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Charles Murray y la Renta Básica

por Luis Sanzo

Las ideas básicas de Charles Murray sobre la Renta Básica se presentan en un reciente artículo publicado en el medio conservador estadounidense Wall Street Journal. Pretenden actualizar el pensamiento original de Friedman sobre esta cuestión.

La legitimación del proyecto se fundamenta en la perspectiva de liquidación de entre un 9 y un 47% del empleo en EEUU. Sería la consecuencia de la automatización de la producción y de otros procesos tecnológicos que separarán a las máquinas de la necesidad del manejo humano.

En cuanto al sentido de la introducción de la Renta Básica, el objetivo está muy claro en la aproximación de Murray. Se trata, en lo fundamental, de liquidar el Estado de Bienestar. Por ello, insiste en que su modelo de Renta Básica sólo será funcional si se cumplen dos condiciones.

La primera consiste en la sustitución de todas las prestaciones y transferencias sociales del actual sistema de Bienestar por una Renta Básica situada en 833$ mensuales (10.000$ anuales). La introducción de la Renta Básica implicaría la desaparición del sistema de prestaciones contributivas de la Seguridad Social, incluidas las pensiones públicas. También supondría la eliminación del derecho a la sanidad pública (Medicare o Medicaid) o las ayudas para la vivienda (housing subsidies).

Para minimizar las consecuencias de estos cambios entre la población trabajadora, Murray prevé un sistema de bonificación al empleo, permitiendo la acumulación de la Renta Básica con una cuantía de hasta 30.000$ anuales en ingresos por trabajo. A partir de ahí, se introduce un recargo fiscal que llevaría a rebajar progresivamente la cuantía de la Renta Básica hasta un mínimo garantizado de 6.500$.

La segunda condición exigida por Murray es la liquidación de las burocracias que supervisan y gestionan en la actualidad las distintas prestaciones sociales.

El proyecto asume a medio plazo una reducción del gasto público y, en sentido más amplio, la liquidación del Estado social como tal. Murray sostiene que la introducción de la Renta Básica contribuirá a la sustitución de la acción protectora e interventora del Estado, incluyendo los servicios sociales públicos, por una red de organizaciones no gubernamentales nacidas de la sociedad civil. Es la base para una vuelta a la dinamización de la “cultura cívica” norteamericana que tanto encandiló a Tocqueville, el pilar sobre el que el conservadurismo anglosajón basa el modelo futuro de solidaridad entre las personas. Una alternativa a las agencias públicas que, según el ideólogo estadounidense, “son el peor de los mecanismos para hacer frente a las necesidades humanas”. Abogan, según él, por una igualdad en el trato que resulta incompatible con la diversidad de las necesidades.

Las ideas de Murray son también funcionales con la consolidación de un sistema privado de atención sanitaria. Además de los 833$ mensuales, el Estado aportaría 3.000$ anuales a cada persona que deberán ser usados para financiar un seguro, por supuesto privado, de salud.

La propuesta supone la racionalización del Estado liberal compasivo defendido por los conservadores estadounidenses. Pero, ¿hasta dónde llegaría este estado liberal compasivo? No muy lejos en realidad. A cambio de una total vía libre para el libre mercado, ofrece una vida individual situada por debajo del umbral de pobreza para las personas solas que sólo dispusieran de la Renta Básica. Según el US Census, el umbral de pobreza se sitúa en 2015 en 947€, sin contar el valor del acceso a los servicios que suponen el Medicare, las ayudas a la vivienda, etc.

La culpabilización del “loser” es otro elemento social de la visión de Murray. Se trata de esas personas irresponsables que se niegan a cooperar con otras para maximizar su Renta Básica a través de la convivencia grupal, o que gestionan mal los ingresos que queden a su disposición. A diferencia de lo que ocurre hoy, el resto de la sociedad les podrá decir sin el menor remordimiento: “No trate de decirnos que está sin ayuda, porque sabemos que no lo está“.

Murray es bien consciente de que “algunas personas van a desperdiciar sus vidas” en este modelo de sociedad dual, con gentes con buenos trabajos hiperproductivos, por un lado, y grupos descolgados con una Renta Básica personal por debajo del nivel de pobreza, por otro. Ante ese dilema, su respuesta es simple: eso ya sucede ahora. Y no hay nada en ello que le sugiera una necesidad especial de ayuda. El nuevo modelo liberal caritativo es eso, plenamente liberal, dejando al “hombre libre” a su suerte, ¡que haga lo que quiera para gestionar su vida!

El mensaje es claro: con la nueva Renta Básica el futuro de cada persona “está en sus manos”. Esa prestación le garantizará [aunque sólo en teoría] la supervivencia; su esfuerzo a través del trabajo el acceso a la clase media. Es la actualización de la ideología de la clase media americana, ahora soportada en una Renta Básica que permite a los más favorecidos decir al resto que no moleste, que ya tiene garantizado su mínimo.

En la legitimación de este proyecto de sociedad dual, la automatización y el avance tecnológico esconden además, más allá de su dimensión modernizadora, una voluntad de radical transformación del empleo en los países más avanzados. Se trata en realidad de una estrategia de liquidación, no del empleo como tal, sino de cierto tipo de empleo. Además de los puestos de trabajado obsoletos en una determinada fase de desarrollo de la tecnología, se trata de acabar también -y, en realidad, sobre todo- con el empleo público ligado al actual Estado de Bienestar.

El artículo de Murray nos indica sin embargo la posible alternativa a seguir: “Si el ingreso garantizado es un complemento al sistema existente, será tan destructivo como sus críticos temen”, afirma. Es preciso pensar en esa alternativa, y en que no sea social ni económicamente destructiva. A diferencia, precisamente, de lo que propone Charles Murray.

La pobreza en España vista a través de la ECV 2015. Primeras impresiones

por Luis Sanzo

Además del apoyo europeo a los bancos de alimentos y la recuperación económica, la solidaridad social y familiar ha limitado en España el impacto de los problemas de inseguridad alimentaria. Entre 2014 y 2015 se reduce de 3,3 a 2,6% la proporción de personas que no disponen cada dos días de una comida con carne, pollo, pescado (o su equivalente vegetariano). Aunque la proporción es superior al 2,2% de 2008, el 2,6% de 2014 se aleja de forma sustancial del 7,4% medio de la zona euro (6,5% en el Reino Unido y 7,3% en Francia).

El indicador disponible en Europa para medir esta decisiva dimensión de la pobreza no resulta adecuado, y queda además sujeto a pautas culturales de consumo (el 11,9% de Italia lo pone de manifiesto). Pero resulta evidente que la pobreza no se manifiesta de forma principal en España en la dimensión alimentaria, mostrando además la realidad de 2015 una evidente mejora. Aun así, es importante señalar que en hogares con presencia de menores dependientes, un 3,1% de las personas que residen en ellos tienen en 2015 problemas en esta dimensión. La proporción llega al 4,9% entre las personas solas de 30 a 64 años. No se puede por tanto descuidar esta dimensión del problema.

En cualquier caso, en su estrategia contra la pobreza, la tendencia de la población española se ha centrado en priorizar la cobertura de la alimentación, aún a costa de enfrentarse a mayores dificultades para hacer frente a otras necesidades básicas como, por ejemplo, un acceso adecuado a la energía.

El porcentaje de personas en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en el hogar también se reduce entre 2014 y 2015 de 11,1 a 10,6% pero se mantiene muy por encima del 6% de 2008. En este caso, el 10,6% de 2015 sí supera el 8,4% de la zona del euro (o el 5,5% de Francia). Salvo en el caso de los hogares con presencia de mayores de 65 años (7,9%), en los demás tipos de hogares se supera siempre la barrera del 10% en este indicador. El problema es particularmente llamativo entre las personas solas menores de 65 años (14,6% entre los 30 y 64 años y 21% entre las menores de 30 años).

Para hacer frente a las necesidades más básicas, la población retrasa además el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Frente al 8,2% de 2008, en 2015 un 11,7% de las personas viven en hogares con atrasos en el pago de alquileres, hipotecas, suministros de electricidad, gas o agua o en el pago de compras aplazadas. No muy alejado del 11% de la zona euro (8,9% en Francia y 10,2% en el Reino Unido), el indicador muestra una mejora respecto al 12,5% de 2014. Pero hay un dato preocupante: un 15,3% de las personas en hogares con presencia de menores dependientes se enfrentan al problema considerado en 2015.

No puede olvidarse, por otra parte, que el recurso al ahorro ha sido el mecanismo que ha permitido mantener determinados niveles de consumo en España, una circunstancia que ha deteriorado la situación patrimonial de los hogares. En 2015, la proporción de personas en hogares sin capacidad para hacer frente a gastos imprevistos se sitúa en un 39,7%. Esta cifra supone un caída significativa respecto al 42,7% de 2014 pero queda muy por encima del 29,9% de 2008.

Aunque el 39,7% de 2016 no está muy por encima del 35,6% de la zona euro y resulta similar al 38,4% del Reino Unido, sí resulta claramente superior al 32,8% de Francia. Se siguen superando además niveles del 40% en algunos grupos (43,7% en las personas solas entre 30 y 64 años y 41,7% en las personas con menores dependientes). En las personas solas menores de 30 años, la proporción aumenta incluso del 47,9 al 64,9% entre 2014 y 2015.

En un contexto de descapitalización como el señalado, el impacto de la privación material severa sigue siendo importante en España. Aunque a la baja respecto al 7,1% de 2014 e inferior al 7% de la zona euro, el 6,4% de 2015 sigue siendo claramente superior al 3,6% de 2008 o al 4,5% de Francia (resulta más cercano en cambio al 6,1% del Reino Unido).

Además, y éste es quizás uno de los datos más preocupantes de la situación de 2015, en los grupos más claramente afectados por la privación material severa, o no se detecta mejora alguna en este indicador o ésta resulta reducida. Así, se mantiene estable, algo por encima del 11%, la privación material severa entre las personas solas menores de 65 años (11,1% por 11,2% en 2014). Y aunque la caída es algo mayor entre las personas en hogares con menores dependientes. el impacto del problema sigue siendo comparativamente elevado entre ellas (8,1% en 2015, apenas algo por debajo del 8,5% de 2014).

En el conjunto de indicadores considerados, 2015 muestra en cualquier caso una evidente mejora respecto a 2014, año que marca un nivel máximo en el impacto de los problemas. En dicho año, las situaciones inequívocas de pobreza real afectaron a al menos un 10,1% de la población. Estas realidades caracterizan a personas en hogares con problemas muy graves de cobertura de las necesidades de alimentación, o con retrasos frecuentes en los pagos relacionados con el mantenimiento de la vivienda, y que carecen al mismo tiempo de ahorros para hacer frente a la insuficiencia de ingresos. Los 4,64 millones de personas en esta situación en 2014 eran casi 2,5 veces más que los 1,9 millones de 2007, un 4,2% de la población en aquel año.

Es verdad que, en 2015, la proporción de personas en la situación de pobreza real señalada se reduce al 9,3% pero los 4,28 millones de personas afectadas en este año siguen siendo más del doble de lo observado en 2007 (año en el que los 1,9 millones de personas con problemas de pobreza real demostraban que -contrariamente a la imagen dominante- las situaciones graves de pobreza distaban mucho de estar controladas).

Dentro del grupo afectado por las situaciones de pobreza real tienen una presencia decisiva los hogares con hijos o hijas dependientes. En 2014, las personas en este tipo de hogares representaban el 65,4% del colectivo, proporción que aumenta al 67,1 en 2015. De un 5% de personas con problemas de pobreza real en hogares con hijos o hijas dependientes en 2007, la proporción aumenta al 13% en 2014. En 2015, el indicador se reduce pero sólo hasta el 12,5%. En la parte de la población más afectada por el problema, también se supera el nivel del 10% entre las personas solas menores de 65 años aunque, en este caso, la línea de mejora es más clara (se pasa de un impacto de las situaciones de pobreza real estimadas situado en un 11,9% en 2014 a 10,3% en 2015).

El deterioro que aún queda totalmente patente respecto a la situación pre-crisis se vincula a una sustancial caída de la protección a la población con menos recursos en España. El 10% más pobre apenas disponía en 2014 de un 1,8% de los ingresos totales del país, una proporción en continuo descenso respecto al 2,5% de 2005. En 2014, sólo Rumanía compartía con España estos bajos niveles en la UE.

No se dispone por ahora de información completa sobre indicadores de desigualdad procedentes de la ECV 2015. Pero uno de ellos, directamente relacionado con las formas de pobreza grave, muestra que España no avanza por la dirección correcta en esta cuestión. Así, la proporción de personas situadas por debajo del 40% de los ingresos medianos en España aumenta del 10,6 al 11,2% entre 2014 y 2015. Se trata del nivel más elevado desde el ya elevado 7,4% de 2008.

Los datos presentados muestran por tanto que, sin negar una evolución positiva entre 2014 y 2015 en los indicadores, la necesidad de abordar el problema de la pobreza sigue siendo una asignatura pendiente en España. El elemento clave es la precariedad diferencial que afecta a las personas en hogares con menores dependientes así como a las personas desempleadas. Frente a la media del 9,3% de la población general en 2015, el impacto de las situaciones de pobreza real es del 23,8% de 2015 entre personas vinculadas a hogares con presencia de menores dependientes y en los que está presente del desempleo. El impacto del problema aumenta además respecto al 21,7% de 2014.

Esta realidad muestra la paradoja española actual. Aunque el volumen de personas afectadas por situaciones de pobreza real en estos hogares con menores y desempleados/as es cuantitativamente algo menor en 2015 (1,91 millones de personas por 2,01 en 2014), lo que refleja la tendencia descendente del desempleo, ahí dónde éste sigue presente tiende a provocar relativamente más pobreza que con anterioridad.

Por mucho que aumente la ocupación a un ritmo significativo, por otra parte, la mejora económica para los hogares no resulta destacada. Entre 2014 y 2015, el ingreso medio por persona en España, medido por la ECV, apenas aumenta en un 0,3%, muy por debajo del incremento de la ocupación y del PIB. Medido en términos de unidades de consumo, el ingreso medio sigue incluso cayendo (-0,2% en el último año; -5,2% acumulado en términos de euros corrientes desde 2008).

Es necesario por tanto actuar. A ello responden los llamamientos a favor de la Renta Básica por sus defensores, la presentación de la propuesta de renta mínima de UGT y CCOO y las propuestas que plantean las fuerzas políticas, con la Renta Garantizada de Podemos/IU o el Ingreso Mínimo Vital del PSOE, por ejemplo.

Pero es también conveniente analizar los efectos de lo que han realizado ya algunas CCAA. En este punto, resulta significativo considerar la evolución del indicador más directamente vinculado a la medida de la pobreza a largo plazo, el que mide el impacto de las situaciones de práctica ausencia de ahorro que impiden hacer frente a emergencias o gastos extraordinarios.

Como refleja el siguiente gráfico, la experiencia de la comunidad autónoma con mayor inversión en políticas de rentas mínimas en España, el País Vasco, revela por una parte que esta comunidad no ha conocido el proceso de deterioro que, en este indicador, ha caracterizado tanto al resto de España como al conjunto de la zona euro. Pero, por otra, muestra incluso una mayor capacidad de adaptación a la crisis que el país que, en 2008, tenía una posición más ventajosa, los Países Bajos.

 

GrafECV

Fuente: INE y Eurostat (ECV/EU-SILC)

Algunos sectores consideran el sistema de rentas mínimas como un completo fracaso. Si esta acusación fuera trasladable al caso del País Vasco, habría que reconocer que hay fracasos que han tenido bastante éxito comparado en Europa. Sería por tanto conveniente algo más de prudencia, y de buen juicio, a la hora de considerar el futuro papel de las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas.