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La muerte social y su lógica

por Luis Sanzo

En este artículo reciente del Guardian londinense, Suzanne Moore revela la lógica del sistema social y económico que se está consolidando en el Reino Unido y en muchos lugares de Estados Unidos. Una lógica que, sin embargo, en países como España hemos podido observar desde el periodo de la reconversión industrial de los años 80.

El artículo de Moore se centra en una de las partes centrales —el aumento alocado e irracional del precio de la vivienda— de una lógica social y económica que, en los países antes llamados desarrollados, hace cada vez más difíciles los procesos de reproducción social y demográfica de la población. Lo que se inició en los 80 en la Europa del Sur, y se extendió luego al Este poscomunista, llega ahora con fuerza a lo que es todavía el núcleo central del gran poder económico mundial (Reino Unido y Estados Unidos).

Como señala la autora, la recuperación económica británica está llevando de nuevo la vivienda a precios «irreales», «ridículos», inabordables para la gente joven. Sin que haya alternativa alguna porque, como señala, el sistema de viviendas sociales se está deteriorando, un proceso que le parece ya insalvable. Los precios son tan altos, en Londres pero también en muchos otros lugares del Reino Unido, que sólo la propiedad transmitida entre generaciones puede salvar la situación. Se trata sin embargo del elemento que, según Moore, constituye hoy la gran separación (el great divide) entre unas personas u otras de cara al acceso a la vivienda. Porque la vivienda en propiedad es ya un lujo social y la manifestación más clara de la desigualdad: «La vivienda es tan importante que sigue siendo el signo claro y presente de la desigualdad repartido en metros cúbicos», dice la autora.

La realidad descrita, que amenaza con situar a una mayoría al margen de la propiedad (sólo un 26% de los jóvenes están en proceso de acceder a ella) bloquea los procesos de emancipación con mucha “gente joven que nunca podrá realmente salir de su casa de origen” o que tendrá que volver a ella tras separaciones o problemas económicos. Y claro, muchas de las personas afectadas ya no son tan jóvenes, con muchas de ellas en los 40.

Y, aunque no lo dice, Moore es sin duda bien consciente de que el alquiler no resuelve el problema porque ahí también los precios se ajustan a la línea de crecimiento irracional del precio de la vivienda. Además, a diferencia del pago de hipotecas, el abono de estos alquileres abusivos puede mantenerse durante toda la vida de las personas.

En España este factor se encuentra en parte contenido por una crisis que ha producido una caída temporal de los precios pero es probable que el proceso hoy observado en Reino Unido y EEUU se reinicie si se consolida una recuperación al estilo británico. Ya pudimos comprobar sus tremendos efectos sobre la dinámica de la pobreza en pleno boom de crecimiento. Las tasas de pobreza real eran todavía muy significativas en España en 2007-2008 aunque a casi nadie parecieran preocupar.

Pero la vivienda no es el único factor que limita las perspectivas de emancipación de la gente joven, ni siquiera es a veces el más importante, desde luego no en el país que más sufrió las consecuencias de la brutal destrucción de una parte de su industria durante los años 80. En España, los problemas principales que bloquearon los procesos de emancipación en los años 80 y 90 fueron el desempleo, la inseguridad laboral y, en muchos grupos sociales, particularmente los jóvenes, los bajos salarios. Sólo durante el boom el aumento del precio de la vivienda llegaría a tener la importancia que hoy señala Suzanne Moore en el Reino Unido moderno.

Estos problemas están llegando también sin embargo a lugares como el Reino Unido. Y Moore es consciente de sus consecuencias demográficas, bien conocidas en la España de los 80 y 90. Porque, sin seguridad en el empleo, sin vivienda a precios razonables, sin una vida adulta posible, tampoco es posible tener unos hijos o hijas que, además de suponer costes añadidos, pueden carecer de sentido en un mundo como el que conocemos, a veces sin salidas razonables. Como señala Moore, la inseguridad en el trabajo o en la vivienda lleva a retrasar la procreación, a veces de manera indefinida.

Además de una suficiente seguridad en el empleo (el anhelo de la nueva generación del Milenio) y vivienda social, Moore cita otros de los factores que le permitieron, a ella y a la gran mayoría de los miembros de su generación, avanzar en el proceso de movilidad social, léase emancipación social, y que ahora les están vedados a la población más joven. En países en los que una parte del great divide se vincula a la educación universitaria, otro de esos factores es la educación gratuita o, al menos, a precio abordable. Hoy en Reino Unido, o Estados Unidos, la educación superior se ha convertido en motivo de endeudamiento que puede llegar a veces a resultar insuperable. Otro, por supuesto, es un salario mínimamente decente en el trabajo. Ahí también constata Moore que los salarios de los menores de 30 años están disminuyendo. En los países azotados por la crisis, esta caída afecta también más allá de los 30 y llega a ser, en realidad, casi generalizada.

Moore tiene la sensación de que, poco a poco, todas las rutas de escape se han ido cerrando en su país, y menciona los cambios que han llevado a pagar de forma creciente por acceder a los servicios públicos. Pero es probable que aún haya más cierres en el futuro. El más temible de ellos es el que podría derivarse de un proyecto de liquidación de la Seguridad Social, tal y como la hemos conocido hasta hoy: de vocación protectora y universalista, más allá de la mera lógica contributiva.

Lo más llamativo es que se ha desarrollado un determinado discurso progresista que resulta plenamente funcional para legitimar todos los cambios señalados. En la misma página en que puede leerse el importante texto de Suzanne Moore, un anuncio invita a cliquear un artículo de Natalie Nougayrède. En él se racionaliza, desde ese discurso de izquierdas, la necesidad de adaptarse a la globalización a través de la liberalización del mercado de trabajo porque el viejo sistema laboral es un «lujo» que Francia ya no podría permitirse. La reacción al proceso beneficia a la extrema derecha, sostiene, antes de hablar de forma tan absurda como tópica de «la preferencia por el desempleo masivo» de Francia frente «al trabajo más flexible y quizás menos bien remunerado». Por lo que vemos en el artículo de Moore, no parece que el modelo liberalizado, que permite crear más empleo en el Reino Unido que en Francia, permita llegar mucho más lejos a quienes disfrutan de él en términos de bienestar social.

Hay determinados defensores de la Renta Básica que, sin pararse a pensar en las implicaciones del modelo de bienestar, están incluso dispuestos en el mundo anglosajón a proponer esa medida como elemento central, y casi exclusivo, del nuevo sistema de protección social. En particular en el mundo conservador, muchos ven en ella la salida frente a un sistema de Seguridad Social que, a sus ojos, resulta tan insostenible hoy como lo fue ayer.

En la lógica social y económica que describen Moore y Nougayrède todo parece estar delimitado, incluso las vías legítimas de rebelión. Debilitado el movimiento obrero, y desacreditadas las ideologías que éste ayudó a crear, las que se proponen son las de aquellos movimientos sociales que pueden ser funcionales con esa nueva lógica, en particular la del movimiento contra el cambio climático. Es en ese tipo de proyectos donde deberíamos centrar nuestras ilusiones y nuestras ambiciones de cambio. Olvídense de las viejas luchas, hoy sin sentido para los nuevos gurús del pensamiento.

Y si al final sólo queda la desesperación, no se preocupen. Frente al alcohol, las nuevas izquierdas, la sorosiana a la cabeza, tienen la solución. Un poco de marihuana legalizada siempre relajará.

No seré yo quien se oponga a la marcha de los nuevos movimientos sociales ni a la legalización de la marihuana. Por supuesto que no, disfrútenla si quieren. Pero no estaría mal pensar en la sociedad que refleja Suzanne Moore y sus consecuencias. Las mismas consecuencias contra las que, a finales de los 80, algunos tratamos de rebelarnos en la Euskadi depresiva de la era post-reconversión industrial. Me refiero a esa especie de muerte social que se perfila como destino, poco menos que inevitable, para quienes no podrán participar de los procesos de reproducción social y sus descendientes, una mayoría de ellos muertos incluso antes de llegar a nacer.

Quien quiera ver el sentido real de la desigualdad puede analizar la dinámica de la fecundidad y de las tasas de emancipación de la población joven en Europa. Ahí está todo dicho. Ya saben a quienes no se debería abandonar a su suerte.

La pobreza en España vista a través de la ECV 2015. Primeras impresiones

por Luis Sanzo

Además del apoyo europeo a los bancos de alimentos y la recuperación económica, la solidaridad social y familiar ha limitado en España el impacto de los problemas de inseguridad alimentaria. Entre 2014 y 2015 se reduce de 3,3 a 2,6% la proporción de personas que no disponen cada dos días de una comida con carne, pollo, pescado (o su equivalente vegetariano). Aunque la proporción es superior al 2,2% de 2008, el 2,6% de 2014 se aleja de forma sustancial del 7,4% medio de la zona euro (6,5% en el Reino Unido y 7,3% en Francia).

El indicador disponible en Europa para medir esta decisiva dimensión de la pobreza no resulta adecuado, y queda además sujeto a pautas culturales de consumo (el 11,9% de Italia lo pone de manifiesto). Pero resulta evidente que la pobreza no se manifiesta de forma principal en España en la dimensión alimentaria, mostrando además la realidad de 2015 una evidente mejora. Aun así, es importante señalar que en hogares con presencia de menores dependientes, un 3,1% de las personas que residen en ellos tienen en 2015 problemas en esta dimensión. La proporción llega al 4,9% entre las personas solas de 30 a 64 años. No se puede por tanto descuidar esta dimensión del problema.

En cualquier caso, en su estrategia contra la pobreza, la tendencia de la población española se ha centrado en priorizar la cobertura de la alimentación, aún a costa de enfrentarse a mayores dificultades para hacer frente a otras necesidades básicas como, por ejemplo, un acceso adecuado a la energía.

El porcentaje de personas en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en el hogar también se reduce entre 2014 y 2015 de 11,1 a 10,6% pero se mantiene muy por encima del 6% de 2008. En este caso, el 10,6% de 2015 sí supera el 8,4% de la zona del euro (o el 5,5% de Francia). Salvo en el caso de los hogares con presencia de mayores de 65 años (7,9%), en los demás tipos de hogares se supera siempre la barrera del 10% en este indicador. El problema es particularmente llamativo entre las personas solas menores de 65 años (14,6% entre los 30 y 64 años y 21% entre las menores de 30 años).

Para hacer frente a las necesidades más básicas, la población retrasa además el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Frente al 8,2% de 2008, en 2015 un 11,7% de las personas viven en hogares con atrasos en el pago de alquileres, hipotecas, suministros de electricidad, gas o agua o en el pago de compras aplazadas. No muy alejado del 11% de la zona euro (8,9% en Francia y 10,2% en el Reino Unido), el indicador muestra una mejora respecto al 12,5% de 2014. Pero hay un dato preocupante: un 15,3% de las personas en hogares con presencia de menores dependientes se enfrentan al problema considerado en 2015.

No puede olvidarse, por otra parte, que el recurso al ahorro ha sido el mecanismo que ha permitido mantener determinados niveles de consumo en España, una circunstancia que ha deteriorado la situación patrimonial de los hogares. En 2015, la proporción de personas en hogares sin capacidad para hacer frente a gastos imprevistos se sitúa en un 39,7%. Esta cifra supone un caída significativa respecto al 42,7% de 2014 pero queda muy por encima del 29,9% de 2008.

Aunque el 39,7% de 2016 no está muy por encima del 35,6% de la zona euro y resulta similar al 38,4% del Reino Unido, sí resulta claramente superior al 32,8% de Francia. Se siguen superando además niveles del 40% en algunos grupos (43,7% en las personas solas entre 30 y 64 años y 41,7% en las personas con menores dependientes). En las personas solas menores de 30 años, la proporción aumenta incluso del 47,9 al 64,9% entre 2014 y 2015.

En un contexto de descapitalización como el señalado, el impacto de la privación material severa sigue siendo importante en España. Aunque a la baja respecto al 7,1% de 2014 e inferior al 7% de la zona euro, el 6,4% de 2015 sigue siendo claramente superior al 3,6% de 2008 o al 4,5% de Francia (resulta más cercano en cambio al 6,1% del Reino Unido).

Además, y éste es quizás uno de los datos más preocupantes de la situación de 2015, en los grupos más claramente afectados por la privación material severa, o no se detecta mejora alguna en este indicador o ésta resulta reducida. Así, se mantiene estable, algo por encima del 11%, la privación material severa entre las personas solas menores de 65 años (11,1% por 11,2% en 2014). Y aunque la caída es algo mayor entre las personas en hogares con menores dependientes. el impacto del problema sigue siendo comparativamente elevado entre ellas (8,1% en 2015, apenas algo por debajo del 8,5% de 2014).

En el conjunto de indicadores considerados, 2015 muestra en cualquier caso una evidente mejora respecto a 2014, año que marca un nivel máximo en el impacto de los problemas. En dicho año, las situaciones inequívocas de pobreza real afectaron a al menos un 10,1% de la población. Estas realidades caracterizan a personas en hogares con problemas muy graves de cobertura de las necesidades de alimentación, o con retrasos frecuentes en los pagos relacionados con el mantenimiento de la vivienda, y que carecen al mismo tiempo de ahorros para hacer frente a la insuficiencia de ingresos. Los 4,64 millones de personas en esta situación en 2014 eran casi 2,5 veces más que los 1,9 millones de 2007, un 4,2% de la población en aquel año.

Es verdad que, en 2015, la proporción de personas en la situación de pobreza real señalada se reduce al 9,3% pero los 4,28 millones de personas afectadas en este año siguen siendo más del doble de lo observado en 2007 (año en el que los 1,9 millones de personas con problemas de pobreza real demostraban que -contrariamente a la imagen dominante- las situaciones graves de pobreza distaban mucho de estar controladas).

Dentro del grupo afectado por las situaciones de pobreza real tienen una presencia decisiva los hogares con hijos o hijas dependientes. En 2014, las personas en este tipo de hogares representaban el 65,4% del colectivo, proporción que aumenta al 67,1 en 2015. De un 5% de personas con problemas de pobreza real en hogares con hijos o hijas dependientes en 2007, la proporción aumenta al 13% en 2014. En 2015, el indicador se reduce pero sólo hasta el 12,5%. En la parte de la población más afectada por el problema, también se supera el nivel del 10% entre las personas solas menores de 65 años aunque, en este caso, la línea de mejora es más clara (se pasa de un impacto de las situaciones de pobreza real estimadas situado en un 11,9% en 2014 a 10,3% en 2015).

El deterioro que aún queda totalmente patente respecto a la situación pre-crisis se vincula a una sustancial caída de la protección a la población con menos recursos en España. El 10% más pobre apenas disponía en 2014 de un 1,8% de los ingresos totales del país, una proporción en continuo descenso respecto al 2,5% de 2005. En 2014, sólo Rumanía compartía con España estos bajos niveles en la UE.

No se dispone por ahora de información completa sobre indicadores de desigualdad procedentes de la ECV 2015. Pero uno de ellos, directamente relacionado con las formas de pobreza grave, muestra que España no avanza por la dirección correcta en esta cuestión. Así, la proporción de personas situadas por debajo del 40% de los ingresos medianos en España aumenta del 10,6 al 11,2% entre 2014 y 2015. Se trata del nivel más elevado desde el ya elevado 7,4% de 2008.

Los datos presentados muestran por tanto que, sin negar una evolución positiva entre 2014 y 2015 en los indicadores, la necesidad de abordar el problema de la pobreza sigue siendo una asignatura pendiente en España. El elemento clave es la precariedad diferencial que afecta a las personas en hogares con menores dependientes así como a las personas desempleadas. Frente a la media del 9,3% de la población general en 2015, el impacto de las situaciones de pobreza real es del 23,8% de 2015 entre personas vinculadas a hogares con presencia de menores dependientes y en los que está presente del desempleo. El impacto del problema aumenta además respecto al 21,7% de 2014.

Esta realidad muestra la paradoja española actual. Aunque el volumen de personas afectadas por situaciones de pobreza real en estos hogares con menores y desempleados/as es cuantitativamente algo menor en 2015 (1,91 millones de personas por 2,01 en 2014), lo que refleja la tendencia descendente del desempleo, ahí dónde éste sigue presente tiende a provocar relativamente más pobreza que con anterioridad.

Por mucho que aumente la ocupación a un ritmo significativo, por otra parte, la mejora económica para los hogares no resulta destacada. Entre 2014 y 2015, el ingreso medio por persona en España, medido por la ECV, apenas aumenta en un 0,3%, muy por debajo del incremento de la ocupación y del PIB. Medido en términos de unidades de consumo, el ingreso medio sigue incluso cayendo (-0,2% en el último año; -5,2% acumulado en términos de euros corrientes desde 2008).

Es necesario por tanto actuar. A ello responden los llamamientos a favor de la Renta Básica por sus defensores, la presentación de la propuesta de renta mínima de UGT y CCOO y las propuestas que plantean las fuerzas políticas, con la Renta Garantizada de Podemos/IU o el Ingreso Mínimo Vital del PSOE, por ejemplo.

Pero es también conveniente analizar los efectos de lo que han realizado ya algunas CCAA. En este punto, resulta significativo considerar la evolución del indicador más directamente vinculado a la medida de la pobreza a largo plazo, el que mide el impacto de las situaciones de práctica ausencia de ahorro que impiden hacer frente a emergencias o gastos extraordinarios.

Como refleja el siguiente gráfico, la experiencia de la comunidad autónoma con mayor inversión en políticas de rentas mínimas en España, el País Vasco, revela por una parte que esta comunidad no ha conocido el proceso de deterioro que, en este indicador, ha caracterizado tanto al resto de España como al conjunto de la zona euro. Pero, por otra, muestra incluso una mayor capacidad de adaptación a la crisis que el país que, en 2008, tenía una posición más ventajosa, los Países Bajos.

 

GrafECV

Fuente: INE y Eurostat (ECV/EU-SILC)

Algunos sectores consideran el sistema de rentas mínimas como un completo fracaso. Si esta acusación fuera trasladable al caso del País Vasco, habría que reconocer que hay fracasos que han tenido bastante éxito comparado en Europa. Sería por tanto conveniente algo más de prudencia, y de buen juicio, a la hora de considerar el futuro papel de las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas.

Renta mínima e inserción: ¿sinergia o suma negativa?

por Manuel Aguilar Hendrickson

1. Renta mínima e inserción

Desde sus inicios, el concepto de renta mínima de inserción contiene elementos problemáticos. La RMI intenta combinar dos tipos de acción pública frente a la pobreza extrema. Por un lado, la acción redistributiva para asegurar a quienes dispongan de unos ingresos inferiores a un umbral (normalmente de subsistencia o de cobertura de necesidades muy básicas) una prestación económica que los complete hasta ese nivel. Por otra, a partir de la idea de que la pobreza económica suele estar vinculada a carencias y dificultades de tipo social, personal, formativo, etc., la oferta a la población «pobre» de servicios que favorezcan su «inserción», «integración» o «inclusión» social.

Formalmente, el vínculo suele realizarse estableciendo que las personas perceptoras de la renta mínima deberán acordar con los servicios la realización de actividades orientadas a su inserción social. La forma de combinar estos dos tipos de acciones (redistribución mediante prestaciones y servicios para la inserción) ha sido problemática desde sus inicios. Indicio de tales dificultades ha sido la diversidad de formas de concebir esa articulación.

En el debate parlamentario francés de 1988 la cuestión se polarizó en torno a los conceptos de «doble derecho» y «contrapartida».

La concepción de la «contrapartida» se fundaba en la idea de que quienes reciban de la colectividad medios para su subsistencia deben aceptar como «contraprestación» la participación en actividades formativas, laborales o sociales. Dentro de este enfoque, las interpretaciones varían también entre aquellas que ponen el acento en hacer «algo a cambio» para legitimar la prestación (y por tanto la utilidad intrínseca de su contenido es secundaria) y quienes lo ponen en que se trate de acciones eficaces para «sacar» a las personas de su situación, que constituyen una garantía de que su situación de falta de medios propios no se alargará en el tiempo.

En el extremo contrario, la idea de «doble derecho» pretendía mantener una cierta vinculación entre ambas acciones, pero reduciendo al mínimo la condicionalidad, al insistir en que se trata de dos derechos que, en principio, la persona ejercerá voluntariamente, y en la flexibilidad y la participación de la persona en la selección de las acciones.

La opción en el caso francés fue la del «doble derecho», que se tradujo en establecer que el acceso venía determinado por criterios de ingresos (y otras circunstancias personales como edad, residencia, etc.) y establecer que los perceptores debían acordar posteriormente con los servicios una serie de acciones a realizar. Aunque existía esta obligación, el énfasis en el carácter acordado y una gestión flexible, que incluía la aceptación de que en buena parte de los casos no habría contrato, hizo que se tratara de una condicionalidad limitada.

En el caso español, las rentas mínimas de inserción creadas desde 1989 han presentado diversas formas de abordar la cuestión, si bien en su mayoría se han inclinado hacia la idea de contrapartida. En el caso más extremo, el acceso a la renta mínima sólo se produce una vez que se ha diseñado y aceptado el «programa de inserción». En los demás, la formulación ha sido mayoritariamente la de una condicionalidad fuerte, que en ocasiones se ha utilizado para ajustar el número de perceptores a las disponibilidades presupuestarias. La principal excepción ha sido el caso del País Vasco, que ha ido limitando la intensidad de la condicionalidad.

Esta orientación hacia la contrapartida, que limita el carácter de derecho de la prestación, ha permitido la perpetuación de una forma de concebir la relación entre ciudadanos pobres y servicios que se puede calificar como de protección tutelar. Se trata de un modelo de atención que concibe a la persona pobre como un objeto de protección más que como un sujeto de derechos, y establece una relación muy desigual entre servicios y ciudadanos en favor de los primeros, que pueden decidir si «conviene» o no al ciudadano recibir las prestaciones y con qué condiciones.

2. Los problemas

Combinar en un dispositivo estrechamente integrado renta mínima e inserción plantea sobre todo problemas de tres tipos: a) los que tienen que ver con la relación entre ciudadanos e instituciones públicas; b) los que tienen que ver con las distintas poblaciones destinatarias de cada acción; y c) los que tienen que ver con las diferentes lógicas de acción de las prestaciones económicas y de la intervención social.

2.1. Ciudadanos, derechos, administración

En una sociedad democrática y en un estado de derecho, el acceso de los ciudadanos a las prestaciones públicas debe contar con garantías jurídicas que hagan posible respetar los principios de igualdad y seguridad jurídica. Ello requiere regular el acceso a las prestaciones en términos bien de derecho subjetivo bien de concurrencia.

Cuando se regulan como derecho subjetivo, se garantiza el acceso de todas las personas que cumplan con las condiciones y los requisitos de acceso previamente establecidos, allegando recursos adicionales si es necesario. Derecho subjetivo no significa derecho incondicional, salvo en contadas excepciones que tienen que ver con derechos civiles básicos. De hecho, la regulación de cualquier derecho subjetivo consiste precisamente en establecer las condiciones de acceso. La regulación de un derecho es casi siempre la exclusión de otra parte de la población del mismo. La regulación de las condiciones o requisitos de ejercicio de un derecho debe ser tan clara y objetiva como sea posible, y para ello dichos requisitos deben ser verificables de forma nítida y efectiva. La edad, el tiempo cotizado, los ingresos de que se dispone, tener menores a cargo o el grado de discapacidad son atributos verificables, aunque en algunos casos pueda costar cierto trabajo hacerlo. Las actitudes de las personas, su condición de «excluido», su «voluntad» de «incorporarse a la sociedad» son atributos ambiguos, muy abiertos a interpretaciones contradictorias y por tanto a graves arbitrariedades.

Cuando el acceso a una prestación pública no puede ser asegurado para todas las personas, con frecuencia porque existe una disponibilidad limitada de recursos, lo que procede es regular el acceso en términos de concurrencia. Es una práctica habitual en el acceso a becas, a viviendas de protección oficial o a la universidad pública. Normalmente se abre un plazo para que los que reúnen las condiciones de acceso lo soliciten, se ordenan las solicitudes mediante una serie de criterios tan objetivos y medibles como sea posible, y se concede el acceso hasta el agotamiento de las plazas o recursos disponibles.

La introducción de elementos discrecionales y de valoraciones interpretables distorsiona gravemente la seguridad jurídica y el principio de igualdad de trato que los ciudadanos tienen derecho a exigir de la administración. La debilidad de la posición social de muchos perceptores de prestaciones de asistencia social explica probablemente que no recurran con mayor frecuencia a la protección de los tribunales, que en muchos casos obligaría a objetivar las razones de concesión o denegación de las prestaciones. La obligación de acordar actuaciones «para la inserción» y la exigencia de «cumplimiento de las acciones fijadas» han sido utilizados con frecuencia como «cláusula indeterminada» que ha permitido una fuerte discrecionalidad y arbitrariedad en el acceso y la pérdida de las prestaciones.

En este sentido, parece necesario configurar el acceso a prestaciones como la renta mínima y similares como un derecho subjetivo y la de las ayudas extraordinarias, becas de comedor y otras similares en régimen de concurrencia, y reducir al máximo los elementos de discrecionalidad. Esta regulación clara y garantista es compatible con diversos grados de extensión y «generosidad» de las prestaciones, que dependerán de los objetivos de satisfacción de necesidades que fije la sociedad a través de sus instituciones y de los recursos que esté dispuesta a dedicar a tales finalidades.

2.2. Poblaciones diferentes

Un segundo problema importante en la articulación entre renta mínima y servicios para la inserción reside en la no (plena) coincidencia de las poblaciones necesitadas de una y de otra. La renta mínima la «necesitan» las personas que carecen de ingresos (tal como define tal carencia la normativa). El acompañamiento de los servicios sociales (y/o de empleo, salud o de otro tipo) lo necesitan las personas que se encuentran con dificultades especiales para desarrollar su proyecto de vida, de participación e inclusión social.

Estas dos poblaciones coinciden en parte, pero no del todo. Hay una parte de la población sin ingresos que tienen además problemas de incorporación social, pero otra parte de la misma no los tiene. Además, una parte de la población con dificultades sociales dispone de ingresos superiores al umbral de la renta mínima, bien de otras prestaciones, bien derivados del trabajo. Esta falta de coincidencia se ha hecho evidente cuando personas sin dificultades sociales especiales pero sin empleo han empezado a recurrir a la renta mínima, grupo que se ha denominado sucesivamente «nuevo perfil», «casos laborales», etc. Pero no habría que olvidar el otro grupo necesitado de acompañamiento, con ingresos, que queda relegado a un segundo plano si se prioriza la «inserción» como complemento de la renta mínima.

Además, las personas entran y salen de cada una de esas situaciones de manera relativamente fluida. Las personas necesitadas de acompañamiento no deberían ver cómo este se interrumpe (o cambia de responsables) cada vez que accedan a ingresos de otro tipo, y una parte de ellas necesita de apoyos puntuales, en momentos de especial dificultad o de crisis, y no durante todo el período de percepción de la prestación.

2.3. Lógicas de acción diferentes

El tercer tipo de problemas tiene que ver con las lógicas y las formas de acción de cada dispositivo, que son diferentes y en ocasiones contradictorias.

Una prestación económica de renta mínima tiene como finalidad elevar la disponibilidad de ingresos de una persona o familia, su «solvencia» o su capacidad adquisitiva hasta permitirle cubrir sus necesidades básicas. La afirmación que se ha repetido en muchas ocasiones en el sentido de que la finalidad de la renta mínima es la inserción no tiene demasiado sentido. Sería como afirmar que la prestación por incapacidad temporal (la «baja» por enfermedad) tiene como finalidad la curación del enfermo, cuando su función es asegurar un ingreso mientras no pueda trabajar a causa de la enfermedad. La finalidad de la renta mínima es corregir (a escala sin duda modesta) la distribución de la renta en la franja de población más pobre.

Eso supone que una renta mínima funciona bien cuando llega a la proporción más alta posible de la población con ingresos inferiores al baremo. La renta mínima no funciona «mal» porque llegue a muchas personas o porque éstas estén percibiéndola durante mucho tiempo. Funciona «mal» si hay personas sin ingresos que no la reciben (el «no-recurso») porque no la conocen, porque se desaniman de solicitarla, porque algún requisito las excluye, porque rechazan un posible estigma asociado a su percepción. Funciona también «mal» si hay personas que la perciben cuando disponen de ingresos suficientes (el «fraude»). La renta mínima funciona «bien» cuando hay pocas personas con derecho que «no recurren» y pocas personas sin derecho que la perciben indebidamente.

Que una parte mayor o menor de la población perciba la renta mínima por períodos más o menos prolongados de tiempo no muestra un mal (ni buen) funcionamiento de la renta mínima. Puede mostrar un buen o mal funcionamiento de los mecanismos de distribución de la renta (salarios, prestaciones, etc.), o puede reflejar una opción social por no interferir con esos mecanismos y corregir la distribución de la renta mediante la renta mínima.

Evidentemente, el diseño de la renta mínima debe tener en cuenta sus efectos como incentivo o desincentivo hacia determinadas conductas. Pero en primer lugar, ese problema se halla en el diseño de la renta mínima más que en su gestión o su relación con el acompañamiento social. Desde hace años se sabe que las rentas mínimas deben incluir mecanismos de «no penalización» por el acceso a salarios, y hay formas de diseño de las prestaciones que pueden reducir al mínimo tal efecto. En segundo lugar, conviene ser muy prudente con el uso de prestaciones como incentivos (o su retirada como incentivos negativos). Es sabido que los incentivos pueden desvirtuar las motivaciones intrínsecas y de tipo moral de los comportamientos. Un ejemplo frecuente es condicionar prestaciones de asistencia social a la escolarización de los menores. La obligación de escolarizar a los menores no depende ni deriva de la percepción de una prestación, sino de una obligación parental general y de un derecho y obligación de los menores, y vincular las dos cosas envía en mensaje de que la pérdida de la prestación puede ser el precio que da derecho a incumplir la escolarización.

En resumen, una renta mínima debe estar, en primer lugar, bien diseñada para reducir al mínimo los posible incentivos indeseados. Una vez diseñada, su gestión debe orientarse a (a) llegar a toda la población con derecho, (b) gestionar el acceso y el pago con rapidez y eficacia y (c) combatir el fraude.

 

Las acciones de apoyo y acompañamiento de la incorporación responden  a una lógica muy diferente, la lógica de la intervención o el trabajo social.

La finalidad de tales acciones es facilitar a personas que tienen dificultades especiales para desarrollar su proyecto de vida, de participación e incorporación social un serie de apoyos que les ayuden a desarrollarlo en la medida de sus posibilidades. Esas dificultades pueden tener orígenes muy diversos. Suelen incluir elementos propios de las personas afectadas y también de su entorno y de las instituciones sociales. La discapacidad, los problemas graves de salud física o mental, los problemas con las drogas, los problemas con la justicia penal, las rupturas de parejas con hijos, la falta de redes y de vínculos sociales, sufrir la violencia de género o la discriminación por razones de origen, color de la piel, orientación sexual o de otro tipo son algunos de los factores que pueden conllevar dificultades añadidas para «hacer» o «rehacer» la vida, para participar razonablemente de la seguridad de existencia y las relaciones sociales que constituyen la inclusión social. Las personas que se ven afectadas por alguna de estas situaciones son muy diferentes entre sí, pero comparten (una parte de ellas, claro está) la necesidad de apoyos y acompañamiento para su proceso de desarrollo personal e integración social y comunitaria.

Lo que la experiencia de la intervención social muestra es que esos procesos de acompañamiento y desarrollo requieren de algunos elementos clave.

En primer lugar, son procesos que sólo pueden protagonizar las personas afectadas. No se le puede «rehacer la vida a otro». Como dice el lema de un programa británico de reinserción de exreclusos, «sólo los delincuentes pueden no-reincidir». Reconocer ese protagonismo de las propias personas afectadas por las dificultades condiciona el tipo y las formas de intervención. Significa, por ejemplo, que el «diagnóstico» sobre dónde se está y qué cuestiones hay que abordar en primer lugar o es compartido o no sirve de gran cosa. Un diagnóstico «objetivo» y «externo» puede ser de utilidad para el profesional, pero sólo es relevante para la persona en la medida en que lo comparte. Significa también, que la dirección del proceso y los ritmos del mismo han de ser aquellos que la persona pueda y sepa seguir. Ello no excluye la acción profesional, como es lógico. A las personas se nos puede intentar hacer ver cosas que no vemos, se nos puede aconsejar. No se puede «hacer en nuestro lugar».

En segundo lugar, los ritmos y las direcciones de los procesos vitales, incluidos los de «incorporación» son complejos e irregulares. Difícilmente pueden encorsetarse en modelos de «itinerario» predefinidos y en los plazos de la gestión administrativa. Hay procesos que con rapidez evolucionan hacia situaciones de autonomía de las personas para gestionarlos, y otros que se mantendrán durante largos períodos de tiempo. Hay procesos que empiezan por pequeñas cosas y avanzan hacia objetivos más ambiciosos (el modelo típico de la «escalera») y hay procesos que se desencadenan desde el abordaje de lo más complicado y de ahí se recomponen otras cuestiones (es el caso de modelos como el Housing First o algunas empresas de inserción). Los modelos de «talla única», de «one size fits all», de «el empleo siempre primero y cualquier empleo» para todo el mundo no sirven. Cuestión distinta es que la gestión del trabajo en los servicios pueda exigir agrupar  formalmente las intervenciones por períodos de tiempo (semestres, años), recogerlas en documentos formalizados (convenios de inclusión, PIAs, etc.). Pero esos instrumentos son simples formas (contenedores) que deben tener contenidos mucho más flexibles y ajustados a los procesos reales de la vida de las personas.

En tercer lugar, los procesos de acompañamiento requieren de una relación de comunicación que incluya niveles importantes de confianza. Esta confianza requiere una delimitación clara de las responsabilidades que tiene y las que no tiene el profesional acompañante o referente, y requiere limitar los comportamientos instrumentales. Todo profesional tiene algunas obligaciones ineludibles de las que las personas atendidas deben ser conocedoras. Por ejemplo, un profesional tiene que actuar si sabe de una situación de desprotección o maltrato de un menor, o de peligro para otra persona. Pero no debe estar obligado a denunciar o tomar medidas ante cualquier comportamiento irregular o ilegal de la persona con la que trabaja. Que deba señalárselo a la persona y advertirle de las consecuencias posibles de sus acciones no significa que siempre deba responder. En especial, parece aconsejable que la decisión sobre el acceso o no a prestaciones no esté en manos del profesional acompañante.

 

Como hemos tratado de explicar, renta mínima y servicios de acompañamiento para la inclusión responden a lógicas diferentes y se dirigen a poblaciones sólo coincidentes en parte. Una vinculación excesiva entre ambas acciones corre serios peligros de desvirtuar ambas, y la experiencia de los últimos años lo pone en evidencia. Por un lado, un acceso a la renta mínima condicionado al establecimiento y cumplimiento de un acuerdo de inclusión puede convertir a la renta mínima en una prestación de acceso excesivamente discrecional y estigmatizante, con el riesgo de excluir a muchas de las personas que la deben recibir, extender la inseguridad jurídica y debilitar la ciudadanía. Por el lado contrario, corre el riesgo de convertir la intervención social para acompañar la inclusión en un mero trámite o en un simple mecansimo de control para combatir el fraude o disciplinar socialmente a poblaciones de las que se sospecha un comportamiento indeseable. Así, tanto la renta mínima como la intervención social se devalúan cuando la intención original era la de potenciar ambas.