Gráficos de evolución del Covid-19 en Euskadi, España (Madrid) y Lombardía. Datos a 23 de marzo

PRINCIPALES ASPECTOS A RETENER A FECHA DE 23 DE MARZO

1. En el caso vasco, se mantiene la línea de significativo repunte de los casos notificados que se observa desde el pasado día 17 de marzo, con una ligera aceleración del aumento desde el día 21.

La dinámica señalada se vincula en parte a una línea de crecimiento relativamente estable de los casos detectados en Álava. Sin embargo, el principal factor de crecimiento es el aumento de los casos positivos en Gipuzkoa y en Bizkaia a partir del 15 de marzo. El crecimiento en cifras absolutas es muy llamativo en Bizkaia que supera por primera el 23 de marzo (con datos referidos al 22) el total de casos de Álava.

A pesar de ello, la incidencia del COVID-19 en Bizkaia y Gipuzkoa sigue siendo comparativamente baja, muy inferior desde luego a la que corresponde a Álava.

2. Se mantiene desde el 18 de marzo la línea de repunte de los fallecimientos en Euskadi, con un cierto repunte de la línea de crecimiento el día 23.  A pesar de esta línea alcista, Euskadi sigue lejos de la dinámica observada en Lombardía y en Madrid, con cifras relativas de fallecimientos más de un 50% inferiores a las de esas zonas (52,4% menos que en Lombardía y 66,7% menos que en Madrid).

La proporción de personas fallecidas por 100.000 habitantes es de 5,48 en Euskadi, claramente por debajo (a fecha comparable) del 9,60 de Lombardía y del 18,89 de Madrid.

El repunte de los fallecimientos que se registra en Euskadi el día 23 de marzo se traduce en un ligero repunte del indicador de personas fallecidas por 100 casos notificados en Euskadi. Después de aumentar desde un 4,11% a un 4,85% entre el 18 y el 20 de marzo, los datos del día 21 mostraban una estabilización de este indicador en el 4,93% y los del 22 incluso una caída, con un 4,63%. El 23, el indicador vuelve a subir hasta el 4,95%. Se mantiene no obstante en niveles cercanos a los observados desde el día 19 de marzo. La cifra es, además, muy inferior al 8,27% de Lombardía y al 11,94% de Madrid.

3. Otro dato a destacar es el nítido incremento desde el día 21 en el número de personas en terapia intensiva en Euskadi que supera ligeramente los niveles de Madrid, en ambos casos por encima de los de Lombardía. El esfuerzo que venía caracterizando a Madrid en este indicador se ve igualado en la actualidad en Euskadi. No obstante, después del aumento observado entre el 20 y el 21 de marzo, desde entonces se mantiene ligeramente a la baja en Euskadi la proporción de personas en terapia intensiva sobre 100 casos notificados. Esta tendencia coincide con el repunte en los casos registrados, lo que sigue induciendo a pensar en una menor gravedad relativa de los nuevos casos.

4. El principal dato positivo del día 23, en cualquier caso, es la caída del incremento diario de casos (317 frente a 377 del día 22, según los datos ajustados del Departamento de Salud). La caída más fuerte es la de Bizkaia (de 210 a 160) pero también se observa en Álava (de 113 a 96).

Se trata de un cambio muy relevante puesto que viene acompañado de dos hechos importantes en Bizkaia y Álava entre el día 22 y 23 de marzo: la caída de las analíticas realizadas por 100.000 habitantes, dinámica que no necesariamente sería positiva en sí misma, pero que sí lo es al comprobar que viene acompañada de un descenso en estos territorios de la proporción de positivos en las analíticas realizadas.

5. Euskadi se mantiene como la cuarta comunidad autónoma con mayor número de fallecimientos por 100.000 habitantes (después de haberse situado como la segunda hasta el día 20 de marzo). Su mayor capacidad relativa de prevención de los fallecimientos le aleja, por una parte, de la Comunidad de Madrid (-6,14 puntos el día 20, -8,13 el 21, -10,83 el 22 y -13,39 el día 23) y se mantiene, por otra, por debajo de las cifras de La Rioja y Castilla-La Mancha (5,50 por 100.000 por 7,00 por 100.000 y 7,11 por 100.000, respectivamente). Castilla-La Mancha se coloca el día 23 como segunda región más afectada en España.

El día 22 Castilla-León superaba por primera vez el umbral de 3 fallecimientos por 100.000 habitantes y supera el nivel de 4 el día 23 (4,24). Cataluña y Navarra superan el día 23 el nivel de 3 por 100.000 (3,22 y 3,68). El indicador es de 2,42 en Aragón, de 1,88 en la Comunidad Valenciana 1,69 en Extremadura.

La epidemia sigue resultando comparativamente más benigna en comunidades isleñas o costeras (Murcia, Illes Balears, Canarias y Andalucía), incluso en la zona norte (Galicia, Asturias y Cantabria).

6. Dentro de Euskadi, Gipuzkoa se mantiene como zona de menor impacto de los fallecimientos, con un 2,09 por 100000. Bizkaia supera por primera vez el umbral de 3 fallecimientos por 100.000 habitantes (3,06, casi un punto por encima de los 2,10 del día anterior). Ambos territorios quedan muy por debajo, en cualquier caso, de la media española del 4,63 por 100.000.

Álava está en la posición contraria, con un impacto de los fallecimientos que sólo es comparable al de las zonas más castigadas en la región de Lombardía. A pesar de la gravedad (21,34 fallecimientos por 100.000 habitantes), y en comparación con las regiones lombardas más afectadas, la dinámica alavesa sigue alejada (en intensidad de crecimiento de los casos notificados) de las regiones más duramente castigadas de Lombardía.

A fecha de 23 de marzo, ninguna de las regiones más afectadas de Lombardía ha alcanzado aún el punto álgido del aumento de casos a partir del que pueda percibirse alguna perspectiva de estabilización previa a la caída. En las provincias de Bérgamo y Cremona se observa no obstante una mejoría relativa.

7. El 23 de marzo un 41,5% de las personas infectadas está hospitalizada. De ellas, un 8,9% está ingresada en unidades de cuidados intensivos, una cifra que cae de forma progresiva desde el 11% del 21 de marzo.

8. Se aporta un nuevo gráfico, relativo a la evolución diaria de la media de fallecimientos en los tres últimos días por 100.000 habitantes en los territorios de Euskadi. Dos hechos destacan en él: por una parte, el impacto limitado de los fallecimientos diarios en Bizkaia y Gipuzkoa; por otra, en el territorio más afectado, Álava, el fuerte repunte de los fallecimientos entre el 19 y 21 de marzo cambia de sentido a partir de esa fecha. Habrá que comprobar si se confirma esta línea favorable los próximos días.

Resumen

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Gráficos de evolución del Covid-19 en Euskadi, España-Madrid y Lombardía. Datos a 23 de marzo

Gráficos de evolución del Covid-19 en Euskadi, España y Lombardía. Datos a 22 de marzo

PRINCIPALES ASPECTOS A RETENER A FECHA DE 22 DE MARZO

1. En el caso vasco, se mantiene la línea de significativo repunte de los casos notificados que se observa desde el pasado día 17 de marzo, con una ligera aceleración del aumento en los últimos días.

A pesar de ello, el impacto relativo de los casos notificados (por 100.0000 habitantes) sigue siendo menor en Euskadi que el que se observa en Madrid (aunque entre el 21 y 22 de marzo se observa en esta última comunidad una ralentización del crecimiento). El impacto de los casos en Euskadi se acerca no obstante el 22 de marzo al que se observaba el pasado día 13 (fecha de comparación operativa) en Lombardía. Se trata del aspecto más llamativo del día en lo relativo a la evolución de los casos.

La dinámica señalada se vincula en parte a una línea de crecimiento estable de los casos en Álava, con incluso un cierto repunte alcista que está ligado a una mayor tasa de casos positivos en las analíticas realizadas en este territorio.

El principal factor de crecimiento de los casos, no obstante, es la extensión de los casos positivos en Gipuzkoa y en Bizkaia a partir del 15 de marzo. Aunque el crecimiento en cifras absolutas es muy llamativo en Bizkaia (que llega prácticamente a las cifras de Álava el 22 de marzo), el impacto del problema en la población total de los dos territorios costeros sigue siendo relativamente bajo, muy inferior desde luego al de Álava.

2. Se mantiene desde el 18 de marzo la línea de repunte de los fallecimientos en Euskadi.  A pesar de esta línea alcista, Euskadi se aleja cada vez más de la dinámica observada en Lombardía y en Madrid, con cifras relativas de fallecimientos más de un 50% inferiores a las de esas zonas (58,2% menos que en Lombardía y 66,7% menos que en Madrid).

La proporción de personas fallecidas por 100.000 habitantes es de 4,43% en Euskadi, claramente por debajo (a fecha comparable) del 8,85% de Lombardía y del 15,27% de Madrid.

Otro dato positivo se vincula a la dinámica de las personas fallecidas por 100 casos notificados. Así, después de aumentar desde un 4,11% a un 4,85% entre el 18 y el 20 de marzo, los datos del día 21 muestran una estabilización de este indicador en el 4,93% y los del 22 incluso una caída, con un 4,63%. Se retoma con ello la línea descendente del 16 al 18 de marzo en este indicador.

3. Otro dato a destacar es el nítido incremento en el número de personas en terapia intensiva en Euskadi que supera ligeramente los niveles de Madrid, en ambos casos por encima de los de Lombardía. El esfuerzo que venía caracterizando a Madrid en este indicador se ve igualado en la actualidad en Euskadi. No obstante, después del aumento observado entre el 20 y el 21 de marzo, en el último día vuelve a situarse ligeramente a la baja la proporción de personas en terapia intensiva sobre 100 casos notificados. Esta tendencia coincide con el repunte en los casos registrados lo que induciría a pensar en una menor gravedad relativa de los nuevos casos.

4. Euskadi se mantiene como la cuarta comunidad autónoma con mayor número de fallecimientos por 100.000 habitantes (después de haberse situado como la segunda hasta el día 20 de marzo. Su mayor capacidad relativa de prevención de los fallecimientos le aleja, por una parte, de Madrid (-6,14 puntos el día 20, -8,13 el 21 y -10,83 el 22) y se mantiene por debajo de las cifras de Castilla-La Mancha y La Rioja (4,45 por 100.000 por 5,49 por 100000 y 5,72 por 100.000, respectivamente).

El día 22 Castilla-León supera por primera vez el umbral de 3 fallecimientos por 100.000 habitantes (3,08). El indicador es de 2,51 en Cataluña y de 2,15 en Navarra. Aragón está en 1,81 por 1000000, en este caso en línea muy estable respecto al 1,66 del día anterior. Extremadura y Comunidad Valenciana también superan el 1 por 100.000 (1,32 y 1,38, respectivamente).

La epidemia sigue resultando comparativamente más benigna en comunidades isleñas o costeras (Murcia, Illes Balears, Canarias y Andalucía), incluso en la zona norte (Galicia, Asturias y Cantabria). En estas últimas, sin embargo, se observa en el último día un mayor repunte de los fallecimientos que en las zonas del sur.

5. Dentro de Euskadi, Gipuzkoa se mantiene como zona de menor impacto de los fallecimientos, con un 1,81 por 100000. Bizkaia supera por primera vez el umbral de 2 fallecimientos por 100.000 habitantes (2,10). Ambos territorios quedan muy por debajo, en cualquier caso, de la media española del 3,65 por 100.000.

Álava está en la posición contraria, con un impacto de los fallecimientos que sólo es comparable al de las zonas más castigadas en la región de Lombardía. A pesar de la gravedad (18,29 fallecimientos por 100.000 habitantes), y en comparación con las regiones lombardas más afectadas, la dinámica alavesa sigue alejándose cada vez (en intensidad de crecimiento de los casos notificados) de las regiones más duramente castigadas de Lombardía.

A fecha de 22 de marzo, ninguna de las regiones más afectadas de Lombardía ha alcanzado aún el punto álgido del aumento de casos a partir del que pueda percibirse alguna perspectiva de estabilización previa a la caída. En las provincias de Bérgamo y Cremona, no sólo no se ha alcanzado el pico sino que los casos siguen repuntando al alza.

Por esa razón, y dentro de la gravedad, el alejamiento relativo de Álava de la evolución de las regiones italianas más afectadas es positivo. Esperemos que se mantenga esa dinámica que contribuiría a llegar antes al punto de inflexión de la curva. Y que la evolución favorable llegue a las zonas lombardas analizadas.

6. En Euskadi, un 94,8% de las personas fallecidas eran mayores de 60 años, un 86,6% mayores de 70 años. Es el verdadero grupo a proteger.

En la población menor de 60 años, sólo han fallecido 5 personas, 3,2 por cada millón. Entre las personas infectadas a esas edades, un 0,49% ha fallecido.

7. El 21 de marzo un 38,7% de las personas infectadas está hospitalizada. De ellas, un 9,7% está ingresada en unidades de cuidados intensivos.

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Gráficos de evolución del Covid-19 en Euskadi, España y Lombardía. Datos a 22 de marzo

Gráficos de evolución del Covid-19 en Euskadi, España y Lombardía. Datos a 21 de marzo

PRINCIPALES ASPECTOS A RETENER A FECHA DE 21 DE MARZO

1. En el caso vasco, se mantiene la línea de significativo repunte de los casos notificados que se observa desde el pasado día 17 de marzo. No obstante, el impacto relativo de los casos notificados (por 100.0000 habitantes) sigue siendo menor en Euskadi al que se observa en Madrid y, en bastante menor medida, Lombardía.

Debe resaltarse que esta dinámica se vincula en parte a línea estable de crecimiento de los casos en Álava, pero sobre todo a una mayor extensión de esos casos en Gipuzkoa y en Bizkaia a partir del 15 de marzo. Sin que, no obstante, esto se traduzca en incidencias altas del problema en estos dos territorios.

2. Se mantiene desde el 18 de marzo la línea de repunte de los fallecimientos en Euskadi.  A pesar de esta línea alcista, Euskadi se aleja cada vez más de la dinámica observada en Lombardía y en Madrid, con cifras relativas de fallecimientos más de un 50% inferiores a las de esas zonas (56,2% menos que en Lombardía y 63% menos que en Madrid).

La proporción de personas fallecidas por 100.000 habitantes es de 3,88% en Euskadi, claramente por debajo (a fecha comparable) del 7,40% de Lombardía y del 12,03% de Madrid.

Otro dato positivo se vincula a la dinámica de las personas fallecidas por 100 casos notificados. Así, después de aumentar desde un 4,11% a un 4,85% entre el 18 y el 20 de marzo, los datos presentados el día 21 muestran una estabilización de este indicador en el 4,93%. Esperemos que este aspecto positivo se pueda consolidar en los próximos días e incluso retomar la línea descendente del 16 al 18 de marzo.

3. Otro dato positivo a destacar es que aumenta claramente el número de personas en terapia intensiva en Euskadi y se alcanzan los niveles de Madrid, superiores en ambos casos a los de Lombardía. El esfuerzo que venía caracterizando a Madrid en este indicador se ve compensado en la actualidad en Euskadi. Por primera vez, remonta al alza la proporción de personas en terapia intensiva sobre 100 casos notificados.

4. Euskadi deja de ser la segunda comunidad autónoma con mayor número de fallecimientos por 100.000 habitantes. Su mayor capacidad relativa de prevención de los fallecimientos le aleja, por una parte, de Madrid (-6,14 puntos el 20 y -8,13 el 21) y, por otra, la sitúa por debajo hoy de las cifras de Castilla-La Mancha y La Rioja (3,9% por 4,12% y 4,77%, respectivamente).

Castilla-León se sitúa en 2,29% y el área de Cataluña-Aragón en 1,60-1,66%. Navarra y Comunidad Valenciana también superan el 1%.

La epidemia sigue resultando comparativamente más benigna en comunidades isleñas o costeras (Murcia, Illes Balears, Canarias y en cierta forma Andalucía), incluso en la zona norte (Galicia, Asturias y Cantabria).

5. Dentro de Euskadi, Gipuzkoa se mantiene como zona de menor impacto de los fallecimientos, pero se acerca a Bizkaia (1,53% y 1,66%, respectivamente). Ambas quedan muy por debajo de la media española del 2,82%.

Álava está en la posición contraria, con un impacto de los fallecimientos que sólo es comparable al de las zonas más castigadas en la región de Lombardía. A pesar de la gravedad, y en comparación con las regiones lombardas más afectadas, la dinámica alavesa se aleja cada vez (en intensidad de crecimiento de los casos notificados) de las regiones más duramente castigadas de Lombardía.

Ninguna de las regiones más afectadas de Lombardía ha alcanzado aún el punto álgido del aumento de casos a partir del que pueda percibirse alguna perspectiva de estabilización previa a la caída. En las provincias de Bérgamo y Cremona, no sólo no se ha alcanzado el pico sino que los casos repuntan notablemente en los últimos días.

Por esa razón, y dentro de la gravedad, el alejamiento relativo de Álava de la evolución de las regiones italianas más afectadas es positivo. Esperemos que se mantenga esa dinámica que contribuiría a llegar antes al punto de inflexión de la curva.

6. En Euskadi, un 94,1% de las personas fallecidas eran mayores de 60 años, un 85,9% mayores de 70 años. Es el grupo a proteger.

En la población menor de 60 años, sólo han fallecido 5 personas, 3,2 por cada millón. Entre las personas infectadas a esas edades, un 0,59% ha fallecido.

Conviene que, al enfrentarse socialmente a la enfermedad, la sociedad no pierda de vista esta realidad.

7. Uno de los grandes problemas de la enfermedad es sus implicaciones en términos de tratamiento. En Euskadi, alrededor de un 38% de las personas infectadas requieren de hospitalización y de ellas, en la actualidad un 11% ingresa en la UCI. De ahí la presión sobre el sistema.

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Gráficos de evolución del Covid-19 en Euskadi, España y Lombardía. Datos a 21 de marzo

Gráficos de evolución del Covid-19 en Euskadi, España y Lombardía. Datos a 20 de marzo

CONTENIDO

Los gráficos que se presentan abarcan los siguientes contenidos

1. Evolución del impacto del COVID-19 en Euskadi y en las principales zonas afectadas en Italia y España (Lombardia y Región de Madrid).

Incluye información sobre:

  • Casos notificados (incluyendo datos por 100.000 habitantes)
  • Fallecimientos (incluyendo datos por casos notificados y por 100.000 habitantes)
  • Personas en terapia intensiva

2. Fallecimientos por 100.000 habitantes por comunidades autónomas.

3. Dinámica de las regiones más afectadas en Euskadi (Álava) y en Lombardía (Bérgamo, Cremona, Lodi y Brescia).

  1. Datos de impacto por edad (para Euskadi por ahora).

SENTIDO DE LA INFORMACIÓN

Facilitar desde una perspectiva estadística, y con la intención fundamental de presentar la evolución de la situación a la población, en especial de Álava (una de las zonas más afectadas) la evolución de la situación.

PRINCIPALES ASPECTOS A RETENER A FECHA DE 19 DE MARZO

1. En el caso vasco, se mantiene el llamativo repunte de los casos notificados desde el pasado día 17 de marzo. No obstante, y  pesar de una desaceleración en el crecimiento de casos en Madrid, el impacto relativo de los casos notificados (por 100.0000 habitantes) sigue siendo menor en Euskadi al que se observa en Madrid y, en bastante menor medida, Lombardía.

2. Se mantiene desde el 18 de marzo la línea de repunte de los fallecimientos en Euskadi.  A pesar de esta línea claramente alcista, Euskadi se aleja cada vez más de la dinámica observada en Lombardía y en Madrid, con cifras relativas de fallecimientos más de un 50% inferiores a las de esas zonas.

La proporción de personas fallecidas por 100.000 habitantes es de 3,24 en Euskadi, claramente por debajo (a fecha comparable) del 6,13% de Lombardía y del 9,39% de Madrid. Madrid y Euskadi comparten sin embargo la línea de claro repunte de los fallecimientos desde el pasado 18 de marzo.

3. En paralelo al empeoramiento observado en la dinámica de fallecimientos, aumenta claramente el número de personas en terapia intensiva en Euskadi pero no lo que representan en términos relativos sobre 100 casos notificados. Sigue destacando en este punto el esfuerzo de Madrid, con una línea ascendente en este último indicador que contrasta con lo observado tanto en Euskadi como en Lombardía.

4. La línea claramente alcista de los fallecimientos de Madrid y Euskadi en los últimos días puede observarse, partiendo de niveles mucho más bajos, en Cataluña, Castilla-León, La Rioja y Castilla-La Mancha. Con un 3,04% fallecimientos por 100.000 habitantes, esta última comunidad autónoma se acerca al nivel de Euskadi.

La epidemia resulta comparativamente benigna en comunidades isleñas o costeras (Murcia, Illes Balears, Canarias y en cierta forma Andalucía), incluso en la zona norte (Galicia, Asturias y Cantabria).

5. Dentro de Euskadi, Gipuzkoa se mantiene en zona de menor impacto y crecimiento menor de los fallecimientos. Álava está en la posición contraria, mientras Bizkaia se sitúa por debajo de la media española pero con un repunte alcista de los fallecimientos que se sitúa cerca de las zonas más afectadas.

A pesar de la gravedad, y en comparación con las regiones lombardas más afectadas,  la dinámica alavesa se aleja cada vez (en intensidad de crecimiento de los casos notificados) de las regiones más duramente castigadas de Lombardía.

Ninguna de las regiones más afectadas de Lombardía ha alcanzado aún el punto álgido del aumento de casos a partir del que pueda percibirse alguna perspectiva de estabilización previa a la caída.

6. En Euskadi, un 94% de las personas fallecidas eran mayores de 60 años, un 83,6% mayores de 70 años. Es el grupo a proteger.

En la población menor de 60 años, sólo han fallecido 4 personas, 2,6 por cada millón. Entre las personas infectadas a esas edades, un 0,55% ha fallecido.

GRÁFICOS

Casos_1

Casos_2

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FUENTES:

Las actualizaciones del Ministerio de Sanidad. Cada día actualizan aquí: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

b) En el caso vasco, las notas de prensa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, accesibles aquí:

http://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/

Así como el nuevo Boletín diario de Osakidetza, accesible aquí.

https://www.euskadi.eus/boletin-de-datos-sobre-la-evolucion-del-coronavirus/web01-a2korona/es/

c) Hasta la creación del mando único, los comunicados de la Consejería de Sanidad de la CA de Madrid.

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-comunicados

El último es del 14 de marzo.

d) La información del Ministerio della Salute en Italia.

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4272

e) La base de datos mantenida por Umberto Rosini en Github.com

https://github.com/pcm-dpc/COVID-19

 

Gráficos de evolución del Covid-19 en Euskadi, España y Lombardía. Datos a 19 de marzo

CONTENIDO

Los gráficos que se presentan abarcan los siguientes contenidos

1. Evolución del impacto del COVID-19 en Euskadi y en las principales zonas afectadas en Italia y España (Lombardia y Región de Madrid).

Incluye información sobre:

  • Casos notificados (incluyendo datos por 100.000 habitantes)
  • Fallecimientos (incluyendo datos por casos notificados y por 100.000 habitantes)
  • Personas en terapia intensiva

2. Fallecimientos por 100.000 habitantes por comunidades autónomas.

3. Dinámica de las regiones más afectadas en Euskadi (Álava) y en Lombardía (Bérgamo, Cremona, Lodi y Brescia).

SENTIDO DE LA INFORMACIÓN

Facilitar desde una perspectiva estadística, y con la intención fundamental de presentar la evolución de la situación a la población, en especial de Álava (una de las zonas más afectadas) la evolución de la situación.

PRINCIPALES ASPECTOS A RETENER A FECHA DE 20 DE MARZO

1. En el caso vasco, llama la atención el repunte de los casos notificados en los dos últimos días. Aunque, el impacto relativo sigue siendo menor al de Madrid y Lombardía, en términos de impacto por 100.000 habitantes, Euskadi se acerca a Lombardía en el último día en su línea de crecimiento del número de casos. Madrid sigue claramente por encima en el impacto de los casos.

2. Respecto a los datos de fallecimiento del 19 de marzo, las cifras suponen un deterioro general. Sin embargo, Euskadi se mantiene en niveles muy inferiores a los de Madrid o Lombardía (alrededor del 50% por debajo de la región italiana en fallecimientos por 100.000 habitantes). La situación de Madrid se perfila como muy complicada.

3. Siguen aumentando en Euskadi las personas en terapia intensiva pero no lo que representan en términos relativos sobre 100 casos notificado. Es una dinámica que resulta difícil de interpretar (positiva si se estuvieran controlando las muertes en la medida en que revelaría una menor gravedad de los casos).

Destaca en este punto el esfuerzo de Madrid, ligado sin duda a la gravedad de la situación en esa ciudad-región.

4. En comparación con Madrid o Euskadi, la situación es menos complicada en otras CCAA, tal y como muestra el gráfico de fallecimientos por 100.habitantes según comunidades autónomas. No obstante, la situación de las CCAA es diferente, con los siguientes aspectos que merecen destacarse:

a) Castilla-La Mancha supera ya claramente la media española. La Rioja en dicha media.

b) Bastante por encima de las demás también cabe situar a Aragón y Castilla-León. En Euskadi, Bizkaia estaría en este grupo.

c) Claramente por debajo pero a seguir: Navarra, Extremadura, Cataluña y Comunidad Valenciana. En Euskadi, Gipuzkoa formaría parte de este grupo, aunque con una tasa de fallecimiento algo mayor.

d) El resto destaca por cifras mucho menos preocupantes.

5. En comparación con las regiones lombardas más afectadas, alguna información sobre Álava en términos de dinámica de los casos notificados (la única información común disponible):

a) Después de situarse en los niveles más elevados a los cuatro días de alcanzar la crisis ya niveles significativos en cada zona (el 25 de febrero en Lodi, el 28 en Cremona, el 3 de marzo en Bérgamo, el 7 de marzo en Brescia y el 9 en Álava), a los 4 días de ese inicio, Álava estaba en los niveles más altos.

b) Al día 8, se situaba junto a Cremona y Bérgamo en la parte más baja de la incidencia en las regiones más afectadas.

c) A fecha de hoy, 11 días después de que el brote alcanzara límites relevantes, Álava es la zona menos afectada. La situación es grave pero, comparativamente, va a mejor que en las zonas más afectadas de Lombardía.

6. El último gráfico, sobre casos notificados a partir de un nivel relevante de impacto, tomado como día 1, muestra que ninguna de las regiones más afectadas de Lombardía ha alcanzado aún el punto álgido del aumento de casos.

GRÁFICOS

Casos_1

Casos_2

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T1_1

T1_2

CCAA_1

REG_1

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FUENTES:

Las actualizaciones del Ministerio de Sanidad. Cada día actualizan aquí: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

b) En el caso vasco, las notas de prensa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, accesibles aquí:

http://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/

El nuevo Boletín diario de Osakidetza. No encuentro la fuente central aunque se puede localizar indirectamente.

c) Hasta la creación del mando único, los comunicados de la Consejería de Sanidad de la CA de Madrid.

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-comunicados

El último es del 14 de marzo.

d) La información del Ministerio della Salute en Italia.

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4272

e) La base de datos mantenida por Umberto Rosini en Github.com

https://github.com/pcm-dpc/COVID-19

 

Desigualdad económica y bloqueo de los procesos de acceso a la emancipación y a la paternidad/maternidad en España

1. Introducción

Algunas investigaciones recientes sobre la relación entre fecundidad y brecha de género en los ingresos laborales han puesto de manifiesto una de las formas relevantes de desigualdad a las que se enfrenta la población femenina en España. Los datos revelan, en este sentido, que el acceso a la maternidad viene asociado a un aumento de la distancia existente entre los ingresos laborales medios de las nuevas madres y los que corresponden a sus parejas masculinas. De esta forma, en la aproximación a esta cuestión en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), se observa en la población de 20 a 44 años no estudiante que el diferencial de los ingresos laborales medios en perjuicio de la población femenina se amplía de -18,9% en parejas sin hijos o hijas a -27,8% en parejas con un hijo o hija.

Este artículo no pretende profundizar en esta cuestión[1] sino en otras formas de desigualdad que resultan relevantes para entender los procesos que en España limitan el acceso a la maternidad (o a la paternidad) y, de forma más general, el mero acceso a una vida plenamente independiente fuera del hogar familiar de origen. Lo llamativo de estos procesos es que tienen mayor impacto relativo entre la población masculina.

Los datos que se presentan en el documento, con el objetivo de analizar la relación entre la desigualdad de origen ante la emancipación y el acceso a la paternidad o la maternidad se obtienen (vía elaboración propia) de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Los datos de ingresos se ajustan previamente al nivel de vida, medido en términos del acceso al mínimo de bienestar que se deriva de la pregunta HS130 de la ECV.

El análisis se centra en la población mayor de 20 años y menor de 45 años durante los años 2016 a 2018. La población entre 20 y 24 años que sigue desarrollando estudios queda sin embargo al margen del análisis.

2. La desigualdad de origen ante la emancipación y a la paternidad o maternidad en España

Se aportan a continuación una serie de datos que avalan la conclusión de que, entre 2016 y 2018, el bloqueo de los procesos de reproducción social y demográfica sigue caracterizando a la población joven en España, un bloqueo que tiene mayores implicaciones entre la población masculina. La base de este bloqueo es económica y refleja la fuerte desigualdad que se observa entre la población adulta joven en España en el acceso a los recursos.

2.1.  El bloqueo de los procesos de reproducción social y demográfica sigue caracterizando a la población joven en España

El principal factor que limita una mínima posición de igualdad de la población joven ante el acceso a la maternidad o la paternidad es previo a la posible decisión sobre la llegada de un nuevo hijo o hija en una pareja constituida. En este sentido, un hecho a considerar de partida es la importancia del bloqueo de los meros procesos de acceso a una vida independiente que aún caracteriza, en España, a la población adulta joven.

Este bloqueo de los procesos de emancipación tiene mayores implicaciones entre la población más joven. Tal y como revela el Gráfico 1.a, apenas un 24,8% de la población de 20 a 29 años no estudiante ha conseguido emanciparse. La proporción llega en cambio al 79,3% en la población de 30 a 44 años.

En la misma línea, al considerar los gráficos 1.b y 1.c se observa que, en el grupo de 20 a 29 años, las personas en pareja y que viven con un hijo o hija en el hogar[2] apenas representan un 9% de la población de referencia, proporción que es apenas del 3% en lo relativo a la presencia de dos o más hijos. En las personas de 30 a 44 años, la proporción de personas emancipadas y en pareja que tienen al menos al menos un hijo o hija en el hogar alcanza un 52,1%, pero no pasa del 29,2% en lo relativo a la presencia de dos o más hijos o hijas.

Gráfico 1.a

Gráfico 1a

Gráfico 1.b

Gráfico 1b

Gráfico 1.c

Gráfico 1c

Los procesos de reproducción social y demográfica se ven por tanto condicionados, en la población de 20 a 44 años no estudiante, por dos hechos fundamentales: por una parte, la mayor parte de la población joven entre 20 y 29 años, un 75,2%, no se emancipa del hogar de origen; por otra parte, la mayor parte de las personas de 30 a 44 años que conviven en pareja, un 70,8%, no tienen un segundo hijo o hija.

2.2.  El bloqueo considerado tiene mayores implicaciones entre la población masculina

El aspecto más relevante, sin embargo, es que el bloqueo de los procesos de reproducción social y demográfica afecta de manera mucho más decidida a la población masculina. Los siguientes hechos lo ponen de manifiesto:

a) Como se observa en el Gráfico 2.a, en la población entre 20 y 44 años analizada, la proporción de mujeres efectivamente emancipadas es 11,3 puntos porcentuales superior a la de los hombres (71,7% frente a 60,4%).

Las diferencias entre hombres y mujeres se constatan a todas las edades, pero son mayores en la población más joven. En las personas de 30 a 44 años, el porcentaje de mujeres emancipadas es 8,6 puntos superior (83,6% frente a 75%). En las de 20 a 29 años, la diferencia es de 15,2 puntos a favor de la población femenina (32,8% frente a 17,6%).

Gráfico 2.a

Gráfico 2a

Gráfico 2.b

Gráfico 2b

b) Las diferencias son mucho más llamativas al considerar, en el gráfico 3.a, el peso que suponen las personas emancipadas que viven en parejas y con al menos un hijo o hija. En este caso, frente a un 51,4% de mujeres en esta situación entre la población de 20 a 44 años, la proporción es de apenas un 34,9% entre los hombres.

Las diferencias resultan llamativas tanto entre los 30 y 44 años (61,6% de las mujeres en esta situación frente a 45,2% de los hombres) como entre las personas de 20 a 29 años (18,2 frente a 4,5%). EL hecho verdaderamente relevante, en cualquier caso, es comprobar que más de la mitad de los hombres, incluso entre los 30 y 44 años, no acceden en España a una vida en pareja y con al menos un hijo o hija[3].

Gráfico 3.a

Gráfico 3a

Gráfico 3.b

Gráfico 3b

c) Como muestra el gráfico 4.a, la vida en pareja y con presencia de dos o más hijos o hijas en el hogar es una realidad siempre minoritaria, pero de nuevo más claramente extendida entre las mujeres entre 20 y 44 años (27,5% frente a 18,8% entre los hombres).

Esta dimensión minoritaria lo es incluso entre los 30 y 44 años (34,3% entre las mujeres frente a 24,8% en la población masculina), con unos niveles residuales entre personas entre 20 y 29 años no estudiantes, en especial entre los hombres (0,9% de hombres en pareja y conviviendo con dos o más hijos/as por 5,7% entre las mujeres).

Gráfico 4.a

Gráfico 4a

Gráfico 4.b

Gráfico 4b

2.3.  La base del bloqueo reproductivo es económica y refleja la fuerte desigualdad interna entre la población joven

Los datos disponibles ponen de manifiesto la base económica de los hechos diferenciales señalados. Pero no son sólo indicativos de una desigualdad entre la población adulta joven en España y el resto de la población. También es relevante el nivel de desigualdad que afecta internamente a la propia población entre 20 y 44 años no estudiante. Los datos más importantes a este respecto son los siguientes:

a) Cuanto menor es el ingreso mensual medio de las personas jóvenes analizadas, menor es el acceso a la emancipación y a la vida en pareja con al menos un hijo o hija presente en el hogar.

Como muestra el gráfico 1.a, en lo relativo a la emancipación, apenas un 51,1% de las personas de 20 a 44 años no estudiantes que ingresaron en el periodo analizado (2016-2018) menos de una media mensual de 700€ han accedido a la vida independiente al margen del hogar de origen, con cifras del 66,6% en caso de ingresos entre 700 y 1.099€, del 73,8% en caso de ingresos de 1.100 a 1.499€ y un máximo del 86,8% si se superan los 1.500€.

Otro hecho a destacar, a partir del gráfico 2.b, es que el diferencial entre hombres y mujeres no hace sino aumentar, en perjuicio de la población masculina, conforme se reducen los ingresos disponibles: -41,3% de diferencia en la proporción de personas efectivamente emancipadas en caso de menos de 700 euros; -21,1% entre 700 y 1.099€ y -12,8% entre 1.099 y 1.500€. Sólo hay equilibrio entre hombres y mujeres en presencia de ingresos superiores a los 1.500 euros (-1,6% de diferencia en la proporción de personas efectivamente emancipadas respecto a la población femenina).

La falta de recursos económicos limita de forma muy notable, por tanto, el proceso de emancipación de los hombres adultos jóvenes.

b) Las mismas tendencias se observan al considerar, en el gráfico 1.b, la presencia de un hijo o hija en el hogar de parejas emancipadas. De nuevo, sólo se observa cierto equilibrio en presencia de ingresos comparativamente elevados. De esta forma, apenas un 34,7% de las personas de 20 a 44 años no estudiantes que ingresaron menos de una media mensual de 700€ viven con la pareja y al menos un hijo/a, con cifras del 39,5% en caso de ingresos entre 700 y 1.099€, del 44,7% en caso de ingresos de 1.100 a 1.499€ y un máximo del 53,4% si se superan los 1.500€.

Lo más llamativo de nuevo (ver gráfico 3.b) es que el diferencial entre hombres y mujeres no hace sino aumentar, en perjuicio de la población masculina, conforme desciende el nivel de ingresos. Así, se sitúa en -62,3% de diferencia en la proporción de personas efectivamente emancipadas en caso de menos de 700 euros; en -36,7% entre 700 y 1.099€ y en -20% entre 1.099 y 1.500€). Sólo hay equilibrio entre hombres y mujeres en presencia de ingresos superiores a los 1.500 euros (-4% de diferencia en la proporción de personas efectivamente emancipadas).

La desigualdad interna a la población adulta joven resulta por tanto decisiva en el bloqueo de los procesos de emancipación, en especial entre los hombres. Y la desigualdad, como muestra el gráfico 5, es un factor determinante en este colectivo. Así, la media de ingresos de la población de adultos jóvenes con una media de ingresos mensual en el último año superior a los 1.100 euros es 4 veces superior a la de los que dispusieron de menos de este nivel de ingresos (1.823,23 euros de media mensual frente a 455,01 euros). Las diferencias se observan además en todos los grupos por sexo y edad.

Gráfico 5

Gráfico 5

Las implicaciones de estas diferencias resultan decisivas. En este sentido, como muestra el gráfico 6, se constata que el 39,7% de personas entre 20 y 44 años que disponen de ingresos iguales o superiores a los 1.100 euros acumulan un 72,5% de los ingresos totales (66,6% por apenas un 36% de la población joven analizada si se considera en exclusiva a las personas de 30 a 44 años). En esta dimensión, como revela el gráfico 5, la posición comparada de la población masculina resulta más favorable, con ingresos en general algo mayores que los de la mujer, en especial entre los 30 y 44 años para los grupos con mayores ingresos (1.897,51 frente a 1.781,43).

La contrapartida es ese 60,3% de población entre 20 y 44 años que sólo controla un 27,5% de los ingresos totales. En este caso, el desfase es algo mayor entre los grupos más jóvenes, pero con pocas diferencias por sexo. No obstante, la proporción de mujeres vuelve a ser superior (33,4% de mujeres por 26,9% de hombres que acceden, respectivamente, a un 14,7% y un 12,8% de los ingresos totales).

Gráfico 6

Gráfico 6

En cualquier caso, ni siquiera entre los hombres de 30 a 44 años resultan dominantes los salarios de cierto nivel. Como muestra el gráfico 7, la proporción de hombres en este grupo de edad y con ingresos superiores a los 1.100 euros mensuales de media sólo llega al 56,3%, un porcentaje que es mucho menor, del 38,9%, entre las mujeres. Las proporciones son inferiores al 20% en las personas de 20 a 29 años no estudiantes (18,4% entre los hombres y 12,2% entre las mujeres).

En conjunto, sólo un 39,7% de la población de 20 a 44 años dispuso de ingresos iguales o superiores a los 1.100 euros mensuales medios durante el último año a lo largo del periodo 2016-2018.

Gráfico 7

Gráfico 7

El conjunto de factores detallados es el que explica el impacto de la desigualdad y la precariedad económica en el bloqueo de los procesos reproductivos, con particular incidencia en los hombres adultos jóvenes con menores recursos disponibles.

NOTAS

[1]   Su análisis requeriría tener sin embargo en cuenta las distintas tendencias en la dinámica de la masa salarial. Así, frente al 71% de la misma asociada a parejas sin hijos/as en mujeres de 20 a 29 años, la proporción cae al 45,6% entre los 30 y 34 años, al 21,1% entre los 35 a 39 años y al 18,1% entre los 40 y 44 años. En los casos en los que las mujeres han tenido algún hijo o hija con quienes conviven, por tanto, la caída de ingresos medios en la población femenina que accede a la maternidad se vincula al progresivo aumento de la parte de la masa salarial total que corresponde a esta población conforme aumenta la edad.

[2]   Se utiliza este indicador como aproximación proxy al impacto del número de hijos/as en la población tanto femenina como masculina.

[3]   Habría que comprobar, no obstante, el efecto de divorcios y separaciones en este resultado. La distancia respecto a la población femenina resulta, en cualquier caso, inequívoca.

Comentario a la intervención de José Luis Escrivá sobre el Ingreso Mínimo Vital. Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso. 27 de febrero de 2020.

El pasado día 27 de febrero, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, compareció ante la Comisión competente del Congreso para exponer las principales líneas de actuación política de su ministerio. Este breve y esquemático comentario se centra en la parte de su intervención relativa a la política de garantía de ingresos e Ingreso Mínimo Vital (IMV).

1. Principales aspectos de la intervención

Los principales aspectos que conviene retener de la intervención de Escrivá son los siguientes:

a) En la visión del ministro, su ministerio va a diseñar con el IMV “una política general, probablemente la más importante del Gobierno de España durante esta legislatura”.

Escrivá destaca esta importancia tanto desde la perspectiva del gasto como de la orientación del IMV al objetivo de inclusión.

b) En tanto que competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV se desarrollará como prestación de seguridad social a través de una norma legal específica.

En su intervención, Escrivá sugiere sin embargo que la dimensión de la actuación podría ir más allá de una mera prestación y afectar a otros ámbitos de la acción política, en especial en el campo de la fiscalidad y de la política de subsidios (se sobreentiende que de desempleo). Estas herramientas de actuación se orientarían al fin de inclusión que se atribuye al IMV.

c) El despliegue del IMV será gradual y se realizará a lo largo de los tres últimos ejercicios presupuestarios de la legislatura, lo que contribuirá a evaluar la introducción progresiva de la medida. Como estaba previsto, la primera medida a implantar será la mejora de las prestaciones por hijo o hija a cargo.

d) Escrivá considera que el marco de estabilidad fiscal permitirá al ministerio disponer de una dotación suficiente para el IMV. Esta suficiencia sería sin embargo compatible con una aportación presupuestaria relativamente limitada. Así, su impresión “es que, con menos dotación de la que se supone, se consiguen, si el diseño [del IMV] es verdaderamente fino y preciso, resultados mayores”.

Este planteamiento es coherente con la visión contenida en el informe de la AIREF sobre la prestación de ingresos mínimos presentada por UGT y CCOO. Las propuestas alternativas que plantea el organismo evaluador se caracterizan así por un diseño de prestación de coste menor pero [teóricamente] mayor  potencial redistributivo.

El planteamiento también es coherente con la visión crítica de Escrivá sobre las políticas públicas en España, según él definidas en general hasta ahora por su mediocridad. El ministro parece seguro de que las técnicas modernas permitirán superar esta herencia de mediocridad que detecta, en general, en las políticas públicas desarrolladas hasta hoy.

2. Principales incógnitas después de la intervención

Además del propio contenido final del IMV, en mi opinión, dos son las principales incógnitas que quedan tras escuchar la intervención de José Luis Escrivá. La primera se relaciona con el contenido del concepto de inclusión que utiliza el nuevo ministro; la segunda, con su visión sobre el papel de las comunidades autónomas en la política de garantía de ingresos.

2.1. Inclusión e itinerarios de integración.

La mayor incógnita que deja el análisis de la intervención del ministro Escrivá es la vinculación del IMV con el concepto general de inclusión y, de forma más específica, con  lo que de forma continuada refiere como itinerarios.

Para Escrivá, el IMV es un proyecto de intervención focalizada en el colectivo más vulnerable. Se trataría de un colectivo que, por razones administrativas (pesadez o “farragosidad” administrativa, en sus términos) o por la inadecuada consideración de sus peculiaridades, no llegaría a ser cubierto por muchos de los instrumentos actualmente existentes en España (en particular por las rentas mínimas autonómicas, al menos por muchas de ellas). Lo que hace que la eficacia de estas acciones en España se reduzca sustancialmente.

En este contexto, el IMV se presenta como un instrumento que debe responder de forma clara a la estrategia de inclusión de esta población vulnerable. Lo que requerirá flexibilidad, dada la heterogeneidad de la población que se ha quedado atrás en el camino de acceso al bienestar.

Y dado que hay necesidades distintas de inclusión entre los colectivos vulnerables, serán necesarios -según Escrivá- distintos itinerarios de acogida e integración cuyo contenido debe quedar concretado en las normas que establezcan el IMV. No se trataría sólo, en este sentido, de una política asistencial de rentas sino de transiciones más amplias hacia “un estado personal más pleno y satisfactorio” (con acciones relativas al mercado de trabajo, a la educación, a la vivienda o la lucha contra las dependencias personales, etc.). Esas transiciones se concretarían en distintas herramientas orientadas a hacer posibles los itinerarios de inclusión e integración que resulten necesarios.

Éste es el papel complejo y multidimensional que atribuye Escrivá a un IMV destinado a “[A]compañar ese concepto de inclusión para la integración”. Y es en este contexto en el que el ministro señala elementos cómo los siguientes:

“Los problemas que hay de marginalidad, de inclusión, tienen que ver con dimensiones adicionales a las del mercado de trabajo y ésa es la parte en la cual hay que reflexionar”. “Cuando uno mira los colectivos que deberían ser integrados, un 25-30% no son integrables en el mercado de trabajo”. “Son personas que a lo mejor tienen un problema de dependencia, de drogadicción, o psicológico, y antes que nada hay que llevarlas a itinerarios distintos para que puedan acceder a una situación mejor. O a lo mejor hay que integrarlas mejor en el sistema educativo o hay que buscarles una solución educacional. Depende”.

Por ahora resulta difícil precisar qué significa una propuesta que, de tener que ser caracterizada de alguna manera, debería serlo (a la vista de lo señalado) por la pretensión de vincular de nuevo muy estrechamente garantía de ingresos a políticas de inclusión/integración.

2. El papel de las CCAA

En su diagnóstico de situación, Escrivá parece asumir la visión dominante de que la falta de eficacia en la lucha contra la pobreza en España se relaciona con las políticas de rentas mínimas de las comunidades autónomas, incapaces de garantizar una suficiente cohesión territorial. Lo señala de la siguiente forma al fundamentar la necesidad del IMV:

“aquí además tenemos un problema, y es que cuando hablamos del IMV tenemos 17 instrumentos a nivel de comunidades autónomas que se han ido desplegando durante los años y que son muy heterogéneas [piensa en las rentas mínimas]”. “Y que es la última red de protección social que existe en los países”. “Pero al final, cuando uno lo mira desde arriba, se da cuenta de que a nivel territorial, debido a la heterogeneidad en el diseño y en las situaciones de estos programas, pues … y esto lo ha puesto de manifiesto la Comisión Europea y el Consejo Europeo a España … tenemos una fotografía que cuando lo miramos a nivel nacional no precisamente genera esos niveles de cohesión territorial suficientes”.

El ministro considera sin embargo que IMV y rentas mínimas autonómicas deben estar “anidadas”. Así, señala que este IMV “[T]iene que coordinarse con los distintos niveles de la Administración. Hemos visto que hay prestaciones con las que hay que interaccionar, que tienen que estar anidadas“.

La fórmula de anidación parece algo indefinida, sin embargo, en la visión del responsable del proyectado IMV. Lo que señala al respecto, sin grandes compromisos ni concreciones, es lo siguiente.

El IMV “[N]o tiene que ser una prestación más. Tiene que ser un mínimo nacional sobre el que se puedan construir otras prestaciones ya existentes”. “Lo lógico es que después cada comunidad autónoma … habrá que coordinarse con ellos … pero como yo lo visualizo realmente es un mínimo nacional de inclusión y de mínimo vital para determinados colectivos y después de eso, cada comunidad autónoma … por encima de eso, según sus decisiones, digamos, sus preferencias de gasto y normativas, sobre eso anidadamente, añadirá los complementos que le parezca, y eso puede decidir mantener o no …”.

“Lo lógico es que, en la medida en que haya solapamientos  … una vez que nosotros tengamos nuestra prestación en marcha, cada comunidad autónoma debería, para evitar solapamientos, plantearse cómo quieren ellos complementar por encima lo que hemos hecho nosotros, en términos de colectivos o personas beneficiadas por la norma, itinerarios de integración asociados a la norma e incluso dotación concreta. Hay distintas formas en que, a partir de un nivel mínimo, uno puede ir escalando en determinadas direcciones. Y eso es lo que tiene sentido. Y supongo que nos pondremos de acuerdo sobre eso”.

Nadie va, entiendo, a rechazar que se establezca una base mínima nacional y después cada comunidad autónoma verá con su norma cómo encaja y eleva esa prestación en el ámbito de sus competencias y sus decisiones”.

En cualquier caso, no parece que la experiencia autonómica vaya a ser muy relevante de cara al diseño de los nuevos programas: “Lo que hay hasta ahora, de nadie es una referencia que nos pueda servir para arrancar”, dice Escrivá antes de terminar su intervención recordando de nuevo la mediocridad de las políticas públicas en España. Y así concluye con estas palabras: “Somos el país que somos”.

(Continuará).

Factores a considerar en el análisis de la caída de la fecundidad en España entre 2016 y 2018. Luis Sanzo

  1. Introducción

Este documento analiza algunos aspectos principales a tener en cuenta en el análisis de la caída de la fecundidad en España en el periodo 2016-2018. El enfoque se centra principalmente en aquellos factores de base esencialmente económica que están teniendo relevancia en este proceso.

Los datos que se presentan muestran la influencia de factores de importante trasfondo económico en la caída de la fecundidad en España a partir de 2016. Los más relevantes se vinculan, por una parte, a un nuevo retraso en los procesos de emancipación de las generaciones de mujeres españolas jóvenes; por otra, a las mayores dificultades a las que se enfrentan las mujeres emancipadas que pertenecen a hogares que carecen de recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades mínimas para llegar a fin de mes. En especial en algunas comunidades autónomas, la línea de caída de los indicadores de fecundidad que se extiende a los hogares con recursos económicos suficientes se relaciona igualmente con aspectos que revelan cierto deterioro económico asociado. En este último caso no obstante, las razones de la caída de la fecundidad no son fáciles de interpretar en estos momentos, ni en un sentido socio-económico ni en un sentido de cambio cultural.

1. La sorprendente caída de la fecundidad en España en el periodo 2016-2018

En lo relativo a la dinámica de la fecundidad en España, el periodo 2016-2018 se caracteriza por unos cambios que resultan sin duda extraordinarios.

Este carácter extraordinario se resume en tres hechos fundamentales que pueden destacarse en el análisis de los datos contenidos en el gráfico 1. Por una parte, a lo largo del periodo de expansión económica que va desde mediados de los años 90 hasta 2008, así como durante la posterior recuperación de la economía a partir de 2013, nunca se había observado en España una caída bienal del Indicador Coyuntural de Fecundidad (ICF) durante la fase alcista del ciclo económico. Entre 2016 y 2018, sin embargo, el número de hijos o hijas por mujer se reduce de forma sustancial y pasa de 1,34 en 2016 a 1,26 en 2018.

Por otra parte, la caída del periodo 2016-2018 se produce durante los años de mayor consolidación del proceso de relanzamiento económico posterior a 2013-2014, en completo contraste con lo observado en el periodo 2005-2008, con un aumento del ICF de 1,33 a 1,44 en aquel trienio.

Finalmente, desde 1996, la caída de prácticamente 0,8 puntos en el indicador que se da entre 2016 y 2018 (de 1,34 a 1,26) no tiene antecedentes salvo en el periodo 2011-2013, con una caída del número de hijos e hijas por mujer de 1,34 a 1,27. A diferencia del periodo más reciente, caracterizado por el crecimiento económico, el situado entre los años 2011 a 2013 se vinculó sin embargo a la segunda fase de la crisis posterior a 2008. De esta forma, la misma reducción brusca de la fecundidad que caracterizó a la fase máxima de recesión económica posterior a la crisis financiera se observa en el periodo de máxima recuperación de la economía española tras esa crisis. Los datos disponibles indican además que, lejos de mejorar en 2019, la línea depresiva en los procesos de fecundidad y natalidad parece tender a consolidarse.

Gráfico 1

Gráfico 1

Fuente: Indicadores de fecundidad. INE.

2. Algunos hechos relevantes para interpretar los cambios actuales en la fecundidad

Para cualquier persona interesada en la evolución social de España es inevitable preguntarse, más allá de los discursos dominantes, sobre las causas de este cambio demográfico a priori difícilmente inexplicable. Como ya he señalado, al tratar de buscar explicaciones, mi interés se centra esencialmente en las que se relacionan con las carencias económicas que históricamente han afectado a las generaciones de adultos jóvenes en España. Y de hecho, como podrá comprobarse, existen factores estructurales, asociados habitualmente a formas de precariedad económica, que contribuyen a explicar la caída de la fecundidad en España desde 2016. La influencia de estos factores se analiza a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (ECV), la única fuente que permite un cierto análisis combinado de los indicadores de precariedad económica y de reproducción demográfica.

En la dirección señalada, y aunque sin poder en estos momentos dar respuestas definitivas, pueden señalarse al menos algunos hechos relevantes de cara a una posible interpretación de las tendencias actuales en materia de fecundidad.

2.1.  La caída de la fecundidad entre 2016 y 2018 afecta fundamentalmente a las mujeres nacionales

En los dos últimos años, el ICF se reduce en España de un valor de 1,341 hijos por mujer en 2016 a 1,264 en 2018.

La reducción de -0,077 puntos que se observa en el indicador dista mucho de distribuirse de forma equilibrada entre la población femenina en función de la edad y la nacionalidad. En este sentido, el gráfico 2.a muestra que, en la población extranjera, los valores del ICF se ven orientados al alza en las mujeres mayores de 30 años, con una tendencia a la estabilización en los grupos de menor edad. En el colectivo de 25 a 29 años de origen extranjero, esta línea de estabilidad muestra apenas una leve dinámica descendente.

Gráfico 2.a

Gráfico 2a

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores de fecundidad. INE.

Es por tanto en la población nacional donde se detecta la línea de caída de la fecundidad en el periodo analizado. Limitando el análisis a los grupos de edad y nacionalidad donde se observan caídas en las tasas parciales de fecundidad entre 2016 y 2018, se comprueba en el gráfico 2.b que únicamente un 2,6% de la caída en la aportación al ICF es atribuible a la población extranjera entre 25 y 29 años. El resto se asocia a mujeres con nacionalidad española.

El núcleo central de la caída se vincula, dentro de la población nacional, a los grupos de edad en los que mayores tienden a resultar las tasas de fecundidad. Así, un 57% de la caída analizada corresponde a las mujeres entre 30 y 39 años. Dentro de este bloque, la mayor caída corresponde a las mujeres entre 30 y 34 años (39,8% frente al 17,2% atribuible al grupo de 35 a 39 años).

El 40,4% de la caída en el ICF se vincula a la reducción de las tasas de fecundidad entre las mujeres menores de 30 años, de nuevo con un peso mayor en el grupo de edad con mayores tasas de fecundidad. Así, un 26% de la caída es atribuible a las mujeres entre 25 y 29 años por un 14,4% a las menores de 25 años.

Gráfico 2.b

Gráfico 2b

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores de fecundidad. INE.

Los datos muestran que, en lo fundamental, la caída de la fecundidad en España es, al menos por ahora, un problema que afecta esencialmente a mujeres de nacionalidad española entre 20 y 39 años. De esta forma, el análisis que se desarrolla en el resto del apartado 2 se centra de forma exclusiva en este colectivo de población nacional.

2.2. La reducción de las tasas de emancipación caracteriza a las mujeres entre 20 y 34 años, con implicaciones evidentes sobre la fecundidad

2.2.1. La caída de las tasas de emancipación

Analizando los factores subyacentes a la caída de la fecundidad entre las mujeres españolas de 20 a 39 años, un primer dato a destacar es que entre 2016 y 2018 no sólo se mantiene el modelo español de acceso muy retardado a la emancipación sino que éste se intensifica. Se trata de un factor condicionante esencial del acceso a las formas de vida independiente a las que se asocian, de forma dominante, los procesos de reproducción de la población

Analizando los datos, los gráficos 3.a a 3.c muestran que, a pesar de la recuperación económica, entre 2016 y 2018 se reducen las tasas de emancipación en los distintos grupos de población femenina entre 20 y 39 años.

Gráfico 3.a

Gráfico 3.a

Gráfico 3.b

Gráfico 3.b

Gráfico 3.c

Gráfico 3.c

Gráfico 3.d

Gráfico 3.d

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

En el caso de las mujeres entre 20 y 24 años, la proporción de mujeres emancipadas de 2017 y 2018 (5,7 y 5,1%) se reduce de forma continuada desde el 7,6% de 2015 y el 6,6% de 2016. El porcentaje de 2018 es el más bajo desde 2008 y se aleja de las cifras del 8,4 al 9,2% del periodo 2009-2012.

En las mujeres de 25 a 29 años, las cifras entre el 33,0 y 33,9% de 2017 y 2018 quedan por debajo del 35,9% de 2016. Sólo superan el 30,3% de 2011 y el 31,9% de 2015 y quedan claramente por debajo de las cifras de 39,7 a 40,5% del periodo 2008-2010.

Sólo a partir de los 30 años el proceso de emancipación se hace mayoritario. Sin embargo, la línea de caída de la emancipación se extiende igualmente a este grupo de mujeres. En el grupo de 30 a 34 años, la tendencia descendente de los procesos de emancipación se mantiene desde 2014, año en el que la proporción de mujeres emancipadas llegaba al 75,2%. Tras remontar del 72,7 al 73,8% entre 2015 y 2016, la línea descendente se intensifica en 2017 y 2018, con cifras del 72,4% y del 69,9%.

En este grupo de mujeres, el porcentaje de población emancipada de 2018 es el más bajo desde 2008, por debajo tanto del 72,7% de 2007 como de las cifras de 72,3 a 74,2% del periodo de crisis. En realidad, 2018 es el único año en el que la proporción de mujeres emancipadas cae por debajo del 70%.

La tasa de emancipación se mantiene en niveles altos y relativamente estables únicamente entre las mujeres entre 35 y 39 años. Pero incluso en este grupo de mujeres, la proporción de mujeres emancipadas de 2018 se sitúa en niveles comparativamente bajos: 85,5%, por debajo de los niveles cercanos al 87% de 2014, 2015 y 2017.

El gráfico 4 resume la dinámica de las tasas de emancipación para el conjunto de la población femenina en las edades más afectadas por la caída de los procesos de acceso a una vida independiente, entre los 20 y 34 años. Se confirma no sólo la caída continuada de las tasas desde el 41,7% de 2016 al 39,3% de 2017 y el 38,6% de 2018. Más relevante aún es comprobar que los registros de 2017 y 2018 son los más bajos desde 2008. En realidad, tras aumentar de 43,2% en 2008 a 46,3% en 2010, se observa una tendencia globalmente descendente a partir de entonces que desemboca en los mínimos actuales. La recuperación económica en España a partir de 2013-2104 no ha servido, por tanto, más bien al contrario, para facilitar la emancipación de la población femenina de nacionalidad española entre 20 y 34 años.

Gráfico 4

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

Se trata de una conclusión extremadamente preocupantes que muestra una situación peor de esta población, en términos de acceso a una vida independiente, respecto tanto a 2008 como a la situación existente durante el periodo de crisis.

2.2.2. La caída paralela de la proporción de mujeres con al menos un hijo o hija

La dinámica de los procesos de emancipación condiciona los procesos efectivos de reproducción de la población. De ahí el paralelismo existente con la evolución de la proporción de mujeres con al menos un hijo o hija en el hogar. En el caso de la población femenina entre 20 y 34 años, 2018 marca de nuevo la proporción más baja desde 2008, con apenas un 18% de mujeres con uno o más hijos o hijas en el hogar. Aunque de impacto limitado, esta cifra supone una caída significativa. De hecho, la proporción considerada se mantiene en niveles entre el 19,8 y el 20,9% durante prácticamente todo el periodo 2008-2017, con las únicas excepciones del 18,9% de 2015 y del mínimo ya mencionado para 2018.

El análisis de los datos por grupos de edad, en los gráficos 3.a y 3.b, muestra sin embargo una caída más intensa y prolongada a partir de 2016 en el caso de las mujeres más jóvenes.

En el grupo de 20 a 24 años, una proporción prácticamente marginal de la población femenina tiene hijos o hijas en el hogar, una proporción que no hace sino caer además a partir de 2016. Así, frente a las cifras de 2,9 a 3,3% de mujeres de esa edad con hijos o hijas en el hogar entre 2014 y 2016, la proporción cae al 2,4% en 2017 y al 1,6% en 2018, la proporción más baja desde el 2,2% de 2008 y el 2,3% de 2013. Si se exceptúa la ligera recuperación del periodo 2013-2015, se observa en realidad una línea tendencialmente descendente desde el 4,2% de 2011 hasta el 1,6% de 2018.

Aunque de forma menos intensa, la misma tendencia se repite entre las mujeres de 25 a 29 años. En este caso, la proporción de mujeres con al menos un hijo o hija en el hogar cae del 13,5% de 2016 al 12,8% de 2017 y el 12,3% de 2018. La línea tendencialmente descendente se observa ya, sin embargo, desde el 14,4% de 2013.

El gráfico 3.c muestra en cambio, entre las mujeres de 30 a 34 años, un repunte alcista hasta 2017 en la proporción de mujeres con al menos un hijo o hija en el hogar, desde un mínimo del 35,9% en 2015 a un máximo del 41,9% en 2017. El 35,9% de 2018 supone sin embargo una brusca caída respecto a 2017 que devuelve al colectivo a los niveles mínimos de 2015. La caída resulta significativa para entender la lógica de la caída de la fecundidad en España durante este periodo.

En ninguno de los grupos menores de 35 años se observa una mayoría de mujeres con al menos un hijo o hija en el hogar. Esta mayoría sólo puede encontrarse en el grupo de mujeres entre 35 y 39 años, con un 60,9% en 2018. Se trata sin embargo de una de las cifras más bajas desde 2008. De hecho, partiendo de niveles de 62,8-63,6% en 2008-2009, la proporción de mujeres de estas edades con al menos un hijo o hijo en el hogar aumenta hasta el 66,2% en 2011. Tras una caída prolongada durante la crisis, hasta el 61,2% de 2014, entre 2015 y 2018 la proporción se estabiliza en niveles algo incluso ligeramente más bajos, entre el 60,8% y el 61%.

En conjunto, como muestra el gráfico 5, en el conjunto de la población española entre 20 y 39 años, después de situarse entre el 32,9 y el 34% entre 2008 y 2017, la proporción de mujeres con al menos un hijo o hija en el hogar se reduce bruscamente al 31,9% en 2018.

Gráfico 5

Gráfico 5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

2.3.  El número medio de hijos/as por mujer tiende a la baja entre las mujeres emancipadas

De forma más sorprendente, entre 2016 y 2018 el número medio de hijos o hijas en el hogar también cae de forma significativa entre las mujeres de 20 a 39 años que se encuentran efectivamente emancipadas, tanto entre las pertenecientes a hogares con recursos insuficientes como en las que residen en hogares con ingresos suficientes. En este sentido, los gráficos 6.a y 6.d, revelan los siguientes aspectos:

a) En hogares en situación de riesgo económico, tras caer de una media de 1,01 hijos o hijas por mujer en 2009 (por encima de los 0,97 de 2008) a 0,95 en 2013, el indicador remonta hasta un máximo de 1,03 en 2016. El número medio de hijos/as se estabiliza entonces en 2017 para caer con posterioridad a 1,00 en 2018.

En este colectivo, la línea descendente del periodo 2017-2018 se observa a todas las edades pero de manera mucho más destacada entre las personas de 35 a 39 años (de 1,27 a 1,20).

b) En hogares sin riesgo económico, el número medio de hijos o hijas por mujer cae de 0,97 en 2008 a 0,85 en 2010. El indicador remonta a 0,92 en 2011, nivel en el que se mantiene estable hasta 2014. Después de retroceder de nuevo hasta 0,89-0,90 en 2015 y 2016, el número de hijos o hijas por mujer aumenta a 0,96 en 2017. Como en las mujeres en hogares sin riesgo, el indicador cae sin embargo a 0,94 en 2018. La caída es particularmente fuerte entre los 30 y 34 años.

Los datos muestran por tanto, entre 2016 y 2018, una dinámica muy similar entre las mujeres emancipadas en función del nivel de riesgo económico del hogar. La línea de caída se limita en ambos casos, además, al periodo 2017-2018. Como muestra el gráfico 7, esta dinámica se produce en un contexto en el que, como resulta lógico en un periodo de recuperación, aumenta la proporción de mujeres emancipadas que residen en hogares con recursos suficientes. En el caso de las mujeres de 20 a 39 años emancipadas y que viven en pareja, esta proporción era de apenas un 49,6% en 2008 pero aumentaba hasta el 60% en 2010, año a partir del cual se reducía de forma moderada hasta niveles de 57,7-58,1% en 2012 y 2013. Tras la fuerte caída registrada hasta el 54% de 2014, la proporción se recupera de forma progresiva hasta alcanzar un máximo del 60,3% en 2017, una proporción que se mantiene en 2019. Esta circunstancia no hace sino resaltar la dimensión sorprendente de la caída de los indicadores ligados a la fecundidad entre las mujeres emancipadas en los años 2017 y 2018.

Gráfico 6.a

Gráfico 6

Gráfico 6.b

Gráfico 6.b

Gráfico 6.c

Gráfico 6.c

Gráfico 6.d

Gráfico 6.d

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

Gráfico 7

Gráfico 7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

El gráfico 8 muestra, para las mujeres de 20 a 39 años emancipadas y en parejas sin hijos o hijas residentes en hogares sin riesgo económico, el margen económico existente entre los ingresos disponibles y el mínimo considerado necesario para llegar a fin de mes. Los datos revelan que, tras la mejora del margen económico del periodo 2014-2016, el periodo 2016-2018 se caracteriza por una reducción del mencionado margen. Así, el superávit entre los ingresos y el mínimo necesario señalado en cada hogar se reduce del 42,1% de 2016 al 38,9% de 2018. Aunque muy elevado y por encima del 37,3% de 2008, se trata del mínimo desde 2013.

En este colectivo, el deterioro observado entre 2017 y 2018 no viene acompañado, sin embargo, de graves problemas sociales asociados, salvo en lo relativo a un aumento del 8,1% al 11,6% en las personas en hogares con problemas para hacer frente a sus préstamos. También aumenta, del 17,5 al 19,2%, en ese periodo el impacto de las problemáticas asociadas a la falta de acceso consolidado en el último año a un empleo adecuado (con presencia en algún momento del último año de una situación de desempleo o de búsqueda de empleo). A priori, no parecen cambios suficientes para explicar una caída tan significativa de la fecundidad en mujeres en hogares sin riesgo económico.

Gráfico 8

Gráfico 8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

Las tendencias negativas también se observan, en cualquier caso, entre las mujeres emancipadas en situación de riesgo económico en el hogar. En este caso, tras una llamativa disminución del déficit de ingresos entre 2016 y 2017 en el caso de parejas sin hijos o hijas (de -39,0% a -30,2%), el periodo 2017-2018 vuelve a reflejar una línea de deterioro, con un -36,6% en 2018. La línea de deterioro es más aún clara en el caso de parejas con un hijo o hija. En este caso, el déficit de 2017 y 2018 vuelve a situarse cerca o por encima de -40% (-40,2% y -39,7%), cerca de cuatro puntos por debajo del -35,9% de 2016.

En estos grupos de mujeres en hogares en riesgo económico, el deterioro de las condiciones de vida resulta por tanto relevante en el bienio 2016-2018.

Gráfico 9

Gráfico 9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

2.4.  Las distintas tendencias por Comunidades Autónomas

Parte de la explicación a las tendencias observadas en el apartado 2.3. se relaciona con diferencias claras en la dinámica de las distintas comunidades autónomas. En este sentido, y como puede observarse en el gráfico 10, la línea de caída del número medio de hijos o hijas en el hogar entre las mujeres de 20 a 39 años emancipadas corresponde a los siguientes grupos sociales y ámbitos territoriales:

a) En las comunidades autónomas con menor caída de la fecundidad entre 2016 y 2018, la caída del número de hijos/as en el hogar se limita a las mujeres en hogares con recursos suficientes y sólo se observa en el periodo 2017-2018 (de 0,95 a 0,90). El indicador de 2018 se mantiene, a pesar de la caída, por encima del observado en 2016 (0,85).

b) En las comunidades con mayor caída de la fecundidad entre 2016 y 2018, en la zona sur de España, se detecta en el caso de hogares con recursos insuficientes una importante reducción del número de hijos/as en el hogar entre 2017 y 2018 (de 1,19 a 1,13) que sitúa el indicador final por debajo de la cifra de 2016 (1,18). En los hogares con recursos suficientes, la caída se limita al periodo 2016-2017 (de 1,10 a 1,07) pero con una recuperación del número de hijos/a en 2018 (1,14).

c) Finalmente, en las comunidades con mayor caída de la fecundidad entre 2016 y 2018, en la zona norte de España (incluyendo Madrid), se observa una caída continuada del número de hijos/as en el hogar en grupos con recursos insuficientes (de 0,93 en 2016 a 0,88 en 2017 y 0,85 en 2018). Después de aumentar entre 2016 y 2017, la disminución se extiende a los hogares con recursos suficientes entre 2017 y 2018 (de 0,85 a 0,73, ya por debajo de los 0,75 de 2016). Únicamente en estas comunidades autónomas el número de hijos o hijas por mujer resulta inferior en 2018 al de 2016 y 2017 en el conjunto de las mujeres emancipadas (0,78 en 2018 frente a 0,86 en 2017 y 0,81 en 2016).

En este último grupo de comunidades autónomas se observan problemas evidentes en los hogares con recursos teóricamente suficientes. Centrando el análisis en las parejas sin hijos, se constata que aumenta del 8,4 al 12,9% entre 2017 y 2018 la proporción de mujeres emancipadas que verían su hogar situarse por debajo del umbral de ingresos suficientes con la llegada de un nuevo hijo o hija, por encima del 10,1% de 2016. La falta de acceso consolidado en el último año a un empleo adecuado (con presencia en algún momento del último año de una situación de desempleo o de búsqueda de empleo) pasa, por su parte, del 12 al 23,9% entre las mujeres emancipadas, por encima del 15% de 2016. También puede señalarse que el porcentaje de mujeres en hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes aumenta de 21,5 a 22,5% entre 2017 y 2018.

Gráfico 10

Gráfico 10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

3. La inexistencia de un tipo único y estructural de mujer ante la fecundidad

Los datos que se han presentado muestran claramente la influencia de factores de importante trasfondo económico en la caída de la fecundidad en España a partir de 2016. Los más relevantes se vinculan, por una parte, a un nuevo retraso en los procesos de emancipación de las generaciones de mujeres españolas jóvenes; por otra, a las mayores dificultades a las que se enfrentan las mujeres emancipadas que pertenecen a hogares que carecen de recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades mínimas para llegar a fin de mes. En especial en algunas comunidades autónomas, la línea de caída de los indicadores de fecundidad que se extiende a los hogares con recursos económicos suficientes se relaciona igualmente con aspectos que revelan cierto deterioro económico asociado.

El caso de las mujeres en hogares con recursos económicos suficientes plantea sin embargo interrogantes. Por una parte, la recuperación se traduce en un peso creciente de este tipo de hogares; por otra parte, en la gran mayoría de los casos, estos hogares viven en un contexto de amplia seguridad económica, con una proporción reducida de situaciones definidas por la falta de recursos patrimoniales suficientes o por una presión destacada de los gastos de vivienda. La imagen que ofrece este grupo resulta, además, de muy superior bienestar al que caracterizaba a las mujeres españolas emancipadas y entre 20 y 39 años en el año 2008.

En este contexto, ¿cuáles son las razones de una caída tan significativa de la fecundidad en un contexto de bienestar real? Por ahora no es posible ofrecer respuestas para este grupo sino preguntas: ¿nos enfrentamos a un cambio estructural de mentalidad que pudiera vincularse a una pérdida de valor simbólico de la reproducción y del papel social de los hijos o hijas?, ¿estamos ante una priorización de la vida personal y de la carrera profesional, dificultada por la presencia de esos hijos o hijas?, ¿tiene relevancia un temor coyuntural ante los constantes mensajes que hablan de la desaceleración económica o del aumento del coste de acceso a la vivienda? ¿O, por el contrario, el temor sería más general y estructural, antes hechos como el cambio climático, o cualquier otro elemento que pudiera incrementar la tesis de que no merece la pena traer a nuevos habitantes a este planeta?

Lo que sí puede afirmarse, sin embargo, es que no existe ante estas preguntas una respuesta tipo entre los distintos grupos de mujeres. No existe un tipo dominante de comportamiento de la población femenina ante los procesos de reproducción demográfica, una constatación que no sólo es aplicable a las mujeres extranjeras sino también a las mujeres principalmente consideradas en este artículo, las que se encuentran en la actualidad en el grupo de edad entre 20 y 39 años y de nacionalidad española.

La existencia de distintos comportamientos ante la fecundidad queda evidenciada con total claridad el gráfico 11, centrado en el grupo de población femenina en el que el acceso a la reproducción tiende a ser ya dominante, el situado entre los 30 y 39 años (con referencia al colectivo emancipado y con vida en pareja).

Gráfico 11

Gráfico 11

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECV. INE.

El gráfico revela que, en materia de fecundidad, la diferencia fundamental no se sitúa tanto entre mujeres extranjeras y españolas sino entre mujeres con mayor o menor riesgo económico, con niveles siempre más bajos entre las mujeres españolas con mayores recursos económicos a su disposición en el hogar. Estas mujeres tienen 1,09 hijos/as en el hogar en 2018 por 1,29 entre las mujeres españolas de 20 a 39 años en hogares con riesgo económico y 1,33 entre las mujeres extranjeras.

Lo verdaderamente relevante no se asocia sin embargo a estas diferencias sino a las variaciones internas que se observan en los distintos grupos de mujeres entre 30 y 39 años emancipadas y en pareja, con algunos hechos esenciales a destacar, en particular los siguientes:

a) En las mujeres españolas sin problemas de riesgo económico, a pesar de la caída del periodo 2017-2018, los periodos de recuperación económica se traducen en niveles más elevados de fecundidad, aunque sea sólo de forma moderada. En este sentido, el número de hijos/as en el hogar alcanza sus máximos niveles en este colectivo en 2008 y en los años 2017 y 2018 (entre 1,09 y 1,13 hijos/as por mujer en el hogar).

b) En las mujeres españolas en situación de riesgo económico, se observa que frente al mínimo observado en 2008, reflejo de las dificultades asociadas al aumento de los precios de la vivienda, el periodo de crisis posterior tiende paradójicamente a mostrar una clara mejora de la situación. Un hecho que no puede entenderse sin la dimensión asociada al periodo de deflación en los precios generales y, más específicamente, en los costes de acceso a la vivienda. Esta circunstancia permitió un aumento del número de hijos/as por mujer desde los 1,20 de 2008 a las cifras de 1,27 a 1,30 del periodo 2010-2015. A pesar de la dinámica de la caída de la fecundidad entre 2016 y 2018 en este grupo, durante este periodo la consolidación del crecimiento económico se traduce en los niveles más altos de hijos o hijas por mujer desde 2008, con cifras entre 1,29 y 1,34.

c) La tendencia descendente a largo plazo del número de hijos/as por mujer en el hogar caracteriza ciertamente a las mujeres extranjeras. Así, entre 2010 y 2014, el número de hijas/os en el hogar cae de 1,50 a 1,43. A diferencia de los distintos grupos de población femenina española, la primera fase de la recuperación es particularmente negativa en este grupo, con una intensificación de la disminución del indicador hasta 1,29 en 2016. Sin embargo, la última fase de crecimiento económico se traduce en cifras más altas, con 1,37 en 2017 y 1,33 en 2018.

La existencia de un sistema estructural de apoyo a los grupos sociales más desfavorecidos, un hecho que resulta un rasgo diferencial del caso del País Vasco, permite observar además el posible impacto sobre la fecundidad de un modelo socio-económico que combina cierta prosperidad económica estructural (acentuada por la deflación de precios) con una mayor seguridad económica para los grupos más desfavorecidos, en especial en presencia de situaciones de desempleo, a través de un sistema desarrollado de renta mínima.

El gráfico 12 muestra el impacto diferencial de la realidad socio-económica vasca, respecto a la española, en lo relativo a las mujeres extranjeras. La combinación de deflación y seguridad económica se traduce en Euskadi un aumento del ICF de 1,67 hijos o hijas por mujer en 2010 a 2,39 en 2016. A pesar de la caída posterior, el indicador se mantiene en 2,22 en 2018.

Partiendo de 1,69 en 2010 en el conjunto de España, en cambio, el ICF cae a 1,53 en 2013 y no se recupera en 2016 sino hasta 1,72, 0,67 puntos por debajo del indicador vasco. El ICF se reduce posteriormente a 1,65 en 2018, por debajo del 1,68 de 2010 (en contraste con los 0,55 puntos de más existentes en 2018 en Euskadi respecto al ICF de 2010).

Gráfico 12

Gráfico 12

Fuente: Indicadores de fecundidad. INE.

El gráfico 13 muestra la evolución comparada del ICF del conjunto de la población femenina en España y de la residente en los distintos territorios históricos de Euskadi. Aunque sobre la base de un ICF de valor bastante inferior al existente entre las mujeres extranjeras, el gráfico muestra que la dinámica observada en el grupo extranjero revela tendencias muy similares para el conjunto de la población femenina. En especial en el caso de los territorios más prósperos, Álava y Gipuzkoa, la evolución del ICF es mucho más favorable que el que se observa en el conjunto de España.

Gráfico 13

Gráfico 13

Fuente: Indicadores de fecundidad. INE.

Los datos presentados permiten sostener la tesis de que no existen tendencias irreversibles en la dinámica de la fecundidad.


ASPECTOS METODOLÓGICOS

El análisis desarrollado en el artículo se basa en el sistema de indicadores de fecundidad del INE.

En lo relativo a los factores condicionantes, tanto en lo relativo a los procesos de emancipación como a recursos económicos disponibles, se tiene en cuenta la información procedente de la Encuesta de Condiciones de Vida del propio INE. Al tratarse en el este último caso de una fuente no censal, es preciso advertir de que los resultados pueden verse condicionados por distintos tipos de error, tanto de tipo muestral como de otra naturaleza (en particular la asociada al objetivo de la ECV, no directamente asociado a la medición de procesos de tipo demográfico). Los indicadores de fecundidad que se utilizan para la comparación de distintas situaciones económicas tienen, además, un carácter indirecto.

DEFINICIONES

Indicador Coyuntural de Fecundidad

Se define como el número medio de hijos que tendría una mujer perteneciente a un determinado grupo de población a lo largo de su vida fértil en caso de mantener la misma intensidad fecunda por edad que la observada en el año de referencia para los distintos grupos de población.

Tasa de emancipación

La tasa de emancipación recoge la proporción existente entre el volumen de población emancipada respecto a la población total del grupo de referencia en cada caso. A estos efectos, se consideran emancipadas a las personas que mantienen un hogar independiente, de forma individual o junto a sus cónyuges o parejas.

La emancipación se considera en sentido estricto, en sus formas no dependientes. Las formas de emancipación que se producen en un contexto dependiente, por ejemplo a través de la convivencia con las personas que constituyen la referencia en el hogar, no se consideran a estos efectos. Las conclusiones del análisis no variarían de forma significativa, en cualquier caso, dado que este colectivo de personas que no viven ya en el hogar de origen tienen un peso relativo limitado.

Proporción de mujeres con un número de hijos o hijas en el hogar

Este indicador refleja la proporción de mujeres que tienen el número de hijos o hijas considerados en el análisis y que viven con ellas en el hogar. Es un indicador proxy del número real de hijos o hijas que ha tenido cada mujer.

Riesgo económico

Como indicador de riesgo económico se utiliza el relativo a disponer de recursos económicos inferiores al mínimo necesario para llegar a fin de mes que se establece dentro del hogar (variable HS130 de la ECV).

Comunidades Autónomas según su posición en la caída de la fecundidad

Se dividen las comunidades autónomas en tres grupos.

El primer grupo incluye a las comunidades autónomas donde el ICF cae por debajo de la media en el periodo 2016-2018. Este grupo incluye a Asturias, Cantabria, Castilla-León, Aragón, Cataluña, Illes Baleares, Murcia y Melilla.

Dentro de las comunidades autónomas con un incremento superior a la media de la caída de la fecundidad en el periodo 2016-2018 se incluyen (en la zona centro y norte) a las comunidades de Madrid, Galicia, País Vasco, Navarra y la Rioja.

En la zona sur correspondiente a este grupo de comunidades autónomas con un incremento superior a la media se incluyen las comunidades de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta y Canarias.

Sobre la política de garantía de ingresos en España

Comentario al artículo de Sara de la Rica/Lucía Gorjón y al hilo complementario de Manuel Aguilar Hendrickson.

La intención de este texto es aportar algunas ideas al debate introducido en el reciente artículo de Sara de la Rica y Lucía Gorjón (Los sistemas de renta mínima a debate), en especial en relación con las muy interesantes aportaciones complementarias de Manuel Aguilar. Resumo estas ideas a continuación:

1. En el hilo en el que comenta el artículo de Sara de la Rica y Lucía Gorjón, Manuel Aguilar sostiene que no es posible construir un mecanismo de renta mínima decente en España sólo desde la iniciativa autonómica.

Comparto esta apreciación y, por esa razón, siempre he defendido la necesidad de un sistema integrado de garantía de ingresos con intervención tanto de la Seguridad Social estatal como de la Asistencia Social autonómica. Es cierto, por otra parte, que los más de treinta años de experiencia de la política autonómica en esta materia han mostrado las limitaciones existentes en tratar de resolver el problema de la pobreza en exclusiva a través de las prestaciones de las comunidades autónomas.

En realidad, las rentas mínimas autonómicas nunca pretendieron ser una solución en sí mismas y siempre se impulsaron desde una lógica de integración con las prestaciones generales del Estado.

2. No es mi intención determinar, ni siquiera condicionar, la forma concreta que deba tomar la política de garantía de ingresos estatal. Me limito a señalar que considero racional el modelo propuesto por Manuel Aguilar para la actuación de la Seguridad Social.

Se trata de un modelo que gira, en lo fundamental, en torno a dos ideas básicas. La primera es la conveniencia de consolidar un sistema suficiente (y universal) de prestaciones por hijos e hijas a cargo que permita desligar a este colectivo de la actuación autonómica. La segunda es la propuesta de reforma de la Renta Activa de Inserción y de otros subsidios asistenciales de desempleo para conformar en torno a ellos un verdadero programa de renta mínima estatal (que tratara de abrirse en cierta forma a la población trabajadora con bajos ingresos). El planteamiento implica, en paralelo, un ajuste de la normativa fiscal para que su modelo de deducciones sea funcional con la lógica general del sistema de protección social.

Más allá de posibles matices, se trata de un planteamiento estratégico inteligente y que resulta potencialmente viable.

3. No discrepo por tanto de la visión (creo que dominante en España) sobre las rentas mínimas autonómicas porque niegue la idea de que esas políticas han sido insuficientes en la mayor parte de las comunidades autónomas. Tampoco porque ponga en duda la necesaria acción de la Seguridad Social estatal.

Me parece necesario señalar sin embargo que más de cuarenta años de democracia post-franquista en España permiten también insistir en otro hecho fundamental: la incapacidad demostrada por la Administración General del Estado para abordar el problema de las formas más graves de pobreza en España, al menos en las grandes zonas urbanas en las que se concentra la mayor parte de la población. Una incapacidad que, en gran medida, responde a una intención más profunda. En este sentido, no creo que (al menos hasta ahora) la Administración General del Estado se haya planteado en serio resolver la cuestión esencial de la pobreza por la vía de un programa efectivo de renta mínima o similar.

Defiendo por ello la necesidad de tener en cuenta desde el Estado dos principios básicos: el primero, el de una cierta humildad en la aproximación a esta cuestión. Lo que la Administración General del Estado tiene que demostrar con su actuación futura no es que su intervención resulte imprescindible para superar la “incapacidad” de las comunidades autónomas con sus rentas mínimas. Su tarea esencial, por el contrario, es demostrar que tiene un proyecto sólido y eficaz de intervención en materia de garantía de ingresos. Y ahí creo que es todavía erróneo dar por supuesta una plena voluntad y capacidad de resolución del problema por parte del Estado.

El segundo principio es el de optimización. No se trata, al defender la necesidad de un compromiso estatal efectivo, de reconvertir el modelo de intervención de forma que las distintas competencias relacionadas con la garantía de ingresos pasen al Estado. Lo importante es buscar el máximo y efectivo resultado en el tipo de intervención desarrollada hasta ahora por las comunidades autónomas y la que podría desarrollarse en el futuro desde el Gobierno de España.

Esto requiere mantener el modelo de división constitucional de competencias entre Seguridad Social y Asistencia Social. O, por decirlo de otra forma, no entorpecer ni entrometerse en lo que la Constitución española permite: esto es, la acción subsidiaria y complementaria de las Comunidades Autónomas en materia de rentas mínimas. La Constitución no sólo facilita la intervención autonómica en el marco de la Asistencia Social sino que en ningún caso permite una interpretación limitada de la misma. Ni su papel se limita la atención exclusiva a los colectivos definidos de forma eufemística como “excluidos sociales”, ni su acción es incompatible con orientaciones basadas en la consolidación de verdaderos derechos subjetivos para las personas.

La política de garantía de ingresos en España se ha visto condicionada por la no aceptación práctica del principio de subsidiariedad de las rentas mínimas autonómicas, así como por la inexistencia de un modelo de financiación asociado que permitiera un funcionamiento normalizado de estas prestaciones en la mayor parte de las comunidades autónomas.

Es por supuesto posible defender un modelo de garantía de ingresos que no pivote, aunque fuera como elemento complementario, en torno a las rentas mínimas autonómicas. Pero tan razonable sería pensar en un modelo que las pudiera integrar funcionalmente, al menos como suele señalar Manuel Aguilar, como mecanismo de ajuste funcional en comunidades urbanas con mayor nivel de precios.

En todo caso, la tentación de liquidar el sistema de rentas mínimas autonómicas como parte del modelo de protección general, en especial en las comunidades autónomas donde han tenido un impacto importante, sería una propuesta arriesgada que podría tener consecuencias muy negativas para la población más desfavorecida. Nos enfrentamos a un sistema de protección de la Seguridad Social que resulta notablemente insuficiente e inadaptado ante las diversas problemáticas sociales existentes. Y es precisamente para suplir esta limitación por lo que surgieron las rentas mínimas autonómicas.

Convendría por tanto delimitar los mecanismos que permitieran configurar el acceso a los sistemas de mínimos no contributivos estatales y autonómicos dentro de una política realmente integrada de garantía de ingresos. Para ello, sería necesario superar las situaciones de incompatibilidad teórica (y práctica) entre las prestaciones de la Administración General del Estado y las autonómicas. Este tipo de incompatibilidades no tiene otra lógica que situar las rentas mínimas autonómicas al margen del sistema, en contradicción con la propia lógica de reparto competencial que establece la Constitución.

4. Es importante señalar igualmente que la lógica de las prestaciones autonómicas es diferente de la que debería inspirar el diseño de las prestaciones individuales de la Seguridad Social. En este último caso, la protección prevista debería orientarse a garantizar recursos personales a todas las personas en situación de necesidad. Se trataría de consolidar una forma de protección individual ante el riesgo a cubrir, preferentemente al margen de los recursos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia.

El papel de las rentas mínimas autonómicas, en cambio, es garantizar una protección adecuada en caso de insuficiencia de las prestaciones de la Seguridad Social, una vez consideradas las necesidades del conjunto de las personas que conforman la unidad de convivencia.

Como es obvio, esto implica aceptar el papel de las rentas mínimas autonómicas como última prestación de garantía de ingresos. No se trataría de asignarles un papel preferente en el sistema de protección, papel que cabe reservar al sistema de Seguridad Social, pero sí aceptar su intervención como última red de protección asistencial.

Este planteamiento implica una valoración positiva del impacto que ha supuesto la introducción del sistema de Rentas Mínimas en España, al menos en algunas comunidades autónomas. En Euskadi, por ejemplo, en medio de la grave crisis financiera de la Administración Central, desde principios de esta década y hasta hoy, el conjunto de prestaciones autonómicas ha constituido la vía fundamental de protección a los colectivos más desfavorecidos.

Se trata sin embargo de una conclusión que no es compartida de forma universal en España, por mucho que ello no se suela explicitarse siempre con total claridad. Quizás el aspecto más llamativo del debate de los últimos años sobre la política de garantía de ingresos sea precisamente la negación creciente de esta dimensión positiva de las rentas mínimas. Y con ello, en especial de cara a la reforma del modelo de garantía de ingresos en España, de un posible papel para ellas en el futuro de la protección social en nuestro país.

5. Nada de lo señalado en el punto anterior tiene relación alguna, de forma específica en lo relativo a la acción económica prestacional, con la redefinición del modelo de servicios sociales. Si algo hemos aprendido de la discusión de las últimas décadas es que las políticas de garantía de ingresos no deberían mezclarse ni yuxtaponerse con las intervenciones de los servicios sociales. No se trata de negar que, funcionalmente, la misma unidad política-administrativa pudiera desarrollar ambos tipos de intervención. Simplemente de señalar que, en todo caso, la gestión del área de servicios sociales y la de las rentas mínimas debería diferenciarse y separarse de forma muy clara.

Por supuesto, los servicios sociales sí tienen un papel esencial que cumplir en materia de inclusión social. Así, en la medida en que pudiera vincularse de alguna forma el derecho a una garantía de ingresos con la estrategia orientada a hacer efectivo el derecho a la inclusión social, sería preciso contar con el apoyo directo de los servicios sociales.

Lo mismo puede señalarse respecto a la necesidad de hacer efectivo el derecho a la inserción laboral o el derecho al trabajo, objetivo central de la acción de los servicios de empleo. Esta función puede, o no, vincularse a la aplicación de las políticas de garantía de ingresos pero en ningún caso debería yuxtaponerse con los procesos de gestión de las prestaciones. Estos deben desarrollarse de forma autónoma, se vinculen o no a los servicios de empleo o a los servicios sociales.

Las políticas de inclusión social y laboral deben sin duda coordinarse. Y ahí aún queda pendiente de definir la forma en que es preciso actuar para avanzar en esta dirección; o el propio modelo de colaboración que debe establecerse entre servicios de empleo, servicios sociales y otros sistemas relacionados, como sanidad, educación, vivienda, etc. Es poco lo que se ha avanzado en este camino, y muchos los vaivenes observados en el debate al respecto.

6. En la dimensión asociada a los servicios de empleo, me parece igualmente necesario distinguir entre políticas de activación y políticas de inclusión o inserción laboral.

El fundamento de esta distinción entre activación e inclusión o inserción laboral es separar en lo conceptual, y también probablemente en la dimensión organizativa, las distintas actuaciones a impulsar: por una parte, aquellas que buscan garantizar que las personas en edad laboral estén disponibles para trabajar y se mantengan activas en la búsqueda de empleo (lo que la Constitución define como el deber de trabajar); y, por otra, y principalmente, aquellas que se centran en los servicios, programas o actuaciones que las distintas administraciones tienen que impulsar para ofrecer mecanismos efectivos de apoyo a la inclusión de las personas, en particular en el ámbito laboral.

Mientras la primera dimensión necesariamente se enfrenta a la cuestión de regular los aspectos vinculados a las obligaciones de las personas que perciban las prestaciones estatales o autonómicas (con potenciales implicaciones sancionadoras), la segunda se centra de forma primordial en garantizar el derecho de estas personas a un apoyo efectivo para la inserción laboral.

Entendidas como mecanismos orientados a estimular el acceso de una población desocupada y potencialmente reticente a salir de la inactividad o el desempleo, las políticas de activación no deberían contemplarse como la prioridad de actuación de los servicios de empleo. En la sociedad actual, la casi totalidad de la población en edad activa, y no ocupada, es consciente de la imposibilidad de alcanzar altos niveles de bienestar sin el acceso a un trabajo suficientemente remunerado, en general a tiempo completo.

Por esa razón, el verdadero reto es ofrecer a una población en general activada la posibilidad real de insertarse en un empleo de ese tipo. Y, como sucede con los servicios sociales en lo relativo a la inclusión social, ahí es donde los actuales servicios de empleo, en especial en tiempos de crisis, parecen carecer de diseños, programas y medios suficientes para una intervención adecuada. Es posible no obstante, como señalan Sara de la Rica y Lucía Gorjón, que tengamos aún mucho que aprender de las distintas experiencias europeas.

En un contexto como el señalado, parte del éxito de Euskadi en reducir en los últimos años su volumen de población beneficiaria de la RGI se vincula -aún más que a las políticas de formación y de readaptación profesional- a la gestión selectiva de las ofertas de empleo en beneficio de este tipo de población, un mecanismo que se relaciona directamente con las políticas de inserción laboral de las que hablo.

Por supuesto, en el caso vasco es igualmente relevante el sistema de bonificación al empleo que hace posible que el acceso al trabajo suponga un nivel superior de ingresos en caso de participación laboral (en comparación con el nivel de ingresos garantizado por la prestación de renta mínima). Un gran error de la reforma de 2008, sin embargo, fue introducir límites temporales en la aplicación de esta bonificación.

Una de las razones por las que esta limitación no ha impedido el buen funcionamiento del sistema vasco es otro aspecto esencial que contribuye a prevenir el desistimiento en la búsqueda de empleo. Se trata de la garantía de que, con independencia de los recursos obtenidos a través del empleo, la insuficiencia de recursos en el mes en el que ésta volviera a manifestarse venga asociada a un reingreso rápido en la prestación de garantía y a una protección ligada a la situación real existente en dicho mes. En este punto, el modelo vasco se diferencia esencialmente de sistemas como el francés que tienen en cuenta los ingresos obtenidos durante un periodo temporal previo, un aspecto que puede limitar el interés por acceder al trabajo y matizar el efecto potencialmente favorable de las bonificaciones al empleo.

Pero, para ser eficaces a largo plazo, estas bonificaciones al empleo deben tener carácter estructural, y no sólo para mejorar la capacidad de superación de la pobreza por parte del sistema de garantía de ingresos. En una sociedad en la que el empleo no equivale de forma automática a un nivel aceptable de bienestar, su combinación con las prestaciones de renta mínima resulta fundamental en una estrategia orientada a garantizar el bienestar de la población trabajadora más precaria.

En ese camino, Euskadi ha sido un caso de éxito en España y, en cierta, forma, en Europa. Si se tiene en cuenta el análisis que realizan Bea Cantillon, Zachary Parolin y Diego Collado sobre el papel de políticas como las de bonificación al empleo (policies to increase gross-to-net incomes), es llamativo comprobar que, incluso tras la temporalización de los incentivos al trabajo impuesta por la reforma de 2008, el sistema vasco de garantía de ingresos ha seguido siendo efectivo en favorecer el acceso al empleo de la población beneficiaria de la RGI. Esta dimensión exitosa, al menos en términos relativos y comparados, debería considerarse en el análisis y la reflexión sobre la reforma de las políticas de garantía de ingresos en España.

7. La política de bonificación al empleo no es sin embargo la única cuestión a tener en cuenta en el diseño de un sistema de rentas mínimas orientado a superar la pobreza y garantizar un mínimo bienestar. Este sistema debe también ser capaz de hacer frente a los gastos de vivienda que afectan a las personas y a las familias. Si no lo hace, se verá abocado al fracaso.

Por supuesto, es preciso diseñar una política general que garantice el derecho de la población a una vivienda. Pero las políticas de garantía de ingresos no pueden obviar la cuestión de cómo hacer frente a las necesidades no cubiertas por esa acción general.

 

Para concluir, conviene señalar que los hechos ocurridos después de la crisis no son los verdaderamente determinantes en este debate, por mucho que el aumento del peso del trabajo a tiempo parcial haya contribuido a redefinir el marco de la precariedad en el trabajo. La mayor parte de los problemas a los que se han enfrentado las rentas mínimas autonómicas después de la crisis ya existían con anterioridad a 2008, incluidos los asociados a la cuestión de los bajos salarios.

En el caso vasco, de hecho, la reforma que introdujo el sistema de estímulos al empleo, de forma estructural y no temporal, fue aprobada en 1998. En el contexto de la inmigración extranjera posterior, pero también de la progresiva emancipación de las capas más desfavorecidas de las generaciones jóvenes, esta reforma fue la base del significativo crecimiento del número de beneficiarios de prestaciones tipo RGI durante el periodo 1999-2010. Aquella reforma supuso sin embargo algo más: fue el instrumento que permitió la consolidación a tiempo de un sistema de protección capaz de hacer frente a la crisis de 2008 y de prevenir sus efectos más devastadores.

En gran medida, la experiencia de un significativo aumento del número de beneficiarios en periodos de auge económico que vivió Euskadi entre 1998 y 2008 es el que han experimentado en los últimos años otras comunidades autónomas, de forma particular Navarra. Lejos de suponer un riesgo, indican que estas comunidades autónomas están poniendo las bases para afrontar con mayor eficacia futuras crisis de empleo.

 

 

 

 

Diversidad regional en la dinámica del empleo cualificado en Europa. Luis Sanzo

Se ha publicado recientemente un interesante estudio conjunto del Joint Research Centre de la Comisión Europea y Eurofound sobre la dinámica regional del empleo en Europa. Además del análisis que se realiza en el documento, éste aporta datos que permiten analizar la dinámica observada, entre los años 2002 y 2017, en el empleo “White Collar” de perfil altamente cualificado (ver Anexo 1 del informe, páginas 63 a 69). Se trata del empleo, en general de alto conocimiento, vinculado a profesiones relacionadas con actividades de gerencia, profesionales y asimilables de contenido técnico y cualificado.

El periodo considerado resulta de máximo interés para el estudio regional del empleo en la medida en que cubre los años de fuerte crecimiento anterior a la crisis financiera de 2007-2008, así como los de recuperación posterior a la recesión provocada por dicha crisis.

Aunque no abarca al conjunto de la Unión Europea, la información incluye a sus grandes países (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España) así como a algunos estados representativos del área del Benélux y de los países nórdicos (Bélgica y Suecia). También considera la situación en dos países del área oriental de la UE (Chequia y Polonia).

Los principales resultados de la aproximación, consistentes en una elaboración propia de la información del mencionado Anexo 1 del informe, se presentan en los gráficos 1.a y 1.b.

Gráfico 1.a

Gráfico 1a

Gráfico 1.b

Gráfico 1b

En un contexto marcado por un fuerte incremento del empleo “White Collar” altamente cualificado (que aumenta en un 31,8% en Europa en el periodo 2002-2017), destacan los siguientes hechos relevantes:

1.a. Casi la mitad del crecimiento neto del empleo altamente cualificado del periodo 2002-2017, un 48,5%, corresponde en exclusiva a tres grandes áreas territoriales: el conjunto del Reino Unido, Polonia y algunas regiones expansivas de Francia. El porcentaje señalado se sitúa 14,5 puntos porcentuales por encima del 34% del empleo altamente cualificado que correspondía a estas zonas en 2002.

Las distintas regiones del Reino Unido concentran la parte mayoritaria del incremento, con un 24,5%, 4,8 puntos porcentuales por encima del 19,7% del empleo acumulado en 2002.

Un 12,8% corresponde al conjunto de Polonia, un país que sin embargo muestra el mayor incremento absoluto en términos de su contribución relativa en el periodo 2002-2017: 5,5 puntos porcentuales añadidos respecto al 7,3% de 2002.

Las zonas expansivas de Francia agrupan otro 11,3%, 4,3 puntos porcentuales por encima de lo que representaba su empleo altamente cualificado en 2002. Estas zonas incluyen la región norteña de Nord-Pas de Calais, fronteriza con Bélgica; una franja occidental que va de la Baja-Normandía hasta el área de Aquitania (Burdeos) y Midi-Pyrénnées (Toulouse), pasando por el Pays de la Loire y, en menor medida, Poitou-Charentes y el Limousin (Limoges); y, finalmente, una amplia zona del sudeste de Francia que incluye la región de Rhône-Alpes (Lyon), Provence-Alpes-Côte d’Azur y Languedoc-Roussillon.

1.b. En comparación con las zonas mencionadas con anterioridad, las regiones alemanas de Berlín, Baviera y Baden-Würtemberg destacan por una contribución algo menor, aunque todavía importante, al crecimiento del empleo altamente cualificado entre 2002 y 2017, con un 9,5%. A diferencia de las áreas consideradas anteriormente, sin embargo, la aportación no supone apenas ningún cambio respecto al 9,4% que suponía este tipo de empleo en las regiones alemanas señaladas en 2002.

1.c. El resto de zonas expansivas aporta un 12,7% del crecimiento, superando el 10,2% de empleo “White Collar” altamente cualificado que representaban en 2002. La mayor aportación, con un 4,3%, es atribuible al conjunto de Suecia, seguido por el 3,9% que corresponde a Madrid y Cataluña, el 2,6% de la Lombardía italiana y el 1,8% de la zona de Bélgica que incluye a Bruselas, el resto del antiguo condado de Brabante (incluyendo Amberes) y la región de Namur.

1.d. En conjunto, las distintas regiones consideradas acumulan un 70,7% del aumento del empleo altamente cualificado del periodo 2002-2017, 17,1 puntos por encima del 53,6% que representaba este tipo de empleo en 2002 en las zonas consideradas.

2. El contrapunto a esta positiva evolución es la pérdida de peso relativo de algunas regiones de los nueve estados analizados. Estas regiones, que llegaban a suponer hasta un 46,4% del empleo “White Collar” altamente cualificado en 2002, sólo aportan un 29,3% del incremento de este tipo de empleo entre 2002 y 2017.

2.a. La caída más llamativa corresponde al resto de Alemania (exceptuadas Berlín, Baviera y Baden-Würtemberg), ámbito que aporta ciertamente un muy elevado 12,1% del crecimiento del empleo “White Collar” analizado entre 2002 y 2017. Esta cifra se sitúa sin embargo 5,5 puntos porcentuales por debajo del 17,5% que suponía este tipo de empleo altamente cualificado en 2002.

La pérdida más significativa de aportación al crecimiento del empleo cualificado se relaciona con los -3,1 puntos porcentuales de diferencia negativa que se observan, en las zonas menos expansivas del área occidental de Alemania, entre el 13,6% del empleo “White Collar” de 2002 y el 10,4% asociado al aumento del periodo 2002-2017.

No obstante, la caída de aportación más llamativa es la que corresponde a los estados de Alemania oriental, exceptuada la capital Berlín. Esta zona apenas recogía un 4% del empleo “White Collar” altamente cualificado de los nueve países analizados en 2002. Pero la participación en el incremento 2002-2017 cae hasta no representar sino un 1,6%.

2.b.  En la línea de lo observado en las regiones orientales de Alemania (salvo Berlín), la pérdida de dinamismo del empleo altamente cualificado es igualmente llamativa en el resto de Italia (exceptuada Lombardía). Del 9,8% de empleo asociado a estas regiones italianas en 2002, la contribución es de apenas un 5,6% al crecimiento del empleo “White Collar” analizado entre 2002 y 2017, con una diferencia negativa de -4,2 puntos porcentuales.

2.c. Aunque no tan intensa, la pérdida de peso relativo es igualmente llamativa en el resto de Francia, un ámbito territorial que corresponde básicamente al cuadrante nororiental del país, incluyendo la región de París. También es relevante en el resto de España, más allá de los polos de crecimiento que representan Madrid y Cataluña.

En las regiones nororientales de Francia, se pasa así de un peso relativo del 8,8% de empleo altamente cualificado en 2002 a una participación del 6% en el aumento de este tipo de empleo entre 2002 y 2017 (-2,8 puntos porcentuales). En el resto de España (salvo Madrid y Barcelona), la diferencia señalada es de -2,4 puntos respecto al 5,7% del empleo “White Collar” altamente cualificado que representaban sus regiones en 2002. El 3,3% de participación en el incremento de este tipo de empleo entre 2002 y 2017 acerca al resto de España a una dinámica muy cercana al de las regiones de la Alemania oriental. En ambos casos, el limitado peso en el aumento del empleo altamente cualificado entre 2002 y 2017 se asocia a una participación ya muy minoritaria en este tipo de empleo en 2002.

2.d. El resto de Bélgica y Chequia en su conjunto, con apenas el matiz interno de la región cercana a Praga, son otras zonas de limitado incremento del empleo altamente cualificado. Apenas aportan un 2,4% del aumento del empleo “White Collar” analizado entre 2002 y 2017, -2,3 puntos porcentuales por debajo del 4,7% de participación en este tipo de empleo en 2002.

2.e. Los datos presentados muestran dos amplias zonas de deterioro relativo de la participación en el empleo más cualificado. La primera incluye a prácticamente todo el territorio de España e Italia, con la excepción de Madrid, la Lombardía y, en alguna menor medida (dado que apenas se caracteriza por una estabilización en la participación en la dinámica 2002-2017 del empleo cualificado), Cataluña. La segunda incluye a prácticamente todo el cuadrante nororiental de Francia, gran parte de las regiones vecinas de Bélgica y prácticamente todo el cuadrante norte de Alemania, con la excepción de Berlín. Algunas zonas de Chequia podrían igualmente incluirse en esta segunda zona de deterioro comparado.

Las zonas señaladas participan sin duda del fuerte crecimiento del empleo “White Collar” altamente cualificado que se observa en los nueve países analizados entre 2002 y 2017 pero en niveles muy inferiores al de las zonas más expansivas de la UE. Esto es particularmente cierto en las regiones de la Alemania oriental, salvo Berlín (apenas un 1,6% de participación en el aumento de este tipo de empleos entre 2002 y 2017) y en el sur de Italia y la región de Roma (Lazio), con una participación de apenas un 1,3%. La problemática se extiende a la llamada España vacía y, en general, a las regiones del centro y noroeste de España. Excluyendo a Madrid, las regiones de la costa mediterránea y las islas, el resto del territorio español apenas aporta un 1,2% del incremento del empleo cualificado de los nueve países analizados en el periodo 2002-2017.

En conjunto, las tres grandes áreas señaladas participan en un 4,1% del incremento de empleo altamente cualificado del periodo, -7,3 puntos porcentuales por debajo de su participación del 11,5% en el empleo “White Collar” altamente cualificado de 2002. En algunas regiones italianas y españolas (Puglia, Calabria, Sicilia y Extremadura), el empleo analizado llega incluso a caer entre 2002 y 2017.

En la aproximación abordada en este artículo resulta de gran interés analizar la dinámica del empleo “White Collar” altamente cualificado en las principales regiones y capitales de la UE durante el periodo 2002-2017. El gráfico 2 facilita los principales datos al respecto:

Gráfico 2

Gráfico 2

En este caso, los aspectos más relevantes a destacar son los siguientes:

1. El notable dinamismo de Londres y de la región de Varsovia. Entre 2002 y 2017, estas dos zonas recogen un 28,5% del aumento del empleo “White Collar” altamente cualificado de las principales regiones europeas, por encima del 18,1% del empleo que representaban en 2002 (con una diferencia positiva de 10,4 puntos porcentuales).

En la parte positiva se sitúan igualmente la región de Lyon (Rhône-Alpes), Madrid y Estocolmo. Aportan un 21,8% del aumento del empleo cualificado de las regiones principales de Europa, 3,7 puntos porcentuales por encima del 18,2% que representaba este tipo de empleo en 2002.

2. En un contexto en el que el incremento del empleo analizado se mantiene en línea con su participación en el empleo en 2002 en las regiones de Lombardía y Berlín, Cataluña y la región de Roma (Lazio) se caracterizan en cambio por una pérdida relativa de posiciones. Frente al 11,8% de empleo “White Collar” altamente cualificado que recogían en 2002, estas dos áreas regionales europeas participan sólo con un 9,2% del incremento del periodo 2002-2017 (-2,6 puntos porcentuales, -1,1 de los cuales corresponden a Cataluña).

Aunque Baviera mantiene un peso notable en la generación de empleo altamente cualificado, con un 15,7% del incremento del periodo 2002-2017, su dinámica es igualmente comparativamente negativa respecto al 18% de participación en este tipo de empleo en 2002 (-2,3 puntos porcentuales).

3. En las principales regiones de Europa, la dinámica negativa más relevante corresponde, de forma a priori algo sorprendente, a la región de París. En contraste con el 18,7% del empleo “White Collar” altamente cualificado de 2002, la participación de Île-de-France en el incremento del periodo 2002-2017 es sólo del 9,9%, con una diferencia negativa de -8,8 puntos porcentuales.

De mantenerse las dinámicas observadas en el próximo futuro, y dentro de las regiones líderes consideradas, podría ocurrir que Londres pasara a convertirse en la principal zona europea en empleo “White-Collar” altamente cualificado, por encima de la región de Paris y de Baviera.

Este artículo no pretende profundizar en los factores subyacentes a las dinámicas observadas pero el estudio conjunto de Eurofound y del Joint Research Centre de la Comisión Europea permite adelantar algunos hechos relevantes:

1. Un elemento central del avance del empleo altamente cualificado en Europa se relaciona con la mayor capacidad de generar ocupación en el sector servicios. En este sentido, una parte esencial de los buenos resultados del Reino Unido en materia de empleo se relaciona con el fuerte peso de los servicios privados (superior al 50% del empleo en ese país) pero también de algunos servicios de fuerte presencia del sector público, particularmente en el ámbito de la sanidad.

Así, por una parte, la dinámica favorable de regiones como Londres o el Sudeste de Inglaterra (la principal zona natural de expansión de la capital británica) se vincula al desarrollo de servicios privados profesionales en las ramas de finanzas, actividades inmobiliarias y otras actividades de apoyo a las empresas. Por otra, en cambio, el desarrollo del sector público ha contribuido a impulsar los empleos más cualificados en otras zonas del Reino Unido, limitando los procesos de desigualdad regional en el país. Esta línea exitosa ha llegado a incluir a regiones afectadas por la pérdida sustancial de empleo industrial (por ejemplo en el caso de West Midlands, el área en torno al eje Birmingham-Wolverhampton-Coventry).

El modelo de desarrollo británico se caracteriza sin embargo por la polarización, con un incremento relativamente mayor tanto de los empleos bien remunerados como de los peor remunerados (p.33 del informe). Esto parece reflejar limitaciones en el diseño de una política regional basada ante todo en el desarrollo compensatorio de servicios públicos y que viene acompañada de un fuerte crecimiento del empleo menos remunerado en las áreas expansivas, centradas en el desarrollo de las actividades del sector privado en los servicios. Este último es precisamente el marco que caracteriza el modelo de crecimiento del empleo en Londres y de las regiones sudeste y este de Inglaterra cuya economía gira básicamente en torno a la capital (pp.52-53). La menor expansión del empleo en el Reino Unido, siempre dentro de la tendencia positiva, se vincula igualmente a zonas de fuerte crecimiento relativo del empleo menor remunerado, como Escocia o Irlanda del Norte (p.53). En estas zonas tiene no obstante menor impacto la dinámica compensadora asociada al sector público, con crecimiento igualmente menos intensivo de los grandes servicios privados.

En cualquier caso, la expansión de las áreas de Londres y su hinterland (sudeste y este de Inglaterra) ha convertido a este territorio en uno de los de mayor expansión del empleo altamente cualificado en Europa, aunque en un contexto de evidente orientación polarizada (con peso igualmente creciente de los empleos peor remunerados, en detrimento en todos los casos de los de nivel medio).

El menor desarrollo relativo de los servicios privados profesionales explica igualmente el menor desarrollo comparado del empleo “White Collar” altamente cualificado en algunas zonas urbanas europeas. La caída, ligera pero significativa, de este tipo de empleo afecta a tres importantes regiones-capitales europeas: Île de France (París), Bruselas y Estocolmo (p.16).

En la capital belga y en la sueca, y en términos comparativos, esta tendencia limita la línea favorable del empleo altamente cualificado pero no llega a situar a estas regiones urbanas fuera del bloque de las que se mantienen dentro del polo expansivo (entre otras cosas por su elevada cuota de empleo en este tipo de servicios privados, como ocurre en Estocolmo). Sin embargo, en la región de París la caída del empleo en estos servicios se perfila como uno de los principales factores explicativos de la pérdida de importancia relativa de esa zona en el crecimiento del empleo más cualificado. Île de France estaría acusando por tanto la pérdida de peso relativo en su competencia con el área de Londres por el liderazgo europeo en el desarrollo de los servicios profesionales privados. Esta región se presenta de hecho como una de las únicas excepciones relevantes a la tendencia a un incremento del peso en el empleo total de las regiones-capital en los distintos países de Europa.

La evolución de la región de París contrasta, dentro de las regiones francesas con mayor peso en el empleo, con las de Rhône-Alpes y Midi-Pyrénnées (Lyon y Toulouse). Aunque sigue caracterizándose por un mayor peso relativo de empleo de alta remuneración, éste tiende a caer en Île de France entre 2002 y 2017, en paralelo a un incremento del peor pagado (p.44). El peso relativo del empleo mejor remunerado aumenta en cambio de forma significativa en las áreas de Toulouse y Lyon. Mientras en el primer caso, esta tendencia viene acompañada por un incremento paralelo del empleo peor remunerado (un proceso que también caracteriza a la zona expansiva de Provence-Alpes-Côte d’Azur), lo contrario ocurre en Rhône-Alpes, lo que convierte a esta región en una de las que mantienen una mejor dinámica de ocupación en el siglo XXI en Europa. Es en Francia, y en parte en Europa, una de las escasas zonas en conocer una expansión tanto del empleo mejor remunerado como del de remuneración media.

Como en el Reino Unido, el aumento del peso del empleo en el sector salud resulta relevante en la expansión de algunas regiones en Francia, por ejemplo en los casos de Languedoc-Roussillon o Nord-Pas de Calais, contribuyendo a compensar en este último caso la pérdida de empleo industrial. En la primera de las regiones mencionadas, el peso del sector sanitario alcanza uno de sus máximos niveles en Europa en 2017 (p.17).

En España, el alto peso relativo del empleo en los servicios privados profesionales explica también el papel de Madrid como zona capaz de situarse en Europa entre el polo más claramente expansivo. El protagonismo muy inferior de este sector (apenas 10% del empleo total frente al 15% de Madrid) explica en cambio la posición comparativamente regresiva de la región de Roma (Lazio). Como en Madrid, el avance de Berlín en la parte expansiva se vincula al fuerte crecimiento del peso de estos servicios, aunque la capital alemana ve aumentar más intensamente aún que en Madrid el empleo peor remunerado. La dinámica de Madrid coincide en todo caso con la evolución de Londres, Bruselas o Estocolmo, ciudades todas ellas orientadas hacia una mayor polarización, con crecimiento tanto del empleo mejor como peor remunerado.

Los datos muestran, en definitiva, que en la lucha por la máxima expansión de los empleos más cualificados y mejor remunerados, que tiende a concentrase en torno a las regiones-capital, resulta decisiva la capacidad de captación (en un mercado globalizado) de los grandes servicios profesionales privados en ámbitos tales como finanzas, inmobiliaria y otros servicios privados con capacidad de generación de empleo. La evolución del sector salud, con peso en alza del sector privado, tiene rasgos cercanos al de los servicios mencionados.

2. Aunque la mejora diferencial del empleo “White Collar” altamente cualificado en las regiones más expansivas se vincula sobre todo al sector servicios, resulta igualmente relevante la dinámica del sector industrial.

Esto es particularmente evidente en países como Polonia donde aumenta de hecho el peso relativo de este sector en una estructura de empleo caracterizada por una dinámica muy expansiva. Según el informe de Eurofound, ocho de las diez regiones más expansivas en el empleo industrial son, en este sentido, polacas (p.15). Parte de la explicación es el retraso de ese país en el proceso de cambio de un empleo predominantemente agrícola a un modelo mixto, con papel importante del sector servicios, pero con fuerte protagonismo del empleo industrial.

Sin duda, la positiva dinámica polaca en materia de empleo no podría explicarse por completo sin tener en cuenta igualmente la base salarial más competitiva en un país con niveles de cualificación altos en su población activa. Sin embargo, llama la atención la rapidez con la que Polonia pasa de una estructura de empleo claramente alejada (por el peso de las posiciones medias o bajas de remuneración) de la existente en la UE en 2002 a una muy similar en 2017 (pp.32-33). Polonia es sin duda uno de los casos de éxito económico en la nueva Europa del siglo XXI.

La mala dinámica del empleo en el sector industrial explica, en sentido contrario, la posición negativa de países como Italia o España. Esa dinámica puede observarse en el gráfico 3 que muestra la pérdida de posiciones de estos dos países en un contexto de fuerte crecimiento del empleo manufacturero en Polonia.

Gráfico 3

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la LFS.

La todavía importante relevancia del empleo industrial es un hecho a considerar de forma particular en países que pueden encontrar una salida a sus problemas socioeconómicos en el impulso de un empleo de tipo medio en términos de remuneración. De hecho, el informe señala que “los países y regiones donde el empleo industrial ha demostrado ser más resistente (Chequia, Polonia y algunas regiones alemanas) son aquellas en las que el empleo de remuneración media se ha mantenido mejor” (frente a lo observado en los grandes países del sur de Europa) (p.1).

El hecho es que, frente a la orientación hacia el ámbito dominado por los empleos de media remuneración en Polonia, Italia y España se mantienen en 2017 en las posiciones de presencia diferencial del empleo mal remunerado que compartían con ese país en 2002 (p.33). La crisis financiera, con sus consecuencias sobre la ocupación, ha resultado diferencialmente negativa para el sur europeo, incluidas sus regiones industriales prósperas del pasado.

En este contexto, el informe de Eurofound destaca en particular la pérdida de peso del empleo industrial en Cataluña, una tendencia que ha resultado igualmente determinante en la Lombardía italiana y en otras regiones menos expansivas como Veneto o Emilia-Romagna (las tres áreas sobre todo caracterizadas por el incremento de empleos de remuneración media en Italia). Esta dinámica negativa ha tenido igualmente incidencia en algunas de las zonas menos dinámicas de Francia, en términos de empleo “White Collar” altamente cualificado. Esto es particularmente evidente en regiones como Centro y Picardía (p.15).

En Alemania, la posición más cercana al área expansiva de Baviera y Baden-Würtemberg se relaciona con la relevancia comparativamente superior de los empleos de remuneración media, con mayor presencia relativa en la industria. Sin embargo, Baden-Würtemberg es una de las zonas más afectadas, en términos relativos, por la pérdida de peso relativo del empleo industrial que afecta a muchas regiones de Europa. Sólo la potencia industrial diferencial de Alemania permite limitar los efectos del proceso de pérdida de empleo industrial que caracteriza a muchas zonas de Francia y, en general, a España e Italia. A pesar de ello, Alemania se caracteriza por caídas de alrededor de -4,5 puntos porcentuales en el periodo 2002-2017.

En el caso alemán, el informe de Eurofound señala que casi todas las regiones (con la excepción de Baviera, Baden-Würtemberg y Saarland, caracterizadas por un desplazamiento hacia los trabajos de remuneración media, con descenso de la parte de remuneración alta) experimentaron un patrón de degradación en el contexto europeo, con una participación superior en la distribución de los trabajos de baja remuneración y, normalmente más intensamente, con una participación menor en la distribución de los trabajos bien remunerados.

Respecto a la importancia del empleo en la industria, en sus conclusiones el informe de Eurofound destaca en cualquier caso que el cambio industrial no tiene por qué ser sinónimo de declive. “Alrededor de dos millones de nuevos empleos industriales netos han sido creado en la UE desde la recuperación económica. Ha habido algo parecido a renacimiento industrial en Europa central”, con un empleo que ha tendido cada vez más a ubicarse fuera de grandes zonas urbanas. El empleo industrial “ha sido una fuente importante de empleo relativamente bien pagado, especialmente para aquellos sin una cualificación educativa terciaria”. “Esto sugiere que la inversión en industria puede tener efectos beneficiosos, con igualación territorial”, lo que revela “la importancia de vincular la política regional e industrial” (p.57). Por ahora, no obstante, Polonia ha sido la principal beneficiaria de esta propuesta de redefinición de la política regional.

3. En el escenario europeo general, uno de los grandes problemas específicos del modelo de desarrollo económico en España es que la decadencia del empleo industrial, con importantes consecuencias en muchas zonas del país, no se ha visto suficientemente compensada por políticas de desarrollo de los servicios, públicos o privados, que en otros países han tenido efectos positivos (por ejemplo en los West Midlands británicos o en las regiones del sur de Suecia, muy afectadas por la pérdida de empleo manufacturero; con un papel intermedio en Alemania donde cae el peso del empleo en la Administración pública pero aumenta de forma significativa en el sector salud).

Es una de las razones por las que uno de los principales rasgos del empleo en España es su orientación (salvo parcialmente en Madrid donde sí mejora el peso del empleo mejor remunerado) hacia el polo del empleo peor remunerado, con una menor participación relativa en el avance del empleo bien pagado (p.39). Aunque por debajo de la media europea en empleo de alta remuneración, entre 2002 y 2017 Euskadi y Navarra se acercan a la media europea en empleo peor remunerado, por tanto con un peso relativamente algo mayor del de mediana remuneración, su rasgo distintivo en España. Cataluña se mantiene, respecto a esas zonas, con un menor peso del empleo mejor remunerado, aumentando en cambio, como en Madrid, el peor remunerado. La lejanía respecto a Madrid en empleo mejor remunerado define, en gran medida, la dinámica de empleo más reciente de esta comunidad autónoma y su peor dinámica comparada en su competencia tradicional con la región capital (ver gráfico p.39).

En el análisis de las dinámicas regionales en el siglo XXI resulta decisivo tener en cuentas los cambios señalados en el empleo aunque es igualmente relevante matizar su impacto directo en términos socioeconómicos. Los cambios demográficos, en particular las dinámicas migratorias, pueden condicionar los efectos teóricamente positivos o negativos de los cambios en el empleo. Lo mismo sucede con las transformaciones en las estructuras familiares o en la estructura del gasto de los hogares, en particular en lo relativo a la vivienda. Los problemas observados en países como el Reino Unido, por ejemplo, serían difíciles de entender si únicamente entraran en consideración las tendencias del empleo en los últimos quince años.