Etiqueta Renta mínima

La pobreza en España vista a través de la ECV 2015. Primeras impresiones

por Luis Sanzo

Además del apoyo europeo a los bancos de alimentos y la recuperación económica, la solidaridad social y familiar ha limitado en España el impacto de los problemas de inseguridad alimentaria. Entre 2014 y 2015 se reduce de 3,3 a 2,6% la proporción de personas que no disponen cada dos días de una comida con carne, pollo, pescado (o su equivalente vegetariano). Aunque la proporción es superior al 2,2% de 2008, el 2,6% de 2014 se aleja de forma sustancial del 7,4% medio de la zona euro (6,5% en el Reino Unido y 7,3% en Francia).

El indicador disponible en Europa para medir esta decisiva dimensión de la pobreza no resulta adecuado, y queda además sujeto a pautas culturales de consumo (el 11,9% de Italia lo pone de manifiesto). Pero resulta evidente que la pobreza no se manifiesta de forma principal en España en la dimensión alimentaria, mostrando además la realidad de 2015 una evidente mejora. Aun así, es importante señalar que en hogares con presencia de menores dependientes, un 3,1% de las personas que residen en ellos tienen en 2015 problemas en esta dimensión. La proporción llega al 4,9% entre las personas solas de 30 a 64 años. No se puede por tanto descuidar esta dimensión del problema.

En cualquier caso, en su estrategia contra la pobreza, la tendencia de la población española se ha centrado en priorizar la cobertura de la alimentación, aún a costa de enfrentarse a mayores dificultades para hacer frente a otras necesidades básicas como, por ejemplo, un acceso adecuado a la energía.

El porcentaje de personas en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en el hogar también se reduce entre 2014 y 2015 de 11,1 a 10,6% pero se mantiene muy por encima del 6% de 2008. En este caso, el 10,6% de 2015 sí supera el 8,4% de la zona del euro (o el 5,5% de Francia). Salvo en el caso de los hogares con presencia de mayores de 65 años (7,9%), en los demás tipos de hogares se supera siempre la barrera del 10% en este indicador. El problema es particularmente llamativo entre las personas solas menores de 65 años (14,6% entre los 30 y 64 años y 21% entre las menores de 30 años).

Para hacer frente a las necesidades más básicas, la población retrasa además el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Frente al 8,2% de 2008, en 2015 un 11,7% de las personas viven en hogares con atrasos en el pago de alquileres, hipotecas, suministros de electricidad, gas o agua o en el pago de compras aplazadas. No muy alejado del 11% de la zona euro (8,9% en Francia y 10,2% en el Reino Unido), el indicador muestra una mejora respecto al 12,5% de 2014. Pero hay un dato preocupante: un 15,3% de las personas en hogares con presencia de menores dependientes se enfrentan al problema considerado en 2015.

No puede olvidarse, por otra parte, que el recurso al ahorro ha sido el mecanismo que ha permitido mantener determinados niveles de consumo en España, una circunstancia que ha deteriorado la situación patrimonial de los hogares. En 2015, la proporción de personas en hogares sin capacidad para hacer frente a gastos imprevistos se sitúa en un 39,7%. Esta cifra supone un caída significativa respecto al 42,7% de 2014 pero queda muy por encima del 29,9% de 2008.

Aunque el 39,7% de 2016 no está muy por encima del 35,6% de la zona euro y resulta similar al 38,4% del Reino Unido, sí resulta claramente superior al 32,8% de Francia. Se siguen superando además niveles del 40% en algunos grupos (43,7% en las personas solas entre 30 y 64 años y 41,7% en las personas con menores dependientes). En las personas solas menores de 30 años, la proporción aumenta incluso del 47,9 al 64,9% entre 2014 y 2015.

En un contexto de descapitalización como el señalado, el impacto de la privación material severa sigue siendo importante en España. Aunque a la baja respecto al 7,1% de 2014 e inferior al 7% de la zona euro, el 6,4% de 2015 sigue siendo claramente superior al 3,6% de 2008 o al 4,5% de Francia (resulta más cercano en cambio al 6,1% del Reino Unido).

Además, y éste es quizás uno de los datos más preocupantes de la situación de 2015, en los grupos más claramente afectados por la privación material severa, o no se detecta mejora alguna en este indicador o ésta resulta reducida. Así, se mantiene estable, algo por encima del 11%, la privación material severa entre las personas solas menores de 65 años (11,1% por 11,2% en 2014). Y aunque la caída es algo mayor entre las personas en hogares con menores dependientes. el impacto del problema sigue siendo comparativamente elevado entre ellas (8,1% en 2015, apenas algo por debajo del 8,5% de 2014).

En el conjunto de indicadores considerados, 2015 muestra en cualquier caso una evidente mejora respecto a 2014, año que marca un nivel máximo en el impacto de los problemas. En dicho año, las situaciones inequívocas de pobreza real afectaron a al menos un 10,1% de la población. Estas realidades caracterizan a personas en hogares con problemas muy graves de cobertura de las necesidades de alimentación, o con retrasos frecuentes en los pagos relacionados con el mantenimiento de la vivienda, y que carecen al mismo tiempo de ahorros para hacer frente a la insuficiencia de ingresos. Los 4,64 millones de personas en esta situación en 2014 eran casi 2,5 veces más que los 1,9 millones de 2007, un 4,2% de la población en aquel año.

Es verdad que, en 2015, la proporción de personas en la situación de pobreza real señalada se reduce al 9,3% pero los 4,28 millones de personas afectadas en este año siguen siendo más del doble de lo observado en 2007 (año en el que los 1,9 millones de personas con problemas de pobreza real demostraban que -contrariamente a la imagen dominante- las situaciones graves de pobreza distaban mucho de estar controladas).

Dentro del grupo afectado por las situaciones de pobreza real tienen una presencia decisiva los hogares con hijos o hijas dependientes. En 2014, las personas en este tipo de hogares representaban el 65,4% del colectivo, proporción que aumenta al 67,1 en 2015. De un 5% de personas con problemas de pobreza real en hogares con hijos o hijas dependientes en 2007, la proporción aumenta al 13% en 2014. En 2015, el indicador se reduce pero sólo hasta el 12,5%. En la parte de la población más afectada por el problema, también se supera el nivel del 10% entre las personas solas menores de 65 años aunque, en este caso, la línea de mejora es más clara (se pasa de un impacto de las situaciones de pobreza real estimadas situado en un 11,9% en 2014 a 10,3% en 2015).

El deterioro que aún queda totalmente patente respecto a la situación pre-crisis se vincula a una sustancial caída de la protección a la población con menos recursos en España. El 10% más pobre apenas disponía en 2014 de un 1,8% de los ingresos totales del país, una proporción en continuo descenso respecto al 2,5% de 2005. En 2014, sólo Rumanía compartía con España estos bajos niveles en la UE.

No se dispone por ahora de información completa sobre indicadores de desigualdad procedentes de la ECV 2015. Pero uno de ellos, directamente relacionado con las formas de pobreza grave, muestra que España no avanza por la dirección correcta en esta cuestión. Así, la proporción de personas situadas por debajo del 40% de los ingresos medianos en España aumenta del 10,6 al 11,2% entre 2014 y 2015. Se trata del nivel más elevado desde el ya elevado 7,4% de 2008.

Los datos presentados muestran por tanto que, sin negar una evolución positiva entre 2014 y 2015 en los indicadores, la necesidad de abordar el problema de la pobreza sigue siendo una asignatura pendiente en España. El elemento clave es la precariedad diferencial que afecta a las personas en hogares con menores dependientes así como a las personas desempleadas. Frente a la media del 9,3% de la población general en 2015, el impacto de las situaciones de pobreza real es del 23,8% de 2015 entre personas vinculadas a hogares con presencia de menores dependientes y en los que está presente del desempleo. El impacto del problema aumenta además respecto al 21,7% de 2014.

Esta realidad muestra la paradoja española actual. Aunque el volumen de personas afectadas por situaciones de pobreza real en estos hogares con menores y desempleados/as es cuantitativamente algo menor en 2015 (1,91 millones de personas por 2,01 en 2014), lo que refleja la tendencia descendente del desempleo, ahí dónde éste sigue presente tiende a provocar relativamente más pobreza que con anterioridad.

Por mucho que aumente la ocupación a un ritmo significativo, por otra parte, la mejora económica para los hogares no resulta destacada. Entre 2014 y 2015, el ingreso medio por persona en España, medido por la ECV, apenas aumenta en un 0,3%, muy por debajo del incremento de la ocupación y del PIB. Medido en términos de unidades de consumo, el ingreso medio sigue incluso cayendo (-0,2% en el último año; -5,2% acumulado en términos de euros corrientes desde 2008).

Es necesario por tanto actuar. A ello responden los llamamientos a favor de la Renta Básica por sus defensores, la presentación de la propuesta de renta mínima de UGT y CCOO y las propuestas que plantean las fuerzas políticas, con la Renta Garantizada de Podemos/IU o el Ingreso Mínimo Vital del PSOE, por ejemplo.

Pero es también conveniente analizar los efectos de lo que han realizado ya algunas CCAA. En este punto, resulta significativo considerar la evolución del indicador más directamente vinculado a la medida de la pobreza a largo plazo, el que mide el impacto de las situaciones de práctica ausencia de ahorro que impiden hacer frente a emergencias o gastos extraordinarios.

Como refleja el siguiente gráfico, la experiencia de la comunidad autónoma con mayor inversión en políticas de rentas mínimas en España, el País Vasco, revela por una parte que esta comunidad no ha conocido el proceso de deterioro que, en este indicador, ha caracterizado tanto al resto de España como al conjunto de la zona euro. Pero, por otra, muestra incluso una mayor capacidad de adaptación a la crisis que el país que, en 2008, tenía una posición más ventajosa, los Países Bajos.

 

GrafECV

Fuente: INE y Eurostat (ECV/EU-SILC)

Algunos sectores consideran el sistema de rentas mínimas como un completo fracaso. Si esta acusación fuera trasladable al caso del País Vasco, habría que reconocer que hay fracasos que han tenido bastante éxito comparado en Europa. Sería por tanto conveniente algo más de prudencia, y de buen juicio, a la hora de considerar el futuro papel de las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas.

Notas sobre el debate renta mínima-renta básica

por Luis Sanzo

Lo que sigue son unas notas sobre el debate, en ocasiones áspero, entre quienes proponen diferentes formas de abordar la garantía de unos ingresos para reducir o eliminar la pobreza, publicadas por Luis Sanzo en Twitter el 10 de abril de 2016. Le siguen unas notas de Manuel Aguilar Hendrickson y una respuesta de Luis Sanzo.

Hay un punto clave de convergencia en el que la mayoría de los que participamos de este debate se sentirá a gusto. Se trata de la idea de un derecho a la existencia que es preciso hacer efectivo en una sociedad que se respete a sí misma.

El debate se inicia a partir del momento en el que se concreta la vía más apropiada para hacer efectivo este derecho a la existencia. Aquí es donde surgen muy diversos enfoques, con básicamente tres líneas en estos momentos:

a) La primera línea es la socialdemócrata clásica que, inspirada por los sindicatos y el PSOE, aspira a redefinir el modelo de protección. Su modelo es claramente una mejora de los instrumentos de protección centrados en la seguridad social, con una desconfianza creciente hacia la intervención desarrollada por las comunidades autónomas en el ámbito de su competencia constitucional de «asistencia social». Esto es algo menos evidente en sectores del PSOE vinculados a la política autonómica que sí consideran la acción complementaria de las comunidades autónomas pero siempre como complemento.

b) El contramodelo es la propuesta de Renta Básica que, en la práctica, implica redefinir la sociedad en torno a esta renta básica que, de facto, se presenta como una alternativa social global a la tradición proteccionista basada en la Seguridad Social. En España, en parte por influencia de la propuesta Pinilla/Sanzo, la gestión de esta renta básica se plantea en general por la vía fiscal.  Debo matizar que siempre me he opuesto a avanzar hacia la renta básica liquidando la Seguridad Social y soy partidario de tomar sus prestaciones como base para ir generalizando una modalidad de ese tipo. Creo que Pinilla comparte también esta visión.

c) La tercera vía es la de la Renta Mínima Garantizada que se ha propuesto en Cataluña y que, en cierta forma, ha recogido en España Podemos. En mi opinión, esta propuesta combina dos ideas:

  • Recoger la idea básica de la aproximación renta básica de hacer efectivo el derecho a la existencia, superando los límites de la aproximación socialdemócrata clásica basada en la política prestacional de la Seguridad Social, históricamente insuficiente, y
  • Ofrecer una solución viable para conseguir el objetivo, en unas condiciones financieras duras, asumiendo que la aplicación de una renta básica de cuantía suficiente resulta inviable a corto plazo.

Una manifestación de esa inviabilidad económica es el contenido del pacto PSOE-Cs, en el que el incremento de gasto en aspectos relacionados con prestaciones para el derecho a la existencia se sitúa en unos 7.000 millones, alrededor de un 0,65% del PIB. Eso hace inviable políticamente no ya una renta básica de cuantía cercana al umbral de pobreza sino incluso la propuesta inicial de Podemos de Renta Garantizada.

Debe señalarse que la aplicación de la Renta Garantizada es, en cierta forma, una extensión y mejora de la innovación que supusieron las rentas mínimas autonómicas, en particular la del País Vasco. En gran medida, recogen sus planteamientos de garantía de ingresos básicos, aunque limitando la dimensión de contraprestación para la inserción, que se incorporaba en muchas de estas rentas mínimas.

Respecto a lo anterior, hay que valorar el esfuerzo de actualización de políticas que se están realizando en la actualidad en relación con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, en particular en Aragón o Navarra, pero también en Euskadi. Asturias, etc, donde hay una reflexión abierta. En términos prácticos, las rentas mínimas de estas comunidades autónomas ha sido clave para que sean hoy, en general, las comunidades autónomas menos afectadas por la pobreza.

A la vista de lo anterior, ¿qué posición debería adoptarse ante las diferencias de opciones por quienes defienden el derecho a la existencia?

Propongo las siguientes ideas:

A. Respetar las distintas iniciativas que vayan en la línea de hacer efectivo ese derecho a la existencia

B. Evitar introducir medidas que impidan actuaciones complementarias, por ejemplo cláusulas de Seguridad Social o de fiscalidad que impidan la actuación de las comunidades autónomas en el marco de sus competencias constitucionales de «asistencia social».

C. Desarrollar, dentro de cada marco de intervención, las actuaciones que sean razonables dentro del mismo. En el caso de las rentas mínimas autonómicas, esto significa asumir que no pueden constituir eje central de la política de garantía de ingresos, basada en la Seguridad Social, la fiscalidad y la renta básica en su caso, sino que deben cubrir los límites de esos sistemas cuando sea necesario, tal y como hacen hoy con evidente éxito en sitios como el País Vasco o Navarra.

Por su parte, los defensores de vías de Seguridad Social deberían asumir los límites con frecuencia asociados a las bajas cuantías de sus prestaciones, y los defensores de la renta básica deberían  admitir los riesgos de un modelo basado en una renta básica de muy baja cuantía, aceptando la posibilidad de vías de actuación como la Renta Garantizada o las actuales rentas mínimas autonómicas cuando resulten necesarias.

D. Y, finalmente, si no es posible el respeto mutuo y el entendimiento, hacer lo que de facto hacemos ahora, quedarnos cada cual en nuestros respectivos mundos. Pero viendo los puntos en común (defensa del derecho a la existencia) y lo difícil de conseguir avances, propondría reflexionar sobre la necesidad de garantizar ese respeto mutuo para prevenir añadir a las dificultades que ya tenemos un machaque que el debate no justifica. En mi opinión, el debate nunca justifica el machaque, pero ya digo es que es mera opinión personal.

Respuesta de Manuel Aguilar Hendrickson

Sobre la querella Renta básica versus Renta mínima

por Manuel Aguilar Hendrickson

Coincido con las ideas que ha expuesto Luis Sanzo @lsanzo en twitter y que se pueden leer aquí. Sólo querría añadir algunas consideraciones sobre las diversas propuestas pretenden garantizar un derecho a la existencia por medio de un pago monetario periódico.

Hasta ahora ha habido dos grandes formas de abordar ese objetivo:

a) la combinación de un sistema de seguro (contributivo) orientado a mantener el ingreso anterior con un sistema de protección asistencial para quienes quedan por debajo de cierto nivel de ingresos de la actividad y fuera del primer sistema.

b) un sistema de carácter universal, es decir, que paga a todo el mundo una prestación igual con independencia de los ingresos que pueda tener, sistema que se puede combinar con uno adicional de seguro para alcanzar un nivel mayor de sustitución de las rentas de actividad perdidas.

El primer modelo es el más extendido, con diversas configuraciones. Algunos países (en especial los «anglosajones») tienen sistemas de seguro de poca intensidad protectora y niveles asistenciales más desarrollados. Otros (los «continentales») combinan sistemas fuertes en ambos niveles. Finalmente, los países «mediterráneos» se han caracterizado por sistemas de seguro relativamente fuertes y en algunos casos generosos y sistemas asistenciales escasos e incompletos. El exceso de «generosidad» para las rentas altas de los sistemas de seguro mediterráneos sigue siendo un problema en Portugal, Grecia e Italia, y mucho menos en España.

El segundo modelo no se ha establecido hasta la fecha de forma generalizada. Está presente en países escandinavos en las pensiones y las prestaciones por hijos. En los países «continentales» (pero no en los mediterráneos) también está presente en muchos casos para los menores (prestaciones universales por hijo a cargo).

Pienso que el primer modelo, el «bismarckiano», no puede ofrecer resultados satisfactorios a medio y largo plazo en el contexto de los nuevos mercados de trabajo en los que las carreras de empleo y cotización estables a tiempo completo no son ya la norma. Son muchas las disfunciones que ya están apareciendo, desde la desprotección de los outsiders hasta el efecto de las cotizaciones sobre el empleo.

Creo que un proceso de transición desde el primer modelo hacia el segundo es una estrategia deseable. Pero no se deberían infravalorar las dificultades profundas y complejas que entraña un cambio así. Se trata de instituciones de protección social (y sistemas de financiación de las mismas) arraigadas y que han generado sus imaginarios sociales y sus valores, su «economía moral». También han creado sus expectativas y sus derechos «adquiridos», fruto de pactos intergeneracionales.

Las propuestas que @lsanzo ha sintetizado se sitúan en la lógica de

(a) mejorar el nivel asistencial del primer modelo (propuestas 1. Ingreso Mínimo Vital más Complemento Salarial y 3. Renta Mínima Garantizada, a la que se puede añadir el CS, formuladas respectivamente en el acuerdo PSOE-Ciudadanos y en el programa de Podemos) o

(b) establecer de forma generalizada el segundo modelo (Renta Básica).

En mi opinión, el principal problema de la propuesta de Renta Básica no es la dirección en la que va. Creo, de hecho, que la dirección es la deseable. El problema es que imagina una situación futura sin tener en cuenta lo bastante las dificultades de la transición de un modelo a otro.

Las dificultades prácticas son muchas y no hay espacio para discutirlas aquí. Afecta a cuestiones como una apuesta por la financiación fiscal frente a la basada en cotizaciones sociales (en un país en el que la segunda tiene menos problemas de eficacia que la primera). O los efectos difíciles de predecir sobre el comportamiento laboral de un elevado gravamen de los salarios compensado por la exención fiscal de los primeros 7 mil euros anuales. O la cuestión del carácter individual o familiar de la Renta Básica y sus consecuencias sobre la equidad. No digo que estas cuestiones descalifiquen la idea. Simplemente que la sencillez de la Renta Básica es menor de lo que parece.

El principal problema es, a mi juicio, de tipo político y social. Supone ir en contra de criterios, ideas y valores muy arraigados, que no pueden descartarse de un plumazo con la acusación de «resistencia al cambio». Un proyecto de universalización de la protección económica para garantizar el derecho incondicional a la existencia tiene que tener este factor en cuenta, salvo que aspire a implantarse por medio de una operación tecnocratico-autoritaria, cosa que no creo que esté en la mente de los proponentes.

Creo que una vía más interesante para avanzar hacia el objetivo que proponen los defensores de la renta básica es una reforma progresiva por tramos de los sistemas de garantía de ingresos (incluida su «sumergida» vertiente fiscal). Sólo para ilustrar por dónde podría ir una reforma de este tipo, apunto tres líneas de acción:

  1. Abordar en un plazo razonablemente corto el establecimiento de una prestación por hijo a cargo universal de una cuantía cercana a los 150-200€, que suele considerarse por los tribunales como el mínimo de existencia de los menores. Supondría la sustitución de las actuales y miserables prestaciones por hijo a cargo y de los mínimos vitales por descendiente del IRPF. Si se desea ajustar aún más su equidad, se podrían considerar renta a efectos fiscales. Una renta básica para menores, para el sector de población en el que no hay un sistema previo digno de ese nombre, donde el problema de las economías de escala es irrelevante y que puede contar con una legitimidad política y social muy fuerte (existe en buena parte de Europa, la UE está reclamando atención a la pobreza infantil, hay menos reparos «morales» y tiene un efecto demostrado de reducción de la pobreza y de inversión social).
  2. Abordar con más cautela una reforma del sistema de pensiones que tienda a sustituir las actuales PNC y los complementos de mínimos, así como las pensiones de viudedad de personas no activas por una «primera» pensión universal. Esta es una reforma más compleja, y supone entrar en un replanteamiento del papel de impuestos y cotizaciones, imprescindible pero con problemas.
  3. Establecer una renta mínima «garantizada» para las personas en edad activa. Es decir una prestación económica para personas/hogares con ingresos inferiores a un umbral (por lo tanto «condicionada» a la insuficiencia de recursos) compatible con ingresos del trabajo si los hay. La concurrencia con las rentas del trabajo se puede articular con una combinación de reducciones parciales de la prestación y un complemento salarial fiscal. Los elementos clave de un modelo así irían en la línea de lo que se propone en un reciente informe de FOESSA.
    Una prestación que podría incluir la obligación de no rechazar ofertas de empleo adecuadas para las personas que puedan trabajar, pero no las exigencias de «contrapartida» y de comportamiento presentes hoy en muchas RMI autonómicas. Requiere de una verificación de ingresos que podría hacerse desde las agencias tributarias (expertas como son en comprobar los ingresos de la población).
    Hay formas (que no se pueden detallar aquí) de ir hacia una individualización de las prestaciones, a reducir su posible efecto desincentivador del empleo, y a reducir los elementos constrictivos que a menudo se critican.
    Las cuestiones de encaje institucional son delicadas, pero personalmente me inclinaría por una integración con los subsidios asistenciales por desempleo y su ubicación en el nivel no contributivo de la seguridad social, redefiniendo la función de «asistencia social» de las comunidades como la modulación y ajuste a los costes de la vida y las necesidades específicas de cada territorio (función que también se podría atribuir a los municipios).

Si en los decenios próximos se avanza (cosa que no está asegurada) hacia una universalización de la garantía de rentas, en la línea que defienden los proponentes de la Renta Básica, creo que se hará por un camino muy distinto del «giro copernicano» que imaginan. Por ello es especialmente desafortunado contraponer Renta Básica y estrategias más parciales y «envolventes» de ir en esa dirección, empezando por completar el nivel menos desarrollado de nuestro Estado social. Sobre todo cuando la descalificación sumaria de la Renta Mínima sirve, al final, no para establecer una Renta Básica sino para mantener nuestro vergonzosamente insuficiente nivel asistencial de protección. En el fondo, el problema político de fondo al que se enfrenta cualquiera de las dos estrategias es el mismo: convencer a las clases medias, a los insiders, de que es necesario desarrollar la protección del creciente número de outsiders y precarios, y que eso supone o bien un aumento de su esfuerzo fiscal o bien un recorte de los servicios públicos (sociales y no sociales) de los que hoy disfrutamos.

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Inequality and its discontents

Mark Carrigan

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