún límite en su actuación, dispone del poder de modificar sin límites la propia CE.

De acuerdo con estos principios, en la lógica de la propuesta se trata de obligar a los representantes de las voluntades autonómica y soberana a minimizar el grado de conflicto entre ellos. Y, en caso de que el conflicto persistiera y quedara sin resolver, a recurrir al posicionamiento del pueblo vía referéndum con el objetivo de conocer la expresión real tanto de la voluntad autonómica como de la voluntad general del pueblo español.

Es posible que el conflicto no pueda resolverse si parte de una posición de completa ruptura entre la voluntad del pueblo en el que se fundamenta un determinado Parlamento autonómico y la del pueblo español en su conjunto. En tal caso, en un conflicto de soberanías que desbordara las previsiones de la CE, el resultado de ese conflicto dependería de la incapacidad de las partes de volver a situarlo en el marco constitucional y de la posición de los estados que conforman la comunidad internacional respecto a la legitimidad de cada parte en su posición ante el conflicto.

Es de esperar, sin embargo, que el marco señalado permitiera en todos los casos, incluso si el resultado fuera una potencial situación de ruptura, que la solución a encontrar pudiera manejarse dentro del marco constitucional. De partida, y a diferencia de otros estados, no existen límites materiales en la CE de cara a la revisión constitucional de cualquiera de sus preceptos.

Aclaración al punto 4 de la propuesta

El supuesto que se plantea en el punto 4 actúa cuando se da el conjunto de circunstancias siguientes:

1. Una iniciativa de reforma constitucional, ejercida en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 87 por un determinado Parlamento autonómico, es rechazada por el Congreso.

2. Sometida a referéndum entre el cuerpo electoral de la Comunidad Autónoma, la iniciativa es aprobada por las mayorías cualificadas establecidas (mínimo del 50% del conjunto del cuerpo electoral o 60% de los votantes en el caso más sencillo, que no implica ruptura de la soberanía), debiendo por tanto ser considerada en referéndum por el conjunto del pueblo español.

3. En el mencionado referéndum en el conjunto de España, la iniciativa no consigue el apoyo mayoritario del pueblo español pero si un apoyo superior al 40% de los votantes, o al 33% del cuerpo electoral.

En este supuesto se dan una serie de circunstancias en las que se combina un apoyo sustancial a la propuesta entre el cuerpo electoral autonómico (superior al menos al 50% de este cuerpo electoral o al 60% de los votantes) y un apoyo minoritario pero sustancial entre el pueblo español (más del 33% del cuerpo electoral o 40% de los votantes). En tal caso, en el que existen condiciones para encontrar un marco suficiente de consenso entre la voluntad autonómica y la voluntad soberana, la propuesta plantea la obligación de que las Cortes Generales y el Parlamento proponente negocien un texto alternativo susceptible, tras un nuevo referéndum, de ser aprobado por mayoría por el pueblo español.

La propuesta relativa al 33% del cuerpo electoral se basa en la proporción que en la Constitución española se establece como límite mínimo para poder vetar una propuesta de reforma constitucional que afecte a las partes centrales de la Constitución. Se entiende, por tanto, que refleja la parte mínima del pueblo español que tiene poder suficiente para limitar las decisiones de una amplia mayoría. En sentido contrario, se entiende que la opinión de un bloque de tal magnitud tiene importancia suficiente para ser tomado en consideración en cualquier proceso de reforma constitucional.

Sobre los niveles de apoyo exigidos

Como puede comprobarse, los niveles de apoyo exigidos para la reforma son altos, lo que se justifica por dos razones. En primer lugar, deben ser altos para evidenciar una voluntad efectiva, y de perspectiva de mantenimiento duradero, respecto al cambio de estatus político en la comunidad autónoma cuyo parlamento asume la iniciativa. Ese cambio de estatus implica, además, una reforma del sistema político definido constitucionalmente. Se trata por tanto de una decisión política trascendental.

En segundo lugar, se han considerado niveles de apoyo cercanos a los exigidos en la Constitución española y en los distintos Estatutos de Autonomía para impulsar las iniciativas de reforma.

La concreción de los apoyos necesarios y suficientes dependerá en todo caso de la voluntad política de quienes pudieran llegar a aceptar los planteamientos que se realizan en esta propuesta.

 

Notas sobre la dinámica electoral catalana. Luis Sanzo.

Recojo aquí algunas reflexiones sobre la dinámica socio-política en Cataluña, de acuerdo con el análisis de la evolución electoral del periodo 2006-2017 (elecciones autonómicas). Sin pretensión de constituir un artículo como tal, se trata más bien de unas notas generales para el intercambio de ideas. Las notas vienen acompañadas por los gráficos que soportan el análisis y sus conclusiones. Facilitar el acceso a los mismos a quien pueda estar interesado es el principal motivo de subir a Internet estas notas.

La preocupación por la dinámica electoral catalana no refleja, por otra parte, voluntad de seguir el fenómeno desde la sociología política sino de determinar las bases de lo que parece una manifiesta crisis socio-política en Cataluña que puede poner en riesgo las propias bases de la estabilidad democrática.

NOTA 1.

Después de aumentar de forma impresionante, y a ritmos prácticamente continuos entre 2006 y 2015, el voto al nacionalismo catalán llega a un límite en 2015. Tal y como puede observarse en el gráfico 1, este límite resulta evidente si se incluye el voto UDC de 2015. El voto nacionalista de 2017 es prácticamente el mismo que el de 2015.

Gráfico 1

Gráfico1

NOTA 2.

Como revela también el gráfico 1, tras la debacle del periodo 2006-2010, los apoyos electorales al bloque constitucionalista se sitúan claramente al alza desde entonces. Pero, a diferencia de lo que se percibe en el nacionalismo catalán, el aumento del voto constitucionalista se mantiene entre 2015 y 2017 hasta el punto de que, en 2017, los resultados se acercan a una situación de equilibrio de fuerzas entre los dos grandes bloques. Así, tras caer al 67,8% en 2010, la relación entre voto constitucionalista y voto nacionalista catalán, que en 2015 sólo se había recuperado hasta el 77,7%, despega hasta el 91,6% en 2017.

Gráfico 2

Gráfico2

NOTA 3.

La posición de Puigdemont es sin duda de fuerza pero no indica una posición verdaderamente hegemónica, capaz de imponer las líneas de la dinámica política, ni siquiera en el marco del independentismo. Frente al avance electoral de la población que se mueve en la órbita ERC-CUP a partir de 2010, la que se une en torno a CiU y JxCat tiende a una caída continuada a partir de ese año, tal y como se observa en el gráfico 3. Esta línea de caída se acentúa, además, entre 2015 y 2017. La fuerte recuperación electoral del CiU entre 2006 y 2010 queda en 2017 amortizada en su totalidad.

Gráfico 3

Gráfico3

En términos de capacidad de movilización de voto, y dentro del nacionalismo catalán, el verdadero vencedor electoral del procés es el bloque tradicionalmente independentista, orientado a la izquierda, que conforman ERC y la CUP. Este bloque que, tras el fracaso del tripartito y del proceso de gestión del Estatut, no llegó a representar en 2010 sino un 19,2% de los apoyos electorales que llegaban a CiU, consigue superar en un 19,4% el que que llega en 2017 a JxCat (gráfico 4).

Gráfico 4

Gráfico4

El impresionante avance del voto ERC-CUP entre 2006 y 2017 (de 416.335 a 1.122.759 votantes) es uno de los fenómenos sociopolíticos más llamativos de la España posfranquista. La combinación de crisis económica, social y política en Cataluña está en la base de este fenómeno.

NOTA 4.

El bloque ERC-CUP es el que consigue recoger, al menos en el marco del debate sobre el estatuto político de Cataluña, el malestar que sigue a la crisis del Estatut y a la debacle socioeconómica del periodo 2009-2013. En comparación con 2006, este bloque gana 706.404 votos en 2017 (+170% en términos relativos).

Gráfico 5

Gráfico5

En contraste, y como se puede ver en el gráfico 5, la evolución del voto al conglomerado de izquierda catalanista no independentista (PSC-ICV, EnComú/Podem) es negativa. Aunque se recupera entre 2010 y 2017, el voto conjunto a estas fuerzas se reduce en 152.202 votos en 2017 respecto a 2006. En términos electorales, el apoyo electoral a estas fuerzas es un 14,1% inferior en 2017 respecto a 2006.

Si en 2010, el sufragio expresado en favor de ERC apenas suponía un 22,3% del voto total a la izquierda en Cataluña, el que en 2017 llega a ERC y CUP supone un 54,8% del total (gráfico 6).

Gráfico 6

Gráfico6

NOTA 5.

Sin embargo, la novedad más significativa del proceso catalán es la aparición, avance y configuración como primera fuerza de la política catalana de Ciudadanos. Desde una presentación como fuerza por completo marginal en 2006, con apenas 89.840 votos, este grupo se convierte en primera fuerza política catalana en 2017, con más de 1,1 millones de votos (gráfico 7).

Otro aspecto a destacar es que el avance del peso electoral de Ciutadans resulta realmente muy reciente. Todavía en 2012, este partido apenas recogía 275.000 votos.

Gráfico 7

Gráfico7

El avance de Ciudadanos se basa en dos hechos destacables. De partida, resulta sin duda significativa la recogida de votos procedente de otros partidos del bloque constitucionalista. En el periodo 2006-2012, el crecimiento del grupo, aún moderado, se relaciona con la caída de voto socialista, con un incremento en ese periodo del apoyo electoral al Partido Popular. Entre 2012 y 2017, en cambio, el espectacular avance de Ciutadans se traduce en la quiebra casi completa del voto al Partido Popular, agudizado entre 2015 y 2017. Este partido obtiene en 2017 apenas un 39% del resultado conseguido en 2012.

Sin embargo, entre 2012 y 2017 el PP pierde 287.573 apoyos que quedan muy lejos de los más de 827.000 votos conseguidos por Ciudadanos. El PSC, además, consigue llegar a 2017 con más apoyos que 2012 y 2015. El partido de Rivera y Arrimadas se beneficia así, sobre todo, de la tradicional abstención de algunas zonas de Cataluña. Es su éxito principal.

El resultado es sorprendente. Un partido, antinacionalista y liberal, que apenas recogía un 7,5% del voto del bloque constitucionalista, en 2006 llega a conseguir -dentro de este bloque- un 58,3% de los apoyos en 2017. En cambio, el PSOE, que en 2006 recogía el 66,2% de los sufragios nacionalistas, se queda en un mínimo del 31,9% en 2017. El PP, que llegó a representar un 37,1% del voto en 2012, apenas concentra un 9,7% de los sufragios constitucionalistas en las últimas elecciones autonómicas catalanas (gráfico 8).

Gráfico 8

Gráfico8

NOTA 6.

En la dimensión política catalana, la izquierda catalanista y no independentista, a pesar de sus distintas formas de presentación, no parece haberse recuperado de la salida en falso del tripartito y del fracaso del Estatut de 2006. Tras perder un 25,3% de su apoyo electoral entre 2006 y 2010, no ha sido nunca capaz de recuperar con posterioridad el voto 2006, a pesar de una línea de ligera recuperación desde 2010 (ver gráfico 9).

Gráfico 9

Gráfico9

En este bloque, el estancamiento a la baja de 2006-2010, o la línea de pequeña mejora de 2010-2017, esconde la lucha algo cainita por el reparto interno del voto. Como se constata en el gráfico 10, esa lucha fue muy favorable a la línea ICV-Podem-En Comú entre 2010 y 2015 (su peso electoral en el bloque pasa del 26,2-28,6% de 2006-2010 a cifras cercanas al 41% en 2012-2015). Lo ha sido al PSC entre 2015 y 2017 (EnComú-Podem supone sólo un 34,9% del sufragio correspondiente a este bloque en 2017).

Gráfico 10

Gráfico10

El resultado final apenas se traduce en un pequeño aumento de voto de 2006 a 2017 en ICV-Podem/En Comú (+14,5%), con una caída significativa del PSC (-24,3%).

NOTA 7.

Visto desde el punto de vista de la izquierda que emerge con fuerza tras el 15/M, el bloque que gira en la actualidad en torno a la CUP y EnComú/Podem consigue en 2015 422.714 votos más que los registrados en 2006, año en el que ICV era la única expresión política. El voto útil, o las discrepancias políticas, se traducen sin embargo en una significativa caída electoral entre 2015 y 2017 en estas fuerzas (en aparente dirección hacia el PSC en el caso de los Comunes, y de ERC en el caso de la CUP). En el bienio 2015-2017, la CUP pierde un 42,8% de su apoyo electoral, proporción que es del 11,9% en el caso de los Comunes. Se quiebra radicalmente en todo caso el papel de atracción de voto hacia estos dos grupos que se había producido entre 2012 y 2015 (gráfico 11).

Gráfico 11

Gráfico11

La CUP resiste peor que EnComú/Podem la dinámica 2015-2017. Se percibe con claridad en la distribución electoral del voto correspondiente a estas dos fuerzas. Después del equilibrio observado en 2015, en 2017 un 62,6% del voto a estos grupos se queda en manos de EnComú/Podem (gráfico 12).

Gráfico 12

Gráfico12

ALGUNAS IDEAS FINALES

1. España tiene un evidente problema con el independentismo en Cataluña (el “pollastre” que menciona Puigdemont). Pero el nacionalismo catalán, hoy prácticamente todo él independentista, tiene un problema tan importante con la “salida del armario” de un abierto antinacionalismo pro-español. Unido a las fuerzas catalanistas de dimensión constitucionalista como el PSC, y al PP, este conjunto de fuerzas está ya casi a la par que el nacionalismo en número de votos. Este bloque “constitucionalista” tiene dos cosas a su favor: el poder real y el tiempo.

La Cataluña independentista sigue ganando pero eso no debería hacer perder de vista la realidad. Ya sólo es mayoritaria (y sólo en escaños) gracias a los resultados de Girona. Tiene, por tanto, también su “pollastre”. Las fuerzas constitucionalistas están en condiciones de esperar a que llegue su turno. En cambio, el tiempo juega en contra de un independentismo que  carece de apoyos significativos en Europa para conseguir forzar una negociación en su favor (al menos si va orientada a conseguir la independencia).

2. La posición de Puigdemont es aparentemente fuerte pero la realidad muestra que sus bases de poder no lo son tanto como para poder imponer su proyecto, ni internamente al resto del independentismo, ni externamente al Estado y a las fuerzas que están a su lado en Cataluña. Las fuerzas realmente dinámicas son las que se mueven en torno al voto ERC-CUP, por un lado, y al anti-nacionalismo que representa Cs y que hoy supera con claridad a JxCat, por otro. Este sorpasso, visible en el gráfico 13, habría sido imposible de prever en 2006.

Gráfico 13

Gráfico13

3. La victoria de Ciutadans en las elecciones autonómicas 2017 se fundamenta en parte en su capacidad de extraer votos del PSC y del PP. Sin embargo, su principal éxito ha radicado en atraer a la dinámica política electoral de Cataluña a grupos sociales que se situaban fuera hasta ahora en Cataluña. Por su perfil antinacionalista y liberal, se trata de un cambio radical de la estructura política existente a mediados de la pasada década, dominada en gran medida entonces por el PSC, catalanista y socialdemócrata.

4. El panorama político que muestra la Cataluña de 2017 es de completa crisis de sistema. Los dos partidos que han dominado la política español posfranquista, el PSC y el PP, han pasado de ser conjuntamente mayoritarios en Cataluña, con un 39,2% de los sufragios en 2006, a representar una minoría de apenas un 18,4% en 2017 (gráfico 14).

La crisis financiera de la Generalitat de Cataluña durante la crisis, en un contexto de pérdida de importancia relativa del conglomerado político en torno a CiU, ha llevado además a un grupo clave en la estabilidad política española a liderar el proceso independentista, un proceso al que se han incorporado con máxima fuerza el conglomerado tradicionalmente pro-secesión que representan ERC y la CUP. Este conjunto de partidos, hoy de facto situados fuera del sistema, recoge un 48,3% de los sufragios recogidos por los grupos con representación parlamentaria.

Pero otro 25,8% va a un partido que, apelando al constitucionalismo pro-español, reclama en realidad un nuevo proyecto para España. Este proyecto defiende un cambio en el sistema político que se sitúa de facto en un marco post-Constitución española de 1978., Su posición respecto a la educación y la política de comunicación en Cataluña, en la misma línea que sus críticas radicales al concierto y al cupo vascos, muestran un evidente propósito de redefinición del marco estatutario de las dos principales “nacionalidades” en España. En contra de lo que definen como privilegios y pretensiones de los “separatistas”.

Estos dos hechos combinados, el independentismo catalán, y su correlato de reacción antinacionalista, representan un 81,6% de los sufragios. En el 26% restante se incluyen grupos que, con la excepción del minoritario Partido Popular, defienden una reforma sustancial de la Constitución. Parece imposible poder negar la intensidad de la crisis política que esto supone para España.

Gráfico 14

Gráfico14

5. Entre los grupos que pierden capacidad de influencia política se encuentra la izquierda catalanista no independentista (hoy PSC y EnComú/Podem). La competencia electoral dentro de este bloque ha perjudicado sobre todo al PSC, en particular en el periodo 2010-2013, a pesar de que este partido recupera parte del terreno perdido en 2017. En cualquier caso, la reciente recuperación electoral del PSC no supone un cambio decisivo en el papel electoral del bloque que hoy gira en torno a los Comunes.

Se necesita mucho optimismo para no percibir en este bloque de izquierda no independentista una línea globalmente negativa respecto a la evolución de su peso político. La polarización en torno al eje nacional le sitúa en 2017 con un apoyo electoral inferior en un 14,2% al que llegó a tener en 2006. La caída afecta sobre todo al PSC pero no se traduce en un aumento de ICV-Podem/EnComú.

6. En el caso de los dos bloques nuevos, o reformulados, durante el periodo de crisis, y que habían crecido electoralmente de manera muy llamativa en paralelo a la crisis económica, la CUP sufre mucho más claramente que EnComú-Podem la dinámica 2015-2017. Pero, tras las recientes elecciones, ambas fuerzas se alejan de la capacidad de condicionar de forma decisiva la política catalana.

7. Los distintos aspectos señalados son coherentes con el proceso más amplio de crisis de las izquierdas y de la extensión de la alternativa post-socialdemócrata, incluso en contextos que teóricamente ofrecen un marco favorable a las fuerzas socialmente más rupturistas. En el caso catalán, esto muestra una reorientación de voto hacia las alternativas independentistas, con significativas dinámicas populistas asociadas (resulta aquí muy llamativa la línea nacional-populista del reciente discurso de Puigdemont). Pero también es clave la reorientación política de las preferencias hacia un nacional-liberalismo que comparten tanto JxCat y como Ciutadans. En todo ello, el proceso catalán tiene claros elementos comunes con la dinámica post-socialdemócrata que se observa en otros países.

8. En mi opinión, la única salida que tienen las izquierdas no independentistas en España es pactar unas bases políticas mínimas. Esas bases no tienen por qué traducirse automáticamente en estrategias políticas conjuntas pero sí resultan necesarias para impedir el proceso de autodestrucción (o de mutua destrucción) en el que se encuentran inmersas estas izquierdas. Si en lo social estas bases políticas mínimas están por definir (dada la liquidación práctica de los paradigmas dominantes hasta hoy), en lo nacional deben pasar por seguir manteniendo el ideal de convivencia federal-autonomista y conseguir una solución pactada para recoger constitucionalmente la voluntad de decidir el futuro de las naciones minoritarias en España (vasca y catalana, en todo caso).

Ese pacto, con voluntad de hierro, supondría algo así como la constitución básica de las izquierdas españolas. Estas izquierdas no deberían moverse de ellas en sus relaciones políticas con las dos principales fuerzas que se le oponen, ya sea desde el nacionalismo independentista o desde el españolismo antinacionalista hoy en fase de redefinición política. En esa posible orientación política, sus aliados principales serían las fuerzas dispuestas a apostar, a la vez, por el estado social de bienestar y por alguna forma de organización política (de componente federal o confederal) que hiciera posible mantener una forma política de convivencia conjunta, de base necesariamente plurinacional.

 

Las bases sociales de la separación entre Cataluña y España: el giro anti-autonomista en la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2015. Luis Sanzo

En la última década se observa un evidente proceso de separación política en la opinión pública de Cataluña y del resto de España. El objetivo de este artículo es abordar uno de los aspectos de este proceso: el giro anti-autonomista que se observa en las posiciones políticas de la población de la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2015.

Resumen y conclusiones

1.

En 2015 ya era evidente la polarización en las posiciones respecto al modelo de estado en las dos principales comunidades políticas en España. Mientras en Cataluña predominaban las posiciones favorables a la extensión de la autonomía y la reivindicación del derecho a la independencia, en Madrid una parte dominante de la población apostaba por la reducción o supresión del sistema autonómico.

En Madrid, esta polarización es el reflejo de una fuerte reacción anti-autonomista durante el periodo 2005-2015. Esta dinámica puede observarse en el aumento de la proporción de población a favor de un estado centralizado, pero también en la reducción del apoyo a la ampliación de las competencias autonómicas.

2.

Aunque las posiciones anti-autonomistas están más extendidas en Madrid en la población orientada al nacionalismo español y en la situada en el centro-derecha ideológico, están también muy presentes en la izquierda. Se trata de algo también evidente entre personas que no conocieron, en su vida adulta, el franquismo o la Transición. Respecto a lo observado en Cataluña, destaca de hecho la fuerte orientación diferencial a propuestas de reducción o supresión de la autonomía en la población de izquierdas menor de 60 años.

En una perspectiva evolutiva, el avance de las posiciones centralizadoras en Madrid es particularmente llamativo en la población de centro-derecha y en la de 40 a 59 años de izquierdas. Por su parte, la pérdida de apoyo a situaciones orientadas a una mayor autonomía corresponde a la izquierda en general y a la población joven de centro-derecha, entre 18 y 39 años.

3.

El protagonismo de la población joven y de izquierdas explica que la reacción anti-autonomista en Madrid caracterice sobre todo a personas sin una identificación nacional española dominante. De hecho, en comparación con Cataluña, es en este tipo de personas en el que se observa el distanciamiento más llamativo en las posiciones sobre la autonomía (tanto en términos de mayor apuesta centralizadora como de menor apoyo a la extensión de la autonomía). Por tanto, la reacción anti-autonomista que se observa en la última década en Madrid no es exclusiva, ni siquiera principalmente destacada, en los grupos más orientados al españolismo sino que se asocia a la dinámica general de la sociedad madrileña.

4.

A pesar de la importancia de la reacción anti-autonomista en la población de izquierdas en Madrid, esta orientación no es comparativamente más intensa en los grupos más desfavorecidos, a diferencia de lo que se observa en parte en Cataluña. En Madrid, la proporción de personas opuestas a la autonomía tiende claramente a reducirse conforme empeora la situación personal percibida. Aunque menos claramente, las posiciones más favorables a la extensión de la autonomía también son más perceptibles en los grupos menos favorecidos en términos económicos personales.

PRINCIPAL CONCLUSIÓN

A la vista de estos hechos, la principal conclusión es que la fuerte separación de posiciones ante la autonomía, observada en Madrid o Cataluña, no se vincula sólo a la posición de la población nacionalista catalana sino también, y de forma quizás aún más llamativa, a la existente entre la población de referencia española pero menor identificación con el nacionalismo español. Dentro de la población no orientada preferentemente al nacionalismo catalán, es realmente en este último colectivo en el que se detecta en 2015 una separación destacada entre Madrid y Cataluña. Está por comprobar si los factores que llevaron a una reacción anti-autonomista en Madrid en el periodo 2005-2015 han podido tener un efecto cercano en este grupo de población en Cataluña durante el periodo de desarrollo del procés catalán.

RESULTADOS DETALLADOS

  1. Polarización de posiciones sobre la organización territorial del Estado

Es indudable que la dinámica política de las dos principales áreas territoriales de España, Cataluña y la Comunidad de Madrid, resulta determinante para la estabilidad del conjunto del Estado. Por esa razón, para entender lo que ocurre en la actualidad en España resulta determinante la divergencia observada en los últimos años en las posiciones de la opinión pública de ambas comunidades en lo relativo a la organización territorial del Estado.

Aunque más que de divergencia, se trata más bien de tendencia a la polarización en las posiciones respecto al modelo de estado. De esta forma, mientras en Cataluña predominan en 2015 las posiciones favorables a la extensión de la autonomía y la reivindicación del derecho a la independencia (un 67,5% de la población las apoyan), en Madrid un 46,5% apuesta por una reducción o supresión del sistema autonómico en España. Este porcentaje supera el 39,7% que apoya el mantenimiento de la autonomía o su ampliación.

En 2015, por tanto, no resulta sólo determinante la orientación hacia la independencia de una parte importante de la población en Cataluña (41,4%, apenas algunos puntos por debajo del 43,2% que opta por el sistema autonómico, ya sea en su forma actual o ampliada). La apuesta por la reducción de la autonomía (con un 24,2% de opiniones favorables a un gobierno central, sin autonomías, y otro 22,3% a favor de una reducción del poder autonómico) se conforma como la posición dominante en Madrid.

Tabla 1

Tabla 1

En lo relativo a la Comunidad de Madrid, esta polarización es el reflejo de una fuerte reacción anti-autonomista durante el periodo 2005-2015, una dinámica que puede observarse en el aumento de la proporción de población a favor de un gobierno centralizado en Madrid. Esta proporción aumenta de 14,7 a 24,2% en este periodo. Esta dinámica se acompaña de una pérdida de peso del grupo favorable a una ampliación de la autonomía, o del derecho a la independencia de las comunidades autónomas (de 25,1 a 14,4%)[i]. Vistos en conjunto, estos dos elementos revelan un nítido desplazamiento de la opinión pública de Madrid hacia las posiciones menos favorables a la autonomía política de las comunidades autónomas en España.

Tabla 2

Tabla 2

  1. Los protagonistas de la reacción anti-autonomista en Madrid: la izquierda y personas que no vivieron el franquismo o la Transición en su vida adulta

Al considerar en la Comunidad de Madrid la relación entre posición ideológica y anti-autonomismo, de acuerdo con la variable edad, resalta a priori la clara orientación derechista de las posiciones favorables a una reducción de la autonomía. La máxima orientación contraria al actual sistema corresponde a la población situada ideológicamente en el centro-derecha, en especial en los colectivos de mayor edad. Así, la proporción de población que se opone a la autonomía (o la quiere reducir) alcanza un 56% entre la población mayor de 40 años, por encima del 45,7% de las personas de centro-derecha entre 18 y 39 años.

Con la única excepción del grupo entre 60 y 64 años[ii], con apenas un 14,3%, la proporción de personas que defienden un estado completamente centralizado (o la reducción de la autonomía) resulta sin embargo igualmente elevada entre la población orientada hacia la izquierda. Se sitúa entre el 37,3 y el 39,5% tanto en la población de izquierdas mayor de 65 años como en la menor de 60 años.

Además, cuando se comparan con las posiciones que estos mismos grupos sociales mantienen en Cataluña, analizando la variación en el peso porcentual de las posiciones pro-reducción de la autonomía en Madrid y Cataluña, llama la atención un aspecto clave. Se trata de la fuerte orientación diferencial a propuestas de reducción o supresión de la autonomía en la población de izquierdas menor de 60 años. Aunque la máxima diferencia corresponde a las personas de centro-derecha mayores de 40 años (+38,8 puntos porcentuales de diferencia), el diferencial no se aleja mucho, en el bloque de población orientado a la izquierda, entre personas de 40 a 59 años (+37,9 puntos) o menores de 40 años (+33,3 puntos). Las menores diferencias corresponden a las personas mayores de 60 años con una orientación izquierdista (+9,5 puntos entre 60 y 64 años y +26,6 en las personas de 65 y más años).

Tabla 3

Tabla 3

El análisis de la dinámica reciente de las posiciones en la Comunidad de Madrid muestra, por su parte, que el incremento del peso relativo de las posiciones vinculadas a la supresión de la autonomía se relaciona con dos grupos principales: por una parte, la población de centro-derecha entre 18 y 39 años (de 9,5 a 23,5%) pero, por otra, la población de izquierdas entre 40 y 59 años (de 6,3 a 22,3%).

Tabla 4

Tabla 4

Entre 2005 y 2015, y en la distribución interna del incremento de la posición anti-autonomista (centralización o reducción de la autonomía), los dos grupos señalados concentran un 52,7% de dicho incremento. La proporción llega al 80,4% al considerar a las personas de centro-derecha entre 40 y 59 años. Otro 10,7% se asocia a la población de izquierdas de 18 a 39 años. La población mayor de 60 años, de una u otra orientación ideológica, apenas aporta un 9% del incremento.

Tabla 5

Tabla 5

En el periodo considerado, el alejamiento del autonomismo de las personas de izquierda en Madrid es mucho más evidente en lo relativo a las posiciones favorables a una mayor autonomía o al derecho a la independencia. Si, entre 2005 y 2015, un 40,7% del incremento de la apuesta por la liquidación o la reducción del sistema autonómico corresponde a personas de izquierda, la pérdida de apoyo a una mayor autonomía se relaciona en un 52,5% de los casos con personas de izquierda. La proporción llega al 78,3% si se incluyen jóvenes menores de 40 años de centro-derecha.

En la población orientada a la izquierda, la caída del apoyo a una mayor autonomía es superior a los 10 puntos porcentuales entre 2005 y 2015, aumentando esa caída con la edad. Esa reducción sólo resulta tan intensa, en el bloque de centro-derecha, entre las personas de 40 a 59 años.

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 7

  1. Una reacción vinculada a la población con menor identificación con el nacionalismo español

En la Comunidad de Madrid, durante el periodo 2005-2015, la intensidad de la reacción anti-autonomista en la población izquierdista, así como en aquellos grupos que no vivieron la experiencia del franquismo o de la Transición, explica la paradoja de que la reacción señalada se vincule a personas en las que no predomina una identificación nacional española, con percepciones mixtas dominantes[iii].

A este respecto, resulta llamativo comprobar que, tanto en Madrid como en Cataluña, la apuesta por la menor autonomía o su supresión muestra proporciones muy cercanas en 2015 entre la población que insiste en su identificación principalmente española. Un 54,1% de esta población apuesta por la centralización o la reducción autonómica en Madrid, con un 53,6% en Cataluña (aunque, como es lógico, el grupo de identificación española tiene un peso relativo muy superior en el electorado de Madrid).

En contraste con lo señalado, las diferencias en este punto resultan muy llamativas en 2015 en la población con una identificación no tan orientada al polo español. Excluyendo en la comparación a la población con mayor identificación catalana en Cataluña, mientras apenas un 10,4% de la población analizada tiene posiciones centralistas o de reducción de la autonomía en Cataluña, la proporción es del 42,1% en Madrid.

Tabla 8

Tabla 8

En el grupo menos orientado a la identificación nacionalista española en Madrid, destaca de forma especial el muy notable alejamiento entre 2005 y 2015 respecto a las posiciones a favor de una mayor autonomía. Se reduce en 10,4 puntos porcentuales en el bloque de centro-derecha (de 19,1 a 8,7%) pero en 19,1 puntos (del 45,6 al 26,5%) en el orientado a la izquierda. En el periodo considerado, este último colectivo de población recoge un 51,2% de la reducción de apoyos a una mayor autonomía para las comunidades autónomas por un 39,6% asociado al centro-derecha menos orientado al españolismo. Las posiciones de mayor identificación con el sentimiento nacional español apenas contribuyen a un 9,1% de la caída detectada en el apoyo a una mayor autonomía.

Tabla 9

Tabla 9

Tabla 10

Tabla 10

La mayor apuesta por la centralización o la reducción de la autonomía se vincula sin embargo, con evidente claridad, a la población más identificada con el españolismo en el ámbito del centro-derecha. En este caso, entre 2005 y 2015 la apuesta por la centralización pasa del 27,3 al 36%, contribuyendo este grupo a un 33,2% de los casos de incremento del apoyo de la población madrileña a la centralización. Otro 19,9% corresponde a la población de izquierdas que afirma sobre todo su españolismo, un colectivo en el que la apuesta por la centralización pasa del 7,9 al 25,5% entre 2005 y 2015.

Pero, incluso en este caso, un 46,9% del aumento de las posiciones más anti-autonomistas corresponde a grupos no tan claramente orientados al españolismo. En estos grupos el aumento de la percepción centralizadora es llamativa y tiene una dinámica relativamente similar en el periodo analizado. Así, en las personas menos claramente orientadas al españolismo, el apoyo a un gobierno central, sin autonomías, aumenta de 7,9 a 14,8% en el bloque de izquierdas y de 14,8 a 22,5% en el de centro-derecha.

Tabla 11

Tabla 11

Tabla 12

Tabla 12

La apuesta anti-autonomista diferencial que se observa entre Madrid y Cataluña, en lo relativo al colectivo sin identificación dominante con el españolismo, se mantiene al considerar los datos por edad y posicionamiento ideológico. De esta forma, en el grupo con predominio de la identificación nacional española, las posiciones favorables a la reducción o supresión de la autonomía tienen un peso similar tanto en Madrid como en Cataluña: entre el 57,4 y 59,9% en el centro-derecha y entre el 40,6 y el 42,1% en la izquierda.

La diferencia resulta en cambio sustancial en las posiciones de identificación mixtas, con diferencias superiores a los 30 puntos en Madrid respecto a Cataluña, tanto en el centro-derecha (46,9 frente a 14%) como en la izquierda (35,6 frente a 5,1%). Esto refleja que la reacción anti-autonomista que se observa en la última década en Madrid no es exclusiva, ni siquiera principalmente destacada, en los grupos más orientados al españolismo sino que se asocia a la dinámica general de la sociedad madrileña.

Tabla 13

Tabla 13

Nota: No se incluye a la población que, en Cataluña, se considera sobre todo catalán.

  1. La posición de las personas con menor nivel de ingresos

El peso de la población de izquierdas de la Comunidad de Madrid en la redefinición de las posiciones favorables al autonomismo hace pensar que, medido en términos de la situación personal percibida, las categorías sociales que se sitúan en la parte baja de la escala de ingresos tenderán también a participar más de la reacción anti-autonomista observada. De hecho, un rasgo que se ha resaltado en el proceso catalán es la mayor identificación con las posiciones reactivas al procés catalán entre los colectivos con menores ingresos personales en Cataluña.

En esa comunidad autónoma, en 2015 la realidad señalada se percibe de forma limitada en la izquierda catalana, con apenas un 5% de posiciones favorables a la centralización o la reducción de autonomía, aunque por encima del 2,2% que se observa en las personas con una percepción buena o regular de su posición económica. La diferencia es mucho más nítida en el centro-derecha, con un 10,6% que defiende la reducción o supresión de la autonomía en colectivos en buena situación personal por 16,5% en posición regular y un máximo del 17,9% entre las personas en una mala situación económica personal.

En la Comunidad de Madrid, sin embargo, esta dinámica tiene un sentido opuesto. Aunque las posiciones contrarias, en mayor o menor sentido, a la autonomía tienen siempre un peso relativo muy superior en Madrid, llama la atención que la proporción de personas opuestas a la autonomía tiende claramente a reducirse conforme empeora la situación personal: de 42,4% a 39,5% y 32,5% en la izquierda; de 58,4 a 47,3 y 47,6% en el centro-derecha (según la posición económica percibida sea buena, regular o mala).

Tabla 14

Tabla 14

En la parte relativa a las posiciones pro-autonomistas (mayor autonomía o derecho a la independencia), vuelve a observarse una reducción de la identificación con estas posiciones conforme empeora la posición personal percibida en Cataluña. En Madrid, en cambio, se observa una clara estabilidad en las posiciones, salvo un cierto incremento en Madrid de las posiciones más abiertas en las categorías con menores ingresos del centro-derecha. En conjunto, sin embargo, el diferencial de apoyo respecto a Cataluña tiende a reducirse conforme cae la posición personal, lo que indica mayor apertura relativa comparada a las posiciones pro-autonomistas conforme se reduce la situación económica percibida de la población.

Tabla 15

Tabla 15

NOTAS METODOLÓGICAS

Las fuentes utilizadas son los barómetros postelectorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)e de 2015 para Madrid y Cataluña (estudios 3087 y 3113), así como el estudio 2610 para los datos de 2005 correspondientes a Madrid.

En lo relativo a la posición o auto-ubicación ideológica, con una escala de 1 a 10 entre máxima identificación izquierdista y máxima orientación derechista, el artículo define dos grupos: por un lado, el polo más orientado a la izquierda, situado en las posiciones 1 a 4; y, por otro, el orientado al centro-derecha, situado en las posiciones 5 a 10. Por sus características predominantes, el grupo NS/NC en esta pregunta se incluye en el centro-derecha.

 

 

 

[i]    En 2005 no es posible distinguir entre la población que, a pesar de aceptar el sistema autonómico, defiende sin embargo una reducción de competencias para las comunidades autónomas.

[ii]   Se presenta de forma separada al grupo de izquierdas entre 60 y 64 años por su posición política claramente diferenciada respecto al resto de la población. Aunque la muestra resulta muy limitada, lo que limita el grado de precisión muestral, los márgenes de error no ponen en duda este elemento peculiar en las posiciones relacionadas con la autonomía en la Comunidad de Madrid en función de la edad.

[iii]   Esta parte del documento se ve condicionada por las características del cuestionario CIS que no incluye en todos los casos una pregunta relativa al grado de identificación con el nacionalismo español. La pregunta relativa al sentimiento nacionalista regional limita, en este sentido, la aproximación a la intensidad real del sentimiento nacional español en la Comunidad de Madrid.

El frustrado estado (de bienestar) propio

Enric Juliana escribe hoy en La Vanguardia En defensa de Pasqual Maragall. Más allá del rifi-rafe poco elegante abierto con las palabras de Bono, Juliana ilustra sobre algunos de los dilemas políticos de las fuerzas políticas (cisibéricas y transibéricas) durante el proceso que hizo perder al PP el liderazgo político del milagro (con trampa, como todo milagro) económico 1995–2007 y cerró el ciclo pujolista.

Además (por debajo de, diría yo) de lo que Juliana explica creo que hay otro elemento, que en su momento fue explícito pero que después ha desaparecido de la mayoría los análisis. Los «hermanos Maragall» y lo que representaban trataron de redefinir el fundamento del autogobierno, desplazándolo desde lo identitario hacia las políticas de bienestar. La Generalitat debía ser el estado de bienestar catalán que se ganase el apoyo de los ciudadanos, no tanto por su capacidad de defender la lengua u otros símbolos de identidad (sin abandonarlos, desde luego), sino por su capacidad de articular un sistema educativo, sanitario y de servicios sociales ampliado, modernizado, eficaz y eficiente, con alguna incursión en la garantía de rentas (RMI renovada, prestaciones por hijos) aunque el núcleo de este campo —las pensiones— quedase en manos del gobierno central. Dicho de otro modo, de las partes fundamentales del estado de bienestar que emplean a técnicos y profesionales. Ese proyecto que debía suscitar la implicación de sus «tripulantes» (las clases medias formadas y funcionales que trabajamos en los servicios públicos) y de sus «pasajeros», los ciudadanos receptores de servicios. Un «patriotismo» mas sueco que francés, por así decir.

Pero era el proyecto tenía al menos dos puntos débiles. En primer lugar, suponía la ruptura con la modelo político catalán nacido de la transición, el bipartidismo de ensueño como lo ha llamado Josep Ramoneda. La Generalitat subvencionadora y orientada a la gestión privada de la sanidad, en manos de CiU, los ayuntamientos haciendo micropolíticas sociales locales y manteniendo su propia red de subvenciones, en manos del PSC. Los «hermanos Maragall» aspiraban a transformar radicalmente el modelo, cosa que sólo podía molestar a sus protagonistas (CiU «pujolista» y PSC «municipalista») y a sus beneficiarios en La Moncloa (aquellos que descubrieron que la clave de la gobernación de Sefarad es que Cataluña la gobierne CiU, el País Vasco lo gobierne el PNV y de Navarra se hable lo menos posible).

El segundo y principal problema radicaba en que tal proyecto de ampliación razonable del estado de bienestar empleador necesita de un sistema adecuado de financiación fiscal. En mi modesta opinión, la razón principal de la insuficiente financiación (que afecta a todo Sefarad) es un sistema fiscal que recauda menos de lo necesario para mantener el estado que los ciudadanos quieren tener y del que no estamos tan lejos. Recauda de menos, pero se ha podido evitar el mal trago de decir a los ciudadanos que hay que pagar más impuestos (sobre todo algunos, y no sólo los más ricos, tienen que pagarlos) «dopando» al estado con ingresos atípicos y coyunturales (inmobiliarios, sobre todo), gastándonos las cotizaciones sociales en otras cosas, comme d’habitude, y fondos europeos… hasta que se acabaron las tres cosas. Ese problema de fondo no lo quiere ver nadie en Sefarad (cis- ni transibérica) tal vez porque nadie quiere dar noticias desagradables, y menos cuando se está de fiesta. El otro gran obstáculo, que tampoco se ha querido ver, es el estrechamiento de los márgenes en una Eurolandia sin gobierno político-social y sometida a una creciente competencia global, como explica Claus Offe en Europa acorralada.

El lento naufragio del proyecto, hasta que embarrancó en los arrecifes de la crisis, podría explicar la acumulación de frustración entre las clases medias funcionales (que aspiran a prestar sus servicios de calidad en los servicios públicos y son fáciles de encontrar en el Proceso) y la creciente centralidad de la financiación en el debate político en Cataluña. De renegociar la financiación bajo el tripartito, al fallido pero no intentado pacto fiscal, al expolio fiscal y a la independencia como solución de financiación del estado del bienestar, ya no el proyecto maragaliano de ampliación, pero al menos para mantener lo existente.

Pienso que ahí está el nudo que une la tensión «social» de la crisis con la tensión «nacional» catalana, el cemento del Partido del Nos Vamos, sobre todo desde que CDC abandonó su entusiasmo inicial por la austeridad y el aligeramiento del estado de bienestar, probablemente vistos los riesgos que se expresaron en la Plaça de Catalunya y el Parc de la Ciutadella. En el resto de Sefarad la casta, la corrupción y la madrastra Merkel pueden jugar ese papel para ligar la mayonesa del Partido de la Ira. Dos movimientos que expresan frustraciones en parte justificadas, aunque no está nada claro que señalen la naturaleza real de los problemas, y menos que formulen soluciones posibles. Claro que entre una solución complicada y una sencilla, ¿quién elegiría la complicada?

Aire fresco en un agosto nublado

por Manuel Aguilar Hendrickson

Animado por el golpe de aire fresco que Quim Brugué y Ismael Peña-López han hecho correr hoy, me atrevo a plantear alguna duda que va un poco más allá del planteamiento de ambos. Son dudas sobre algo que creo que se adivina en ambos textos, pero que queda fuera de de la línea central de argumentación de los dos. Ambos abordan (en mi humilde opinión) las tensiones políticas que vivimos («vieja» vs. «nueva» política) desde un punto de vista de «procedimiento», de mecánica de funcionamiento del sistema político, y en ese campo coincido en lo fundamental con los dos. Pero se me hace difícil no escarbar un poco más allá.

¿Porqué el régimen democrático que hace pocos años casi nadie discutía (por diversas razones) aparece de pronto como un régimen que ha degenerado en la cleptocracia, la plutocracia y la ineptitud? La hipótesis que parece estar detrás de casi todos los planteamientos de regeneración democrática es que el sistema ha sido capturado por una «mafia» o «casta» o «élite extractiva» que se ha aprovechado de numerosos los defectos de funcionamiento del sistema de representación y de gobierno. Es probable que esa captura tenga bastante de cierta, pero no parece plausible que sea reciente. Cuando se tira del ovillo, parece que tal captura se remonta a la Transición, al Franquismo, a la Restauración o incluso a la Década Moderada o a 1714.

Se me ocurre otra hipótesis explicativa que tal vez sitúe el problema en otro terreno. El malestar con la «vieja» política podría tener su raíz en la percepción (ésta sí es novedosa) de que es incapaz de ofrecer condiciones de vida aceptables y perspectivas de futuro atractivas (ilusorias o no) a una mayoría «suficiente» del electorado. Esa pérdida de capacidad parece derivar de la creciente impotencia de los estados (tal como hoy existen) de gobernar un funcionamiento social y económico cuyo ámbito desborda las fronteras estatales, y cuyo objeto son más los flujos (de personas, de capitales) que los stocks (para los que se «diseñó» el estado moderno). Pérdida de capacidad que se ha formalizado en la pérdida progresiva de las palancas que definían el estado soberano: emisión de moneda, fijación de los tipos de interés, política «exterior y de defensa» autónoma.

Puede que mientras la «casta», «mafia» o «élite extractiva» nos ofrecía perspectivas aceptables, era el precio inevitable a pagar. Cuando deja de hacerlo, «descubrimos» que eran unos corruptos.

Si es así, me preocupan dos supuestos que subyacen a buena parte de la «nueva» política.

  1. La idea de que la voluntad soberana (es decir, liberada de barreras ilegítimas —«nacionales» o «mafiosas») del «pueblo» o de la «sociedad civil» lo puede casi todo. Si «decidimos» que Catalunya sea como Dinamarca o Finlandia, lo será. Si «decidimos» que España tenga una economía basada en el conocimiento, la sostenibilidad, el alto valor añadido y los salarios altos, la tendrá. Si no es así, será porque «otro» (España, la mafia…) limita o manipula «nuestra» voluntad. El problema aquí es doble. El que señala Quim Brugué (la «unidad» de voluntad de una sociedad plural y compleja es complicada) y la creencia en el poder «soberano» de la voluntad, que ignora restricciones y limitaciones de la realidad.
  2. La idea de que los ámbitos reducidos («lo pequeño es hermoso») son los que permiten organizar mejor el funcionamiento político. Lo local o lo pequeño tienen numerosas ventajas de «procedimiento» democrático, pero resultan cada vez menos relevantes para el gobierno de nuestras sociedades.

El sueño de que un ámbito «abarcable» por lo pequeño, si «queremos» y no nos lo impiden «otros», permite gobernar los flujos económicos y sociales que marcan nuestras vidas para hacerlos compatibles con una vida digna es comprensible y puede ser creíble. Pero no está nada claro de que sea ni viable ni sensato (condiciones difícilmente exigibles a los sueños, desde luego, pero sí a las propuestas políticas) en el mundo actual. El trilema de Rodrik formaliza el problema de fondo: no es posible tener a la vez Estado-nación, democracia y globalización. Como me temo que la globalización es algo que no está en nuestras manos suprimir, como mucho sería «modulable» a escala global, el sueño de la soberanía de la “voluntad popular” puede transformarse en una pesadilla.

Hungry Grass

Inequality and its discontents

Mark Carrigan

Digital Sociologist and Social Media Consultant

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